Actores e instituciones en el México posrevolucionario. Resistencia, luchas y apropiaciones de la política hídrica en el sur de la ciudad de México

María Concepción Martínez Omaña*, Antonio Padilla Arroyo**

* Instituto de Investigaciones Dr. José Ma. Luis Mora.

** Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

En la primera mitad del siglo XX, en el marco de la construcción del Estado mexicano posrevolucionario, una de las políticas públicas fue el diseño y la aplicación de una política hídrica que pretendía garantizar el control, acceso y aprovechamiento de diversos cuerpos de agua, entre ellos ríos, manantiales, a sectores sociales que carecían o tenían dificultades para asegurar el suministro de este recurso o bien que complementaban la política de reparto agrario. Esto propició litigios y conflictos por el control y la regulación del líquido entre distintos actores sociales y políticos como el gobierno federal, los gobiernos locales, pueblos, comunidades agrarias, vecinos de pequeñas ciudades y particulares. En este texto se trata de examinar la experiencia en torno a la lucha que libraron algunos de esos protagonistas para asegurar el abasto y la provisión de aguas. El interés en este caso no sólo reside en la duración temporal sino en la naturaleza misma de la disputa en la que se involucraron comunidades y pueblos del sur de la ciudad de México y que eran parte fundamental de la política agraria e hídrica del Estado mexicano.

Palabras clave: Política hídrica, conflictos sociales, Estado posrevolucionario, control y abasto de agua.

Abstract

In the first half of the 20th century, in the framework of the construction of the Mexican State post-revolutionary, a public policy was the design and implementation of a water policy that was intended to ensure control, access and use of various bodies of water, including rivers, springs, to social sectors who lacked or were struggling to ensure the supply of this resource either complementing the agricultural allocation policy. This enabling disputes and conflicts for control and regulation of fluid between different social and political actors such as the federal Government, local governments, peoples, farming communities, residents of small towns and individuals. This text is considered the experience in the fight which fought some of these actors to ensure the supply and provision of water. Interest in this case is not only temporary duration but the very nature of the dispute engaged communities and peoples of the south of Mexico city and were part of the mexican State's land and water policy.

Keywords: water Policy, social conflicts, State post-revolutionary, control and water supplies.

En la primera mitad del siglo XX, en el marco de la construcción del Estado mexicano posrevolucionario, una de las políticas públicas emblemáticas fue el diseño y la aplicación tanto de una política hidráulica como de una política hídrica que pretendía garantizar el control, acceso y aprovechamiento de diversos cuerpos de agua, entre ellos ríos, manantiales, en otras palabras los derechos del agua, a sectores sociales que carecían o tenían dificultades para asegurar el suministro de este recurso o bien que complementaban la política de reparto agrario. Esto propició litigios y conflictos por el usufructo y la regulación del líquido entre diversos actores sociales y políticos, de los cuales se identifican al gobierno federal, gobiernos locales, pueblos, comunidades agrarias, vecinos de pequeñas ciudades y particulares [Sandré, 2008:17-18].

En este texto se trata de examinar la experiencia en torno a la lucha que libraron algunos de estos protagonistas para asegurar el abasto y la provisión de aguas. Así, uno de los propósitos de este escrito es analizar una discordia que sostuvieron comunidades y pueblos localizados al sur de la ciudad de México por el manejo, la provisión de agua y los usos del agua. La importancia del examen de esa disputa se halla en que permite dilucidar dimensiones específicas que ilustran los modos de configuración y aplicación de las políticas hídrica e hidráulica y que el gobierno federal pretendía orientar como depositario de la legalidad y legitimidad jurídica, social y política posterior al movimiento armado. De este modo, el interés de este caso no sólo reside en la duración temporal sino en la naturaleza misma de la disputa en la que se envolvieron comunidades y pueblos del sur de la ciudad de México, sino porque muestra la capacidad de movilización, defensa, negociación y consensos entre los actores sociales y políticos y que eran parte fundamental de la política agraria e hídrica del Estado mexicano. En suma, se pretende destacar procesos de negociación y arreglos a partir de que el Ejecutivo federal se erigió en el "árbitro supremo" e "intérprete" de los reclamos y demandas para la solución de las querellas políticas, legales y aún culturales.

Líquido elemento

En noviembre de 1923, Enrique Macal e Isaías Juárez, representantes de los pueblos de San Pedro Mártir, San Andrés Totoltepec, La Magdalena Petlacalco y San Miguel Xicalco, expusieron ante el "Ciudadano Director de Cooperación Agrícola y Aprovechamiento de Ejidos" que sus pueblos se asentaban en la falda del Ajusco, "sobre terrenos rocallosos y a considerable altura de la ciudad de Tlalpan", lo cual provocaba una permanente carencia de agua potable y los obligaba, para abastecerse de ella, a adquirirla en Tlalpan "a lomo de mula u otros medios similares" [Aboites et al., 2000:14-31].¹ A esta condición geográfica desfavorable, los voceros de dichos pueblos sumaban el hecho de que dichas localidades habían sido "debastadas (sic) a consecuencia de la lucha armada que principió en 1910", entre cuyos efectos estaban la destrucción de las carreteras, lo que agravaba sus ya de por sí "necesidades imperiosas" y "sufriendo cruelmente" por sus precarias condiciones de vida.²

No obstante tal escenario, Macal y Juárez sostenían que esos pueblos estaban dispuestos a afrontar tales adversidades a fin de "reconstruir nuestros pueblos y dedicarnos a las labores de nuestros campos", y de ese modo superar las "míseras condiciones actuales (sic)". Para estos propósitos habían decidido fundar una Sociedad Cooperativa Agrícola, aprovechar "los magníficos campos con pastales naturales" propicios para la instalación de gran criadero de ganados lanar, de pelo y vacuno e introducir procedimientos modernos, afanes que se "bienen (sic) por tierra" al carecer de agua, del "líquido elemento", el cual demandaban para cubrir al menos sus mínimas necesidades. Luego de exponer esas consideraciones, apuntaban que a cuatro kilómetros del pueblo del Ajusco se localizaba un "gran manantial de agua que se pierde inútilmente" y que en el pueblo vecino de San Andrés existía una tubería "de distintos diámetros" que si bien era propiedad de esa localidad no podía aprovecharse porque la toma de agua estaba debajo del pueblo del Ajusco por lo que, cuando eventualmente lograba surtir las fuentes de abastecimiento de San Andrés, además de ser poca, resultaba "completamente inútil" ya que había sido empleada para todo tipo de usos por los habitantes de éste, lo que era perjudicial a la salud. Por estas razones, solicitaban la intervención de la Secretaría de Agricultura y Fomento a fin de realizar las gestiones convenientes y "por los conductos debidos y privados" para proveer de agua a esos pueblos mediante la construcción de una obra hidráulica que consistía en una tubería de distintos tamaños y medidas con una longitud de aproximadamente 10 kilómetros y para lo cual se comprometían a ofrecer la mano de obra de "alrededor de 400 trabajadores listos para su instalación". Señalaban que "en el lamentable caso de que el Erario" no pudiera sufragar el valor de la tubería se les otorgara un crédito que amortizarían mediante la Cooperativa "a razón de tres mil pesos anuales".³

A raíz de este "memorial", según lo definieron sus autores, se iniciaron los trámites correspondientes ante la Comisión Nacional Agraria, la cual la aceptó en los primeros días de diciembre de ese año y dio entrada a las solicitudes para proceder al estudio y "en su oportunidad promover lo procedente". Una de las primeras medidas que adoptó la Comisión fue turnar al Departamento de Aguas de la misma dependencia tal petición a efecto de que se nombrara al ingeniero comisionado que se encargaría de realizar la inspección y presentar el informe correspondiente. Tal encomienda recayó en el ingeniero Manuel Ramírez, quien ocupaba el puesto de Primer Ingeniero del Departamento de Aguas, lo que da una idea exacta de la importancia que se le otorgaba a esta petición en particular. Ramírez informó al Secretario General de la Comisión Nacional, el 14 de diciembre de 1923 y mediante un telegrama fechado en Tlalpam, que ese día había llegado a los pueblos de San Pedro, San Andrés, Magdalena, Petlacalco y San Miguel Xicalco para desempeñar la gestión correspondiente.⁴

Quince días después de haber notificado su llegada, así como de los preparativos para la visita de inspección, Ramírez presentó un informe en el que se desvelaban los argumentos que en realidad se ocultaban en las peticiones de los representantes de esos pueblos. Dicho informe exponía con toda la claridad el ánimo, las dificultades y tensiones que existían entre los pueblos solicitantes y el pueblo del Ajusco por el control, acceso, aprovisionamiento y los usos de los manantiales que nacían en los terrenos de los habitantes del pueblo del Ajusco y de las corrientes de aguas de los ríos de San Buenaventura y Eslava que solicitaban como dotación de aguas.⁵ En efecto, Ramírez proporcionó detalles de la atmósfera que privaba entre los vecinos de los pueblos y desde sus primeras impresiones quedaba clara la división y los agravios que alegaban tener para proceder de determinada manera no sólo entre ellos sino contra él mismo porque percibían una intromisión personal y no una tarea institucional, esto es, un agente del estado que no tenía intención de favorecer a uno y otro pueblo. De ahí que el propio Ramírez señalara que ambos grupos de vecinos lo miraban con desconfianza por lo que la actitud que tenían con él estaba en función de ella.

El comisionado apuntaba que se había trasladado a Tlalpan para ponerse de acuerdo con los vecinos del pueblo de San Andrés, quienes estaban acompañados de personas originarias de algunos de los pueblos interesados. Una vez reunidos, Ramírez les había explicado las razones de su viaje y la respuesta de estos no había podido ser más evasiva porque argumentaron que les era imposible acompañarlo a la inspección en los días subsiguientes: el sábado porque tenían que cobrar sus salarios, el domingo por ser día de compras y luego las fiestas de año nuevo, lo que les impedía "de pronto atender el trabajo" que se les requería. Ante este comportamiento les insistió en la importancia de practicar la visita, lo cual se podía efectuar con el apoyo de dos o tres peones para recorrer los manantiales de Montealegre y Agua Escondida. En este sentido, les indicó que posponer esos trabajos implicaba retrasar otros que tenía encomendados en el pueblo vecino de Tepepan. Al insistir en que posponer la inspección ira en su perjuicio, los vecinos expresaron los verdaderos motivos por los que se rehusaban a acompañar el ingeniero comisionado: el temor que les provocaba atravesar por el pueblo del Ajusco y "que tuvieran dificultades porque los vecinos de dicho pueblo tienen la creencia de que ellos, los solicitantes del agua, tenían la culpa de la aprensión y muerte del Gral. Valentín Reyes", quien era originario del Ajusco "y muy querido en dicho pueblo", según concluía Ramírez. Por tales razones, los vecinos consideraban oportuno "esperar a que se serenaran los ánimos" y se esclarecieran las circunstancias del asesinato de Reyes en las aseguraban no tener ingerencia. De esta manera, Ramírez estuvo de acuerdo en tramitar el asunto después de concluir su inspección en Tepepan, si bien les solicitó dejar por escrito esta situación a lo que se negaron, aún a dar sus nombres. Ramírez recordaba a su superior que le había comunicado "los verdaderos motivos que parecía que obraban en el asunto" vía telefónica y que esto había originado que los vecinos se retiraran "sin avisar".⁶

Como puede apreciarse, este estado de cosas pronto arrojó nuevos datos que explicaban los motivos por los cuales se había dificultado la determinación de la Comisión Nacional Agraria para solventar en sentido positivo la dotación de aguas de los vecinos del pueblo de San Pedro Mártir.

El 8 de diciembre de 1924 un grupo de vecinos del pueblo de San Pedro Mártir de la municipalidad de Tlalpan, al sur del Distrito Federal, dirigieron una misiva a los representantes del pueblo del Ajusco, Fabian Nava y José Eslava, de la misma municipalidad, para informarles de su decisión de nombrar una comisión integrada por Pedro Flores, Crescencio Romero, Crescencio Osnaya y Emigdio Osanaya, con el propósito de realizar las gestiones que fueran necesarias para que los habitantes del pueblo de San Pedro Mártir llegaran "de una forma amistosa" a un acuerdo con sus vecinos a fin de garantizar el abasto de agua que les era indispensable para su subsistencia. En su comunicación explicaban que su petición, con un leguaje bien meditado y un tono conciliador, sin duda producto de una reflexión cuidadosa, de "hombres conscientes" de sus actos, no pretendía afectar el suministro que correspondía a los vecinos del Ajusco; por el contrario, sostenían que las aguas a las que pretendían tener acceso eran las mismas que se desperdiciaban en la barranca sin tener ninguna utilidad para nadie. Finalmente, consideraban que concederles su aprovechamiento correspondería a una acción de justicia hacia su pueblo "que necesita del líquido tan indispensable" y una demostración de los "rectos criterios" que guiaban a sus convecinos.⁷

¿Cuáles podrían haber sido las razones por las que los vecinos del pueblo de San Pedro Mártir se dirigieron a sus similares del pueblo del Ajusco en forma tan acomedida?

Entre las posibles respuestas que pueden explicar estas expresiones de mesura está una serie de tensiones y conflictos que habían escalado en intensidad y gravedad a lo largo de varios años y que habían tenido su punto más álgido en 1924, si bien, se prolongarían por lo menos a los siguientes años y cuyo epicentro se localizaba en el control, el acceso y el aprovechamiento de los manantiales y de las corrientes de agua que formaban los ríos de San Buenaventura y Eslava que se originaban o atravesaban territorios de estos pueblos. Así, meses antes, el representante de los pobladores de San Pedro Mártir, Abel Ortega, se había dirigido al procurador de Aguas de la Secretaría de Agricultura y Fomento del gobierno federal, Luis Arteaga, para exponerle la situación de apremio por la que atravesaban los habitantes del pueblo de San Pedro Mártir debido a que carecían "en lo absoluto de agua". Enseguida exponía que sus representados habían disfrutado con anterioridad del líquido que corría por el Río San Buenaventura "por pequeñas temporadas", la cual procedía de los manantiales que los vecinos del pueblo del Ajusco juzgaban de su propiedad porque estos nacían en terrenos que se situaban dentro del mismo. Ortega sugería que por una decisión colectiva, estos habían decidido impedir que el agua corriera por su curso natural lo que había afectado no sólo al pueblo de San Pedro Mártir sino a los pueblos de La Magadalena, San Andrés Totoltepec que se ubicaban en las partes altas por donde se extendía el lecho del río. El representante agrario recordaba que los vecinos de estos últimos pueblos habían resuelto el problema del acceso y suministro de agua por medio de la introducción de tubería "previa indemnización" a los vecinos del Ajusco. Desde luego, sostenía Ortega, los vecinos de San Pedro Mártir habían procedido en el mismo sentido, lo que en apariencia resolvería el problema, pero una nueva circunstancia se sumó, la exigencia de los de San Andrés de indemnizarlos, además de la que correspondía a la de los habitantes del Ajusco, lo que, por otra parte, Ortega juzgaba razonable porque habían gastado "para la instalación de tubos desde el Ajusco hasta el mismo pueblo de San Andrés". Así las cosas, expresaba la voluntad de los vecinos de San Pedro de "entrar en arreglos" tanto con los vecinos del Ajusco como de San Andrés para resolver la "carencia absoluta de agua" y sugería que si no era posible, entonces se explorara la posibilidad de traer las aguas del Río Eslava, cuya "corriente nacional" se originaba en el Estado de México, y que se situaba a 15 o 20 kilómetros del pueblo. En cualquier caso, solicitaba la visita de un ingeniero con el objetivo de que verificara la inspección para recoger los datos necesarios y "medie si así procede, con el arreglo que se tenga que hacer ya con los del Ajusco o con los de San Andrés Totoltepec". Desde luego, el acuerdo al que aludía Ortega no sólo incluía la compensación material por el aprovechamiento de la tubería que fueran a utilizar o de la que requerían instalar para el abasto del agua sino de arreglos de las desavenencias políticas y sociales que habían mantenido estos pueblos en tiempos recientes. En cualquier caso, se trataba de un gesto de buena voluntad.⁸

Entre los meses de agosto y diciembre de 1924, ¿qué pudo haber acontecido para hacer necesaria no sólo la intervención del gobierno federal para garantizar el suministro del agua a los diferentes pueblos del sur del Distrito Federal, mediante distintas instancias de la administración, sino intervenir en decisiones de naturaleza política que en apariencia no eran de su competencia?

A los pocos días de la correspondencia de Ortega, el procurador de Aguas, Luis Arteaga, le envió un oficio en el que le comunicaba que esa procuraduría aceptaba la "encomienda" para realizar las gestiones necesarias para obtener el "aprovechamiento de aguas" que demandaba el pueblo de San Pedro Mártir y le informaba que había elevado a la Comisión Nacional Agraria la solicitud para que esta instancia nombrara al ingeniero que practicaría la inspección y rindiera el informe relativo, el cual se convertiría en la base de la resolución correspondiente que involucraba no sólo al pueblo de San Pedro Mártir sino "a los demás poblados interesados en este asunto". Además, añadía un asunto que había deslizado, tal vez sin quererlo, el propio Ortega, que las "corrientes enunciadas" no habían sido "aún declaradas de propiedad", esto es, que no podían considerarse ni propiedad privada, como alegaban los vecinos del pueblo del Ajusco, ni propiedad pública, al menos las aguas que corrían del Río Eslava, como había insinuado en su escrito el propio Ortega, hecho a todas luces no menor.⁹

Cabe destacar la importancia política y legal de tal comunicación en, por lo menos, tres aspectos: primero, que el pueblo de San Pedro Mártir delegaba en la Procuraduría uno de los asuntos más delicados con los que había lidiado, es decir, el acceso y el abasto de agua que modificaba las formas de arreglo entre los pueblos y los vecinos, es decir, el Estado mismo se convertía en el representante ante los pueblos o los "derechos de propiedad" privada; segundo, involucraba otras instancias que se encargarían de litigar y decidir entre "lo público" y "lo privado", los límites y ámbitos de los "arreglos" y las negociaciones que establecían los pueblos y los vecinos como sujetos de derechos; tercero, la fuerza legal y técnica que adquirían los dictámenes de los agentes públicos, en este caso, el lenguaje derivado de los informes e inspecciones de los ingenieros, quienes no sólo emitían una opinión técnica sino una lectura política y legal que orientaban las resoluciones de las distintas esferas de la administración pública: federal, estatal y municipal.

Por su parte, el 14 de agosto, el jefe del Departamento de Aguas de la Comisión Nacional Agraria, Serafín Monteverde, informó al Procurador de Aguas que había comisionado al ingeniero Manuel Ramírez para que practicara la inspección solicitada a fin de resolver el asunto, quien agregó que la realizaría tan pronto concluyera otras visitas que tenía pendientes, lo cual se lo hizo saber a Ortega en oficios subsiguientes. En este marco, el 30 de agosto, desde Cuernavaca, Morelos, Abel Ortega, en una hoja con el membrete de la Comisión Nacional Agraria, de la oficina del procurador de Pueblos, envió un misiva al ingeniero Ignacio L. Figueroa, Jefe del Departamento de Aguas de la Comisión Nacional Agraria, en la que le expresaba a su "estimado y fino amigo" su intención de acompañar a Ramírez a la inspección que tenía programada proponiéndole que la fecha para inspección "que sea necesaria" fuera el lunes 18 de septiembre. Ortega le recordaba a su fino amigo el interés especial que tenía en este asunto: no sólo era el representante agrario sino además era originario de San Pedro Mártir.¹⁰

No fue sino hasta el 24 de febrero de 1925 cuando de nueva cuenta el procurador solicitó a la Comisión Nacional Agraria informes acerca de si ya se había llevado a cabo la inspección solicitada, apremiándolo para determinar la corriente de la cual podrían tomarse las aguas necesarias "para los usos más indispensables del pueblo de San Pedro Mártir" o bien para que la efectuara a la brevedad posible.¹¹ De hecho, un día después, Arteaga urgió de manera particular al jefe del Departamento de Aguas de la Comisión Nacional de Aguas para que le informara si existía o estaba en vías de hacerse la declaratoria de propiedad de las aguas de los ríos de San Buenaventura y del Eslava. Al parecer, había una premura por parte del procurador de Aguas que se atrevió a proporcionar datos que habían dado los habitantes de San Pedro Mártir acerca de que el primero tenía su origen en varios manantiales que nacían "en la falda del Ajusco" y el segundo en el estado de México.

La respuesta no llegó sino hasta los primeros días de marzo y no fue la que deseaba Arteaga con toda seguridad. En efecto, el Jefe del Departamento de Aguas le informó que la inspección no había podido realizarse en virtud de que el ingeniero Manuel Ramírez, comisionado para la misma, había sido cesado, si bien no abundó en las razones de tal medida indicó que tan pronto hubiera un ingeniero disponible se le encomendaría el estudio respectivo, no obstante, a cambio, ofreció un dato que sacaba a la luz algunas de las dificultades que se habían presentado en años anteriores para satisfacer las necesidades de abasto y que desvelaba las tensiones y los conflictos que giraban alrededor del control de las corrientes de aguas que se formaban en el nacimiento de los manantiales: Ramírez había sido comisionado para realizar una inspección anterior la que no se había podido efectuar "por las dificultades que hubo entre los vecinos del pueblo".¹² Al parecer esta información satisfizo al procurador Arteaga por un breve momento, casi dos meses, la ausencia de noticias hizo que este volviera a insistir ante el secretario de la Comisión Agraria acerca de la necesidad de practicar la inspección o que de haberse realizado se presentara el informe correspondiente en el que se incluyera la declaratoria de propiedad porque ahora no era suficiente saber de donde se podían derivar las aguas para el abasto, sino de contar con un respaldo jurídico que no dejara dudas de la decisión a tomar, sobre todo después de conocer los antecedentes que habían sido revelados por esa misma Comisión.¹³

Así, por ejemplo, su informe debería contener los resultados de su recorrido por el pueblo de San Miguel Xicalco, "también interesado en el asunto", así como proponer la dotación y distribución de aguas que tendría cada uno de los pueblos implicados. Por último, se le recomendaba "consultar los antecedentes que obran en este Departamento" lo que le permitiría un mejor desempeño en su comisión.¹⁵ En realidad, la comisión de Gutiérrez era mucho más extensa en términos geográficos porque incluía la inspección a los pueblos de San Pedro Mártir, La Magdalena, San Andrés Totoltepec y San Miguel Xicalco, tal y como constaba en el oficio que el procurador Arteaga remitió a Ortega y se lo informó al representante de los vecinos del Ajusco, José Eslava.¹⁶

Al parecer, el informe que presentó Gutiérrez fue decisivo y definitivo para la resolución que en julio tomó el Ejecutivo federal, declarar que las aguas de los ríos en cuestión eran de propiedad nacional, según comunicó el procurador de Aguas, Luis Arteaga, al Secretario General de la Comisión Nacional Agraria, a la par que Ortega le indicaba a este que se le habían brindado "toda clase de garantías y facilidades al C. Ing. Manuel Gutiérrez Sola" para cumplir con la tarea que se le había conferido. Pese a ello y ante el silencio de la Comisión Nacional Agraria, Arteaga se dirigió a su titular para que resolviera en definitiva sobre la petición de los vecinos de San Pedro para la dotación de aguas del río San Buenaventura y que se le remitiera una copia del informe elaborado por el ingeniero Gutiérrez. En respuesta a la solicitud de Arteaga, la Comisión Nacional Agraria señaló que el comisionado tenía "el asunto en estudio" y que por encontrarse desempeñando otros servicios en el estado de Morelos no le había sido posible elaborar y presentar su informe, lo que resultaba extraño porque ya se había hecho la declaración respectiva acerca de la propiedad de los ríos. De hecho, como se ha hecho notar líneas arriba, la base de la determinación del Ejecutivo federal derivaba de los informes y del dictamen de los ingenieros. Entonces, ¿cuál pudo haber sido la base técnica para tal decisión? A este respecto queda un vacío en la información, pero el procurador Arteaga ordenó que se informara a los vecinos de San Pedro Mártir que "en su oportunidad" debían realizarse las gestiones necesarias para activar la inspección. Ahora bien, un indicio de lo que en realidad ocurría lo ofrece una pequeña anotación que el propio Arteaga hizo en el documento que le había enviado el Jefe del Departamento de Aguas de la Comisión Agraria, en la que instruía a sus subordinados para que "Por separado" transcribiera a los vecinos del Ajusco "en relación con sus gestiones", es decir, estos habían interpuesto recursos jurídicos para que se declararan los manantiales que formaban las corrientes del río San Buenaventura como de su propiedad. Al parecer, dichos recursos habían frenado la presentación del informe de Gutiérrez y por añadidura la decisión de la Comisión en uno u otro sentido. De cualquier modo, el problema de abastecimiento del agua y por consiguiente de los conflictos que derivaban entre los pueblos tenía varias aristas que no eran fáciles de comprender y de resolver.¹⁷

Por otra parte, no deja de llamar la atención que, en junio de 1925, el Jefe del Departamento de Aguas de la Comisión Nacional Agraria se dirigiera al "C. Presidente del Comité Particular Administrativo Agrario del Pueblo de San Pedro Mártir" para que acordara con el ingeniero Manuel Gutiérrez Sola los términos de su visita para "estudiar el asunto de las aguas del pueblo".¹⁸ Y es extraño, no por los términos de la correspondencia, sino porque se aludía a un "comité particular" que hasta ese momento había pasado inadvertido y no había realizado gestión alguna, sobre todo si se piensa que todas las comunicaciones habían sido intercambiadas con la Procuraduría de Aguas de la Secretaría de Agricultura y Fomento, el Departamento de Aguas y el Representante Agrario de San Pedro Mártir, así como los representantes de los vecinos del resto de los pueblos interesados en la dotación de aguas. En todo caso, esta nueva figura jurídica de representación pudo haberse instituido tras algunas reformas a distintos ordenamientos en materia de aguas.

En estas circunstancias, en julio de 1925, el Jefe del Departamento de Aguas de la Comisión remitió al Secretario General de la Comisión Nacional, por fin, el informe de la visita que había realizado el ingeniero Gutiérrez Sola a lazona donde se originaba una porción importante de las corrientes de agua que habían sido solicitadas. En él, asentaba las condiciones en las que había realizado su tarea y que mostraban que la situación que años antes había descrito Ramírez no se habían modificado esencialmente. En principio, Gutiérrez recordaba que el pueblo de San Pedro Mártir carecía en lo absoluto de agua para satisfacer sus usos públicos y domésticos por lo que se había dirigido en agosto de 1924 para solicitar aguas "del manantial del Ajusco".¹⁹

Por primera vez, Gutiérrez había logrado recorrer la zona, lo que nos permite tener una idea exacta del cauce que seguían las aguas de dicho manantial. En su informe corrobora la información que los vecinos habían indicado acerca del origen de las corrientes de aguas a saber que nacían "en el pueblo de este mismo nombre". Asimismo que tampoco se utilizaban en su totalidad por lo que corrían "por el cauce del río denominado San Buenaventura" que desembocaba en el Gran Canal; sin embargo, señalaba que las aguas se consumían por filtración por lo que no llevaban "caudal de agua al Gran Canal sino en épocas de lluvias". Otra información muy importante fue que el manantial tenía tres aprovechamientos: el primero del pueblo del Ajusco que lo destinaba usos públicos y domésticos; el segundo, lo hacía Ferrocarriles Nacionales de México para "alimentación en la estación de la Venta", y el tercero, los pueblos de San Andrés, Chicalco y La Magdalena. En vista de ello, Gutiérrez aseguraba que por situarse dentro de los terrenos del pueblo del Ajusco, éste se consideraba dueño de las aguas del manantial "desde hace 10 años", aunque no dio mayores referencias sobre las razones que esgrimían los vecinos para tal afirmación, salvo que era la fecha en que se había concluido la terminación de la construcción de la tubería para los pueblos de San Andrés, Xicalco y La Magdalena, motivo por el cual les cobraba una cierta cantidad, alrededor de 500 pesos anuales, "como venta del agua que va en la tubería" y que por cierto, según los representantes de los vecinos, eran de mala calidad.²⁰

Ahora bien, sin asumir del todo las consecuencias jurídicas que derivaban de un decreto expedido por el Ejecutivo federal, en febrero de 1924, en el que se declaraba como de propiedad nacional "las aguas y cauces de los canales, barrancos, arroyos, ríos, lagos y lagunas, comprendidos dentro del Valle de México, así como los manantiales que den origen a esas corrientes, son de propiedad de la Nación", Gutiérrez señalaba que el Procurador de Aguas de la Secretaría de Fomento y Agricultura se había apoyado en tal disposición presidencial para sostener que "las aguas del manantial del Ajsuco" eran de propiedad de la Nación y por lo tanto era "injusto e inmoral que el pueblo del Ajusco cobre por el uso de ellas".²¹ Desde luego, una lectura literal del contenido del decreto le daba la razón jurídica, social y política al Procurador de Aguas, pero al parecer el foco del conflicto y de los argumentos que exhibían los vecinos del pueblo del Ajusco no eran la propiedad del manantial sino de la obra hidráulica que habían edificado y que habían costeado ellos mismos, es decir, el uso de la tubería, lo que por lo menos hacía confusa la legislación agraria. A este respecto, recuérdese que los propios representantes estaban de acuerdo en cubrir el costo de la infraestructura hidráulica necesaria para el abasto de agua. El propio Gutiérrez exponía con claridad este punto:

Como el pueblo de San Pedro Mártir desea utilizar la misma cañería que los de San Andrés el ingeniero estuvo con el representante de este último pueblo, con objeto de ver en qué condiciones podría hacer uso de esa cañería el pueblo de San Pedro Mártir. Se me indicó que no habría inconveniente ninguno siempre que técnicamente pudiera precisarse el gasto que es capaz de llevar la cañería, y que éste fuera suficiente para llenar las necesidades de los pueblos que hace uso, así como que el pueblo de San Pedro Mártir hicera las reformas siguientes (cursivas nuestras): prolongar el tubo en la parte del Ajusco con objeto de que la toma quede situada aguas arriba del pueblo, pues como está en la actualidad abajo, el agua que entra a ella es sucia pues el pueblo del Ajusco va a lavar al arroyo, y acondicionar debidamente la toma.²²

Por supuesto que el pueblo de San Pedro estaba de acuerdo con las condiciones que proponía su vecino, reconociendo que San Andrés era el dueño de la tubería y porque con ello garantizaba el suministro del elemento líquido. En tal virtud y para proceder al levantamiento de los datos técnicos que demandaba emprender tal obra, Gutiérrez había decidido levantar el plano correspondiente desde San Andrés "hasta los linderos del pueblo del Ajusco", pero le había sido imposible concluir su labor porque en ese último lugar "se encontraban reunidos cerca de 40 individuos encabezados por el representante del pueblo del Ajusco, señor José Eslava, todos armados", indicándole que "de ningún modo consentían que pasara en sus terrenos a efectuar algún trabajo". Hasta aquí el informe de Gutiérrez. Y precisamente esto abría una nueva fase de tensiones y conflictos porque no sólo se impedía lo que era en realidad una actividad "técnica" si bien fundamental para dar respuesta a la solicitud de dotación de aguas, sino un desafío al mismo Estado, como lo insinuaba el último párrafo del oficio enviado por el Jefe del Departamento de Aguas, quien solicitaba al Secretario General de la Comisión Nacional Agraria gestionara "el que se pueda llevar a término el trabajo encomendado a este Departamento".²³

Sin duda, es preciso insistir en si acaso era necesario tomar medidas que, sin duda, eran excesivas a la luz de las nuevas noticias que se presentaban. ¿Cómo interpretar el oficio del Procurador de Aguas enviado a la Comisión Nacional Agraria donde le daba a conocer que, apenas el 11 de julio el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos había declarado que el "aprovechamiento de aguas" de los ríos de San Buenaventura y Eslava habían sido declarados de "propiedad nacional"?²⁶

Desde luego, la información del Procurador de Aguas si bien se orientaba a reforzar la petición de aguas de los vecinos de San Pedro Mártir y de los demás pueblos solicitantes no dejaba de tener implicaciones que afectaban las relaciones con el pueblo del Ajusco, más allá de las decisiones jurídicas que pudieran estar en entredicho.

A partir de esta fecha, la información prácticamente es intrascendente porque se repetirían las fórmulas que aducían la falta de tiempo del ingeniero comisionado para presentar su informe cuando éste ya lo había presentado en meses anteriores, como consta en la reseña de sus actividades. En todo caso, habría que preguntarse por qué se seguía insistiendo en que el informe del ingeniero comisionado no se había presentado, por qué no se había hecho público y, más aún, cuando éste había sido la base para enviar un contingente del ejército federal a resguardar la seguridad del comisionado. Este silencio refuerza la tesis de la importancia de los asuntos que estaban en juego. Así, si existe alguna duda al respecto, baste señalar la contestación del Jefe del Departamento de Aguas de la Comisión Nacional Agraria al Procurador de Aguas en la que le informaba que el comisionado estaba ejecutando otros encargos, lo que le había imposibilitado presentar su informe. Cabe advertir que la solicitud del Procurador fue fechada a finales del mes de agosto y la respuesta se dio en los primeros días de septiembre de 1925. En este marco, también resulta pertinente preguntarse por los alcances y el significado de la declaratoria de las aguas nacionales que había expedido el Presidente de la República y a la cual se acogía el mismísimo Procurador. A partir de estos hechos, las noticias se vuelven fragmentarias y difíciles de hilar por lo que es imposible saber con claridad que sucedió. En este marco, al parecer, las reglas de generales para la dotación de aguas se modificaron y por lo tanto los requisitos y los documentos que deberían acompañar las solicitudes de los pueblos interesados bien fuera para "usos públicos y domésticos" o de "riego". En efecto, el 3 de octubre de 1926, el segundo ingeniero del Departamento de Aguas de la Secretaría de Agricultura y Fomento le informaba a su superior que de acuerdo con la nueva Ley de Aguas del 11 de agosto se transferían de la Comisión Nacional Agraria a su contraparte local del Distrito Federal los expedientes de la petición de dotación de aguas "por no ser asunto que debe tramitarse en la referida Comisión (Nacional)".²⁷

No fue sino hasta un año después cuando de nueva cuenta el asunto reaparece. Sin embargo, la información al respecto es sorprendente: las instancias que conocían del tema, tanto las federales como las representaciones de los vecinos se modifican sustancialmente. Así, por ejemplo, en julio de 1926, la Comisión Nacional Agraria se dirigió al Presidente de la Comisión Local Agraria del Distrito Federal para remitirle el escrito que, desde noviembre de 1923, habían elevado los vecinos de San Pedro Mártir, San Andrés, La Magdalena, Petlacalco y San Miguel Ixcalco en la que solicitaban se les concedieran "las aguas que les son necesarias" y que esta última se encargaría de "tramitar el asunto", al mismo tiempo que el Presidente de la Comisión Agraria Local del Distrito Federal convocaba al presidente del "Comité Particular Administrativo del pueblo de San Pedro Mártir" y "a los representantes de los pueblos" a una reunión para tratar "un asunto relacionado con la solicitud de aguas que tienen presentada" y pedía al gobernador del Distrito Federal, el general de División Francisco R. Serrano, que instruyera a quien correspondiera para que "a la mayor brevedad posible" remitiera a esa dependencia la certificación de la categoría política de los pueblos considerados en la solicitud de dotación de aguas, el cual era un requisito indispensable para dictaminar lo conducente.²⁸

Ahora bien, un elemento que subraya la percepción de la importancia que había cobrado el problema fue la prontitud, escasos dos días se demoró la respuesta con la información solicitada, y el cuidado con el que actuó el gobernador Serrano para emitir los certificados que amparaban la categoría política designándolos como pueblos a San Pedro Mártir, San Andrés Totoltepec, Magdalena Petlacalco y Xicalco. Por ejemplo, en este último caso ratificó el nombre suprimiendo el de "San Miguel Xicalco", según aclaraba, por la denominación que aparecía en los censos de población de 1910 y 1921, lo que contrastó con el comportamiento seguido por los integrantes del comité particular de San Pedro Mártir y los representantes de los pueblos implicados. De hecho, esta conducta obligó al presidente de la comisión local a advertirles que si no se presentaban "todos los miembros de ese comité" no se daría curso a la solicitud "que tienen promovida los vecinos de esa localidad".²⁹

Para octubre, el segundo ingeniero del Departamento de Aguas de la Secretaría de Agricultura, Isidoro Ramos, encargado de estudiar el expediente interpuesto por los representantes de San Pedro Mártir informó, de manera sorpresiva por qué los habitantes del pueblo habían mantenido abierto el litigio y las tensiones que derivaron de él por varios años, que, en principio, estos habían abandonado las gestiones y, después, que habiéndoles requerido su presencia, finalmente informaron que tendrían una junta para resolver "si insistían en la expresada solicitud de aguas" o de plano la desechaban por completo bajo el argumento de no considerarlo práctico ¡"por estar la fuente donde podrían abastecerse a más de 4 kilómetros del pueblo"! De igual manera, Ramos comunicó en que desde el mes de enero de ese año, los vecinos habían dejado de insistir en el asunto por lo que se había cancelado la solicitud por lo que sólo cabía "archivar el expediente, refundiéndolo con el..., Procuraduría que trata del mismo asunto".³⁰ En esta tesitura, la Comisión Nacional Agraria solicitó, en la segunda quincena de enero de 1927, a la Comisión Agraria Local que le brindara noticias acerca de la fecha de instauración del expediente de aguas y del estado que guardaba para cumplir con el decreto del 8 de abril de 1926. Asimismo, le recordaba que desde el envío del expediente habían pasado seis meses y no tenía ninguna información al respecto por lo que le urgía a proporcionar dicho informe, según lo estipulaba el artículo 27 del reglamento agrario del 10 de abril de 1922, el cual fijaba un plazo de cinco meses para que las comisiones locales tramitaran los expedientes y le advertía que no de hacerlo así podía "ser causa de responsabilidades" por contravenir a lo prescrito. Tres días después del envío de este oficio, el presidente de la Comisión Local le comunicaba a su contraparte Nacional que por tercera ocasión había convocado a los integrantes del comité particular para que llenaran algunos "requisitos indispensables" fijándoles un plazo de ocho días para que se presentaran y les indicó que de no hacerlo así el expediente se remitiría a esa Comisión Nacional para los efectos a que hubiera lugar.³¹

Finalmente, el 25 de enero de 1927, el Comité Particular Administrativo Agrario de San Pedro Mártir, encabezado por Romualdo Rivera, José Guadalupe Flores y Pedro Osnaya, respondió al presidente del Comité Local Agrario en una extensa misiva que, por lo demás no deja despertar dudas por su contenido. Por principio, desconocía a "los señores" Isaías Juárez y Enrique Macal como representantes del pueblo de San Pedro Mártir como de los pueblos de San Andrés Totoltepec, La Magdalena Petlacalco y San Miguel Xicalco y, por añadidura, la solicitud de aguas que ambos habían promovido ante la Comisión Nacional Agraria. Enseguida señalaban que a fin de decidir si presentaban una solicitud de dotación de aguas, convocarían a "una junta general del pueblo", cuyo propósito era analizar la conveniencia de abastecerse del único manantial que pudiera surtir al pueblo ya que estaba a una distancia de "tres leguas y en terrenos del pueblo denominado Ajusco" y, una vez deliberado el tema, entonces le informarían de la resolución a la Comisión Local Agraria.³² Así, a partir de esta correspondencia, los acontecimientos tomaron otro curso, es decir, la cancelación de la solicitud de dotación de aguas. Sin embargo, aun quedan dudas en torno a los motivos que llevaron al Comité Particular Administrativo a desistirse de ésta, sobre todo cuando el conflicto involucró directamente al Ejecutivo federal y se desconocieron todas las gestiones que habían promovido Juárez y Macal.

Así las cosas, en los primeros días de febrero de 1927, el oficial Mayor de la Comisión Nacional Agraria, ingeniero Mario Javier Hoyo, ante la posibilidad real de retirar la solicitud de aguas por parte del Comité de San Pedro Mártir, pidió al Presidente de la Comisión Local Agraria del Distrito Federal de que en caso de que se cancelara de manera definitiva "se sirviera devolver la documentación respectiva", indicándole el motivo por el cual no procedía la dotación de aguas a dicho pueblo, el 11 de febrero de ese año en los siguientes términos: "por no ser posible continuar su secuela, en virtud de que los interesados no habían proporcionado a la Comisión Local Agraria, los datos y requisitos indispensables", resolución que fue notificada, el 23 de febrero, por el oficial Mayor de la Comisión Nacional Agraria, Mario Javier Hoyo, al Comité de San Pedro, así como "a los pueblos interesados" que se han cancelado sus solicitudes en la (Comisión Agraria) Local, añadiendo que no cumplieron con los datos que exigían las leyes de la materia.³³

De este modo se cerraba un círculo de tensiones y conflictos entre grupos de vecinos de los pueblos sureños del Valle de México.

Consideraciones finales

Este trabajo contribuye a acrecentar el estudio de una dimensión de la vida social local de la ciudad de México en tanto que desvela ideas y prácticas, así como algunos aspectos de la recomposición de los modos para alcanzar arreglos y la capacidad de movilización en torno a los usos del agua de nuevos y viejos actores, los cuales se enmarcaron en la construcción del Estado mexicano posrevolucionario.

Las querellas legales, los conflictos sociales y las tensiones culturales en los que se vieron envueltos habitantes, pueblos y comunidades, así como diferentes niveles de gobierno, desde las autoridades locales hasta el Ejecutivo federal, a fin de garantizar el acceso y los aprovechamientos de diversos cuerpos de agua en una zona geográfica del sur de la ciudad de México, son un ejemplo de las dificultades que derivaron del reconocimiento y del ejercicio de los derechos de agua que, en apariencia, debían ser regulados por las autoridades, en especial por las autoridades federales, a partir de un nuevo marco normativo, en particular el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada en 1917. Al mismo tiempo muestran a actores individuales y colectivos que disponen, utilizan y combinan recursos legales junto con mecanismos y tradiciones culturales para negociar y acordar en un proceso contradictorio que sedimentaba nuevas prácticas culturales como se ejemplifica en los exhortos, tácticas y expedientes legales en los que se manifiesta el dominio de la cultura escrita, sobre todo cuando se recurre al lenguaje y la legislación jurídica con la tradición oral, que se depositan en la memoria colectiva e individual como fuente de legitimidad de sus peticiones. El agua se presenta no sólo como un recurso para la vida, sino como un lazo conductor que nutre la vida social de pobladores, comunidades y pueblos que, a su vez, explica las relaciones entre representaciones, es decir, las percepciones, creencias, los valores, y actos, acciones, conductas, comportamientos, de unos y otros. El estado mexicano tuvo que apreciar y valorar estas formas de expresión cultural y material para lograr o al menos intentar ser árbitro e intérprete de estos. El examen de las respuestas que dieron diferentes niveles de gobierno a las peticiones y demandas son ejemplos del esfuerzo por comprender el horizonte cultural de sus interlocutores. Es cierto, en algunos casos las autoridades fueron más sensibles a las necesidades de los demandantes mientras que en otros el trato fue indiferente y burocrático, lo cual indica la distancia cultural que se abrió en la medida en que se consolidaban las instituciones estatales.

Es preciso subrayar la necesidad de emprender un mayor número de estudios microhistóricos porque esta escala de observación posibilita conocer en detalle las especificidades de conflictos y litigios que se presentaron tanto en otras zonas de la ciudad de México como del país. En este sentido, conviene reconocer la paradoja que encierra la producción historiográfica, a saber, la cantidad de estudios acerca de la vida política y social que contrasta con los incipientes trabajos históricos que den cuenta de las especificidades que tomaron las políticas hidráulicas e hídricas. En parte, este trabajo muestra los vínculos entre tales políticas y la política de reparto agrario que siguió el Estado mexicano, si bien es posible afirmar que en circunstancias particulares unas y otras tuvieron dinámicas propias: las demandas de las comunidades y pueblos para el control, acceso y los usos del agua que podían acompañarse de peticiones de reparto de tierra, lo que desvela el aprendizaje y la adquisición de un saber que se expresó en el manejo y el empleo de los tiempos comunitarios para dirigirse a determinadas agencias gubernamentales. Por su parte, las autoridades locales, estatales o federales podían atender o responder a peticiones de provisión de agua o de tierra de modo simultáneo, aunque cada vez fueran diferenciando la respuesta a unas u otras, es decir, también se acoplaban a una nueva realidad social, política y cultural. De cualquier manera, las políticas públicas del Estado mexicano en el periodo de estudio provocaron profundas mutaciones en el paisaje agrario y urbano que sin duda es necesario analizar a detalle con el propósito de comprender y explicar las consecuencias de la aplicación de tales políticas en las regiones geográficas y culturales de la ciudad de México.

BIBLIOGRAFÍA

Aboites Aguilar, Luis 1998 El agua de la nación. Una historia política de México (1888-1946), México, CIESAS.         [ Links ]

---------- 2009 La decadencia del agua de la nación. Estudio sobre desigualdad social y cambio político en México. (Segunda mitad del siglo XX), México, El Colegio de México, Centro de Estudios Históricos.         [ Links ]

Aboites Aguilar, Luis, Diana Birrichaga Gardida, Rocío Castañeda González y Blanca Estela Suárez Cortéz (Compiladores) 2000 Fuentes para la historia de los usos del agua (1710-1951), México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social/Comisión Nacional del Agua.         [ Links ]

Padilla Arroyo, Antonio 2009 "De las aguas mansas a las aguas encrespadas: conflictos en torno a los usos y el control del líquido vital en el sur de la Ciudad de México", en María Concepción Martínez Omaña (Coordinadora), El agua en la memoria: cambios y continuidades en la Ciudad de México, 1940-2000, México, Instituto Mora.         [ Links ]

Sandré Osorio, Israel 2008 Conflicto y gestión del agua. Documentos para el estudio de las Juntas de Agua del Valle de México, 1920-1950, México, CIESAS/Comisión Nacional del Agua.         [ Links ]

Notas

¹ Estos autores han elaborado un excelente estudio introductorio de la importancia y la riqueza que guardan diversos archivos oficiales, en particular el Archivo Histórico del Agua, para la historia de los usos del agua. Este texto se apoya en uno de los expedientes más completos acerca del conflicto que sirve de materia para el estudio [Vid. Padilla, 2009:88-89].

³ Ibíd. En el original del "memorial" presentado por los representantes de los vecinos de San Pedro Mártir se anotó en el margen el siguiente: "Acuerdo: Dése entrada a las solicitudes de que se trata. Acúsese recibo y nómbrese un Ing. que haga estudio respectivo de las aguas que se trata para en su oportunidad promover lo procedente. El Jefe del Dpo. de Aguas", con fecha del 3 de diciembre de 1923, f. 53.

⁴ AHA, Fondo Aprovechamientos superficiales, caja 725, expediente 10557, fs. 96. Secretaría de Agricultura y Fomento. Dirección Tierras, Colonización, Aguas e Irrigación. Departamento Procuraduría. Agosto de 1924. Asunto Pidiendo Inspección Interesados Vec(inos) de San Pedro Mártir. Corriente Río San Buenaventura. Distrito Federal. "Estados Unidos Mexicanos. Gobierno del Distrito Federal. Ramo de Restitución y dotación de tierras y Aguas. Comisión Local Agraria. Expediente 136 A. Asunto. San Pedro Mártir, Municipalidad de Tlalpam. Solicitud de dotación de Aguas. "Estados Unidos Mexicanos. Telégrafos Nacionales. Telegrama recibído en el C.N.A. El Primer Ing. Del Depto. de Aguas. Manuel Ramírez", f. 37.

⁵ AHA, Fondo Aprovechamientos superficiales, caja 725, expediente 10557, fs. 96. Secretaría de Agricultura y Fomento. Dirección Tierras, Colonización, Aguas e Irrigación. Departamento Procuraduría. Agosto de 1924. Asunto Pidiendo Inspección Interesados Vec(inos) de San Pedro Mártir. Corriente Río San Buenaventura. Distrito Federal. "Estados Unidos Mexicanos. Gobierno del Distrito Federal. Ramo de Restitución y dotación de tierras y Aguas. Comisión Local Agraria. Expediente 136 A. Asunto. San Pedro Mártir, Municipalidad de Tlalpam. Solicitud de dotación de Aguas. "Comisión Nacional Agraria. Secretaria General. Informa el resultado de la entrevista con representantes de los pueblos del Ajusco interesados en una solicitud de aguas. C. Jefe del Departamento de Aguas. Ing. Ignacio L. Figueroa. Presente. Sufragio Efectivo. No Reelección. México, a 29 de septiembre de 1923. El Primer Ing. del Dep. de Aguas. Manuel Ramírez, (Rúbrica)", fs. 38-39.

⁶ Ibíd.

⁷ AHA, Fondo Aprovechamientos superficiales, caja 725, expediente 10557, fs. 96. Secretaría de Agricultura y Fomento. Dirección Tierras, Colonización, Aguas e Irrigación. Departamento Procuraduría. Agosto de 1924. Asunto Pidiendo Inspección Interesados Vec(inos) de San Pedro Mártir. Corriente Río San Buenaventura. Distrito Federal. "Delegación de S. Pedro Mártir. San Pedro Mártir a 8 de diciembre de 1924. Sres. Fabian Nava y José Eslava. Representantes del pueblo de Ajusco. Romualdo Rivera, Pedro Flores, Daniel Juárez, Abraham Juárez, J. Eslava, Crescencio Osnaya (Rúbricas)", fs. 24-25.

⁸ AHA, Fondo Aprovechamientos superficiales, caja 725, expediente 10557, fs. 96. Secretaría de Agricultura y Fomento. Dirección Tierras, Colonización, Aguas e Irrigación. Departamento Procuraduría. Agosto de 1924. Asunto Pidiendo Inspección Interesados Vec(inos) de San Pedro Mártir. Corriente Río San Buenaventura. Distrito Federal. "Al C. Procurador de Aguas de la Secretaría de Agricultura y Fomento. Atentamente. San Pedro Mártir, Tlalpan, DF., a 5 de agosto de 1924. El Representante Agrario Abel Ortega", f. 2.

⁹ Ibíd. "Poder Ejecutivo Federal. Secretaría de Agricultura y Fomento. Dir. de Tierras, Colonización, Aguas e Irrigación. Departamento de Procuraduría de Pueblos. Asunto: Que con esta fecha se pide a la Comisión Nacional Agraria, nombre a un ingeniero para que practique una inspección a ese pueblo. Al C. Abel Ortega, representante agrario del pueblo de San Pedro Mártir, DF., Calle Progreo #14, Tacuba, DF. Sufragio Efectivo. No Reelección. México, agosto 9 de 1924. El Procurador. Luis Arteaga. (Rúbrica); "Dir. de Tierras, Colonización, Aguas e Irrigación. Procuraduría de Pueblos. Pidiendo se nombre a un Ingeniero que practique una inspección a San Pedro Mártir, DF. Al C. Secretario Gral. De la Comisión Nacional Agraria (Dpto. de Aguas).Sufragio Efectivo. No Reelección. México, agosto 9 de 1924. El Procurador. Luis Arteaga. (Rúbrica)", f. 5.

¹⁰ Ibíd. AHA, Fondo Aprovechamientos superficiales, caja 725, expediente 10557, fs. 96. Secretaría de Agricultura y Fomento. Dirección Tierras, Colonización, Aguas e Irrigación. Departamento Procuraduría. Agosto de 1924. Asunto Pidiendo Inspección Interesados Vec(inos) de San Pedro Mártir. Corriente Río San Buenaventura. Distrito Federal. "Estados Unidos Mexicanos. Gobierno del Distrito Federal. Ramo de Restitución y dotación de tierras y Aguas. Comisión Local Agraria. Expediente 136 A. Asunto. San Pedro Mártir, Municipalidad de Tlalpam. Solicitud de dotación de Aguas. "Comisión Nacional Agraria. Procurador de Pueblos. Correspondencia Particular. De Cuernavaca, Mor. A México, DF. Agosto 30 de 1924. Sr. Ing. Ignacio L. Figueroa, Jefe del Departamento de Aguas. Comisión Nacional Agraria. Abel Ortega (Rúbrica)", f. 43.

¹¹ Ibíd. "Comisión Nacional Agraria. Departamento de Aguas. Al C. Procurador de Aguas. Secretaría de Agricultura y Fomento. Presente. Sufragio Efectivo. No Reelección. México, DF., a 14 de agosto de 1924. Por el Jefe de Departamento. Serafín Monteverde. (Rúbrica)", fs. 8; "Dirección de Tierras, Colonización, Aguas e Irrigación. Al C. Abel Ortega, representante agrario del pueblo de San Pedro Mártir, DF. Sufragio Efectivo. No Reelección. México, DF., 20 de agosto de 1924. El Procurador. Luis Arteaga. (Rúbrica)", f. 9.; Poder Ejecutivo Federal. Secretaría de Agricultura y Fomento. Dirección de Tierras, Colonización, Aguas e Irrigación. Procuraduría de Aguas. Sup. Inf. Si ya se llevó a cabo la insp(ección). para el aprov(isionamiento) De aguas en usos del pueblo de San Pedro Mártir, Tlalpan, DF., Al C. Secretario General de la Comisión Nacional Agraria. (Dpto. de Aguas). Presente. Sufragio Efectivo. No Reelección. México, a 24 de febrero de 1925. El Procurador. Luis Arteaga. (Rúbrica), f. 11.

¹³ Ibíd. Secretaría de Agricultura y Fomento. Dirección de Tierras, Colonización, Aguas e Irrigación. Consultando nuevamente si ya se llevó a cabo la inspección relativa... Al C. Secretario General de la Comisión Nacional Agraria. (Dpto. de Aguas). Presente. Sufragio Efectivo. No Reelección. México, a 6 de mayo de 1925. El Procurador. Luis Arteaga. (Rúbrica)", f. 16.

¹⁴ Ibíd. "Comisión Nacional Agraria. Depto. De Aguas. Se le comisiona para que practique la inspección en el pueblo de San Pedro Mártir y otros del Distrito Federal; acompañándole instrucciones respectivas. C. Ing. Manuel Gutiérrez Sola. Presente. Sufragio Efectivo. No Reelección. México, 15 de junio de 1925. El Jefe del Departamento. José Solano. (Rúbrica)", f. 19.

¹⁵ Ibíd.

¹⁶ Ibíd. "Dpto. de Tierras, Col., Aguas e Irrigación.-Procuraduría de Aguas. Que la Com. Nac. Agraria com. a un ing. a fin de que pract. visita de inspec. a los pueblos que se citan para resolv. la dot. de aguas que deba darseles. Al C. Abel Ortega, representante agrario de los vecinos del pueblo de San Pedro Mártir, DF. Sufragio Efectivo. No Reelección. México, junio 23 de 1925. El Procurador. Luis Arteaga. (Rúbrica)", f. 20.

¹⁷ Ibíd. Poder Ejecutivo Federal. Secretaría de Agricultura y Fomento. Dirección de Tierras, Colonización. Aguas e Irrigación. Procuraduría de Aguas. Con fecha 11 de julio ppdo., fueron declarados de propiedad nacional los ríos de San Buenaventura y Eslava, DF. Al C. Secretario General de la Comisión Nacional Agraria. Presente. Sufragio Efectivo. No Reelección. México, agosto 13 de 1925. El Procurador. Luis Arteaga. (Rúbrica), f. 21; "Prof. Abel Ortega. Reptte. Agrario de San Pedro Mártir. Progreso 14, Tacaba, DF. C. Luis Arteaga, Procurador de Aguas. Secretaría de Agricultura y Fomento, México, DF. Tacaba, DF., a 6 de agosto de 1925. Abel Ortega. (Rúbrica), Representante Agrario", f. 22; "Secretaría de Agricultura y Fomento. Dirección de Tierras, Colonización, Aguas e Irrigación. Procuraduría de Aguas. Sup(lica) informe sobre el estado de la solic(itud) presentada a nombre del pueblo de San Pedro Mártir, sobre dotación del río Eslava. Sufragio Efectivo. No Reelección. México, a 24 de agosto de 1925. El Procurador. Luis Arteaga. (Rúbrica)", f. 26; "Comisión Nacional Agraria. Depto. de Aguas. "Que el asunto de aguas de San Pedro Mártir, DF, lo tiene en estudio el Ing. Gutiérrez Sola y no ha podido rendir su informe por estar desempeñando una comisión en el Estado de Morelos. C. procurador de Aguas. Sría. de Agricultura y Fomento. Presente. Sufragio Efectivo. No Reelección. México, 4 de septiembre de 1925. El Jefe del Departamento. José Solano. (Rúbrica)", f. 28.

¹⁸ AHA, Fondo Aprovechamientos superficiales, caja 725, expediente 10557, fs. 96. Secretaría de Agricultura y Fomento. Dirección Tierras, Colonización, Aguas e Irrigación. Departamento Procuraduría. Agosto de 1924. Asunto Pidiendo Inspección Interesados Vec(inos) de San Pedro Mártir. Corriente Río San Buenaventura. Distrito Federal. "Estados Unidos Mexicanos. Gobierno del Distrito Federal. Ramo de Restitución y dotación de tierras y Aguas. Comisión Local Agraria. Expediente 136 A. Asunto. San Pedro Mártir, Municipalidad de Tlalpam. Solicitud de dotación de Aguas. "Comisión Nacional Agraria. Depto. de Aguas.

Que se sirva pasar a este Departamento para los efectos que se expresan. C. Presidente del Comité Particular Administrativo Agrario del pueblo de S. Pedro Mártir, M(unicipali)dad de Tlalpan, D(istri)to Federal. Sufragio Efectivo. No Reelección, México, 18 de junio de 1925. El Jefe del Departamento. (Rúbrica)", f. 49.

¹⁹ AHA, Fondo Aprovechamientos superficiales, caja 725, expediente 10557, fs. 96. Secretaría de Agricultura y Fomento. Dirección Tierras, Colonización, Aguas e Irrigación. Departamento Procuraduría. Agosto de 1924. Asunto Pidiendo Inspección Interesados Vec(inos) de San Pedro Mártir. Corriente Río San Buenaventura. Distrito Federal. "Estados Unidos Mexicanos. Gobierno del Distrito Federal. Ramo de Restitución y dotación de tierras y Aguas. Comisión Local Agraria. Expediente 136 A. Asunto. San Pedro Mártir, Municipalidad de Tlalpam. Solicitud de dotación de Aguas. "Poder Ejecutivo Federal. México. Comisión Nacional Agraria. Secretaría General. Memorandum. México, DF., julio 15 de 1925. C. Secretario General. Presente. Atentamente. El Jefe del Dpto. de Aguas, Ing. (Rúbrica)", f. 54.a

²⁰ Ibíd., f. 55.

²² Ibíd., f. 56.

²³ Ibíd., f. 57.

²⁴ Ibíd. "Poder Ejecutivo Federal. Comisión Nacional Agraria. Secretaría General. Confirmación. Telegrama Oficial. México, julio 23 de 1925. C. Presidente de la República. Palacio Nacional. Ciudad. Presidente Comisión Nacional Agraria. Luis L. León. (Rúbrica)", fs. 58-59.

²⁵ Ibíd. Estados Unidos Mexicanos. Telégrafos Nacionales. Agosto 3 de 1925. Jefe de Oficina. Urgente. Morales; "Estados Unidos Mexicanos. Telégrafos Nacionales. Palacio Nacional, México 24 julio. Luis L. León. Presidente Comn Nal Agraria. P(residen)te Rep(ública). P.E. Calles", f. 60-61.

²⁶ Ibíd. "Poder Ejecutivo Federal. Secretaría de Fomento y Agricultura. Que con fecha 11 de julio ppto fueron declarados de propieda nacional los ríos de San Buenaventura y Eslava, DF. Al C. Secretario General de la Comisión Nacional Agraria, Depto. de Aguas. Presente. Sufragio Efectivo. No Reelección. México, Agosto 15 de 1925. Luis Arteaga (Rúbrica)", f. 62.

²⁷ AHA, Fondo Aprovechamientos superficiales, caja 725, expediente 10557, fs. 96. Secretaría de Agricultura y Fomento. Dirección Tierras, Colonización, Aguas e Irrigación. Departamento Procuraduría. Agosto de 1924. Asunto Pidiendo Inspección Interesados Vec(inos) de San Pedro Mártir. Corriente Río San Buenaventura. Distrito Federal. "Estados Unidos Mexicanos. Gobierno del Distrito Federal. Ramo de Restitución y dotación de tierras y Aguas. Comisión Local Agraria. Expediente 136 A. Asunto. San Pedro Mártir, Municipalidad de Tlalpam. Solicitud de dotación de Aguas. "Comisión Nacional Agraria. Dpto. de Aguas. A fin de que esa Local Agraria se sirva llenar los trámites correspondientes se le remite solicitud de aguas elevada por San Pedro Mártir y otros poblados del Distrito Federal, acompañandole los esqueletos que se mencionan. C. Presidente de la Comisión Local Agraria del Distrito Federal. Presente. Sufragio Efectivo. No Reelección. México, DF., a 5 de julio de 1926. El Oficial Mayor de la Comisión Nacional Agraria. Ing. Mario Javier Hoyo. (Rúbrica)", fs. 51-52; "Poder Ejecutivo Federal. Secretaría de Agricultura y Fomento. Informe 582. C. Jefe de Departamento:- México, 3 de octubre de 1926. El Segundo Ingeniero. Isidoro Ramos. (Rúbrica)", f. 76.

²⁸ AHA, Fondo Aprovechamientos superficiales, caja 725, expediente 10557, fs. 96. Secretaría de Agricultura y Fomento. Dirección Tierras, Colonización, Aguas e Irrigación. Departamento Procuraduría. Agosto de 1924. Asunto Pidiendo Inspección Interesados Vec(inos) de San Pedro Mártir. Corriente Río San Buenaventura. Distrito Federal. "Estados Unidos Mexicanos. Gobierno del Distrito Federal. Ramo de Restitución y dotación de tierras y Aguas. Comisión Local Agraria. Expediente 136 A. Asunto. San Pedro Mártir, Municipalidad de Tlalpam. Solicitud de dotación de Aguas. "Comisión Local Agraria del Distrito Federal. C. Presidente del Comité Particular Administrativo del Pueblo de San Pedro Mártir, Tlalpan, DF. Sufragio Efectivo. No Reelección. México, D.F., a 16 de julio de 1926. (Rúbrica)", f. 68; "Comisión Local Agraria del Distrito Federal. C. Gobernador del Distrito. Presente. Sufragio Efectivo. No Reelección. México, D.F., a 27 de julio de 1926. El Presidente. (Rúbrica)", f. 69.

²⁹ Ibíd. "Poder Ejecutivo Federal. Gobierno del Distrito. Departamento de Gobernación. Asunto: Se remiten certificados de Categoría Política de los Poblados de la Municipalidad de Tlalpam que enseguida se mencionan. Al C. Presidente de la Comisión Local Agraria del Distrito Federal. Presente. Sufragio Efectivo.-No Reelección. México, D.F., a 29 de julio de 1926. El Oficial Mayor. (Rúbrica)", f. 70; "Comisión Local Agraria del Distrito Federal. C. Presidente del Comité Particular Administrativo del Pueblo de San Pedro Mártir, Tlalpam, D.F. Sufragio Efectivo. No Reelección. México, D.F., 10 de agosto de 1926. (Por ausencia) El Secretario. (Rúbrica)", f. 75.

³⁰ Ibíd. "Poder Ejecutivo Federal. Secretaría de Agricultura y Fomento. Informe 582. C. Jefe de Departamento:- México, 3 de octubre de 1926. El Segundo Ingeniero. Isidoro Ramos. (Rúbrica)", f. 76.

³² Ibíd. Comité Administrativo Agrario. San Pedro Mártir, D.F. C. Presidente de la Comisión Local Agraria del D.F. San Pedro Mártir, Tlalpam, D.F., a 25 de enero de 1927. Romualdo Rivera, J.G. Flores, P. Osnaya. (Rúbricas)", f. 86.

³³ Ibíd. "Poder Ejecutivo Federal. Comisión Nacional Agraria. Departamento de Aguas. Asunto: que en caso de cancelarse la solicitud del pueblo de San Pedro Mártir, D.F. devuelva la documentación. México, D.F., 7 de febrero de 1927. C. Presidente de la Comisión Local Agraria del Distrito Federal. Presente. Sufragio Efectivo:-No Reelección. El Oficial Mayor de la C.N.A. Ing. Mario Javier Hoyo. (Rúbrica)", f. 91: Comisión Local Agraria del Distrito Federal. Asunto:- Remite expediente relativo a solicitud de dotación de aguas presentada por vecinos de San Pedro Mártir. Sufragio Efectivo, No Reelección. México, D.F. 11 de febrero de 1927. El Presidente. (Rúbrica), fs. 92 y 94.