Efectos perversos de las políticas hidráulicas en México: desagüe residual del valle de México y la creación de un distrito de riego

Perverse effects of hydraulic policies in Mexico: residual drainage of Valley of Mexico and the creation of an irrigation district

Salvador Maldonado Aranda*

* Centro de Estudios Antropológicos, El Colegio de Michoacán.

Texto recibido el 18 de octubre de 2002
Aprobado el 18 de mayo de 2003

Resumen

Desde una perspectiva de análisis sobre procesos de lucha, negociación y resistencia, este artículo intenta reconstruir el curso que tomó la puesta en práctica de uno de los proyectos hidráulicos más importantes de la ciudad de México: el Sistema Cutzamala. Se dilucidan los procesos sociales y políticos que caracterizaron la aplicación de las políticas hidráulicas en torno a dicho sistema y los "efectos perversos" que trajo consigo la planeación, aplicación y reformulación de las políticas gubernamentales sobre las poblaciones campesinas localizadas en las inmediaciones de la laguna de Zumpango. El autor analiza cómo el Estado mexicano, por medio de sus agencias gubernamentales, afirma y consigna procesos de diferenciación y desigualdad social mediante las políticas que aplica en el espacio local y regional. En la primera parte del artículo se presenta un panorama histórico y contemporáneo de las políticas de desagüe en la ciudad de México; posteriormente, se describe el proyecto de creación de un sistema de riego en la región de Zumpango, entrelazado con las respuestas de las comunidades campesinas de rechazo a dicho proyecto; finalmente, analiza los procesos de interacción y reconfiguración de los actores, los proyectos alternativos y las expresiones políticas en contextos coyunturales de efervescencia nacional y estatal.

Palabras clave: políticas hidráulicas, sistema de riego, gobierno, negociación, resistencia.

Abstract

In this article the author reconstructs the struggle, negotiation and resistance processes of one of the most important hydraulic projects — Cutzamala System— of Mexico City. The political and social processes that characterized the hydraulic policies implementation related to this system are explained, as well as the effects it had on the inhabitants of rural villages located in proximities of Zumpango Lagoon. The author analyzes how the Mexican Government, by means of its official agencies, validate social discrimination and inequity, through the government policies that they implement at the regional and local levels. First, the author presents an historical and contemporary panorama of the drainage policies for Mexico City, subsequently, a drainage system project at Zumpango region is described. Finally, the article analyzes the reconfiguration of the community alternative political expressions, in the national context.

INTRODUCCIÓN

El fenómeno de las inundaciones de la ciudad de México, al igual que el suministro de agua potable, tratamiento y expulsión de agua residual del valle de México, ha sido una de las problemáticas más agudas a lo largo del desarrollo histórico de la capital nacional. La turbulencia con que se manifiesta el ciclo de lluvias ha obligado a encarar la torrencial precipitación pluvial mediante el diseño de políticas hidráulicas de desagüe, al mismo tiempo que conforme el crecimiento urbano e industrial de la ciudad de México se expande fuera de sus límites, o se conjuga con el del estado de México, se ha hecho necesario crear y/o ampliar nuevos proyectos de suministro y expulsión de agua. En este devenir, el diseño de las políticas hidráulicas no sólo resultó difícil de planear sino, además, de instrumentar y de "predecir" sus consecuencias, dado el exorbitante crecimiento urbano-industrial, problemas de colaboración jurisdiccional, readecuación de los sistemas de suministro y desagüe, etc. Con todo, muchos de los problemas siguen latentes, al mismo tiempo que emergen otros, relacionados con los "efectos perversos" que ocasiona la necesidad de atender las demandas de abastecimiento de agua potable y expulsión de agua residual en el valle de México. Entre estos podemos mencionar el entubamiento del río Temascaltepec a través del sistema hidráulico Cutzamala, donde poblaciones locales del municipio del mismo nombre se resisten a dicho proyecto argumentando un deterioro ecológico en sus comunidades y región.¹ Mientras tanto, por otro lado, poblaciones ribereñas de la laguna de Zumpango, en el noreste del estado de México, enfrentan los costos sociales y ambientales del sistema de desagüe residual del valle de México al canalizar el agua residual —resultante del ingreso de agua potable del entubamiento del río Temascaltepec— a la laguna con el fin de "modernizar" la agricultura regional, afectando ampliamente el paisaje ecológico y los estilos de vida y subsistencia de las mismas poblaciones.

Dilucidar los procesos sociales y políticos que caracterizan la aplicación de las políticas hidráulicas en torno del Sistema Cutzamala y sus efectos locales en la región Zumpango, forma parte de un esfuerzo por trazar los marcos en los cuales el Estado mexicano, mediante sus agencias gubernamentales, afirma y consigna procesos de diferenciación y desigualdad social a través de las políticas que pone en práctica el espacio local y regional. Para lograr este objetivo, reconstruimos los efectos perversos que trajeron consigo la planeación, aplicación y reformulación de las políticas gubernamentales sobre poblaciones campesinas localizadas, aunque no de manera específica, en las inmediaciones de la laguna de Zumpango. En este sentido, el tema del poder y el control de recursos es fundamental en el entendimiento de las formas en que el Estado, por un lado, y las comunidades y líderes campesinos, por el otro, se enfrentan, resisten y/o negocian sus proyectos e iniciativas en campos políticos específicos y dinámicos. En la primera parte del documento presentamos un panorama histórico y contemporáneo de las políticas de desagüe en la ciudad de México; posteriormente, describimos el proyecto de creación de un sistema de riego en la región Zumpango, entrelazado con las respuestas de comunidades campesinas en torno al rechazo de dicho proyecto y, finalmente, analizamos los procesos de interacción y reconfiguración de los actores en juego, los proyectos alternativos y las expresiones políticas en contextos coyunturales de efervescencia nacional y estatal.² El orden de exposición será especialmente historiográfico que, en un plano espacio-temporal, pone énfasis en periodos específicos de cambio e implementación de las políticas hidráulicas asociadas a conflictos sociales y políticos, de acuerdo con la forma en que se "manifiestan" en los cambios de paisaje, el surgimiento de actores sociales y la presencia del Estado en el ámbito local.

EL DESAGÜE DEL VALLE DE MÉXICO

En el presente, el valle agrícola de la región Zumpango, Estado de México, situado al norte de la ciudad de México y al noreste del estado del mismo nombre, denota un paisaje profundamente desolado. La laguna, que antaño funcionó como centro receptor y estacionario de las aguas que inundaban la ciudad de México, ha sido desecada, reconstruida y, muy posiblemente, convertida en objeto de un paisaje "artificial" como consecuencia de la creación de un distrito de riego, a partir de la puesta en práctica del proyecto del desagüe del valle de México. Si por mucho tiempo fue uno de los más importantes vasos de regulación de agua al que hacendados, rancheros y campesinos de la región recurrían para irrigar grandes extensiones agrícolas, actualmente los terrenos de su alrededor dependen de las condiciones climáticas para la producción agrícola; otros se han dejado de sembrar, mientras que algunos más esperan impacientemente el riego prometido para rehabilitar la producción agrícola, a raíz de las obras hidráulicas que se instrumentaron desde 1976 y que tenían como objetivo central convertir a la región —mediante el aprovechamiento del agua residual— en un espacio de producción agrícola moderno. Sin embargo, con posterioridad a la remodelación de la laguna, que inició con la aprobación del distrito de riego en 1976, la entrada de aguas negras ha causado graves problemas, entre los cuales resaltan el deterioro ecológico y la transformación de estilos de vida de campesinos que vivían de los recursos naturales que provenían de la laguna.

Por si fuera poco, y sin ningún afán de polarizar los contrastes, el valle que bordea la laguna de Zumpango ha sido escenario de lucha entre diversos actores por imponer sus proyectos de organización para el uso y destino de los recursos: las agencias del Estado prosiguen en su nada fácil tarea de cumplir con el programa original de crear infraestructura para el distrito de riego, a pesar de que algunas de las instituciones oficiales no están muy seguras sobre la viabilidad del proyecto; por otro lado, comuneros de la ribera, así como ejidatarios y pequeños propietarios del valle, siguen enfrentando acciones legales de reordenamiento del territorio agrícola.

A últimas fechas, comuneros de la ribera fundaron la Unión de los Siete Pueblos Ribereños y la organización "La Colmena", cuyos fines son confrontar y/o negociar las acciones de grupos de interés contrarios a sus objetivos, entre los cuales se encuentran las agencias del Estado, el cacique regional y las organizaciones campesinas oficiales, que son de fundamental importancia. Mientras tanto, ejidatarios y pequeños propietarios de otros núcleos agrarios que comparten el mismo espacio agrícola de producción se enfrentan a rancheros (grandes productores agrícolas) por el control y uso del agua que, paradójicamente, nunca ha llegado a sus extensiones.

Sin duda, la cuenca del valle de México y sus respectivas subregiones han estado ligadas históricamente a las constantes políticas hidráulicas aplicadas a lo largo de varios siglos. Por lo menos desde la época colonial, los estragos causados por las inundaciones ligaron la supervivencia de la capital a un conjunto de proyectos hidráulicos sobre la manera de remediar las constantes presiones ejercidas por los factores naturales, con el fin de instaurar y ejercer un dominio ligado a la necesidad de movilización más o menos rápida. El problema que se presentó durante los primeros años del dominio español fue la poca capacidad de comunicación entre los señoríos de los alrededores, así como el flujo de información de diferentes regiones de la Nueva España hacia la capital del virreinato. Tal vez por estos factores, las políticas llevadas a cabo por el nuevo gobierno contemplaron la necesidad de rediseñar planes hidráulicos con el fin de desaguar el valle de México, el cual sufría de constantes inundaciones y cuya expresión se reafirmaba en la imposibilidad para edificar la nueva capital española. En gran medida, la fisonomía del paisaje comenzó a modificarse con las políticas hidráulicas novohispanas.

Por supuesto que la elección del desagüe se hizo en detrimento de los campos indígenas y en beneficio de la ciudad española (Musset, 1992: 90), que con todas sus concepciones culturales de "tierra" entendía que la ciudad no podía ser administrada en medio de un problema acuífero que provocaba toda suerte de males. Los proyectos hidráulicos que se impulsaron desde las primeras inundaciones (1555) tenían como objetivo, además de desaguar el valle de México, desecar la planicie e instaurar formas de gobierno que permitieran el abastecimiento de productos para el consumo suntuario, material y militar. Es por ello que la obra hidráulica conocida como Tajo de Nochistongo se convirtió en la "más colosal de América y quizá de Europa" y en "la obra de ingeniería civil más importante del Renacimiento" (Connolly, 1999: 197).

Sin embargo, aun cuando el proyecto de desagüe no cumplió con todos los propósitos esperados por el gobierno central, debido a los intermitentes flujos de agua y la concentración de la misma, ya en la época independiente, en 1856, se diseñó un nuevo proyecto, que contemplaba desaguar los lagos de Texcoco, San Cristóbal y Zumpango, mediante la construcción de un gran canal y un túnel para conducir el agua hasta el río Tequixquiac. Como señala Connolly,

El desagüe se complementaría con tres sistemas de canales secundarios para controlar, en caso necesario, el nivel de las aguas en los lagos del sur [...] el proyecto contemplaba un concepto general de aprovechamiento del agua para fines de riego, navegación y fuerza motriz, con lo cual se evitaría la acumulación de agua estancada, considerada entonces como la fuente de todos los males (ibid.: 199).

A partir de las experiencias de desastre natural, el lago de Zumpango fue convirtiéndose en un espacio privilegiado para desviar toda suerte de males que aquejaban a la capital, debido a que constituía una planicie que, por su ubicación geográfica y su altitud frente a la ciudad, era susceptible de ser el principal centro receptor y estacionario de agua, para de ahí canalizarla, por medio del tajo de Nochistongo, hacia el norte de la ciudad, en el estado de Hidalgo.

Una vez realizada la obra de apertura del tajo, la región en la que se ubicaba el centro político del país entró en una fase de desagüe y la cuenca del valle de México se fue hundiendo en una sucesión de crisis ecológicas de las cuales no ha salido (Musset, op. cit.: 190). Justamente la política hidráulica convirtió al lago de Zumpango en un centro receptor que detuvo la entrada de agua a la ciudad; el desvío del río Cuautitlán y la ampliación de su cauce hasta el tajo de Nochistongo —se pensaba— terminarían las inundaciones.

En cierta medida fue así; sin embargo, la canalización de agua natural que antaño fluía no siempre tuvo los mismos sabores y pureza, como tampoco el mismo destino y significado cultural y político por parte de los nuevos actores sociales. La comunicación entre el río Cuautitlán y el lago de Zumpango traería otros problemas que difícilmente podrían ser vislumbrados, sobre todo cuando la ciudad de México entró en un periodo de crecimiento urbano e industrial, afectando las ya de por sí contaminadas aguas del lago. A principios del siglo XX se presentaron otros problemas, como la reducción de la capacidad de almacenamiento, la composición del agua y la edificación de poblados que impedían la entrada de agua al lago para regar sus tierras.

En todo este peregrinar de políticas hidráulicas y los consiguientes intereses políticos y económicos de compañías contratistas ligadas al gobierno, finalmente, en 1900 se asumieron nuevamente los costos de la insuficiente obra hidráulica para detener las inundaciones y, sobre todo, los problemas que acarreó el desagüe del valle de México: la escasez del líquido y el deterioro de la red de drenaje para abastecimiento de agua. Dos nuevos elementos entraron en la ya compleja problemática hidráulica.

Desde mediados de los años veinte, se empezaron a comprobar los efectos desastrosos en el sistema de drenaje provocados por la extracción del agua del subsuelo de la ciudad. En 1925 las inundaciones pusieron en evidencia el mal funcionamiento de los albañales; el mismo ingeniero Gayol encontró, con sorpresa, que en muchos de los lugares los colectores habían descendido más de 50 centímetros, perdiendo así su pendiente. Para remediar la situación se construyeron más colectores y se introdujeron múltiples ampliaciones y rectificaciones en la red secundaria. Pero el hundimiento de la ciudad no sólo afectaba el sistema de saneamiento; para los años treinta ya no funcionaba el esquema de desagüe construido en el porfiriato con tanta gloria y sacrificio (Connolly, op. cit.: 215).

Fue necesario construir un segundo túnel (el de Tequixquiac), con nuevas mediciones para dar solución a los escurrimientos debidos a la pérdida de pendiente del Gran Canal y, fundamentalmente, a las desastrosas inundaciones que se habían presentado por la excesiva concentración poblacional e industrial. El proyecto inició en 1937 y se inauguró en 1947, confluyendo a la altura del municipio de Tequixquiac con el Gran Canal para, de ahí, canalizarlas hacia terrenos de riego del valle del Mezquital, estado de Hidalgo.

Como podemos observar, gran parte de las obras hidráulicas construidas desde el periodo colonial contemplaron a la laguna de Zumpango como el principal espacio por donde debería transitar el desagüe del valle de México y, aunque escasamente se ha documentado el control y uso de agua en regiones como los valles de Zumpango y del Mezquital, es necesario que tengamos en cuenta cómo finalmente los proyectos han configurado determinadas relaciones de poder en torno del uso y manejo del agua residual. En este trabajo se privilegian las implicaciones del nuevo sistema hidráulico que inicia en 1967 con la creación de obras de drenaje profundo alternas al Gran Canal, así como con el proyecto de abastecimiento de agua potable al valle de México mediante la construcción del sistema hidráulico Cutzamala, en 1976, y las obras de administración y expulsión de las aguas residuales resultantes del incremento de agua potable.³

En 1976 se inicia una nueva fase en el diseño y planificación del sistema hidráulico en el valle de México. Conocido como Sistema Cutzamala, esta obra tiene la finalidad de introducir a la zona metropolitana de la ciudad de México 19 m³/s de agua potable para beneficiar a seis millones de habitantes (Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, 1987: 9), considerando como una de sus principales tareas hidráulicas

[...] atender, por una parte, la demanda anual que provoca el incremento poblacional estimado en novecientos mil habitantes, y por otra reducir la sobreexplotación de las fuentes de abastecimiento subterráneas en el Valle de México (ibid.: 15).

Como señala la misma SARH,

En 1988 el suministro de agua potable será de aproximadamente 64 m³/s provenientes de las siguientes fuentes: 44 m³/s del Subsuelo del Valle de México; 7 m³/s del Sistema Lerma; 12 m³/s del Sistema Cutzamala; y 1 m³/s de Aprovechamientos Superficiales (ibid.: 15).

El proyecto de abastecimiento de agua potable y la transferencia de agua residual resultante fue nombrado Proyecto Los Insurgentes, el cual tiene como objetivos: instalar una planta tratadora de agua con el fin de rescatar a la laguna de la crónica desecación a que había estado expuesta a partir de la transferencia de aguas residuales que corren por el río Cuautitlán y desembocan en la laguna; aumentar el índice de captación para ser susceptible de aprovecharse mediante la creación de un programa de riego para el beneficio de una superficie estimada de 93500 ha. El monto de la inversión fue de $2 200 000.⁴

Entre otras obras contempladas en el Proyecto Los Insurgentes, la más importante es crear un sistema de riego conocido como "Jorge Jiménez Cantú", en la región Zumpango, que beneficiaría 21 450 ha de tierras ejidales y pequeña propiedad, ubicadas en los municipios de Zumpango, Apaxco, Tequixquiac, Hueypoxtla, Huehuetoca, Teoloyucan y Coyotepec.⁵ Entre las obras secundarias del proyecto se diseñaron tres zonas de riego: "Laguna de Zumpango", "Coyotepec" y "Teoloyucan", así como la electrificación en alta tensión de éstas y la construcción de sus líneas de conducción a presión. Asimismo, el "Proyecto Los Insurgentes" contempla la realización de una red de canales y otra de drenaje y caminos en sus estructuras, así como la obra civil y electromecánica de tres plantas de bombeo denominadas "Tlapanaloya", "Santa María" y "San José Bata".⁶ Cabe señalar que, dentro de las disposiciones del proyecto, hay una consideración muy importante que motiva el diseño e instrumentación del sistema de riego:

La SARH se compromete a iniciar la operación del Sistema de Riego con un volumen anual disponible del orden de 100,000,000 metros cúbicos que corresponden a la capacidad de almacenamiento de la Laguna de Zumpango, para proporcionar riego de punteo y auxilio en las 21,450 hectáreas. Conforme lo vaya autorizando la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos y lo permita la disponibilidad de las aguas negras resultantes de la entrada de agua potable al área metropolitana de la ciudad de México, los riegos de auxilio serán más frecuentes hasta integrar el riego completo, para aprovechar tales incrementos se construirá en su oportunidad la planta (tratadora de agua residual) "Gran Canal".⁷

Para operar el sistema de riego se tuvieron en cuenta otros trabajos adicionales no menos importantes que los primeros, como la reconstrucción y pavimentación del canal Santa María Caliacac, el cual comunica la laguna de Zumpango con el río Cuautitlán, así como las obras de remodelación y ampliación de la laguna, iniciando por la desecación total.⁸ Sin embargo, el más importante fue la expropiación de 6500 ha de terrenos de propiedad particular a favor del Gobierno Federal con el fin de:

a) Construir las obras e instalaciones y establecer los servicios públicos necesarios para el Distrito de Riego; b) Reacomodar a los ejidatarios, comuneros, propietarios y poseedores de buena fe, afectados por las obras; c) Compensar en su caso a los poseedores de buena fe, cuyos bienes sean expropiados para integrar la zona de riego; y d) Para satisfacer necesidades agrarias.⁹

 

MOVILIZACIÓN CAMPESINA E INTERMEDIACIÓN SOCIAL

Por supuesto que las medidas generaron un ambiente de desconcierto entre los grupos sociales afectados. La declaración de utilidad pública de miles de hectáreas para instalar la infraestructura necesaria de la obra hidráulica afectó muchos intereses, entre ellos los de varios campesinos (comuneros y pequeños propietarios) que trataron de conservar sus tierras mediante la búsqueda de un reconocimiento de sus derechos agrarios ante diversas instancias gubernamentales y que utilizaron al efecto los movimientos de protesta, articulando a las comunidades afectadas más allá de las instancias de intermediación oficial a que recurrió el Estado para controlar el conflicto agrario: Confederación Nacional Campesina (CNC). Sin embargo, con la aparición de nuevas organizaciones —como el Movimiento Nacional de los 400 Pueblos, la Central Campesina Independiente (CCI) y la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) — se obtuvieron puentes de negociación mediante la creación de la Organización por los Derechos de la Laguna, la cual estableció brigadas y campamentos de vigilancia en los bordos, con el fin de impedir las obras de remodelación de la laguna. Las acciones de lucha de la organización campesina se acompañaron de manifestaciones públicas, pintas y tomas de instalaciones. Mientras que los jefes de familia realizaban manifestaciones públicas, las mujeres impedían que camiones y maquinaria pesada removieran la tierra que había de ser trasladada a los bordos, una vez consumado el proceso de desecación total de la laguna de Zumpango.

La protesta de las comunidades ribereñas tenía como eje de lucha el respeto de los derechos agrarios que habían adquirido como precaristas, en algunos casos, y poseedores de títulos de los terrenos comunales, en otros. En efecto, los procedimientos oficiales tardaron varios años para otorgar la posesión legal y cada comunidad fue fijando los plazos de juicio en función de sus peticiones. Mientras tanto las obras seguían su curso, toda vez que la protesta campesina había sido contenida con la entrada del Ejército y las policías estatal y municipal, obligando a las comunidades a desalojar la laguna mientras se definía la resolución sobre su tenencia y usufructo. En 1981 las comunidades ribereñas habían obtenido los fallos a su favor de parte de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), reconociendo que poseían derechos agrarios en la ribera de la laguna, pero que bajo el imperativo del "interés público" serían expropiadas en virtud de que aguas y tierras son "propiedad de la nación".¹⁰

La comunidad de San Pedro de la Laguna solicitó al titular de la Reforma Agraria el reconocimiento y titulación de sus terrenos comunales, la Secretaría emitió un fallo a favor de la comunidad, confirmando la posesión legal de 335 ha.¹¹ El reconocimiento y titulación de terrenos comunales se acompañó de otras 250 ha más al interior de la laguna, llegando a ser tituladas 585 ha, las cuales posteriormente fueron expropiadas por decreto presidencial para destinarlas a formar parte del vaso de la laguna de Zumpango. La expropiación se anexó con una indemnización por parte de la Comisión de Avalúos de la SRA. Pero en los convenios administrativos se estableció una cláusula que impedía obtener la indemnización de manera directa, pues ésta pasaría a formar parte del Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Fifonafe), el cual se encargaría de otorgar la indemnización para uso público o, en su defecto, para conseguir terrenos fuera del espacio que el gobierno consideraba como prioritarios de las obras de riego.

Cabe resaltar que las negociaciones establecieron una cláusula según la cual, si a los cinco años las obras no se han terminado o, en su defecto, si tenían algún fin distinto al señalado, los campesinos podrían reclamar sus terrenos expropiados y hacer uso de ellos para sembrar.¹² Lo mismo sucedió para las demás comunidades campesinas bajo régimen comunal de la tierra. Santo Tomás obtuvo la resolución presidencial de reconocimiento y titulación de 218 ha de sus terrenos comunales en 1980 y fueron expropiados en 1984; la comunidad El Anal obtuvo la resolución presidencial de 142 hectáreas en 1980 y fueron expropiados en 1984; en Santa Cruz 204 hectáreas reconocidas y tituladas en 1979 fueron expropiadas hasta 1985; San Juan de Teoloyucan obtuvo la resolución presidencial en 1981 de 77 ha, expropiadas en 1985.¹³ Entre 1978 y 1981, tiempo que duró la movilización, las comunidades no estuvieron exentas de conflictos locales, ya que algunos líderes campesinos comenzaron a establecer negociaciones "por debajo del agua" con organismos gubernamentales y, de hecho, las indemnizaciones que otorgaron las agencias del Estado estuvieron envueltas en una serie de enredos y conflictos no muy claros para los campesinos. Muchos campesinos que tenían derecho a la indemnización fueron excluidos de las listas debido a "actos de rebeldía en las asambleas comunales".¹⁴ Desde este punto de vista, podemos señalar que las obras de riego tuvieron un impacto diferencial profundamente acentuado entre los comuneros, ejidatarios de las comunidades ribereñas y entre los ejidatarios y pequeños propietarios de las extensiones beneficiadas por el riego. En primer lugar, la mayoría de los comuneros que dependían de sus tierras y de la explotación de los recursos de la laguna, tuvieron opciones poco viables para poder emplearse. Algunos campesinos de edad avanzada, que dependían del ingreso de sus hijos o de recursos provenientes de la cría de ganado, se emplearon como jornaleros agrícolas en los ranchos de la región; otros utilizaron el dinero de la indemnización {si les tocó) para comprar ganado bovino, el cual se alimenta en las inmediaciones de la laguna o en las veredas de los límites de terrenos. Tal como expresó un campesino de Santa María Caliacac:

No... pos hora sólo nos dedicamos de güevones; el gobierno nos quitó estos terrenos y ahora ya no tenemos donde trabajar. El gobierno dispuso de nuestras tierras y nos dejó construir aquí fuera de la laguna, pero nos dijo que no construyéramos casas de concreto porque después nos iban a reubicar cuando le echaran agua a la laguna.

Otros campesinos-comuneros de San Juan Zitlaltepec, que dependían de la producción y manufactura del tule, señalan:

Con el trabajo que hizo el gobierno de movilizar dicho bordo nos arrancó todo el bosque de tule; ahí nos dejó sin brazos, por eso la gente del pueblo hizo oposición a que la laguna no fuera secada, defendió hasta donde pudo sus tierras pero las decisiones del gobierno fueron más fuertes. Si acaso nos dio permiso de sembrarla en el tiempo que duró seca la laguna, que fueron los años que se opusieron los campesinos.¹⁵

Sin embargo, los conflictos que resultaron de la concesión de permisos provisionales alimentaron grandes diferencias, aun cuando en realidad fueron producto de negociaciones tensas entre el Estado y los campesinos-comuneros. En San Juan Zitlaltepec se crearon tres organizaciones campesinas distintas a la Cooperativa de Tuleros (grupo progubernamental,¹⁷ la Colonia "2 de Marzo" y la Cooperativa Agrícola), que aprovecharon los permisos provisionales para obtener terrenos dentro del área de la laguna. Según se dice, el dirigente del grupo progubernamental:

[...] aprovechándose del apoyo de las autoridades municipales, ese señor repartió a sus allegados, repartiendo inequitativamente hectáreas a sus familiares y su grupo, y a los comuneros los dejó sin nada.¹⁸

La concesión de permisos provisionales por parte del Estado para sembrar los terrenos de dentro y alrededor del área de la laguna se prolongó cerca de cinco años y fueron suspendidos en 1987, debido a la introducción de aguas negras a la laguna, a pesar de que el canal de Santo Tomás —que comunica el río Cuautitlán con la laguna— no se había terminado de construir en su totalidad.

Las razones por las cuales se decidió llenarla tienen varios antecedentes que es importante mencionar para comprender los motivos por los cuales el Estado retiró las concesiones. El primer y más importante motivo es que las negociaciones de 1982 tuvieron como condición que las obras de remodelación y construcción de canales de riego (sic); si en un tiempo de cinco años no se terminaban, las comunidades tenían el derecho de recuperar sus tierras independientemente de que hubieran sido expropiadas. Otra razón que contribuyó indirectamente a tal medida fue que los campesinos no habían recibido las indemnizaciones por expropiación, a pesar de que las agencias del Estado, como el Fifonafe, contaban con el presupuesto para hacerlas llegar a los destinatarios. En algunas comunidades, como San Pedro de la Laguna, la colusión de los líderes campesinos con las agencias del Estado llegó a tal extremo que varios comuneros fueron excluidos de la indemnización. Por otro lado, el llenado de la laguna con aguas negras también incumplía los acuerdos establecidos en el sentido de que las comunidades habían negociado que un 80% debería ser de aguas broncas provenientes de la lluvia y un 20% de aguas negras y no a la inversa, como se llevó a cabo.

Estos factores dieron inicio a una nueva etapa de movilizaciones por parte de las comunidades, articulada en torno a las organizaciones antes mencionadas, reclamando el cumplimiento de los acuerdos establecidos y garantías para prolongar el "tiempo de entrada" del agua, con el fin de poder obtener los beneficios de la siembra de los terrenos. Sin embargo, el Estado, por medio de la Comisión Nacional del Agua (CNA), decidió volver a llenar la laguna sin existir mediación alguna con los representantes de las comunidades u organizaciones campesinas. Una de las razones de este abuso de poder se entiende en el marco de la campaña presidencial de 1987, en cuya contienda Carlos Salinas de Gortari y Cuauhtémoc Cárdenas competían por la presidencia de la República. El candidato priísta visitó la laguna de Zumpango en 1987 y el llenado de la laguna se convirtió en una bandera política para generar clientelas. Esto obedecía a las circunstancias políticas de la región, pues gran parte del campesinado simpatizaba con las ideas de Cárdenas y, más aun, las propias comunidades campesinas habían sido severamente castigadas por las "obras del gobierno".

Los procesos políticos locales, que detonaron este tipo de compromisos gubernamentales, significaron un gran costo político para el PRI, ya que las movilizaciones por el llenado de la laguna se conjugaron con el nacimiento del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, el cual apoyó las movilizaciones de la población ribereña, llegando a obtener, por el incumplimiento de los acuerdos, una indemnización por pago de cosechas que fueron afectadas por la introducción de agua negra, un pago por derechos posesorios de los terrenos de algunas comunidades que todavía no habían obtenido la resolución presidencial de expropiación y la atención a una serie de demandas locales que las comunidades solicitaron como garantía para acceder al llenado. A continuación, presentamos una lista de convenios firmados entre los grupos ribereños y el gobierno del estado, posteriores al llenado de la laguna:

CUADRO 1

Ante el contexto político-electoral de 1987 y el llenado de la laguna con agua negra, dos fuerzas políticas fueron tomando mayor importancia y, de hecho, contribuyeron a redefinir tanto las iniciativas campesinas como los objetivos de la lucha. La primera fue el Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, el cual aglutinaba a organizaciones campesinas que demandaban la restitución de los terrenos de la laguna para sembrar, o bien, demandas de organizaciones que reivindicaban el llenado de la laguna con aguas broncas y no aguas negras. La segunda fue producto de una alianza entre distintos grupos de poder local, aglutinando intereses de los pescadores, los cuales estaban a favor del sistema de riego, independientemente de si la laguna fuera llenada por aguas negras o broncas. La expresión más visible de la alianza de estos actores es la Sociedad Ecológica,¹⁹ que en 1992 formó el Patronato por los Derechos de la Defensa, Conservación y Preservación de la Flora, Fauna, Canales y Zonas de Riego de la Laguna de Zumpango, con el fin de contrarrestar la influencia del Frente Cardenista sobre las organizaciones campesinas que reivindicaban el proyecto de convertir a la laguna en un área de producción agrícola, es decir, que se mantuviera sin agua.

Ahora bien, las consecuencias del llenado de la laguna no fueron sólo políticas. La afluencia de agua negra desencadenó otro tipo de fenómenos sociales y ecológicos que hasta el momento son difíciles de evaluar. Los campesinos ribereños utilizaron los pocos metros de terreno descubierto para cultivar verduras para el consumo doméstico; otros prosiguieron la cría y venta de pescado pese a la contaminación del agua y la oposición de la Comisión del Agua de explotar y comercializar en el mercado local los productos; algunos más, como los tuleros, utilizaron las pocas posibilidades de producción del tule para la elaboración de artesanías.

Sin embargo, los efectos más importantes se reflejaron en el bajo rendimiento de la producción agrícola de los núcleos agrarios dada la escasez de agua. Algunos ejidatarios utilizaron el agua de drenaje sanitario para el cultivo de sus parcelas, mientras que los comuneros no tuvieron más opción que emplearse como jornaleros agrícolas en los ranchos de la región, en la albañilería y/o como obreros del centro industrial de Tizayuca-Huehuetoca o el corredor industrial Cuautitlán-Texcoco.

LOS EFECTOS PERVERSOS DEL DESAGÜE DEL VALLE DE MÉXICO

En este marco de acciones y conflictos es necesario detenerse un momento en el análisis de los costos que tuvo la instalación del distrito de riego, sobre todo en lo referente a las condiciones económicas y sociales de gran parte del campesinado, conformado por comuneros, ejidatarios y pequeños propietarios del valle agrícola. Podríamos iniciar con las dos primeras categorías, identificándolas como aquel campesinado con mayor vulnerabilidad, mientras que la tercera es un campesinado medio, con mejores condiciones, aunque no sin grandes desventajas en relación a los rancheros prósperos de la región.

En primer lugar, es necesario señalar que con la introducción del agua negra, su posterior desecación producto del lirio acuático y la ambigua política hidráulica que se ha extendido al ámbito de la conclusión de la obras, la laguna de Zumpango entró en una fase sumamente crítica. La contaminación se reprodujo en todas sus dimensiones, afectando la producción agrícola, la cría de pescado y legumbres, mientras el agua que se había proyectado almacenar nunca pudo llegar al nivel deseado por las autoridades. Por su parte, para la conservación de las obras se presentaron varios problemas de mantenimiento. Los canales que se construyeron para dotar de riego a las supuestas 30000 ha han sufrido grandes daños por el ineficiente mantenimiento; las plantas de bombeo, a pesar de que fueron ya instaladas y listas para operar, no han funcionado hasta el momento, excepto la que controla el nivel del agua de la laguna. La red de canales ha sido semidestruida por factores humanos o materiales, mientras que algunos otros, cuya construcción estaba proyectada en el mediano plazo, fueron finalmente abandonados por supuestos motivos de presupuesto.

Podríamos proseguir con el inventario de ambiguos y contradictorios proyectos gubernamentales; sin embargo, consignemos que cuando realizamos varios recorridos de campo sobre la red de canales y obras hidráulicas en general, tuvimos la certeza de que cuando más abandonado está el campo, más constatamos lo que fue y sigue siendo el Estado en sus máscaras y disfraces de progreso y modernización.

A continuación describimos algunos de los casos más ejemplares, como un botón de muestra. Los ejidatarios del barrio de Santa María, del municipio de Teoloyucan, contaban con una de las mejores tierras ejidales antes de iniciarse la construcción del sistema de riego; ellos utilizaban varias fuentes de agua, como las del Gran Canal. Cultivaban principalmente maíz durante dos temporadas al año, colocando su producto en los grandes centros de acopio de su municipio. Con el inicio de las obras, el flujo del agua que provenía del Gran Canal fue suspendido desde 1978, a tal grado que ya no fue posible utilizar los canales de conducción de agua en virtud de que habían sido destruidos por el paso de la nueva red de riego. Ahora, a los ejidatarios sólo les queda observar el paisaje en gran desolación, pues ya no pueden cultivar, no pueden mantener el ganado ni hacer uso de sus terrenos para edificar habitaciones para ellos y las futuras generaciones. Las obras hidráulicas se han erigido como grandes monumentos sobre sus parcelas.

Mientras tanto, los ejidatarios del barrio de Jaltenco, en el municipio de Zumpango, que esperaron impacientemente el riego para sus parcelas — a pesar de que el alto índice de salinidad que contienen los suelos no permite una producción agrícola significativa—, comenzaron a vender desde mediados de los ochenta, hasta que con el actual Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (Procede) se generalizaron las prácticas de enajenación acompañadas de la inutilización de sus terrenos. ¿Acaso la monumental obra hidráulica construida y por construir no traería el mejor beneficio para nuestros campesinos? ¿Cómo observa ahora el campesinado el apoyo al campo, cuando por cuestiones del propio desarrollo técnico se ha quedado sin aliento y sin tierra para sembrar?

En general, la desecación de la laguna fue uno de los factores con mayor impacto sobre la vida de las poblaciones locales que dependían de sus recursos, al cual respondieron con mayor o menor desánimo, dependiendo de la presión económica. De acuerdo con varias entrevistas, algunas familias pudieron soportar la presión de la desigualdad económica mediante empleos temporales en los ranchos o en actividades de albañilería, en la misma región o en centros industriales del valle de México. Pero, de cualquier manera, no sólo fueron afectadas las condiciones económicas de algunos campesinos debido a la expropiación de sus tierras, sino también por la introducción de agua residual a la laguna, considerando que: "[_...] el gobierno no puede hacernos esto, que es una cosa para enfermar a la población con el agua negra que pretenden utilizar".²⁰

Es indudable que la aplicación de un proyecto de esta magnitud trajo consigo efectos negativos de enorme significado tanto para las poblaciones locales que fueron afectadas por la expropiación de sus terrenos, como para aquellas que supuestamente se privilegiarían de la obra de riego y, más aun, para los pequeños productores agrícolas que vieron amenazado parte de su patrimonio familiar y sus mercados de trabajo frente a los nuevos escenarios que planteó la construcción de una obra con tales características. Pero aun cuando la polaridad entre clases campesinas se alimenta de diferencias de tipo económico y social, el desarrollo desigual no sólo se presenta como una cuestión de incluidos/excluidos del progreso, sino de la forma en que la diferenciación se exacerba y se mantiene bajo una política estatal, maquillados por la ideología de la modernización agrícola. Muy probablemente el sistema de riego pudo haber tenido efectos positivos con la construcción de la planta tratadora de agua residual, aunque 20 años después no pueda ser vislumbrada.

En términos estadísticos, no pudimos obtener datos sobre el impacto social y ecológico; sin embargo, la diversificación de actividades que tanto campesinos de las comunidades ribereñas como los ejidatarios experimentaron durante el periodo de 1976-1987, y que constatamos durante nuestras temporadas de trabajo de campo mediante varias historias de vida de ellos, resultaron dramáticas en cuanto a formas de subsistencia.

El caso de la familia González es ilustrativo en este sentido. Originaria de la localidad de Santa María, municipio de Zumpango, le fueron dotadas ocho hectáreas de terreno en calidad de ejido. Más tarde pudieron obtener otras propiedades en las inmediaciones de los límites con el municipio de Tequixquiac, llegando a poseer alrededor de 11 ha en total. Según Agustín González,²¹ jefe de familia, durante muchos años la producción de sus parcelas daba para sobrevivir e, incluso, para adquirir maquinaria propia y establecer una tienda forrajera en la cabecera de Zumpango. Con la construcción de las obras del distrito de riego, comenta, le expropiaron una hectárea del ejido de Santa María con el fin de construir un establecimiento de bombeo para irrigar la mayor parte del ejido donde se sitúan sus propias parcelas de temporal y, acaso, reacomodar a otros ejidatarios afectados. No obstante, tanto para él como para otros campesinos, la construcción de obras se veía como una de las principales alternativas para el cultivo de sus terrenos de temporal. Participaron activamente en el levantamiento topográfico para definir el paso de los canales de riego e, incluso, señala, aportaron dinero para que las obras se terminaran en un plazo más inmediato del que se había propuesto por los ingenieros encargados de la infraestructura.

No obstante, el retraso de las obras en la laguna impidió aprovechar la construcción de los canales para irrigar las parcelas. Algunos ejidatarios presionaron a las autoridades para terminar el proyecto e, incluso, enviaron a un grupo en su representación para negociar con los campesinos de San Juan Zitlaltepec, quienes impedían la realización de las obras. Sus intentos por obtener agua fueron infructuosos y, conforme pasaba el tiempo, se olvidaron de la posibilidad de obtenerla. Los canales de conducción se azolvaron con el flujo de agua pluvial y parte de ellos fueron destruidos por habitantes cercanos al ejido para construir brechas de camino.

Según Agustín González, el proyecto de riego sería uno de los principales medios de prosperidad familiar, ya que si las obras se llevaban a cabo completamente, sus hectáreas podrían incrementar al doble la producción. Sus aspiraciones fueron tan optimistas que vendió algunas hectáreas adquiridas en las inmediaciones de Tequixquiac para comprar maquinaria agrícola. Sin embargo, a 10 años de distancia, el ejido nunca pudo saborear las negras aguas de la laguna y optó por maquilar maíz, trigo y otros productos a rancheros de la cabecera municipal de Zumpango, que tenían su propio sistema de riego por pozo profundo. Agustín González también se relacionó con empresarios agrícolas del estado de Hidalgo (Tlahuelilpan, Tlaxcoapan e Ixmiquilpan) para maquilar extensiones agrícolas dejando, incluso, de sembrar parte de sus propios terrenos de temporal.

Los dos casos que se han descrito (campesinos de la ribera de la laguna y el señor Agustín) no son generalizables para todo el campesinado de la región, aunque indican ciertos escenarios sobre la diferenciación social que trajo aparejado el distrito de riego y las políticas hidráulicas aplicadas por el Estado para saciar la sed de los capitalinos y los problemas de inundaciones de la ciudad de México. Ahora bien, podríamos argumentar desde otro punto de vista que, si bien el impacto de los programas gubernamentales fue mucho más profundo y contrastante con respecto a algunos otros núcleos agrarios, el proceso de diferenciación social no responde estrictamente a las consecuencias propias de la modernización agrícola en la región, pero sí pueden atribuirse a las políticas que han sido aplicadas al campo, las cuales ocasionaron grandes costos para el campesinado rural como, por ejemplo, la reducción en la rentabilidad de sus parcelas. Visto a 20 años de distancia, para muchos ejidatarios la rentabilidad ya no representa una garantía de sobrevivencia, ni mucho menos de movilidad social. Las parcelas del ejido de San Juan Zitlaltepec, ubicadas a escasos tres kilómetros de la laguna, han sido vendidas, arrendadas y/o destinadas a la construcción de viviendas. Estas últimas se erigieron para satisfacer las necesidades ya sea de sus propietarios o de los avecindados. Otras parcelas se utilizan para la producción de forrajes (alfalfa), y en menor medida maíz, combinando los ingresos con empleos de albañilería o de obreros en la zona industrial del valle de México.

Las prácticas de venta o arrendamiento se han generalizado en algunos otros núcleos agrarios, como son las rancherías, pero, sobre todo, en los lugares más próximos a localidades mayor y crecientemente pobladas, como consecuencia de un aumento demográfico exacerbado de avecindados provenientes de la ciudad de México o de la zona conurbada que aprovechan la relativa cercanía geográfica para trasladarse a sus centros de trabajo.²²

Estas prácticas, como en algunas otras regiones de México, se incrementaron debido al Procede, el cual confirmó y/ o generalizó los procesos de venta y/o arrendamiento.

Esta experiencia nos remite nuevamente al problema de la viabilidad del campo y de la participación gubernamental en la generación de condiciones para la producción. La disposición de conformar un distrito de riego por decreto no sólo tuvo efectos contraproducentes para el campesinado de la región, sino también en la viabilidad misma del proyecto, pues por más que se ajustara la labor hecha en pro de la modernización agrícola, resulta que ya las expectativas han sido rebasadas por procesos indirectos a los propósitos planteados originalmente.

A 20 años de distancia de la iniciativa del proyecto de riego, la cuestión del desarrollo del campo en la región ha tenido impactos nada positivos. Sólo para enumerar algunos, el principal problema que presentan los productores del campo son las tendencias de poblamiento espectacular en sus alrededores. Los municipios de Tecámac, Zumpango, Teoloyucan y Huehuetoca, considerados dentro del distrito de riego, se han convertido en verdaderas periferias proletarias de los nuevos corredores industriales que se han expandido hasta las inmediaciones de la laguna. Por lo menos en estos municipios, pero en menor medida también en los demás, se han conformado centros de atracción de población que funcionan, cada día con mayor fuerza, como nichos de asentamiento de la fuerza de trabajo; los mismos terrenos que en la concepción romántica serían los campos prósperos de riego han caído en un completo abandono, aumentándose la magnitud de su precio a consecuencia de la demanda de vivienda y servicios públicos.

Resulta por lo menos paradójico que tan sólo en el municipio de Zumpango se hayan construido tres unidades habitacionales sobre terrenos considerados dentro del distrito de riego para albergar a trabajadores tanto del municipio como avecindados, bajo el argumento de evitar el "desgaste físico" de los obreros del estado de Hidalgo que se trasladan a la ciudad de México o a la zona conurbada a laborar. Más aun, en 1985 se inauguró una unidad habitacional en las inmediaciones de la laguna de Zumpango. Entre otros tantos contrastes se ha utilizado un lote, conformado por un par de hectáreas, localizado a poca distancia de la laguna, como basurero público, aparentemente del municipio de Zumpango y de la localidad de San Juan Zitlaltepec.

CONCLUSIONES

En este trabajo he intentado presentar algunos elementos que dan cuenta de un proceso de transformación del valle agrícola de Zumpango a partir de la creación de un distrito de riego, el cual se diseñó como parte de un amplio proyecto hidráulico destinado al desagüe del valle de México. Es apenas una caricatura de la gran complejidad de las políticas públicas y de sus efectos sobre las poblaciones locales. Aun cuando desde la perspectiva de los enfoques relacionados con el punto de vista del "gobierno de los comunes" resulte sumamente alentador establecer un cálculo positivo de los costos-beneficios de los precarios recursos de subsistencia, el impacto desigual que trajo aparejada la instrumentación del distrito de riego refleja, por lo menos, que los efectos perversos sobre dichas poblaciones no pueden ser vistos tan sólo en el marco de sus diferentes estrategias de sobrevivencia y como aquellas que conciernen a una administración de su precariedad. Considero que, por el contrario, es necesario abordar el papel de las políticas públicas en el marco del neoliberalismo mexicano y el de las desigualdades que encierran, al colocar en circunstancias diferenciales y diferenciadas a las poblaciones rurales y proletarias frente a aquellos grandes centros industriales como el del valle de México, con sus zonas residenciales.

Partir de un reconocimiento de los procesos que objetivan a comunidades en un tiempo y espacio determinado resulta un punto de partida congruente con la necesidad de esclarecer sus propias iniciativas y proyectos de "modernidad alternativa". Estas observaciones encuentran sustento en las formulaciones que, a propósito del capitalismo mundial, se han formulado bajo el enfoque político-económico para entender el proceso de diferenciación social, política y económica dentro de un análisis más preciso de la organización espacial y específica del capitalismo (Roseberry, 1994: 73-94). Es decir, las políticas hidráulicas en torno del Sistema Cutzamala y los privilegios que se expresaron sobremanera para saciar la sed de los habitantes de la ciudad de México no sólo responden a una demanda de servicios públicos, sino también a las necesidades provocadas por la concentración poblacional y el desarrollo de la industria. En medio de este dilema parecen esconderse supuestos significativos sobre el ejercicio del poder y la toma de decisiones en beneficio o no de las necesidades humanas. Tal como hemos documentado, si las necesidades prioritarias de abastecer de agua potable a la ciudad de México y el área conurbada implicaban un proceso de reordenamiento del sistema hidráulico de la cuenca del valle de México, los planes y programas puestos en práctica dejaron al descubierto una serie de ambigüedades y de intereses inmersos dentro de tales políticas. De manera particular, el proyecto de creación de un distrito de riego con agua residual parece esconder la existencia de decisiones políticas por sobre decisiones técnicas.

El abastecimiento de agua a los principales centro industriales y poblaciones, que finalmente tiene que ser extraída de alguna parte para satisfacer las necesidades que provoca e incentiva el capitalismo (por ejemplo, industrias, luz, abastecimiento de agua potable a municipios enteros), tuvo efectos directos o indirectos sobre las comunidades campesinas. De esta manera, sus formas de lucha y resistencia, los procesos de cambio que experimentaron y sus proyectos alternativos pueden ser una vía para acercarnos más a un análisis de la multiplicidad de relaciones que se edifican con el privilegio de macroproyectos encaminados a beneficiar a los grandes centros urbanos e industriales en detrimento de las poblaciones campesinas u obreras. No pretendo reificar a la "comunidad" como libre de conflictos — ellas también han puesto lo suyo en la contaminación mediante la utilización de sistemas de drenaje a cielo abierto para el cultivo —, sino más bien llamar la atención sobre las dualidades y el alcance de las políticas para una planeación integral.

Es muy probable que el campesinado de la región de Zumpango pueda adaptarse a los contrastes tan cambiantes que provocó la aplicación del sistema de riego y la creación de las obras hidráulicas. Sin embargo, esto no libra las batallas acerca de la contaminación ambiental que subyace bajo el impulso de las políticas gubernamentales²³ y, sobre todo, de su diseño y sus prioridades, tal como se ha expresado en la hasta ahora prometida construcción de una planta tratadora de agua en dicho valle.

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Notas

¹ Guadalupe Cadena e Ivette Saldaña, "La revolución que viene. Temascaltepec o sed", El Financiero, 25 de septiembre de 1999, pp. 32-33.

² Los datos que integran este documento fueron obtenidos de distintas temporadas de trabajo de campo en la región, entre 1997 y 2000, en el marco del proyecto de investigación "Regionalismo, poder y hegemonía. Grupos de poder y cacicazgos en el Estado de México", bajo el auspicio de El Colegio de Michoacán.

³ Para un análisis de las diferentes políticas hidráulicas en torno del abastecimiento de agua potable al valle de México, véase Boehm y Sandoval, 1999.

⁴ Datos obtenidos del Diario Oficial de la Federación (3 de agosto de 1981; 9 de noviembre de 1984; 11 de agosto de 1987; 12 de agosto de 1987; 13 de agosto de 1987 y 5 de enero de 1994).

⁶ Ibid.

⁷ Ibid., p. 4. Cursivas del autor.

⁶ Diario Oficial de la Federación, 12 de agosto de 1987.

⁹ Diario Oficial de la Federación, 11 de agosto de 1987.

¹⁰ Aquí habría que reconocer que tanto líderes campesinos de las comunidades como asesores de organizaciones independientes intervinieron en la entrega de la documentación y el seguimiento de los juicios, debido a que algunos habían entablado alianza con agencias del Estado.

¹¹ "Resolución sobre Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales del Poblado San Pedro de la Laguna", Diario Oficial de la Federación, 3 de agosto de 1981.

¹² "Decreto por el que se expropia, por causa de utilidad pública, una superficie de 335-46-30 hectáreas a favor de la SARH", Diario Oficial de la Federación, 9 de noviembre de 1984.

¹³ Datos obtenidos del Diario Oficial de la Federación (3 de agosto de 1981; 9 de noviembre de 1984; 11 de agosto de 1987; 12 de agosto de 1987; 13 de agosto de 1987 y 5 de enero de 1994). Respecto a la comunidad de San Juan Zitlaltepec, no se pudieron obtener datos de reconocimiento y titulación y su posterior expropiación, pero de acuerdo con entrevistas a miembros de la Cooperativa de Tule, también se expropiaron en el mismo tiempo que las primeras comunidades.

¹⁴ Diario de campo, noviembre de 1999.

¹⁶ De acuerdo con un informe que \a Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedagro), elaborado para conocer la viabilidad del proyecto Los Insurgentes, se concluye que la Laguna de Zumpango difícilmente podía cumplir las expectativas que se habían proyectado al inicio del mismo.
Es decir, la capacidad de almacenamiento de agua apenas podía cumplir con la promesa de regar 6000 ha en lugar de las 24500 ha que se habían contemplado. Otro factor importante que ha servido para evaluar la viabilidad del proyecto después de realizado el estudio, es que los análisis de factibilidad de suelo demostraron que los terrenos ejidales no están aptos para producir, pues el suelo contiene sustancias de salinidad que impiden volverlas productivas aun con el riego. La calidad del agua de la laguna y del gran canal está severamente restringida para su uso por su elevada salinidad. Estos elementos, en parte, han sido retomados para negociar una salida política a la problemática regional. Véase Sedagro, Estudio para la actualización y adecuación de la planeación de la zona de riego "Los Insurgentes", en Zumpango, Informe Ejecutivo, México, Sedagro, diciembre de 1992 (documento proporcionado por Sedagro).

¹⁷ Omito el nombre real de la organización debido a que lleva el nombre del dirigente denunciado.

¹⁸ Entrevista a comunero de San Juan Zitlaltepec (11 de noviembre de 1996).

¹⁹ La Sociedad Ecológica por la Conservación de la Laguna fue creada en 1992 como un instrumento de intermediación política por uno de los caciques más importantes del municipio de Zumpango.

²⁰ Entrevista a líder comunero de la Laguna de Zumpango (noviembre de 1995).

²¹ González no es el apellido real de la persona.

²² Tan sólo en el municipio de Zumpango hubo un aumento de población censal distribuido de la siguiente manera: 1950-17 498; 1960 = 22677; 1970 = 36105; 1980 = 51393; y 1990-71413. En el municipio de Hueypoxtla, cuyo reparto agrario fue uno de los más amplios (15171 ha), se registra un aumento de población de la siguiente manera: 1950 = 10961; 1960 = 12949; 1970 = 15153; 1980 = 19288 y 1990 = 26189. Fuente: Conapo, 1994.

²³ Recientemente, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un presupuesto de 7500 millones de pesos para el proyecto de abastecimiento de agua potable y saneamiento del valle de México; sin embargo, según el presidente de la Comisión de Recursos Acuíferos de la Cámara Local de Diputados del Estado de México, la instalación de cuatro macroplantas tratadoras de aguas residuales para las cuales fue aprobada dicha cantidad, no se han llevado a cabo (Silvia Chávez González, "Un año de retraso en proyecto de abastecimiento de aguas tratadas", La Jornada, 3 de septiembre de 1998, p. 51.).