Migraciones y agricultura en Europa del Sur: Emergencia de un nuevo proletariado internacional

Migrations and Agriculture in Southern Europe: Emergence of a New International Proletariat

Gennaro Avallone

Università di Salerno. Correo electrónico: gavallone@unisa.it

Resumen

Desde los años ochenta, una parte de las investigaciones sociales se han centrado en las transformaciones estructurales y en las condiciones sociales y subjetivas de los trabajadores migrantes en la agricultura de la Europa meridional (Portugal, España, Italia y Grecia). Los estudios realizados constituyen la base de este artículo, en el que se revisan, de manera comparativa, los aspectos comunes a los distintos contextos, para delinear las características de la condición laboral y social de los trabajadores inmigrantes. En conclusión, el artículo indica que el trabajo migrante se ha convertido en el factor central en la estructura agrícola local; sin embargo, los trabajadores han permanecido al margen de las políticas públicas y de las sociedades locales, constituyendo un nuevo proletariado internacional.

Palabras clave: migraciones, agricultura, trabajo, Europa del Sur, políticas europeas.

Abstract

Since the 1980s a part of social researches has focused on structural transformations and social and subjective conditions of immigrant workers in Southern Europe agriculture (Portugal, Spain, Italy and Greece). This paper is the result of a comparative analysis of these researches and it highlights the common aspects in the different territorial contexts, showing the main features of the labor and social condition of migrant workers. In conclusion, the paper recognizes that migrant labor has become the central element in the local agriculture, but this emergence has not been followed by a political and societal recognition and, so, migrant workers have remained at the margins of local policies and societies, constituting a new international proletariat.

Keywords: migrations, agriculture, labour, Southern Europe,European policies.

Introducción

Este artículo se propone como un relato alternativo de los procesos sociales y económicos que han caracterizado la inserción de los trabajadores inmigrantes en la agricultura de la Europa meridional (Portugal, España, Italia y Grecia). Las narrativas dominantes tienden a hacer invisibles las relaciones sociales, dando lugar a otros tipos de representación que privilegian los temas de la identidad, las diferencias culturales y las posibilidades de integración de los extranjeros.

Una parte de la investigación social, sin embargo, se ha centrado en las transformaciones estructurales y en las condiciones laborales y de vida de los trabajadores migrantes del campo. Este tipo de investigación constituye la base de este artículo, aunque existe una asimetría en las fuentes bibliográficas disponibles en función de los países, ya que los estudios sobre el caso español han sido mucho más numerosos que los de otros países. En el artículo se revisan, de manera comparativa, los estudios realizados sobre los distintos territorios objeto de examen, que han permitido delinear las características de una condición laboral y social convertida en central para la estructura productiva de la agricultura europea, pero que sigue siendo marginal para las políticas públicas y las sociedades locales.

El artículo se divide en seis partes. En la primera se muestra la velocidad de las transformaciones que han convertido a las zonas de Europa del Sur en áreas de inmigración, y los efectos que estas transformaciones han tenido sobre la ocupación en la agricultura, con una generalización de la mano de obra extranjera. Este proceso ha constituido el principal motivo para justificar la elección de los países objeto de examen que, de forma distinta de la agricultura francesa, por ejemplo, se han convertido más tarde, y de manera temporalmente diferenciada, en áreas agrícolas con trabajadores asalariados extranjeros. En la segunda parte se presentan las condiciones de trabajo de los inmigrantes en la agricultura, evidenciando los aspectos laborales comunes y las diferencias entre los diversos contextos, que han emergido principalmente por los procesos de reestructuración capitalista de la agricultura a escala local y la creciente movilidad espacial de las personas dentro del espacio mediterráneo. En la tercera parte se abordan los principales rasgos de las condiciones de vida y de vivienda de los inmigrantes en las áreas agrícolas y del carácter de las políticas públicas. En la cuarta se presentan las políticas de inmigración que han influido en la inserción laboral y social de la población extranjera en busca de trabajo. En la quinta parte se exponen las "políticas" de los inmigrantes; en otras palabras, los comportamientos de resistencia individual, de grupo y colectiva a las condiciones vividas de explotación y subalternidad. Por último, las conclusiones resumen el análisis propuesto y muestran que, durante las tres décadas pasadas, en los campos de Europa del Sur se ha constituido un proletariado agrícola internacional, caracterizado por un conjunto de factores comunes.

Los inmigrantes en la agricultura de Europa del Sur: Una cuestión de largo plazo

Desde finales de los años ochenta, los países de Europa del Sur han pasado de ser áreas de emigración a convertirse en regiones de inmigración, aunque con tiempos y ritmos distintos, cambio que también ha afectado a las zonas rurales y agrícolas (King, 2000). La población extranjera registrada oficialmente ha crecido especialmente durante el primer decenio del presente siglo, y entre 1998 y 2012 contribuyó con 75.9 por ciento del crecimiento demográfico, pasando, en el mismo período, de 1.7 por ciento a 8.9 por ciento de la población total: en números absolutos, de 1 944 916 a 11 476 088 (véase el cuadro 1).

El caso de Europa del Sur muestra que, aunque las migraciones han conservado una vocación urbana, hay procesos que han orientado a los individuos y redes sociales en direcciones múltiples, también hacia los contextos rurales y agrícolas.

En general, especialmente en Grecia, Italia y España, hay un fuerte nexo entre el establecimiento de los extranjeros en las áreas rurales y la ocupación en el sector primario, así como ha sido y es fuerte el vínculo entre la agricultura y el primer trabajo de los inmigrantes en sus inicios en el país de inmigración (Papadopoulos, 2009). La inserción de los trabajadores inmigrantes en la agricultura de Europa del Sur es un fenómeno de largo plazo y de todos los contextos productivos. Históricamente, ha coincidido con dos procesos estructurales: la transformación de la producción agrícola del sur europeo en producción para la exportación y el cambio de este territorio en un área de inmigración.

El primer proceso es consecuencia de la estructuración de enclaves agrícolas, compuestos por explotaciones de diferentes dimensiones y niveles de inversión e innovación, caracterizados por una agricultura intensiva, con una organización productiva industrial orientada a la exportación. Este proceso ha sido geográficamente diferenciado y proporcionado a los distintos niveles productivos que caracterizan Italia y España, por un lado, y Portugal y Grecia, por otro, que en 2011 registraban 35.3 por ciento de la producción agrícola europea (véanse el cuadro 2 y el mapa 1).

El segundo aspecto también es espacial y temporalmente diferenciado. En Italia, la inserción de los inmigrantes en la producción agrícola inició en los primeros años de los ochenta (Pugliese, 1993), afectando sobre todo a trabajadores de África del Norte, y ha crecido sucesivamente, ampliando las áreas geográficas de origen de los inmigrantes empleados. El INEA (2011) ha calculado que los inmigrantes regulares ocupados en la agricultura han pasado de 23 000 a 190 000 entre 1989 y 2010, llegando a 232 837 en 2011 (Casella y Pallara, 2012), pertenecientes a diferentes áreas geográficas de origen: Europa del Este, Asia, América del Sur, África del Norte y subsahariana.

En Portugal, desde la segunda mitad de los años noventa se ha iniciado un nuevo proceso de inmigración, muy diferente del que se suscitó en los períodos anteriores. Hasta los primeros años de los noventa, los migrantes provenían casi totalmente de las antiguas colonias, no trabajaban en el campo ni vivían en áreas rurales. Con posterioridad, los migrantes han llegado desde los países de Europa oriental y de la ex Unión Soviética y, una minoría, de China, India, Pakistán, Marruecos y países subsaharianos (Fonseca, 2008). Una parte de ellos se han dirigido hacia las áreas agrícolas de Alentejo, Ribatejo y oeste (Baganha y Fonseca, 2004; Fonseca, 2008) y de Algarve (Sampaio y Carvalho, 2013). Los inmigrantes se han empleado en los sectores menos profesionalizados, incluida la agricultura, especialmente en el caso de los trabajadores y las trabajadoras de Ucrania, Rumanía, Moldavia, Bulgaria, Marruecos y Tailandia (Baganha, Gois y Pereira, 2005).¹

En Grecia, las inmigraciones empezaron durante la década de 1980 y han crecido mucho después de 1989, sobre todo las procedentes de Albania y, en menor medida, de Bulgaria, Rumanía y algunos países africanos. Los trabajos de los inmigrantes han sido sobre todo estacionales e irregulares, en los sectores de la agricultura y la construcción, hasta llegar a emplearse en estos ámbitos una quinta parte de ellos (Kasimis, 2008). Durante la década 2000-2010 se ha registrado un proceso de segregación laboral de los trabajadores extranjeros en estos sectores y un cambio parcial de la composición nacional, con la inserción de trabajadores de India, Pakistán y Bangladesh en las áreas centrales, en Attica y Peloponesio (Triandafyllidou y Maroukis, 2012).

Desde el principio, la ocupación de los inmigrantes no ha sido sinónimo de agricultura de subsistencia o marginal. Al contrario, ha estado relacionada con los niveles tecnológicos y productivos más altos y con la producción agrícola de exportación. La intensificación de la producción agrícola ha afectado todos los tipos de estructura económica y de explotación agrícola, con la consecuencia de un fuerte incremento de la demanda de trabajo extrafamiliar asalariado (Martínez, 2004; Van der Ploeg, 2010).

Este proceso, como se demostrará más adelante, ha producido similares condiciones laborales, sociales y jurídicas para los trabajadores extranjeros en la totalidad del espacio agrícola de Europa del Sur.

Los factores comunes y las diferencias en las relaciones de trabajo

El análisis de la literatura publicada evidencia que las modalidades de inserción laboral y las condiciones de trabajo de los inmigrantes en la agricultura tienen rasgos comunes en el conjunto de los países del sur de Europa, aunque hay divergencias entre áreas y países, señaladas por las diferencias numéricas, de antigüedad o enfoque en las bibliografías estudiadas y por algunos datos estadísticos. Las características indicadas son las siguientes: 1) componente estructural; 2) suplencia; 3) explotación; 4) desarticulación del derecho, y 5) competitividad.

1) Componente estructural. Los datos muestran la tendencia creciente del empleo de los inmigrantes en la agricultura de Europa meridional desde los años ochenta, que se ha convertido en una característica estructural de toda la economía observada.

La oferta de trabajo inmigrante se ha transformado en absoluta o predominante en algunos ámbitos productivos y en una parte de las actividades laborales, como, por ejemplo, en la recogida de fruta o verdura y en el sector ganadero. Así, ha venido constituyendo un factor irreversible y, por tanto, de naturaleza estructural para todo el sector primario (Giménez, 1992; Caritas-Migrantes, 2010; Fonseca, 2008).

2) Suplencia. Los inmigrantes realizan una función de suplencia respecto de la población local en el ámbito demográfico y laboral, conectada a los procesos de envejecimiento en una parte de las áreas rurales y agrícolas (Kasimis, 2010; Abreu y Peixoto, 2009) y al abandono del campo por parte de los jóvenes, aunque algunas señales de cambio se pueden observar con la vuelta de éstos al trabajo agrícola. Numerosas investigaciones han evidenciado la escasa oferta nacional de este tipo de empleo y la orientación de los empresarios hacia los inmigrantes en Grecia (Kasimis, Papadopoulos y Pappas, 2010), España (Galdeano-Gómez, Aznar-Sánchez, Pérez-Mesa, 2011), Portugal (Fonseca, 2008) e Italia (Colloca y Corrado, 2013).

3) Explotación. Las características más evidentes de la condición laboral de los inmigrantes en la agricultura son las siguientes: elevadas tasas de explotación, salarios más bajos que la media nacional (Fonseca, 2008; Lazaridis, 2004; Cholezas y Tsakloglou, 2009; Fondazione ISMU, 2008, Peixoto, 2008), inestabilidad ocupacional (INEA, 2009; Kasimis y Papadopoulos, 2005) e informalidad (Finotelli y Arango, 2011; Pedreño, 1999; Veira, Stanek y Cachón, 2011). Estas condiciones se desarrollan en una situación de difundida irregularidad (Izcara y Andrade, 2004), reproducida por una demanda de fuerza de trabajo "barata y sumisa" (Izcara, 2009:92).

El empleo del trabajo vivo cómo factor fuertemente flexible ha orientado a las empresas a basarse en la explotación de la fuerza de trabajo, privilegiando, en algunos casos, la extracción de plusvalía absoluta y, en otros, organizando diferentes combinaciones de plusvalía absoluta y relativa. El primer tipo de explotación, basado en el prolongamiento de la jornada laboral, se ha observado, y sigue observándose, por ejemplo, en las actividades de recogida del tomate en el área de Foggia (Italia); de los cítricos en la Piana di Gioia Tauro y la Piana di Sibari (Italia) (Corrado, 2013), o de la aceituna en Andalucía para (Menor, 2012). En estos casos, que utilizan, sobre todo el trabajo de los jornaleros, la duración de la jornada laboral tiende a ser contratada día a día en función de las exigencias productivas, de manera independiente de los vínculos impuestos por la ley del trabajo, subordinando completamente la mano de obra a las necesidades de la producción. Esta modalidad de explotación ha sido fortalecida por la crisis económica del nuevo siglo, de manera coherente con el análisis de Marx (2009:289), que observó una correlación entre la afirmación de la crisis y la profundización de la acción de los mecanismos de extracción de plusvalía absoluta, porque "las crisis durante las cuales la producción se interrumpe y sólo se trabaja a 'tiempo reducido' [...] en nada alteran, naturalmente, el afán de prolongar la jornada laboral [...] Cuanto menos tiempo se pueda trabajar, tanto más tiempo de plustrabajo habrá que trabajar" (Marx, 2009).

El segundo tipo se encuentra, por ejemplo, en los casos de la comarca de Almería (España), la región de Murcia o la Piana del Sele (Italia) (Avallone, 2013; Pedreño y Hernández, 2005; Arjona y Checa, 2007a). Esta modalidad de explotación está basada en la combinación de las dos formas de extracción de plusvalía, a través de la introducción de tecnologías muy avanzadas, el empleo de trabajadores de manera estable y de jornaleros y la garantía de la disponibilidad para trabajar largas jornadas a través del pago a destajo, que "se convierte, en este sentido, en fuente abundantísima de descuentos salariales y fullería capitalista" (Marx, 2009:675). Estas estrategias fueron observadas ya en las investigaciones a finales de los años ochenta (Giménez, 1992; Avellá, 1991) y se han confirmado en los años siguientes, estableciendo diferentes vínculos entre la explotación del trabajo vivo y la introducción de tecnologías (Cholezas y Tsakloglou, 2009).

4) Desarticulación del derecho. Los inmigrantes se han insertado en un contexto de crisis de la regulación social del trabajo en la agricultura, con un predominio de las modalidades de regulación local y de la intermediación informal de mano de obra (Colloca y Corrado, 2013; Hartman, 2008; Papadopoulos, 2009), en un mercado laboral históricamente hostil a los trabajadores (Pugliese, 1993) y en una estructura jurídica adversa.

Las difíciles condiciones de trabajo de la mano de obra inmigrada también se han difundido porque los trabajadores extranjeros no comunitarios están expuestos al riesgo de deslizarse hacia una condición de irregularidad administrativa. Por ejemplo, Kovacheva y Vogel (2009) han estimado que en la agricultura española, en 2004, trabajaban 15 por ciento de los 700 000 inmigrantes irregulares residentes en el territorio nacional. La condición de irregularidad ha favorecido, de facto, la desarticulación del derecho laboral en la agricultura, porque ha puesto a disposición de los empleadores mano de obra situada en "nuevas zonas de no-derecho" (Mésini, 2009:106). La vulnerabilidad administrativa y jurídica, asociada con bajos salarios y condiciones de discontinuidad ocupacional, ha precarizado mucho la situación laboral y de vida de los migrantes empleados en el sector primario.

Las prácticas irregulares de empleo de mano de obra no han sido contrarrestadas por las políticas públicas, incluida la política agraria común (PAC), que ha influido en las explotaciones agrarias a través de la distribución de los subsidios (Lynggaard y Nedergaard, 2009), sin actuar sobre las modalidades de empleo de la mano de obra.

5) Competitividad. Los inmigrantes contribuyen de manera fundamental a la conservación de la competitividad de las explotaciones agrícolas del sur de Europa debido a su papel en la reducción de los costes del trabajo y su disponibilidad para la flexibilidad y la pluriactividad.

El ingreso históricamente diferenciado de los países en la Comunidad Europea —completado en 1986 después la adhesión de España y Portugal— y la adopción de la moneda única han hecho imposible que los países pongan en práctica políticas de devaluación monetaria competitiva. De manera consecuente, las explotaciones agrícolas de las economías semiperiféricas han buscado nuevas ventajas competitivas para enfrentar la reestructuración del mercado común y su integración subalterna en el sistema agrícola internacional (Pérez, 1995). Éstas se han orientado hacia la reducción de los precios de los productos mediante la contracción del coste del trabajo, que se ha realizado a través de la combinación de un conjunto de factores, especialmente el crecimiento de condiciones del empleo informal y la difusión de relaciones de competición entre la fuerza de trabajo, alimentada por nuevas divisiones y jerarquías raciales, nacionales, de género y administrativas (Gualda, 2012; Torres y Gadea, 2012; Hartman, 2008; Izcara, 2009; Papadopoulos, 2009; Galesi y Mangano, 2010; Fonseca, 2008; Gadea, García y Pedreño, 2013; Reigada-Olaizola, 2011).

Condiciones de vida y políticas públicas para inmigrantes

La composición de las relaciones de trabajo en la agricultura de Europa del Sur evidencia una presencia estructural de los trabajadores inmigrantes, empleados generalmente de manera informal, precaria y con salarios y derechos reducidos. Esta posición estructural se asocia a condiciones de pobreza económica y a otras formas de vulnerabilidad social. Las políticas públicas, que deberían intervenir en esta situación para reducir los impactos negativos de los procesos socioeconómicos, han tenido efectos divergentes, que no han cambiado las relaciones sociales y de poder ni las condiciones de vida vigentes. Las administraciones locales no se han preparado para el asentamiento de los inmigrantes en las áreas agrícolas, que no se ha acompañado —ni siquiera después de la primera fase— con políticas de inclusión social consistentes. Aún más, las investigaciones registran la ausencia o la carencia de políticas para la vivienda y la prevención del racismo.

Las investigaciones sobre las condiciones de vivienda de los trabajadores inmigrantes del campo han sido abundantes desde los años noventa, especialmente en España (Avellá, 1991; Roquero, 1996; Checa y Arjona, 2006; Martínez, 1999). En este país, las investigaciones han mostrado tres períodos. El primero, desde los ochenta hasta el principio de los años 2000, ha estado caracterizado —especialmente en las regiones de Andalucía y Murcia— por situaciones de infravivienda (Izcara y Andrade, 2004). Esta condición se vio empeorada por el aislamiento causado por la segregación espacial y social de los diferentes grupos nacionales de inmigrantes (Izcara, 2009; Arjona y Checa, 2007b), describiendo, en el caso de la provincia de Almería, una condición de "vivienda imposible" (Arjona y Checa, 2007b). En el segundo período, desde los primeros años 2000 hasta 2007-2008, se ha verificado una mejora de la situación habitacional, pero sólo a través de las relaciones de mercado que, en un período de crecimiento económico, han permitido acceder a la vivienda a una parte creciente de la población inmigrante (Checa, 2013; Torres y Gadea, 2012). El tercer período se inicia con la crisis económico-financiera de 2008, que ha desestabilizado el proceso de inserción de los inmigrantes y "había generado un aumento del hacinamiento en 2009 y un cierto repunte de las situaciones de infravivienda" (Torres y Gadea, 2012), produciendo un regreso de los problemas de habitabilidad. Este bloqueo fue facilitado por el hecho de que el proceso de inserción se ha realizado sin la acción de políticas públicas. Así, cuando la crisis se ha manifestado, ha emergido la debilidad estructural de este proceso.

En Grecia, se ha producido una mejor condición de inserción social especialmente porque las viviendas han sido ofrecidas por los empresarios a los trabajadores del campo (Kasimis, Papadopoulos y Pappas, 2010). Esta mejor condición habitacional ha favorecido la aceptación por parte de las sociedades locales: "nuestra investigación ha indicado que los inmigrantes son más aceptados e integrados en las regiones rurales menos desarrolladas [y si] viven en una región con sus familias" (Kasimis, Papadopoulos y Pappas, 2010:271). En otros casos, sin embargo, se han registrado condiciones de marginalidad habitacional (FEANTSA, 2008), especialmente entre los inmigrantes empleados como jornaleros (Lazaridis, 2004). El caso griego evidencia que el acceso a la vivienda ha sido afrontado, como en España, a través de la acción de los mecanismos de mercado, que no dependen sólo de los factores económicos sino también de relaciones interpersonales y "del estado de las relaciones con la población autóctona" (Papadopoulos, 2009:34).

En las zonas agrícolas de Italia se han registrado procesos similares con condiciones extremas, especialmente para trabajadores estacionales y jornaleros, y una condición generalizada de limitación del derecho a una vivienda digna (Menonna, 2006). Nuevas investigaciones realizadas entre 2008 y 2012 confirman esta representación en varias zonas, sobre todo en algunas provincias meridionales (Colloca, 2010; Corrado, 2011; Colloca y Corrado, 2013; Osti y Ventura, 2012).

En general, las investigaciones han relevado la ausencia de políticas públicas duraderas orientadas a sostener los procesos y los factores de reproducción social de los inmigrantes en las zonas agrícolas. Normalmente, la política nacional y local ha manejado y definido a los inmigrantes en las áreas agrícolas como una población, al mismo tiempo, presente y ausente: presente porque es económicamente útil, pero ausente en los aspectos social, cultural e individual. Las condiciones de vida de los trabajadores extranjeros, caracterizadas por el completo o parcial aislamiento social y espacial y la infravivienda o vivienda imposible, así como la ausencia de políticas públicas universalistas han favorecido la manifestación de comportamientos xenófobos y de conflictos raciales entre la población local y los extranjeros. Algunos eventos han sido particularmente relevantes, como los suscitados en El Ejido (Martínez, 2001; 2004; Checa, 2001) y Rosarno en Italia en 2010 (Colloca, 2010; Corrado, 2011). Estos casos han mostrado que los factores identificados pueden producir un clima social marcado por el rencor permanente: un potencial de violencia siempre activo.

En algunas áreas las tensiones raciales entre autóctonos e inmigrantes y entre los grupos de extranjeros han sido fortalecidas por la competencia real o supuesta en el mercado laboral, aunque hay investigaciones que muestran una relación de complementariedad en la agricultura entre los trabajadores extranjeros y los locales (Kasimis, 2008; INEA, 2009). La crisis económica y financiera ha agravado este tipo de tensiones, especialmente en Grecia y España. En la primera situación, algunas investigaciones realizadas antes de la crisis evidenciaron que, según los trabajadores locales sin profesión, los inmigrantes eran un peligro para su condición laboral (Kasimis, Papadopoulos y Pappas, 2010). Durante el proceso de ahondamiento de la crisis, las relaciones conflictivas crecieron por el incremento del paro. Así, se han registrado eventos particularmente violentos, como en el caso de Manolada en abril de 2013, cuando unos inmigrantes que reivindicaban el pago de sus salarios recibieron disparos por parte de uno de los capataces (Amnesty International, 2013).

En España, la competencia entre nacionales y extranjeros ha crecido porque la población local que trabaja en el campo -también como jornaleros- se ha incrementado después de 2009, como han reconocido Torres y Gadea (2010:77), quienes señalan que, en el área de Murcia, "la crisis económica comienza a alterar la complementariedad de los trabajadores autóctonos e inmigrantes en la estructura etnofragmentada".

La inserción de los migrantes en el mercado de trabajo y en la sociedad de inmigración no depende sólo, como se ha visto, de las relaciones sociales de producción sino también del tipo de relaciones sociales y de la estructura de vínculos y oportunidades generada por las políticas públicas. Este proceso también depende de la política y la legislación de acceso de cada estado. Las investigaciones muestran que estas políticas de inmigración han tenido un carácter tendencialmente convergente y contradictorio.

El primer aspecto, la convergencia, remite a la adopción de un sistema de ingreso análogo en los países objeto de examen. Dicho sistema está basado en el mecanismo de cuotas para trabajadores extranjeros, completado con procedimientos de autorizaciones nominales y la definición de acuerdos bilaterales sobre las migraciones laborales, que han afectado a los trabajadores extranjeros, especialmente en el caso de la agricultura española y también en los casos portugués e italiano (Geronimi, Cachón y Texidó, 2004; Estrela, 2008; Redondo, 2009; Servico de Estrangeiros e Fronteiras, 2010; Achón, 2012). Este sistema está integrado por un dispositivo de control militar y de policía de las fronteras y por la construcción de un subsistema de detención administrativa de los inmigrantes irregulares y de los solicitantes de asilo, con la proliferación de campos de detención administrativa.

La adopción de orientaciones políticas, leyes y procedimientos administrativos análogos ha sido favorecida por el hecho de que cada política migratoria nacional está inserta en el marco de la política de la Unión Europea. Esta política se ha realizado a través de la definición de un espacio migratorio común, disciplinado por el Acuerdo de Schengen (1985), el Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen (Gobierno de España, 1994) y el Reglamento (CE) núm. 343/2003 —conocido como Reglamento Dublín II— (Consejo de la Unión Europea, 2003), y ha sido fortalecida por diferentes actos institucionales orientados hacia la construcción de una política migratoria general basada en principios compartidos.

El segundo aspecto, su carácter contradictorio, es atribuible al hecho de que en todos los estados de Europa del Sur las políticas han sido restrictivas hacia los ingresos, pero han ido acompañadas de muchos procedimientos de regularización (Finotelli y Arango, 2011; Konsta y Lazaridis, 2010). Las políticas de inmigración han alternado prácticas normales con momentos excepcionales y han construido un régimen de ingreso restrictivo interrumpido por períodos de emergencia, en los que han intervenido procedimientos de regularización de las condiciones administrativas de la población inmigrada. Desde los primeros años de los noventa hasta 2012 se cuentan por lo menos 23 procedimientos de este tipo: se ha registrado la necesidad recurrente de iniciativas de regularización, aunque de alcance e impacto variables.²

El dispositivo político y normativo así creado tiene la capacidad de establecer fronteras nacionales porosas y gobernar la movilidad y la flexibilidad de la fuerza de trabajo inmigrante. En consecuencia, las políticas de inmigración restrictivas y selectivas no han evitado la difusión del empleo irregular ni la llegada de extranjeros sin papeles, de manera funcional a la reproducción de las economías locales (Rigo, 2007), especialmente para la agricultura (Kasimis, 2010; Veira, Stanek y Cachón, 2011).

El principal factor productivo en la agricultura, la fuerza de trabajo, ha sido gobernado mediante dispositivos institucionales que no han impedido las modalidades irregulares de las inmigraciones y del empleo y, al contrario, han contribuido a la disponibilidad de una mano de obra con derechos limitados y expuesta a un trabajo necesariamente ilegal. Si se considera que la PAC se ha concentrado siempre en el financiamiento de las explotaciones agrícolas, evitando la adopción de medidas para sostener el factor laboral, se puede reconocer que la política pública que más ha influido en las condiciones de trabajo en la agricultura de Europa meridional desde los años noventa ha sido la basada en la gestión y la selección de los procesos migratorios.

La política de los inmigrantes

La tendencia a reducir funcionalmente a los inmigrantes a la valorización de las mercancías agrícolas ha sido compensada por el despliegue de una serie de recursos por los mismos trabajadores para limitar la acción de los mecanismos de explotación y empobrecimiento económico, social y simbólico, mediante la auto-valorización de las propias capacidades y de la propia posición estructural en el modo de producción. Las investigaciones han observado algunas estrategias y recursos de los inmigrantes, reconociendo especialmente tres elementos clave: la pertenencia a redes sociales transnacionales, la movilidad espacial y —especialmente en el caso español y parcialmente en el italiano— la afiliación a sindicatos y la autoorganización sindical.

El segundo ámbito de autovalorización se manifiesta en las diferentes formas de movilidad espacial, que están subordinadas al control estatal, especialmente para el permiso de trabajo y los papeles, pero también son un espacio de recursos autónomos (Hartman, 2008), conectado con los espacios globales. Estas formas se configuran como una estrategia colectiva de "acceso a una ciudadanía social sustantiva aunque precaria" (Suárez, 2010:644), común a todos los migrantes que necesitan un papel para ingresar en los países europeos. La movilidad es un recurso también porque los inmigrantes, especialmente los que no tienen familia y los activos en migraciones de tipo circular entre sus países de origen y el de emigración o con relaciones familiares y amicales transnacionales, tienen una fuerte disponibilidad para cambiar lugares y, por tanto, sectores de trabajo (Gualda, 2012; Maroukis y Gemi, 2010; Mésini, 2009; Servico de Estrangeiros e Fronteiras, 2010). Esta disponibilidad favorece la propensión a la fuga desde el sector agrícola hacia otros sectores económicos, porque las condiciones de vida y empleo en el campo han convertido la agricultura en un ámbito de trabajo de interés para los inmigrantes sólo en ausencia de alternativas, que abandonan cuando su situación legal o económica se hace, o puede hacerse, más estable. Esta actitud ha sido sintetizada en una investigación de Izcara (2009:99) por un militante sindical marroquí, señalando que "el colectivo inmigrante tiene aspiraciones de superación de empleo o calidad de trabajo, y el hecho de trabajar en la agricultura es como un escalón de base de trabajo, para empezar en la construcción o en otra cosa". El uso de la movilidad permite a los inmigrantes valorizar un recurso social de manera autónoma frente a las condiciones impuestas por las relaciones de empleo y las políticas estatales y públicas hacia las migraciones.

El tercer ámbito de autovalorización se refiere a la capacidad de los trabajadores inmigrantes del campo de participar en la acción sindical o de autoorganizarse para la tutela de las condiciones de empleo en los lugares de trabajo. La relación entre sindicatos y migrantes ha sido investigada de manera general, pero hay poca literatura sobre los trabajadores agrícolas. La atención hacia este tema ha sido registrada casi exclusivamente en España, especialmente con estudios sobre los conflictos sociales en áreas agrícolas (Martínez, 1999; Checa, Arjona y Checa y Olmos, 2010), la acción de algunos sindicatos en diferentes áreas agrícolas y la del Sindicato de Obreros del Campo (SOC) en la comarca de Almería (Río, 2002). Esta última organización es la de mayor afiliación entre los inmigrantes, también en colaboración con la red Plataforma Iguales en Derechos, y ha unido a muchos trabajadores durante el tiempo, con la participación de dirigentes inmigrantes, que han contribuido a la organización de la huelga en El Ejido en el año 2000, después de los disturbios contra los extranjeros, organizados por una parte de la población local.

Otras investigaciones se han realizado en años recientes en Italia —en particular sobre la red Campagne in Lotta, constituida por trabajadores inmigrantes, pequeños productores agrícolas, asociaciones voluntarias, solidarios, investigadores y militantes (Aktivist*innen des Netzwerks Campagne in Lotta, 2013)— después de los riots de Rosarno y la huelga de Nardo en Pulla (Brigate di solidarietà attiva et al, 2012). No hay investigaciones específicas sobre la organización sindical de los trabajadores extranjeros en el campo en Portugal y Grecia, aunque en estos países se han desarrollado conflictos laborales entre inmigrantes y empresarios (Pereira, 2008) y huelgas, como en el área de Manolada, contra la violencia hacia los inmigrantes (Giannoulis, 2013).

En general, se puede afirmar que la organización sindical entre los trabajadores inmigrantes no es una regla y, en el caso de la agricultura, sucede lo que se registra en general en los ámbitos laborales, en los que "la población ocupada inmigrante suele estar más alejada de la acción colectiva sindical" (Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball, 2011:92).

El sujeto social constituido por los inmigrantes empleados en la agricultura está caracterizado, sobre todo, por estrategias de inserción y resistencia individuales, informales y basadas en redes de solidaridad de pequeño grupo y parental. Pese a ello, la organización sindical de los inmigrantes en las áreas agrícolas no está totalmente ausente y, en los últimos años, una parte de los nuevos trabajadores agrícolas ha generado, en algunas áreas territoriales, nuevos conflictos sociales (Brigate di solidarietà attiva et al, 2012; Corrado, 2011), que están cambiando sus condiciones y su acción política, demandando nuevas investigaciones sobre el cambio en la subjetividad de los trabajadores inmigrantes.

Conclusiones: Los trabajadores migrantes en la agricultora como nuevo proletariado internacional

Las publicaciones analizadas evidencian una desproporcionalidad entre los países observados, especialmente por la predominancia de los estudios sobre el caso español, que han sido continuos desde los primeros años de los ochenta, mientras que los análisis sobre el caso italiano se han interrumpido entre la segunda mitad de los ochenta y los primeros años del siglo nuevo; el caso griego ha sido estudiado desde los años noventa, y el portugués, desde el final del siglo XX. Pese a ello, el análisis muestra una convergencia de estudios e investigaciones hacia un conjunto de argumentos: las condiciones de trabajo, la cuestión de la vivienda, la política de migración y la política pública hacia los migrantes. También se registra la misma convergencia hacia la escasa atención sobre los comportamientos de los trabajadores y sus modalidades de resistencia, conflicto, acomodación, negociación en los lugares de trabajo y en los otros espacios de vida. En general, las investigaciones sobre el trabajo migrante en la agricultura de Europa meridional han privilegiado los aspectos socioeconómicos y político-institucionales, en detrimento del estudio de los procesos de subjetivación del nuevo componente del trabajo vivo agrícola.

El análisis de los factores y procesos estructurales ha revelado que, en todas las áreas agrícolas de los cuatro países observados, el trabajo de los extranjeros está caracterizado por salarios bajos y diferentes combinaciones de extracción de plusvalía absoluta y relativa. Muchas investigaciones también han mostrado la informalidad de las modalidades de empleo y, más en general, el proceso de debilitamiento del trabajo vivo agrícola, que ha sido sostenido por otras condiciones de vida y formas de subordinación al control social y político, producidas por mecanismos socioinstitucionales y las políticas nacionales y de la U. E. en materia de inmigración, que tienden a limitar sus derechos y capacidades, especialmente en el ámbito jurídico y de la movilidad espacial.

En definitiva, desde la segunda mitad de los años ochenta, en los campos de Europa meridional se ha constituido un nuevo proletariado internacional: una clase social compuesta por trabajadores que producen valor y plusvalía a través del empleo de su trabajo vivo y cuya reproducción social depende de la venta de su fuerza de trabajo en relaciones de producción capitalista. El análisis de las condiciones laboral y social de los inmigrantes que trabajan en la agricultura de Europa meridional pone en el centro de la investigación social —favorecida por su función de espejo de la sociedad local (Sayad, 2010)— categorías y fenómenos de naturaleza clásica para las ciencias sociales, aunque convertidos en marginales en las últimas décadas. Se ha demostrado que los conceptos de desigualdad, clase social, explotación, acumulación capitalista, así como las relaciones contradictorias entre riqueza y pobreza y democracia y economía, tienen plena actualidad, agravada por la larga crisis sistémica desde 2007 (Garson y Dumont, 2009; Torres y Gadea, 2012), que ha profundizado los procesos de desigualdad en las sociedades del Sur de Europa y que no muestra un cambio de tendencia.

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Notas

¹ El fenómeno de los inmigrantes en la agricultura portuguesa es bastante reciente y, en consecuencia, hay pocas investigaciones. Una parte de la información se obtuvo a través de la comunicación personal de la investigadora Alina Esteves y algunos sitios en Internet.

² Se calculan seis operaciones de regularización en España desde 1985 a 2005; tres en Portugal entre 1992 y 2001, y otras dos sucesivamente; cinco en Italia entre 1986 y 2002, y dos parciales en 2009 y 2012; y cinco en Grecia entre 1997 y 2006.

INFORMACIÓN SOBRE EL AUTOR

GENNARO AVALLONE es doctor en sociología e investigación social por la Università degli Studi di Salerno (Unisa) e investigador en sociología del territorio y del medio ambiente por el Departamento de Ciencias Políticas, Sociales y de la Comunicación en la misma institución. Entre sus publicaciones más recientes se encuentra: el libro La sociologia urbana e rurale. Origini e sviluppi in Italia (Liguori, 2010); la introducción, en coautoría con Salvo Torre, al libro Abdelmalek Sayad: Per una teoria postcoloniale delle migrazioni (Il Carrubo, 2013); los artículos "Tra finanziarizzazione e processi ecologici. La salute urbana come bene comune", en Sociologia Urbana e Rurale (núm. 101, 2013) y, con Salvo Torre, "Conflictos sociales postcoloniales. Conclusión del proyecto europeo y nuevas subjetividades", en Revista de Estudos Antiutilitaristas e Poscoloniais (vol. 2, núm. 2, 2012);el capítulo "Presenti/assenti. I lavoratori migranti nell'agricoltura della Piana del Sele", en La globalizzazione delle campagne. Migranti e società rurali nel Sud Italia, editado por Carlo Colloca y Alessandra Corrado (Franco Angeli, 2012).