Los cabildos eclesiástico y civil de Antequera ante la crisis imperial de 1808–1810

Carlos Sanchez Silva*, Luis Alberto Arrioja Díaz Viruell**

^* Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca/Universidad Autónoma Metropolitana–Iztapalapa.*betaza2002@yahoo.com.mx.

^** El Colegio de Michoacán.**luisarrioja@yahoo.com.

RESUMEN

El objetivo de este artículo es examinar las posturas que asumieron los cabildos eclesiástico y civil de Antequera del Valle de Oaxaca ante la crisis imperial de 1808: al plantear, por un lado, su fidelidad al rey, pero, por el otro, también la de saldar cuentas con varios asuntos pendientes, en particular respaldar una política radical y regresiva que suprimiera el sistema de intendencias en la Nueva España. En este sentido, el ensayo es un esfuerzo inicial por relacionar tanto el funcionamiento y composición de dichas corporaciones como los intereses ideológicos, religiosos, políticos y económicos que los llevaron a desplegar su accionar en la Antequera de la segunda mitad del siglo XVIII y la primera década del XIX.

Palabras clave: Antequera, Cabildo, crisis imperial, repartimientos de mercancías, representaciones.

ABSTRACT

The object of this article is to examine the opinions that the ecclesiastic and civil cabildo de Antequera del Valle de Oaxaca faced before the imperial crisis of 1808: in one hand, suggesting its fidelity to the king, but in the other hand, also to settle with pending matters, in particular to support a regressive and radical politic that abolishes the sistema de intendencias in New Spain. In that way, the rehearsal is an initial effort to relate the function and composition of the mentioned corporations as the ideological, religious, political and economic interests that displayed the work in the Antequera of the second half of the XVIII century and de first decade of de XIX century.

Key words: Antequera, Cabildo, imperial crisis, repartimientos de mercancías, representation.

El [sistema] de Intendencias, es otro que debe tocarse para su examen, y
decisión de si son útiles o no. Los productos de la Real hacienda, desde
su establecimiento, y los gastos de sueldos, y otros que antes de él no
había, dirán si se han producido ventajas o acarreado perjuicios al Rey, y
al Estado, debiendo también tomar en consideración para este cotejo la
decadencia de la cosecha de la Grana y de la agricultura.
El plan de Intendencias trabajado por el Sr. Francisco Javier de Gamboa,
en el gobierno del virrey Antonio de Bucareli, instruye completamente
sobre este sistema, manifestando no ser adecuado ni adaptable a las ]]> circunstancias de este reino [de la Nueva España].

Instrucción del Ayuntamiento de Antequera
18 de octubre de 1809

INTRODUCCIÓN

proceso político que se vivió a finales del siglo XVIII y en los primeros años del siglo XIX en España, marcó un hito en la historia del imperio español. De entrada, se sabe que después de un largo proceso de aclimatación y desarrollo, las ideas liberales tomaron carta de naturalización en la madre patria y de ahí, con las influencias francesas y anglosajonas se difundieron en las posesiones americanas, posibilitando, entre otras cosas, la emergencia de representaciones políticas en las cortes españolas que sesionaron en Cádiz.¹ Sin embargo, no cabe duda que entre los procesos que coadyuvaron y posibilitaron estos hechos destacan el motín de Aranjuez, la caída de Carlos IV y la sucesión de Fernando VII, la salida de la familia real hacia Bayona y el posterior secuestro del reino por parte de José Bonaparte; cuyos procesos dejaron acéfala a la Corona y provocaron —tanto en la península como en las colonias americanas— múltiples reacciones. Si bien es cierto que el rechazo a los invasores y la explosión de lealtad al cautivo Fernando VII fueron conductas generalizadas en todo el imperio, también es verdad que en Nueva España las reacciones ante dicha crisis muchas veces significaron posiciones encontradas.

En este orden de ideas, se tiene conocimiento que el cautiverio de Fernando VII tuvo implicaciones de primer orden, pues en algunas ciudades este hecho se vivió como el colapso de los anhelos e intereses de recobrar la grandeza de un virreinato fuerte y provechoso, en virtud de lo que se suponía habría sido el gobierno fernandino, ya fuera conservando el Antiguo Régimen, protegiendo los intereses económicos de las elites regionales o preservando las instituciones y el poder en manos de peninsulares.² Inclusive, esta postura que algunos autores han denominado depositaria, conservadora o absolutista,³ dio paso a un sinnúmero de acciones y escritos en favor de las expectativas que despertaban el monarca y su injusto cautiverio.

En otras ciudades los sucesos de Aranjuez y Bayona fueron interpretados de manera inversa e incluso no faltaron los grupos que simpatizaron con la idea de separarse de una España secuestrada por Napoleón y de formar juntas americanas que ejercieran la soberanía y el poder del rey cautivo.⁴ A esto habría de sumar una crítica contra los peninsulares absolutistas que se negaban a integrar las juntas y compartir la representación política con los funcionarios de origen americano. De ahí que los escritos y las acciones rebeldes que surgieron en México —desde 1808 hasta 1810— con el propósito de revertir la soberanía al reino, otorgar representación política a todos los grupos sociales y convocar a una junta de ciudades que gobernara en nombre de Fernando VII.

En estas páginas intentaremos examinar la postura que asumieron los cabildos eclesiástico y civil de Antequera ante la crisis imperial: reconocer al rey y plantear en su ausencia una reforma que restableciera los privilegios y las prerrogativas de dichas corporaciones. En efecto, salvo un par de excepciones, los trabajos dedicados a dichos cabildos han resuelto dichos problemas de una manera apresurada y sencilla, pues consideran que las acciones desplegadas por los borbones —desde 1786 hasta 1808— afectaron los intereses de la elite que encabezaba estas instituciones, y por ende, provocaron su descontento, situación que los llevó a sacar partido de la crisis imperial y exigir el restablecimiento de sus intereses.⁵

Si bien dicha postura no dista de ser cierta, también es verdad que resulta muy formal, pues omite un sinnúmero de cuestiones que dominaron el accionar de aquellos que integraban estas corporaciones. Tal es el caso de su inclinación por reprobar las reformas emprendidas desde 1786 y, en consecuencia, reglar los viejos repartimientos de mercancías, restaurar el régimen de alcaldías mayores, suprimir los impuestos a la producción mercantil indígena, estancar el negocio de la grana cochinilla, fomentar el libre comercio con algunos puertos americanos, entre otras cosas. Para ello, examinaremos los rasgos distintivos de los cabildos eclesiástico y civil de Antequera entre 1808 y 1810, y analizaremos los diversos pronunciamientos que se desplegaron ante la crisis imperial, ya sea para negociar el restablecimiento de sus prerrogativas y privilegios, o bien para hacer pública su postura ante dicha crisis.

ANTEQUERA: CAPITAL PROVINCIAL Y SEDE EPISCOPAL

A diferencia de otras ciudades novohispanas como Guadalajara, Guanajuato, Querétaro y Valladolid, donde el periodo 1700–1810 significó la debacle de la población nativa, el retroceso de la producción agrícola y ganadera y el deterioro de las actividades mercantiles; en Antequera estas contrariedades no parecen haber tenido la misma cronología.⁶ Según las investigaciones recientes, después de la caída demográfica y económica del periodo 1580–1640, Antequera experimentó una recuperación que se prolongó hasta 1810, con las salvedades de las respectivas crisis que se presentaron en 1742, 1785–1786, 1789, 1803 y 1809.⁷ De hecho, se sabe que entre 1700 y 1810 la población urbana pasó de 10 000 a casi 17 000 personas. Si se consideran estas cifras como base hipotética, resulta que en un lapso de 110 años la población total creció a una tasa promedio anual de aproximadamente 0.63 por ciento. Además, se tienen noticias de que la ciudad y su entorno agrario se posicionaron como uno de los centros agrícolas más importantes del virreinato, especialmente al distinguirse por su producción y comercio de trigo.

Aunado a esto, el comercio de grana cochinilla, algodón y mantas, colocó a Antequera en la esfera de influencia de los principales comerciantes del virreinato; es decir, se convirtió en una auténtica capital de provincia que mantenía múltiples vínculos mercantiles, tanto con las zonas productoras como consumidoras de bienes indígenas. Obviamente, todo ello incidió en la estructura de la urbe, ya sea a través de la acumulación de capitales, del estímulo de la inmigración de comerciantes y burócratas, así como del aumento a la demanda de bienes de consumo y fortaleciendo a las diversas corporaciones —políticas, económicas y religiosas— que existían en la ciudad.

Debe advertirse que durante el periodo 1808–1810, Antequera era una capital provincial que albergaba la estructura y el poder de un corregimiento, un obispado y un Ayuntamiento; asimismo, fungía como un centro donde confluía la producción mercantil indígena de toda la provincia y como un sitio de descanso para los comerciantes que recorrían el camino real entre México y la capitanía general de Guatemala, a través de sus necesarias conexiones con el puerto de Veracruz, mismo que relacionaba la economía novohispana con el viejo mundo.⁸ A decir verdad, estas condiciones favorecieron el crecimiento de la ciudad; además, por sus características políticas, económicas y religiosas, siempre recibió importantes contingentes de población que llegaron, parafraseando a Braudel, en busca de las comodidades de su mercado, el uso de sus tiendas, las ofertas de sus prestamistas y el recreo de sus distracciones.⁹

Al igual que otras ciudades coloniales, Antequera siempre tuvo en su favor el hecho de ser una capital con un amplio entorno indígena. Tan sólo en la segunda mitad del siglo XVIII estaba rodeada por más de 20 pueblos de indios que le proveían energía, alimentos, ganado, materias primas, tierras de labranza y campos de agostadero. Así, por ejemplo, el autor de la Relación geográfica de San Miguel Tlalixtac refirió en 1777 que dicho pueblo proveía a la ciudad de frutas de temple caliente, verduras, aves de corral y algo de grana cochinilla.¹⁰ Por su parte, el autor de la relación de Jalatlaco dio un amplio informe sobre la estrecha relación que mantenía la ciudad con el pueblo vecino de San Felipe de la Tarjea para la provisión de "agua dulce y muy delgada [...], que se conduce hasta la ciudad por una cañería de cal y canto"; también indicó que dicho pueblo suministraba leña de encino, carbón, frutas, trigo, maíz y animales silvestres.¹¹ Por si esto no bastara, destacó que el pueblo de Ixcotel abastecía la cantera que sirvió "para fabricar las casas y templos de la ciudad [...], siendo los indios del pueblo los barreteros que sacan y cortan dicha piedra".¹²

Todo indica que esas relaciones, entre la ciudad y su entorno agrario, fueron cruciales para su desarrollo urbano y demográfico; inclusive, los mapas de los siglos XVIII y XIX dieron cuenta de ese proceso y comenzaron a cifrar una ciudad que, día con día, iba ampliándose en el sentido de la propiedad y el trabajo. Basta cotejar la información cartográfica con las fuentes escritas para distinguir que en poco más de 100 años la ciudad "no de grande extensión [...] y situada en un valle agradable [... ] donde se cuentan seis conventos, entre los de frailes y monjas",¹³ se convirtió en una capital que "se mira como reina de todas sus provincias [...], su vecindad es crecida, su comercio rico y opulento [...], y en el día [... ] las fábricas antiguas como las modernas son vistosísimas y de singular hermosura".¹⁴ Simplemente, entre 1700 y 1810, la ciudad se cubrió de templos, edificios públicos, casas y calles. Por ejemplo, desde 1708 el episcopado oaxaqueño invirtió cuantiosas sumas para reconstruir la iglesia catedral, el palacio episcopal, los conventos de los betlehemitas, de las carmelitas, de San Juan de Díos, y de San Hipólito, y la iglesia de la Sangre de Cristo; asimismo, costeó la construcción del colegio seminario, la cárcel de la Perpetúa, el templo de Nuestra Señora de la Soledad, el colegio de niñas, el sagrario del Santísimo Sacramento, la capilla de Nuestra Señora de Guadalupe, el convento de las religiosas capuchinas, el templo de San Felipe Neri y la iglesia del Patrocinio de la Santísima Virgen.

Durante este mismo lapso, los vecinos de la ciudad contrataron más de 400 000 pesos a censo redimible para construir casas, labores, molinos, almácigos, bardas, pozos, alcantarillas, etcétera. Del mismo modo, el cabildo civil destinó buena parte de sus fondos para edificar: las casas reales, la cárcel, la alhóndiga, los acueductos, la plaza de armas, las garitas de San Antonio y La Trinidad, las estancadas de los ríos Atoyac y Jalatlaco y los puentes que rodeaban la ciudad.¹⁵

Es importante destacar que entre los grupos sociales que habitaban esta ciudad destacaron, por su presencia numérica, los españoles, los indios, los mestizos y las castas. Los censos realizados entre 1777 y 1810 revelaron que la estructura social de Antequera se organizaba con una pequeña elite de burócratas y religiosos españoles, un grupo mayor de artesanos indígenas (zapateros, curtidores, herreros, tejedores, sastres, tocineros, aguadores, etcétera), numerosos indios y mestizos dedicados a diversas tareas agrícolas y urbanas y, en una proporción menor, se encontraban las castas, generalmente relacionadas con el trabajo doméstico y las actividades ganaderas. Como toda capital provincial, Antequera tuvo un orden social–espacial; es decir, las primeras cuadras de la ciudad sirvieron para levantar edificios públicos y religiosos y para construir viviendas de familias económicamente poderosas; mientras que las de la periferia se destinaron para edificar talleres, comercios y viviendas de la población en general. Lo interesante es que, a lo largo del siglo XVIII, la calidad étnica no fue una condicionante para radicar en dichos espacios; es decir, tanto españoles como indios pobres residieron en las mismas zonas, y lo mismo sucedió con los indios y españoles ricos.

Margarita Menegus ha documentado, por ejemplo, que desde principios del siglo XVIII el cacique de Etla y Tejupam, Francisco Ramírez de León, adquirió una casa que se ubicaba en la esquina del convento de Santo Domingo, cuyo valor ascendió, a la nada modesta suma (para los parámetros de la época) de 4 500 pesos. La misma autora relaciona también el caso de otros caciques indígenas que por la misma época también tenían propiedades urbanas en la verde Antequera.¹⁶ Años después, el censo de 1777 revela que alrededor de 32 familias de caciques, muchas de ellas con apellidos conocidos por los historiadores que han trabajado los Valles Centrales, radicaban en la ciudad.¹⁷ Por ejemplo, don José Ramírez, heredero del cacicazgo de Etla, vivía en la casa identificada por su propio nombre —donde habitaban, además de su familia, ocho cajeros y ocho criados— y era vecino de don Diego Villasante, rico comerciante español. Ambas casas estaban de cara a la plaza mayor, a un lado de la catedral. Además de su mujer, también cacica, don José tenía cuatro sirvientes indios, dos de ellos con apellido Ramírez. Una de las sirvientas, Micaela (cuyo marido está ausente) tenía dos hijas; una doncella de catorce años y otra de cuatro; pero, de las 32 familias de caciques que registró el censo, la de don José es la única semejante a las de los ricos españoles de la ciudad. Las demás familias no presentan evidencias de opulencia e incluso algunas sugieren mucha pobreza.¹⁸

En el caso que nos ocupa, uno de los principales comerciantes españoles que radicaba entre la ciudad de Oaxaca y la Villa Alta de San Ildefonso señaló en 1797 que "la escasez de mantas y algodón [...] que es cada día y será mayor [...], no dimana de otra cosa, que de las abundantes telas europeas que llegan cada semana". En este sentido, el administrador de alcabalas de la ciudad de Oaxaca señaló que uno de los males que enfrentaba el sector textil era la progresiva caída de precios debido a la competencia que generaban los cotones ingleses en el mercado local.¹⁹ Como puede observarse, la invasión de telas extranjeras repercutió profundamente en los sectores productivos y comerciales de textiles; sectores que habían progresado al amparo de los beneficios e intereses estatales. Aunque la introducción de efectos europeos comenzó a reducirse a partir de 1812, lo cierto es que la producción y el comercio de algodones no se repusieron de dicho golpe y, para colmo, muy pronto experimentaron los trastornos que acarreó el movimiento insurgente.

Respecto a la grana cochinilla, bien puede decirse que durante las primeras décadas del siglo XIX fue un sector que experimentó un zigzagueante movimiento en los índices de producción, una caída pronunciada en los precios corrientes y una interrupción en los canales de comercialización. Hasta donde puede distinguirse, la progresiva caída en los precios se explica como una secuela de la emergencia y el desarrollo de nuevas zonas productoras y comercializadoras del tinte en Guatemala, Honduras, El Salvador y Filipinas; mientras que ese movimiento en la producción fue reflejo de dos cuestiones: por un lado, la escasez de numerario para financiar la crianza y el beneficio del minúsculo insecto y, por otro lado, la puesta en práctica de una racionalidad económica campesina donde predominó, periódicamente una mayor inversión de trabajo de las familias. indígenas ante las vicisitudes del mercado. Por si fuera poco, los canales de comercialización de la grana se vieron afectados por el bloqueo británico a los puertos americanos (1796–1800) y, a partir de 1810, por la interrupción de caminos, la caída en la demanda interna y la fuga de los capitales que servían para financiar este rubro económico.²⁰

Por lo tanto, no es casualidad que entre 1808 y 1810 los principales rubros de la economía oaxaqueña experimentaran una profunda contracción debido al entramado económico que enfrentaron las materias primas coloniales, siendo las principales causas del problema la competencia internacional, la progresiva caída de los precios corrientes, la reducción de los circuitos mercantiles y la escasez de fuentes de financiamiento.

LOS CABILDOS ECLESIÁSTICO Y CIVIL

A juzgar por las fuentes, el cabildo eclesiástico que existió en la ciudad de Antequera a principios del siglo XIX se distinguió por ser un órgano colegiado de sacerdotes que celebró las funciones litúrgicas más solemnes en la iglesia catedral y cumplió con los oficios que tanto el derecho canónico como el obispo de la diócesis de Antequera de Oaxaca le confirieron. Así, dicho cabildo se encargó de todos los asuntos relacionados con el gobierno eclesiástico, los diezmos, el culto divino y las relaciones de la iglesia oaxaqueña con otras autoridades —tanto civiles como religiosas—, tales como la Corona española, el Consejo de Indias, el virreinato, las Reales Audiencias, las autoridades provinciales y locales, y las diversas corporaciones y gremios mercantiles que existían en el espacio novohispano. Es de advertir que, desde el siglo XVI, esta corporación se integró por una serie de canónigos que auxiliaron al obispo en el buen funcionamiento político, económico y religioso de la diócesis. Hacia principios del siglo XIX este cabildo se encontraba subordinado a la jerarquía diocesana y se integraba por cinco dignidades, cinco canónigos de oficio y doce canónigos de merced y gracia. En opinión de Ana Carolina Ibarra, las dignidades comprendieron el deán, el arcediano, el chantre, el tesorero y el maestro–escuela; mientras que los canónigos de oficio fueron el doctoral, el magistral, el lectoral, el penitenciario, y los canónigos de merced y gracia fueron seis racioneros y seis medios racioneros.²¹

En este sentido, el cabildo eclesiástico fue el órgano colegiado que rigió la vida política y económica de la diócesis, y entre sus actividades diarias elaboró múltiples edictos, cartas pastorales, circulares e informes para las parroquias de la diócesis, instrucciones sobre el trabajo pastoral, medidas disciplinarías contra curas y feligreses, informes sobre servicios de culto y prescripciones canónicas especialmente encaminadas a la edificación de iglesias, altares, manteles, curatos, libros parroquiales, etcétera.²² Asimismo, se pronunció en repetidas ocasiones, vía el obispo en turno, sobre los sucesos políticos, económicos y sociales que acontecieron en los pueblos de la diócesis; dichos pronunciamientos generalmente se dieron a manera de instrucciones, es decir, documentos donde el obispo elaboraba un balance de la situación en cuestión y proponía —con euforia e inclinación— una serie de pliegos y peticiones para resolver los problemas tratados.

Si bien éstas eran las actividades rutinarias del cabildo eclesiástico de Oaxaca, cabe preguntarse quiénes lo integraron entre 1808 y 1810. Obviamente, la cabeza de la corporación recayó en el obispo de Antequera de Oaxaca; no obstante, a diferencia de los cabildos eclesiásticos de otras ciudades novohispanas donde predominaban los religiosos peninsulares, el cabildo oaxaqueño fue una corporación mayoritariamente criolla y con antecedentes académicos sobresalientes, pues buena parte de sus miembros fueron hombres educados en teología y cánones. Entre los miembros de dicha corporación destacaron, por ejemplo, José Mariano Ponce de León, originario de Puebla de los Ángeles, doctor en teología por la Real y Pontificia Universidad y deán de la catedral de Oaxaca; Ignacio Mariano Vasconcelos y Vallarta, oriundo de Puebla de los Ángeles, licenciado en teología por la Real y Pontificia Universidad, rector del Seminario de la Santa Cruz en Oaxaca y chantre de la catedral de Oaxaca; José Mariano Martínez de Solis y Gorospe, originario de Puebla de los Ángeles, doctor en teología por la Universidad de Valencia, tesorero, chantre, arcedián y deán de la catedral de Oaxaca; José Mariano de San Martín, nacido en Puebla de los Ángeles, doctor en teología por la Real y Pontificia Universidad, párroco de Tehuacán y canónigo de la catedral de Oaxaca; José López de Letona, originario de Saltillo, doctor en cánones por la Real y Pontificia Universidad, se desempeñó como canónigo doctoral de la catedral de Oaxaca; Juan José Guerra y Larrea, originario de la Ciudad de México, estudió cánones y leyes en el Colegio Mayor de Santamaría de Todos los Santos donde obtuvo el grado de doctor, fungió como tesorero de la catedral de Oaxaca; Juan Ignacio de Manero e Irizar, nació en Antequera, se graduó como doctor en cánones en la Real y Pontificia Universidad, se desempeñó como secretario del cabildo y como canónigo penitenciario; Fernando Ramón Ibáñez de Corvera y Núñez de Revuelta, natural de Antequera, fue el canónigo de merced de la catedral de Oaxaca; y Antonio Ibáñez de Corvera de Galán y Zarate, originario de Antequera, doctor en teología por la Real y Pontificia Universidad, canónigo doctoral y, en su momento, tesorero de la catedral de Oaxaca.²³

En cuanto al obispo de Antequera de Oaxaca, se sabe que fue el doctor Antonio Bergoza y Jordán, un hombre oriundo de Jaca (Huesca, España) que arribó a la Nueva España en 1780, procedente del Consejo de la Santa y General Inquisición en Salamanca, para desempeñarse como relator, inquisidor y fiscal apostólico de la Ciudad de México, y 20 años después fue nombrado obispo de la diócesis en cuestión.²⁴ Hasta donde sabemos, Bergoza y Jordán fue un hombre que no se distinguió por elaborar muchos documentos sobre temas de doctrina y pastoral, sino por desplegar algunas instrucciones en contra del reformismo borbónico y un buen número de pastorales en oposición a la insurgencia. Si bien es cierto que para algunos especialistas —como José Luis Martínez, Alejandro Salafranca y María del Carmen López Ramírez— se trató de uno de los máximos representantes del episcopado ilustrado, también es cierto que para otros —como Manuel Esparza y Brian R. Hamnett— fue un hombre que no hizo mucho por la conducción política de su diócesis a no ser por su posición decidida y cómoda contra la insurgencia.²⁵

Asimismo, Bergoza y Jordán fue un oportunista en lo político, pues ante el cautiverio de Fernando VII, condenó a capa y espada las acciones de los ejércitos franceses, así como los intentos separatistas de ciertos criollos y peninsulares novohispanos; no obstante, al percibir que la arena política del imperio español comenzaba a transformarse, no dudó en romper con la Corona y hacer jurar a sus súbditos la Constitución de Cádiz a sabiendas de las implicaciones que esto le acarrearía. Como puede observarse, estamos ante un hombre distanciado de su feligresía, aparentemente enfrentado con el mundo indígena, crítico del movimiento insurgente y preocupado por su honor e intereses personales; un hombre que, en opinión de quince sacerdotes de la Ciudad de México, a su pasó por Oaxaca:

[...] acuñó costosas medallas y se distinguió en la iluminación y el adorno de su palacio en una hermosa perspectiva llena de cuadros y figuras alegóricas, con poesías alusivas al objeto, en todo lo cual erogó crecida suma de pesos.²⁷

Dejando de lado el cabildo eclesiástico de Antequera y prestando atención al cabildo civil de la misma ciudad, puede decirse que se trató de una corporación que antaño sirvió como refugio y como vía de poder y prestigio para comerciantes y funcionarios —de origen peninsular y americano— que buscaban a toda costa saciar sus intereses honoríficos, políticos y económicos. De hecho, su empeño por participar en esa corporación favoreció la avaricia frente a los cargos gubernativos, los cuales fueron vendidos desde 1591 hasta 1800; de ahí que los miembros de esta corporación formaran parte de la elite regional y se distinguieran por detentar el poder político y económico de la ciudad. No obstante, debemos advertir que esta postura de los munícipes ha sido cuestionada por una serie de autores que, con argumentos simplistas y reduccionistas, sugieren que los miembros de la elite se mantuvieron al margen del Ayuntamiento por ser una corporación carente de poder e incluso secuestrada por los altos mandos de la intendencia.²⁸

En otros trabajos hemos demostrado fehacientemente que esta elite no sólo controló las diversas corporaciones civiles de la ciudad, sino también participó en las principales instancias político–militares de la intendencia.²⁹ Tan sólo, entre 1770 y 1810, los munícipes del cabildo pusieron en práctica un sinnúmero de medidas para "conocer la población de su dominio y con ello corregir sus vicios e imponer las reales órdenes del Soberano". Por lo tanto, no es casualidad que en 1773 el Ayuntamiento de Antequera y la Diputación del Comercio establecieran una oficina de granas encargada de registrar la producción regional del insecto, regular su comercio y vigilar que los indios productores no adulteraran el tinte, pues recurrentemente vendían la grana "mezclada, falseada y maleficiada [...] al menudeo en tianguis como en los tendejones al por mayor, sin que llegue a esta ciudad para su registro".

Cuatro años después, en 1777, el obispo de Antequera levantó con ayuda del cabildo municipal un censo para "saber con individualidad y certeza el número de vasallos y habitantes que tiene la ciudad"; asimismo, recopiló una serie de informes —geográficos e históricos— acerca de cada una de las parroquias metropolitanas. Luego, en 1779, los miembros del Ayuntamiento elaboraron una noticia sobre las curtidurías de la ciudad, el número de operarios que empleaban y los vicios que reinaban en el interior de sus talleres. Del mismo modo, en 1796, pusieron a prueba las "Ordenanzas para el establecimiento de los alcaldes de barrio" con el propósito de promover el bien público, mejorar la administración de justicia, establecer el orden, evitar la vagancia y perseguir los excesos entre los vecinos de la urbe. Ese mismo año se realizó una investigación para corregir los vicios económicos que reinaban en los 350 telares que existían en el entorno metropolitano.³⁰

Aparejada a la necesidad de conocer y reformar la vida urbana, las autoridades políticas de la ciudad alentaron numerosas acciones para atender "las urgencias del vecindario". Sobre esto último, fray Francisco de Ajofrín dejó entrever en su relato de 1766, que uno de los factores que recurrentemente afectaba a los habitantes de Antequera eran los "terremotos", los cuales no sólo atemorizaban a la población, sino que causaban múltiples daños en la estructura urbana. Se sabe, por ejemplo, que entre 1770 y 1810 el cabildo encabezó dos proyectos para reconstruir la ciudad luego de los fuertes sismos de 1787 y 1801. Tan sólo el primero de ellos dejó en ruinas la casa real del cabildo, la casa real del corregidor, la cárcel, la alhóndiga, la plaza de armas y más de 70 viviendas del primer cuadro de la ciudad; asimismo, dañó los conventos de Santo Domingo, de los padres betlehemitas y de las capuchinas. Mientras que el sismo de 1801 volvió a destruir las casas reales, la cárcel, la alhóndiga, los acueductos, cerca de 100 viviendas e incluso el refugio que las autoridades municipales habían habilitado en 1790 para que la población se "protegiera de los daños causados por los recurrentes terremotos que padece esta ciudad".³¹

En este sentido, los miembros del cabildo se encargaron de atenuar los problemas que acarreaban las crisis climáticas y demográficas entre los habitantes de la urbe. Tan sólo las crisis climáticas de 1732, 1785–1787 y 1808–1810, obligaron al cabildo a emitir bandos y tomar acciones para que los pueblos circunvecinos de Etla, Zaachila, Cuilapán y Tlacolula sembraran maíz de humedad con el propósito de saciar la demanda del vecindario urbano; de igual forma, instaron al episcopado oaxaqueño para que celebrara periódicamente novenarios en favor de la Virgen de la Soledad, "rogándole que llueva, y si terminando el novenario no llueve, se solicite a los capitulares sacar en procesión a la excelentísima y adorada Virgen".³²

Si bien éstas eran las actividades rutinarias de los munícipes oaxaqueños, cabe preguntarse quiénes eran estos funcionarios y cómo detentaban el poder de la corporación. De entrada, debemos decir que la elite oaxaqueña se distinguió —desde el siglo XVI hasta el siglo XIX— por invertir todos sus recursos en la vida política local, siempre con el propósito de recibir prebendas y facilidades para incursionar en diversos campos de la economía. En este orden de ideas, el ministro supremo de la Real Audiencia, don Baltasar Ladrón de Guevara, dejó entrever que en la intendencia de Oaxaca era una costumbre que los funcionarios públicos sacaran grandes ventajas de sus cargos gubernativos, pues la mayoría se servía de ellos para monopolizar las actividades económicas que se realizaban en la ciudad, las villas y los pueblos de la provincia.³³ Debe advertirse que como la oaxaqueña era una sociedad predominantemente indígena, la pequeña elite comercial se apoyaba en los cargos políticos para controlar y extraer las riquezas indígenas por medio de una amplia maquinaria burocrática; en consecuencia, no resulta extraño pensar que fueran los mismos comerciantes quienes controlaran el cabildo civil de la ciudad. Debe tenerse presente que el vínculo de la elite con el poder político obedeció a que los cargos concejiles eran sumamente rentables; es decir, resultaba más fácil vivir y negociar dentro de las instancias de gobierno y no fuera de ellas; de ahí que los hombres adinerados no dudaran en invertir grandes sumas para ocupar un cargo concejil.³⁴

En este mismo sentido, destaca el caso de Juan Bautista Echarri, miembro de una rica familia de peninsulares establecidos en México, Puebla y Oaxaca, agente comercial de la familia Goytia, representante del Consulado de México en Oaxaca y regidor ordinario del cabildo de Antequera en 1808. Asimismo, Manuel Solar Campero, militar de origen peninsular y emparentado con las familias más acaudaladas de Oaxaca, fungió como agente del Consulado de México, comandante de las fuerzas realistas en Antequera, diputado del comercio y alcalde ordinario del cabildo metropolitano en 1807.³⁶

Al igual que cualquier elite regional, anclaron su poder con múltiples redes que tejieron al interior y exterior de Antequera, destacando aquellas que mantenían con la jerarquía religiosa, los altos mandos del ejército, los integrantes de la diputación comercial, los agentes o representantes de los consulados comerciales y la pléyade de burócratas que existían a lo largo y ancho de Oaxaca. En términos generales, lo que nos interesa destacar es que entre 1808 y 1810 el cabildo civil de Antequera estaba integrado por una elite que antaño entendía muy bien las ventajas que acarreaba el binomio de ejercer el poder público en beneficio de los intereses económicos individuales y grupales. No obstante, pecaríamos de simplistas al decir que sólo se apoderaron de los cargos gubernativos sin hacer nada para saciar sus aspiraciones de poder. Como hemos señalado, la elite oaxaqueña siempre desplegó una serie de redes que le permitieron afianzar sus intereses; de ahí que tuviera una forma singular de acumular y ejercer el poder, la cual, incluso, le sirvió para pronunciarse de manera muy peculiar ante la crisis imperial de 1808, ya sea con el propósito de "procurar el bienestar del reino", probarle "lealtad y sumisión" al monarca cautivo, o bien, restaurar los viejos privilegios que el reformismo borbónico intentó restarles.

LOS CABILDOS ANTE LA CRISIS IMPERIAL

A pesar de que varios autores han precisado que la solicitud de prerrogativas a la Corona por parte de corporaciones civiles y religiosas es un tema añejo y sobreentendido, importa resaltar que dichas peticiones no sólo ponen de manifiesto la relación institucional de favores y prebendas que desplegaba la Corona con sus súbditos, sino también una forma de evidenciar las diversas posturas que asumieron las corporaciones y los súbditos respecto a ésta. Tal situación resulta evidente en las representaciones que algunos cabildos novohispanos formularon a partir de la invasión napoleónica a la península Ibérica (1808); representaciones donde manifestaron —con múltiples enfoques y perspectivas— su visión respecto a la forma de resolver tanto la ausencia del soberano como los problemas que afectaban a las posesiones coloniales.

En el caso de la Ciudad de México, se sabe que el conocimiento de estos sucesos condujo a una lucha por el poder entre los abogados criollos del Ayuntamiento y los abogados peninsulares de la Real Audiencia junto con sus poderosos aliados: los comerciantes del consulado y la jerarquía religiosa. Ante esta situación, el virrey José de Iturrigaray (1803–1808) adoptó una posición más conciliadora en favor de los abogados americanos, quienes reclamaban que ante el cautiverio de Fernando VII la soberanía debía recaer en el mismo pueblo; situación que fue mal vista por los abogados peninsulares, al interpretar estas acciones como intentos del criollismo de apoderarse de las instituciones coloniales e incluso de emanciparse de la Corona española. Frente a esos sucesos, los peninsulares no dudaron en emanciparse y destituir de sus cargos al virrey Iturrigaray y a los miembros del Ayuntamiento de la ciudad. Dicha conspiración fue organizada desde la Real Audiencia y el Consulado de Comerciantes de México, con el consentimiento del arzobispo de México, Francisco Javier de Lizana y Beaumont, el presidente inquisidor y los principales comerciantes peninsulares, y bajo las órdenes del poderoso comerciante Gabriel de Yermo. Aquel pronunciamiento triunfó la noche del 15 de septiembre de 1808 y dio como resultado el nombramiento del Mariscal Pedro Garibay como virrey de la Nueva España (1808–1809); el cual, en pocas palabras, fue impuesto por aquellos políticos, comerciantes y religiosos voluntarios de Fernando VII y supuestos defensores del Antiguo Régimen.³⁷

En opinión de Beatriz Rojas, en otras ciudades del virreinato estas acciones dieron paso a que los cabildos civiles asumieran la articulación y la representación del cuerpo político y económico del reino y que se pronunciaran de múltiples formas ante los sucesos acaecidos en España y México; inclusive, la representación de otras corporaciones se discutió en diversas reuniones, pero las voces en favor de ellas fueron muy tenues. Con esta perspectiva, Rojas confirmó que algunos cabildos eclesiásticos condenaron su exclusión de dicho proceso; no obstante, hubo acuerdos generales que reconocieron la representación en manos de los ayuntamientos de las ciudades y villas más importantes del virreinato como Campeche, Veracruz, Puebla, San Miguel el Grande, Orizaba, Celaya, Valladolid y Mérida, entre otras.³⁸ Es de advertir que dichos ayuntamientos aprovecharon esta situación crítica para hacerse presentes y manifestar sus posturas en el concierto político novohispano, las cuales plantearon, por un lado, lealtad al monarca y a la patria, y por otro, la integración de una junta gubernativa que condujera el rumbo del virreinato durante el cautiverio de Fernando VII.

En el caso de Oaxaca, existen noticias de que unas semanas antes del pronunciamiento contra Iturrigaray, la elite que controlaba el cabildo civil expresó su desconfianza ante el virrey. De acuerdo con el comerciante Antonio de la Portilla, las voces del cabildo tenían como propósito hacerle ver a Iturrigaray que dicha corporación repudiaba el motín de Aranjuez, la invasión napoleónica a España y el cautiverio del monarca; incluso, confirmaron su lealtad hacia Fernando VII y la voluntad de defender la causa realista antes de ser calificados como traidores. Ante esta situación, las autoridades de la intendencia de Oaxaca se acercaron a dicho cabildo con el objeto de instarlo a evitar este tipo de pronunciamientos, ya que podían provocar una conmoción pública. Hasta donde puede observarse, el cabildo se pronunció en contra de las solicitudes del intendente Antonio Izquierdo. Consecuentemente, esto desató un airado enfrentamiento entre el cabildo civil y aquellas autoridades de la intendencia que no guardaban anuencia con dicha corporación. Se sabe que los miembros del Ayuntamiento fueron apoyados por el cabildo eclesiástico, la jerarquía militar y las familias más acaudaladas de la ciudad. Así, con la intención de contravenir el mandato de la intendencia, los consejeros del Ayuntamiento juraron el 17 de agosto de 1808 lealtad y obediencia a Fernando VII.³⁹

Luego del juramento, el cabildo civil acusó al intendente Antonio Izquierdo, a su secretario particular Antonio Álvarez y al promotor fiscal de la intendencia, licenciado Mariano Castillejos, de pronunciarse en contra del rey cautivo, simpatizar con la invasión napoleónica y alentar las ideas que buscaban revertir la soberanía al pueblo, otorgar representación política a todos los grupos sociales e integrar un congreso de ciudades que gobernaría en nombre del rey. A estas acusaciones siguieron otras, firmadas por ciudadanos distinguidos de la capital oaxaqueña, que impugnaban la presencia de estos peninsulares en la ciudad y los culpaban de alterar el viejo orden colonial. Acusación no del todo fundamentada, pues si bien Izquierdo era peninsular —nacido en Villanueva del Ariscal, León, España—, Castillejos era criollo de pura cepa,⁴⁰ pero el problema de fondo era que compartían visiones distintas sobre cómo llevar a cabo los destinos de la intendencia de Antequera.

Por si esto no fuera suficiente, en medio de dichas acusaciones el cabildo eclesiástico —con el apoyo de los comerciantes de Antequera— publicó una Oración fúnebre... por las almas de los píos, leales y valerosos españoles, por la religión, por el rey y por la patria, en la actual guerra contra Napoleón, la cual señalaba que las persecuciones realizadas contra los fieles cristianos en 1808, eran de tres tipos: la violenta, la fraudulenta y la suma de ambas. Desde la perspectiva del cabildo eclesiástico, las acciones promovidas por Napoleón en la península caían en la tercera categoría, pues su objetivo había sido dominar España. Al respecto, los canónigos señalaron que:

[...] él quiere con su código [napoleónico] abolir el celibato sagrado, derribar los monasterios, arrojar de la arca Santa a las inocentes palomas en medio del borrascoso mar que hierve en las pasiones, que él excita. Él quiere disolver la indisoluble santidad del matrimonio, romper este vínculo de la naturaleza y del evangelio, el año del divorcio; propone que la patria, la religión y el culto sean obra de su capricho, de su impiedad, de su irreligión absoluta.⁴²

Además, la citada oración rezaba que dichas acciones no sólo habían condenado a la Francia borbónica, sino también a la España de Fernando VII, y de paso, a sus posesiones en ultramar, pues esas acciones alteraban el orden político del reino, amenazaban la paz y la vida de sus súbditos y trastornaban la quietud de los más fieles vasallos fernandinos. En este orden, la oración terminaba haciendo un llamado a los oaxaqueños para que condenaran todas las acciones que simpatizaban con la causa napoleónica y que cuestionaban la soberanía del reino:

Mientras allá [en Francia], Luis de Borbón es la víctima que sacrifica el furor del populacho. Acá [en España y sus posesiones de ultramar], Fernando de Borbón es la preciosa víctima que la nación mas leal y magnánima quiere arrancar de las garras de Napoleón, furioso allá, entre tinieblas se formaban las Juntas de los ambiciosos, de los perdidos, y de la más vil canalla. Acá, la ciencia, la probidad, el celo, el patriotismo, la justicia y la religión presiden las juntas más respetables é importantes en quienes estriba la salud de la patria, y donde parte la luz, la vida, el vigor a todo el Estado que sin esto iba a perecer. ¡Sevilla, Zaragoza, Valencia, Oviedo, ciudades de paz, ante murallas de la religión y el trono, patrias del honor, cunas de nuestra restauración! de vuestro seno han salido esos invictos defensores que después de haber confundido al fraudulento perseguidor, con su sangre valerosa van a burlarse de sus violencias, y a deshacer sus ejércitos formidables[...] pues inocentes niños, asesinados con inaudito furor, vosotros ya estáis gozosos con el cordero de Dios, pero os interesáis por vuestra patria España, por vuestras tiernas madres, de cuyo seno os arrancó el inhumano francés, tan cruel como Herodes. Os interesáis por vuestros padres y hermanos, que aún pelean contra el violento perseguidor. Vosotros pedid á Dios por la gloria de vuestra nación, por la felicidad del trono, por la pureza de la religión divina, por el exterminio total del exterminador de todos. Decidle al Señor: disipa gentes, que bella voluntad. Disipad, Señor, deshaced las gentes que quieren guerras, y que se apacientan de sangre humana. Dios benigno ya os oye. Condesciende con vuestros ruegos: Abre su mano benéfica para derramar en nosotros los bienes que le pedís. ¡Piedad santa, lealtad acendrada, valerosa sangre de nuestros mártires patrios, alentados, inflamados, conducidnos! Con su ejemplo, después de defender aquí la patria, el trono, la religión contra el exterminador Appollyon y sus langostas, logremos entrar triunfantes en pos de nuestros hermanos a ser coronados en el Jerusalén del cielo, donde confío, que ya todos ellos descansen de sus trabajos y fatigas pasadas. Amén. Así sea.⁴³

Como era de esperarse, el máximo jerarca del cabildo eclesiástico, el obispo Antonio Bergoza y Jordán, se adhirió al ataque en contra de la administración de Antonio Izquierdo; para ello, elaboró una denuncia donde solicitó una reforma al régimen político de la intendencia y condenó la indolencia con que se manejaba dicho gobernante. Casi de manera simultánea, el virrey Garibay recibió una carta anónima procedente de la capital oaxaqueña,⁴⁴ donde acusaron a los principales funcionarios de la intendencia de preferir los intereses de las clases más desprovistas y perjudicar —con préstamos indebidos y cargas fiscales onerosas— los intereses de los hacendados, comerciantes y religiosos.⁴⁵

Los ataques contra el intendente Izquierdo y su séquito se agudizaron en el transcurso de 1809, fechas en que los cabildos civil y eclesiástico se pronunciaron por el reemplazo de mandos en aquella intendencia. Tan sólo en abril de 1809, el obispo Bergoza y Jordán exigió al virrey que se reformara el sistema de intendencias en Oaxaca y se obligara a los indios a participar en los principales rubros de la economía regional, como era la producción y el comercio de grana cochinilla, algodón y mantas; asimismo, solicitó restablecer el viejo régimen de alcaldías mayores y las funciones económicas que recaían en los jueces y tenientes provinciales, haciendo especial énfasis en los repartimientos de mercancías. Cierto es que, parafraseando a Brian R. Hamnett, la voz del obispo era un fiel reflejo de los intereses que gobernaban la ciudad y, en buena medida, de la intendencia; una elite que procuró asegurar el control de Oaxaca y que buscó con dichos pronunciamientos revertir el sistema de intendencias, censurar la administración de Izquierdo y sacar partido de la crisis imperial para restablecer sus viejos privilegios.⁴⁶

Debe tenerse presente que las presiones ejercidas por los cabildos cobraron efecto en la Real Audiencia, pues en mayo de 1809 los oidores Aguirre, Carvajal y Sagarzurrieta se pronunciaron para que el intendente Izquierdo fuera reemplazado por el entonces intendente interino de La Habana, Juan José de la Hoz.⁴⁷

A pesar de este cambio, existen evidencias de que los cabildos de Antequera mantuvieron su postura de revertir el sistema de intendencias, procurar lealtad hacia el rey cautivo y proteger sus instituciones e intereses. Inclusive, emitieron dos representaciones o manifiestos para impulsar su postura. Cabe señalar que esta práctica discursiva fue muy recurrente en toda la América española y se utilizó, principalmente, para difundir la diversidad de opiniones y posiciones que tenían tanto los habitantes como las instituciones americanas frente al imperio y el régimen colonial. Dichas representaciones materializaron —en numerosas ocasiones— la adhesión o el repudio a la Corona.⁴⁸

En el caso de los textos emitidos en Oaxaca, podemos decir que adquirieron cierta relevancia por tres cuestiones: inicialmente, por el lugar que ocupaba la intendencia de Oaxaca dentro de las posesiones españolas, derivado de ser en todo el sureste novohispano el bastión económico más importante, con conexiones hacia Centroamérica y con el importante puerto de Veracruz, amén de monopolizar la producción de grana cochinilla, mantas y algodones que tantos dividendos rendían a la Corona española;⁴⁹ en segundo lugar, por el hecho de que quienes encabezaban los cabildos eran personajes ligados a la elite regional; finalmente, por los estrechos vínculos que mantenía la clase dirigente de Oaxaca con la jerarquía católica, ya sea para hacer política, fomentar negocios económicos o interceder ante las autoridades coloniales.

Si se toman en cuenta estos tres elementos, bien puede decirse que las representaciones citadas adquirieron dimensión y contexto, y una posible interpretación sería la siguiente: Jaime E. Rodríguez O., Silke Hensel y Peter Guardino coinciden en que las Reformas Borbónicas crearon un desajuste en el grupo de poder civil y religioso que conducía los destinos de la verde Antequera, ya que su principal mecanismo para obtener la grana cochinilla fue por conducto del repartimiento forzoso de mercancías. Sin embargo, al prohibirse dicho mecanismo, los intereses que se habían creado se vieron restringidos, e inclusive muchas relaciones económicas que habían desplegado se colapsaron, situación que los llevó a poner el grito en el cielo.⁵⁰

No obstante, conviene recordar que los problemas que enfrentaron los funcionarios–comerciantes de Antequera no derivaron de la prohibición de 1786, pues como hemos demostrado en otros trabajos, el repartimiento no desapareció por completo en esa fecha, sino que dejó de ser un mecanismo exclusivo de los funcionarios y religiosos y se convirtió en una actividad corriente para comerciantes, funcionarios menores, caciques e incluso indígenas que gozaban de cierta solvencia; es decir, los problemas económicos que padecieron los hombres que manejaban los cabildos de la ciudad resultaron de los cambios intrínsecos que experimentó el repartimiento de mercancías: una mayor participación de agentes comerciales y, por ende, mucha más competencia para intervenir en dichos tratos.⁵¹ De cualquier forma, lo cierto es que el momento para criticar esta situación, y de paso restablecer su postura frente al repartimiento de mercancías, se presentó entre 1808 y 1810, con la crisis que padeció el imperio español.

Se sabe que el primer pronunciamiento derivó del cabildo eclesiástico y se materializó a través de un parecer del obispo Bergoza y Jordán. Hasta donde puede distinguirse, el religioso hizo un llamamiento urgente a la Junta Gubernativa del virreinato con el propósito de resolver la profunda crisis que enfrentaba "la industria y el comercio de la grana cochinilla en Oaxaca [...] desde el tiempo en que se puso en marcha la Ordenanza de Intendentes". Debemos decir que este parecer es una muestra fehaciente de cómo la elite político–religiosa buscaba restaurar el viejo orden colonial; inclusive, puede decirse que es el documento más importante para conocer los estragos que enfrentó la industria de la grana, y en consecuencia, también el grupo de funcionarios y religiosos que manejaban su comercio en el último cuarto del siglo XVIII. En este sentido, el documento aporta importantes datos relacionados con la escasez de fuerza de trabajo, los trastornos climáticos sobre la producción tintórea, los intentos por estancar la grana y las repercusiones que acarreó la prohibición de los repartimientos.

Resulta instructivo leer este documento, pues considera que uno de los inconvenientes más graves que afectaban la producción de grana era la escasez de fuerza de trabajo. Al respecto, señala que el problema tuvo su origen en el despoblamiento de las zonas productoras, en especial de aquellas que estaban en las inmediaciones de los Valles Centrales. Un proceso que se remontaba a 1780, originado por la mortandad de los indios y, aún más, por su migración a la ciudad de Oaxaca, ya sea en busca de trabajo y alimento, o bien con el objeto de evadir los pagos del tributo, el diezmo y los repartimientos. Al respecto, el obispo subrayó que la única medida para resolver esta dificultad era devolver a los indios —"expatriados, prófugos y vagos"— a sus pueblos y exigirles con toda la autoridad que contribuyeran al fomento de la tintórea, pues:

[...] el plantío y cultivo de las nopaleras, y el beneficio y cosecha de la grana eran cosas muy diferentes, pero tan trabajosas [...] que son como propias y peculiares del aguante y de la paciencia (permítaseme llamar física, no cristiana) de los indios. ¿Quién si no ellos, los de ambos sexos y de todas edades, tendrían paciencia para estar tantos meses como dura la semilla en el nopal todo el día al sol con una hoja o penca de nopal en una mano y una espinita del mismo en la otra observando los muchos enemigos dañeros de la grana, gusanitos innumerables, algunos de ellos gusanitos casi imperceptibles, a la vista para prenderlos de uno en uno con diferente espinita en la penca? Discúrralo quien tenga más paciencia, pues yo pierdo la mía solo de verlo o imaginarlo.

Por otra parte, Bergoza y Jordán también destaca los estragos que causaban las anomalías climáticas (lluvias torrenciales, granizadas, vientos intensos y heladas) en las cosechas de grana. Desde su perspectiva, estos fenómenos repercutían en el abasto, consumo y, principalmente, en el valor corriente del insecto "por que el precio es a proporción de la escasez o abundancia del fruto, y este es más o menos a proporción de los buenos o malos temporales del año". Curiosamente, al explicar estas secuelas, el obispo advirtió que, "pensando cristianamente", podían aducirse a un castigo divino, pues:

[...] para castigar a los pecadores se sirve Dios de la pérdida de sus bienes, los empobrece con azares de la fortuna, con pleitos que los consumen, con incendios, tempestades y granizadas que abrazan sus casas, arrasan sus campos y aniquilan sus cosechas, y hasta con enfermedades que corrompen sus cuerpos y con violentas pasiones que pierden sus almas. ¿Y por qué no recelaremos que haya sido castigo misericordioso de Dios por las iniquidades de esta provincia [de Oaxaca] la decadencia de su más precioso fruto: la grana, que vemos perdido enteramente en otras partes, como en la provincia de Chalco?

Debemos subrayar que esta afirmación ofrece un importante análisis sobre los problemas que generó el proyecto del intendente Antonio de Mora y Peysal al intentar estancar la grana cochinilla; un proyecto elaborado de manera conjunta con la Real Hacienda en 1793, que buscaba controlar la producción y, por ende, gravar el comercio del tinte escarlata. En este contexto, el obispo percibió dicho proyecto con malos ojos, pues lejos de propiciar seguridad entre los indios productores, despertó desconfianza, al grado que

[...] después de más de diez años [...] equivocadamente no lo entienden por Real Estanco de Granas, sino que el Rey se cogerá la grana para sí y para venderla como y al precio que quiera, y ya se temieron que les iban a quitar el libre manejo y asemilladura de sus nopaleras [...] y es consiguiente que acortasen sus plantíos de nopales con el temor de que cuando llegasen a asemillarlos ya les cogiese el estanco que a indios y a no indios se hace tan temible justamente.

Ante la incertidumbre que provocó el proyecto, el obispo propuso eliminarlo de tajo e informar a los indios productores de su oportuna abolición.

En otra tesitura, el parecer incorpora un tema que desde 1786 había sido ampliamente debatido por la elite que conducía los cabildos civil y eclesiástico de Antequera: la prohibición del repartimiento de mercancías y su impacto en la "industria de la grana". Al respecto, el religioso opinó —con una visión muy contraria a los políticos y religiosos ilustrados— que dicha proscripción afectaba notablemente la producción del hemíptero, pues sin el repartimiento faltaría el numerario en los pueblos. Así mismo, destacó que el repartimiento era un mecanismo —asociado a los funcionarios–comerciantes— que explotaba la economía indígena en beneficio del sector español; asimismo, integraba en su base la propiedad y la fuerza de trabajo nativa, la autoridad de los funcionarios y los recursos de los comerciantes. Según Bergoza y Jordán, esta forma se generalizó en el Antiguo Régimen con un doble objetivo: por un lado, reorganizar la economía en función de las circunstancias planteadas por la crisis del sistema colonial temprano, y por otro compensar los bajos salarios que percibían los funcionarios, ya que en ocasiones no alcanzaban ni para cubrir sus despachos. Dada su naturaleza, el repartimiento floreció en aquellas provincias donde predominaba la población indígena, sobre todo donde existían bienes demandados por la economía colonial. Cabe señalar que su desenvolvimiento estuvo marcado en buena medida por la relación que estableció cada provincia con el sistema económico colonial.

De esta manera, el obispo destacó que el repartimiento existía por lo menos desde finales del siglo XVI. A partir de esa fecha, los funcionarios–comerciantes y los religiosos anticiparon recursos a los indios (dinero, ganado, géneros de Castilla y de la tierra), a manera de avio o habilitación, a cambio de que los liquidaran con productos regionales: grana cochinilla, algodón, mantas, vainilla, etcétera. Según Bergoza y Jordán, el repartimiento fue la forma más viable para trasladar el trabajo y las mercancías indígenas al sector español. El trabajo se utilizó para la producción de géneros; las mercancías, por lo regular, se destinaron al mercado colonial. En este mismo orden, reveló que si bien los repartimientos desencadenaron algunos conflictos sociales, también contribuyeron al funcionamiento de la economía colonial; es decir, vincularon la oferta de los productores de grana con la demanda del mercado colonial y constituyeron una vía para fomentar el desarrollo económico de los pueblos; por otro lado, también sirvieron como enlace entre diversas actividades, grupos y zonas económicas, toda vez que sus operaciones se integraron como eslabones que conectaban a todas sus partes. Pero, ante todo, el repartimiento fue un mecanismo que estimuló la especialización regional del trabajo, los intercambios mercantiles, la circulación monetaria y la acumulación del capital comercial.

Ante este panorama, es pertinente preguntarse qué sucedió en la ciudad de Oaxaca cuando se prohibió el repartimiento en 1786. De acuerdo con Bergoza y Jordán, se obstruyó un canal de abundancia para la economía regional; asimismo, dejaron de verificarse las

]]> [...] conductas de plata que repartidas singularmente a los indios cosecheros de grana hicieron tanto bien a todas las clases del estado por donde circulaban y, además, por un orden inverso en vez de los copiosos frutos que salían de este territorio en cambio de la plata que recibía; salen ahora de él conductas de plata y muy pocos frutos, aunque mucho más apreciables que los que entran, útiles la mayor parte solamente para el fomento del lujo y de otros vicios.

En este sentido, el obispo sugirió restablecer los repartimientos para solucionar los problemas productivos de la grana cochinilla y las mantas de algodón, e instó a las autoridades del virreinato a promover una ley que redujera a los indios en dichas tareas productivas, so pena de castigarlos con violencia en caso de infringirla.

Es interesante resaltar que dicho pronunciamiento fue reiterado por los concejiles del cabildo civil de Antequera, los delegados del comercio en Oaxaca, el administrador de Aduanas Reales y Alcabalas, y los subdelegados de Teposcolula, Jicayán, Nejapa, Villa Alta y las Cuatro Villas.⁵² Inclusive, uno de los diputados electos a las cortes españolas de 1810, Joseph Victoriano de Baños —párroco de Santa María Tlalixtac— se sumó a los pronunciamientos del cabildo eclesiástico y redactó el Dictamen teológico–político a favor de los repartimientos de mercancías, documento que destacaba las ventajas económicas de los repartos para el desarrollo de la producción mercantil y para abatir el supuesto ocio de los indios. Debe advertirse que este documento condenaba la inobservancia clandestina de los repartimientos y propugnaba a toda costa legalizarlos al estilo de los practicados en 1751; es decir, bajo el control absoluto de las autoridades provinciales y locales, con productos ampliamente demandados en el mercado colonial, regímenes de tiempos para liquidarlos y rangos de valores para las mercancías que rescataban los funcionarios.

Es importante subrayar que este llamamiento para restaurar el viejo sistema político y económico fue reiterado por el Ayuntamiento de Antequera, aunque esta vez a título personal; dicho en otras palabras, se auxiliaron de las ideas, las posturas y las rutas políticas que planteó el obispo y su cabildo eclesiástico. En este sentido, los munícipes dirigieron una representación a la Junta Gubernativa de Nueva España que constó de dos partes: la primera correspondió a las advertencias generales que legitimaron el documento: "Instrucción que el ilustre Ayuntamiento de esta ciudad de Antequera, Valle de Oaxaca, forma sobre los puntos que quiere se promuevan por el Excelentísimo Señor don Miguel de Lardizábal, como en quien ha recaído el empleo vocal de la Suprema Junta Gubernativa, y ministro del Supremo Consejo de Indias, a fin de que como tan interesante a esta provincia se corrija su solicitud..."⁵³

La segunda parte se ocupó propiamente de contextualizar y precisar las peticiones que hizo la corporación municipal: restablecer los repartimientos de mercancías, fomentar la producción y el comercio de la grana cochinilla, restaurar el viejo régimen de alcaldías mayores, suprimir los impuestos que entorpecían los principales rubros de la economía, fomentar el desarrollo de obras públicas, proveer a la ciudad de propios para el desarrollo de actividades agrícolas y ganaderas, abrir los puertos oaxaqueños al comercio internacional, erigir un consulado de comerciantes, procurar el establecimiento de una universidad en la ciudad de Oaxaca y proveer las arcas de la tesorería municipal con mayor cantidad de impuestos.⁵⁴

En lo que respecta a la grana cochinilla, la instrucción advertía que en la rebaja productiva y comercial del insecto se encontraba el origen de la crisis de la intendencia y, debido a su importancia como el segundo producto exportable novohispano, radicaba la crisis económica de la misma Corona española, pues desde la perspectiva del Ayuntamiento el fomento de la grana dinamizaba "el comercio del reino y de España en los empleos que en él hacen[.] y a la Real Hacienda le deja cuantiosos derechos en el ramo de alcabalas, en la provincia, en Veracruz y Cádiz"; de ahí que una rebaja en este rubro acarreara grandes atrasos en el comercio, la recaudación fiscal, los tesoros de la Corona y los intereses de los indios productores.⁵⁵ Hasta donde puede observarse, el Ayuntamiento de Antequera responsabilizó de esta ruina productiva y comercial al artículo 12 de la Real Ordenanza de Intendentes, que prohibía estrictamente a los funcionarios de la Corona realizar o intervenir en los repartimientos de mercancías que servían para fomentar la producción y la comercialización de la grana.

Ante esta situación, los miembros del cabildo argumentaron que la única manera de reactivar "el comercio y la industria de la grana" era restableciendo legalmente los repartimientos forzosos de mercancías; es decir, devolviendo a los funcionarios–comerciantes el control monopólico de dicho mecanismo, pues desde su perspectiva eran los únicos hombres del rey que conocían la manera de conducirlo y, ante todo, de implementarlo para que los indios dejaran la "ociosidad, holgazanería y sus vicios" y se ocuparan en la producción de la tintórea, "pues por más que se discuta no se encuentra otro medio que supla la falta [de la grana] ni llene su hueco".⁵⁶

Un segundo aspecto de la instrucción tenía que ver con una de las medidas centrales de las Reformas Borbónicas: el establecimiento de intendencias en la Nueva España. Desde su punto de vista, al borrarse las viejas alcaldías mayores y colocar en su lugar subdelegaciones que en su conjunto le dieron forma a la intendencia de Oaxaca, la Real Hacienda dejó de percibir una gran cantidad de recursos debido, en gran medida, a los gastos efectuados para sostener a la nueva burocracia civil y militar. En consecuencia, el cabildo de la ciudad perdió los recursos que destinaba para enfrentar los tiempos de escasez y promover las actividades agrícolas en las inmediaciones de la ciudad. A juzgar por los concejiles, esta falta de numerario se tradujo en el hecho de que

[...] los privilegios de la agricultura que las leyes conceden y las sabias providencias dictadas para su fomento, no tienen práctica ni surten otro efecto que el de servir su inobservancia, de que resultando incalculables a los labradores y al público en la cortedad de cosechas, escasez de semillas y de ganado, cuya cría va en disminución.⁵⁷

El tercer aspecto era un airado reclamo hacia la Corona, donde el Ayuntamiento de Antequera le hacía ver que Oaxaca producía para los intereses del rey, según sus estimaciones, "más de un millón de pesos anuales de los diversos ramos de que se compone el Real Erario", y que por lo tanto no sólo debían escuchar sus reclamos, sino también solucionarlos, especialmente aquellos que tenían que ver con la supresión de algunos impuestos y la reducción de otros —tal fue el caso de la pensión denominada cabezón que pagaban las pulperías, o el de alcabalas a los productos que los indios vendían a los comerciantes urbanos—, la recaudación de ciertos impuestos a manos del cabildo —como la sisa y el medio real de hospitales—, la dotación real de ejidos a la ciudad para fomentar la ganadería y reducir los precios en el abasto de la carne y la reestructuración del ramo de policía para mejorar la seguridad de caminos y posadas.

El cuarto aspecto de la instrucción giraba en torno a las más grandes aspiraciones económicas de la elite que encabezaba el Ayuntamiento: erigir un consulado de comerciantes que agrupara a los diversos almacenistas, mercaderes y agentes mercantiles que operaban en Oaxaca, con el objeto de alentar las actividades mercantiles e industriales, "y conseguir muchas ventajas en el comercio del Reino y el Rey". En este mismo orden, solicitaron a las autoridades virreinales promover los vínculos con Perú y la capitanía de Guatemala, pero habilitando el "Puerto Escondido o Huatulco de la Mar del Sur de esta provincia, como dicen que lo estuvo en tiempos anteriores, y aún para que este comercio fuese más ventajoso contribuirá el establecimiento del consulado".⁵⁸ Si bien es cierto que las relaciones mercantiles con Guatemala eran estrechas, también es verdad que los miembros del cabildo oaxaqueño aseguraban que abrir un puente marítimo hasta la capitanía evitaría:

[...] las dilaciones, los gastos y riesgos que ofrecen a los que a grandes distancias se hacen por tierra de este Reino con Guatemala [...] y sea recíproco como lo exigen la equidad, la justicia y el interés común, y el bien y prosperidad del comercio que son los objetos que ha movido el gran ánimo de su majestad para estas gracias y concepciones.⁵⁹

El último y quinto aspecto tuvo que ver con el objeto de fomentar las ciencias y la cultura en el sureste novohispano, para lo cual los concejiles propusieron la erección de una universidad en Antequera, pues desde su punto de vista en "este suelo feraz de talentos se producirían individuos aventajados [...] cuya falta retrae e impide los apreciables adelantamientos". Es de advertir que los miembros del cabildo requirieron a las autoridades proveer recursos para fundar este centro de enseñanza, y con ello, instruir la educación en "cánones y leyes, y si no se puede de matemáticas".⁶⁰

De la instrucción anterior debemos destacar tres elementos que a nuestro modo de ver sintetizan la postura del Ayuntamiento metropolitano frente a la crisis imperial de 1808–1810. De entrada, llama la atención la insistencia de sus concejiles por anular el sistema de intendencias y restituir el régimen de alcaldías mayores; asimismo, la iniciativa de restituirles el control de los repartimientos de mercancías para alentar la producción y el comercio de los principales rubros de la economía regional; finalmente, cabe resaltar el proyecto de beneficiar al cabildo de la ciudad con un mayor número de atribuciones para cobrar impuestos, así como exentar a sus miembros del pago de ciertas contribuciones. Lo cierto es que esta postura pone de relieve que, desde la perspectiva de los munícipes, el mal estaba en las reformas impulsadas desde 1786 con la Real Ordenanza de Intendentes, mismas que le habían restado prerrogativas y privilegios a la clase gobernante de la ciudad. Por tanto, no es casualidad que los concejiles aprovecharan la coyuntura de 1808 y apelaran formalmente el restablecimiento de una serie de prerrogativas propias de tiempos pasados y se pronunciaran abiertamente en favor de restaurar el viejo orden.

Debe tenerse presente que estos pronunciamientos causaron cierto impacto entre la Junta Gubernativa del virreinato; sin embargo, la crisis imperial que se continuó con las pugnas entre absolutistas y autonomistas, y la salida del virrey Lizana cancelaron los llamamientos de los cabildos oaxaqueños. Entre tanto, pocas semanas después estalló la revuelta insurgente en la intendencia de Guanajuato, situación que orilló al nuevo virrey Venegas a expedir un decreto pasajero que de alguna forma atendía las solicitudes de la elite oaxaqueña: restablecer los repartimientos de mercancías con el objeto de reactivar la producción mercantil indígena en el virreinato y, puntualmente, los salarios de los subdelegados y concejiles que se esparcían en las ciudades, villas y pueblos de la Nueva España.⁶¹ Se sabe que la elite oaxaqueña gozó de esta permisión hasta noviembre de 1812, fecha en que las fuerzas revolucionarias de Morelos penetraron en Antequera y restringieron, por espacio de dos años, todos los beneficios económicos, políticos y sociales a los grupos que encabezaban la resistencia realista y la defensa del sistema colonial.

EPÍLOGO

No obstante, estas disputas sólo pueden entenderse a la luz del contexto histórico donde el reformismo borbónico promovió una serie de acciones que impactaron en las estructuras de poder de la vieja elite que conducía los rumbos de Oaxaca: el Ayuntamiento de Antequera, el obispado de Antequera de Oaxaca y las familias pudientes que integraban la elite regional. En este sentido, resulta lógico pensar que el cautiverio de Fernando VII fue un hecho histórico que no sólo sirvió de inspiración para reivindicar lealtad hacia el monarca, sino también precipitó una serie de diferencias entre los diversos grupos que regulaban la vida interna del virreinato.

En el caso oaxaqueño, la crisis de 1808–1810 trajo consigo un escenario de conflicto entre los miembros del Ayuntamiento de Antequera, los canónigos del cabildo eclesiástico y los funcionarios de la intendencia de Oaxaca. En cuanto al cabildo eclesiástico, sabemos que era gobernado por un obispo, parafraseando a Manuel Esparza, con sentidos regalistas, concepciones medievales del honor personal, altas aspiraciones políticas y grandes intereses económicos; asimismo, por un grupo de canónigos americanos que, ante los primeros síntomas de la crisis imperial, se distanciaron entre sí, se enemistaron con el obispo e incluso asumieron posiciones muy encontradas en favor o en contra de la autonomía del reino. En lo que respecta al Ayuntamiento, estaba integrado por miembros de la elite regional que buscaban a toda costa revertir el sistema de intendencias, censurar los mandatos de la Real Ordenanza de Intendentes, restablecer el régimen de alcaldías mayores y restaurar los viejos privilegios políticos y económicos de la elite gobernante; entretanto, la intendencia estaba encabezada por una serie de hombres que simpatizaban con las ideas fisiocráticas y por ende con la secularización del poder, el anticorporativismo, la soberanía del pueblo y la representación política de todos los grupos sociales; por si esto no fuera suficiente, se trataba de un grupo de burócratas peninsulares y criollos enfrentados tanto con la elite comerciante de Antequera como con las instituciones civiles de la ciudad.

Hasta donde puede distinguirse, las pugnas fueron lideradas por el obispo Bergoza y Jordán y por los miembros del Ayuntamiento, un grupo que abiertamente sacó partido de la crisis imperial para restaurar temporalmente el viejo orden colonial; pero, ¿qué restauraron?, ¿qué acciones promovieron para lograrlo? Ciertamente, buscaban hacer oír su voz en las altas esferas del virreinato y enfatizar la reducción de sus privilegios individuales y el deterioro en las facultades de su corporación. Estas iniciativas se encubrieron con peticiones que tenían que ver con el deterioro en la producción mercantil indígena, la merma en la fuerza de trabajo nativa y la urgente necesidad de combatir la pobreza económica en la ciudad de Oaxaca. Como quiera que haya sido, lo cierto es que las iniciativas del obispo y los munícipes se materializaron en dos representaciones, cuyos ejes centrales eran la condena de aquellos que simpatizaban con la invasión napoleónica, la exaltación de los trastornos que acarreaban las Reformas Borbónicas y la urgente necesidad de revertirlas y regresar a la etapa previa a 1786.

Paradójicamente, los cabildos civil y eclesiástico exigieron una reforma regresiva que la crisis de 1808–1810 les posibilitó en un momento excepcional para involucrarse de manera decisiva. No obstante, los estragos de los inicios de la guerra de Independencia, más la presencia de José María Morelos y sus partidarios en Oaxaca —desde 1812 hasta 1814— impidió que pudieran regresar al pasado; inclusive, se sabe que fue la misma guerra de Independencia la cual les permitió amoldarse a nuevas acciones políticas y económicas que los distanciaron poco a poco de sus anhelos de revertir la historia y restaurar el Antiguo Régimen colonial.⁶²

FUENTES

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NOTAS

¹ Acerca de la evolución y desarrollo del pensamiento liberal español en los siglos XVIII y XIX, véanse María Esther Martínez Quinteiro, Los grupos liberales antes de las Cortes de Cádiz, Madrid, Narcea, 1977; Miguel Artola, Los afrancesados, Madrid, Ediciones Turner, 1976; Manuel Martínez Sospedra, La constitución española de 1812 (El constitucionalismo liberal a principios del siglo XIX), Valencia, Facultad de Derecho, 1978; Benito Pérez Galdos, Cádiz. Episodios Nacionales, Madrid, Alianza Editorial, 2001, vol. 8; Joseph Pérez y Armando Alberola (eds.), España y América entre la Ilustración y el liberalismo, Madrid, Casa de Velásquez/Instituto de Cultura Juan Gil–Albert, 1993; Antonio Elorza y Carmen López Alonso, Pensamiento político en España, siglos XIX–XX Madrid, Historia 16, 1989; Concepción de Castro, La revolución liberal y los municipios españoles, 1812–1868, Madrid, Alianza, 1979; y Roberto Breña, El primer liberalismo español y los procesos de emancipación de América, 1808–1824: una revisión historiográfica del liberalismo hispánico, México, El Colegio de México, 2006. Respecto a las influencias gaditanas en México, James Q. Dealey, "The spanish sources of the Mexican Constitution of 1824", en Quarterly of the Texas State Historical Association III, núm. 3, 1900, pp. 161–169; José Miranda, "El liberalismo mexicano y el liberalismo europeo", en Historia Mexicana, vol. 8, núm. 4 [32], abril–junio, 1959, pp. 512–523; Charles A. Hale, El liberalismo mexicano en la época de Mora, 1812–1853, México, Siglo XXI, 1978; Antonio Annino, "Ciudadanía versus gobernabilidad republicana en México. Los ongenes de un dilema", en Hilda Sabato (coord.), Ciudadanía política y formación de las naciones. Perspectivas históricas en América Latina, México, El Colegio de México/Fondo de Cultura Económica, 1997, pp. 62–93; Alicia Hernández, La tradición republicana del buen gobierno, México, El Colegio de México/Fondo de Cultura Económica, 1993; Raymond Buve, "Cádiz y el debate sobre el estatus de una provincia mexicana, Tlaxcala entre 1780 y 1850", en Antonio Escobar Ohmstede, Romana Falcón y Raymond Buve (comps.), Pueblos, comunidades y municipios frente a los proyectos modernizadores de América Latina, siglo XIX, San Luis Potosí/Ámsterdam, El Colegio de San Luis/Centre for Latin American Research and Documentation in Amsterdam, 2002, pp. 9–28; Juan Ortiz Escamilla y José Antonio Serrano Ortega (eds.), Ayuntamientos y liberalismo gaditano en México, México, El Colegio de Michoacán/Universidad Veracruzana, 2007; Manuel Chust e Ivana Frasquet, "Soberanía hispana, soberanía mexicana: México, 1810–1824", en Manuel Chust (coord.), Doceañismo, constitucionese independencias. La Constitución de 1812y América, Madrid, Fundación Mapfre, 2006, pp. 169–235; y Jaime E. Rodríguez O. (ed.), Divine Charter Constitutionalism and Liberalism in Nineteenth Century Mexico, Lanham, Rowman and Litlefield, 2005.

³ Marco Antonio Landavazo, "Fernando VII y la insurgencia mexicana: entre la máscara y el mito", en Marta Terán y José Antonio Serrano Ortega (eds.), Las guerras de Independencia en la América española, México, El Colegio de Michoacán/Instituto Nacional de Antropología e Historia/Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2002, pp. 79–98; Alicia Hernández, op. cit., 1993, cap. II; Luis Villoro, op. cit., 2000, pp. 500–501; y Jaime E. Rodríguez O., La independencia de la América española, México, Fondo de Cultura Económica, 1996, cap. II.

⁴ José Antonio Piqueras, "Presentación 1808: Una coyuntura germinal", en Historia Mexicana, vol. 58, núm. 1 [229], 2008, pp. 9–18; Antonio Annino, "Imperio, constitución y diversidad", en Historia Mexicana, vol. 58, núm. 1 [229], 2008, pp. 179–227;Beatriz Rojas, "Las ciudades novohispanas ante la crisis de 1808–1814", en Historia Mexicana, vol. 58, núm. 1 [229], 2008, pp. 287–290; François– Xavier Guerra, "El escrito de la revolución y la revolución del escrito. Información, propaganda y opinión pública en el mundo hispánico (1808–1814)", en Marta Terán y José Antonio Serrano Ortega (eds.), op. cit., 2002, pp. 130131; Marta Terán, "1809. Las relaciones entre los indios y los criollos de la ciudad de Valladolid de Michoacán, en el intento de formar una junta soberana de la provincia", en Historias, núm. 68, septiembre–diciembre, 2007, pp. 33–51; Inés Quintero, "Lealtad, soberanía y representatividad en Hispanoamérica (1808–1811)", en Manuel Chust (coord.), op. cit, 2006, pp. 121140; Manuel Chust e Ivana Frasquet, La trascendencia del liberalismo doceañista en el mundo hispano, Valencia, Biblioteca Valenciana, 2004; y op. cit., 2006.

⁵ Entre los trabajos que apoyan esta idea véanse: Peter Guardino, "'Toda libertad para emitir sus votos'; plebeyos, campesinos y elecciones en Oaxaca, 1808–1850", en Cuadernos del Sur, núm. 15, 2000, pp. 87–114; The Time of Liberty. Popular Political Culture in Oaxaca, 1750–1850, Durham/Londres, Duke University Press, 2005; Jaime E. Rodríguez O., "Ningún pueblo es superior a otro: Oaxaca y el federalismo mexicano", en Brian F. Connaugthon (coord.), Poder y legitimidad en México en el siglo XIX. Instituciones y cultura política, México, Universidad Autónoma Metropolitana–Iztapalapa/Miguel Ángel Porrúa, 2003a, pp. 249–309; y William B. Taylor, "Town and country in the Valley of Oaxaca, 1750–1812", en Ida Altman y James Lockhart (eds.), Provinces of Early Mexico. Variants of Spanish American Regional Evolution, Los Ángeles, University of California Press, 1976, pp. 63–95. Tal vez los trabajos que difieren con esta postura y tratan de explicar el accionar del cabildo municipal en un contexto más amplio son: Brian R. Hamnett, Política y comercio en el sur de México, 1750–1821, México, Instituto Mexicano de Comercio Exterior, 1976; y Silke Hensel, "Los orígenes del federalismo en México. Una perspectiva desde la provincia de Oaxaca a finales del siglo XVIII a la primera república", en Ibero Amerikanisches Archiv, vol. 25, núms. 3–4, 1984, pp. 215–237.

⁶ Cecilia Rabell, Oaxaca en el siglo dieciocho: población, familia y economía, tesis de doctorado en Historia, México, Centro de Estudios Demográficos y Urbanos–El Colegio de México, 2001, pp. 71–75.

⁷ Ibid.

⁸ Acerca de la importancia comercial de Oaxaca, en general, y de su ciudad capital a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, véase Brian R. Hamnett, op. cit., 1976.

⁹ Fernand Braudel, Civilización material, economía y capitalismo, siglos XV–XVIII, Madrid, Alianza Editorial, 1984, tomo I, p. 218.

¹⁰ Manuel Esparza (ed.), Relaciones geográficas de Oaxaca, 1777–1778, México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social/Gobierno del Estado de Oaxaca, 1994, pp. 297–299.

¹¹ Manuel Esparza, op. cit, 1994, pp. 401–402.

¹³ Thomas Gage, Viajes en la Nueva España, La Habana, Ediciones Casa de las Américas, 1980, p. 87.

¹⁴ Francisco de Ajofrín, Diario del viaje a la Nueva España, Introducción, selección y notas de Heriberto Moreno, México, Secretaría de Educación Pública, 1986, p. 182.

¹⁵ Alberto Arrioja Díaz Viruell y Carlos Sánchez Silva, "Antequera en el siglo XVIII: espacio urbano, demografía, economía y vida social", en Sebastián Van Doesburg (coord.), 475 años de la fundación de Oaxaca, tomo I : Fundación y Colonia, Oaxaca, Ayuntamiento de la ciudad de Oaxaca/Fundación Alfredo Harp Helú/Proveedora Escolar/Casa de la Ciudad de Oaxaca/ Almandia, 2007, pp. 111–153.

¹⁶ Margarita Menegus y Rodolfo Aguirre, Los indios, el sacerdocio y la Universidad en Nueva España. Siglos XVI–XVIII, México, Universidad Nacional Autónoma de México/Plaza y Valdés, 2006, pp. 154–163.

¹⁷ Cecilia Rabell, op. cit, 2001, p. 145.

¹⁸ Ibid,, pp. 145–146.

¹⁹ Luis Alberto Arrioja Díaz Viruell, Pueblos de indios, tierras y economía: Villa Alta (Oaxaca) en la transición de Colonia a República, 1742–1856, tesis de doctorado en Historia, México, Centro de Estudios Históricos–El Colegio de México, 2008, pp. 474–476.

²⁰ Carlos Sánchez Silva, Indios, comerciantes y burocracia en la Oaxaca poscolonial, 1786–1860, México, Instituto Oaxaqueño de las Culturas/Fondo Estatal para la Cultura y las Artes/Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, 1998, pp. 100102; "La crisis de la grana cochinilla en México y su expansión hacia las Islas Canarias: algunas hipótesis de trabajo", en Historia, sociedad y literatura de Oaxaca. Nuevos enfoques, México, Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, 2004, pp. 59–60; y Luis Alberto Arrioja Díaz Viruell, op. cit., 2008, pp. 492–493.

²¹ Ana Carolina Ibarra, El cabildo catedral de Antequera. Oaxaca y el movimiento insurgente, Zamora, El Colegio de Michoacán, 2000, p. 40.

²³ Ana Carolina Ibarra, op. cit., 2000, pp. 75–79.

²⁴ Alejandro Salafranca y Vázquez, La pastoral ilustrada y las Reformas Borbónicas. El caso de don Antonio Bergosa y Jordán, Obispo de Oaxaca, Málaga, Algazara, 2006, p. 38; y María del Carmen López Ramírez, El obispo Bergoza y Jordán y la Diócesis de Oaxaca (1800–1810), Madrid, Universidad de Educación a Distancia, 1996, pp. 5–6.

²⁵ Manuel Esparza, op. cit., p. 1; y Brian R. Hamnett, op. cit., 1976, pp. 178–179.

²⁶ Manuel Esparza, op. cit, p. 1.

²⁷ Ibid, pp. 3–6.

²⁸ Peter Guardino, "No se nos debe desigualar: movilización realista, ideario insurgente y liberalismo español en Oaxaca, México", en Daniela Traffano, Reconociendo al pasado. Miradas históricas sobre Oaxaca, México, Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca/Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, 2007, pp. 169–190.

²⁹ Véanse Brian R. Hamnett, op. cit., 1976; Carlos Sánchez Silva, op. cit, 1998; y Luis Alberto Arrioja Díaz Viruell y Carlos Sánchez Silva, op. cit., 2007. Algo semejante ha sido documentado para otras ciudades novohispanas como Guadalajara, Guanajuato y San Luis Potosí; espacios donde los funcionarios de cabildos civiles intervenían activamente en los cargos de las instituciones políticas, jurídicas y militares que el régimen colonial desplegaba en el interior de las colonias. Véase Rafael Diego–Fernández Sotelo y Marina Mantilla Trolle, Libro de Reales Órdenes y Cédulas de su Majestad: Audiencia de la Nueva Galicia, siglo XVIII, México, El Colegio de Michoacán/Universidad de Guadalajara, 2008; José Antonio Serrano Ortega, Jerarquía territorial y transición política: Guanajuato, 1790–1836, México, El Colegio de Michoacán/Instituto Mora, 2001; y José Alfredo Rangel Silva, Capitanes a guerra, linajes de frontera: ascenso y consolidación de las elites en el oriente de San Luis, 1617–1823, México, El Colegio de México, 2008.

³⁰ "Ordenanza, método, o regla que se ha de observar a efecto de cerrar la puerta a la penetración de fraudes de grana cochinilla, (1773)", citado en Barbro Dahlgren, La grana cochinilla, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1990, apéndice III; "Informe del administrador de alcabalas de Oaxaca sobre las curtidurías de la ciudad, (1779)", en Archivo General de la Nación (en adelante AGN), Alcabalas, caja 1110; Cecilia Rabell, op. cit., 2001, pp. 35–40; "Ordenanza para el establecimiento e instrucción de los alcaldes de barrio, (1796)"; y "Informe del administrador de alcabalas de Oaxaca sobre los telares y tejidos de la ciudad, (1796)", en AGN, Alcabalas, vol. 37, ff. 223–225v.

³¹ Véase "Informe de los escribanos de su majestad sobre el terremoto que afectó esta ciudad, (1787)", en Archivo General del Estado de Oaxaca (en adelante AGEO), Alcaldías mayores, leg. 40, exp. 17; "Sobre las reparaciones en los arcos del acueducto de la ciudad, (1810)", Archivo Histórico Municipal de la Ciudad de Oaxaca ( en adelante AHMCO), Actas de cabildo, libro 4, f. 58; "Sobre la reconstrucción de las casas reales, (1810)", AHMCO, Actas de cabildo, libro 4, ff. 64 y 77; y José Guadalupe Romero, "Noticia de los terremotos que se han sentido en la República mexicana, desde la conquista hasta nuestros días", en Boletín de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, tomo VIII, 1860, pp. 468–469.

³³ "Informe de don Baltasar Ladrón de Guevara, ministro de la Real Audiencia, sobre los excesos que cometen varios funcionarios provinciales de la intendencia, (1801)", en AGN, General de partes, vol. 78, exp. 15.

³⁴ Carlos Sánchez Silva, op. cit., 1998, pp. 179–181.

³⁵ Se conoce que todos estos personajes fueron regidores perpetuos del Ayuntamiento, exceptuando a Murguía y Galardi, Echarri, Solar Campero, Anievas e Ibáñez. En cuanto a Felipe Ordoñez, se sabe que heredó su cargo de Antonio Jiménez Bojorquez en mayo de 1788, quien fue yerno de Diego de Villasante. Andrés de Larrazabal fue un comerciante castellano que ingresó al Ayuntamiento en enero de 1790 pagando una cuota a la Corona. Diego Régules Villasante, también castellano, estuvo inscrito como regidor desde 1772 y en algún momento de esa década se desempeño como alcalde mayor de las Cuatro Villas. Pedro de Estrella accedió a su cargo por una cuota que liquidó a la Corona en 1798. Manuel de Anievas y Juan María Ibáñez, por su parte, fueron regidores honorarios, esto es, consejeros elegidos por los regidores perpetuos. Véase Brian R. Hamnett, op. cit., 1976, pp. 178–179.

³⁶ Carlos Sánchez Silva, op. cit., 1998, pp. 144–145 y 182–183.

³⁷ Brian R. Hamnett, op. cit., 1976, p. 178; Lawrence Lee Black, Conflict Among the Elites: The Overthrow to Viceroy Iturrigaray, 1808, tesis de doctorado en Historia, Nueva Orleans, University of Tulane, 1991; y María Mercedes de Vega, Los dilemas de la organización autónoma: Zacatecas, 1808–1832, México, El Colegio de México, 2005.

³⁸ Beatriz Rojas, op. cit., 2008, pp. 295–297; Marta Terán, op. cit., 2007; Claudia Guarisco, "La Constitución de Cádiz y la participación política popular en la Nueva España, 1808–1821. Balance y nuevas perspectivas", en Revista Complutense de Historia de América, vol. 70, 2007, pp. 55–70; Manuel Chust e Ivana Frasquet, op. cit., 2006; y Jaime E. Rodnguez O., Rey, religión, independencia y unión: el proceso político de la independencia de Guadalajara, México, Instituto Mora, 2003b. Sobre la experiencia de 1808 en otras ciudades de México e Hispanoamérica: véase Alfredo Ávila y Pedro Pérez Herrero (comps.), Las experiencias de 1808en Iberoamérica, México/Alcalá, Universidad Nacional Autónoma de México/Universidad de Alcalá, 2008.

³⁹ "Carta de don Pedro Garibay argumentando los males que se viven en la ciudad de Oaxaca a causa del teniente letrado don Antonio Izquierdo, (1809)", en AGN, Intendencias, vol. 12, exp. 1; "Pesquisa secreta formada por orden del virrey sobre procedimientos del teniente letrado don Antonio Izquierdo, (1809)", en AGN, Intendencias, vol. 12, exp. 2.

⁴⁰Véase Brian R. Hamnett, op. cit, 1976, pp. 224–225 y 234.

⁴¹ Ibid, p. 227.

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Al parecer, redactada por el antiguo subdelegado de Villa Alta, Bernardino María Bonavia y Zapata, y dos regidores perpetuos de la ciudad, Andrés de Larrazabal y Diego Régules de Villasante.

⁴⁵ "Carta de don Pedro Garibay...", en AGN, Intendencias, vol. 12, exp. 1; y "Pesquisa secreta...", en AGN, Intendencias, vol. 12, exp. 2.

⁴⁶ Brian R. Hamnett, op. cit., 1976, p. 186.

⁴⁷ Ibid, p. 184.

⁴⁸ Sobre este tipo de pronunciamientos y su trascendencia en la vida política de Hispanoamérica, véase François–Xavier Guerra, op. cit, 1992; e Inés Quintero, op. cit, 2006.

⁴⁹ Brian R. Hamnett, op. cit., 1976; William B. Taylor, op. cit, 1976; Rodolfo Pastor, Campesinos y reformas. LaMixteca, 17001856, México, El Colegio de México, 1987; y Carlos Sánchez Silva, op. cit., 1998.

⁵⁰ Silke Hensel, Die Enstehiung des Foderalismus in Mexiko: die Politischie Elite Oaxacas Zwischien Stadt, Region und Staat, 1786–1835, Stuttgart, Steiner Verlag, 1997; Peter Guardino, op. cit., 2000; y Jaime E. Rodríguez O., op. cit., 2003a.

⁵¹ Carlos Sánchez Silva, "Indios y repartimientos en Oaxaca a principios del siglo XIX", en Antonio Escobar (coord.), Indio, nación y comunidad en el México del siglo XIX, México, Centro Francés de Estudios Mexicanos y Centroamericanos/Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, 1993, pp. 105–118; Luis Alberto Arrioja Díaz Viruell, op. cit., 2008a; y "De la prohibición a la persistencia: el repartimiento de mercancías en Villa Alta (Oaxaca), 1786–1834", en Daniela Traffano (coord.), Reconociendo al pasado. Miradas históricas sobre Oaxaca, México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social/Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, 2008b, pp. 91–129.

⁵³ "Instrucción del ilustre Ayuntamiento de la ciudad de Oaxaca, (1809)", en AGN, Historia, vol. 417, f. 308.

⁵⁴ Ibid., ff. 308–316.

⁵⁵ Ibid., f. 308.

⁵⁶ Ibid.

⁵⁷ Ibid., f. 309.

⁵⁸ Ibid., f. 312.

⁵⁹ Ibid., ff. 314–315.

⁶⁰ Ibid., ff. 315–316.

⁶¹ Luis Alberto Arrioja Díaz Viruell, op. cit, 2008b.