Estados débiles o conceptos fallidos. Por una definición teórica del orden estatal

Weak states or failing concepts. Towards a theoretical definition of the state's order

Sandra Hincapié Jiménez*

* Investigadora posdoctoral del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. sandra.hincapie@flacso.edu.mx

Resumen

En este artículo se plantea una discusión teórica sobre la configuración del orden estatal. En primer lugar, se examina la tradición politológica latinoamericana respecto a los estudios de transición y consolidación democrática, y en los últimos años centrada en las explicaciones de los estados capturados y estados fallidos. En segundo lugar, se retoma la discusión teórica del Estado desde una perspectiva relacional. Por último, se propone un modelo analítico del orden estatal, en el cual se incorporan el conflicto social y las dinámicas contenciosas como aspectos fundamentales de su estructuración.

Palabras clave: Estado, orden estatal, Estados capturados, Estados fallidos.

Abstract

This paper presents a theoretical discussion of the configuration of the state order. To do this, first discusses the Latin American political science tradition centered on studies of "transition" and "democratic consolidation" and in recent years in the explanations of the "captured states" and "failed states", second takes up the discussion theoretical of the state from a relational perspective, thirdly, to propose a state order analytical model that incorporates the dynamics of social conflict and contentious as fundamental aspects of its structure.

Keywords: State, state order, captured states, failed states.

Introducción

En los últimos años varios gobiernos de países latinoamericanos -incluidos aquellos que son considerados ejemplos de estabilidad y liderazgo regional- se han visto confrontados con protestas y movilizaciones sociales que inicialmente se redujeron a escaramuzas. Entre 2012 y 2013 podemos identificar fácilmente las protestas sostenidas de jóvenes estudiantes en Chile y Colombia, que se han manifestado en contra del modelo económico que ha reducido la educación a un mero negocio. Miles de personas se han movilizado en las calles de Brasil en protesta por el incremento de la desigualdad y el costo del transporte público. Durante 2014, en Venezuela los sectores de oposición al gobierno de Nicolás Maduro han sostenido una intensa actividad, exigiendo transformaciones políticas y económicas en el país. Durante los últimos años se han incrementado las dinámicas de protesta en países como Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia debido a los proyectos minero-energéticos defendidos por los gobiernos, independientemente de su orientación política, configurado un escenario de conflictos socioambientales cada vez más intensos en todo el continente.

A la par de los gobiernos, las teorías y análisis politológicos se han centrado en las dinámicas institucionales, dejando de lado la pregunta por el conflicto social y la forma en que se estructura el orden estatal en un sentido amplio. En este artículo se propone una conceptualización del orden estatal que responde de manera teórica a los debates politológicos planteados respecto a los estados capturados y a los estados fallidos. Esta propuesta se constituye en una alternativa explicativa anclada en una perspectiva relacional del Estado, la cual elabora un modelo de análisis donde se incorpora el conflicto social como eje central de estructuración del orden estatal.

1. El estudio del Estado en las ciencias sociales latinoamericanas

Una de las más importantes líneas de investigación sobre el Estado en América Latina se desarrolló en la década de los sesenta bajo el impulso de la CEPAL. Desde una visión desarrollista analizaron la relación centro-periferia y la posición de Latinoamérica en la división internacional del trabajo. Los diversos autores, entre ellos Fernando Cardoso (1969 y 1972) y Enzo Faletto (1969), centraron su interés en el papel del "aparato de Estado" como "sujeto efectivo del desarrollo económico y social" (Lechner, 1981: 302). Dentro de ese marco de estudios que promovió la teoría de la dependencia, otros investigadores, como Theotonio Dos Santos (1978), Ruy Mauro Marini (1974) y André Gunder Frank (1967), mucho más anclados en la perspectiva marxista, estudiaron las luchas y alianzas de clase en cada sociedad como explicación de las estructuras nacionales de dominación.

La imposición de dictaduras militares en el Cono Sur generó una serie de estudios acerca del Estado en dos vías: por un lado, aquellas que estudiaron el "modelo burocrático-autoritario" en el que se afianzaban los regímenes dictatoriales (O'Donnell, 1978 y 1986); por otro lado, los análisis que buscaron explicar por qué fueron posibles los golpes militares. En esta segunda línea, desde una visión marxista y gramsciana, Norbert Lechner (1977) definió el Estado como "dominación+hegemonía", interpretando la realidad latinoamericana del momento como una "crisis de Estado". Para Lechner (1977: 27):

En América Latina el Estado es primordialmente dominación; falta ese plus que es la hegemonía y que -en términos hegelianos- hace su verdad. La dinámica de la 'base' no se cristaliza en la 'sobreestructura'. Mejor dicho: la 'base' no se constituye en el marco del territorio estatal sino en el proceso mundial del capital.

La ausencia de una base teórica para explicar los cambios y transformaciones del Estado quedó ratificada más adelante cuando en un nuevo intento por abordar el debate sobre la institución estatal el autor sentenció en la obra colectiva "Estado y política" (Lechner 1981: 9-10, 303) lo siguiente:

Podemos hablar de un déficit teórico precisamente por la ausencia de un cuerpo establecido de problemas en torno a los cuales se cristalice la acumulación de conocimiento. Y tampoco existe en la literatura reciente alguna hipótesis general que se imponga como punto de partida evidente. Verificar un déficit teórico supone por ende reconocer la necesaria multiplicidad de esfuerzos heterogéneos y heterodoxos por bastante tiempo [...]. Cierta inflación en el uso del término 'crisis' (crisis política, de hegemonía, de Estado) es sintomática del grado de conciencia que existe acerca de las contradicciones sociales. Es una conciencia desconcertada, que ya no puede apoyarse sobre una visión teológica del progreso de la historia. Pensar a partir de la derrota implica no sólo revisar las interpretaciones que nos hicimos de nuestras historias, sino también los conceptos con los cuales imaginamos nuestros futuros.

A final de la misma obra Lechner (1981: 325) propuso estudiar el Estado como instancia de mediación, dirigiendo la mirada a futuros análisis: "el esfuerzo teórico para elucidar qué y cómo es el Estado implica primordialmente la reconstrucción de los complejos procesos y resortes mediante los cuales elaboramos esa síntesis de la vida social y nos afirmamos en nuestra diversidad/división por medio de ella". Sin embargo, esta propuesta para el estudio del Estado no tuvo un desarrollo teórico concreto sobre categorías explicativas operacionalizables para la investigación empírica;¹ lo anterior se explica, en buena medida, porque tanto Lechner como O'Donnell desplazaron sus intereses investigativos desde el Estado hacia el régimen político, específicamente hacia la idea de democracia.

Por otro lado, la idea de crisis continuó siendo hasta finales de la década de los noventa la categoría explicativa predominante para describir los cambios y trasformaciones en las formas de organización del Estado en Latinoamérica: "La crisis pasó a ser el tema central de la teoría social, siendo analizada en sus múltiples aspectos y aceptada como una realidad de hecho" (Sader, 1997: 121). Con la idea de crisis se buscó explicar una diversidad de fenómenos enmarcados en las transformaciones de la relación Estado-sociedad civil: los déficits fiscales, los procesos de privatización enmarcados en la primera generación de reformas promovidas a partir del Consenso de Washington y la emergencia de los "nuevos movimientos sociales", entre otras (Leal Buitrago, 1991; Kaplan, 1997; Sader, 1997).

1. 1. La agenda dominante: de la transición y consolidación a la captura y falla estatal

En los debates politológicos en América Latina existe hoy una vasta literatura como resultado de las investigaciones que se enmarcan en la llamada "transición democrática". Desplazando las preguntas de investigación sobre el Estado, con la idea de transición se trató de explicar casi cualquier tipo de cambio político que implicara alguna apertura en los sistemas de los países con dictaduras. En los análisis sobre el régimen político la etiqueta transición se usó para explicar los procesos de reforma estatal suponiendo un proceso evolutivo: después de la ruptura con el gobierno autoritario o dictatorial surgía un nuevo régimen basado en el sistema democrático electoral, el cual permitía la llegada de un nuevo gobierno a través de la competencia electoral y el pluralismo político, dentro de una estructura institucional de equilibrio de poderes que permitiría los pesos y contrapesos del Estado de derecho (Rustow, 1970; O'Donnell y Shmitter, 1986; Huntington, 1991; Di Palma, 1991).

Posteriormente de la idea de transición, las investigaciones sobre calidad de la democracia (Diamond y Morlino, 2005; O'Donnell et ál., 2004; Morlino, 2007; Vargas, 2008) hicieron énfasis en la "profundización de la democracia" (Munck, 2010; Ackerman, 2006; O'Donnell, 1996) y la gobernanza (Aguilar, 2008), al identificar que la implementación exclusivamente procedimental de la democracia -aquella que se limita a las reglas y procedimientos que regulan la disputa electoral por el poder político (Przeworski, 1995)- es en sí misma una versión limitada que legitima las fuertes "brechas de representación" y "déficits democráticos" (Mainwaring y Welna, 2003; O'Donnell, 2000).

Todos estos estudios sobre partidos, reformas electorales y diseños institucionales se desarrollaron de manera independiente de la indagación sobre el conflicto social. La insuficiencia analítica de las teorías ligadas a la transición y consolidación democrática derivó en tipologías para explicar la permanencia de ciertas prácticas en las organizaciones estatales. Para ello, se recurrió a una variedad de adjetivos que pretendían describir los fenómenos políticos particulares, tales como democracia formal, democracia delegativa, democracia de baja intensidad, democracias débiles, democracias pobres, entre otros (Caputo y Sábato, 1991; Weffort, 1993; O'Donnell, 1994 y 2011).

Ante la necesidad de comprender los desafíos que los conflictos sociales y la violencia imponen al orden estatal, así como la permanencia de prácticas asociadas a los gobiernos autoritarios después de haber sido aplicadas las reformas estructurales, los estudios politológicos han venido transitando de manera paulatina de los análisis centrados en el régimen político a preguntarse por relaciones más amplias sobre el Estado, surgiendo dos alternativas explicativas de diverso alcance: Estados capturados y Estados fallidos.

La primera de ellas intentó explicar por qué países en transición seguían presentando muestras evidentes de corrupción a pesar de haber adaptado sus organizaciones estatales a los requerimientos de una economía liberalizada y desregulada. Investigadores financiados por el Banco Mundial propusieron entonces la teoría del Estado capturado, una versión adaptada de la idea de captura regulatoria utilizada en economía para analizar la complicidad entre el regulador y la empresa o industria que regula (Becker, 1983; Stigler, 1971, Laffont y Tirole, 1991). En ese sentido, la propuesta analítica afirma que se puede hablar de Estado capturado cuando:

[...] la acción de individuos, grupos o firmas, en el sector público y privado, que influyen en la formación de leyes, regulaciones, decretos y otras políticas del gobierno, para su propio beneficio como resultado de provisiones ilícitas y no transparentes de beneficios privados otorgados a funcionarios públicos (World Bank, 2000).

De acuerdo con lo anterior, la teoría del Estado capturado enfatiza la corrupción derivada de la capacidad de influencia de grupos de poder no solo en los aspectos exclusivamente económicos, sino también en la "distorsión" provocada por intereses privados en el diseño de leyes y regulaciones, así como la manipulación de la norma jurídica a través del soborno de altos funcionarios judiciales (Hellman y Kauffmann, 2001; Hellman et ál., 2000, Pesic, 2007). Asimismo, este marco conceptual ha sido desarrollado para explicar la relación del Estado con el crimen organizado, al considerar que los "criminales" sobornan a los funcionarios estatales para su propio beneficio, minimizando así las probabilidades de castigo por sus actuaciones. De ese modo el Estado es capturado por los intereses de grupos y organizaciones criminales que se adaptan e influyen en el diseño de leyes, normas, regulaciones, y evaden la impartición de justicia sobornando altos funcionarios judiciales y pervirtiendo de esta manera los fines estatales (Kiltgaard, 2001; Salcedo Albarán, 2007; Garay et ál., 2008).

La segunda alternativa, la del Estado fallido ha tratado de explicar las dificultades estatales para cumplir con sus funciones básicas, mayormente relacionadas con el desarrollo económico, con los fenómenos de violencia y con la democracia. Para ello, un número importante de organizaciones y centros de investigación elaboran mediciones de carácter global, en las cuales se evalúan los desempeños de las instituciones estatales en diversos aspectos. Estas mediciones han ido en aumento ya que, después del 11 de septiembre de 2001, las evaluaciones han estado en el centro de la política exterior de los Estados Unidos, pues se considera que las fallas estatales son fuente de terrorismo, olas migratorias e inestabilidad económica (Di John, 2008; Sarat y Culbert, 2009).

En una versión más extendida, el Estado fallido es entendido como la implosión del Estado (Bates, 2008); es decir, cuando el Estado se ha convertido en instrumento de depredación o cuando ha perdido el monopolio de la violencia (Dorff, 2005). Sin embargo, en otros casos lo que es considerado como falla estatal puede abarcar un amplio número de problemas referidos no solo a la seguridad, sino también a la redistribución de ingresos, al desarrollo económico o a la representación política. Por ejemplo, para Rotberg (2002: 85), "los Estados-nación fracasan porque no pueden seguir suministrando bienes políticos positivos a su gente. Sus gobiernos pierden legitimidad, y en los ojos y en los corazones de una pluralidad creciente de ciudadanos, el Estado-nación mismo se vuelve ilegítimo".

En lo que respecta a la relación entre estados fallidos y democracia, destaca la tesis que relaciona el fracaso estatal a los procesos de democratización. Casi todos los trabajos asociados a esta perspectiva recurren a los datos de Polity, los cuales en sus índices clasifican desde las autocracias -niveles más bajos- hasta las democracias consolidadas -niveles más altos-. En el intermedio están las denominadas democracias parciales o no consolidadas. La zona intermedia es sin duda las más importante, ya que la abrumadora mayoría de Estados considerados fallidos se encuentran en esta categoría (Coe, 2007). Los estudios intentan demostrar que la inestabilidad en los procesos de democratización, con el aumento de la competencia política, puede llevar a la implosión estatal de manera mucho más frecuente que países con autocracias o con democracias consolidadas. En adición, se subraya que los factores políticos son los que mejor ayudan a predecir la falla estatal (Bates, 2008; Goldstone et ál., 2005), a diferencia de los factores económicos, los cuales fueron por un tiempo considerados como el eje fundamental de los análisis de la falla estatal (Collier y Hoeffler, 2000 y 2004).

Todo lo anterior evidencia la importancia de estudiar las condiciones subyacentes de los Estados donde los diseños institucionales se materializan, las formas de estructuración diferencial del poder y el orden en las sociedades, las trayectorias históricas y su herencia institucional. También, una dificultad analítica en las interpretaciones antes expuestas radica en que se da por sentado el concepto mismo de estatalidad, o se asumen premisas idealistas que no contribuyen a explicar cómo y por qué la idea de la democracia se traduce en prácticas diferenciadas dentro de los órdenes estatales concretos. Esta visión idealista es muy clara cuando se afirma que:

[...] el Estado es el ancla indispensable de los diversos derechos de ciudadanía implicados y demandados por la democracia. Un 'buen' Estado, es decir, un Estado consistente con la democracia, es un Estado que inscribe en su propia legalidad, implementada por medio de burocracias y, junto con una sociedad civil presente y activa, apunta a consolidar y expandir los derechos de ciudadanía implicados y demandados por la democracia. Esto significa que los ciudadanos tenemos un derecho público e irrenunciable al Estado, pero no a cualquier Estado sino a uno consistente con la democracia, un Estado de y para la democracia. (O'Donnell, 2007: 27).

Además de lo expuesto, en la perspectiva de los Estados fallidos no hay un uso preciso de lo que se entiende por falla. Dependiendo de los objetivos o preocupaciones se conceptualizan los Estados frágiles de diversas maneras; estos pueden indicar fallido, en crisis, débil o colapsado. En todos los casos, más que conceptos son etiquetas que hacen alguna referencia a rasgos del Estado weberiano (Torres y Anderson, 2004). De modo que no está claro si las definiciones aluden a la funcionalidad de las instituciones, a sus resultados, o si las están calificando de acuerdo a su relación con los cooperantes de la comunidad internacional, de la misma manera que en el caso de los países llamados en transición y sus democracias adjetivadas (Carothers, 2002; Cammack et ál., 2006). En todos los casos se critican tales categorizaciones por considerárselas reduccionistas, no contextuales y ahistóricas (Bøa°s y Jennings, 2005).

Por otro lado, pero como consecuencia de lo anterior, en todas las mediciones² para calificar los tipos de democracias y Estados, la construcción de los indicadores no es precisa, dada la vaguedad conceptual del punto de partida. En ese sentido, las indexaciones presentan graves problemas de codificación y operación que son irreducibles. Los indicadores de falla parecen más fenómenos normativamente indeseables, pero, sobretodo, indicadores de actividades consideradas nocivas por la comunidad internacional en sus diversas dimensiones políticas o económicas (Gutiérrez, 2009). Algunos investigadores han llamado la atención sobre la utilidad de los índices como clasificadores de casos extremos o de frontera, pero tendientes a la inconsistencia de las inferencias en los casos intermedios, es decir, los Estados ubicados en las zonas grises, donde los modelos probabilísticos operan de manera inestable frente a cambios muy pequeños (Hegre y Sambanis, 2006).

Por último, investigaciones recientes destacan el uso político de la retórica de los Estados fallidos. Analizando casos concretos en Afganistán, Somalia, Liberia, Sudan y Nigeria, por citar algunos ejemplos, los investigadores concluyen que las determinaciones del fracaso del Estado tienen que ver con las percepciones occidentales de la propia seguridad y el interés de Occidente en garantizar el acceso a ciertos recursos. En ese sentido, las características de lo que es considerado fallido no son consistentes, pues se aplican de manera arbitraria y son utilizadas más como un recurso para trazar las diferentes respuestas políticas ante determinados Estados; situación que incluye la posibilidad de incursiones o posibles acciones militares (Bøa°s y Jennings, 2005).

De este debate podemos concluir que es evidente la necesidad de explicar con más cuidado las formas de estructuración del orden estatal. Un examen cuidadoso y un conocimiento profundo de los conflictos asociados a la trayectoria histórica de cada orden nos ayudaría a problematizar esquematizaciones y comparaciones que no guardan relación y poco ayudan a comprender cómo las organizaciones estatales pueden enfrentar sus dilemas en forma adecuada.

2. Volviendo a la teoría: el Estado como relación social

Estos procesos de luchas de exclusión por las oportunidades al acceso de recursos (económicos, coercitivos, políticos, culturales) llevan al ensanchamiento de los monopolios privados. En la medida que crecen los aparatos monopólicos, la complejidad de la división del trabajo va creando interdependencias complejas entre las organizaciones y la administración de los recursos de poder; así, el control del monopolio escapa de manos particulares y se fija en un entramado de relaciones. La complejidad del entramado llega a un punto a partir del cual las luchas de exclusión no tienen el propósito de destruir el aparato monopólico de dominación, sino conseguir mejores posiciones en el campo de relaciones y con ello mayor acceso a recursos, generando una situación de permanencia y estabilidad en la organización política (Elias, 1978: 348-9).³

En consonancia con la perspectiva relacional para analizar el Estado, propuesta por Norbert Elias desde las primeras décadas del siglo XX, y siguiendo los principales argumentos en los debates contemporáneos (Bourdieu, 2012), el Estado no puede entenderse si no es a partir de las relaciones complejas del orden social del cual forma parte, en sus dinámicas siempre conflictivas de preservación y cambio implicadas en su misma estructura. Pensado de esa manera, el Estado moderno es mucho más que el conjunto de funciones asignadas a sus organizaciones: es un espacio de relaciones producto de un largo proceso histórico, no lineal, donde se inscriben las prácticas de los seres humanos marcando sus límites y sus posibilidades. Retomando estas ideas podemos definir entonces el Estado como un campo estratégico de relaciones de poder que en un territorio específico produce orden en medio del cambio al organizar la concentración de diversos tipos de recursos -coercitivo, jurídico, económico, político e informacional- a través de accesos que marcan las pautas de distribución y reproducción simbólica de dicho orden.

Al plantear la idea de campo hacemos referencia a un espacio social de conflicto y competencia, donde los agentes luchan por apropiarse de los recursos de poder que les permitan colocarse mejor dentro del mismo campo (Bourdieu y Wacquant, 2005). El concepto campo para el análisis estatal nos permite diferenciarlo de las lecturas estructuralistas que lo conciben como aparato o instrumento de dominación de las clases dominantes. Por otro lado, esta perspectiva también se distingue de las teorías del Estado que lo entienden como organización autónoma (o con autonomía relativa) separada de la sociedad (Skocpol, 1985). Desde estas lecturas la concentración de recursos estatales y la definición de los objetivos organizacionales legítimos son el resultado del entramado burocrático que garantiza el ascenso y la racionalización de los procesos; de ahí que se termine por asimilar los recursos de poder materializados en el entramado organizacional con el Estado mismo. Al comprender el Estado como campo de relaciones, la concentración de recursos es el efecto de las luchas y los conflictos entre diversos intereses de agentes posicionados en el campo estatal mismo, considerando la pregunta por la configuración de un cierto orden estructurado y estructurante que implica su reproducción a través del tiempo.

Los procesos de concentración y acaparamiento de recursos, así como las luchas por su distribución, fueron estructurando múltiples organizaciones estatales encargadas de desarrollar cierto tipo de actividades especializadas, las cuales en los Estados contemporáneos se resumen como sigue:

Para tener una compresión gráfica de la relación entre accesos y concentración podemos ubicar posiciones ideales que extrapolen los argumentos (véase Gráfico 1.1.). En la posición A se ubica un orden estatal con alta concentración de recursos y accesos prácticamente cerrados, donde todo gobierno autoritario, elitista y oligárquico encontraría un equilibrio deseado, pues cuenta con todos los recursos disponibles y total libertad de disponer la manera de distribución en el campo de poder. En la posición B encontraríamos una sociedad diametralmente opuesta a la anterior: la baja concentración de recursos por parte de organizaciones estatales serviría para cumplir un papel mínimo de organización, ya que la sociedad que cuenta con accesos abiertos a los recursos disponibles se rige bajo formas de autodeterminación, con mínima sujeción y violencia externa, y comparte los recursos disponibles en canales fluidos de confianza y transparencia. En la posición intermedia, C, tendríamos órdenes en los cuales se ha logrado una gran concentración de recursos cuando los procesos exitosos de expropiación han llevado a la pacificación de la sociedad, y en los cuales la apertura de accesos ha llegado a niveles altos de democratización de las organizaciones estatales y a una distribución amplia, regular y permanente de los beneficios de todo tipo en la sociedad.

Sin embargo, estas posiciones límite descritas en el párrafo anterior no se corresponden con los órdenes estatales concretos, los cuales se mueven en un espacio mucho más reducido donde ni la concentración de recursos es definitiva ni los accesos son totalmente abiertos. En algunos casos se encuentran sociedades excepcionales ubicadas en el tercer cuadrante, como Noruega o Suecia, pero en su mayoría las enormes desigualdades sociales y la violencia generalizada en los diversos órdenes solo evidencia lo cerrado de los accesos a los recursos disponibles y a las organizaciones estatales.

3. De la definición del Estado a la pregunta por el orden estatal: las contiendas como constitutivas del orden estatal

Más allá de las perspectivas teóricas que muchas veces pueden conducir hacia callejones abstrusos que poco se corresponden con los procesos sociales reales, aquí interesa explicar la manera en que concretamente se estructura el orden estatal: entender por qué aun cuando se presentan los mismos tipos de recursos de poder en todos los Estados contemporáneos hay patrones de órdenes estatales tan diversos, y cómo sería posible elaborar un propuesta para el análisis comparado, sin llegar a conceptos imprecisos como los Estados fallidos o débiles.

De acuerdo con lo anterior, la estructuración del orden estatal ha implicado un largo y violento proceso de desposesión de particulares; proceso que posibilitó la concentración de diversos recursos en un conjunto de organizaciones especializadas, encargadas de su distribución a través de diversos accesos. La clave explicativa que permite comprender cómo y por qué se llega a equilibrios provisorios entre la concentración y los accesos en cada campo estatal, así como las resistencias y los obstáculos para su implementación efectiva, se encuentra en las dinámicas contenciosas que escenifican las luchas sociales producto de los intereses por la apropiación de los recursos, las cuales se manifiestan en diversos repertorios y se traducen en estrategias de confrontación que van estructurando mecanismo recurrentes a través del tiempo y generando nuevos equilibrios.

En ese sentido, aquí se concibe el orden estatal como aquella relación entre la concentración y los accesos a los recursos, como estructuración del equilibrio inestable resultante de las dinámicas contenciosas por la apropiación y la distribución de bienes, que en cada campo de relaciones tiene una configuración específica, estructurante y estructurada, a través de mecanismos recurrentes en su trayectoria histórica.

Los procesos de concentración y acumulación de recursos de poder que dieron forma a los Estados implicaron procesos conflictivos de diferenciación y desposesión a los particulares de su capacidad de ejecutar las diversas actividades sociales, trasladando así dicha posibilidad a organizaciones con agentes especializados. El "proceso político de expropiación" (Weber, 1998: 92) que da forma al Estado moderno fue el que posibilitó la concentración de la violencia física -que tanto resaltó Weber- como el medio específico con que cuenta el Estado (Weber, 2005); de la misma manera, y entre otros, la expropiación de los medios económicos de producción, específicamente el proceso de acumulación originaria, como bien lo señaló Marx (1971: 608-9) en El Capital: "el recuerdo de esta cruzada de expropiación ha quedado inscrito en los anales de la historia con trazos indelebles de sangre y fuego".

Los procesos de concentración violenta de monopolización de recursos en pocas manos, no se presentaron exclusivamente a través de la violencia física desnuda ejercida por ejércitos, sino también a partir de la concentración de otros recursos de poder que de manera más sutil -y por tanto, más eficaz- propiciaron formas de legitimación de la dominación (Weber, 2005). A través del derecho, la educación y en general de los recursos informacionales, el Estado crea una visión legítima del mundo, presentándose del lado de la moral, de lo universal o de la razón (Bourdieu, 2000) e implicando altos grados de violencia simbólica, la cual es, en palabras de Bourdieu, "esa violencia que arranca sumisiones que ni siquiera se perciben como tales apoyándose en unas 'expectativas colectivas' en unas creencias socialmente inculcadas" (Bourdieu, 2002: 173).⁴

En todos los casos, las relaciones de poder dependen del reconocimiento del valor por parte de los agentes pertenecientes al campo estatal, dicho reconocimiento es resultante de un largo proceso de "actos de institución" de estructuras, tanto sociales como mentales o de pensamiento, que se inscriben en la totalidad del entramado social, principalmente por medio del uso de la violencia simbólica, y que son susceptibles de examen en los agentes a través de sus habitus⁵ y del posicionamiento en el campo de relaciones prevaleciente. En ese sentido, los procesos de concentración de recursos de cualquier tipo, coercitivos o no, están mediados y suponen un ejercicio violento, pues conllevan una carga simbólica que instituye formas de relacionamiento de sumisión y obediencia, "actos cognitivos" que configuran principios de visión y división comunes, y que son decisivos en la reproducción del orden estatal (Bourdieu, 2011).

Las acciones colectivas contenciosas o contiendas políticas hacen referencia a:

la interacción episódica, pública y colectiva, entre los reivindicadores y sus objetos cuando: (a) al menos un gobierno es uno de los reivindicadores, de los objetos de las reivindicaciones o es parte en las reivindicaciones, y (b) las reivindicaciones, caso de ser satisfechas, afectarían a los intereses de al menos uno de los reivindicadores (McAdam, Tarrow y Tilly, 2005: 5).

Los diversos episodios de contiendas contenidas⁶ o transgresivas⁷ a lo largo del tiempo, a través de repertorios de confrontación, como manifestación de las reivindicaciones, y diversas estrategias de movilización fueron determinando quiénes y cómo podían acceder a las organizaciones y a los recursos estatales, así como controvirtiendo el problema fundamental del para qué, dando así lugar a acuerdos provisionales sobre la distribución de cargas y beneficios en el campo estatal.

Una de las instituciones que mejor pudo históricamente dar una respuesta a los conflictos referentes a quién o quiénes logran el status, no solo de pertenencia sino también de participación en el campo estatal, es el núcleo de lo que hoy denominamos ciudadanía (Bendix, 1974; Marshall, 1950). La ciudadanía ha sido uno de los dispositivos simbólicos más potentes para la articulación y adhesión individual al orden del campo estatal como complemento de la idea de nación; mientras la nación permite crear simbólicamente la idea de cuerpo y totalidad, la ciudadanía individualiza. A través de la ciudadanía y la idea de nación, el Estado logró imponer su "reconocimiento" e instituir una comunidad política como comunidad imaginada.⁸ Sobre el concepto de nación se ha desarrollado una vasta literatura que subraya su invención moderna (Hobsbawm, 1997) como un "tipo específico de integración" (Elias, 1998: 116), a partir del cual los grupos dominantes -no sin resistencias de los grupos y las culturas subalternas (Guha, 2002)- han tejido los relatos y las imágenes de lo nacional.⁹

De acuerdo con lo anterior, la ciudadanía y la idea de nación no se proyectan del discurso normativo que las define -aunque produce efectos reales-, sino de los arreglos institucionales producto de las dinámicas de contienda política por el acceso y la distribución de recursos al interior del campo estatal.¹⁰ Al igual que el régimen político, las ideas de nación y ciudadanía intentan homogeneizar, representar el orden estatal como totalidad. Asimismo, como dispositivos simbólicos proyectan la idea de igualdad en la pertenencia a una misma comunidad política, supliendo la desigualdad constitutiva de los miembros del campo estatal resultante de la desposesión, concentración y acumulación de recursos que le dan forma al orden estatal.

Tanto en Elías (1978) como en Tilly (1992 y 2005) el núcleo de lo que conocemos como ciudadanía y derechos es el resultado de las luchas entre vencedores y vencidos (gobernantes y gobernados), por el posicionamiento en las organizaciones estatales y la distribución dentro del campo de relaciones que configura el orden estatal. Los procesos de negociación por la inclusión y la obediencia al orden entretejen toda la gama de instituciones conocidas como derechos, los cuales en el transcurso de las luchas por su expansión y realización han dado respuestas concretas a los cuestionamientos de distribución y repuestas diferenciadas al para qué de la organización estatal. Los derechos fundamentales en particular y los derechos humanos en general, así como la idea de democracia -a pesar de sus múltiples acepciones- se han convertido en repertorios de confrontación por excelencia en los campos estatales, reforzados por los procesos de mundialización, en tanto la internacionalización de los derechos humanos y la exigencia del pluralismo político se han convertido en estrategias para acceder a formas de distribución más amplia de los recursos estatales e incluso de corresponsabilidades entre los Estados.

Al analizar las dinámicas contenciosas a través de la trayectoria histórica es posible identificar los mecanismos recurrentes que se estructuran a partir de las formas de combinación de las prácticas de acción colectiva, las secuencias recurrentes, los dispositivos que las activan y que van trazando pautas que explican los arreglos provisorios de accesos/concentración de recursos, así como sus efectos a gran escala. De ese modo identificamos procesos políticos dinámicos que se ubican en periodos de tiempo acotados o episodios, donde se escenifican las transformaciones, renegociaciones de los arreglos, emergencia de agentes colectivos con otros repertorios y nuevas demandas, las disputas entre agentes nuevos y establecidos en sus interrelaciones e interdependencias, que activan los mecanismos estructurados en la trayectoria, los cuales al ser descompuestos comparativa y explicativamente permiten comprender las formas de estructuración de los órdenes estatales.

Como vimos el estudio del orden estatal es insoslayable como articulador por excelencia de los procesos al interior de los territorios nacionales, y de estos con dinámicas de mundialización, desterritorialización y universalización crecientes. Las perspectivas de análisis dominantes en la agenda de investigación politológica de las últimas décadas intentaron explicar de manera infructuosa los cambios en los órdenes estatales a través de teorías ligadas al régimen político, tales como la idea de transición y consolidación democrática, así como las democracias con adjetivos (débiles, delegadas, etc.). También se evidenció la insuficiencia analítica de las perspectivas de los Estados capturados y de los Estados fallidos. Por considerarse versiones que dan por sentada la idea de estatalidad, estas perspectivas son normativas, ahistóricas y no terminan de explicar el orden estatal y sus procesos divergentes de estructuración pese a contar con -e implementar- los mismos modelos institucionales.

Para responder a los desafíos analíticos antes descritos, se presentó un concepto de Estado que retoma la perspectiva relacional de Norbert Elias y Pierre Bourdieu, al considerarlo un campo de poder estructurador de orden mediante pautas de concentración y accesos a los recursos disponibles a través de las organizaciones estatales. Las pautas de concentración de recursos estatales permiten establecer la capacidad con que cuentan los diversos Estados para ordenar sus sociedades, tanto en términos de recursos diferenciados como en su potestad para proyectarlos en el territorio. Por otro lado, a través de los accesos se pueden explicar las formas de distribución de cargas y beneficios que le dan al Estado ciertas características, en términos de inclusión y reconocimiento.

A partir de allí, se propuso un modelo analítico del orden estatal, el cual nos permite comprenderlo como resultado de procesos históricos y contingentes de relaciones de lucha y competencia, en las cuales las dinámicas contenciosas escenifican los diversos intereses en contradicción, y frente a las cuales los gobiernos a través de reformas -que pueden ser drásticas, producto de dinámicas contenciosas revolucionarias- dan respuestas para crear nuevos equilibrios, aunque estos sean siempre provisorios e inestables.

Esta perspectiva del orden estatal se diferencia de las visiones estáticas y normativas, tanto del Estado como del régimen político, incorporando el conflicto social como eje fundamental de análisis, haciendo de esta una aproximación operativa y alternativa a las formas de interpretación del orden estatal disponibles. Tanto la concentración como los accesos son estructurados a partir de acuerdos provisionales, como resultado de dinámicas contenciosas a través de las cuales es posible integrar el análisis del campo estatal en su complejidad, reuniendo las dinámicas institucionales con las no institucionales, aquellas que son contenidas, enmarcadas en procesos oficiales, y aquellas transgresivas e innovadoras. En ese sentido, las trayectorias de los órdenes estatales no son para nada el producto de un proceso fluido, lineal o constante hacia una dirección, bien sea de apertura de acceso, de concentración o de la combinación de ambas; por el contrario, las trayectorias de los órdenes divergen en pautas precisas de concentración/desconcentración de recursos y apertura/cierre de accesos por la distribución de los mismos.

Finalmente, esta perspectiva se distancia de concepciones modélicas y lineales en la búsqueda por encontrar el diseño institucional ideal, o por explicar la falla en la aplicación de un diseño o modelo de organización estatal determinado, partiendo del supuesto de uniformidad y coherencia funcional en las prácticas organizacionales estatales según las disposiciones político-jurídicas. De la misma manera, este modelo analítico da un paso hacia la reflexión sobre las formas concretas de estructuración del orden en las diversas sociedades, ofreciendo la posibilidad de explicar, gracias a la comprensión de las dinámicas contenciosas, las dificultades o facilidades para conservar la estabilidad de los equilibrios estructurados, los diseños institucionales y sus efectos. Las dinámicas contenciosas establecen los principios durables de visión y división en la sociedad gestados en las estrategias, repertorios y prácticas que estructuran mecanismos recurrentes de la acción colectiva en su trayectoria, y que le confieren a los órdenes estatales ciertos rasgos específicos en términos de desposesión/concentración y de acceso/ cierre a los recursos estatales, más allá de los establecidos formalmente.

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Notas

1. O'Donnell retomó la idea de Lechner sobre las mediaciones para analizar los casos concretos de lo que él llamó el "Estado Burocrático Autoritario" en los países del Cono Sur, sin desarrollar una teoría general del Estado o el orden estatal (Cfr. O'Donnell, 1978).

2. Las tres principales a nivel global son Failed States Index-Foreign Policy/Fund for Peace; Failed & Fragile States-Carleton Country indicators; State Fragility Index-Center for Global Policy.

4. De manera temprana las teóricas feministas habían señalado esta discusión.

5. "Los condicionamientos asociados a una clase particular de condiciones de existencia producen habitus, sistemas de disposiciones duraderas y transferibles estructuras estructuradas predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes, es decir, como principios generadores y organizadores de prácticas y de representaciones que pueden ser objetivamente adaptadas a su meta sin suponer el propósito consciente de ciertos fines ni el dominio expreso de las operaciones necesarias para alcanzarlos, objetivamente 'reguladas' o 'regulares' sin ser para nada el producto de la obediencia a determinadas reglas, y por todo ello, colectivamente orquestadas sin ser el producto de la acción organizadoras de un director de orquesta" (Bourdieu, 2007: 86).

6. La contienda política es contenida cuando: "(a) al menos un gobierno es uno de los reivindicadores, de los objetos de las reivindicaciones o es parte en las reivindicaciones; (b) las reivindicaciones, caso de ser satisfechas, afectarían a los intereses de al menos uno de los reivindicadores; y (c) todas las partes en el conflicto estaban previamente establecidas como actores políticos constituidos" (McAdam, Tarrow y Tilly, 2005: 8).

7. La contienda política es transgresiva cuando: "(a) al menos un gobierno es uno de los reivindicadores, de los objetos de las reivindicaciones o es parte en las reivindicaciones; (b) las reivindicaciones, caso de ser satisfechas, afectarían a los intereses de al menos uno de los reivindicadores; y (c) al menos algunos de los participantes en el conflicto son actores políticos recientemente autoidentificados y/o (d) al menos algunas de las partes emplean acciones colectivas innovadoras. (La acción puede calificarse de innovadora cuando incorpora reivindicaciones, selecciona objetos de las reivindicaciones, incluye autorrepresentaciones colectivas y/o adopta medios que no tienen precedentes o que están prohibidos en el régimen en cuestión)" (McAdam, Tarrow y Tilly, 2005: 8).

8. Para Benedict Anderson (2007) la nación es una comunidad imaginada: "imaginada porque aún los miembros de la nación más pequeña no conocerán jamás a la mayoría de sus compatriotas, no los verán ni oirán siquiera hablar de ellos, pero en la mente de cada uno vive la imagen de su unión" (p. 23).

9. Bien lo dice Norbert Elias (1998) al afirmar: "Hay que ser capaz de distinguir entre las ideologías nacionales que presentan a la nación como un sistema social perfectamente integrado e inalterable, dotado de alto valor, y los procesos de integración y desintegración observables y de larga duración, en el transcurso de los cuales las tensiones y luchas entre las tendencias centrífugas y centrípetas, y entre los grupos establecidos y los marginados, acontecen como un rasgo característico regular de la estructura de estos desarrollos" (116).

10. En ese sentido afirman McAdam et ál.: "[Muchos análisis] atienden de cerca a las interacciones de individuos, grupos y partidos. Pero al insistir en los incentivos individuales y los pactos entre elites, ambas explicaciones ignoran en gran medida la enorme cantidad de contienda política que precedió y acompañó cada uno de los episodios, además de los mecanismos de cambio político y conflicto político que crearon nuevos actores y nuevas identidades y transformaron la política institucional. [...] Los institucionalistas [...] ignoran la dinámica de la contienda" (McAdam, Tarrow, Tilly, 2005:179).