Violaciones contra la libertad académica y de expresión en Oaxaca de Juárez. Informe presentado por la delegación de la Asociación de Estudios Latinoamericanos encargada de investigar los hechos relacionados con el impacto del conflicto social del año 2006*

Violations against Freedoms of Inquiry and Expression in Oaxaca de Juárez. Report bay the Fact-Finding Delegation of the Latin American Studies Association on the Impact of the 2006 Social Conflict

Latin American Studies Association, Pittsburgh, Estados Unidos http://lasa.international.pitt.edu/index.html

CARACTERÍSTICAS DE LA DELEGACIÓN¹

Este informe presenta los resultados de la visita de una delegación de LASA (Latin American Studies Association) a Oaxaca, México, entre los días 15 y 22 de junio de 2007, con el propósito de investigar e informar sobre los acontecimientos acaecidos recientemente en Oaxaca que afectan el ejercicio de la libertad académica y de expresión de investigadores, profesores, trabajadores culturales e intelectuales afiliados a universidades, centros académicos, organizaciones no gubernamentales e instituciones similares.

LASA es la organización más importante de académicos y estudiantes de América Latina que cuenta con alrededor de 6 000 miembros en las Américas y en otras partes del mundo.

El mandato de la delegación de LASA fue determinar la existencia de evidencia confiable de violaciones significativas a las libertades académica y de expresión intelectual de investigadores, profesores, trabajadores culturales o de otros individuos o grupos. Dichas violaciones incluyeron, entre otras, homicidios políticos, tortura física e intimidaciones, detenciones ilegales, hostigamiento público a individuos a causa de su posición política o su afiliación a determinadas instituciones, o desvinculación laboral por las mismas causas señaladas más arriba.

Si terminada la investigación, la delegación concluía que dichas violaciones habían ocurrido, debía identificar sus principales causas y el origen de las mismas. También haría un esfuerzo razonable para identificar las acciones que deberían ser adoptadas por las autoridades municipales, estatales o federales; por organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales; o por otros actores importantes, para asegurar que dichas violaciones no ocurrieran nuevamente y para establecer condiciones propicias para el ejercicio efectivo de las libertades académicas y de expresión.

Historia del conflicto

En mayo de 2006 hubo una huelga y ocupación/plantón del zócalo de la ciudad de Oaxaca por parte de 70 000 profesores de escuelas primarias y secundarias y de su sindicato, Sección 22. El 14 de junio de 2006, el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, ordenó desalojar a los ocupantes, desatándose un conflicto social de gran escala en la ciudad. En las siguientes semanas y meses, miles de oaxaqueños de diversos orígenes, entre los que se contaba un gran número de estudiantes universitarios y un número menor de profesores, se unieron para apoyar a los maestros y exigir la renuncia del gobernador por medio de una serie de "mega marchas". En ese periodo, las fuerzas de oposición crearon una extensa coalición conocida como la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), los manifestantes ocuparon y transmitieron desde 12 estaciones de radio y construyeron barricadas a lo largo de la ciudad. Al finalizar el mes de octubre de 2006, el presidente Vicente Fox envió más de 4 000 efectivos de la Policía Federal Preventiva (PFP) para tratar de sofocar el levantamiento. Las solicitudes previas del gobernador al gobierno federal para que la policía interviniera no fueron escuchadas, lo que refleja las tensiones existentes entre los gobiernos estatal y federal.

En el transcurso de los meses del conflicto, al menos 23 personas fueron asesinadas, cientos fueron arrestadas y encarceladas, y se presentaron más de 1 200 acusaciones a comisiones de derechos humanos por parte de estudiantes, profesores y otras personas afiliadas a las universidades e instituciones de educación superior (por ejemplo, centros académicos que no tienen estudiantes). Dichas acusaciones alegaban tortura y acoso por parte de las autoridades².

Al momento de presentar este informe, en agosto de 2007, la situación política en Oaxaca continuaba siendo tensa y polarizada, con una fuerte y periódica presencia policiaca en varias partes de la ciudad. Asimismo, un considerable número de ciudadanos temía que en cualquier momento se produjera una violenta represión por parte del gobierno contra profesores, manifestantes y otros.

Metodología y alcance

Los miembros de la delegación conocieron muy bien el conflicto sociopolítico en la región. En Oaxaca, el grupo se reunió con más de 30 personas de instituciones académicas, del gobierno estatal, de la iglesia, organizaciones de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales (ONG), y con artistas e intelectuales para tratar temas relacionados con el impacto del conflicto sobre la libertad académica y sobre individuos vinculados con instituciones académicas. Los miembros de la delegación buscaron conservar la mayor independencia, imparcialidad y objetividad en la investigación de los hechos.

La PFP en el Centro Histórico, protegiéndose de la APPO. 5 de noviembre de 2006, Oaxaca.

Fundamentos jurídicos

Como resultado de su visita a Oaxaca, la delegación manifiestó serias interrogantes respecto a la capacidad de académicos e intelectuales para ejercer sus derechos fundamentales garantizados por la Constitución mexicana y por acuerdos internacionales que protegen el derecho a la vida, al debido proceso y a la libertad de pensamiento, reunión y expresión. Por ejemplo, la Convención Interamericana de Derechos Humanos³, ratificada por México en 1981, garantiza el derecho al debido proceso, que, en el caso de los eventos documentados en este informe, fue violado sistemáticamente por las fuerzas estatales y federales. Además, el artículo 13° protege el derecho al libre pensamiento y expresión siempre y cuando aquellos que lo ejercen no recurran a la violencia. En Oaxaca, la delegación entrevistó a intelectuales que buscaban el diálogo y una resolución pacífica al conflicto, que también fueron objeto de amenazas violentas, por ejemplo, en "Radio Ciudadana", una estación pirata creada durante el conflicto para apoyar al gobierno y amenazar a los manifestantes, incluyendo a intelectuales y otras personas asociadas con universidades.

México también ratificó la Convención sobre Derechos Civiles y Políticos (CDCP) en 1981⁴. Mediante el uso de una terminología similar a la de la Convención Interamericana, la CDCP también protege los derechos al debido proceso, libre pensamiento y expresión y prohíbe la tortura o el trato cruel y degradante. En 2002 México ratificó el protocolo opcional de CDCP, el cual autoriza a los ciudadanos mexicanos a presentar acusaciones por violaciones ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En su propia Constitución⁵, el Estado mexicano protege el derecho a protestar pacíficamente, a escribir y publicar y a reunirse con fines pacíficos.

Conclusiones de otros informes sobre Oaxaca

Nuestro propósito como delegación no fue investigar abusos a los derechos humanos en general, sino enfocarnos en el impacto de los hechos ocurridos en Oaxaca en personas vinculadas con instituciones de educación superior. No obstante, la delegación obtuvo información relevante de los informes internacionales y nacionales de derechos humanos previos sobre el conflicto en Oaxaca. A continuación se incluyen algunas de sus conclusiones:

Los poderes públicos no han garantizado el pleno ejercicio de la libertad de expresión, pensamiento, asociación, reunión, participación política, libre circulación y manifestación. Se ha impedido, mediante el uso de la fuerza física y la coacción, el ejercicio de estos derechos fundamentales, desalojando violentamente plantones y marchas pacíficas, impidiendo el pleno ejercicio de la función de los representantes comunales legalmente elegidos, agrediendo a periodistas y hostigando a medios de comunicación (CCIODH, 2007, p. 218).

En mayo de 2007, la CNDH elaboró otro informe en el que declaraba que, con base en la evidencia recolectada, en Oaxaca había habido violaciones al derecho de convocatoria y a la libertad personal a través de "detenciones arbitrarias y encarcelamiento ilegal", y que la integridad física y la seguridad de varios individuos había sido violada mediante "actos de tortura" por parte de las autoridades gubernamentales, así como la libertad de expresión y el derecho a la información. La CNDH también acusó a las "autoridades federales" por violaciones al derecho a la vida misma (CNDH, 2007, p. 2).

En junio [2006], la policía estatal usó la fuerza excesiva contra los profesores huelguistas que ocupaban el centro de la ciudad de Oaxaca, ocasionando la finalización de la huelga [...] Para el final del año [2006], las autoridades federales y estatales habían fallado en su labor de investigar efectivamente diversas acusaciones por serias violaciones a los derechos humanos (Amnistía internacional, 2007, p. 2).

La Red Oaxaqueña de Derechos Humanos toma nota de la manera en la quel los derechos de libre expresión son negados, del encarcelamiento de líderes sociales, la censura y los ataques a los medios de comunicación y a periodistas [...] Desde el principio, los oficiales de Estado se mostraron preocupados por estas demostraciones, y fueron intolerantes hacia la represión orquestada por los gobiernos federal y estatal (RODH, 2007, p. 118).

LAS INSTITUCIONES INTELECTUALES Y ACADÉMICAS

Contexto del conflicto

Para entender el impacto que el conflicto social tiene en las instituciones académicas e intelectuales, la delegación concluyó que era necesario determinar el perfil general de los contextos histórico, sociopolítico y socioeconómico de los eventos acontecidos en Oaxaca en 2006.

En los últimos veinte años, México ha experimentado una "democratización" de sus procesos políticos y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que por varias décadas controló virtualmente cada oficina política a nivel federal y local, ha perdido numerosas elecciones, incluyendo las dos elecciones presidenciales pasadas. En contraste, en la última década el PRI ha continuado gobernando en Oaxaca. Intelectuales y representantes de organizaciones de derechos humanos indicaron a la delegación que el conflicto del año 2006 se produjo, en parte, por las continuas prácticas de corrupción, amiguismo político y corporativismo en el PRI en Oaxaca. La delegación concluyó que durante el conflicto del año 2006, el clima político que se vivió en Oaxaca fue uno de intolerancia, intimidación y supresión de la protesta social por parte del gobierno.

Por más de veinte años, el sindicato de profesores del estado de Oaxaca ha sostenido un plantón durante los meses de mayo y junio en el zócalo de la ciudad de Oaxaca como parte de sus acciones destinadas a alcanzar mejoras en sus condiciones laborales y remuneraciones. Por más de veinte años el plantón fue tolerado por los distintos gobiernos estatales mientras duraba la negociación con el sindicato. A las 4:30 horas del 14 de junio de 2006, el gobernador Ulises Ruiz ordenó a la policía estatal que dispersara a los profesores del zócalo, acto reconocido posteriormente como "el desalojo". La inesperada y forzada expulsión de los profesores el 14 de junio no tiene precedentes en la historia y se convirtió en el emblema de las acciones violentas y arbitrarias del gobierno de Oaxaca contra los ciudadanos. Un día después del desalojo, miles de personas protestaron, personas que no habrían apoyado al sindicato de docentes en otras circunstancias.

Dados los fuertes vínculos entre las comunidades indígenas y el movimiento de profesores (ser profesor es una de las pocas profesiones a las cuales se tiene acceso en las comunidades, además de ser campesino agricultor), diversos intelectuales indígenas se involucraron "orgánicamente" desde el inicio mediante la organización de foros en las comunidades de los alrededores con el objetivo de discutir el conflicto y determinar si se sumarían como población indígena a la APPO. El papel de estos intelectuales indígenas fue valioso en los recintos académicos y en las comunidades, donde se llevaron a cabo debates para determinar si se involucrarían en las protestas y, de ser así, cómo lo harían.

El desalojo del plantón anual provocó protestas y repudio general y causó la movilización de sectores ciudadanos de Oaxaca que normalmente no se involucran en los asuntos de los maestros. Como resultado, estas protestas se convirtieron en una oportunidad para expresar el descontento frente a una serie de problemas estructurales y de largo plazo en la sociedad oaxaqueña. Este descontento se profundizó ante la represión del gobierno y de las fuerzas alineadas con éste. La APPO se constituyó como líder de la movilización en pro de los derechos de los maestros, contra la represión del gobierno y, eventualmente, por todas las formas de políticas alternativas. Vale la pena destacar que estas protestas sociales se extendieron a sectores distintos al de los militantes de la APPO y de sus partidarios. La sociedad de Oaxaca se polarizó aún más, no sólo entre grupos de apoyo y en contra de la APPO, sino también entre partidarios del gobierno y del régimen político del PRI en Oaxaca versus los críticos del manejo que el gobierno dio al conflicto, quienes insistieron en defender principios más generales como los derechos humanos, la democracia y la eliminación de las desigualdades sociales.

Frente al teatro Macedonio Alcalá. 30 de octubre de 2006, Oaxaca.

El conflicto, la crisis y el levantamiento social en Oaxaca ocurrieron durante las muy competidas elecciones presidenciales que tuvieron lugar el 2 de julio de 2006. Durante este periodo, el gobernador de Oaxaca dirigió la campaña de Roberto Madrazo, el candidato del PRI. El 2 de julio de 2006 Madrazo perdió y, por primera vez en la historia de Oaxaca, los candidatos del PRI perdieron casi todas las elecciones de diputados federales. Este hecho se contrapone a lo ocurrido en las elecciones del año 2004, cuando Ruiz subió al poder en medio de acusaciones de fraude electoral.

Durante el conflicto del año 2006, el gobierno mantuvo el control exclusivo de las armas de fuego y otros instrumentos de violencia de Estado, incluidos los gases lacrimógenos, el gas pimienta, los cañones de agua con químicos, las armas de medio y alto calibre, los helicópteros y vehículos antimotines, que fueron usados contra mujeres, hombres, niños, ancianos, estudiantes, maestros, observadores, transeúntes o manifestantes. Algunos manifestantes, entre los que se cuentan estudiantes universitarios, recurrieron a la violencia durante el transcurso del conflicto (por ejemplo, lanzando piedras a la policía). Sin embargo, la violencia del Estado y de la policía federal fue evidentemente desproporcionada.

Las cifras recolectadas por grupos internacionales, nacionales y de derechos humanos locales confiables indican que, como resultado de las prácticas represivas del gobierno, policía y grupos parapoliciacos —estos últimos apoyados por el gobierno—, al menos 23 personas fueron asesinadas y más de 300 arrestadas y encarceladas, muchas de las cuales fueron mantenidas prisioneras ilegalmente, torturadas, amenazadas e incluso violadas.

Tres de los hitos más importantes del conflicto en 2006 estuvieron marcados por la violencia: el desalojo del 14 de junio; el asesinato del periodista fotográfico Bradley Will y de otras cuatro personas el 27 de octubre; y la confrontación —especialmente brutal— entre la policía federal y los manifestantes en la ciudad el 25 de noviembre. El asesinato de Bradley Will el 27 de octubre fue relevante porque atrajo la atención y la cobertura de la prensa internacional e impulsó la oposición al gobierno del estado de muchos intelectuales y otros ciudadanos en Oaxaca, quienes hasta entonces habían preferido mantenerse al margen. Bradley Will se había graduado en el Allegheny College de Pensilvania y trabajaba para Indymedia como reportero durante el conflicto en Oaxaca⁷.

Panorama de las universidades en Oaxaca

Sólo algunas universidades e instituciones de educación superior en Oaxaca fueron sitios relevantes durante el conflicto de 2006. Un grupo reducido de profesores participó en diversos foros para promover el diálogo y ayudar a comprender los temas centrales del conflicto. Por otra parte, en la APPO participaron estudiantes y un número menor de docentes de centros académicos, así como en otras formas de protesta durante el periodo en cuestión. Algunos centros educativos, tales como la UPN y la Universidad de la Tierra, fueron cerrados durante el conflicto, mientras que otros lo hicieron parcial o totalmente por periodos. La delegación fue informada de que, en general, los profesores y los estudiantes de universidades privadas y las propias universidades no se involucraron en el conflicto.

La delegación pudo establecer que los intelectuales respondieron al conflicto social en Oaxaca de variadas y algunas veces sobrepuestas maneras. Un pequeño número desempeñó un papel activo en la APPO y en las protestas públicas. Un gran número participó activamente defendiendo principios como la democracia y las libertades académicas y de expresión. La mayor parte trató de mantenerse al margen del conflicto por miedo, apatía o incertidumbre. Otro pequeño grupo de intelectuales apoyó abiertamente al gobierno en sus actividades contra los profesores y la APPO.

En general, la delegación verificó que los intelectuales alineados con la APPO y las protestas sociales fueron los que sufrieron las consecuencias más severas y directas por sus creencias y actividades (varias personas entrevistadas señalaron que el número de académicos involucrados alcanzó 5%, aunque no se hizo y es difícil hacer un conteo riguroso). A continuación se presentan a algunos de estos intelectuales. Los que ubicamos en la segunda categoría, que son los que lucharon por los derechos básicos y las libertades "entre bastidores" (entregando información, realizando análisis del conflicto y generando debates públicos acerca del mismo), también corrieron riesgo por sus acciones. Esta situación es de extrema gravedad porque refleja el intento del gobierno y de las fuerzas alineadas con él por reducir a la sociedad civil y restringir el papel sociopolítico crítico de los intelectuales en el conflicto. La delegación determinó que fueron mínimas las consecuencias que tuvieron los intelectuales que permanecieron al margen del conflicto o que apoyaron el gobierno.

La delegación identificó una diversidad de opiniones, posiciones, preocupaciones y miedos respecto al conflicto en los investigadores, maestros, trabajadores culturales e intelectuales entrevistados en junio de 2007. La respuesta inicial de muchos —al parecer la mayoría de los entrevistados— fue de crítica al sindicato de los maestros en distintos grados. Parece que la mayoría de los intelectuales decidió permanecer neutral o no involucrarse en el conflicto. Una minoría de profesores universitarios participó desde el principio en reuniones y debates, así como en la protección de individuos que se escondían, o escribiendo artículos para la prensa local y nacional.

La respuesta de los académicos fue compleja, aunque no uniforme ni consistente. Incluso, algunos de los académicos entrevistados criticaron duramente al sindicato de los maestros y a la APPO. Sin embargo, hubo numerosos casos de violaciones a los derechos humanos en los que la policía fue completamente apoyada por el gobierno, y la polarización de la población en general se agravó tanto por las acciones del gobierno como por las de los manifestantes.

Para la mayoría de las personas entrevistadas por la delegación, la defensa de la autonomía universitaria y de otras instituciones de educación superior fue de vital importancia. Quienes criticaron a los manifestantes nos dijeron que, aunque reconocían la inviolabilidad de las universidades bajo el concepto de autonomía, habían querido que el rector de la UABJO hubiera permitido la entrada de la policía al campus. Los críticos del gobierno nos dijeron que uno de los logros más importantes durante estas protestas sociales fue el hecho de haber mantenido la autonomía universitaria a pesar de la presión del gobierno estatal y de las autoridades federales para que dejaran entrar a la policía a ciertas instalaciones universitarias.

Impacto del conflicto en las instituciones académicas

Las mayores confrontaciones entre los manifestantes y las fuerzas policiacas locales y federales tuvieron lugar en las instalaciones principales de la UABJO, incluso en noviembre de 2006. Los estudiantes tomaron Radio Universidad (de la UABJO) a comienzos del conflicto y usaron la estación para transmitir mensajes e información durante varios meses.

El rector de la UABJO, Francisco Martínez Neri, aseguró a la delegación que durante el conflicto buscó defender la autonomía universitaria y el derecho de los estudiantes y profesores a expresarse libremente, así como a reunirse. Sin embargo, el 22 de julio, el 27 de octubre y el 25 de noviembre, personas desconocidas y supuestamente alineadas con el gobierno dispararon con armas de fuego hacia los edificios de la UABJO mientras había manifestantes en dichas instalaciones.

El 14 de junio de 2006, con el deseo expreso de "democratizar los medios de comunicación", los estudiantes locales tomaron la estación de radio de la UABJO, Radio Universidad. Durante el conflicto, Radio Universidad fue directamente asociada con la UABJO por su nombre, localización en el campus y por los estudiantes y profesores que llevaron a cabo las transmisiones.

Los estudiantes y otros manifestantes controlaron dicha estación de radio más o menos sin interrupción hasta el 25 de noviembre. Radio Universidad se convirtió y se estableció como una importante fuente de información de la oposición. Carlos Plascencia, quien llegó a ser el director de la radio después del conflicto, le dijo a la delegación que ésta fue también conocida como "La radio de la verdad" y que era una plataforma para "ser oído, oír a otros y decir lo que no podía decirse en otros medios". Los manifestantes también usaron la radio para dar a conocer sus agendas y opiniones políticas. El 14 de julio y el 8 de agosto personas no identificadas usaron ácido para destruir temporalmente las consolas de transmisión de Radio Universidad.

Cuando la delegación le preguntó al rector acerca de quiénes habían perpetrado estos ataques, respondió: "¿Quién se beneficia de éstos? No es difícil de ver." El rector Martínez le dijo a la delegación que su intención era defender a todas las personas afiliadas a la UABJO que deseaban participar, incluso a aquellos que usaban Radio Universidad para apoyar la oposición al gobernador y a la policía. Enfatizó, asimismo, su firme convencimiento de que la radio "debía dar un espacio a la sociedad" y que los estudiantes "contribuyeron y aprendieron muchísimo" con la toma de la radio y en otros sitios durante el movimiento de protesta. Nos dijo que, durante el conflicto, la única vez en que tuvo desacuerdos fuertes con los estudiantes fue cuando pidió que evacuaran Radio Universidad, pues la amenaza de asalto físico a la estación de radio por parte de la policía federal era inminente. Le dio gusto haberlos convencido de que dejaran la estación.

Hubo también confrontaciones entre manifestantes estudiantes y la policía en el Instituto Tecnológico de Oaxaca (ITO). Catorce profesores del ITO redactaron un comunicado de prensa en el que declararon estar en contra de la represión policial y de la injusticia social en Oaxaca. El 25 de noviembre de 2006 la policía federal arrestó a varios estudiantes de este instituto.

De acuerdo con el doctor Salomón Nahmad, director del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social-Pacífico Sur, la situación política de represión gubernamental en Oaxaca alcanzó tal grado de intensidad durante el conflicto, y las amenazas de los individuos de Radio Ciudadanía de quemar viviendas fueron tan amenazantes, que él y los otros científicos sociales decidieron tener reuniones fuera de la ciudad. A pesar del deseo del doctor Nahmad y de otros académicos de Oaxaca de reunirse en la ciudad misma, por razones de seguridad fue necesario que un foro de ciencia social sobre el conflicto en Oaxaca tuviera lugar en la ciudad de México.

La alternativa Universidad de la Tierra (Unitierra) depende de las matrículas pagadas por estudiantes extranjeros, especialmente aquellos pertenecientes al International Honors Program de Estados Unidos, para subvencionar la educación de estudiantes indígenas provenientes de todo el estado. Atendiendo las advertencias del U.S. State Department respecto a estudiar en Oaxaca, la inscripción de estudiantes extranjeros se vio considerablemente reducida y el ingreso en Unitierra disminuyó 60%, de tal forma que algunos programas para estudiantes indígenas tuvieron que ser cancelados o drásticamente restringidos. De acuerdo con dos profesores entrevistados, la mayoría de los estudiantes de la universidad que provenían de Oaxaca participaron en las actividades de protesta contra el gobierno y el gobernador en el año 2006.

Las comunicaciones por Internet fueron importantes durante el conflicto. De acuerdo con el doctor Gustavo Esteva, un sitio en el cual los estudiantes de la Unitierra tuvieron ocasión de participar —"Oaxaca Libre"— llegó a ser una fuente de información confiable. Los estudiantes le informaron que el sitio de Internet había sido atacado electrónicamente al menos siete veces. Un mayor y más sofisticado ataque ocurrió el 25 de noviembre, cuando fuentes externas cambiaron códigos básicos del sitio de Internet.

Impacto del conflicto en los intelectuales

Una minoría de intelectuales y estudiantes fueron importantes voceros de las protestas anti-gobierno de 2006 en Oaxaca. Ellos pudieron documentar y analizar una situación que algunos prefirieron mantener local y escondida; en cambio, ellos la hicieron pública y dieron a conocer sus puntos de vista y experiencias a una gran audiencia nacional e internacional, dándole legitimidad y peso a las protestas. Proporcionaron una fuente clave de información y examen crítico del nacimiento de movimientos sociales y organizaciones y de los cambios en la sociedad de Oaxaca. Documentaron la importancia del conflicto y del desarrollo de estructuras como la APPO, que dependían más del consenso y de la cooperación que de las estructuras jerárquicas de liderazgo. Estos intelectuales y estudiantes también participaron en una gran variedad de grupos y foros, incluyendo iniciativas de diálogo y paz a través de las cuales otros entes, como los comerciantes locales, la Iglesia, pueblos indígenas, organizaciones femeninas y docentes buscaban también la resolución pacífica del conflicto.

De acuerdo con la doctora Margarita Dalton, durante el conflicto circularon "listas negras" con nombres de académicos involucrados en las protestas sociales; se amenazaba a sus personas, sus hogares y sus familiares. De acuerdo con Yésica Sánchez, de la Liga Mexicana para la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH), los grupos parapoliciacos pro-gobierno secuestraron a estudiantes universitarios que participaron en las protestas sociales y los amenazaron con expulsarlos de la universidad.

La delegación cree que personas partidarias del gobierno —con frecuencia anónimas— hostigaron, intimidaron y amenazaron a ciertos profesores independientes, estudiantes y otros individuos afiliados a universidades y otras instituciones de educación superior. Es más, aunque la mayoría de los académicos y estudiantes afectados por el conflicto no fueron específicamente hostigados, aquellos intelectuales y estudiantes que quisieron defender las libertades académicas y de expresión sí lo fueron, como parte de grupos más grandes de manifestantes.

El rector de la UABJO, Francisco Martínez Neri

La delegación resalta el importante papel desempeñado durante el conflicto por el rector de la UABJO, Francisco Martínez Neri. En la mayoría de los casos los entrevistados hablaron respetuosamente de las palabras y acciones del rector en sus intentos por preservar la autonomía de la universidad. El rector le dijo a la delegación que una de sus preocupaciones durante el conflicto fue asegurar que "defendiéramos la participación de cualquier profesor y estudiante" en las protestas sociales. También indicó que después de que los estudiantes tomaron Radio Universidad, recibió ataques personales, tales como anuncios en Radio Ciudadana que decían que había personas que se dirigían a quemar su casa.

En nuestra entrevista, el rector proporcionó detalles pormenorizados de lo sucedido en la universidad el 2 de noviembre: después de oír en la radio que la policía trataba de entrar a la universidad, el rector llamó al presidente de la República, al secretario de Gobernación y a la PFP, que había llegado a Oaxaca unos días antes. Exigió además que "ellos se fueran de la universidad". Al llegar a las instalaciones: "vi un grupo de policías estatales tratando de forzar una puerta para entrar a la universidad".

Los helicópteros de la Policía Federal Preventiva lanzaron bombas lacrimógenas dentro de la universidad. El rector describió la escena como un espacio de guerra. Nuevamente llamó a Gobernación; le aseguraron que la policía del gobierno no estaba autorizada para entrar en la universidad. El rector respondió: "Hay gente tratando de entrar" y que, de hecho, la policía ya había entrado al área deportiva. "No me queda la menor duda de que ellos entraron", le indicó a la delegación. El rector concluyó que, aunque oficialmente la policía federal y estatal no intentaron entrar, hubo casos aislados en que lo hicieron; sin embargo, fue posible evitar que la policía entrara a las instalaciones principales de la universidad.

A pesar de la presión del gobierno, el rector defendió la autonomía de la universidad y la policía fue incapaz de ocupar el terreno universitario.

Intelectuales amenazados

La delegación habló con intelectuales que creían haber sido amenazados a causa de su participación en las protestas en contra del gobernador y del gobierno. La delegación supo también de otros intelectuales que enfrentaron similares violaciones a su libertad académica y de expresión. En este informe presentamos información de varios de los casos más importantes.

La doctora Bertha Muñoz es médica y profesora de la facultad de Medicina de la UABJO. Se convirtió en frecuente locutora de Radio Universidad. De acuerdo con los testimonios confiables recibidos por la delegación, la doctora Muñoz repetidamente solicitó paz y desaprobó la violencia de algunos participantes en el movimiento y, en general, trató de infundir calma. A pesar de sus solicitudes de paz, la doctora Muñoz fue amenazada de muerte y forzada a esconderse⁸. La doctora Muñoz fue amenazada repetidamente en Radio Ciudadana.

El doctor Víctor Raúl Martínez es profesor e investigador en el Instituto de Investigaciones Sociológicas de la UABJO. En los años previos al conflicto fue conocido en la ciudad por sus actividades con varias organizaciones académicas, cívicas y religiosas. También es reconocido como columnista del periódico Noticias y locutor frecuente en Radio Hit. El doctor Martínez proporcionó uno de los primeros estudios académicos del conflicto y de las protestas en su libro Autoritarismo, movimiento popular y crisis política: Oaxaca 2006 (UABJO, 2007). El doctor Martínez y otros entrevistados en Oaxaca creen que debido a su activa participación en el movimiento social, su familia y ellos mismo fueron amenazados de muerte. Las amenazas telefónicas fueron contra él, su esposa y dos de sus hermanos (también entrevistados por la delegación). Su fotografía fue publicada en uno de los sitios de Internet anónimos con otras 25 fotos, acompañadas de la siguiente nota: "Éstos son los delincuentes que te tienen secuestrado en tu ciudad ¡Deténlos donde los veas o búscalos en su casa!" Cinco de estas personas fueron reportadas asesinadas en julio de 2007. El doctor Martínez fue amenazado repetidamente en Radio Ciudadana.

Ramiro Aragón Pérez es biólogo con especialización en ornitología; ha trabajado en México y Estados Unidos con varias organizaciones de conservación, como el Grupo Mesofilo, ONG dedicada al manejo sostenible de los recursos naturales en las comunidades indígenas. Aragón Pérez no es un político activista ni miembro de la APPO o de la Sección 22. Sin embargo, a la una de la mañana del 10 de agosto de 2006, la policía lo detuvo junto con otras dos personas al encontrarles un panfleto izquierdista y un documento que identificaba que uno de sus acompañantes era profesor. Los tres fueron golpeados y pisoteados durante más de 30 minutos, y Aragón sufrió quemaduras de cigarro. Él, su esposa y sus hijos pequeños fueron amenazados. Aragón fue llevado a la cárcel al sur de la ciudad de Oaxaca y posteriormente acusado por posesión de un mosquete de 1924 y de balas que no pertenecían a dicha arma, acusaciones que fueron vehemente negadas por él. Fue retenido en la cárcel durante tres meses y liberado debido a una negociación política con el secretario de Gobernación. Sin embargo, Aragón todavía tiene investigaciones pendientes contra él y abandonó México por miedo a su seguridad y ante la posibilidad de volver a ser encarcelado.

Entre los otros profesores, administradores y estudiantes perseguidos por estar involucrados con los manifestantes sociales destacamos a Aline Castellanos, una abogada afiliada a la UABJO, quien fue acusada de planear la toma de Canal 9; y las doctoras Concepción Núñez (socióloga) y Margarita Dalton (historiadora), quienes fueron atacadas en Radio Ciudadana por apoyar a los manifestantes. Durante 2006 y posteriormente, la doctora Dalton ha hablado con regularidad en la radio, criticando la represión del gobierno. La delegación encontró evidencia persuasiva, apoyada en entrevistas, de que los intelectuales que tienen presencia pública promoviendo discusiones y diálogo corren mayor riesgo que aquellos que permanecen pasivos sin involucrarse. Así, la doctora Dalton, por ejemplo, se arriesgó cuando coordinó un panel sobre "Políticas de inclusión y respeto por la diversidad en Oaxaca" en el Foro Nacional de agosto, en el que se trataron temas como la violencia estructural y la sistemática discriminación de la población indígena y de personas con diferentes preferencias sexuales.

El papel de varios intelectuales indígenas en el conflicto fue importante por numerosas razones, entre otras, por el hecho de que fueron de los pocos profesores universitarios que a partir de junio de 2006 manifestaron abiertamente su oposición al gobernador y al estado de represión, poniendo así en riesgo su seguridad personal y sus carreras académicas. De acuerdo con el antropólogo zapoteco Salvador Aquino, los intelectuales indígenas experimentaron mayor "inestabilidad" y "estigmatización" que sus contrapartes mestizas en la comunidad académica en general. Al participar en las protestas sociales de 2006, varios intelectuales indígenas en Oaxaca enfrentaron mayores amenazas por parte del gobierno y personas afiliadas al gobierno y fueron, en general, los más vulnerables en la población de las instituciones académicas.

MOVILIZACIÓN, GOBIERNO Y SOCIEDAD

Actores sociales particulares en el conflicto

Durante nuestra visita en junio de 2007 fue imposible entender con claridad al sindicato local de maestros, Sección 22, y tampoco fue nuestra responsabilidad hacerlo. Sin embargo, era obvio que la huelga anual y la toma del zócalo por más de 70 000 profesores y otro personal del sindicato fueron de las preocupaciones más importantes de todas las partes involucradas en el conflicto. El desalojo de los profesores del zócalo el 14 de junio suscitó los eventos subsiguientes en la ciudad y el sindicato desempeñó un importante papel en la APPO y en los meses posteriores al levantamiento social. Fue claro para la delegación que muchos intelectuales y otras personas entrevistadas estaban seriamente preocupadas por la corrupción en el sindicato y que esto contribuyó a la reticencia de algunos a participar en las actividades de protesta. Sin embargo, la brutalidad con la que el gobierno respondió a los profesores y el hecho de que muchas personas en Oaxaca, incluyendo la policía, tienen familia y vecinos que son profesores, contribuyeron a apoyar la exigencia de decenas de miles de personas en Oaxaca —expresada por los profesores y por la APPO— de la renuncia del gobernador. Las quejas reprimidas contra el gobierno en la población de Oaxaca explotaron con el desalojo del 14 de junio de 2006. Después de esta fecha hubo muchos más asuntos en juego, además de los salarios de los profesores y sus condiciones laborales.

Por otro lado, los representantes del gobierno entrevistados por la delegación sostuvieron que la APPO "usaba la pobreza como medio de control" sobre el pueblo, y que está compuesta, en buena medida, por "mercenarios de fuera" de Oaxaca y que no tiene apoyo verdadero o presencia entre la población del estado. Héctor Pablo Ramírez, secretario técnico de Oaxaca y ex presidente del PRI en el estado, y Luz Divina Zárate, secretaria de Comunicación Social de Oaxaca, sostuvieron en una entrevista con la delegación que la APPO importó "lumpem-proletariados de otros países, como Nicaragua", así como personas descontentas de otros estados para destruir el centro histórico de la ciudad. También acusaron al candidato presidencial del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en 2006, Andrés Manuel López Obrador, de suministrar fondos para un movimiento social contra el gobernador y el gobierno de Oaxaca. Estas afirmaciones se contradecían con las demás entrevistas adelantadas por la delegación, incluyendo las efectuadas a quienes apoyaban al gobierno de Oaxaca durante el conflicto.

El papel de las mujeres en las protestas del año 2006 fue enorme y fundamental. Una de las razones para la participación de muchas mujeres como líderes y activistas fue el hecho de que, a pesar de haber pasado una agenda legislativa en Oaxaca en los años 2003 y 2004 que solicitaba la igualdad de género —con temas tan diversos como la inclusión de candidatas femeninas en las elecciones, partos gratuitos y justicia para mujeres indígenas prisioneras—, el gobierno del estado no había hecho nada para cumplir estas promesas. Desde el principio del levantamiento social seguido por los eventos ocurridos el 14 de junio de 2006, las mujeres estuvieron al frente de las marchas, foros y toma de decisiones de todo tipo en el movimiento. El primero de agosto, más de dos mil mujeres tomaron el canal estatal de televisión Canal 9 diciendo: "Estamos cansadas de oír mentiras." El 21 de agosto, en la mitad de la noche, la torre de transmisión fue destruida. En respuesta, las mujeres y otros miembros de la APPO tomaron doce estaciones de radio. También, el mismo día, se conformó la Coordinadora de Mujeres de Oaxaca Primero de Agosto para promover la presencia femenina en las protestas sociales.

El 26 de octubre de 2006, en medio del conflicto, "Radio Ciudadana" apareció por primera vez al aire. Tal como se indicó anteriormente, la emisora fue identificada por la mayoría de los entrevistados como una forma del gobierno para transmitir los nombres y domicilios de los activistas y algunas veces simplemente de residentes extranjeros ("alcancen a los extranjeros con cámaras"), con consignas como "encárguense de ellos" y "sáquenlos de Oaxaca". Al tiempo que el gobernador era elogiado en las emisiones de esta radio como "un macho, un gobernador macho de verdad", los oyentes eran incentivados a destruir "a los desgraciados en las barricadas de una vez por todas". Como se indicó arriba, la delegación entrevistó a varios intelectuales amenazados en Radio Ciudadana. La secretaria de Comunicación Social del estado de Oaxaca, Luz Divina Zárate, afirmó que "el gobierno no sabe cómo se originó esta estación de radio" e indicó que fue una respuesta popular al hecho de que "no había canales de expresión" en medio de la violencia.

Entre aquellos que el gobierno sostenía que eran líderes de la toma del Canal 9 del 1° de agosto estaba un profesor de la UABJO afiliado a la facultad de Leyes. La secretaria de Comunicación Social del estado de Oaxaca, Luz Divina Zárate, le dijo a la delegación que el gobierno se había quedado con archivos de transmisiones de radio de cuando estuvieron controladas por estudiantes y otros manifestantes, considerando que podrían ser utilizadas contra los manifestantes en el futuro.

Además de las declaraciones ya presentadas, recibimos informes de otros ataques a la prensa y a los medios de comunicación, incluyendo comunicados en los que los intelectuales participaban regularmente como columnistas y comentadores. Por ejemplo, el 9 de agosto, asaltantes armados atacaron al periódico Noticias en Oaxaca; y el 22 de agosto, la policía estatal disparó contra fotógrafos de los periódicos Milenio y Reforma.

La situación actual en Oaxaca

La visita de la delegación en junio de 2007 sucedió durante el primer aniversario del desalojo del 14 de junio de 2006. Superficialmente, la ciudad parecía distinta a lo que era en junio de 2006. Había una pequeña "representación de la ocupación" por parte de profesores del sindicato en el zócalo y vimos claras señales físicas del conflicto del año anterior, como agujeros de bala en la facultad de Medicina de la UABJO y graffitis y carteles de protesta en las paredes. En junio de 2007, la presencia policial era menor que el año anterior, había clases en las universidades y no se veían barricadas bloqueando las calles. Sin embargo, el clima político era repetidamente descrito como "polarizado" y "tenso", mostrándonos así el temor de muchos intelectuales con quienes hablamos de la posibilidad de que un nuevo conflicto social se generara rápidamente en Oaxaca. De hecho, en julio de 2007, cientos de policías fuertemente armadas rodearon nuevamente la ciudad, y el 16 de julio de 2007 hubo otra vez una violenta confrontación entre la policía y los manifestantes, en la que más de 40 personas fueron arrestadas y otras tantas heridas.

El 19 de junio de 2007, la Suprema Corte de Justicia anunció la creación de una comisión investigadora para explorar la posible violación de los derechos humanos en Oaxaca. En respuesta, el gobernador Ruiz sostuvo a los medios de comunicación que dicha acción era innecesaria porque el estado ya había implementado varias consideraciones hechas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Los entrevistados, en general, celebraron la decisión de la Suprema Corte.

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES

Durante el conflicto del año 2006 en Oaxaca, instituciones de educación superior, así como investigadores independientes, profesores, trabajadores culturales e intelectuales afiliados a universidades, colegios, ONG e instituciones similares en Oaxaca, desempeñaron un papel de vital importancia al establecer un espacio cívico para la información y el debate, así como para el comentario crítico-social independiente y la protesta. Este espacio fue vital para intelectuales y otros académicos que deseaban participar junto con otros ciudadanos en la expresión de demandas de otros actores sociales, como la población indígena y las mujeres.

Las violaciones a los derechos humanos de intelectuales alineados a la APPO y de otras personas defensoras de las libertades de información y expresión son deplorables y, por lo general, están bien documentadas en otros informes de derechos humanos aquí citados. Esta delegación une su voz a la de otros que han denunciado estos abusos. El principal hallazgo de la delegación fue el hecho de que la represión, las violaciones y, en general, la atmósfera de amenazas se extendieron entre los investigadores, profesores, trabajadores culturales e intelectuales asociados con universidades, colegios, ONG e instituciones similares. Estas violaciones y amenazas son muy perturbadoras como casos específicos y escalofriantes en sus implicaciones para la democracia en México.

La UABJO, en particular, fue el centro del conflicto casi a diario. Desempeñó un papel crítico en el mantenimiento del valor y la autonomía del debate académico, en el compromiso con los problemas sociales, en la participación en asuntos sociales, en la diseminación de información que, de otra forma, no hubiera estado disponible para la sociedad, y como un refugio contra los ataques de la policía y los grupos parapoliciacos ocurridos rutinariamente en la ciudad durante el periodo de conflicto. La administración, profesorado y estudiantes de la UABJO aseguraron que la autonomía y los esfuerzos para buscar una solución pacífica al conflicto fueron evidentes.

La polarización social ocurrida durante los eventos en Oaxaca en el año 2006 fue resultado del conflicto generalizado en la sociedad de Oaxaca y el reflejo de obvias y extremas desigualdades sociales. La protesta social ocurrida durante este periodo no tuvo precedentes en la historia del estado en términos de escala e impacto. En el verano de 2007 el miedo a las consecuencias del conflicto se había extendido en Oaxaca y en el resto de México.

El conflicto y las protestas sociales en Oaxaca del año 2006 son manifestaciones de una época en la que la represión del gobierno ocurrió a la par con lo que uno de los entrevistados por la delegación describió como "una efervescencia de la iniciativa popular". Numerosos intelectuales y otros entrevistados por la delegación hablaron de cambios positivos y expectativas en el estado como resultado del conflicto, incluyendo esfuerzos renovados para solucionar problemas sociales —de tiempo atrás— de acceso a la educación y desarrollo de espacios públicos para el diálogo y el debate. Un artista le dijo a la delegación que para todos en Oaxaca, sin importar su punto de vista político, "habrá un antes y después. Oaxaca nunca será la misma"⁹. Una reflexión de la efervescencia y transformación se encuentra en los recientes talleres artísticos de jóvenes provenientes de universidades y pueblos aledaños, y en la "rebeldía oaxaqueña", como se evidencia en la venta de nueva "música desde las barricadas" en el zócalo en el año 2007.

Dos días de ocupación de la PFP en el Centro Histórico. 30 de octubre de 2006, Oaxaca.

Conocedores de la responsabilidad dada a nosotros por los intelectuales asociados con las instituciones de educación superior en Oaxaca y con quienes conocimos en junio de 2007, y también preocupados por la posibilidad de que otro conflicto social de características similares pueda ocurrir en cualquier momento en Oaxaca, esta delegación recomienda al Consejo Ejecutivo y a la membresía de LASA que este informe sea extensamente distribuido en Oaxaca, México y las Américas. La delegación espera que la circulación de este informe hará evidente:

• que LASA solicite al estado de Oaxaca y las autoridades federales mexicanas el respeto de las leyes mexicanas y de los acuerdos internacionales de proteger el derecho a la vida, al debido proceso y a las libertades de pensamiento, asamblea y expresión;

• que LASA solicite al estado de Oaxaca y a las autoridades federales mexicanas el castigo a los funcionarios públicos que han violado estas leyes y acuerdos;

• que LASA apoye la defensa de la autonomía universitaria en Oaxaca;

• que LASA censure las amenazas, intimidación y castigo por parte del Estado y de las autoridades federales contra académicos que han intentado ejercer su libertad académica y de expresión;

• que LASA vigile la seguridad personal de académicos

Notas

¹ Este informe cuenta con diez apéndices que, por razones de espacio, no se publican en esta revista. Pueden consultarse en la página web: <http://lasa.international.pitt.edu/PDFs/LASA-OaxacaDelegationReport.pdf_>. Estos apéndices son: 1) Lista parcial de individuos entrevistados por la delegación; 2) "Solicitud al Consejo Ejecutivo de lasa,"6 de diciembre de 2006; 3) "Propuesta original del Consejo Ejecutivo de lasa", 8 de febrero de 2007; 4) "Cronología de los hechos en Oaxaca, 2006-2007"; 5) "Universidades e instituciones de educación superior en Oaxaca"; 6) "Comunicado de prensa", 20 de junio de 2007,7) "Lista de personas asesinadas durante el conflicto (hasta fines de octubre de 2006); 8) Sitio web de "Oaxaca en paz"; 9) Bibliografía y cinematografía; 10) Personal de apoyo a la delegación y agradecimientos. [N. del E.]

² Una cronología de los hechos puede consultarse en el apéndice 4, en la página web citada líneas arriba. [N. del E.]

³ <http://www.oas.org/juridico/spanish/firmas/b-32.html>.

⁴ <http://www.unhchr.ch/pdf/report.pdf>.

⁵ <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf>.

⁶ En 2000, el promedio de años de escolaridad era de 6.0 para los hombres y 5.2 para las mujeres. Los promedios nacionales ese año fueron de 7.6 y 7.1 respectivamente; solamente el estado de Chiapas tenía cifras inferiores (INEGI, 2003: "Promedio de escolaridad de la población de 15 años y más por entidad federativa según sexo, 2000"). La esperanza de vida en 2001 era de 72.9 en Oaxaca; y de nuevo, el estado de Chiapas tenía un número inferior, únicamente 72.8. La cifra nacional era de 75.7 (INEGI, 2003: "Esperanza de vida por entidad federativa según sexo, 2001"). En 2001, el promedio de ingreso por hora en Oaxaca era de 9.8 pesos, la cifra más baja en todo el país. A manera de contraste, el estado con el promedio más alto de ingreso por hora era Baja California, con 31 pesos; el promedio nacional era 19.4 (INEGI, 2003: "Ingreso mediano por hora trabajada de la población ocupada por entidad federativa y sexo, 2001").

⁷ Bradley Will estaba grabando una confrontación entre manifestantes y otros sujetos, posteriormente identificados como policías no uniformados, en la comunidad de Santa Lucía, cuando fue asesinado por un hombre que disparaba a los manifestantes. La grabación final de Will es parte de un DVD producido por Mal de Ojo TV: Verdad a mi promesa: impunidad en Oaxaca, 2007.

⁸ Durante nuestra visita a Oaxaca en junio de 2007, la doctora Bertha Muñoz permanecía escondida, de acuerdo con varias fuentes, fuera de México. Se tuvo acceso a una entrevista con ella de principios del año 2007 en YouTube, 28 de junio de 2007: <http://www.youtube.com/watch?v=ncGrEadw81Q&mode=related&search=>.

⁹ La delegación intentó hablar con varios artistas, incluyendo a Francisco Toledo, para conocer sus perspectivas del conflicto y su impacto en los intelectuales no afiliados a universidades (por ejemplo, aquellos mencionados en el mandato como "trabajadores culturales").