Resources available (few) for the protection of migrant women transit by Tamaulipas

Rocío Cárdenas-Rodríguez y Blanca Delia Vázquez Delgado

Universidad Pablo de Olavide Sevilla, España y El Colegio de la Frontera Norte, México.

Artículo recibido el 20 de septiembre de 2013. ]]> Aprobado el 16 de diciembre de 2013.

Resumen

La labor del gobierno mexicano en materia de política migratoria es una estrategia para administrar el flujo de migrantes en tránsito rumbo a Estados Unidos, no para salvaguardar su integridad y derechos, menos aún está diseñada para proteger a las mujeres. En esa medida, el interés de este artículo es hacer evidentes los escasos recursos de protección disponibles para migrantes y la ausencia de perspectiva de género en los recursos de apoyo para mujeres en tránsito por México. A través de entrevistas a autoridades y organismos sociales en la frontera de Tamaulipas y con base en el enfoque del modelo ecológico, se evaluaron los recursos de la política pública mexicana como elementos amortiguadores para los migrantes, frente a riesgos y elementos de vulnerabilidad de la mujer en tránsito.

Palabras clave: Instituciones políticas, tráfico humano, migración, política migratoria.

Abstract

The work of the Mexican government immigration policy is a strategy to manage the flow of migrants in transit heading for the U.S., not to safeguard their integrity and rights, much less is designed to protect women. To that extent, the interest is to make clear the limited resources available for migrant protection and the absence of a gender perspective in support resources for women in transit through Mexico. Through interviews with authorities and social organizations on the border of Tamaulipas, and based on the ecological model approach, were evaluated the resources of Mexican public policy as damping elements for migrants face risks and vulnerability elements woman in transit.

Key words: Political institutions, human trafficking, migration, migration policy.

Gobernar un Estado es elegir ciertos valores y criterios, ciertos objetivos y medios,
ciertas rutas estratégicas de acción, ciertos actores, procedimientos, tiempos e instrumental

Luis F. Aguilar (1992)

En años recientes ha quedado claro que México es un país no sólo de origen, sino también receptor y de tránsito para migrantes (Casillas, 1990 y 2008; Santibáñez, 2008).¹ En esa medida se espera que el Gobierno Federal contemple instancias, estrategias de acción, planes y programas que atiendan las problemáticas derivadas de la movilidad de población dentro, fuera y a través del territorio mexicano. Hasta finales de los años ochenta el gobierno mexicano comprendió los beneficios de establecer una relación cercana con las comunidades migrantes de origen mexicano en Estados Unidos, para lo cual impulsó varias acciones de protección de los nacionales en ese país.² Poco a poco se implementaron también algunas medidas encaminadas a la protección de los mexicanos que pretenden cruzar la frontera internacional³ y de manera muy reciente ciertas acciones del gobierno mexicano se encaminan a atender la migración de extranjeros que ingresan al país de manera indocumentada con el propósito de llegar a Estados Unidos.⁴ Pese a estos avances, aún se observa la ausencia del Estado mexicano frente a una problemática arrastrada por años. Sin embargo, la necesidad de servicios para la migración dio paso también al surgimiento de organizaciones dedicadas al contrabando y al tráfico de personas (Castles y Miller, 2004: 145).

En esa medida, a lo largo del trayecto y rutas empleadas por los migrantes en tránsito —mexicanos y extranjeros— se hicieron visibles los recursos de organizaciones civiles y grupos religiosos para asistir y apoyar a los migrantes. Sin embargo, un elemento común en los diversos ámbitos de apoyo y asistencia a los migrantes es que no se contemplan en sus medidas, de manera específica, recursos que respondan a las diferencias de género entre ellos.

En la política migratoria del Estado mexicano se puede distinguir el énfasis por generar una estrategia de protección a los connacionales residentes en el exterior, particularmente en Estados Unidos y de manera contradictoria, la ausencia de una estrategia clara para la protección de los derechos de los migrantes extranjeros rumbo al norte y en tránsito por México, atendiendo sobre todo a los acuerdos internacionales suscritos por el país en materia de protección de derechos humanos (Ojeda, 2008). Evidentemente, la política pública del gobierno mexicano escasamente está pensada para atender las razones del porqué miles de mexicanos dejan sus lugares de origen para aventurarse en un proyecto migratorio en el lado norte del río Bravo. En realidad, el interés por diseñar una política pública sobre el fenómeno migratorio en sus diversas formas y modalidades es reciente. Sin embargo, una característica central de las acciones, medidas y programas públicos del gobierno ha sido su interés por gestionar o administrar el flujo migratorio acorde con una visión de seguridad nacional, sin contemplar medidas integrales de atención a las causas que dan origen al fenómeno, ya sea como país de origen, de tránsito o país receptor y sin priorizar la seguridad humana de los migrantes.

El gobierno mexicano se ha sumado a acuerdos internacionales de protección al migrante promovidos por organismos internacionales, sin que necesariamente se hayan dado las transformaciones legislativas o el diseño de estrategias, programas y acciones acordes con los compromisos internacionales de protección y defensa de derechos humanos del migrante, independientemente de su estatus legal en el país (Morales, 2010; Ojeda, 2008).

El interés al elaborar este documento es hacer evidentes los recursos de protección y atención disponibles para migrantes y la ausencia de la perspectiva de género en lo que se refiere a los recursos de apoyo para mujeres en tránsito por México. En este trabajo se presentan los resultados de entrevistas en profundidad a las autoridades y organismos sociales de asistencia a migrantes en la frontera tamaulipeca de México. El proyecto de referencia aborda la experiencia migratoria de mujeres mexicanas y extranjeras en tránsito rumbo a Estados Unidos o de regreso por la frontera norte del país. A lo largo del texto se analizan las acciones de las autoridades, sus percepciones sobre la problemática, así como la de actores comunitarios que ofrecen servicios de asistencia humanitaria a las mujeres migrantes; con ello se intenta evaluar las acciones institucionales, sociales y de política pública asociadas al proceso de movilidad y/o tránsito de mujeres migrantes en la frontera del estado de Tamaulipas. El análisis está basado en el enfoque del modelo ecológico que pretende evaluar los recursos de la política pública mexicana como elementos amortiguadores para los migrantes frente a los riesgos y elementos de vulnerabilidad de la mujer en tránsito. Se pretende responder a las siguientes preguntas desde la perspectiva de los agentes locales de atención a migrantes:

• ¿Qué recursos existen y se aplican para la atención de mujeres migrantes?

• ¿Qué factores de protección existen en el ámbito de la política pública que pueden convertirse en amortiguadores en el proceso migratorio de mujeres en tránsito?

Una vez realizada la parte introductoria, este documento se estructura de la siguiente manera: en primera instancia se presentan algunos aspectos sobre la metodología del estudio base de donde deriva este análisis. Posteriormente en el apartado dos se hace una discusión general sobre los recursos de la política pública del Estado mexicano para la atención de los migrantes en tránsito. En el apartado tres se realiza el análisis de las instancias de atención a migrantes en el Estado de Tamaulipas, tanto los recursos oficiales existentes derivados de los tres niveles de gobierno, como los recursos que organismos sociales y religiosos ponen a disposición de los migrantes a su paso por las localidades fronterizas. En el último apartado son analizados los recursos de apoyo a las mujeres migrantes en tránsito desde la perspectiva institucional, de instancias oficiales, sociales y religiosas. Finalmente se presentan algunas conclusiones sobre el análisis.

Metodología de investigación: instrumentos utilizados

El trabajo de investigación está basado en los resultados del proyecto titulado “Mujeres migrantes indocumentadas: historias de transgresión, resistencia, sumisión y reacomodo como estrategias de viaje. Una perspectiva socioeducativa”, financiado por el Plan Propio de Cooperación de la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla, España) en colaboración con El Colegio de la Frontera Norte (COLEF) de México. La investigación se realizó durante 2011 en el estado norteño de Tamaulipas, México, en tres ciudades fronterizas (Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo). Tales ciudades son los puntos finales de un corredor terrestre ampliamente frecuentado por migrantes centroamericanos y mexicanos. El trabajo está centrado en: i) el estudio de las narraciones de cuatro responsables de albergues y Casas para Migrantes y autoridades locales —municipales— que trabajan con el tema; ii) la opinión de la autoridad migratoria mexicana en las tres ciudades señaladas (responsables de estaciones migratorias y delegados locales del Instituto Nacional de Migración) y iii) organismos defensores de derechos humanos. El propósito de este documento es comprender los diversos recursos existentes desde la perspectiva de los servidores públicos y sociedad civil que trabajan por el tema, no sólo para asistir y apoyar a los migrantes, sino para defenderlos de abusos en detrimento de sus derechos humanos fundamentales. Para el análisis se emplean tres dimensiones por evaluar:

1. La contextualización de la instancia o centro de atención al migrante, su misión, definición y estructura de trabajo.

2. Las acciones que se llevan a cabo desde las instituciones, sus funciones, servicios y recursos y los ámbitos propiamente vinculados con la vulnerabilidad de las mujeres migrantes.

]]> 3. La existencia o no de una perspectiva de género en el desarrollo de sus actividades.

Interesa particularmente resaltar los recursos existentes y acciones emprendidas para proteger y/o salvaguardar a las mujeres migrantes nacionales y extranjeras que transitan por Tamaulipas.

Los recursos de la política pública del estado mexicano para la atención de los migrantes en tránsito

Aguilar (1992) menciona que la política pública refiere a una propuesta de acción específica que pretende lograr una situación social deseada. La política pública implica por tanto normas, objetivos y programas de acción del gobierno, apoyado en componentes institucionales y normativos, estructuras de decisión y acción. Es decir, recursos —normativos, humanos, financieros y tecnológicos— combinados y transformados en políticas, en programas públicos, en servicios, en productos para atender los problemas de los ciudadanos y lograr objetivos sociales, políticos y económicos (Rase, 1984; citado por Tamayo, 1997:2). En el tema migratorio se entiende que los recursos de política pública serán los medios o instrumentos utilizados para apoyar, asistir y proteger a los migrantes y sus derechos, tanto su derecho de tránsito por territorio mexicano, como sus derechos humanos.

Sin embargo, como lo hace notar Castillo (2008) para el caso mexicano en la práctica opera una política selectiva de control que presiona el flujo migratorio e impide a los migrantes nacionales y extranjeros acceder a recursos de protección y de asistencia social que son su derecho. En el mismo sentido, el organismo no gubernamental Sin Fronteras opina que

sin la estructura y organización adecuada ninguna política migratoria podrá ser exitosa. La dificultad de la organización y coordinación intragubernamental reside centralmente en reformas vinculadas a los derechos humanos y al desarrollo, así como en la voluntad política y la capacidad de coordinación del gabinete y sus políticas sectoriales, con los diferentes poderes y niveles de gobierno (Sin Fronteras, 2008:13).

Durante los últimos treinta años el gobierno mexicano ha diseñado programas de acción que han correspondido a las diferentes etapas del desarrollo del fenómeno migratorio en México (véase Tabla 1). Sin embargo estos programas han estado desarticulados de las problemáticas particulares de los grupos de población en movimiento, de sus necesidades de protección y asistencia durante el trayecto rumbo a la frontera norte y cruce internacional a Estados Unidos. Un ejemplo claro es el Modelo de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes Migrantes No Acompañados operados por los Sistemas Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en las fronteras norte y sur. Este programa que custodia a niños, niñas y adolescentes migrantes que viajan solos o son abandonados en el trayecto de viaje rumbo a Estados Unidos es operado por el sistema nacional del DIF, la Secretaria de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional de Migración (INM) desde 2008, a través de los organismos Oficiales de Protección a la Infancia (OPIS) que cuentan con Agentes Federales de Migración especializados en atención a menores (Ririki, 2012).

El programa surgió por instancias del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) que urgió a México a tomar medidas de protección a la infancia en un escenario de creciente aumento de niños viajando solos en su intento por llegar al país vecino. Sin embargo, la autoridad migratoria mexicana sólo realiza las tareas de recepción de los menores devueltos en las fronteras nacionales por parte de autoridades migratorias extranjeras y consulados mexicanos y posteriormente los menores son depositados en albergues del sistema DIF para que esta instancia realice las averiguaciones y localice a los padres o tutores para su entrega. El programa no considera, por ejemplo, algunas otras acciones de protección de menores migrantes en su etapa previa al cruce internacional. El caso del programa de menores migrantes muestra efectivamente que pese a su existencia no hay una política migratoria, que como opina Santibáñez (2008) “se adapte a la realidad actual del fenómeno, en la que se integre el carácter emigratorio, inmigratorio, de tránsito y de regreso forzado” (Santibáñez, 2008: 54) de grupos de migrantes particulares, como niños o mujeres, por ejemplo.

Por lo demás, es escaso el trabajo coordinado entre dependencias de los tres niveles de gobierno y hay poca vinculación con los organismos de la sociedad civil que de manera cotidiana y práctica han venido realizando las tareas de asistencia y apoyo para los grupos de población migrante (niños, mujeres y hombres). En este sentido, el mismo autor menciona que

la emergencia reciente del fenómeno migratorio como tema central de la administración federal ha puesto en evidencia que la administración pública no estaba preparada para esta prioridad, de manera que existe una especie de desconcierto entre la distribución y asignación de responsabilidades al interior del gobierno federal y entre los tres órdenes de gobierno (Santibáñez, 2008: 55).

De la misma manera no se han articulado las políticas con otros elementos propios del fenómeno migratorio, como el derecho al desarrollo, el género o los derechos humanos, incluso la conciliación del marco jurídico en materia de migración con el concepto de desarrollo humano.

En México, en los años ochenta hubo un aumento creciente de los migrantes de origen centroamericano que arriban al país en busca de opciones laborales en la frontera sur o intentan llegar a los Estados Unidos; su notoriedad se debió a su volumen y la condición indocumentada o desautorizada de la gran mayoría (Castillo, 2008). Desde entonces a la fecha el enfoque de la política migratoria ha sido el de gestión de los flujos desde ámbitos —entidades— federales de vigilancia y control, como la Secretaría de Gobernación vía el Instituto Nacional de Migración, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Procuraduría General de la República, el Centro de Investigación en Seguridad Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública y recientemente la Secretaría del Trabajo, sin considerar recursos de apoyo y/o asistencia para quienes permanecen temporalmente en determinados puntos de su trayecto rumbo a Estados Unidos (Sin Fronteras, 2008).

En la política migratoria mexicana ha predominado el enfoque de seguridad sobre el de desarrollo y en esa medida, explica Castillo (2008) dependencias y corporaciones del Estado reproducen medidas de control, regulación y gestión del flujo y no de recursos de apoyo, asistencia y defensa de los migrantes y sus derechos. Por otra parte, desde organismos internacionales como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se insiste en que los gobiernos adopten conceptos amplios de seguridad donde el aspecto de desarrollo humano sea parte fundamental de la política pública migratoria.⁵ Sin embargo, como lo comenta Castillo, cada vez adquiere más relevancia en el tema migratorio el concepto de seguridad, sobre todo a partir del 11 de septiembre de 2001

las fronteras, las relaciones transfronterizas y por ende, el tratamiento de los flujos migratorios que ocurren en ellas, se han visto alterados esencialmente [por] perspectivas de seguridad adoptadas por parte de los países involucrados (Castillo, 2008: 59).

un entorno de impunidad, el cual, a la larga, propicia su persistencia (…) casi la totalidad de las corporaciones —federales, estatales y municipales— operan bajo supuestos arreglos de coordinación y cooperación con las autoridades migratorias (federales) en un esquema absolutamente irregular. Es una situación que ha sido ampliamente denunciada por algunas organizaciones de la sociedad civil y por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (Castillo, 2008: 85).

En este contexto, es fácil cuestionarse sobre algunos aspectos. ¿Cómo debería intervenir el gobierno para solucionar las problemáticas derivadas del fenómeno migratorio? ¿Cómo se debe orientar esa intervención? ¿Cuánto tiempo será necesario actuar sobre él? ¿Qué costes acompañarán a las acciones emprendidas? ¿Quién se beneficiará de la intervención y quién resultará perjudicado por ella? ¿Serán o no satisfactorios los resultados de la intervención? Algo que, por otra parte, se vincula con elementos de análisis de la política pública como estrategia que pretende mejorar las condiciones del proceso migratorio.

Tamayo (1997) menciona que el análisis de las políticas públicas implica todo el proceso de la política pública, es decir: i) los aspectos externos a la administración pública, preocupándose por el problema que se trata, sus dimensiones, la gravedad del mismo, el número de personas a las que afecta, etc.; ii) la implicación y comportamiento de los actores sociales críticos con intereses en el proceso de la política; iii) los objetivos y las metas, interesándose por conocer la adecuación entre las previsiones y los logros; iv) los medios e instrumentos utilizados —recursos humanos, financieros, organizativos y tecnológicos— para desarrollar la política (Tamayo, 1997: 3).

Para este trabajo, interesa el último aspecto, es decir los recursos y apoyos existentes desde la política pública migratoria del Estado, pero también de organismos sociales y religiosos que han suplido los déficits de las acciones de éste.

Análisis de las instancias de atención a migrantes en el Estado de Tamaulipas

El fenómeno migratorio en el estado de Tamaulipas y en la frontera mexicana en general, ha sido parte de su conformación histórica, aunque su relativa importancia ha variado en función de aspectos contextuales del fenómeno, tales como las medidas de resguardo de la frontera sur del vecino país y/o el cambio en las rutas migratorias adoptadas por los migrantes, coyotes y traficantes de migrantes. De esa manera, no todos los municipios fronterizos son puntos importantes de paso o cruce de migrantes rumbo a Estados Unidos, aunque como opina Santibáñez (2008) al convertirse en zona de tránsito de migrantes no disponen de la infraestructura mínima que les permita hacer frente al numeroso flujo de personas o a los impactos de los mecanismos de control de las autoridades migratorias en esas fronteras.

Así, desde 1993 cuando se creó el Instituto Nacional de Migración (INM) con el interés de planificar, ejecutar, controlar, supervisar y evaluar los servicios migratorios de extranjeros con y sin autorización de ingreso al país, la instancia oficial de la autoridad migratoria mexicana está presente en las ciudades fronterizas de mayor tamaño, a través de delegaciones locales —como es el caso de las tres ciudades de estudio— y desde ahí se realizan tareas hacia otros puntos fronterizos de menor relevancia en términos del tránsito y tráfico de migrantes.⁶ De la misma manera el INM cuenta con estaciones migratorias que son los centros de alojamiento para los migrantes no autorizados, migrantes de origen centroamericano y coordina también las operaciones de los grupos de protección para migrantes.⁷ En el caso de Tamaulipas sólo existe un grupo, el Grupo Beta, ubicado en la ciudad de Matamoros (véase Mapa 1).

Estos dos tipos de instancias en sus propósitos y acciones muchas veces se contraponen, dado que tienen definiciones y opciones de atención distintas para una misma problemática.

En el proceso de definir y diseñar recursos de apoyo a los migrantes las instancias no sólo difieren en la definición del problema, sus dimensiones, sus causas y efectos y afectaciones, sino también en su visión sobre cómo ha evolucionado el problema. De ahí, como opina Santibáñez, la dificultad de desarrollar acciones y recursos de política migratoria en los ámbitos locales. Por el contrario, la problemática

ha sido abordada, casi de manera exclusiva, desde la perspectiva del gobierno federal y en ausencia de la participación activa de otros órdenes de gobierno [como el municipal o local] que son impactados por dicho fenómeno en mayor medida (Santibáñez, 2008: 55).

En otro sentido, a pesar de que México se ha adherido a varios instrumentos internacionales de respeto y protección de los derechos de los migrantes, sus acciones y recursos han sido mínimos. Como lo hace ver Sin Fronteras (2008) pese a que ha adoptado la mayoría de los tratados internacionales de derechos humanos, el gobierno mexicano no ha logrado avanzar en la articulación del marco normativo nacional con los dictados internacionales

ni en su instrumentación en la cultura y práctica de las dependencias…[que impulsen] una visión multidimensional del fenómeno estrechamente vinculada a los derechos humanos y el desarrollo, la no criminalización de los migrantes y el reconocimiento de sus contribuciones a los países de origen y destino (Sin Fronteras, 2008:10-11).

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) fue creada en 1992 y no fue sino hasta el año 2005 cuando se estableció en la frontera noreste de México una visitaduría, ubicada en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, cuya función es la defensa de los derechos humanos de migrantes y defensores civiles de derechos humanos y trata de personas. Por su parte el Comité de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (CDHET) cuenta con la Quinta Visitaduría en Nuevo Laredo, la Tercera en Reynosa y la Cuarta en Matamoros, aunque éstas no tienen un área específica de atención a quejas y/o casos de migrantes, ni están facultadas para dar recomendaciones a instancias civiles o autoridades federales.

A pesar de la diversidad de instancias, vale la pena detenerse a analizar los distintos recursos de apoyo que ponen a disposición de los migrantes en su trayecto de tránsito por las ciudades fronterizas mexicanas. Para esto, se presentarán algunas de las instituciones visitadas en el trabajo de campo en las tres ciudades del estado de Tamaulipas. Considerando las funciones y servicios prestados por ellas, es posible una aproximación a los recursos disponibles para los migrantes y las mujeres migrantes, a partir de tres tipos de instituciones: las instancias oficiales del gobierno mexicano en sus tres niveles, las instancias sociales creadas por iniciativa de grupos religiosos y las instancias de defensa de los derechos de los migrantes.

Instancias oficiales: estaciones migratorias y Grupo Beta dependiente del INM

Desde su aparición en 1993, el Instituto Nacional de Migración (INM) es la instancia encargada de regular el tránsito de migrantes a México. Su labor ha sido autorizar la migración documentada y contener el flujo migratorio no autorizado, que fundamentalmente busca llegar a la frontera norte de México para cruzar a Estados Unidos. Como se dijo, el INM tiene bajo su responsabilidad el funcionamiento de las estaciones migratorias y la coordinación del Grupo Beta.

Las Estaciones Migratorias están destinadas a migrantes no mexicanos sin autorización de ingreso a su paso hacia Estados Unidos y quienes están esperando la repatriación a sus países de origen. Estas Estaciones Migratorias tienen el propósito de albergar temporalmente a migrantes extranjeros, por ello disponen de cama, infraestructura de aseo y comida para hombres y mujeres en espacios separados. Sin embargo, en años anteriores informes de la CNDH dejaban ver que la infraestructura para el alojamiento de los migrantes extranjeros indocumentados retenidos para su devolución no era adecuada para las personas ahí alojadas:

existe en estos establecimientos una concepción netamente compatible con el sistema carcelario, debido a que operan con celdas, rejas metálicas, aldabas, candados, y cuentan con bases de cemento que se usan como camas, características que corresponden más a un reclusorio que a un alojamiento administrativo. Lo anterior se agrava si se considera que a veces los periodos de aseguramiento se prolongan durante semanas o meses (CNDH, 2005: 01).

Hombres y mujeres alojados en Estaciones Migratorias locales de Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros permanecen retenidos en tanto son llevados a las Estaciones Migratorias tipo C,⁸ lugares de concentración regional, donde deberán esperar la deportación a su país de origen:

Nosotros les llenamos lo que es una ficha nada más para capturarla en nuestro sistema, si va a ser repatriado o la solución que se le va a dar, con los datos básicos. [P: ¿les dan apoyo psicológico?] La verdad no, es por seguridad, se trata de sacarlos de las estancias lo menos posible (...) se les da desayuno, comida, cena, baño, cobija, no pasan ni calor ni frío (...), mejor sí se les da un kit para que puedan estar aquí, al menos todo el tiempo que están aquí están de lo más seguros. Estación Migratoria de Matamoros [entrevista] 2011.

Llama la atención que en ningún momento se declara si los migrantes extranjeros alojados en Estaciones Migratorias reciben apoyo consular de sus países de origen.

La atención principal es hacia los inmigrantes repatriados (...). Tenemos que orientar bien al inmigrante, casi tenemos que asustarle, “sabes no te vayas para allá porque te puede pasar esto o te pueden secuestrar” (...) hay que orientarlo bien de lo que va a hacer (...). Dentro de la orientación que se le da, principalmente es dónde se encuentra, porque ellos creen que están en otra ciudad que no es propia de Matamoros, todos piensan que están en Reynosa. Segundo lugar es si la persona trae dinero, lo más conveniente es que se trasladen a la central para que ellos tomen su autobús para su lugar de origen (...). Si el inmigrante no trae dinero y quiere hacer una llamada telefónica se le proporciona el teléfono para que haga la llamada y pida sus recursos, también de lo que es el Servicio Nacional de Empleo se les orienta sobre los recursos. Se les informa de los riesgos. Grupo Beta de Matamoros [entrevista] 2011.

Pese a la necesidad de mayores acciones de auxilio y protección como se ha dicho, el Grupo Beta sólo está presente en Matamoros y no en otra parte del estado de Tamaulipas, aun cuando Nuevo Laredo ha mantenido —por ciertos periodos— niveles mayores de flujo migratorio y Reynosa ha reportado en los últimos años el mayor índice de eventos de violencia (secuestro o privación de la libertad) contra migrantes en la frontera de esta entidad. Si bien el personal conoce estas condiciones particulares, claramente deja ver que la decisión sobre la creación de otros grupos está fuera de su ámbito de competencia o quizá incluso de autoridades del nivel local.

(…) en Matamoros [el Grupo Beta] se creó porque había una gran cantidad de inmigrantes, era el paso para el inmigrante hacia Estados Unidos, porque digamos que es un embudo que llega la gente desde el sur (…). No, en Nuevo Laredo no existe ningún Grupo Beta, en ninguna parte de Tamaulipas, sólo aquí en Matamoros.[Entrevistadora: según las estadísticas, según el Instituto deportan más por Nuevo Laredo]…Entrevistado: Nuevo Laredo tiene más flujo, sí tiene más flujo. Grupo Beta en Matamoros [entrevista] 2011.

Sin embargo, la falta de recursos para emprender distintas actuaciones ha sido manifestada por los responsables de la Estación Migratoria del INM en Matamoros, el cual argumenta no disponer de medios suficientes para dar atención especializada a mujeres migrantes víctimas de algún delito. Sólo si la victima lo manifiesta abiertamente se da paso a la denuncia frente a la comisión de Derechos Humanos respectiva.

Con las mujeres la verdad no tenemos tiempo. El tiempo es muy poco si el personal falta. Si así a simple vista no tiene golpes, no se queja de nada, dice que está bien, entonces hasta aquí podemos llegar. Si la persona no necesita nada de inmediato no se le da tampoco. Estación Migratoria INM, Matamoros [entrevista] 2011.

El Grupo Beta muestra ser una instancia con mayores recursos, particularmente humanos de auxilio a migrantes. Sus integrantes reciben capacitación y están sensibilizados con la situación de los migrantes, aunque por otro lado manifiestan no disponer de los recursos suficientes para todas las actuaciones que podrían realizar, por lo que deben suspender parte de los servicios.

[Sobre el personal]…es indispensable que tenga conocimientos de primeros auxilios o de medicina general y entre 25 y 35 años. Pueden ser médicos, doctores o algún profesional que haya estado de voluntario en la Cruz Roja o en Protección Civil o que haya realizado cursos relacionados con primeros auxilios. Que sepan nadar, que tengan buena disposición física y ganas de ayudar a los demás. [P: ¿Y se les proporcionan cursos de capacitación después de que hayan estado aquí contratados?] Entrevistado: Sí, sí nos los proporcionan. Este, por ejemplo, oficinas centrales buscan cursos con otras dependencias, por ejemplo, con la Secretaría de Marina, ven el modo para que nos proporcionen cursos de primeros auxilios, de rescate acuático.. Grupo Beta en Matamoros [entrevista] 2011.

En este sentido, la falta de recursos limita emprender mayores acciones de salvamento:

(...) nosotros tenemos que realizar recorridos en los márgenes del río Bravo y de momento los tenemos suspendidos porque ahorita nada más tengo a un compañero y a una compañera, y para eso necesito dos personas que hagan el recorrido. Grupo Beta [entrevista] 2011.

Además de escasez de recursos, es evidente la poca coordinación que existe entre estas instancias pertenecientes al mismo organismo, que realizan tareas vinculadas al mismo grupo de población –migrantes- y que se ubican en la misma localidad. Los entrevistados dejan ver, a través de sus opiniones, la coordinación permanente con la CNDH —por ejemplo— y no así entre Estaciones Migratorias y Grupo Beta. Sin embargo, no hay que olvidar que parte de las tareas fundamentales de la Quinta Visitaduría de la CNDH es precisamente visitar, para su supervisión, las instalaciones de la autoridad migratoria mexicana y cerciorarse de que se están cumpliendo las disposiciones normativas en materia de derechos humanos.

[Sobre la relación de Grupo Beta y Estación Migratoria] No tenemos, la verdad, ninguna relación, porque el Grupo Beta les brinda apoyo, el Grupo Beta no se fija en las nacionalidades ni nada, ellos si encuentran a un sudamericano nunca nos lo ponen a disposición, realmente respetan mucho nuestro trabajo y obviamente nosotros respetamos el suyo, entonces ya hasta que el extranjero se pone voluntariamente a disposición nuestra. Estación Migratoria INM, Matamoros [entrevista] 2011.

El Grupo Beta no trabaja para nada con la Estación Migratoria. Ellos son únicamente salvamento. Si ellos salvan a un migrante que es un salvadoreño en el río, no me lo traen a mí, a diferencia del agente que si detecta a un migrantes salvadoreño me lo trae inmediatamente. Estación Migratoria INM, Matamoros [entrevista] 2011.

En este sentido, es necesario establecer mecanismos de participación y coordinación de instancias, más allá de la gestión de los flujos (Sin Fronteras, 2008:14) no sólo de organismos creados por el propio Estado, tal como la CNDH y la CDHET. Es deseable que las instancias oficiales se abran a la supervisión del sector social y no sólo a visitas autorizadas para la asistencia a los migrantes, de esta forma no solamente se contaría con otros recursos de apoyo a los migrantes, sino que se optimizarían los recursos existentes.⁹

La estación migratoria no está abierta para las ONG que quieran apoyar de alguna manera. (...) Si una ONG viene y me ofrece ayuda yo le diría, ayuda a los repatriados mexicanos. No porque ellos sean mexicanos y los otros sean extranjeros, sino porque a los extranjeros les damos y a los mexicanos no. Estación Migratoria INM, Matamoros [entrevista] 2011.

Si se hace referencia a los recursos existentes para mantener la seguridad, es posible afirmar que el contexto de inseguridad y violencia que se ha padecido en las localidades fronterizas no excluye siquiera a las instancias de apoyo a migrantes. En este sentido, los recursos para la seguridad no sólo de los migrantes, sino del personal que en ellas labora es importante. Sin embargo, hay una diferencia apreciable entre las instituciones públicas y las instituciones sociales-religiosas en este aspecto. La seguridad de sus instalaciones y los recursos destinados a mantener dicha seguridad es mayor en las instancias oficiales. Las Estaciones Migratorias cuentan con recursos humanos de seguridad y establecen protocolos de seguridad en cada una de sus actuaciones; en contraparte, los organismos sociales y religiosos están expuestos a los grupos de enganchadores y traficantes de migrantes vinculados al crimen organizado.¹⁰ De esta manera, las instalaciones son centros cerrados, con vigilancia, guardias de seguridad, agentes federales y protocolos que dificultan el acceso:

(...) tenemos cuatro guardias de seguridad y por quincenas tenemos cuatro agentes federales que están rolando, cambian de turno en la mañana, en la tarde y en la noche, cada 12 horas estamos cambiando de agente (...). Mi actual jefa tiene las puertas abiertas en algunos aspectos, pero tratamos por seguridad de checar todas las cuestiones, qué es lo que quiere la otra institución, qué pretenden realizar, que realizaron todas las medidas administrativas, es por seguridad de los extranjeros y de nosotros (...). Hasta ahorita han sido medidas preventivas y no hemos tenido ningún percance y los federales nos van escoltando el camión en todo momento, uno enfrente y uno atrás. Estación Migratoria en Matamoros [entrevista] 2011.

En líneas generales es posible afirmar que los recursos de apoyo a migrantes puestos a disposición por parte de las instancias oficiales del gobierno mexicano en las ciudades de estudio son limitados y que hay carencia de acciones de coordinación. Pese a la existencia de recursos presupuestales y humanos —aunque no abundantes— quedan claros no sólo sus perspectivas y ámbitos de actuación, sino la lejanía de las visiones de defensa y respeto de los derechos de los migrantes. Sus estrategias y acciones están impregnadas de una visión administrativa y de gestión de los flujos migratorios, deshumanizando a la población en movimiento.

Instancias religiosas y sociales

Las acciones de las instancias religiosas y sociales son de carácter asistencial y voluntariado. Instituciones, como lo hace notar Santibáñez, que llevan a cabo programas in situ de acción directa con los migrantes son de “carácter religioso, con pocos recursos humanos, un alto número de personal voluntario, con poca o nula formación pero con mucha dedicación y entrega al trabajo” (Santibáñez, 2008: 55). En la frontera norte de Tamaulipas existen cuatro Casas para Migrantes, dos de ellas en la ciudad de Reynosa, aparentemente con menor necesidad de infraestructura en comparación con Matamoros y Nuevo Laredo, dado que los flujos migratorios cuantificados son menores para esa ciudad. Sin embargo, Reynosa ha registrado en los últimos años la mayor incidencia de secuestro y privación de libertad de migrantes.

Las Casas del Migrante constituyen una red de albergues para migrantes deportados e indigentes que ofrecen ayuda a personas migrantes en tránsito, deportados o que aún no han intentado cruzar la frontera internacional hacia el norte. Los servicios que prestan son básicamente de apoyo en aspectos como alojamiento, aseo, alimentación, servicios médicos y religiosos e información sobre riesgos y sólo algunas ofrecen ayuda psicológica, contacto con los familiares, orientación para volver a sus hogares y defensa legal frente a alguna denuncia. Todos tienen un carácter principalmente asistencial, aunque unos cuantos ofrecen también información sobre los riesgos del proceso migratorio, pláticas sobre temas de salud y riesgos de enfermedades.¹¹ Son instituciones sociales, de orientación religiosa y con financiamiento privado que se basa en donaciones de la comunidad, aunque algunos de ellos reciben apoyos de dos niveles de gobierno.¹²

Tenemos la experiencia de ver casos de hombres y mujeres deportados que ahora están bastante maltratados (...). Aquí se les provee de ropa, comen, duermen, lo que necesitan (...) se les dan llamadas gratuitas para poder contactar con la familia y decir dónde están... Casa del Migrante en Reynosa [entrevista] 2011.

[Les proporcionamos] …atención, aliento, la fe en Dios, alimentación, asesoría psicológica, medicinas. Dar orientación sobre los peligros del camino, del río Bravo, de los coyotes, que si necesitan un coyote para cruzar que tengan cuidado con quién contactan, de los animales al cruzar el río. En la casa se les orienta para que no salgan, que vayan arreglados, que no contacten con otros migrantes. Se les compran los boletos de autobús para que vuelvan a casa, contacto con familiares, embajadas (...) [P: ¿Cómo consiguen el dinero?] Entrevistado: [realizamos] actividades, viajes, rifas (...) el Gobierno nos ayudó con 300 mil pesos, el DIF con 210 mil, farmacias... Casa del Migrante en Matamoros [entrevista] 2011.

Los migrantes suelen llegar a estas Casas orientados por otros migrantes o por la población local cuando deambulan por las calles; otras veces son abandonados a las puertas del albergue por las redes delictivas, que los dejan en una situación crítica de salud (golpeados, violados, maltratados, mutilados, etc.). “Las personas vienen automáticamente. También he tenido gente que me los vienen a tirar a la puerta de enfrente. Albergue para deportados e indigentes Senda de vida. Reynosa” [entrevista] 2011.

Estas instancias son instituciones con pocos recursos materiales y humanos, pero realizan una enorme labor. Los recursos materiales, sobre todo los relacionados con la infraestructura, son escasos en relación a las necesidades de los usuarios del albergue; incluso en muchas ocasiones superan los lugares disponibles o su capacidad de ayuda. Por otro lado, su trabajo se desarrolla básicamente a través del voluntariado comunitario, pero esos recursos humanos son insuficientes para el número de personas que atienden y los servicios que prestan. Pese a su voluntariado comprometido, existen bajo nivel profesional y escasa capacitación y quizá ello explique el que su apoyo sea básicamente asistencial:

Tenemos 70 literas de dos camas. Entonces cuando vemos que hay demasiada gente lo que hacemos es entregar colchones, colchonetas y los ponemos en el área del medio y si no cambiamos esta área y la usamos. Albergue para deportados e indigentes Senda de vida. Reynosa [entrevista] 2011.

Aquí en Matamoros tenemos empleados y voluntarios. En Reynosa tenemos sacerdotes, patronato y los voluntarios, unos 160. Casa del Migrante en Matamoros [entrevista] 2011.

Derechos Humanos viene con frecuencia, nos llamamos y están asesorando a los muchachos, están asesorando los diferentes casos, sobre todo cuando los migrantes quieren regresar a su lugar de origen. Derechos Humanos hace todo: levanta el acta, hace el trámite con Migración y los deportan a su patria. Casa del Migrante en Reynosa [entrevista] 2011.

Sin embargo, a pesar del trabajo conjunto con la CNDH hay una crítica implícita a la naturaleza de su actuación, en el sentido de que se trata de un organismo público derivado del gobierno federal, quien a través de la CNDH realiza tareas menores en comparación con las tareas de asistencia y apoyo que las Casas de Migrantes llevan a cabo:

lo que hace el Gobierno es impresión de trípticos. (…). Digo trípticos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde dice: en México tú tienes derechos y la Comisión Nacional te ayuda para hacerlos valer. Centro de Derechos Humanos del Migrante “Beato Juan Bautista Scalabrini”. Nuevo Laredo (actualmente cerrado) [entrevista] 2011.

Frente a la importancia de los recursos que este tipo de instancia ofrece a los migrantes, hay un elemento que dificulta enormemente su tarea: el elevado riesgo que corren. A diferencia de las instancias oficiales, que cuentan con recursos para su seguridad y adecuada infraestructura, las Casas para Migrantes y sus voluntarios están expuestos a numerosas amenazas. En los últimos años Tamaulipas y particularmente sus ciudades fronterizas, han sido testigos del aumento creciente de la presencia de grupos delictivos en actividades de tráfico de migrantes, servicios de coyotaje y control de los puntos de cruce sobre el Río Bravo y la línea internacional. Es tal el nivel de exposición de estas instancias que a través de las entrevistas fue posible constatar incluso la presencia de redes delictivas dentro de las Casas de Migrantes sin que sus responsables puedan controlar la situación. Durante el desarrollo del proyecto se pudo notar la presencia de personas infiltradas que se hacen pasar por migrantes y se dedican a obtener información sobre las actividades que se desarrollan dentro de las instalaciones, las personas que ahí trabajan, los migrantes que llegan, etc. Su tarea es captar migrantes para las redes y posteriormente extorsionarlos a ellos y a sus familias para, en el peor de los casos, asesinarlos. Esta situación deriva además en un aumento del riesgo para los migrantes que acuden a esas instancias buscando seguridad y refugio y a su vez provoca una gran inseguridad para las personas que trabajan en ellas:

Me comentan los mismos señores que unos de los que están aquí son los que coordinan a esa gente que tenían en cautiverio (…) los que se encargan de reclutar esa gente. Casa del Migrante en Reynosa [entrevista] 2011.

Tenemos grupos de muchachos que andan chequeando, pues porque aquí se mezclan polleros, que dicen que son migrantes y aquí andan. Entonces ellos pueden andar, que diré, hay momento que sí se llevan a personas pero ya nosotros nos enteramos y por qué te fuiste y por qué regresaste y por qué aquella persona y nos vamos enterando de las personas. Albergue para deportados e indigentes Senda de vida. Reynosa [entrevista] 2011.

]]> (…) hubo casos de infiltración pero de gente que venía para enganchar a los migrantes y después llevarlos con los polleros o con los coyotes y es sabido que si yo soy enganchador a mí me van a dar cien dólares por cada migrante. (…). Algunos que llegaron como migrantes a Nuevo Laredo y que incluso pasaron por la Casa del Migrante (…) y que después, por la necesidad económica que tengan o porque en sus países hayan incurrido en algún tipo de acción ilegal, entonces ahora algunos de ellos se dedican al enganchamiento de migrantes. He visto dos migrantes hondureños, que si acaso tienen 17 años y ahora trabajan como vigías de los Zetas, porque de estar en condición de vulnerabilidad, ahora se han convertido en agresores de migrantes, siguen haciendo su trabajo con los Zetas”. Centro de Derechos Humanos del Migrante Beato Juan Bautista Scalabrini. Nuevo Laredo (actualmente cerrado) [entrevista] 2011.

Para evitar las infiltraciones, los responsables de las casas y albergues para migrantes emplean medidas que se corresponden con el grado de estructuración y organización de sus grupos y con los apoyos con que cuentan. En algunos casos, cuando se detecta a una persona migrante con comportamiento extraño, simplemente es invitada a abandonar el albergue o la casa.

Hubo un tiempo que se les dejaba entrar con celulares pero entraban enganchadores, contactaban cuatro o cinco migrantes y desde dentro de la Casa hacían las llamadas con los polleros para decir dónde se veían, dónde los entregaban y demás. Ahora los celulares se recogen antes de entrar al albergue. Y las llamadas telefónicas, también por condición de seguridad en el albergue, hemos decidido que si es una llamada un poco sospechosa, entonces el voluntario tiene que escuchar la llamada. Sí se puede seguir dando el caso de infiltrados, puede ser que el migrante haya sido encontrado en las vías y le hayan dicho: mira sabes qué, después te vas a la Casa del Migrantes y tú nos informas como está el movimiento…

(…) “Pero sí, el tema de la infiltración yo creo que se ha dado en todos los albergues. En México no creo que haya un albergue que esté exento de esta situación de infiltración. Casa del Migrante Nazareth en Nuevo Laredo [entrevista] 2011.

Esta mujer… estaba [con] la pareja. Se me hacía raro porque la mujer que llega con su esposo, siempre el esposo cuida de la esposa y si la esposa está relacionándose mucho con los hombres le llama… ¿Y por qué ella tan líder, continuamente contactando con gente, si ni es encargada ni es nada de voluntaria. Es más, le quitamos la injerencia de que fuera a ayudar a los comedores y cocinas porque la vimos de una manera especial, no es de las personas sencillas; preferíamos que no nos ayude (…). Tiene una conducta un poco especial, mucho contacto y hablando con los hombres. Lógicamente la invitamos a salir. Casa del Migrante en Reynosa [entrevista] 2011.

Esta situación provoca un alto grado de inseguridad para los responsables y voluntarios de las casas o albergues para migrantes, así como los propios migrantes. Además de los pocos recursos y la importancia de las tareas de asistencia y apoyo para migrantes que realizan, se encuentran ante una gran desprotección y continuamente expuestos a riesgos. En las entrevistas se pone de manifiesto la vulnerabilidad de todos los agentes implicados en esta realidad. En este punto es necesario resaltar la falta de investigaciones sobre la vulnerabilidad no sólo de los defensores, sino de quienes realizan tareas básicas de asistencia —como la preparación de alimentos— en las Casas del Migrante. Por lo general los intereses de investigación están centrados en los migrantes y no en quienes les auxilian.

Nosotros mismos empezamos a notar que ya estábamos enfrentándonos a una situación muy difícil, a secuestros o llamadas por teléfono, por la labor que estamos defendiendo…luego empezamos a tener visitas, recibimos carros ahí en frente pues…teníamos que no meternos más con esa gente. Amenazas por teléfono, personalmente. Albergue para deportados e indigentes Senda de vida. Reynosa [entrevista] 2011.

El problema de Reynosa es que no tienen personal voluntario y entonces [emplean a] los migrantes para atender a la puerta, de hecho tuvieron el caso que fue precisamente cuando estaba un migrante atendiendo la puerta que entraron los Zetas para extraer migrantes del albergue. (…) Reynosa está completamente desprotegido porque es una estructura abierta. Centro de Derechos Humanos del Migrante “Beato Juan Bautista Scalabrini”. Nuevo Laredo (actualmente cerrado) [entrevista] 2011.

Las autoridades son las que deben velar por la dignidad de las personas, cualquier autoridad, puede ser estatal, puede ser municipal, puede ser federal, las instancias que deberían vigilar para la cuestión de seguridad. No en sí las instituciones, sino las personas que trabajan dentro de esas instituciones que se corrompen y ocasionan daño a los migrantes. Casa del Migrante en Matamoros [entrevista] 2011.

El resultado de esta condición de vulnerabilidad de las instancias sociales que trabajan directamente con los migrantes es, por otra parte, la escasez de recursos humanos profesionales que se involucren con las tareas de las casas y albergues. De hecho, una de las Casas visitadas en la frontera de Nuevo Laredo, al día de hoy ha cerrado su censo de defensoría para migrantes no sólo por las amenazas recibidas, sino por falta de personal dispuesto a trabajar en ello.

En Nuevo Laredo no había una persona que quisiera hacerse cargo de la oficina por el riesgo que implica

(…) nadie quiere venir a Nuevo Laredo. (…) Ni siquiera la misma gente del gobierno ha querido venir hasta Nuevo Laredo. Centro de Derechos Humanos del Migrante “Beato Juan Bautista Scalabrini”. Nuevo Laredo (actualmente cerrado) [entrevista] 2011.

(…) al primer mes del primer incidente el abogado iba llegando a su casa, ya en la noche y los mismos tipos se acercaron, lo llamaron por su nombre y le preguntaron cómo estaba el trabajo; [le dijeron] que sabían el número de migrantes que habían bajado y que no había mucho trabajo para ellos. Entonces eso todavía nos hizo sospechar que alguien estuviera todavía infiltrado dentro de la casa y les estuviera pasando información a ellos. El último incidente fue el robo de las computadoras, el radio comunicador y el intento de privación de libertad cerca de su casa, a una cuadra; ¡ya lo tienen ubicado! fueron las mismas personas, saben dónde vive. (…) Era un portátil y tenía toda la información de los casos documentados, los informes mensuales que se hacen y bueno, obviamente iban por la información, porque no le quitaron ni la cartera. Centro de Derechos Humanos del Migrante “Beato Juan Bautista Scalabrini”. Nuevo Laredo (actualmente cerrado) [entrevista] 2011.

Este último caso es uno de los más representativos que indican los riesgos de trabajar en este contexto violento y la falta de seguridad no sólo para migrantes, sino también para los investigadores interesados en esta temática. Indudablemente, como ya se ha hecho notar, el gobierno mexicano no ha comprendido los beneficios del trabajo de asistencia de los grupos sociales y religiosos a favor de los migrantes, que de no existir le obligarían a realizar mayores tareas de apoyo y asistencia. Por otra parte, la autoridad no se da cuenta que el no protegerlos genera una fuente de recursos para las propias organizaciones delictivas que asisten directamente a las casas y albergues —o sus cercanías— para buscar “clientes” y migrantes que trabajen para ellos. En esencia, se trata de dos visiones sobre un mismo problema y la omisión explícita del Estado mexicano sobre sus responsabilidades para con sus connacionales y migrantes extranjeros amparados por instrumentos internacionales de protección y derechos humanos firmados y ratificados por el gobierno mexicano.

En el contexto presentado anteriormente, cabría esperar cierto protagonismo y presencia de los grupos defensores de migrantes en la región; sin embargo no es así. Las instituciones oficiales de derechos humanos —tanto la instancia federal como la estatal— centran su atención en la denuncia por violación de derechos por parte de autoridades de la administración pública municipal, estatal y federal, según sea el caso y el destinatario de sus servicios debe ser cualquier persona que sufra algún tipo de infracción u omisión de sus derechos por parte de alguna autoridad. No fue sino hasta el año 2005 cuando se estableció en la frontera norte de México una visitaduría enfocada a la defensa de los derechos humanos de migrantes y defensores civiles de derechos humanos; se trata de la Quinta Visitaduría General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que cuenta con oficinas sólo en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, desde donde extiende sus tareas de defensa al resto de las ciudades fronterizas. A través de los trabajos de la Quinta Visitaduría, la CNDH realiza visitas a las Casas de Migrantes y a las Estaciones Migratorias para verificar el estado que guarda su situación, llevar información y dar seguimiento a casos de denuncia, es decir, realiza funciones de asesoramiento, orientación, asistencia social y realiza recomendaciones a las instancias del gobierno federal para la mejora de la protección de los derechos humanos. En tanto, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (CDHET) realiza las tareas de recepción de denuncias, seguimiento de casos y recomendaciones a las autoridades o instancias estatales y municipales de apoyo y asistencia a migrantes en las tres ciudades del presente estudio. Sus tareas en particular son:

(...) emitimos informes y recomendaciones a los presidentes municipales de las diferentes administraciones, se cumplieron esas recomendaciones y se giraron instrucciones a la policía, se implementaron programas que la Comisión recomendó, se hizo la observación al director de Seguridad Ciudadana que se respetaran los derechos de los migrantes, que no por la condición o ves a la persona con una mochila, cansado de tanto caminar, voy por él. Vamos a registrarlo, a revisarlo, vamos a detenerlo. (...) la detención arbitraria, cuando lo detienen ilegalmente ¿su delito cuál es? (...) Migración son los únicos que pueden detenerlo sin que ellos comentan ningún delito y llevarlos inmediatamente a la Estación Migratoria. (...) Si es otra autoridad es cuando se generan expedientes. Cuando es otra autoridad y simplemente por su apariencia les detienen y si no les dan dinero los acusan de algún delito que ellos ni cometieron, son los motivos de nuestros expedientes. Delegación local de la CDHET en Nuevo Laredo [entrevista] 2011.

Esta institución enfatiza la formación y sensibilización de los agentes implicados en el contexto migratorio como eje principal para el respeto de los derechos humanos de los migrantes; es importante comenzar por los agentes de seguridad que deben cuidar y velar el cumplimiento de los derechos de cada persona y en particular trabajar por el cuidado de grupos vulnerables como los migrantes. En este sentido, realizan numerosas recomendaciones para la formación y capacitación de los agentes.

(...) la Comisión le dice: instruye al personal a tu cargo para que no se guíe por la apariencia al hacer detenciones, no los moleste simplemente por tener una mochila, por verse cansados, no los detengas simplemente por eso, tienen derechos. Otra recomendación era implementar un grupo especial para la Casa del Migrante. Otra recomendación es que se giraran oficios a los comandantes, jefes de ciertos grupos de policías para que respetaran los derechos humanos y se hicieran pláticas para su capacitación. Delegación local de la CDHET en Nuevo Laredo [entrevista] 2011.

Sin embargo, dada la figura jurídica con que fueron creadas tanto la comisión nacional (CNDH) como la estatal (CDHET) las recomendaciones de estas instituciones tienen poco eco hacia el interior de las estructuras gubernamentales, dado que sus recomendaciones no son mandatos judiciales. En este sentido, sus tareas se limitan a acciones de coordinación con otras instancias, tales como las Casas, Estaciones Migratorias, Grupo Beta, autoridades municipales, etc., para poder llevar información a los migrantes y desarrollar su actividad de defensoría.

(...) yo canalicé la mayoría (de folletos para inmigrantes) al Grupo Beta para que lo reparta. Ellos son los que tienen más contacto con ellos [los migrantes] por eso yo los canalicé para allá. Delegación Regional de la Comisión de Derechos Humanos de Matamoros [entrevista] 2011.

]]> (...) la gente que llega a la Estación Migratoria solicita a Derechos Humanos que alguien vaya a visitarla o la oficina regional tiene sus visitas por rutina. Hay visitas a las Estaciones Migratorias, a albergues para dar apoyo a los migrantes y a las zonas de alto flujo migratorio como las vías del tren (...). Nosotros ya tenemos autorización para entrar en las Estaciones Migratorias. Quinta Visitaduría General de la Comisión de Derechos Humanos. México Distrito Federal [entrevista] 2011.

Paralelo al trabajo de las instancias defensoras de derechos humanos creadas por el Estado mexicano, existen organizaciones sociales concebidas para la defensa de los derechos humanos de los migrantes desde los mismos ámbitos que dieron origen a las casas para migrantes, aunque el que exista una casa o albergue no significa que exista también un centro de defensoría. Esta última condición está en función no sólo de los recursos económicos, humanos y de infraestructura disponibles, sino también de una concepción de apoyo integral para los migrantes, que vaya más allá de la visión asistencialista. En la frontera norte de México sólo existen dos centros de este tipo, uno en la frontera de Chihuahua y otro en Tamaulipas. Solamente la Casa para Migrantes en Nuevo Laredo contó desde julio de 2008 y hasta junio de 2011 con una oficina de defensoría: el Centro de Derechos Humanos del Migrante “Beato Juan Bautista Scalabrini”. Estas instituciones realizan una gran labor en relación a la denuncia social, integración de expedientes para su presentación jurídica, sensibilización y formación de los migrantes sobre sus derechos, elaboración de informes y estadísticas sobre el volumen de migrantes que reciben apoyo, etc. Lamentablemente en el periodo durante el cual se realizaba esta investigación, el personal del Centro decidió abandonar su labor dados los incidentes y amenazas que los colocaron en situaciones de elevado riesgo. El centro dejó de funcionar en junio de 2011 y a la fecha sólo continúa el servicio de asistencia para migrantes encabezado por el grupo religioso y voluntarios.

Es preciso insistir en que el Estado tiene la responsabilidad de salvaguardar la seguridad y protección de derechos de los migrantes connacionales y atender la problemática de los migrantes extranjeros que no cuentan con autorización de ingreso al territorio mexicano. De la misma manera, el Estado mexicano debería fortalecer la presencia y actuación de las instancias defensoras de derechos humanos de los migrantes, tanto las creadas por el propio Estado como las iniciativas sociales surgidas de la comunidad. En este sentido, cabe decir que evidentemente el gobierno mexicano —en sus tres niveles— ha perdido el control de estos espacios fronterizos de tránsito de migrantes rumbo a los Estados Unidos, en la medida que no puede salvaguardar la integridad de los migrantes y por el contrario son los grupos criminales quienes controlan no sólo el tráfico sino el cruce de la frontera internacional.

Por otra parte, las narraciones analizadas tanto de mujeres migrantes en tránsito como de actores de las comunidades fronterizas, evidencian la desconfianza de los migrantes hacia las instituciones públicas y las autoridades. Esta es una de las razones por la que no denuncian las violaciones sufridas, además de su situación de ingreso no autorizado y el desconocimiento sobre dónde ir y a quién acudir para denunciar lo sucedido. Los migrantes han sufrido extorsiones, detenciones ilegales, agresiones físicas y abusos sexuales por parte de autoridades encargadas de su protección; incluso se apunta la existencia de una colaboración entre algunos agentes policiales y redes delictivas. La influencia de las redes delictivas ha conseguido llegar hasta las autoridades y profesionales encargados de velar por la seguridad de los migrantes, numerosos testimonios así lo señalan, por lo que es difícil que el migrante confíe en alguna autoridad, institución pública o agente social para denunciar tales abusos. En cambio, son las instituciones religiosas las que mayor confianza ofrecen a las personas migrantes.

(...) muchas veces quien vulnera los Derechos Humanos son las autoridades municipales, (...) la mayoría de quejas son por las autoridades municipales. Quinta Visitaduría General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos [entrevista] 2011.

[existe] abuso de los policías a cambio de una cantidad de dinero. Lo identifican como migrante, le piden una cantidad y si no, pues lo amenazan con ponerle un cuchillo para que se diga que ha cometido un delito, le quitan lo que trae. Estos policías se escudan en que el migrante no va a ir ante una autoridad, no va a ir a poner una denuncia ante el Ministerio Público porque lo van a detener, no va a venir a Derechos Humanos… y en el peor de los casos, a veces no lo hacen porque saben que van a ir y que no le pueden dar seguimiento a la denuncia. Delegación Regional de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas en Matamoros [entrevista] 2011.

Las instituciones de Derechos Humanos indican que la mayoría de denuncias están relacionadas con abusos policiales del nivel municipal, porque ese es el ámbito de su competencia. Por su parte, las instituciones religiosas y organismos sociales detallan las amenazas por parte de redes criminales, lo que evidentemente muestra que las personas migrantes sufren violación de sus derechos por doble vía: autoridades y grupos delictivos.

(...) El caso de un muchacho guatemalteco que fue abusado sexualmente por policías federales. La Comisión Nacional tomó el caso, pero como el muchacho no quiso poner la denuncia no se le pudo dar seguimiento. (...) Lo acompañé a la Cruz Roja para que le hiciera un chequeo médico y el muchacho no duró porque parece que el médico también intentó propasarse y le dije: bueno, pues pongamos una queja contra el médico. Y él dice que ya no quiere saber nada “donde quiera que he querido hablar para que me ayuden ha sido todo lo contrario”. Centro de Derechos Humanos del Migrante “Beato Juan Bautista Scalabrini”. Nuevo Laredo (actualmente cerrado) [entrevista] 2011.

Para favorecer la denuncia, los profesionales de las Casas de Migrantes señalan dos cuestiones importantes para fomentarla: a) facilitar el proceso de denuncia a través de un representante de la CNDH o CDHET u otra persona que trabaje dentro del albergue o casa; b) educación para difundir la cultura de la denuncia, información a los migrantes sobre sus derechos y a dónde acudir para su protección.

Dado este contexto, cabe preguntarse si estos recursos de apoyo para los migrantes —escasos y limitados— son amortiguadores para las mujeres migrantes en tránsito por la frontera de Tamaulipas, quienes responden a un nuevo escenario del fenómeno migratorio, no sólo en términos de una cada vez mayor presencia en tránsito rumbo a Estados Unidos, sino también de riesgos derivados de su condición de género y mayor grado de vulnerabilidad.

Recursos de apoyo a las mujeres migrantes en tránsito desde la perspectiva institucional de instancias oficiales, sociales y religiosas

Durante mucho tiempo las mujeres migrantes fueron observadas como esposas, compañeras, hermanas, hijas, acompañantes de migrantes varones y por tanto protegidas por ellos. Sin embargo, algunas evidencias han mostrado que las mujeres son sujetos con un proyecto migratorio propio. En este sentido, pensar en los recursos de apoyo, asistencia y defensa sobre las situaciones que viven las mujeres en ese recorrido –su proyecto migratorio- lleva a cuestionar sobre los recursos existentes desde el orden institucional oficial y también social, que ellas puedan utilizar durante su trayecto. Estas mujeres en tránsito son actoras que transgreden normas, resisten al uso extremo del poder, son sometidas, sobreviven y establecen arreglos para continuar su camino en su lucha por llegar a Estados Unidos y requieren la existencia de recursos de apoyo en el contexto macro y meso social frente a circunstancias a las que se exponen, tal como el escenario actual de alta inseguridad y violencia social en México.

El fenómeno migratorio durante los últimos años muestra una mayor presencia de mujeres dentro de los flujos y su creciente participación en relación al grupo de varones, que ha alcanzado niveles de 20 por ciento durante la última década para el caso de las mujeres de origen mexicano. Los datos de la Encuesta sobre Flujos Migratorios a la Frontera Norte (EMIF-Norte) muestra que desde 1999 y hasta 2010, las mujeres mexicanas en movimiento participaron en proporciones que van de diez a 25 por ciento. Por su parte, si bien es difícil estimar el volumen de mujeres migrantes de origen extranjero que cruzan por México rumbo a Estados Unidos, el registro de mujeres extranjeras resguardadas en estaciones migratorias del INM permite establecer un aproximado de 14 por ciento de mujeres participando en el flujo, 13 por ciento si se habla de mujeres mayores de 18 años y 24 por ciento si se hace referencia a menores de edad.

Los resultados de la investigación muestran cómo las autoridades oficiales y responsables de instancias sociales asisten a personas en situación de fragilidad, de máxima vulnerabilidad y en situación de alto riesgo para lo cual escasamente reciben capacitación. En este sentido, algunas autoridades oficiales manifestaron que no hay diferencias en los recursos disponibles para migrantes hombres y migrantes mujeres o por lo menos ellos no notan diferencias. Tanto hombres como mujeres migrantes son recibidos en condiciones de violencia extrema: golpeados, violados sexualmente, víctimas de violencia verbal, psicológica y física o han sido sujetos de secuestro, extorsión o privación de la libertad, etc. Además, para las autoridades no hay —en principio— diferenciación en los mecanismos o procesos que deben seguir para asistirlos, tomando en cuenta que la respuesta o reacción de la víctima está condicionada por los elementos de género. En este sentido cabe preguntar ¿cuál es la perspectiva de las autoridades y actores sociales que atienden, asisten y defienden a los migrantes sobre la realidad del fenómeno migratorio, atendiendo a la condición de género? “(...) ser migrante es ya una vulnerabilidad tanto para mujeres como para hombres”. Asociación para la defensa de migrantes de Veracruz [entrevista] 2011.

El planteamiento de la vulnerabilidad de los migrantes predomina no sólo entre autoridades, sino también en la visión de los grupos sociales de asistencia y defensa de los migrantes.

]]> En el puente hay gente que los maltratan como en la central de autobuses porque saben que llegan allí para coger el autobús o en las calles que saben por dónde van a pasar, no tienen escapatoria… y el que no pone resistencia lo dejan ir pero sin papeles, sin dinero, hasta sin zapatos, sin chamarra, los dejan muy muy muy mal. Casa del Migrante en Reynosa [entrevista] 2011.

(...) hay una tortura física y psicológica muy fuerte, los amenazan con armas, les dicen que van a ir a matar a sus familias, les dicen que no van a volver a vivir, acompañado de torturas físicas, les sacan las uñas, les cortan algún dedo, un pedacito de oreja (...) los tienen en casas que llaman de seguridad, los soltaban y nos los iban a dejar a las puertas de las Casas de Migrantes los mismos secuestradores. (...) todo ese camino es muerte de migrantes, de hombres y mujeres, todo el camino es muerte. Casa del Migrante en Matamoros [entrevista] 2011.

(...) algunos migrantes han sido testigos de [migrantes secuestrados] que no tienen la posibilidad de pagar el rescate, entonces, puede ser que sólo los asesinen y luego los queman en tanques de diesel o puede ser que los mutilen, y luego hacen la quemazón de los cuerpos para borrar todo indicio de que las personas hubieran pasado por ese lugar. (...) el menor riesgo que un migrante puede enfrentar es la privación ilegal de libertad o la detención arbitraria y el riesgo mayor es el asesinato. Centro de Derechos Humanos del Migrante “Beato Juan Bautista Scalabrini”. Nuevo Laredo (actualmente cerrado) [entrevista] 2011.

(...) golpes, violaciones, tortura. (...) en estos momentos tengo a un muchacho que ha sido muy torturado y que ha perdido casi todo, llegó aquí como un vegetal. (...) He tenido gente que me los vienen a tirar a la puerta. Albergue para deportados e indigentes Senda de vida [entrevista] 2011.

Es verdad que el hecho de ser migrante coloca en situación de riesgo tanto a hombres como a mujeres, pero también es cierto que son las mujeres migrantes quienes cargan en gran medida con el estigma social de su sexualidad y su cuerpo como recurso disponible para el otro que detenta poder. El que su cuerpo y sexualidad sean visualizados como mercancía intercambiable hace a la mujer objeto de uso sexual y trata de personas con fines de explotación. Aunque tanto hombres como mujeres migrantes se enfrentan a riesgos, generalmente la mujer se convierte en objeto de cambio, una nueva forma de esclavitud:

(...) alguien va a sus países, van a sus pequeñas comunidades, les ofrecen un buen empleo, dinero, casas, lo mejor para vivir y trabajar. Cuando ya tienen un buen grupo vienen en camiones, en tráiler, en tren, vienen hacinados. Al principio no les cobran dinero pero una vez entrando en territorio mexicano, de acuerdo con los estados [entidades mexicanas] que van pasado;… ya los están manipulando para que llamen a sus familias para que depositen dinero. Pueden ser sus familias que han dejado en su país de origen o pueden ser familiares o amigos que ya tienen en Estados Unidos. (...) Los enganchan en sus lugares de origen, desafortunadamente en relación con algunas autoridades. (...) Luego al venir, ya los entregan a una casa que se llama de seguridad, puede ser cualquier estado de todo México y les exigen cinco mil, seis mil, tres mil, cuatro mil dólares por casa, entonces ellos tienen que pagar, los llevan a otra casa y les vuelven a pedir otro dinero, los llevan a otra casa y más dinero, hasta que llegan algunos de ellos a la frontera. (...) Para poder sacar dinero hay una tortura física, psicológica muy fuerte (...). Casa del Migrante en Matamoros [entrevista] 2011.

Sin embargo, en las entrevistas realizadas, los responsables de las instancias testimonian el tipo de riesgo y vulnerabilidad que las mujeres migrantes sufren y han manifestado directamente cuando han sido atendidas, aunque ello no implica que existan recursos institucionalizados de apoyo para ellas. (Ver Tabla 2)

Sin embargo, la CNDH indica que se han incrementado las denuncias por parte de las mujeres migrantes, aunque señala dos posibles motivos: i) han aumentado los flujos de mujeres migrantes, ii) ha aumentado la cultura de denuncia. Es decir, la mayor denuncia no es resultado de la existencia de mecanismos o recursos diseñados específicamente para mujeres migrantes, sino de hechos contextuales. Si bien la instancia reconoce que la condición de mujer causa discriminación en la falta de acceso a servicios de salud, educación, condiciones laborales y la convierte en víctima de violencia intrafamiliar, violencia por parte de los compañeros de viaje y violencia por parte de las autoridades, se asume que las mujeres no consideran que el abuso verbal y el abuso sexual sean atropellos en toda forma: “están acostumbradas y socializadas en esa violencia”. Además, si la mujer migrante víctima no denuncia ante la instancia oficial o social, no hay procedimiento alguno de defensa y/o seguimiento del caso.

En este sentido, es necesario dotar a las mujeres migrantes de recursos específicos de atención y protección con una perspectiva de género. Un ejemplo sencillo sería acatar la Norma Oficial Mexicana (nom-046-ssa2-2005) que dicta la obligación del Estado y sus instancias de salud de ofrecer a la mujer víctima de delito sexual la pastilla del día siguiente.¹⁴ Sin embargo, los servicios de salud en el país no la cumplen y por otra parte, el que las casas y albergues para migrantes tengan un sustento ideológico religioso dificulta que las mujeres migrantes víctimas de abuso tengan acceso a este recurso del Estado. En este caso, la medida implicaría observar las condiciones particulares del fenómeno migratorio desde la óptica de las mujeres protagonistas. Los riesgos, vulnerabilidad de la mujer y estrategias de acción y política pública deberían tomar en cuenta su especificidad dentro de la estructura sociocultural de referencia en su país y comunidad de origen. Frente a una mayor participación de las mujeres en el flujo migratorio total, se hace necesario insistir en la necesidad de que existan recursos de protección para ellas.

Tal como argumenta Tamayo (1994) la agenda institucional y política pública tiene un sesgo cultural, de tal manera que ciertos temas quedan fuera de ella: “los valores culturales y la cultura política u organizativa hacen de filtro de la percepción de [gobernantes]” (Tamayo 1994:8) lo que hace predominar visiones misóginas sobre la mujer migrante como protagonista. Por otra parte, el mismo autor menciona que “las administraciones públicas tienden a incluir en su agenda problemas que conocen bien, que han tratado en el pasado y sobre los que pueden anticipar el impacto de sus intervenciones. Es más fácil que se incluya en la agenda un problema conocido o parecido a otro ya tratado en el pasado, que un problema desconocido” (ídem). Es decir que en la política pública y en acciones impulsadas desde instancias sociales hay una tradición de creer que los riesgos y vulnerabilidades son similares para migrantes hombres y migrantes mujeres. Los procesos de aprendizaje, en este sentido, son lentos.

Conclusiones y recomendaciones

La política migratoria mexicana es reciente y se caracteriza por su limitada capacidad de acuerdo con el país receptor de mexicanos, Estados Unidos y con países centroamericanos de origen de inmigrantes. En esa medida, de manera particular, la labor del gobierno mexicano en materia de migración de tránsito rumbo a Estados Unidos es una estrategia para administrar el flujo de migrantes, no para proteger y salvaguardar su integridad y derechos, menos aún está diseñada para proteger a las mujeres migrantes en tránsito por México. Al tema migratorio, básicamente lo relacionado con la migración de centroamericanos en tránsito por México y la emigración de nacionales a Estados Unidos, se le ha vinculado más con la estrategia de seguridad nacional —propia y del país vecino— y menos con un problema de desarrollo.

La política pública mexicana no solamente no responde a las características particulares de la problemática migratoria actual y global, sino que además no existen en ella rasgos que consideren a los distintos grupos de población migrante y las diversas formas de vulnerabilidad de que son sujetos. En este sentido, el tema de salvaguardar los derechos de los migrantes en general está ausente de una política migratoria mexicana, a menos que se trate de la defensa discursiva de los derechos de los mexicanos que viven en Estados Unidos. Hay ausencia de medidas, acciones, planes y programas que contemplen las diferencias de género en los flujos migratorios y se trata de una diferencia que va más allá de la división entre migrantes varones y mujeres, porque tiene que ver con las particularidades de la migración femenina en términos de vulnerabilidad y estrategias de viaje empleadas por ellas en su proyecto migratorio. Una limitación importante para comenzar a diseñar recursos de apoyo a mujeres migrantes se refiere a la falta de estadísticas oficiales y no oficiales con perspectiva de género. Es necesario institucionalizar el registro de datos y la generación de indicadores de evaluación con esta visión.

Una cuestión presente en todas las entrevistas realizadas es la certeza sobre la vulnerabilidad de los migrantes y que aunque no existen recursos diferenciados por sexo atendiendo a los roles de género de quien migra, sí afirman que las mujeres migrantes son más vulnerables que los hombres migrantes, dada su exposición a los riesgos durante el trayecto migratorio por su condición de género. De esta forma, las narraciones indican que las mujeres migrantes atendidas suelen ser víctimas de hostigamiento y acoso sexual, privación de la libertad o secuestro, explotación sexual, violaciones, violencia física, y violencia psicológica, lo que sitúa a la mujer y a los menores como los grupos más vulnerables dentro del contexto migratorio mexicano. Por ello se hace necesario establecer recursos, medidas y planes de actuación dirigidos a la mujer migrante desde una perspectiva de género que la proteja de las concepciones sociales y tradicionales de ser mujer y en ese sentido sea visualizada como protagonista que requiere recursos particulares y específicos de protección durante su trayecto migratorio. Sin embargo, las instituciones que tienen la responsabilidad de apoyar a mujeres y hombres migrantes no saben cómo responder a este reto.

Por otra parte, el fenómeno migratorio no es de competencia de un solo nivel de gobierno o de un sector particular de la sociedad. El proceso migratorio debe involucrar de manera estratégica a toda la sociedad, aunque por supuesto es el Estado quien debe realizar acciones de coordinación e impulsar acciones de trabajo conjunto, más allá de lo existente hasta ahora. Si bien hay diferencias claras en la visión y apoyo a los migrantes entre las instituciones religiosas o sociales y las públicas, su trabajo debería ser complementario. Un elemento común entre ambos tipos de instancias es la falta de recursos monetarios y de especialización del personal que trabaja en ellas, por lo que es imprescindible la capacitación y sensibilización del personal en temas de derechos humanos y perspectiva de género.

A su vez, a través de las diversas entrevistas se detectó la necesidad de establecer planes de actuación para la formación y la sensibilización de los agentes implicados en el contexto migratorio, sobre todo en el trabajo de agentes policiales y autoridades en la defensa de los derechos humanos, que si bien son recomendaciones de la CNDH éstas –aún- carecen de mandato judicial y son propuestas que caen en el olvido.

Por otra parte, el proyecto de investigación, referencia para este trabajo, ha evidenciado la desconfianza de las mujeres migrantes hacia las autoridades policiales, resultado de las experiencias e historias orales transmitidas entre migrantes sobre violaciones y abusos por parte de algunos agentes, lo que dificulta la denuncia y deja los nuevos casos relegados al silencio y a la indiferencia judicial y social.

Hoy en día las casas, albergues y centros de defensa de derechos humanos de los migrantes realizan tareas de asistencia y apoyo que le corresponden al Estado. Preocupa, en ese sentido, que en un contexto donde los grupos criminales traficantes de drogas han incursionado en el tránsito, tráfico y cruce de personas migrantes por la frontera internacional, como es el caso de Tamaulipas, los responsables y voluntarios de las instancias religiosas y sociales corran peligro y riesgos por la labor que desarrollan sin protección alguna de autoridades. Los resultados de este estudio evidencian la infiltración de redes delictivas no sólo en casas y albergues, sino dentro de las propias instituciones oficiales y autoridades. En ese sentido, los migrantes sufren violaciones de sus derechos tanto por las redes delictivas como por parte de la autoridad, por lo que es necesario continuar combatiendo la corrupción policial y sus vínculos con los grupos delictivos.

Bibliografía

AGUILAR VILLANUEVA, Luis F., 1992, La hechura de las políticas públicas, Miguel Ángel Porrúa Editores.         [ Links ]

AGUILAR VILLANUEVA, Luis F., 1992, “Estudio introductorio”, en La hechura de las políticas públicas, colección antologías de política pública, Miguel Ángel Porrúa, Editores, México.         [ Links ]

ARAMBURA REYES, Alma y Gabriel Mario SANTOS VILLARREAL, 2007, El flujo migratorio centroamericano hacia México, documento de trabajo. Servicios de Investigación Análisis, Cámara de Diputados, LX Legislatura.         [ Links ]

CASILLAS, Rodolfo, 1991, “Migraciones centroamericanas en México. Semblanza de un proceso social emergente”, en Relaciones. Estudios de Historia y Sociedad, vol. 12, núm. 46.         [ Links ]

CASILLAS, Rodolfo, 2008, “Actores sociales y espacios de participación en la agenda migratoria de México”, en Política migratoria y derechos humanos en México.         [ Links ]

CASTAÑEDA Jorge G., 2001, “Los ejes de la política exterior en México”, en Revista Nexos en Línea, núm. 288, diciembre, recuperado de http://www.nexos.com.mx/?P=leerarticulo&Article=2100297        [ Links ]

CASTILLO FLORES, Edgar Manuel, 2010, La evolución de la política migratoria mexicana: de la limitación a la participación activa, ponencia III Jornadas políticas migratorias, justicia y ciudadanía, Mesa: Historia y Migraciones, Instituto de Filosofía, CSIC, 27-29 de octubre, Madrid.         [ Links ]

CASTILLO, Manuel Ángel, 2000, “Las políticas hacia la migración centroamericana en países de origen, de destino y tránsito”, en Papeles de Población, abril-junio, núm. 24, Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, México.         [ Links ]

CASTLES, Stephen y Mark L. MILLER, 2004, La era de la migración. Movimientos internacionales de población en el mundo moderno, UAZ/SG/INM, Fundación Colosio y Miguel Ángel Porrúa.         [ Links ]

DÍAZ, Gabriela y Gretchen KUHNER, 2007, Experiencias de mujeres migrantes en tránsito y detenidas en México, Seminario Migración y Género, 19-20 de julio, San Salvador, El Salvador.         [ Links ]

INM, 2005, Propuesta de política migratoria integral en la frontera sur de México, Centro de Estudios Migratorios del Instituto Nacional de Migración, Secretaria de Gobernación, recuperado de http://www.inm.gob.mx/static/Centro_de_Estudios/Publicaciones/pdf/Prop_Pol_Mig_Int_Front_Sur.pdf        [ Links ]

MORALES, Julio, 2010, “Violencia y derechos humanos de centroamericanos en México: la paradoja entre ser un país de migrantes y ser un país de tránsito”, en Boletín Americanista, año IX, núm. 60, Barcelona.         [ Links ]

PANTOJA ARREOLA, Pedro, 2010, Los límites y bloques impuestos a la migración centroamericana en tránsito por México, por la violencia social y el crimen organizado, a sus posibilidades de remesas y desarrollo: análisis comparativo, Documento del Fronteras con Justicia A.C./Humanidad sin Fronteras A.C.         [ Links ]

RIRIKI INTERVENCIÓN SOCIAL S.C. ALIANZA POR LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN MÉXICO, 2012, Niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados en México: Reporte para la discusión “Los derechos de los niños en el contexto de migración internacional”, recuperado de http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/discussion2012/SubmissionsDGDMigration/AlianzaMX.pdf        [ Links ]

ROCHIN, Jaime, 2003, “Política migratoria y derechos humanos” en Política migratoria y derechos humanos en México, UNESCO-SER-UNAM-Universidad Iberoamericana.         [ Links ]

SANTIBÁNEZ, Jorge, 2008, “La Frontera México-Estados Unidos: Espacio de integración, separación y gestión”, en Cambiando perspectivas: de la gestión de flujos hacia la construcción de políticas de migración con enfoque de desarrollo, documento de trabajo de Sin Fronteras IAP, Universidad Autónoma de Zacatecas.         [ Links ]

SIN FRONTERAS IAP, 2008, “Agenda de políticas públicas en materia migratoria”, en Cambiando perspectivas: de la gestión de flujos hacia la construcción de políticas de migración con enfoque de desarrollo, documento de trabajo de Sin Fronteras IAP, Universidad Autónoma de Zacatecas.         [ Links ]

TAMAYO SÁEZ, 1997, “El análisis de las políticas públicas” en Rafael BAÑÓN y Ernesto CARRILLO (comp.), La nueva Administración Pública; Alianza Universidad, Madrid, España.         [ Links ]

VILCHES HINOJOSA, Miguel, 2009, “La criminalización de la inmigración en México”, en Liliana MEZA y Mirian CUÉLLAR (comp.), La vulnerabilidad de los grupos migrantes en México; Universidad Iberoamericana.         [ Links ]

Entrevistas^*

Albergue para deportados e indigentes Senda de vida de Reynosa 2011.

Asociación para la defensa de migrantes de Veracruz [entrevista], 2011.

Casa del Migrante en Matamoros 2011.

Casa del Migrante en Reynosa 2011.

Casa del Migrante Nazareth en Nuevo Laredo 2011.

Centro de Derechos Humanos del Migrante “Beato Juan Bautista Scalabrini”. Nuevo Laredo 2011.

Delegación Regional de la Comisión de Derechos Humanos de Matamoros [entrevista] 2011.

Estación Migratoria de Matamoros 2011.

Grupo Beta de Matamoros 2011.

Quinta Visitaduría General de la Comisión de Derechos Humanos. México, Distrito Federal 2011.

Notas

* Todas las entrevistas pertenecen al trabajo de campo del proyecto “Mujeres migrantes indocumentadas: historias de transgresión, resistencia, sumisión y reacomodo como estrategias de viaje. Una perspectiva socioeducativa”; Nuevo Laredo/Reynosa/Matamoros, Tamaulipas.

¹  El reconocimiento formal de esta condición para el caso mexicano, como país de origen, tránsito y destino, se dio en una de las últimas modificaciones a la Ley General de Población, derogada con la nueva Ley de Migración (DOF-25/05/2011) en 1996. Para mayores detalles véase Vilches (2009).

² Tales como el Programa Paisano, la Matrícula Consular, la creación del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), etc.

⁴ La nueva Ley de Migratoria fue discutida por largo tiempo, finalmente fue aprobada y publicada en la Gaceta Oficial del Gobierno mexicano el 25 de mayo de 2011, quedando pendiente la expedición de su reglamento, el cual fue publicado finalmente en el DOF el 28 de septiembre de 2012.

⁵ El informe sobre el desarrollo humano “Nuevas Dimensiones de la Seguridad Humana” de la ONU en 1994, sugiere el aspecto humano del desarrollo bajo dos condiciones que garantizan la seguridad humana: una población libre de temor y una población libre de carencias (véase Pérez, 2008).

⁶ El antecedente del INM es la Dirección General de Servicios Migratorios derivada en 1977 de la Dirección General de Población. Luego el 19 de octubre de 1993 fue creado el Instituto Nacional de Migración. Sin embargo, el 18 de mayo de 2005 mediante acuerdo presidencial se reconoció al INM como instancia de seguridad nacional, lo que le imprime un carácter distinto a la visión y perspectiva de las acciones, medidas y estrategias que desde esta instancia se llevan a cabo en el tema migratorio.

⁷ El número de centros de detención se incrementó entre 2002 y 2006 a 52, con la construcción de siete nuevos centros. Actualmente, dos más están en construcción y 11 en etapa de planeación. Los centros de detención están localizados a lo largo del país con una concentración de estaciones pequeñas en el sur de México, tres grandes en el norte y el centro de la Ciudad de México y una cerca de la frontera sur en Tapachula, Chiapas, que el INM inauguró en abril de 2006 con capacidad para albergar a 1 450 migrantes. Véase Díaz y Kuhner (2007).

⁸ Díaz y Kuhner (2007) refieren la existencia de 52 Centros de detención migratoria o Estaciones Migratorias hasta el año 2007. 13 del tipo A, es decir centros de retención provisionales sin la mayoría de los servicios que marcan las Normas para el funcionamiento de las Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales del Instituto Nacional de Migración; 36 estaciones migratorias del tipo B y tres del tipo C o estaciones migratorias grandes para el alojamiento de personas hasta por 90 días en Saltillo, Coahuila, Ciudad de México y en Tapachula, Chiapas.

⁹ Las normas de funcionamiento de las Estaciones Migratorias (DOF:07/octubre/2009) establecen los procedimientos que debe seguir toda asociación social de apoyo a migrantes para poder ingresar a las instalaciones con el propósito de brindar asistencia humanitaria, espiritual o legal a los migrantes alojados. Sin embargo, aun siguiendo el trámite establecido, la decisión final está en manos de la autoridad migratoria, sin que exista un mecanismo que garantice el acceso.

¹⁰ En octubre de 2010 personal que labora en la Casa del Migrante Nazareth de Nuevo Laredo y en el Centro de Derechos Humanos del Migrante Beato Scalabrini solicitó medidas cautelares de protección a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, luego de una serie de amenazas recibidas derivadas de su trabajo de apoyo a migrantes en la ciudad.

¹¹ La casa del migrante Nazareth, por ejemplo, se coordina con otras organizaciones sociales como Con VHI viendo A.C. para ofrecer información y pláticas a los migrantes sobre enfermedades de poblaciones móviles con Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y enfermedades de transmisión sexual.

¹² Convenio de colaboración entre el Gobierno del Estado de Tamaulipas, el gobierno municipal de Matamoros y la Casa del Migrante San Juan Diego y San Francisco de Asís A.C.; con el gobierno municipal de Nuevo Laredo y la Casa del migrante Nazareth A.C. y con el gobierno municipal de Reynosa y el Patronato pro construcción de la casa del migrante de Reynosa A.C.. Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas (POE), Tomo CXXXVII, núm. 40; Victoria, Tamaulipas, martes 03 de abril de 2012.

¹⁴ La píldora del día siguiente o píldora del día después o píldora es un método anticonceptivo de emergencia que debe tomarse dentro de las 72 horas después de un acto sexual de riesgo, tal como una violación (nom-046-SSA2-2005, para referencia). En el año 2010 la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México confirmó la constitucionalidad de la NOM y dictó obligación de los servicios de salud del país, públicos y privados de ofrecer la píldora de emergencia a las mujeres víctimas de abuso sexual.

Información sobre las autoras

María Rocío Cárdenas Rodríguez. Doctora por la Universidad de Sevilla. Profesora de la Universidad Pablo de Olavide desde el año 2003. Directora del proyecto emergente de líneas de investigación innovadoras “Atención a la diversidad cultural desde la perspectiva de género”, Universidad Pablo de Olvide (2011-2015). Entre sus publicaciones destacan: “Valores y actitudes de los/as jóvenes andaluces en contextos pluriculturales”, en Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria, núm. 15 (2008). “La inmigración femenina en España”, en Revista de Humanidades, núm. 15 (2008), Interculturalidad e inmigración: medidas para favorecer la integración. Dirección electrónica: mrcarrod@upo.es

Blanca Delia Vázquez Delgado. Profesora e investigadora de El Colegio de la Frontera Norte, adscrita a la sede de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Cursó estudios de doctorado en la Universidad de Utrecht, Países Bajos. Sus publicaciones recientes: son Rocío Rodríguez Cárdenas, Blanca D. Vázquez Delgado y María del Rocío Rodríguez Casado, 2012, “Rutas de las migraciones femeninas. De México a Estados Unidos”, en Isabel Vázquez Bermúdez (coord.), 2012, Investigación y género. Inseparables en el presente y en el futuro, memorias del IV Congreso Universitario Nacional “Investigación y género”, Sevilla, 21 y 22 de junio de 2012; 2011, “Flujos migratorios a la frontera de Ciudad Acuña, Coahuila”, en el libro Ires y venires. Movimiento migratorio en la Frontera Norte de México, el COLEF/AM Editores/Miguel Ángel Porrúa. (2011) “Elementos para el logro de bienestar. Evidencia de las desigualdades en Piedras Negras”, en el libro Restructuración industrial, maquiladoras y pobreza en Coahuila, El Colegio de la Frontera Norte/Instituto Tecnológico de Piedras Negras. (2011) coordinación de libro Procesos comunicativos en la migración: de la escuela a la feria popular, en conjunto con José Juan Olvera, de la Universidad Regiomontana, editado por el COLEF/UDEM/Tecnológico de Monterrey/Universidad Regiomontana/Editores Miguel Ángel Porrúa. Dirección electrónica: bvazquez@colef.mx