Estado contra Iglesia/Iglesia contra Estado. Los libros de texto gratuito: ¿un caso de autoritarismo gubernamental. 1959-1962?

State versus Church/Church versus State. Free textbooks: a case of governmental authoritarianism, 1959-1962?

Valentina Torres-Septién*

* Departamento de Historia-Universidad Iberoamericana, México.

Artículo recibido: 11/05/2011
Artículo aceptado: 26/09/2011

Resumen

Durante el apogeo del Partido Revolucionario Institucional, justamente en los años de la presidencia de Adolfo López Mateos, surgió desde el gobierno la iniciativa de dotar a todos los niños mexicanos con libros de texto escolar gratuito. La novedosa y necesaria iniciativa se vio sin embargo debatida y combatida por grupos de la derecha mexicana que veían en ésta una decisión autoritaria al no haber tomado en cuenta a grupos sociales de distintas tendencias en su elaboración. El asunto de la gratuidad no fue cuestionado, no así el de su obligatoriedad y unicidad, que fueron considerados vilatorios de los derechos de los padres de familia para elegir el tipo de educación y materiales escolares para sus hijos. Este debate tuvo repercusiones en toda la República mexicana, y llevó incluso a movimientos populares para repudiar el texto de tal intensidad que el gobierno se vio obligado a permitir el uso de otros textos complementarios sin dejar fuera el oficial.

Palabras clave: autoritarismo, libros de texto, derecha mexicana, levantamientos sociales.

Abstract

During the heyday of the institutional Revolutionary Party years, precisely in the years of the Presidency of Adolfo López Mateos, a Government initiative emerged to provide to all Mexican children with free school textbooks. The novelty and necessary initiative was however debated andfought by the Mexican right-wing groups who saw in it an authoritarian decision that fails to take into account social groups of different trends in their elaboration. The issue of its gratuity was not questioned, but not of its obligatory nature and uniqueness, which were considered as a violation of the rights of parents to choose the type of education and school texts for their children. This debate had repercussions throughout the Mexican Republic which led to popular movements to repudiate the texts of such intensity that the Government was forced to allow the use of other complimentary texts, without leaving out the official.

Como en todo nuevo gobierno, buena parte de las presiones que heredó Adolfo López Mateos al tomar posesión de la presidencia de la República en 1958 estuvieron marcadas por los acontecimientos del gobierno previo de Adolfo Ruiz Cortines, aunque también por la emergencia abierta y combativa de grupos beligerantes de todo color político, resultado también de las influencias extranjeras. La desilusión del llamado "milagro mexicano" en la economía nacional llevó a los grupos más críticos del país a ver en ello una Revolución fallida. El gobierno, amenazado por los sectores más intransigentes de la izquierda, aunque también de la derecha, cerraba cada vez más sus filas en torno al modelo institucionalizado y corporativista. En este artículo se analiza un caso paradigmático del autoritarismo¹ de la época que muestra tanto las posturas del Estado como las del grupo conservador (Iglesia, padres de familia, organizaciones católicas, etcétera). La emergencia y publicación del libro de texto gratuito, cuya recepción ocasiono respuestas divergentes y debates encendidos llevados a cabo muy abiertamente sobre todo a través de la prensa nacional, como vocera de los grupos de poder,² en los periódicos de mayor circulación como el Excélsior o el Universal, que se mostraron condescendientes con la Iglesia, y en revistas de posturas beligerantes, intransigentes, como Señal, que será un documento fundamental en esta investigación. Señal,³ 'la revista digna de entrar en su hogar", (1954-1979), fue un semanario católico que llegaba a los hogares cristianos por medio de suscripción, y cuya promoción se hacía en iglesias y colegios confesionales. En esta revista participaban escritores católicos, tanto de la jerarquía como seglares, entre los que destacan el Pbro. Pedro Velázquez H., Carlos Alvear Acevedo, Antonio Díaz Soto y Gama, Ignacio Martín del Campo, S. J., Mons. Joaquín Antonio Peñaloza, Ramón Zorrilla, Luis Rabasa, Horacio Guajardo, Alejandro Avilés, Miguel Ángel Granados Chapa, entre otros, y se reproducían algunos artículos de L'Osservatore Romano o de La Vie Catholique Illustrée. Se recurre también a trabajos señeros que han analizado este asunto como los de Soledad Loaeza, Clases medias y política en México, así como los trabajos de Lorenza Villa Lever sobre los libros de texto gratuito.

En relación con el problema educativo y con la postura del gobierno frente a la decisión de imponer libros de texto gratuitos y obligatorios para todas las escuelas y niños del país, es importante destacar las relaciones que mantenía el Estado con la Iglesia a este respecto, sin perder de vista que éstas a su vez estuvieron permeadas por las condiciones políticas, económicas, culturales y sociales imperantes, así como el crecimiento que para esos años era ya de 34.5 millones de personas, según el censo correspondiente.⁴

Las modificaciones relativamente recientes al artículo 3°. constitucional (1946) habían dejado atrás toda noción que pudiera significar un punto de confrontación tanto con la Iglesia católica como con los sectores empresariales y conservadores del país.

Se trabajó por ligar el desarrollo de la economía a las tareas educativas del Estado, se estructuró un lenguaje que no recordara el del pasado inmediato, pero que a la vez hiciera suyos conceptos como los de "unidad nacional", "unidad para la paz" y "democracia y justicia social".

La respuesta educativa del período a la nueva política social y económica fue la escuela unificada: "una opción europea que facilitaba el acceso a la enseñanza media y superior (general y técnica) al mayor número posible de alumnos".⁵ En esta concepción, que teóricamente englobaba toda posibilidad educativa, pero que a la vez implicaba la fragmentación ideológica, se podía incluir sin ningún problema el desarrollo de la educación privada, que había sido estigmatizada en décadas anteriores. Así, se cubrían las necesidades que generaba el desarrollo industrial, al capacitar a técnicos y obreros calificados para satisfacer las necesidades de la creciente industria.

La educación en el sexenio de Adolfo Ruiz Cortines vivió una etapa difícil y no se desarrolló a un ritmo paralelo al de la economía. El Presidente heredó de su antecesor problemas diversos como la inflación, un gran desprestigio del gobierno debido a la corrupción, y un aparato burocrático difícil de mantener; fue partidario de terminar obras comenzadas en el sexenio anterior y de cambiar el tono de la política, incrementando las obras de beneficio general para la población. José Ángel Ceniceros, su secretario de Educación, se enfrentó al crecimiento demográfico y urbano, lo que implicó una muy alta demanda de escuelas que no pudo cubrirse. La inflación y la pérdida del poder adquisitivo originaron presiones fuertes por parte del sector magisterial, el cual obtuvo que gran parte del presupuesto educativo se desviara a ese renglón. En general estos años fueron pobres en logros educativos, y no contaron con objetivos claros que vincularan los afanes políticos generales con la política educativa. Se descuidaron los aspectos pragmáticos, metodológicos e ideológicos, y sólo se impulsó el aspecto cuantitativo (más escuelas y maestros). Los demagogos siguieron hablando de libertad, democracia y justicia social.

Aunque ya presentes en décadas anteriores, Pablo Latapí, respetado estudioso del fenómeno educativo, considera que, a pesar de todo, en esos años se presentaron tres tendencias, sin duda valiosas en la orientación educativa: la mexicanidad y el arraigo de nuestras tradiciones, la insistencia en la formación moral y cívica, y la contribución de las escuelas a la consolidación de la familia, factores que la favorecieron y que no podían ser objetados por la reacción, léase la Iglesia,⁶ con lo cual las tensiones entre ambos poderes se hallaban en un momento más o menos tranquilo.

Entre 1957 y 1963, la estabilidad de que había disfrutado el sistema político se vio resquebrajada por las deficientes condiciones internas y externas del país. Como señala Soledad Loaeza, a pesar de que la sociedad mexicana seguía siendo débil respecto al Estado, el desarrollo había propiciado la formación de grupos de opinión "que habían acumulado considerable potencial de acción autónoma".⁷ La crisis que esto produjo reveló fracturas y una movilización limitada en tres asuntos principalmente: la libertad sindical, la libertad de enseñanza y la defensa de la autodeterminación frente a Estados Unidos. En un sistema autoritario, como lo era el emanado de un presidencialismo a ultranza, la movilización política fue sin duda un reto importante para el Estado, "en la medida en que a través de ella se integran al juego político actores o grupos cuya participación prolongada puede amenazar su monopolio".⁸

Desde 1957, cuando se destapó como candidato a la presidencia al Lic. Adolfo López Mateos, la jerarquía católica se avocó a evaluar las características de su personalidad y de su postura política. El ex secretario del Trabajo, era también un ex vasconcelista, orador reconocido, y "un conciliador en cuestiones sociales"⁹ que promovió algunas obras de beneficio social muy bienvenidas por la Iglesia como un impulso a las demandas sociales, tales como el desarrollo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la creación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), así como del Instituto Nacional de Protección a la Infancia (INPI) donde su esposa tuvo un papel protagónico.

Como bien señala Roberto Blancarte, López Mateos rompió la indiferencia política frente a las cuestiones religiosas que había permanecido vigente durante casi 20 años, después de la declaración de Ávila Camacho como creyente. En su discurso de toma de protesta como candidato afirmó: "Somos un pueblo que ama sus tradiciones y que jamás ha renegado de sus creencias",¹⁰ aunque, como comenta este investigador, "lo que probablemente no calculó López Mateos fue que, al mismo tiempo que permitió una mayor expresión política de los católicos —lo que quizá era inevitable—, estaba abriendo una compuerta que posteriormente sería imposible cerrar a menos que se quisiera pagar un alto precio".¹¹ El régimen, al recibir el apoyo de la jerarquía católica, abría las puertas para la crítica posterior de la jerarquía en el terreno socio-político.¹²

EL FANTASMA DEL COMUNISMO: UN TEMOR COMPARTIDO

Un asunto exacerbado en estos años fue el relativo a la lucha que nuevamente manifestaba la Iglesia contra las posturas anticlericales del Estado, manifiestas en la Constitución, y que también se vinculaban al problema del comunismo: "lo que básicamente unía a los diversos grupos católicos dentro de la Iglesia (e incluso a organizaciones políticas afines como el Partido Acción Nacional (PAN), la Unión Nacional Sinarquista (UNS) y la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), era antes que nada la creencia en que el comunismo resultaba ser el enemigo número uno de la nación mexicana".¹³ Sin duda desde antes, pero más aún después de la Segunda Guerra Mundial, ante el avance comunista encabezado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), el discurso anticomunista de un grupo importante de la Iglesia católica se centraba en la amenaza que el desarrollo rojo significaba para el mundo occidental. En una visión maniquea que fue resultado de un exaltado macartismo, se afirmaba sin recelo que el mundo se dividía en dos campos de batalla: el del "sovietismo" comunista, y el del "anticomunismo" representado por el capitalismo norteamericano secundado por los católicos.¹⁴ La preocupación y sobre todo el miedo que se gestó en estos años ante los embates de esta ideología, no sólo se limitaron a los círculos eclesiásticos, fueron también asumidos por los sectores católicos pertenecientes a las clases medias y altas del país. Para estos sectores el comunismo era un peligro para la educación de sus hijos, para sus inversiones, en suma, para todos sus privilegios. Al mismo tiempo, existía la idea —que seguía la doctrina tradicional de la Iglesia cristiana— de que el laicismo estaba íntimamente ligado y se encontraba en el origen del materialismo y, en consecuencia, del comunismo en México.

La vinculación Estado-Iglesia estaba a su vez amparada al cobijo de una lucha en contra de un fantasma al que ambos temían: el comunismo internacional. Así mismo, el desarrollo económico del país profundizaba sus contradicciones en cuanto al problema educativo, pues mientras para el área conservadora el asunto radicaba en los contenidos educativos, los valores sociales, la defensa de la tradición, para los liberales el sistema escolar debía responder a las demandas sociales y ser un agente de democratización.¹⁵

La supuesta infiltración comunista que preocupaba a la Iglesia, a la UNPF y a los grupos católicos conservadores, tanto en el ámbito político como en el educativo, se avizoraba como un peligro inminente en las escuelas debido a los maestros comunistas atrincherados en puestos clave de la sep. Afirmaban, por ejemplo lo siguiente: "Nos informan que en la Secretaría de Educación, los comunistas se están apoderando de muchos de los llamados puestos clave para intensificar el comunismo. Estamos documentándonos bien, para entablar la campaña que sea necesaria; pues es indebido que con los dineros del pueblo se sostenga a profesores antipatriotas que más bien tratan de servir a Moscú".¹⁶

El comunismo significaba para estos grupos, más que una doctrina económica, la ausencia de Dios y de principios morales cristianos. Consideraban que destruía la célula fundamental de la sociedad, es decir a la familia, y con ella el principio de autoridad que radicaba en primer lugar en Dios, por delegación de éste en su Iglesia y finalmente en la familia;¹⁷ también afirmaban que promovía el desorden y la anarquía, proposiciones absolutamente contrarias a la religión. Por ello, en las escuelas católicas se realizaron en aquellos años jornadas muy intensas contra el comunismo, en las que se hablaba a los estudiantes de los horrores que vivían los países con estos sistemas; se les atemorizaba insistiendo en que los niños eran arrancados de los brazos de sus padres para entregarlos al Estado, que los fieles practicantes eran hechos prisioneros y en ocasiones sufrían tortura y muerte.

La UNPF constituyó entonces la Confederación Nacional de Padres de Familia, con el fin de organizar una asociación en cada una de las escuelas particulares del Distrito Federal, asociaciones cuyas funciones eran "vigilar y denunciar" cualquier infiltración comunista. También servirían para exigir que las condiciones pedagógicas y morales de las escuelas respondieran a las expectativas de los padres de familia. Sus objetivos sobrepasaban con mucho las expectativas que la Secretaría tenía para estas asociaciones. En las aspiraciones de la UNPF se palpaba un interés activo por la supervivencia de la escuela privada como concepto: un régimen de excepción que pudiera ofrecer una educación con contenidos "especiales" ajenos a la escuela oficial. Después de lograr su reconocimiento oficial en 1940, así como una modesta participación en la modificación constitucional de 1946, luego de habérsele aceptado como órgano unificador de las escuelas particulares y otorgado una amplia tolerancia para el funcionamiento de éstas, la Unión equivocaría su posición en el debate educativo al no encontrar argumentos que la validaran. La pobreza intelectual que mostró la UNPF hizo que el régimen del presidente Ruiz Cortines ignorara a las asociaciones de padres de familia hasta el grado de negarles una participación real. Sin embargo, la organización se mantendría viva, siempre atenta a intervenir en favor de la educación católica.

A pesar de su postura progresista, el obispo de Cuernavaca, Monseñor Sergio Méndez Arceo, presidente de la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura, como sostiene Roberto Blancarte pedía a la ACM (en 1960) que emprendiera una campaña de inscripción a las Sociedades de Padres de Familia o directamente la Unión Nacional de Padres de Familia, "con el objeto de prepararlos a defender la educación de sus hijos, sobre todo en lo que se refiere a los libros de texto". [...] Esta campaña se convertiría en el instrumento más eficaz para la continuación de la lucha eclesial contra el laicismo y el comunismo".²⁰

Los acontecimientos políticos en Cuba, que se suscitaron a raíz del levantamiento de Fidel Castro, tuvo como una de sus consecuencias la supresión del catolicismo en la isla lo que estimuló nuevas formas de acción política de los católicos en otras regiones del continente americano. En México, la democracia cristiana tuvo una fuerte influencia en el joven Partido Acción Nacional, que impulsó al episcopado a aprobar una declaración que subrayaba los peligros del comunismo. La campaña ofrecía apoyo al gobierno para combatir la amenaza roja y por otro lado hacía fuertes críticas a las políticas económicas del gobierno.²¹

EL NUEVO PROYECTO EDUCATIVO Y EL NACIMIENTO DE UN DEBATE

El crecimiento de la población escolar rebasó para entonces la posibilidad oficial de cubrir la demanda. Las Memorias educativas de aquellos años cuestionan la posibilidad de que el Estado pudiera solo con la carga educativa. En declaración de prensa el Secretario de Educación hizo llamados a todos los sectores de la población para colaborar en la tarea educativa.²² También fueron innumerables los artículos de prensa en que se hacía la misma petición, tanto a las autoridades del ramo como a la iniciativa privada. Por ello, era lógico que el Estado impulsara el funcionamiento de las escuelas sostenidas por particulares, las cuales proliferaron en las grandes ciudades. La aceptación de estas instituciones fue consecuencia tanto de la paz relativa entre la Iglesia y el Estado, como de la necesidad fundamental del gobierno de contar con más escuelas.

Sin embargo, la UNPF -organización paraeclesial que se fundó en 1917 con el objeto de obtener la libertad de enseñanza, entendida como libertad para enseñar religión en las escuelas—, mantuvo una postura de constante beligerancia. La UNPF fue desde sus inicios la abanderada por la defensa de los "derechos educativos" de los particulares católicos (laicos y eclesiásticos). A lo largo de los años incluso mantuvo una posición mucho más intransigente que la misma Iglesia.²³ No se conformó con las medidas alcanzadas con la tolerancia del régimen avilacamachista. Decidió que el momento era propicio para llevar a cabo sus propósitos de lograr la tan pretendida libertad de enseñanza. A partir de 1941 levantó un "censo-plebiscito" en el que se exigía la reforma al artículo 3°. Posteriormente envío mensajes al Presidente de la República, así como al secretario de Educación y a las Cámaras, en los que, además de alabar a la SEP por estar resolviendo la cuestión educativa, pedía la reforma del artículo y que se garantizara y consagrara en él la libertad de enseñanza. A través de la prensa nacional invitaba a reuniones escolares, mítines y manifestaciones como medidas de presión. Todas estas acciones fueron de larga duración, y se extendieron hasta 1945, año en que se trabajó en las Cámaras la reforma del artículo tercero, que fue apoyada en mayor medida por buena parte de los partidos, a excepción de algunos políticos de izquierda como Narciso Bassols, Alberto Bremauntz, Aureliano Esquivel y otros. Sin embargo, al contar con la aprobación de Vicente Lombardo Toledano, el artículo fue reformado y, en general, la respuesta fue favorable en la mayoría de los sectores de la sociedad; incluso el Sindicato Nacional de Maestros consideró que "las reformas propuestas por el primer Mandatario no afectaban en nada el espíritu revolucionario de la ley".

No obstante, la UNPF, que esperaba una modificación en sus términos, la rechazó. Insertó en los periódicos de mayor circulación un boletín en el que solicitaba la adhesión de firmas de sus partidarios para que el artículo fuese reformado "en términos que consagraran y garantizasen la libertad de enseñanza". Publicaron en la prensa frases como la que decía: "Los particulares proponen ayudar al Estado para la construcción de escuelas siempre y cuando sea en recintos forjados de caracteres y de espíritus libres abiertos a todas las inquietudes e impregnados de un hondo ideal patriótico.²⁴

A esto se sumó el semanario católico Señal, de amplia difusión por esos años. Sostenía la necesidad de aumentar el número de escuelas, sobre todo en los estados, de incrementar la capacidad técnica y agrícola de campesinos y obreros, así como de apoyar a la Universidad Nacional y al Instituto Politécnico Nacional. Todo esto se haría sólo si se contaba con la cooperación de la iniciativa privada, siempre y cuando se llegara a un acuerdo con otros grupos religiosos y se respetara el derecho de los padres de familia para elegir el tipo de educación de sus hijos.

La UNPF aprovechó estos años de relativa armonía con la SEP y de impulso a la iniciativa privada en el ámbito escolar para hacer oir las demandas por las que había venido luchando por décadas. Fue precisamente en este contexto en el que se dio el debate en torno a los libros de texto gratuito: en los primeros años de la década de los sesenta del siglo pasado. La fuerza que tomó la Iglesia frente a una medida autoritaria del gobierno se equiparó con otra respuesta en términos de igualdad de fuerzas promovida por la Iglesia, aunque finalmente el Estado ejercería su predominio político.

En este renovado marco educativo fue donde nació la idea de editar y distribuir libros de texto para todos los niños de la escuela primaria con el objeto de hacerla más democrática y efectivamente gratuita. La intención del Presidente era que dichos libros se repartieran en todos los planteles del país, incluyendo a los colegios particulares, pues consideraba: "Todos son niños y todos son parte de nuestro pueblo". El mandatario advirtió al Secretario de Educación que "los libros que entregue a los niños nuestro gobierno sean dignos de México y no contengan expresiones que susciten recuerdos, odios, rencores, prejuicios y estériles controversias".²⁶ En estas palabras se preveía ya que los textos podían suscitar discusiones al reconocer versiones distintas del pasado.

El 12 de febrero de 1959 se creó la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG). Con ella, el Estado pretendió fortalecer sus mecanismos de control frente a las instituciones educativas privadas, tanto laicas como religiosas. El decreto señalaba la necesidad de que los textos fueran gratuitos. La Comisión dependería de la misma sep, responsable de sancionar los contenidos de los libros, y de verificar su apego a los programas vigentes. Los libros de texto, según la CONALITEG, estarían fundamentados tanto en el artículo 3° como en la Ley Orgánica de Instrucción Pública de 1942, que proponían la "unidad nacional" y la "unificación educativa" como los valores que debían prevalecer en los libros.

De inmediato estas consideraciones levantaron ámpula en diversos grupos. Los primeros en protestar fueron los profesores, que enviaron una carta abierta al Presidente en la cual mencionaban que "dentro de una sociedad pluralista como es la sociedad mexicana, no puede pretenderse, sin lesionar el criterio democrático, una uniformidad en materia cultural".²⁷ Algunos intelectuales, como Jesús Silva Herzog, Rubén Salazar Mallén, Andrés Henestrosa, Luis Garrido e incluso los conservadores René Capistrán Garza y Francisco Monterde habían manifestado su adhesión a la medida.²⁸

Cuando a principios de 1960, la SEP dio a conocer la lista de los textos que se autorizaban para la enseñanza del 5° y 6° grados —pues del 1° al 4° contarían ya con el texto gratuito—, declaró al respecto: "es obligatorio el uso del libro de texto único y gratuito en todas las escuelas primarias, trátese de particulares u oficiales, de federales o estatales, e incluso de escuelas municipales, excepto para los últimos años de primaria".²⁹

Desde el ámbito de su autoridad el texto gratuito se convirtió en obligatorio, lo cual provocó una discusión de niveles alarmantes en diferentes sectores sociales. Una primera polémica fue la meramente comercial: aquellos que vieron afectados sus intereses económicos y comerciales y que consideraron anticonstitucional tal determinación. El primero en tratar el problema fue el profesor Valentín Zamora Orozco, quien publicó un desplegado dirigido al Presidente de la República en el que manifestaba su desacuerdo, pues al dejar fuera otros textos violaba los derechos de quienes trabajaban en ellos, dejándolos "en el desamparo". Sin embargo, el argumento no se constreñía al aspecto económico, ya que también señalaba que se estaba actuando contra la libertad de enseñanza, pues daba lugar a un monopolio que beneficiaba a personas extrañas a la actividad educativa.³⁰ A este debate se unió la Sociedad Mexicana de Autores de Libros de Texto, afirmando que los textos gratuitos excedían la capacidad de comprensión de los niños pequeños, así como que no se ajustaban a los nuevos programas escolares.³¹

Otro grupo de profesores de las escuelas primarias del Distrito Federal —probablemente de las particulares—, insistieron en su carácter antidemocrático, pues al establecer como único el pensamiento oficial, el Estado se constituía en "dictador científico". Pedagógicamente los consideraron deficientes, ya que no se adecuaban al programa ni a la capacidad de los niños; demandaban libertad de métodos y cátedra; y pedían que se permitiera el uso "libre y abundante" de otros textos escolares.³² Fueron muchos los editoriales, artículos y notas que desde entonces aparecieron en la prensa atacándolos o defendiéndolos.

La revista Señal publicó innumerables artículos semanales en los que se prevenía a los feligreses de los peligros del comunismo. La Iglesia por su parte también estuvo presente en la campaña anticomunista a través de pastorales que se sucedían una a otra. Toda esta movilización anticomunista tuvo un efecto favorable en la respuesta de ciertos sectores a las demandas de la UNPF. Al respecto Loaeza comenta que "la religión seguía siendo uno de los elementos clave de identidad nacional".³³ Sin embargo la sep, en su postura autoritaria, no cedería ante las presiones, e incluso llegó a recordar a las escuelas privadas que debían sujetar sus enseñanzas a lo dispuesto por el Estado.³⁴

A la aparición del libro de texto único, y a la amenaza del comunismo se sumó un rumor sobre la posible nacionalización de las escuelas particulares. Esta suposición estaba fundamentada en atentados sufridos por establecimientos particulares en algunas ciudades del interior y en otras medidas tomadas por la Secretaría de Educación, como la suspensión temporal que dictó para nuevas incorporaciones de primarias, secundarias y normales, y a la poca atención que daba a las solicitudes de reconocimiento de validez de los estudios de las nuevas preparatorias. La preocupación por el rumor de la nacionalización provocó la reunión de los comités estatales y municipales de la UNPF en todo el país. Esta movilización dio como resultado que, para mayo de 1962, 18 uniones estatales estuvieran listas para contender contra el Estado.

Otro asunto que vendría a atizar el fuego sería el conflicto de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP); en dicha ciudad, albergue de una sociedad muy tradicionalista, en ocasiones "cerrada", el fantasma del comunismo se manifestaba como un problema de grandes dimensiones. El problema se gestó en torno a la disposición legal de la Universidad que prohibía a miembros de órdenes y organizaciones religiosas ejercer como funcionarios o maestros. Durante el conflicto, las escuelas particulares participaron de una manera tangencial al apoyar el movimiento y ser parte de los grupos aliados a la Iglesia que eran contrarios a los "comunistas" de la Universidad Autónoma de Puebla.

El miedo que despertó la Revolución cubana en ciertos sectores del país provocó que el 24 de abril de 1961 el Frente Universitario Anticomunista, creado en 1955 en Puebla, organizara una manifestación contra Fidel Castro. Este acto estuvo apoyado por los colegios particulares confesionales como el Benavente, el Oriente y el Carlos Pereyra, instituciones de renombre pertenecientes a lasallistas y jesuitas. La manifestación motivó el enojo de quienes apoyaban al movimiento revolucionario y estallaron enfrentamientos violentos. La UAP fue calificada de comunista por quienes decían defender los valores tradicionales del país. El grupo contrario a la UAP se integró con algunos empresarios, grupos de padres de familia, organizaciones católicas y la Iglesia.

Si bien este conflicto tuvo momentos muy difíciles tanto para la ciudad como para el gobierno y la Iglesia poblanos, después de enfrentamientos, mítines y cierres de escuelas y comercios, se llegó a una negociación entre la Iglesia y las autoridades federales. Sin embargo, los acontecimientos violentos que se vivieron en esos meses fortalecieron las alianzas entre los grupos de derecha, los cuales se manifestaría días más tarde y con toda su fuerza en Monterrey en contra del libro de texto único.

La batalla que se libraría contra el texto único (y obligatorio) tendría trascendencia nacional. La UNPF se lanzó a la carga y, desde un principio, alimentó la polémica en los diarios más importantes del país. El 25 de febrero de 1960 envió una carta abierta al Presidente López Mateos en la que admitía el derecho de la SEP a editar y regalar libros de texto, pero se oponía al hecho de que no utilizarlos en las escuelas privadas fuera motivo de que esa misma dependencia coaccionara a maestros y escuelas bajo amenaza de aplicación de sanciones penales y administrativas. Éstas ya habían sido anunciadas días antes y consistían, en el caso de los profesores, en el castigo con prisión desde tres meses a doce años, y en la suspensión temporal o destitución definitiva del empleo. Las escuelas particulares serían multadas y clausuradas en caso de que se utilizaron otros textos. ³⁶ El decreto de creación de los libros de texto gratuito no hacía explicita su obligatoriedad, ni su unicidad. Estos conceptos se van a ir clarificando poco a poco a lo largo del debate que se da en torno a ellos. Una primera postura autoritaria del gobierno se da en febrero de 1960, cuando la SEP señala que el texto es único y gratuito "en todas las escuelas primarias, trátese de particulares u oficiales, de federales o estatales e incluso de escuelas municipales, excepto para los dos últimos años de primaria".³⁷

El 25 de febrero de 1960, la UNPF respondió con una carta abierta al Presidente en la que impugnaba que se sancionara a las escuelas que no lo utilizaran.³⁸ Al distribuirse el libro para el primer grado, la UNPF, el Partido Acción Nacional, el Movimiento Familiar Cristiano y la jerarquía católica, así como algunas escuelas particulares declararon su inutilidad y entregaron a los padres de familia las listas de libros adicionales que necesitaban comprar.³⁹ Todos ellos se movilizaron en una estrecha relación, tanto en la posición ideológica que defendían, como en la participación conjunta en actividades.

La UNPF no condenaba al libro de texto por su calidad de gratuito, pues consideraba que era justa su existencia para los alumnos que no pudieran comprar otro. Lo que impugnaban era su calidad de obligatorio y único; contra estas dos disposiciones luchó denodadamente. Su acción no se limitó a la prensa escrita, sino que se extendió a una oposición abierta, militante, que envolvió a sectores importantes en varias ciudades. Condenó también su método, pues criticaba que fuera único y condensara hasta siete asignaturas, así como que fuera uniforme, sin tomar en cuenta las diferencias regionales. Señalaba su temor de que las mentes de los niños "quedaran en la práctica a merced de los vaivenes políticos e ideológicos de los secretarios de Educación en turno". Presentó los textos como una expresión autoritaria y aun totalitarista del Estado.⁴⁰

En un desplegado enviado al Presidente y al secretario de Educación Pública la UNPF se pronuncia contra "los graves atentados que en algunas dependencias de la Secretaría de Educación Pública están cometiendo al imponer arbitrariamente el libro de texto único bajo muy severas amenazas de índole administrativa y penal con el carácter obligatorio y exclusivo en la totalidad de las escuelas primarias oficiales y particulares del país".⁴¹

El 5 de septiembre de 1960, la UNPF protestó contra la "imposición de una verdad oficial" que atentaba contra la "libertad de cátedra".⁴² En su Boletín, acusaba al Estado de llevar a cabo una campaña para hacer creer a los padres de familia que debían apoyarlo en la tarea de educar a la niñez, pero que únicamente acudía a ellos cuando su ayuda le era imprescindible.⁴³

La Sociedad Mexicana de Autores de Libros Escolares solicitó a la Barra Mexicana de Abogados que externara su posición al respecto; ésta se manifestó en el sentido de que la imposición de textos era "un acto anticonstitucional, ilegal y contradictorio con las prácticas culturales vigentes en México".⁴⁴

En el Seminario Internacional de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el ministro de la Suprema Corte, Mariano Azuela, declaró que en México "se vive en un régimen precario de libertad de enseñanza" y que "no se puede establecer una escuela primaria sino con autorización oficial que se otorga al capricho de la autoridad y debe sujetarse a los programas oficiales de gobierno, el que se reserva su derecho de clausurarla sin que el juicio de amparo sirva como remedio para impedirlo". Azuela consideraba esas disposiciones como "contrarias a la voluntad del pueblo mexicano por injustas".⁴⁵

El 31 de enero de 1962, la Sección Permanente del Libro de Texto del Consejo Nacional Técnico de Educación (CONATE) publicó un acuerdo en el que ratificaba el carácter obligatorio de los libros de texto gratuito, mismo que provocó una gran protesta en la capital del estado de Nuevo León, la cual fue dirigida por la recientemente creada Comisión Organizadora de la Unión Neoleonesa de Padres de Familia (UNLPF) y encabezada por el ingeniero Elliot Camarena. La Comisión convocó a los padres de familia a que asistieran a una gran manifestación que partiría de la Alameda Mariano Escobedo hacia el Palacio de Gobierno, donde se realizaría una asamblea pública. Es de notar la alarma que ya corría por la supuesta infiltración comunista:

Lo que nos alarma justamente a los padres de familia es que se nos imponga un texto único y un método único [...] Imponernos ahora un solo texto único y una metodología desconocida en el medio nuestro, y probablemente en la mayoría de los países occidentales, es algo que terminantemente no podemos aceptar porque sería el primer gancho, el primer lazo que se nos tendiera. Si lo aceptáramos ¿qué podrá impedir que de un año para otro ese texto único y obligatorio traiga ideas tendenciosas que vayan llevando a nuestros hijos hacia la doctrina comunista? Y ¿quién podrá asegurarlo, señor Gobernador, viendo algunas de las gentes que lo rodean a usted, y otras que están enquistadas en la Secretaría de Educación desde hace años? [...] ¿Cree usted que nos sentimos tranquilos cuando a partir de septiembre próximo los maestros tendrán como libro de guía de texto escrito en Cuba, y por una cubana, y todavía más, en 1960 cuando iniciaban la revolución escolar los comunistas de Fidel Castro? Desde luego no lo he leído y no puedo jurarlo pero ¿Qué nos puede mandar de bueno el actual régimen de Cuba? ⁴⁷

Esta manifestación estuvo secundada por miembros del MFC, el pan, la banca, la industria y el comercio, cuyos dirigentes permitieron a sus trabajadores y empleados asistir al mitin. Unas trescientas mil personas, según los datos más optimistas,⁴⁸ salieron a la calle al grito de: "¡México, sí! ¡Comunismo, no! ¡Exigimos la libertad de enseñanza! ¡La religión y patria son sagradas, no las manchen! El Estado quiere imponernos métodos de educación desconocidos sin darnos la oportunidad de opinar ni escoger. ¡No aceptamos!"⁴⁹ Ahí, frente a palacio, se leyeron varios emotivos discursos con trozos como éstos que enardecieron a los presentes:

[...] no estamos dispuestos por ningún concepto a que se pase sobre la voluntad de nosotros [...] [El Estado] tiene el deber de promover, facilitar la educación, pero nunca debe suplantar, ni menos suprimir a los padres de familia [...] Negar el derecho de los padres significa que el gobierno democrático se transforme en dictadura [...] Pedimos que se nos restituya el derecho natural y primario de educar a nuestros hijos [...] Que se restituya a la educación nacional la misión de formar hombres completos [...] Lo importante, lo básico, lo fundamental es que las autoridades quieren implantarlo [el texto único] sin previa autorización de los padres de familia, sin que ellos lo conozcan siquiera.⁵⁰

Esto último era inaceptable para la UNPF, que ya desde 1946 se sentía con el derecho de representar a los padres de familia en toda acción que el Estado tomara con respecto a la educación. Hasta entonces, pocos realmente conocían los textos. Es muy posible que en esa multitud algunos ni los hubieran hojeado siquiera. Sin haberlo estudiado a fondo consideraban que "carece de estímulo a los valores espirituales de la persona humana. No se habla de honestidad, amor, de veracidad, ni de otras cualidades que queremos ver implantadas en nuestros hijos".⁵¹ También lo consideraban "materialista" porque era "sospechosamente parecido a los complejos de Blonsky y al programa educativo que actualmente está en vigor en Cuba".⁵² Pero el movimiento contra el texto era, más que nada, una manera en que los empresarios de Monterrey manifestaban su inconformidad contra el autoritarismo del Estado y contra la política, a todas luces contraria a sus intereses, sobre todo en lo referente a la economía y al apoyo que se daba a la Revolución cubana. La movilización tuvo éxito, pues sin duda logró conmover a una parte importante de la opinión pública.

El Gobernador contestó en un tono conciliatorio afirmando que no existiría un nuevo sistema educativo ni se trataba de interferencias ideológicas; invitó a los padres de familia a formar una comisión para discutir lo que consideraban lesivo en textos y programas. Esta comisión se integró inmediatamente y el 26 de febrero se iniciaron las pláticas entre los representantes de los padres de familia y los enviados de la sep. Las reuniones no llevaron a ningún entendimiento; por el contrario, se rompieron las relaciones entre las autoridades de la SEP y los padres de familia. Sin embargo, las pláticas continuaron con los representantes de Educación del estado y finalmente se llegó a conclusión de que Nuevo León podría utilizar otros libros a condición de que también se distribuyeran sin costo. De esta manera el texto gratuito dejo de ser único y se convirtió en complementario.⁵³ El gobierno federal no permaneció callado y, aunque no contestó directamente a las demandas de la UNPF, Torres Bodet manifestó una y otra vez el interés de la SEP de que, con el libro, se lograría la unidad de todos los mexicanos y que todos los niños podrían acercarse a la cultura y los valores nacionales.⁵⁴

La polémica entre la UNPF y la prensa periódica se mantuvo viva durante varios meses. En abril, la UNPF envió al gobernador Livas Villarreal un estudio sobre los programas educativos y los libros de texto obligatorios. En 126 cuartillas enlistaban objeciones y soluciones, más el deseo de ver resuelto el problema de manera "justa e imparcial".⁵⁵

El presidente López Mateos, en un discurso pronunciado en Guadalajara, ratificó su decisión de defender los textos:

Mi gobierno reitera su inquebrantable decisión de seguir adelante en esta tarea. No solamente haremos cada año mayor número de libros de texto, sino que seguiremos buscando los medios más idóneos para superarlos, educando con ellos a la niñez mexicana en el amor a la patria, en el ejemplo de nuestros héroes, en el apego de nuestras tradiciones, en la devoción a la familia y en la fraternidad hacia todos los pueblos de la tierra.⁶⁰ 

Esta postura gubernamental, muy consecuente con la forma autoritaria que empleaba el gobierno postrevolucionario, tuvo también su respuesta de parte las corporaciones afiliadas de una u otra manera al aparato estatal, como el propio Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, la Confederación de Trabajadores Mexicanos, y algunos padres de familia, entre otros.⁶¹

La UNPF condenó al texto único como antijurídico, antidemocrático y antipedagógico, puesto que convertía al maestro en "un repetidor mecánico" e iba contra la Constitución. Tal vez lo que más les preocupaba era "la enseñanza y el aprendizaje de la verdad oficial" como en países totalitarios en ese momento: Italia, Alemania, Rusia, la Argentina peronista y la Cuba castrista.⁶²

Novedades publicó una entrevista con el asesor del Consejo Nacional Técnico de la Educación, Daniel A Moreno, quien hizo una buena descripción del asunto, sobre todo en lo que esta imposición significaba para la "reacción", pues efectivamente poco se había estudiado su contenido. El problema era sin duda una cuestión de lucha frente a una decisión de la autoridad:

El Libro de Texto Gratuito ha venido a quitarle a eso que se llama la iniciativa privada, y que en materia de educación reside en las escuelas particulares, la oportunidad de influir a su antojo en la mentalidad de los niños. Hay muchas nociones de Civismo y de Economía, lo mismo que de historia, que en las escuelas particulares sufrían serios retoques. En dichas escuelas se impartían dichas asignaturas de un modo francamente tendencioso. Con el libro gratuito, que es además obligatorio, no será tan fácil realizar tales escamoteos. La enseñanza tendrá que apegarse más a la verdad. Por otra parte, tengo la impresión de que no es el contenido del libro lo que despierta la susceptibilidad de sus atacantes sino la injerencia del Estado en estos terrenos.⁶³ 

La UNPF señaló que los textos oficiales serían aceptados cuando fueran "aprobados con la intervención y representación auténtica de los padres de familia y cuando se cumpliera el ofrecimiento [...] de que habrá diversidad de libros para que los padres tengan oportunidad de hacer uso de sus derechos".⁶⁴

A partir del día 1 de este mes de septiembre, tus hijos e hijas que asisten a las escuelas primarias, sólo están obligados a usar para sus clases del 1° al 4° años, y para las asignaturas de aritmética y geometría del 6°, los libros de texto y cuadernos de trabajo gratuito que distribuye el gobierno federal. Estos libros han sido ya recibidos por los directores y maestros de todas las escuelas primarias de Nuevo León. Tal es, nuevoleonés, el primer triunfo que has obtenido al defender tus libertades contra el predominio oscurantista y retrogrado del Grupo Industrial Cuauhtémoc, Vidriera, o sea el de los señores Roberto y Eugenio Garza Sada y Andrés, Roberto y Camilo Garza Sada y las empresas y hombres de negocios que les son adictos.⁶⁵ 

En otras entidades ocurrieron incidentes parecidos. En Guanajuato, el gobernador Juan José Torres Landa anunció: "nos cabe el orgullo de informar que a la fecha no ha habido guanajuatense que impugne el libro único de texto", afirmación rebatida de inmediato por los padres familia, quienes se negaron a aceptar el texto por ser una "imposición dictatorial, por considerar la obligatoriedad como ilegal, porque al ser único y obligatorio afecta a los económicamente débiles, porque no toma en cuenta las diferencias de los ambientes rurales y urbanos de grandes ciudades y pequeños poblados y porque contradice el concepto de propiedad privada".⁶⁶

En carta abierta al Secretario de Educación Pública, el Comité Regional de Padres de Familia de Zamora y Jacona, Michoacán, se manifestó contra los nuevos programas divididos en áreas, cuyos fundamentos resultaban difíciles de explicar, y contra el texto único por las mismas razones que argumentaba la UNPF.⁶⁷

La Iglesia había permanecido callada durante gran parte del debate. El 1 de agosto de 1962, el obispo de Tehuantepec señaló sus preocupaciones cuando acusó al gobierno de estar orientando la educación hacia el socialismo, en un afán claramente totalitario, basándose en que:

Ni la dignidad humana, ni los maestros, ni la autoridad sagrada de los padres de familia, ni el derecho divino que recibió de la Iglesia de Cristo para educar a sus hijos, puede tolerar esta solución [...] Para que la intervención de los padres de familia sea eficaz, mucho importa que se asocien en organizaciones responsables, con el fin de lograr su propia formación de ayudar y vigilar las escuelas [...]⁶⁸ 

En estas palabras se palpa el temor de la Iglesia de perder esa facultad que había considerado suya desde tiempos remotos: la de ser ella la educadora de la niñez, y no el Estado, pues éste les imponía una verdad oficial por encima de todos los preceptos religiosos y morales de la Iglesia. Detrás de todo esto encontramos una postura irreconciliable en tanto que se está luchando por la imposición de valores antagónicos.

Poco más tarde, el Episcopado envió a sus fieles una Exhortación pastoral sobre la paz escolar en México, en la que expuso su punto de vista sobre el problema. En ella volvió a su postura tradicional, basada en la encíclica de Pío XI, Divini illius magistri,⁶⁹ de 1929, en la que señala que son la familia, la Iglesia y, a falta de éstos, el Estado, quienes estaban obligados y tenían el derecho a educar. Ahí se habla nuevamente de salvar la libertad de enseñanza "como patrimonio sin precio que todos los hombres de buena voluntad deben defender, cualquiera que sea su convicción religiosa" y se exhorta a los fieles a la defensa de sus derechos.⁷⁰ La pastoral fue rebatida en la prensa y también por la Academia Mexicana de la Educación, la cual se avocó a la defensa del laicismo y a cuestionar la postura de la Iglesia al señalar: "No es posible tomar en serio la cuestión del Estado, en la forma en que la tratan las cartas pastorales. Se pretende en ellas reducirlo a la condición de una comunidad de segunda importancia, temporal y servil y subordinarlo a los designios de la Iglesia Católica".⁷¹ Sin embargo, con esta carta pastoral la mayoría de los obispos, aunque no el cardenal Garibi ni el arzobispo Miranda, se apacigua el debate, en tanto que la Iglesia consideró que en esos momentos el debate no daba para más. A partir de la publicación de esta carta pastoral, los movimientos en contra de los textos disminuyeron.

Inexplicablemente en este debate no estuvieron presentes los intelectuales mexicanos, como bien afirma Lorenza Villa Lever,⁷³ ni tampoco se pronunció al respecto la Universidad Nacional, que en otros momentos igualmente polémicos sí habían manifestado su postura.

A pesar de sus grandes diferencias, tanto Iglesia como Estado han compartido una visión autoritaria del ejercicio del poder, al enfrentar un mesianismo religioso frente a un mesianismo laico.⁷⁴ El libro de texto gratuito fue desde su gestación un motivo de presión tanto desde el poder gubernamental frente a los grupos más conservadores, —y dentro de éstos a la Iglesia como enemigo tradicional por el control educativo—, que al proclamarlo "único" mostraba toda su autoridad y fuerza política, así como desde los grupos contestatarios que se enfrentaron abierta y francamente ante esta decisión que consideraron arbitraria. La imposición de los textos se vino a sumar a la larga, larguísima lucha que vivió la Iglesia en contra de una autoridad que relegó y negó su tradicional ejercicio en las tareas educativas que consideraba como su responsabilidad desde la época colonial.

La pugna que suscitaron sobrepasó la capacidad de valorar en su momento el impacto benéfico en relación con la equidad educativa así como en la importancia de mantener la identidad nacional, a lo que contribuía este instrumento en la educación elemental de millones de niños mexicanos.⁷⁵ Las posturas intransigentes y poco reflexivas privaron sobre los beneficios de índole social.

Ni el tiempo, ni los cambios de contexto político modificaron la beligerancia educativa de los sectores conservadores. Gracias a la alternancia en el poder, con el Partido Acción Nacional, estos grupos promovieron en años recientes la creación de nuevos textos; me refiero en concreto a la iniciativa de la esposa del presidente Vicente Fox, la controvertida Martha Sahagún, quien con el apoyo de la dirigente sindical Elba Esther Gordillo, en el año 2003 elaboraron 36 millones de libros de una Guía de Padres, serie de tres libros que se distribuirían gratuitamente a los niños del país con consejos a los progenitores.⁷⁶ Esta Guía, que se presentó como "una alianza generosa por encima de las ideologías, credos religiosos y partidos políticos, justamente porque se trata de la educación, entendida como construcción del espacio compartido y la cultura común de los ciudadanos",⁷⁷ en última instancia mostraba la decisión de la derecha de incluir en el currículum educativo sus tradicionales puntos de vista.

No obstante, y a pesar de que en la actualidad ya hay voces que piden su actualización tecnológica, los libros de texto gratuito siguen imprimiéndose, pero sobre todo siguen utilizándose en la mayoría de las aulas, tanto de los colegios católicos como de las escuelas públicas, con lo cual el Estado demostró su fortaleza ante las presiones de empresarios, la Iglesia y los grupos de la "reacción"; por otro lado, sigue vivo en la derecha el interés por imponer su visión educativa.

FUENTES CONSULTADAS

Archivos

Unión Nacional de Padres de Familia, Archivo personal de Monseñor Faustino Cervantes, Arquidiócesis de México.

Archivo de la Acción Católica Mexicana.

Hemeroteca Nacional.

Publicaciones periódicas

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Boletín de la Unión Nacional de Padres de Familia, México, 1961.         [ Links ]

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El Nacional, México, 1958.         [ Links ]

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¹ El autoritarismo se entiende como la primacía de las funciones de dominación sobre las de representación y participación. Lo distintivo del modo autoritario es la concentración o centralización del poder en la que el Ejecutivo ostenta una preeminencia absoluta en relación con cualquier otra instancia de gobierno y goza de una amplia autonomía frente a cualquier otro actor político como élites económicas, sindicales, sociales y, en el caso analizado, religiosas. Véase Soledad Loaeza, "Autoritarismo", en Laura Baca Olamendi, et al., Léxico de la política.

² Véase Miguel Ángel Granados Chapa, Examen de la comunicación en México.

³ La revista antitética por su postura de izquierda fue Política, dirigida por Manuel Marcué Pardiñas, en su primera época de 1960 a 1964, en donde se expresaron posturas contrarias a las defendidas por Señal.

⁴ Se calculaban, en 1950, 25.8 millones de habitantes, en tanto que diez años más tarde eran ya 34.9 millones, según los censos de esos años.

⁵ Secretaría de Educación Pública, Acción Educativa del Gobierno Federal de lo. de diciembre de 1952 al31 de agosto de 1954, p. 15.

⁶ Pablo Latapí, "Reformas educativas en los cuatro últimos gobiernos (19521975)", en Revista de Comercio Exterior, pp. 1324-33

⁷ Soledad Loaeza, Clases medias y política en México, p. 180.

⁹ Roberto Blancarte, Historia de la Iglesia católica en México, p. 173.

¹⁰ Adolfo López Mateos, "Toma de protesta como candidato del Partido Revolucionario Institucional", 17 de noviembre de 1957, cit. por Loaeza, Clases medias y política..., op. cit., p. 202.

¹¹ Blancarte, Historia de la Iglesia..., op. cit., p. 177.

¹² Idem.

¹³ Ibidem, p. 187.

¹⁴ Fernando Gómez Manrique, "Esta es la crisis política más grande de la historia", Señal, 1955, p. 6.

¹⁵ Véase Loaeza, Clases medias y políticas..., op. cit., p. 207.

¹⁶ UNPF, circular núm. 49, 1947.

¹⁷ Véase "Bases doctrinales de la educación católica en México", en Valentina Torres Septién, La educación privada en México, 1903-1976, pp. 37 a 51.

¹⁹ Rodrigo Martínez, "Hay que sostener la idea de patria" en Cultura Cristiana, t. x, núm. 16, 17 de marzo de 1941, p. 4, cit. por Blancarte, ibidem, p. 105.

²⁰ Ibidem, p. 188.

²¹ Véase Roderic ai Camp, Cruce de espadas. Política y religión en México, p. 50.

²² Señal, Semanario Católico, núm. 79, 15 de enero de 1956, p. 3.

²³ Véase Torres Septién, La educación privada en..., op. cit., pp. 164-71.

²⁴ El Nacional (México), 9 de febrero de 1958; El Universal (México), 9 de febrero de 1958.

²⁵ Diario Oficial, 31 de diciembre de 1958.

²⁶ Jaime Torres Bodet, Equinoccio, p. 241.

²⁷ "Carta abierta de un grupo de profesores al Presidente de la República", en El Universal (México), 8 de agosto de 1961.

²⁹ Excélsior (México), 9 de febrero de 1960.

³⁰ Excélsior (México), 7 de febrero de 1960.

³¹ Loaeza, Clases medias y políticas..., op. cit., pp. 254-5.

³² Excélsior (México), 24 de agosto de 1960.

³³ Loaeza, Clases medias y políticas..., op. cit., pp. 306-10.

³⁴ Excélsior (México), 27 de febrero de 1960.

³⁵ Loaeza, Clases medias y políticas..., op. cit., p. 258.

³⁶ Véase Lorenza Villa Lever, Los libros de texto gratuito, pp. 173-89.

³⁷ Excélsior (México), 9 de febrero de 1960.

³⁹ Idem.

⁴⁰ Excélsior (México), 16 de febrero de 1960, Boletín de la Unión de Padres de Familia (BUNPF), 2^a época, no. 6, diciembre de 1960 — enero de 1961, pp. 7-8.

⁴¹ Excélsior (México), 16 de febrero de 1960.

⁴² "Carta abierta de la UNPF", en El Universal (México), el 5 de noviembre de 1950.

⁴³ BUNPF, 2a época, no. 7, febrero — marzo de 1961, p. 1.

⁴⁴ Señal, Semanario Católico, no. 368, 27 de agosto de 1961, p. 4.

⁴⁵ Idem.

⁴⁶ Loaeza, Clases medias y políticas..., op. cit., p. 276.

⁴⁷ El Norte (Monterrey), 11 de febrero de 1962.

⁴⁹ Señal, Semanario Católico, núm. 386, 11 de febrero de 1962, pp. 7-8.

⁵⁰ Ibidem, pp. 7-9.

⁵¹ Señal, Semanario Católico, núm. 394, 8 de abril de 1962.

⁵² Señal, Semanario Católico, núm. 404, 24 de junio de 1962, p. 4.

⁵³ Ibidem, p. 11 y Excélsior (México), 13 de febrero de 1962.

⁵⁴ Señal, Semanario Católico, núm. 39, 7, 6 de mayo de 1962, pp. 4-5.

⁵⁵ Señal, Semanario Católico, núm. 402, 1 de junio de 1962, p. 4.

⁵⁶ BAHACM, v. 25, no. 1, marzo de 1962, p. 20.

⁵⁷ Señal, Semanario Católico, núm. 403, 17 de junio de 1962, p. 4. BAHACM, v. 25, no. 1, marzo de 1962, p. 20.

⁵⁹ El Norte (Monterrey), 1 de febrero de 1962, p. 10.

⁶⁰ Excélsior (México), 16 de mayo de 1962.

⁶¹ Véase Excélsior (México), 17 de mayo de 1962, 28 de mayo de 1962.

⁶² Documento de la UNPF firmado por su presidente Ramón Sánchez Medal, Excélsior (México), 22 de mayo de 1962.

⁶³ Novedades (México), 22 de mayo de 1962.

⁶⁴ Señal, no. 413, 11 de octubre de 1962.

⁶⁵ Tiempo, 3 de septiembre de 1962.

⁶⁶ Señal, Semanario Católico, núm. 422, 1 de diciembre de 1962.

⁶⁷ Excélsior (México), 28 de mayo de 1962, p. 10.

⁶⁹ Encíclica dada a conocer el 31 de diciembre de 1931. En ella señalaba, sin lugar a dudas, que el fin único de la educación católica era la formación del individuo con vistas a un fin trascendente: la salvación de su alma. La escuela católica era un medio para alcanzar este propósito y por ello la Iglesia, a través de sus ministros y de las órdenes religiosas, debía trabajar fervientemente para conseguir su desarrollo.

⁷⁰ Excélsior (México), 8 de mayo de 1963.

⁷¹ Boletín de la Academia Mexicana de la Educación, núm. 5, mayo-junio de 1963.

⁷² Véase por ejemplo el debate entre Ramón Sánchez Medal y el columnista de Excélsior, Pedro Gringoire.

⁷³ Villa Lever, Los libros de texto..., op.cit., p. 94.

⁷⁴ Véase, Gloria Villegas, "Estado e Iglesia en los tiempos revolucionarios", en Patricia Galeana, Relaciones Estado-Iglesia: encuentros y desencuentros, pp. 183203.

⁷⁵ Lorenza Villa Lever, Cincuenta años de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos: cambios y permanencias en la educación Mexicana, pp. 170-80.

⁷⁶ El antecedente de estas guías se encuentra en el texto elaborado durante el gobierno estatal de Vicente Fox en Guanajuato. El texto Así educa Guanajuato^ así guía, que en su momento recibió una fuerte crítica de autoridades como Olac Fuentes Molinar, subsecretario de Educación Básica y Normal quien declaró que dicho texto ".. .no agrega nada a la calidad educativa", en La Jornada, 10 de febrero de 2003.

⁷⁷ La Jornada, 2 de febrero de 2003.