Neoliberalismo y migración: paraguayos en Argentina en los noventa1

Gerardo Halpern*

*Universidad de Buenos Aires, Argentina
halpern@arnet.com.ar

Recepción del original: 31/05/04 ]]> Recepción de artículo corregido: 07/01/05

Resumen

Este trabajo analiza el papel del Estado en la formación, activación y administración de los marcos interpretativos respecto de los “inmigrantes paraguayos” que viven en Argentina, en tanto producto generado, ejecutado y administrado, entre otros, por los campos jurídico y laboral, fundamentales para comprender las delimitaciones de posiciones de agentes específicos en el espacio social y sus consecuentes respuestas. Estas delimitaciones se inscriben en relaciones de poder en las que el agente por excelencia es el Estado, el cual responde, a lo largo de la historia y las coyunturas, a las necesidades del capital en su relación respecto del trabajo.

Palabras clave: Inmigración, Estado, poder, neoliberalismo y desigualdad

Abstract

This paper analyzes the role of the state in devising, activating, and managing the interpretative frameworks applicable to the “Paraguayan immigrants” who live in Argentina, as a product generated, executed, administered, etc., by the legal and labor spheres, which are essential in understanding the positions adopted by specific agents in the social arena and their consequent responses. These positions arise from within power relationships in which the agent par excellence is the state, which responds, throughout history and in a range of circumstances, to the needs of capital in its relations with labor.

Key words: Immigration, state, power, neoliberalism, inequality

Cada vez que se habla de la cuestión migratoria se está ante un fenómeno altamente codificado por el Estado y por el sentido común, lo que acarrea un problema inicial en esta temática: los discursos sociales respecto de los inmigrantes regionales suelen estar permeados por una esencialización y una serie de prejuicios más o menos alentados, producidos y reproducidos por el Estado y sus instituciones. Esto no implica considerar que el Estado posea un discurso monolítico u homogéneo sobre la cuestión, pero sí que ha definido políticas que han contribuido claramente a la construcción de una cuestión migratoria y, más aún, de una problemática inmigratoria: uno de los terrenos donde más evidente ha sido la violencia simbólica y las formas de codificación del proceso social.

La historia de Argentina exhibe procesos de construcción de alteridades que se van modificando o reapareciendo a lo largo del tiempo, no por una razón teleológica sino, en todo caso, por coyunturas específicas. Los inmigrantes, en particular los limítrofes (básicamente los provenientes de Bolivia y Paraguay) o regionales (si se incorpora aquí a los peruanos), aparecen construidos en las últimas décadas como grupos estigmatizados, como un “otro” respecto de una sociedad “nacional” de la que no forman parte plenamente.

La nación y la nacionalidad aparecen como delimitadores de las relaciones sociales cristalizadas en alteridades sistemáticas frente a las que se elaboran distintos tipos de políticas que responden a las formas que asume el proceso de acumulación de capital en Argentina en diferentes momentos históricos tanto como a los modos que asume el conflicto social en una sociedad estructurada con base en relaciones de clase.

Por ello, en el presente se destaca el papel del Estado en la formación, activación y administración de los marcos de interpretación respecto de los grupos sociales, en tanto generador, ejecutor y administrador de, entre otros, los campos jurídico y laboral, fundamentales para comprender no sólo el modo en que se producen las delimitaciones, sino también que las mismas se inscriben en relaciones de poder en las que el agente por excelencia (por poseer la capacidad monopólica del uso de la violencia, física y simbólica) es precisamente el Estado.

Así, la producción de un grupo social, como aquí se considera que se construye a los paraguayos en Argentina, no parte de una relación social de intercambio entre iguales acerca de la producción de identidades y alteridades, sino que, primeramente, es el resultado de formas de articulación social en las que las relaciones de poder y de desigualdad operan como estructuras estructurantes de los modos de interpretación social. Siguiendo a Bourdieu,2 las formas de clasificar las relaciones sociales están subsumidas en la distribución desigual de los capitales con que los agentes disputan el poder en cada uno de los campos en los que se desempeñan; por ende, los lugares que ocupan en cada uno de ellos están, desde el inicio, regulados por las diferentes lógicas de poder que se han construido a lo largo de su historia. Dentro de esos campos, las reglas del juego no son la consecuencia de un consenso democrático igualitario, sino el resultado de procesos históricos de acumulación de capital —de distinto tipo— por parte de los sectores en pugna.

Partiendo de esta base, la identificación de “inmigrantes” como tales (y de los regionales en particular) implica la identificación de posiciones sociales específicas para agentes sociales específicos, de acuerdo con reglas de juego y con márgenes de disputa específicos. La activación de estos mecanismos supone, por un lado, un criterio histórico y uno cultural y, por el otro, la determinación que ambos criterios imponen sobre las formas de percepción del mundo y la vida en forma de habitus, es decir, formas de estructuración y de incorporación de la realidad social.

ANTECEDENTES LEGALES

Si bien no forma parte de los objetivos de este trabajo analizar los modos en que las disrupciones al proyecto de ser Europa en América fueron “resueltas” por el Estado argentino, sí nos interesa destacar cómo la figura del buen inmigrante europeo se fue construyendo como una representación de un sueño en contraposición a la ulterior pesadilla del mal inmigrante, visión hegemónica respecto de, entre otros, los latinoamericanos. Una constante de esa construcción puede ser rastreada en el artículo 25 de la Constitución nacional de 1853 (reproducido en la reformada de 1994), en la Ley Avellaneda (817 de 1876) y en la Ley de Residencia (4.144 de 1902). Sin embargo, no es sino hasta la década de 1960 cuando se empiezan a observar formas legales dirigidas básicamente a los “limítrofes” y, por cierto, con un tinte restrictivo o represivo: el Decreto Ley 4805/63 define por primera vez “ilegales por ingreso (quienes entran por puntos no autorizados o eludiendo controles) e ilegales por permanencia (quienes permanecen en el territorio argentino luego de vencido el plazo de permanencia autorizado)”. 3 A partir de ello, se verifica el inicio de un endurecimiento de cada una de las instancias de la legislación y la institución de categorías migratorias que hoy estructuran la cuestión.

En 1981, la sanción del Decreto Ley 22.439, en la última dictadura militar (1976-1983), plasma una nueva Ley de Migraciones (derogando la 817), la que, nacida según la Doctrina de Seguridad Nacional y la hipótesis de conflicto internacional con países de frontera, condiciona la situación de los inmigrantes a un escenario de permanente “sospecha”. La construcción del mismo como “invasivo” y como “culpable a no ser que se demuestre lo contrario”, logrará plasmar la cuestión en el orden policial, manteniendo y profundizando a la vez lo que durante los sesenta se venía legislando en la materia.5

Durante la presidencia de Alfonsín, la sanción del decreto 1434/87, que reglamenta la Ley 22.439, especificaba, en el artículo 15, a quiénes se les otorgaría residencia (precaria o temporaria): profesionales, técnicos o personal especializado requeridos por empresas o personas establecidas en el país; empresarios, hombres de negocios, artistas, deportistas; científicos, profesores, escritores o personas de especial relevancia en el orden cultural, social, político, etc.; migrantes con capital propio suficiente para el desarrollo de su actividad industrial, comercial, agropecuaria, minera o pesquera, circunstancia que se deberá acreditar debidamente a juicio de la autoridad de aplicación; religiosos pertenecientes a cultos oficialmente reconocidos; extranjeros que por sus condiciones o circunstancias personales singulares revistan un especial interés para el país; padres, hijos o cónyuges de argentinos o de residentes permanentes o temporarios o de las personas mencionadas en los incisos precedentes. Así, puede verse que “el inmigrante clásico, el que migra en busca de trabajo, no está comprendido. Las fronteras están virtualmente cerradas para los inmigrantes pobres”.6

A su vez, la Dirección Nacional de Migraciones —DNM— (que tiene la potestad para interpretar y aclarar las disposiciones que fija la Ley de Migraciones y sus decretos reglamentarios), en su interpretación consideró que “corresponde valorar la situación de aquellos inmigrantes originarios de los países europeos, de los que han provenido mayoritariamente las corrientes inmigratorias que han servido de base al crecimiento y desarrollo de nuestra nación”, y que “con los países aludidos nos unen lazos sanguíneos, similitud de costumbres, identidad de creencias, razones de por sí valederas para considerarlos comprendidos en el régimen de excepciones preceptuadas en el Art. 15 inc. f) del decreto 1434/87” (Res. 700/88).

Estos criterios se vieron agravados durante los noventa con las legislaciones que el gobierno de Menem promulgó en forma de decreto. De hecho, el 1023/94 establece, para la obtención de residencia, la aceptación de “trabajadores contratados siempre que la contratación se celebre por escrito”. Además, excluye explícitamente el cuentapropismo y, a su vez, manifiesta como inhabilidad absoluta de admisión “permanecer ilegalmente en el país por más de 30 días corridos”. En el Decreto 1117/98 se establece la imposibilidad de cambiar la categoría migratoria, lo que impide, de hecho, la regularización de la situación legal del inmigrante en el país. Apenas con la sanción de la nueva Ley de Migraciones, 25.871, a fines de 2003, se inicia un proceso de desaceleración de varios de estos criterios, aunque aún restringida por las lógicas y autonomías que posee la DNM y por el modo en que se consolidó en el sentido común lo operado por el Estado en esta materia durante las décadas anteriores.

Procesos migratorios y relaciones productivas en los noventa

Existe una correlación entre el progresivo avance de la legislación acerca de los derechos de los inmigrantes y el deterioro del sistema económico productivo nacional. Las políticas de los noventa —en estrecha relación con lo que ya se había consolidado con la última dictadura militar— traen consigo una presión sobre la clase obrera, producto de una economía que se estructura a partir de una serie de transformaciones políticas y económicas que generan (como consecuencia —entre otras— de la desindustrialización) una gran masa de desocupados, empobrecidos y “expulsados” sociales, y que repercute en los inmigrantes regionales de un modo particular. Esto se expresa en la ofensiva del mismo Estado contra los inmigrantes regionales (básicamente paraguayos, bolivianos y peruanos) acusados de ser la causa de esa desocupación, empobrecimiento y expulsión.

Esta década, aunque antecedida por tres de fuerte antagonismo respecto de los inmigrantes latinoamericanos, marca modos simbólicos particulares de asumir el doble proceso de concentración económica y desigualdad social. Sobre todo, en términos de Vázquez, la generación de “capas sociales especiales (trabajadores en tareas ilegales, recurrentemente inestables o superexplotadas), posibles de ser utilizadas por los sectores dominantes”.7 Estas capas, en lo que respecta a los latinoamericanos (esto no excluye al resto de la sociedad), fueron fuertemente estigmatizadas por esa misma clase dominante como modo de disciplinar, a nuestro entender, en un doble sentido.

Primero, por políticas de vulnerabilización, des-ciudadanización y sometimiento de los inmigrantes regionales. Estas políticas se presentan como la vulnerabilidad legal de los migrantes, quienes —ya de por sí “otros” respecto del “nosotros nacional” que estructura la forma del Estado-nación e impedidos por la propia maquinaria del Estado para documentarse— quedan expuestos a su precarización, al trabajo en negro y a condiciones de sobreexplotación sin posibilidad alguna de defensa judicial.

En el mismo plano, están expuestos a la des-ciudadanización del trabajo, en tanto, enajenados de los derechos sociales y laborales, sufren la exclusión de los derechos a la salud, la seguridad social, la agremiación y el sistema previsional.

Pero hay disciplinamiento también en un segundo sentido, el de la etnicización de las relaciones sociales de producción. Durante la década de los noventa se registra una fuerte flexibilización laboral, tendencia del salario a la baja y competencia del trabajo nativo por lugares no ocupados históricamente por la población local, altamente descalificados, con una inestabilidad mayúscula y bajo una articulación discursiva perversa. Expresión de ello es que las propias organizaciones obreras disputan contra los inmigrantes por esos puestos de trabajo, asumiendo el criterio étnico nacional para definir la relación capital / trabajo y haciendo suyo el razonamiento de que “los extranjeros quitan trabajo”. Así, el sindicalismo oficial se convierte en un actor de disciplinamiento del trabajo, al que subsume ya no por su lugar en las relaciones sociales de producción ni por su capacidad adquisitiva, sino por la condición étnica de los miembros de la clase obrera. Ya no se discute la explotación ni la distribución del capital, sino a quién le corresponde el trabajo que evite caer en el desempleo. Podemos ver aquí cómo un factor común de la clase obrera es ocultado o diluido en clave de división étnico-nacional del trabajo. Ya no es el trabajo el que articula a una clase, sino la nación la que fragmenta y enfrenta a sectores de la misma clase.

Por ello es necesario insistir en que cuando se habla de relaciones sociales de producción se está en presencia de dispositivos de clasificación social que definen membresías y alteridades desde el Estado, desde los medios de comunicación y desde el sentido común. En síntesis, la nacionalidad, en un contexto migratorio y de ofensiva discriminatoria como la producida durante los noventa en Argentina, emerge como un modo de etnicización sobre un sector de una clase social particular. Como se vio, la ofensiva contra los inmigrantes no apunta a la totalidad de los regionales, sino específicamente a los miembros de la clase obrera.

Es preciso centrarse en las formas de procesamiento de este tipo de políticas para incorporar la dimensión política de la etnia, en general, dejada de lado en los análisis respecto de la conformación de los grupos étnicos de inmigrantes regionales. De hecho, la formación de los migrantes paraguayos como “comunidad” está fuertemente permeada por una construcción política permanente en clave de antagonismo respecto de las políticas del Estado, sea de Paraguay como, progresivamente, de Argentina.9

SER INMIGRANTE Y SER PARAGUAYO

La presencia de paraguayos en Argentina aparece registrada, al menos en las estadísticas del Estado, desde el primer Censo nacional de 1869 (0.2% sobre la población total).10 Si nos ceñimos a una lectura cuantitativa de la sociedad, vemos que los paraguayos nunca llegaron a constituir ni 1% de la población total (INDEC, 1997). Sin embargo, si se toma el porcentual respecto de las migraciones internacionales en general y de las latinoamericanas en particular, se ve que como “comunidad nacional” de extranjeros aparecen actualmente, y ya desde 1947, como la más importante entre las latinoamericanas y, desde 2001, como la primera sobre el total de extranjeros.11

Según mostró el Censo de 1991, más de 70% de ellos vive en los 19 partidos del Gran Buenos Aires y la capital federal y habita zonas urbanas. Básicamente, los paraguayos se concentran en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y en las provincias de Formosa y Misiones (limítrofes con Paraguay); la dinámica de esa concentración, por cierto, marca la particularidad del alto desplazamiento hacia el centro económico del país (AMBA), proceso que se inscribe en el más amplio de la destrucción de las economías regionales y la concentración de las posibilidades de trabajo (sobre todo las de orden informal y precario) en las grandes ciudades.

Hasta los cuarenta, gran parte de esa fuerza de trabajo se concentraba en la región nordestina,12 básicamente respondiendo a la escasez de mano de obra rural local. Entre 1947 y 1960 se observa que la proporción se eleva a más del doble en el AMBA (de 13.3% a 29.6 por ciento).13

Respecto del tipo de trabajo en el que se insertan, predomina el de la construcción, servicio doméstico e industria y comercio. La desindustrialización y la desaceleración de la construcción del país durante los noventa repercutieron fuertemente en la población inmigrante regional. Al respecto, Baer y Teixidó muestran la fuerte caída de la participación de inmigrantes regionales en la industria (de 19% en 1991 a 13.3% en 2001).14 Si por un lado, años atrás Maguid había afirmado que “los movimientos intersectoriales indicarían la gran flexibilidad que tienen los trabajadores limítrofes para adaptarse a los cambios del mercado laboral”,15 el desarrollo de la economía de los noventa exhibe el doble proceso del aumento de la demanda de trabajo y la caída en la oferta de puestos laborales.

Al respecto, es necesario destacar que es en la década de los noventa cuando se incrementan aún más las proporciones del trabajo doméstico por parte de las mujeres inmigrantes y de trabajos no calificados. Sin embargo, tal como sostuvimos arriba, es necesario indagar si la destrucción de los trabajos en los que históricamente se constituyó y desarrolló la clase obrera nativa no implicó la búsqueda de este sector de aquellos empleos que hasta entonces había rechazado. 18 En este sentido, la degradación de la fuerza de trabajo nativa (o su expulsión), llevada a condiciones de empleo desventajosas respecto de lo que en otro momento fueron conquistas de la clase obrera, generó el marco de enfrentamiento con un sector de la misma clase que ocupaba puestos de trabajo ahora necesitados por los nativos.

Por otro lado, mientras que la desocupación, como proceso cada vez más crítico, llega a 18.3% de la población nativa en octubre de 2001, los paraguayos desocupados ascienden a un impresionante 27% (los inmigrantes regionales, 20.9%). Además, en los casos del trabajo doméstico y la construcción (más en el primero que en el segundo), estamos ante trabajos altamente descalificados y en los que el salario se percibe básicamente en negro y de manera inestable y precaria.

Por ello, el señalamiento de los grupos migratorios, y en nuestro caso de los paraguayos, no responde a un orden meramente simbólico, sino que está en estrecha relación con el desarrollo del capitalismo local y de las formas en que el mismo aumenta la plusvalía que extrae de la fuerza de trabajo.

Más allá de los datos expuestos, la formación de organizaciones de paraguayos en Argentina, sobre todo en Buenos Aires, tiene una larga historia que puede remontarse hasta 1864, meses antes del inicio de la Guerra de la Triple Alianza (1865-1870). En ese entonces, unos cuatrocientos paraguayos se integraron en un “Comité Paraguayo en Buenos Aires”, organización que se oponía de manera radical al poder que en Paraguay ejercía Francisco Solano López. Esta organización dio origen a la Legión Paraguaya, que formó parte del Ejército argentino en dicha contienda bélica.

Tal como establecen Figallo y Brezzo,19 desde entonces se han conformado decenas de organizaciones paraguayas del lado de la frontera argentina, básicamente integradas por exiliados de un país atravesado por enfrentamientos institucionales y militares que recorrerán todo el siglo XX.

Según los registros obtenidos, hacia fines de los cuarenta los paraguayos en Argentina aparecían identificados como una migración con un alto componente político. La presencia de sedes de los partidos en este país era visibilizada por medios de comunicación locales, a la vez que daba una connotación particular al exilio, considerado en ese momento parte constitutiva e importante del flujo de paraguayos en Argentina.20

Como se deduce de ese tipo de reconocimiento y del trabajo de campo realizado, no se puede reducir a las organizaciones sociales de paraguayos en Argentina a las relaciones que se establecen con el Estado argentino. De hecho, es interesante ver cómo se ha desarrollado una tradición paraguaya en Argentina de intervención política en la esfera pública del Paraguay, básicamente a partir de que los dirigentes más encumbrados de los partidos políticos estaban exiliados en Argentina y de que miles de paraguayos habían sido expulsados del país como parte de la “resolución” de los conflictos intestinos que atraviesan la historia de Paraguay.21

Además de desarrollarse organizaciones de corte “político”, a lo largo de las décadas de los cincuenta y los sesenta nacieron diversas instituciones “sociales”, algunas de las cuales siguen funcionando. La Casa Paraguaya (CP) y, posteriormente, el Club Atlético Deportivo Paraguayo (CADP) son dos de las entidades más representativas de la diversidad de instituciones, sobre todo por la trayectoria, imaginarios y construcciones que cada una de ellas se fue dando a lo largo de su historia. Promovidas por diferentes sectores que buscaban generar espacios de “preservación de la paraguayidad”, allí, el habla dominante era el guaraní (incluso se dictaban clases), tomar tereré era constante y escuchar música como la polca o la guarania significaban, según relatan en la actualidad los asistentes, formas de recordar a la patria lejana y mantener lazos de “hermandad” entre “los compatriotas”.

Dichas instituciones permitieron generar espacios “propios” de construcción identitaria y sostener, al menos en el caso del CADP, un lugar de discusión política permanente respecto de la situación del país de origen. En el caso de la CP, por su origen fuertemente vinculado a ambos estados, suele ser identificada como un lugar más cercano a la Embajada y, por ende, proclive a representar los intereses del Estado o del Partido Colorado. Muchos entrevistados han sostenido que la CP había sido “de la élite” y por ello se mantenían ajenos a la misma.

Sin embargo, esas posibilidades fueron decreciendo a medida que el Estado argentino imponía más restricciones al ingreso y, sobre todo, a la permanencia de los inmigrantes. Tal como se mencionó, es a partir de la década de los sesenta cuando se empiezan a observar formas legales dirigidas básicamente a los “limítrofes” con un tinte restrictivo o represivo. En esos años, la migración limítrofe o regional “comienza a tratarse de un grupo poblacional que se está haciendo ‘visible’, y esta visibilidad pareciera coincidir con el aumento de la concentración en el AMBA, sesgado ‘panóptico’ para la construcción de trazados étnicos hegemónicos”.22

La documentación y, por consiguiente, la regularidad o no de la situación legal del paraguayo en Argentina, se fue transformando en el tema central en la cuestión migratoria. La vulneración del inmigrante respecto de sus condiciones o posibilidades de trabajo va siendo legalizada, permitiendo una sobreexplotación y desprotección mayúscula. No es que la Ley genere sobreexplotación, sino que la misma abre un marco de “tierra liberada” para que el capital pueda explotar al trabajador sin que éste posea derechos con los cuales ampararse.

La sistemática “desigualdad legal” y simbólica ha permitido que, incluso en el caso de que la documentación del inmigrante esté “en regla”, éste pueda ser amenazado con ser reemplazado por un “nativo” a no ser que acepte las condiciones que se le imponen.

En consonancia con ello, las condiciones a las que debe someterse están permeadas por la lógica étnico-nacional del trabajo que coloca al inmigrante regional en el mercado como una fuerza de trabajo por la que, dado el incremento del ejército de reserva, el capital paga menos. Devaluado por la condición étnico-nacional y no por su valor real,23 el trabajo migrante queda sujeto a una lógica perversa: ante igual trabajo, menor salario. En el caso de los trabajadores que no tienen los documentos “en regla”, al no tener ninguna protección social ni legal, el capital evita el salario diferido o indirecto, acumulando esa parte de la producción en su poder.24

En ese sentido, la discriminación sobre el inmigrante regional empieza a posibilitar dos niveles de sobreexplotación: por un lado, el derivado de la división étnico-nacional del trabajo. Por el otro, el generado de su situación “legal” en Argentina. Ambas operaciones funcionan como flexibilizadoras de las condiciones del trabajador y lo someten a su reproducción. Por ello la etnicización de los paraguayos como tales (y de los migrantes regionales en general) abre un modo particular de afectación a la clase obrera. La división étnico-nacional (y luego la legal) opera como divisor del trabajo y permite que el mismo sea pagado a menor precio que el nativo, a la vez que opera como presión a la baja del salario de estos últimos.

Si se relaciona este proceso con lo que se expuso arriba sobre la legislación y la generación de “categorías” migratorias, es claro que ambas cuestiones empiezan a constituirse en estructurantes de varios de los reclamos que los paraguayos han llevado adelante contra el Estado argentino y las discrecionalidades de la DNM.

A la par que las dificultades en torno del asunto de la documentación comenzaban a transformarse en el centro de la problemática migratoria, se fue condicionando a las instituciones y generando allí espacios de “ayuda” que pasaban a ser representantes o asesores para franquear algunos de esos impedimentos que se les imponían a los inmigrantes. Ya hacia fines de los sesenta y comienzos de los setenta el tema pasaba a ser problema y, como tal, objeto de denuncias por parte de instituciones que tomaban la cuestión como propia.

El nacimiento del Equipo Pastoral Paraguayo en Argentina es uno de los emergentes de una situación que se volvía cada vez más dura. La presencia en este tipo de organización de miembros de la Juventud Obrera Cristiana, de jesuitas y de curas formados en la doctrina nacida del Concilio Vaticano II (1962- 1965) y de la conferencia episcopal latinoamericana de Medellín (1968), marcaron un viraje ideológico por parte de algunos sectores que comenzaron a desarrollar la “doctrina social de la Iglesia”. Desde esta perspectiva, algunas instancias de dicha institución (y en nuestro caso, la episcopal migratoria de los paraguayos vinculada a la teología de la liberación) marcan confluencias con organizaciones progresistas locales (sobre todo del “peronismo de izquierda”) que les permitió demandar al Estado con mayor respaldo e incorporar demandas sobre la documentación y sobre la necesidad de “amnistías” migratorias.

Los relatos obtenidos sobre los reclamos en torno del asunto de la documentación y de padecer situaciones de desigualdad producto de la nacionalidad de los inmigrantes en su condición de tales, se remontan a comienzos de los setenta, lo que coincide con el inicio de la transformación productiva en Argentina, sobre todo en lo que refiere al término de lo que fuera la industrialización por sustitución de importaciones. A la vez, coincide con la mencionada concentración de las migraciones regionales en el centro metropolitano del país y con el paralelo proceso de endurecimiento en la “cuestión migratoria”, ahora con la Doctrina de la Seguridad Nacional.25

Aquel proceso de endurecimiento legal y simbólico generó, entonces, respuestas dentro de los límites que las relaciones sociales y la coyuntura permitían a los agentes en juego. Los paraguayos, sea por caso, han tratado de desmentir los datos que suelen presentarse en la esfera pública bajo el sintagma de la problemática migratoria o la inmigración ilegal, aunque sin cobertura mediática alguna ni capacidad de respuesta que pueda ir más allá de las formas comunicacionales intragrupales (sean sus propias radios o periódicos, o en los ámbitos institucionales, en las charlas sobre la situación actual en Argentina).

Lejos de estar en un plano de folclore estético, las respuestas como “paraguayos” o en nombre de la “paraguayidad” invocada en estas resistencias poseen una historicidad y un potencial político y social de relevancia que están atravesados por medidas de los estados que condicionan la situación legal y social de los paraguayos en Argentina. Este proceso, que nada tiene de esencial ni de biológico, es el modo en que cristaliza el conflicto frente a los modos de emplazamiento que se produce sobre esta población. Por cierto, estas articulaciones no son espontáneas ni “recientes”; al contrario, poseen una tradición y una construcción histórica sobre la que la estructuración de la “comunidad paraguaya” se ha ido conformando.

La experiencia de lucha respecto de la dictadura de Stroessner (1954-1989), desde los diferentes planos en que se ha desarrollado, aparece hoy como antecedente que es recuperado por los mismos paraguayos, incluso cuando discuten contra el Estado paraguayo y las formas en que éste los excluye de sus derechos cívicos.26 Es esa conflictividad la que cristaliza en un marco de construcción colectiva de resistencia respecto del Estado (de origen o de destino) y sus formas de acción; en síntesis, en su formación como grupo social.

Al respecto, cabe remarcar que la reciente “refundación” de la Federación Paraguaya en la República Argentina (Fepara), ocurrida a fines de 2003, planteó la elaboración de documentos que permitan reabrir la discusión parlamentaria y constitucional respecto de la ciudadanía política de los paraguayos que viven fuera del país. A su vez, la Fepara se plantea discutir los modos de funcionamiento de los trámites vinculados a documentación, tanto en Paraguay como en Argentina, y la necesidad de que los derechos de los trabajadores sea considerada de igual manera que la que se establece para con los nativos (eje central que se abrió cuando se desarrolló la resistencia contra los Convenios Migratorios que Argentina pretendió suscribir con Paraguay en 1999 y en 2001). El cuestionamiento sobre la documentación es el que llegó a las oficinas de la DNM, donde, en diciembre de 2003, una delegación de la Fepara reclamó contra los abusos de dicha oficina.

Las identidades que podríamos llamar de “paraguayos en Argentina”, se incorporan y desarrollan, entre otras cuestiones, en una resistencia a los modos de las políticas del Estado que apuntan contra ellos y elaboran prácticas específicas en torno a las mismas. Así, la desigualdad y los estigmas generan respuestas en términos identitarios.

La discriminación, de hecho, puede resultar favorable a la supervivencia cultural; en tal sentido, los modos de etnicización que produce el Estado argentino, sobre todo respecto de aquello que se encapsula o expulsa sin presionar para su desintegración, opera en ese sentido.27 Así, la vulnerabilidad (material y simbólica) se convierte en el modo funcional para la reproducción, naturalizada, de la división social.

CONCLUSIONES

A lo largo de este trabajo se ha descrito la efectividad de las clasificaciones en un mundo estructurado en relaciones de clase que se procesan en marcos de significación que esconden modos de dominación y de poder social. Así, la nación se nos presenta como identidad biológica y como patrón legítimo de interpretación de las acciones.

Esta efectividad cristaliza en las formas que asume la codificación respecto de los que son parte de “nosotros” y los que son “otros”. Una división social tal implica la membresía y los límites de la misma que, móviles por cierto, adquieren particularidades según las necesidades de la conformación de la relación capital / trabajo a lo largo de la historia del capitalismo.

La dinámica política, económica y simbólica de los noventa en Argentina marca el modo de radicalización del avance del capital sobre el trabajo, la que genera una masa de desocupados desconocida hasta entonces en el país. La puesta en sistema de este proceso con las políticas poblacionales (de inmigración) producidas desde hacía ya tres décadas permitió la estructuración de la “cuestión migratoria” en la clave antedicha: peligrosidad, culpabilidad. Del peligro de la seguridad de los setenta se pasa a la culpabilidad del desempleo de los noventa. Las categorías étnico-nacionales y sus connotaciones son formas producidas social e históricamente.

A medida que se deteriora el mercado laboral y la estructura productiva del país, el Estado fue fijando claramente a quiénes deseaba tener “en regla” y a quiénes no. Fuera de la concesión de residencia quedaron miles de inmigrantes “reales” que intentaban o habían intentado en las últimas décadas ingresar y permanecer en Argentina: el “inmigrante pobre”. Las condiciones impuestas para su permanencia segregan al inmigrante al margen de las posibilidades de integrarse a la sociedad como igual. La situación de “indocumentación” lo coloca en una segunda vulnerabilidad: además de extranjero es indocumentado, lo cual es condición para definirlo como “ilegal”, etnónimo al que se somete al inmigrante regional que no puede cubrir las demandas (incumplibles, por cierto) del Estado para salirse de ese lugar social. Esta segunda vulnerabilidad hace de este “inmi grante indocumentado” e “ilegal” un factor de desestabilización social, obligado, por ello, a demostrar su inocencia sistemáticamente.

Este sometimiento produce un sujeto cada vez más des-ciudadanizado, resignado a ser fuerza de trabajo a menor precio que cualquier otro que se presente en el mercado. Si, por un lado, la condición nacional somete a los inmigrantes regionales a ocupar los peores lugares de trabajo en la estructura laboral, el caso de los que poseen sus documentos en situación irregular los somete a producir una mayor plusvalía en términos absolutos. Esta situación es la que estructura los modos en que los inmigrantes regionales se insertan desde hace años en la sociedad local. De ahí que, a medida que se fue profundizando este tipo de política, la vulneración de sus derechos (en términos de que “todos son iguales ante la ley”) se fue ampliando críticamente.

Así, la división étnico-nacional del trabajo fragmenta a la clase obrera de modo que ésta no encuentre en él aquello que la une como clase, y lleva al trabajador a percibirse en una lucha hacia dentro de esa clase por la obtención de los (escasos) recursos. La clase en sí deviene nación para sí. La igualdad teórica deviene desigualdad retórica y material.

Los grupos sociales estigmatizados (y producidos en situación de desigualdad) se expresan en un modo específico de formación social que se estructura a partir del modo particular que el capital asume desde la formación del sistema mundo interestatal.

La forma en que el capital (a través del agente estatal) interpela al trabajo define campos de interlocución en los que las necesidades y posibilidades de los inmigrantes regionales se ven modificadas, sobre todo a partir del modo en que se configura la etnicización de las relaciones sociales en el seno de la formación del Estado nacional.

Así, se comprende que las formas que el Estado ha asumido respecto de la inmigración regional sean heterogéneas, aunque marcando una línea progresivamente más dura respecto de las posibilidades de éstos para poder asentarse y desarrollarse en Argentina de manera igualitaria. Por todo ello, las respuestas de los paraguayos como grupo étnico han ido transformándose a medida que el Estado los interpeló en una clave étnico-nacional.

En consecuencia, los paraguayos que viven en Argentina no se reúnen porque son paraguayos, sino porque son construidos y para construirse, entre otras cosas, como paraguayos que viven fuera de Paraguay. No se congregan por una condición esencial, por más que esencialicen prácticas, creencias o imaginarios. En definitiva, la conformación de los paraguayos como grupo advierte sobre las complejidades en el orden de las clasificaciones, de las prácticas y de las relaciones sociales. Trabajar sobre esas prácticas específicas no implica ver en ellas manifestaciones de orden volitivo o individual sino, en todo caso, prácticas históricas, materialmente desiguales, socialmente construidas y significadas.

1 Agradezco la colaboración de Pablo Leona para la redacción de este trabajo y la presencia de Leonardo Halpern en cada una de las reflexiones aquí volcadas.

2 Pierre Bourdieu, “La codificación”, en Cosas dichas, trad. de Margarita Mizraji, Barcelona, Gedisa, 1996, pp. 83-92.        [ Links ]

3 María Pacecca, “Legislación, migración limítrofe y vulnerabilidad social”, Realidad Económica, núm. 171, Buenos Aires, abril-mayo de 2000.         [ Links ]

4 Idem.

5 Tal como afirma Pérez Vichich, “desde los años 60 comienzan a sentarse las bases de un modelo que conjuga el desarrollo económico con la seguridad nacional, que encuentra su expresión más acabada en el período de 1976 a 1983. Las políticas migratorias, en consecuencia, además de hacerse objetivamente más restrictivas, desplazaron su eje desde los aspectos laborales y sociales de la migración hacia el control de la población”. Nora Pérez Vichich, “Marco jurídico de las migraciones laborales: Argentina, Bolivia y Chile”, en E. Teixidó, G. Baer, N. Pérez Vichich, A. Santestevan, Ch. Gomes, Migraciones laborales en Sudamérica: el Mercosur ampliado, Estudios sobre Migraciones Internacionales, núm. 63, Ginebra, Oficina Internacional del Trabajo, 2003, p. 139.         [ Links ]

6 M. Pacecca, op. cit.

7 Héctor Vázquez, Procesos identitarios y exclusión sociocultural: la cuestión indígena en la Argentina, Buenos Aires, Biblos, 2000, p. 131.        [ Links ]

8 H. Vásquez, op. cit., p. 130.

10 Específicamente, los paraguayos, a lo largo de cada uno de los censos nacionales realizados en la Argentina fueron:

FUENTE: Elaboración propia, con base en Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, La migración internacional
en la Argentina: sus características e impacto, Buenos Aires, Serie Estudios, 27, 1997. Los datos
del Censo 2001 fueron extraídos de INDEC, “Tendencias recientes de la inmigración internacional”, en Aquí
se cuenta. Revista informativa del Censo 2001, núm. 12, febrero, Buenos Aires, 2004.

11 Respecto de los datos del Censo 2001, es muy escaso lo que se ha procesado al día de hoy. Por ello, mayoritariamente los datos del presente trabajo son extraídos del Censo de 1991 y de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).

12 María Marcogliese, “Proyecto diagnóstico de la colectividad paraguaya en Argentina”, Organización Internacional para las Migraciones, 2003         [ Links ](mimeografiado).

Extraído de María Marcogliese, op. cit.
El Censo Nacional de Población y Vivienda de 1970 no publicó los datos desagregados por nacionalidad.

14 Ezequiel Teixidó y Gladis Baer, “La migración laboral en la Argentina”, en E. Teixidó, G. Baer, N. Pérez Vichich, A. Santestevan y Ch. Gomes, op. cit., p 46.        [ Links ]

15 Alicia Maguid, “Migrantes limítrofes en el mercado de trabajo del área metropolitana de Buenos Aires, 1980-1996”, en Estudios Migratorios Latinoamericanos, año 12, núm. 35, Buenos Aires, 1997, pp. 31-62.         [ Links ]

16 No es menor la aclaración de que, dentro de la rama de la industria, “los migrantes lo hacen en una mayor proporción en las de uso intensivo de mano de obra, menos desarrolladas tecnológicamente, como son la fabricación de alimentos, de productos textiles, de confección de prendas de vestir, de artículos de cuero y de muebles. Los nativos, en cambio, se reparten en iguales proporciones entre estas industrias manufactureras y las otras más modernas, como química, metalmecánica, maquinaria y equipos, electrónica, automotores, etc.”. A. Maguid, op. cit. Esto muestra que, un cuando las proporciones entre migrantes y nativos eran similares (24% en la industria para 1991), se producía una división del trabajo entre más o menos calificación.

17 Idem.

18 Lelio Mármora, “Sustainable Development and Migration Policies: Their Treatment within the Latin American Economic Integration Blocks”, IOM Latin American Migration Journal, vol. 12, núm. 1/3, Santiago de Chile, 1994.         [ Links ] En A. Maguid, op. cit.

19 Liliana Brezzo y Beatriz Figallo, La Argentina y el Paraguay, de la guerra a la integración, Rosario, Instituto de Historia, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del Rosario, Pontificia Universidad Católica Argentina, 1997.        [ Links ]

20 Cfr. Gerardo Halpern, “Exiliar a los exiliados: acerca del derecho al voto de los paraguayos en el exterior”, en L. Calderón Chelius (coord.), Votar en la distancia: la extensión de los derechos políticos a migrantes, experiencias comparadas, México, Instituto Mora (Contemporánea sociología), 2003, pp. 357-358.         [ Links ]

21 Idem.

22 M. Pacecca, op. cit.

23 De hecho, Maguid (op. cit.) demuestra que los migrantes regionales presentan porcentajes muy superiores a los nativos en la condición de subocupación por calificación y de subutilización de la fuerza de trabajo (esto último, enormemente en el caso de las mujeres).

24 Cfr. Claude Meillassoux, Mujeres, graneros y capitales, trad. Óscar del Barco, México, Siglo XXI, 1999, pp. 170-194.        [ Links ]

25 Cabe destacar aquí que no siempre esa política de Estado ha sido reproducida por las demás instancias sociales. Uno de los casos importantes que deben señalarse es el que se generó en el marco de la elaboración de la amnistía migratoria de 1974. La misma se constituyó en uno de los momentos de mayor regularización migratoria que conoció Argentina. La descripción que obtuve de ella por parte de algunos informantes mostraba el grado de relación social que muchos sectores de paraguayos mantenían con organizaciones locales que luchaban por una redistribución igualitaria de la riqueza en el país. Así, la relación de éstos con organizaciones progresistas manifestaba, por un lado, el reconocimiento de una problemática específica (la vinculada a la documentación y a los modos en que el Estado producía la “ilegalidad” de los inmigrantes). Y, por el otro, una problemática en común: la integración, en términos de clase y de lucha antiimperialista, que diluía la condición nacional del trabajador, para identificar en el Estado y en la burguesía las formas de dominación y el antagonista político. Si bien ese criterio no es hoy dominante ni mucho menos, actualmente pueden encontrarse importantes avances en la Central de Trabajadores Argentinos, lo mismo que en la gran mayoría de las organizaciones de defensa de los derechos humanos.

26 El artículo 120 de la Constitución de Paraguay fijó la ciudadanía política al lugar de residencia, impidiendo que sean electores todos aquellos paraguayos que no tengan domicilio fijado en Paraguay. Para un análisis en detalle de esta cuestión, cfr. Gerardo Halpern, op. cit.

27 Dolores Juliano, “El discreto encanto de la adscripción étnica voluntaria”, en R. Ringuelet, Procesos de contacto interétnico, Buenos Aires, Ediciones Búsqueda, 1987, p. 106.        [ Links ]