La ética jesuita y el espíritu del desarrollo*

Jesuit Ethics and the Spirit of Development

Silvio Salej Higgins**

** Doctor en Sociología por la Universidad de París–Dauphine y la Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil. Núcleo de estudio sobre mercados (NUSMER). Programa de Posgrado en Sociología Política, Universidad Federal de Santa Catarina. Temas de especialización: desarrollo territorial, acción colectiva y organizaciones económicas. Teléfono: 5548 3879 2681. Correo electrónico: sisahi@yahoo.com.

Recibido: 3 de diciembre de 2008.
Aceptado: 24 de agosto de 2009.

Resumen

Analizamos el proceso de constitución  del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio (Colombia). El río Magdalena es el río de la patria, y la región central de su valle interandino es el corazón geográfico del país. Esta reconstrucción sociohistórica está articulada en dos ejes: uno, la comprensión de los incentivos que impulsaron a una burocracia religiosa —clérigos jesuitas— a asumir la conducción de una propuesta de desarrollo en una región de agudos conflictos políticos, y dos, la identificación de las causas racionales que guían la  propuesta del "desarrollo en caliente" lanzada por la dirigencia jesuítica.             

Palabras–clave: desarrollo territorial, racionalidad de la acción social, ética económica.                      

Abstract

The author analyzes the creation of the Development and Peace Program in na Medio (Colombia). River Magdalena is the country's main river and the central region of its inter–Andean valley is the geographical heart of the country. This socio–historic reconstruction is based on two axes: one, the understanding of the incentives that led a religious bureaucracy —Jesuits priests— to undertake a proposal for development in a region with acute political conflicts, and two, the identification of the rational causes underlying the "immediate development" proposal launched by the Jesuit leaders.

Cuentan que hace pocos años en el pequeño municipio de Landázuri, enclavado en las laderas de la cordillera oriental colombiana, los habitantes decían haber visto un "OPNI". Cuando les preguntaban qué significaba dicha palabra respondían con picardía: "un objeto político no identificado". Consta que por la misma época, el ministro de Defensa de Colombia se decía sorprendido por una curiosa alianza entre la Sociedad Económica de Amigos del País (SEAP) —fundación de estudios económicos creada por líderes del Partido Liberal Colombiano— y el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), instituto de estudios sociales fundado y dirigido por la Compañía de Jesús. Aunque no usaba la misma palabra que los habitantes de Landázuri, el ministro no conseguía identificar un objeto político constituido por liberales de tradición anticlerical y por jesuitas. Los habitantes y el ministro aludían a la naciente iniciativa del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio (PDPMM), sin duda una de las innovaciones más sui generis en el campo de la esfera pública vista en Colombia en los últimos veinte años.

Cuando en el mundo se comparan las crisis humanitarias más agudas —Sudán, Congo, Afganistán, entre otras—, el caso colombiano se muestra desconcertante. No se trata de un país con paupérrimos indicadores de desarrollo económico —de hecho el Banco Mundial (2008) lo cataloga como un país con un ingreso per cápita de desarrollo medio bajo—, de tal forma que se pueda pensar que la miseria socava el orden institucional; por el contrario, la fragilidad institucional enmarca los más dramáticos cuadros de miseria social: más de tres millones de desplazados internos a causa de la guerra, en su mayoría campesinos que perdieron aproximadamente cuatro millones de hectáreas de tierras (Kucharz, 2005); miles de desaparecidos a manos de grupos paramilitares y fuerzas oficiales; miles de secuestrados a manos de grupos guerrilleros. Por un lado, la guerra revolucionaria de guerrillas debilita y fragmenta la presencia del Estado en el territorio, de hecho la guerrilla pretende ser Estado; por otro lado, la guerra contrarrevolucionaria del Estado y de los paramilitares termina debilitando y fragmentando a la sociedad. Esta espiral de violencia acentúa el foso entre la sociedad y las instituciones del Estado, lo que a la postre degenera en la militarización de la vida social y en la privatización mafiosa de las instituciones públicas.

Lo más dramático del panorama anterior reside en que hay una correa de transmisión entre todos los tipos de violencia, una fuente de financiamiento constante para todos los grupos que le disputan al Estado el monopolio de la fuerza, ya sea porque lo desafían de forma revolucionaria o porque pretenden defenderlo con ejércitos privados. La economía cocalera es la síntesis de la fragilidad institucional de Colombia. Ocho años de intervención sostenida del gobierno de Estados Unidos, a través del Plan Colombia luego rebautizado como Iniciativa Andina, no han conseguido resultados contundentes contra la producción de cocaína. El último reporte oficial de la Oficina de Control de Drogas y Prevención del Crimen de la Organización de las Naciones Unidas (UNODOC, 2007), que le valió la ruptura de contrato por parte del actual gobierno de Álvaro Uribe, presentó estimaciones alarmantes: Colombia sigue exportando una gran cantidad de cocaína —600 toneladas métricas—, en un área plantada de 99 000 hectáreas, extensión que representa un incremento de 27% respecto a la medición de 2006. Esto significa que pese al esfuerzo represivo se mantienen altos niveles de eficiencia productiva y una gran capacidad de resiembra por parte de los cocaleros.

RESPUESTA REGIONAL A UNA CRISIS NACIONAL

Entrar en el universo del PDPMM (en adelante sólo PDP) tiene dos ventajas particulares: por una parte permite mirar, en el plano territorial, de lo regional a lo nacional, y por la otra, en el plano temporal, la larga tradición de conflicto y confrontación que liga el corazón geográfico del país con el centro de las decisiones políticas: Santa Fe de Bogotá. Para comenzar, basta decir que el PDP nace en el año de 1995 en la ciudad de Barranca bermeja, como fruto de la mesa de discusión regional sobre derechos humanos instalada por el sindicato de los trabajadores del petróleo Unión Sindical Obrera (USO) y la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol) con la mediación de la Iglesia católica regional (Diócesis de Barrancabermeja). En una región donde se había vivido con especial intensidad la confrontación armada entre el Estado y la guerrilla y donde la pobreza masiva de sus habitantes contrastaba con la jugosa renta de la economía del petróleo, la pregunta que se colocaba sobre la mesa era: ¿cómo sembrar el petróleo?

Las partes del contencioso acordaron buscar asesores externos que les permitieran identificar pautas de acción. La empresa buscó a la SEAP y el sindicato al CINEP. Luego de meses de discusión, fue constituido el consorcio SEAP–CINEP que le daría vida jurídica a una propuesta de intervención regional que luego fue denominada como Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio. La intervención del PDP en la vida regional fue concebida como un proceso en tres momentos: diagnóstico participativo, aprendizaje/planeación y ejecución. En síntesis, el diagnóstico concluyó que el territorio del Magdalena Medio —según criterios históricos, de flujos económico–demográficos y de interconexión vial— abarcaba unos 30 000 km² y contaba con una población estimada de 700 000 habitantes.¹ La renta per cápita regional era de 500 dólares estadounidenses por año y se generaba a partir de un modelo de economía extractiva altamente predador del ambiente y sin capacidad de control sobre los excedentes regionales. En el nivel de la dimensión política, las instituciones públicas se caracterizaban por su debilidad en medio de una cultura patrimonialista (De Roux, 1996a).

A partir de 1996, la economía ilegal de la coca —cultivo de la hoja y su transformación en pasta básica— era la actividad productiva que se ofrecía como la mejor alternativa a las formas tradicionales de subsistencia: la pesca artesanal y la agricultura familiar. El deterioro de las cuencas hidrográficas había provocado una disminución drástica del volumen de captura de peces, de 70 000 toneladas en la década de 1970 a 13 000 en la década de 1990. La pequeña agricultura había entrado en una crisis profunda a partir de la apertura económica colombiana al libre comercio mundial, a lo que se sumaba la falta de crédito, de infraestructura y la precariedad tecnológica. Según las más recientes estimaciones, había en la región del sur del Departamento de Bolívar, en el territorio del Magdalena Medio, unas 5 632 hectáreas dedicadas al cultivo de la coca, lo que representa un incremento de 136% respecto al año anterior (UNODOC, 2007).

Las organizaciones de la sociedad civil, comprometidas con la iniciativa del PDP, llegaron a la convicción de que había que actuar en medio de la confrontación armada. No era sensato esperar el triunfo definitivo de una organización político–militar para comenzar a construir alternativas de vida para la población que estaba en medio de las hostilidades. Fue así que entre 1997 y 2003 el PDP administró dos créditos Learning and Innovation Loan (LIL) concedidos por el Banco Mundial, cada uno de cinco millones de dólares estadounidenses con contrapartidas del gobierno de Colombia, cada una de 1.3 millones de dólares, para un total de 12.6 en la etapa de aprendizaje y planeación. Durante todo este periodo el esfuerzo se concentró en la construcción y el fortalecimiento de las organizaciones regionales, de tal forma que estuvieran dotadas de una perspectiva de futuro y fuesen capaces de conducir sus propias iniciativas económicas y políticas. Terminado el proceso de financiamiento del Banco Mundial, la Unión Europea se convirtió en el principal financiador de la fase de ejecución denominada Laboratorio de Paz del Magdalena Medio.

En 2003, el Laboratorio de Paz recibió 302 iniciativas de distintas organizaciones regionales. Fueron agrupadas en once líneas de acción: economía campesina, economía de pequeños poblados, planeación participativa, espacios humanitarios, educación, ciudadela educativa, derechos sociales y civiles, procesos de paz, comunicación y cultura, protección de recursos naturales y derecho a la tierra (CID, 2003).

El Magdalena Medio: un Far West en la historia colombiana

Visto desde una perspectiva histórica de larga duración, el territorio de la zona media del valle del río Magdalena ha sido una frontera interior de colonización, un Far West que atrajo sucesivas olas migratorias en busca de mejores condiciones de vida, en lo que se conoce como colonizaciones de aluvión. Cadavid (1999) distingue cuatro etapas de poblamiento:

Primera etapa (1501–1650)

El río Magdalena se convierte en la vía de penetración de la costa del Caribe en dirección al interior del país. La ocupación de la ribera se limita a algunas poblaciones que funcionaban como puntos de apoyo para las embarcaciones. La condiciones climáticas, la densa y húmeda selva tropical, sumadas a la resistencia de los indígenas, no constituían atractivos para ir más allá de las orillas del río. Dos fundaciones españolas son importantes en este periodo: Mompox en 1530 y Simití en 1536. Estos asentamientos fueron puntos estratégicos para la extracción del oro de la serranía de San Lucas en el sur del Departamento de Bolívar.

El río Magdalena ya se ha consolidado como arteria de tránsito entre la costa del Caribe y la zona andina. Se destaca la construcción, con mano de obra esclava, de una vital obra de ingeniería hidráulica: el Canal del Dique para comunicar a Cartagena de Indias, el más importante puerto de la corona española sobre el mar Caribe, con el río Magdalena. En el territorio del Magdalena Medio fue fundado Puerto Nare (1750), cuya función era servir de punto de penetración para Medellín y Antioquia. Otro hecho importante del poblamiento fue el asentamiento de algunos palenques (pequeñas aldeas de negros fugitivos de la esclavitud), entre los que se cuenta Norosí; éstos marcaron el origen de la población negra en la región.

Tercera etapa (1850–1948)

Tres actividades son determinantes en este periodo: la navegación por el río Magdalena en barcos de vapor, el inicio de la explotación del petróleo en 1916 y la construcción del ferrocarril entre 1880 y 1910. La navegación a vapor impulsó pequeños asentamientos de población, pioneros en la deforestación de la ribera, dedicados a la actividad extractiva del leñateo —corte de leña— dada la necesidad de alimentar las calderas de los barcos. La apertura de los primeros pozos de petróleo atrajo grandes masas migratorias de diferentes regiones del país, generando el crecimiento de Barrancabermeja, la más importante ciudad de la región. En torno del petróleo se formó un nuevo sector social de obreros y asalariados, factor que convirtió la región en el foco de importantes luchas sociales en la historia colombiana. La construcción de ferrocarriles fue otro factor que atrajo grandes flujos migratorios.

Cuarta etapa (a partir de 1948)

En este periodo las olas migratorias son consecuencia de la violencia bipartidista que asoló la región andina de Colombia. Los nuevos flujos migratorios se extendieron por todo el territorio de la región, entre el valle del río y el piedemonte de la cordillera. A partir de este nuevo poblamiento se inicia en firme la explotación agropecuaria de la región, superando las anteriores ocupaciones extractivas como el leñateo. Las arraigadas tradiciones campesinas de los nuevos pobladores andinos ayudan a explicar esta mudanza en la apropiación económica de los recursos regionales. Expulsados de sus regiones de origen, llegaron con sus familias para cultivar, con fines comerciales, productos como el arroz, el maíz y el frijol. Las importaciones indiscriminadas de alimentos, promovidas a partir de la década de 1990, entre otras razones, condujeron al debilitamiento de sectores agrícolas tradicionales e incentivaron la expansión de la economía cocalera en la región.

Las dinámicas económicas que transformaron el territorio dado en territorio construido prolongaron el esquema colonial desde el siglo XVI hasta la segunda mitad del siglo XX. El valle central del río Magdalena era percibido por los centros del poder nacional como su pequeña África interior en vías de ser ocupada.

Economía petrolera y conflictos sociales

Sobre el trasfondo de la periodización anterior podemos situar los principales conflictos sociales que ganaron expresión política hasta el extremo de la confrontación armada. En primer lugar, hay un largo periodo, entre el siglo XVI y el siglo XX, que marcó el exterminio de la población precolombina y la introducción de la población negra. En segundo lugar, el comienzo de la explotación del petróleo marcó un nuevo y largo ciclo de lucha social, esta vez de la mano del movimiento sindical petrolero. Apoyándonos en la historiografía de Gustavo Almario (1984: capítulo 1), reseñamos los momentos cruciales del largo ciclo de la economía extractiva del petróleo a lo largo del siglo XX. En 1905, el general Rafael Reyes, presidente de la República, concede a su ahijado de matrimonio, el comerciante Roberto de Mares, el primer contrato de concesión para explotación de manantiales petroleros en territorios de la nación. Sin el capital necesario para una empresa de esas magnitudes, De Mares consigue prorrogar su concesión hasta que pudo negociar en 1915 sus derechos con la Tropical Oil, filial de la Standard Oil Co. de Nelson Rockefeller. La entrada de capital extranjero marcó el inicio de la más rentable actividad económica regional, pero al mismo tiempo forjó las condiciones para la emergencia de los primeros sindicatos obreros de Colombia. De una aldea de 1 450 habitantes en 1919, Barrancabermeja pasó a ser una ciudad de porte medio en 1964, cuando llegó a tener una población de 80 000 habitantes.

En la primera mitad del siglo XX dos huelgas, en 1924 y 1927, marcan el primer pulso entre el capital transnacional de la "Troco", como era llamada la Tropical Oil, y la Sociedad Unión Obrera, el primer sindicato de trabajadores petroleros. Para la época, en un contexto de precariedad institucional de los derechos laborales, las reivindicaciones de los obreros, encabezados por Raúl Eduardo Mahecha, uno de los pioneros de las luchas proletarias en Colombia, consistían en las más elementales condiciones de salubridad: atención médica, agua potable, jornada de trabajo de ocho horas y remuneración digna. Las luchas obreras tuvieron dos de sus mayores logros en la década de 1950, cuando presionaron la reversión de la Concesión De Mares a manos del Estado y la creación de la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol). Si la concesión de derechos de propiedad por parte del Estado colombiano a la "Troco" había incorporado la región al mercado mundial del petróleo, al mismo tiempo había creado, por la vía de un nuevo mercado de trabajo, una de las fuerzas sociales más desafiantes de la dominación política colombiana.

Petróleo y déficit de territorialidad

La economía de enclave petrolero y su concomitante cultura política de confrontación desató la inercia de un desarrollo territorial extractivo que a la postre fue reacio a cualquier tentativa de control por parte del Estado central. Bajo la lente de una díada de conceptos, proponemos la siguiente argumentación sobre el desarrollo territorial del Magdalena Medio. Por un lado, distinguimos entre agregación de valor económico por especialización y especificación (Pecqueur, 2000) y, por otro, entre territorio y territorialidad (Gouëset, 1984).²

La incorporación temprana del territorio del Magdalena Medio al filière de la naciente industria petroquímica mundial marcó la pauta de lo que llamamos un déficit de territorialidad. De esta forma atraemos la atención para la superposición de una actividad económica que especializó el territorio en la producción de materias primas y de una identidad política contestataria surgida de las reivindicaciones de los obreros petroleros. Así, la dependencia del petróleo trajo como consecuencia la conformación de un suelo social muy árido para el surgimiento de instituciones públicas. Si los beneficios para la población llegaban por la vía de los servicios que eran conquistados de las empresas petroleras (vivienda, agua potable, energía eléctrica, atención en salud), poco sentido tenía exigirlos de la municipalidad local, cuando ésta existía.

En términos generales, y a diferencia de otros países de América Latina, en Colombia el ejército tuvo poco acceso al poder político, lo que habría impedido su participación activa en la conformación de un mito nacional de la integración del territorio (Gouëset, 1999). "Tierra sin hombres para hombres sin tierra" fue, por ejemplo, la consigna de la dictadura militar brasileña para promover la ocupación de la Amazonia en la década de 1960. En la única dictadura militar colombiana, el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla (1953–1957) trazó una política orientada a la modernización de la agricultura, cimentada en dos elementos: a) la colonización dirigida, y b) las obras de infraestructura como el ferrocarril del Atlántico (Ospina y Ochoa, 2001). Esta estrategia facilitó, entre otras cosas, la instalación de la agroindustria de las oleaginosas (palma africana) en la región del Magdalena Medio. En todo caso, las tentativas de colonización dirigida fueron efímeras y excepcionales en la historia de poblamiento de esta región.

EL PDP NACE EN EL CONTEXTO DE UNA CONFRONTACIÓN DEGRADADA

Hasta aquí tenemos los datos básicos de la trayectoria histórica de ocupación del territorio en el Magdalena Medio. La guerra insurgente del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), los conflictos laborales encabezados por los trabajadores del petróleo, sumados a la respuesta militar del Estado y los grupos paramilitares, generaron una crisis humanitaria sin precedentes en la región: el desplazamiento forzado de campesinos, el encarcelamiento y las ejecuciones extrajudiciales de líderes obreros, los secuestros de ingenieros y ejecutivos de empresas petroleras se contaban por decenas. Entre 1990 y 2001, según un estudio de Delgado (2006), se contabilizaron en la región 60 huelgas obreras, donde se destaca que el sector de los obreros petroleros generó 58.5% de las paralizaciones y protestas de este periodo.

Pero la USO no estaba en lucha con su propia sombra. Su contraparte, Ecopetrol, venía de un proceso de adaptación a las nuevas exigencias del mercado mundial, lo que demandaba su reestructuración por la vía de desestatizar algunos de sus procesos industriales para abrirlos al sector privado. En este escenario de pugnacidad —de huelgas precedidas por la muerte de sindicalistas, de sabotaje e inutilización de equipos de la empresa, de amenazas a líderes sindicales y directivos, de persecución judicial contra la cúpula de la USO— fue instalada, en el año de 1994, una comisión de derechos humanos USO–Ecopetrol con la finalidad de discutir alternativas a la grave crisis regional.

Si, por una parte, la USO pretendía hacer efectiva su incidencia política, por la otra, Ecopetrol buscaba una estrategia de legitimación de su presencia y de su imagen entre la población de la región. A los ojos de los pobladores, Ecopetrol oscilaba entre un benefactor todopoderoso que daba empleos, que financiaba obras de infraestructura comunitaria, que mantenía el estatus, excepcional en la región, del petrolero o trabajador con estabilidad y prebendas, y el villano que contaminaba el ambiente y que se prestaba para el saqueo de la riqueza nacional. En palabras de una de las representantes del sector de relaciones externas de Ecopetrol en el periodo de despegue del PDP, aunque la empresa había mudado su asistencialismo ancestral, sus programas institucionales que pretendían la integración con la población, sea como socio o como buen vecino, no "alcanzaban a ocultar la frialdad efectiva de los miembros de la empresa frente al destino cotidiano de la población. Esta 'frialdad' se percibe en términos de desafecto y discriminación contra quien no es trabajador del petróleo" (Cuéllar, 1996).

En medio a las tensiones entre Ecopetrol y la USO, aparece en escena un actor institucional de vieja data en la historia regional: la Diócesis de Barrancabermeja. Fue convocada por las partes en conflicto en calidad de facilitadora para la instalación de la mesa regional de derechos humanos. De hecho, en 1993 la Diócesis ya había formulado el propósito de realizar un plan de justicia social y paz para los municipios influidos por la explotación del petróleo (PDPMM, 2007). La Diócesis no estaba sola en su trabajo de mediadora, de hecho contaba con la asesoría del CINEP en un proceso que venía de muchos años antes. Después de 60 años de trabajo misionero en las selvas del río Magdalena, los jesuitas habían creado la Diócesis y mantenían su influencia sobre los lineamientos de la pastoral social.

Los jesuitas entraron en el juego y asumieron el comando, hasta hoy, de la propuesta de trabajo que salió de la mesa regional de derechos humanos. Aportaron el respaldo institucional del CINEP y el trabajo de su antiguo director. Pero más allá de lo anecdótico en la creación del PDP, es necesario entender cuál fue la estructura de oportunidades que permitió que la Iglesia católica asumiera la articulación de las sinergias institucionales que suponía un programa de esas características. Por el camino fueron quedando actores como la SEAP, pero el papel conductor de la Iglesia católica permaneció inalterado, es más, se fue afianzando frente a las instituciones de financiamiento y cooperación internacional. La tarea de concebir un programa ambicioso de desarrollo regional demandaba, al menos, la dotación de competencias técnicas de alta complejidad y al mismo tiempo una mística de trabajo que fuera más allá de la motivación media que se suele encontrar en cuadros burocráticos públicos o privados.

Conformar un equipo de asesores en dominios clave del conocimiento (economía, administración pública, finanzas, ambiente, historia regional, etcétera) era un asunto que podía ser solucionado fuera de la región, pero la selección de un equipo de terreno que motivase la participación de las poblaciones locales, en especial que permitiese la entrada en territorios donde imperaba el miedo y la desconfianza después de décadas de guerra, era el factor diferencial que no podía ser solucionado fuera de la región. La única institución dotada al mismo tiempo, en el sentido de Bourdieu (1980), de capital social con fines instrumentales (redes de interacción que facilitasen el acceso a la población) y de capital simbólico (autoridad y reconocimiento local), era la Diócesis de Barrancabermeja. Ésta tenía cobertura, mediante sus parroquias, en toda la región, y lo más importante, había formado, después de largos años de alianza formativa con el CINEP, un equipo de animadores comunitarios que actuaba en su comisión de pastoral social. Desde el inicio del PDP, el obispo de Barrancabermeja abrió las puertas para que sus agentes de pastoral social participasen de los trabajos de lo que sería el trabajo de diagnóstico participativo del PDP.

CATOLICISMO Y CAPITAL SIMBÓLICO EN LA REGIÓN

El comando prolongado de algunos clérigos católicos al frente del PDP es un proceso complejo en el cual se mezclan intereses materiales y simbólicos.³ Es decir, por un lado, se abrieron oportunidades de ganancias económicas como, por ejemplo, el hecho de que el obispo de Barrancabermeja garantizara el financiamiento de algunos de los proyectos específicos de la pastoral social al incluirlos de forma indirecta dentro del paquete de propuestas PDP que reunían las condiciones de viabilidad para ser financiadas. Por este camino, la Diócesis hacía valer su condición de aliado estratégico. Por otro lado, la Iglesia católica entra en el proceso de la economía de los bienes simbólicos tal y como es definida por Bourdieu (2007), es decir, por la vía de ser convidada como una mediadora confiable en los conflictos sociales de la región. En razón de su autoridad moral hace un fuerte trabajo de capitalización simbólica, entiéndase en el ámbito del reconocimiento por parte de los sujetos sociales, para posicionarse como una institución que debe ser consultada en las grandes decisiones colectivas. Para que esta capitalización simbólica sea eficaz, insiste Bourdieu, debe realizarse mediante su propia ocultación, debe presentarse como una entrega desinteresada a la causa de la salvación. En este punto resulta necesario reconstruir, así sea a grandes rasgos, los cambios históricos por los cuales atravesó la capitalización simbólica de los cuadros de comando que asumieron el PDP.

Combate contra la masonería y el protestantismo⁴

En este trecho del curso histórico debemos destacar algunos elementos de lo que aquí llamamos capitalización simbólica de la Iglesia católica. En primer lugar, más allá del interés económico, queda explícito que la Iglesia estaba en franca disputa por el espíritu de la sociedad en todos sus estratos. Era una cruzada contra el espíritu de la modernidad que, en este caso, significaba masonería y protestantismo religioso.

Muchas personas han tenido especial interés en que se funde aquí [en Barranquilla] una casa nuestra a modo de baluarte contra la Masonería, que ha contado como campo suyo esta costa [...]; muchas y repetidas gestiones se hicieron al efecto; pues las logias destruidas del todo en el interior de la República, se habían sostenido en este litoral, amparadas por el elemento extranjero, protestante y judío (Fernández, 1935, tomo VII: 4 apud Briceño, 1984).

Para el momento de la creación de la Prefectura Apostólica ya había comenzado la explotación del petróleo en el territorio de la Concesión De Mares por parte de la Tropical Oil Company. En los enclaves petroleros, la presencia de personal estadounidense de confesión protestante —entre directores y personal técnico (Almario, 1984)— era percibida de forma ambigua por los misioneros jesuitas. Por una parte, como demuestra la carta antes citada, eran una amenaza en razón de la posible expansión de las doctrinas protestantes pero, por otra, eran la oportunidad de obtener recursos materiales para el trabajo misionero. "Como los yanquis tienen también estaciones en las cuales los Padres trabajarían, es de creer que les prestarían recursos" (Briceño, 1984: 141). Esta ambigüedad es un elemento constante en lo que podemos llamar la capitalización simbólica de la clerecía católica en una economía de enclave petrolero.

"Renacer al catolicismo integral o caer en el comunismo "

Esta declaración de un misionero en ocasión de la visita del Comité Nacional Pro Paz a la ciudad de Barrancabermeja (1951) da el tono de las tensas relaciones políticas entre la jerarquía católica y el movimiento sindical petrolero hasta mediados del siglo XX. Aquí vemos un punto de ruptura aparente en la capitalización simbólica de la Iglesia católica, pero que entraña una profunda continuidad. Es decir, hay en un primer momento una estrategia de acción sobre el mundo político —pastoral obrera— típica de la acción católica de comienzos del siglo XX, caracterizada por tomar partido en contra del comunismo ateo y su lucha de clases; para este propósito la doctrina social de la Iglesia estimulaba la creación de partidos políticos (Democracia Cristiana) y de sindicatos obreros fieles a los valores católicos. En un segundo momento, la creación del PDP, medio siglo después, supone profundas transformaciones del contexto posterior a la Guerra Fría y deja al descubierto el papel conciliador de la Iglesia católica en los conflictos del mundo del trabajo. Partidista o conciliadora, el denominador común consiste en la determinación de la Iglesia por incidir allí donde esté en juego el poder temporal.

La visión antimoderna de los misioneros jesuitas llevó, por un lado, a la confrontación con los sindicatos de trabajadores petroleros ya conformados y, por otro, a la búsqueda de apoyo financiero entre las empresas petroleras. El recelo inicial con el cual la Compañía de Jesús veía la presencia de los gringos protestantes fue dejado de lado muy temprano. Con ocasión de la creación de la Prefectura, el padre provincial hizo gestión ante los gerentes de la Tropical y de la Andian (operadora del oleoducto Barranca–Cartagena) con la finalidad de que estas compañías ayudasen en la construcción de casas curales para los misioneros y en particular para la construcción de la sede de la Prefectura en Barrancabermeja. En el frente sindical, el año 1951 fue clave. En esta fecha debía hacerse efectiva, por parte de la Tropical Oil Co., la devolución de los campos petroleros de la Concesión De Mares al gobierno de Colombia, que para tal efecto había creado la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol). De forma paralela, los contratos colectivos caducaban y, por tanto, era necesaria la creación de un nuevo sindicato que asumiera las relaciones con la nueva empresa. En esta coyuntura, se dio el más agudo episodio de confrontación entre jesuitas y sindicatos petroleros. Al día siguiente del traspaso y creación de Ecopetrol, los jesuitas habían conformado el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Colombiana de Petróleos (Sincopetrol), de filiación católica y patronal, asociado a la Unión de Trabajadores de Colombia (UTC). Sin mucha fuerza política, este sindicato terminó disolviéndose.

La alianza entre el CINEP y la Pastoral Social Diocesana⁵

En el año de 1962, la otrora Prefectura del río Magdalena es elevada a la condición de Diócesis. Para tal efecto, el prefecto Bernardo Arango S.J. fue consagrado obispo y ejerció el cargo hasta el año de 1984, cuando la Diócesis fue entregada por la Compañía de Jesús a un nuevo obispo y a su equipo de clérigos seculares. No obstante, la presencia de la Compañía de Jesús vendría a prolongarse hasta hoy, pues los nuevos obispos exigieron que algunas de las parroquias de la ciudad de Barrancabermeja, junto con la parroquia del municipio de San Pablo, permanecieran en manos de padres jesuitas. Y lo más importante, para nuestro propósito demostrativo, fue la presencia prolongada del CINEP en la formación de los agentes de la Comisión Diocesana de Pastoral Social.

Sin este contexto no podríamos entender los lazos construidos entre la Comisión de Pastoral Social de la Diócesis de Barrancabermeja y el CINEP. Creada en 1971, la Pastoral Social Diocesana entra en contacto con el CINEP diez años después a través del trabajo formativo del movimiento Alianza Obrero–Campesina–Popular. La asesoría educativa que el CINEP prestaba a la Alianza tenía como punto de partida una crítica aguda al intelectualismo vertical con el cual la izquierda tradicional pretendía hacer "la concientización política de las masas". Esta línea de trabajo marcó de forma profunda el equipo de Pastoral Social y posicionó al CINEP como un socio permanente con proyección en la vida regional. De esta forma, hubo por lo menos un periodo de 12 años de trabajo conjunto que le permitieron al CINEP estar en posición de ventaja en el momento coyuntural que dio vida a la propuesta de un programa regional de desarrollo.

PRAGMATISMO POLÍTICO Y FINANCIAMIENTO DE PDP

En la coyuntura política de las negociaciones entre Ecopetrol y la USO, un ex director de CINEP asume el liderazgo para estructurar una propuesta de intervención regional. El primer paso concreto fue el diagnóstico participativo de la problemática regional. Para este propósito Ecopetrol hizo el primer aporte financiero de todo el proceso: 200 millones de pesos colombianos, 100 000 dólares estadounidenses aproximadamente, si tomamos como referencia la tasa de cambio de febrero de 2008. La gráfica 1 resume las diferentes fases de financiamiento del PDP. A partir de estas informaciones se pueden destacar algunos elementos clave de cómo fue evolucionando la estructura de oportunidades en la cual se movía la propuesta y el cálculo pragmático con el cual los recursos eran conseguidos.

En primer lugar, la articulación de instituciones multilaterales, gubernamentales y no gubernamentales del ámbito nacional, regional y local, sumada al monto de los recursos, hace del PDP una propuesta sui generis. No cabe en la categoría de una organización no gubernamental (ONG) dado que ejecuta recursos del gobierno colombiano y de la Unión Europea; tampoco es un órgano público estatal, dado que implica una institución eclesial. Desde el punto de vista metodológico, el PDP no se concibe a sí mismo como un banco de proyectos dado que aspira a formular una visión regional de desarrollo. Tampoco es un movimiento social, en el sentido que encarna, por ejemplo, el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra del Brasil (MST), en la medida en que el plan de acción PDP es amplio y asume de forma subsidiaria tareas propias de los gobiernos locales (financiamiento y ejecución de pequeñas obras públicas como la construcción de escuelas). Bajo la óptica del concepto de sinergia, acuñado por Peter Evans (2001) para designar el esfuerzo conjunto entre burocracias de Estado y organizaciones de la sociedad civil, podemos visualizar el esquema de acciones interinstitucionales que dan vida al PDP (gráfica 2).

En segundo lugar, el PDP atravesó las aguas turbulentas de tres gobiernos sucesivos. Cada gobierno, a su modo, intentó poner en práctica la propuesta. Pero también es cierto que en la génesis de su creación, en el gobierno de Samper, la coyuntura de gobierno era favorable para una propuesta del estilo PDP. Aunque el gobierno de Samper haya pasado a la historia por su famoso escándalo de infiltración de dinero del narcotráfico en la campaña por la presidencia, podemos decir que su programa de gobierno del Salto Social, comparado con el Plan Colombia de Pastrana y la Seguridad Democrática de Uribe, era el de mayor afinidad ideológica con una propuesta de desarrollo regional endógeno. De forma muy simplificada, la propuesta de Samper se podía caracterizar como una apuesta socialdemócrata después de cuatro años de abrupta puesta en marcha de reformas neoliberales del anterior gobierno de César Gaviria (Partido Liberal), más conocido como gobierno de la Apertura Económica. Samper buscaba, a diferencia de Gaviria, un levantamiento gradual del proteccionismo económico de tal forma que permitiese a los sectores más vulnerables de la economía, especialmente sectores del mundo agrícola, prepararse para competir en mercados abiertos. El Salto Social estaba cimentado en una política de concertación entre diferentes sectores de la producción, especialmente entre empresarios y trabajadores, conocida como Pacto Social. Las sinergias que cimentaban el PDP tenían un terreno abonado en un gobierno de las características ideológicas de Samper. Aunque corramos el riesgo del anacronismo, es impensable que un programa como el PDP, con amplio margen de autonomía, hubiese visto la luz del día en el escenario de un gobierno más controlador como el de Álvaro Uribe. Tal vez el margen hubiese sido mayor con Pastrana, dada la necesidad que éste tenía de legitimar el Plan Colombia. El hecho es que cuando llegan al poder Pastrana y Uribe, el PDP ya estaba posicionado como un actor regional con reconocimiento nacional e internacional.

En tercer lugar, la llegada al poder de Andrés Pastrana generó una fuerte tensión política en la conducción del PDP. La propuesta del Plan Colombia, presentado como una especie de Plan Marshall para la reconstrucción de las regiones agobiadas por la economía ilegal de la coca, fue lanzado en el municipio de Puerto Wilches, en la región del Magdalena Medio, con la presencia del presidente de la República y el director del PDP, entre otros. Por un lado, el gobierno necesitaba aliados estratégicos que legitimaran sus promesas de inversión social y, por otro, el PDP estaba en busca de nuevos recursos que le permitieran mantenerse a flote como una propuesta viable. Pero cuando comenzó a hacerse visible la estrategia militar del Plan Colombia, orquestada con ayuda del gobierno de Estados Unidos, a la dirección del PDP le resultó insostenible recibir financiamiento de una fuente que lo alineaba como un proyecto contrainsurgente en el orden regional. Recibir recursos financieros del componente social del Plan Colombia significaba posicionarse en favor de una estrategia militar y no del consenso social entre los diversos actores políticos regionales. Como salida a la tensión, la dirección del PDP, con mucha habilidad, renunció públicamente a aceptar recursos del Plan Colombia pero al mismo tiempo atrajo la atención de la Unión Europea, ávida de juego diplomático en la difícil situación colombiana. Los europeos, llamados a jugar un papel de contrapeso en la estrategia militar de Estados Unidos en Colombia, deciden financiar una propuesta con rostro más civilista. Con tal propósito, seleccionaron al PDP como estrategia piloto para impulsar el primer Laboratorio de Paz en Colombia, en una tímida alusión a que la Unión Europea reconocía las causas sociales y políticas de la confrontación interna en ese país.

EL "DESARROLLO EN CALIENTE" O CÓMO HACER POSIBLE LO IMPOSIBLE

Cerramos este recorrido por la trayectoria histórica de la región del Magdalena Medio y de la institución religiosa que gobierna el proceso del PDP con un análisis sobre el kerigma (anuncio) del desarrollo que anima dicho programa. Esto implica descomponer lo que entiende y practica el PDP cuando anuncia que es una propuesta regional en busca de la paz y el desarrollo. Para este propósito es necesario destacar que desde el inicio de las actividades en 1995, el control sobre las posiciones oficiales del PDP siempre estuvo en manos de su único director en más de diez años de existencia. El poder de formular discursivamente los fines últimos de la acción o de fijar la posición oficial sobre cualquier acontecimiento nunca fue delegado. La explicación de este hecho reside, en parte, en el carisma particular de su director, una persona de reconocida trayectoria nacional, primero al frente del CINEP y luego al frente del propio programa. Sin embargo, no tendría nada de sociológico atribuir exclusivamente una causalidad racional a las capacidades de un individuo cuando éste fue dotado de un capital cultural y simbólico de excepción por parte de una orden religiosa. Lo que interesa aquí, siguiendo a Max Weber, es descifrar la tensión que palpita en la racionalidad de conducción del PDP entre cálculo de utilidad y convicción, o en palabras de Amartya Sen (2002), entre consecuencialismo y principialismo.

Nos queremos aproximar, de la mano de los tipos puros weberianos, al discernimiento racional que palpita en una dominación de tipo carismático. En el cuadro 3 cruzamos dos tipos puros concebidos por Max Weber (2002). Por un lado, aparecen dos formas de acción racional, por objetivos y valorativa, que corresponden respectivamente a los tipos puros de la ética de la responsabilidad (guiada por el cálculo medio–fin–consecuencia) y de la ética de la convicción (guiada por la santidad de un principio sin medir consecuencias) y, por otro lado, dos formas de dominación, la burocrática (anclada en un sistema racional, formalizado, que define criterios de vinculación al cuerpo burocrático y criterios de promoción) y la carismática (anclada en cualidades tenidas por excepcionales en el individuo que impone su voluntad). Al cruzar estos tipos puros una cuestión se impone: ¿es la dominación carismática una dominación racional? En el caso de la dominación burocrática Weber es explícito al afirmar que está sostenida en reglas de juego que imponen un cálculo de medios–fin. Es decir, supone un sistema racional de reclutamiento y promociones burocráticas. En el caso de la dominación carismática nuestra interpretación apunta a pensar que el carisma del jefe está asociado a la encarnación de valores supremos que conceden santidad a sus actuaciones. En este sentido, se puede afirmar que el carisma es susceptible de un ejercicio racional, en el sentido de la acción racional valorativa (wertrationalenhandeln) definida por Weber. Es decir, se pueden adecuar medios para la consecución de fines supremos. En el cuadro siguiente se debe tener en cuenta que la racionalidad, en términos de adecuación de medios y fines, exige diferenciar los fines intermediarios, en el orden de la cadena causal, de los fines últimos de la acción humana. Los primeros se sitúan en el ámbito técnico y los segundos en el ámbito de lo que es tenido como bien supremo de una colectividad. Así, en términos funcionales, el dispositivo organizacional llamado PDP busca encuadrar un conjunto de recursos y la acción colectiva de un staff en la búsqueda de los fines supremos atribuidos al desarrollo regional. Se trata de un medio organizacional al servicio de una utopía. Es en ese sentido que se puede afirmar una dominación carismática con sustento racional.

Hay una anécdota que retrata el problema que ahora nos ocupa. Cuentan que en los primeros recorridos del equipo del PDP hubo un encuentro entre un jefe guerrillero del ELN, muy querido por la población de su área de influencia, y una comisión de las que estaba trabajando en el diagnóstico. El jefe habría afirmado: "Hablar de desarrollo y paz antes de que termine la guerra es una locura; ¿por qué no esperan que esto termine y entonces comenzamos el desarrollo?" Es justo ahí donde queremos concentrar nuestra atención. En el discurso del PDP se hizo famosa la expresión "desarrollo en caliente" para referirse a que no era necesario el final de la confrontación para comenzar a trabajar en la solución de los profundos problemas económicos y políticos que afectan la vida de la población regional. Después de diez años de experiencia, en los que se cuentan sucesos dolorosos que costaron la vida a personas que habían participado como miembros del equipo o que participaban en proyectos apoyados con recursos del programa, resulta importante construir una clave de interpretación sobre el discernimiento racional que permite pasar de lo utópico a lo factible. Si la acción oblativa de la dirigencia jesuita antes expuesta inspirase solamente, en el caso del PDP, la ilusión trascendental de un mundo plenamente reconciliado donde se fortalezca de forma pura la dignidad humana, con certeza habría dado lugar a la creación de un convento de clausura o a una comunidad hippie alternativa, y no a una empresa política y económica. Es decir, la praxis del PDP en estos diez años supone un discernimiento entre lo imposible de los principios y lo que es posible en la búsqueda de los medios. De acuerdo con Hinkelammert (2002), la crítica de lo imposible —de lo utópico— no es un ejercicio de reflexión a priori por el cual se descubre lo factible; por el contrario, es un ejercicio práctico que se lanza a hacer lo imposible y con buen sentido descubre lo que puede ser hecho o no.

La gráfica 3 ofrece los elementos básicos del discernimiento racional —descubrir lo factible en la búsqueda de lo imposible— que guía la acción del PDP. Diferenciamos los elementos que conforman la visión utópica de los elementos de método. Las informaciones fueron obtenidas de diferentes documentos oficiales que abarcan el periodo entre 1995 y 1999 y que condensan el pensamiento programático y metodológico, tal y como fue concebido por la dirección (De Roux, 1996c, 1997, 1998, 1999a, 1999b). De forma concisa, exponemos los elementos del discernimiento ético–racional que supone intentar el desarrollo y la paz en medio de una confrontación político–militar.

CONCLUSIONES

• En la gestación del PDP podemos distinguir la senda histórica de las fuerzas sociales en confrontación —grupos insurgentes, empresas petroleras, sindicatos obreros, fuerzas armadas del Estado, etcétera— y la coyuntura del embate político en torno a la riqueza petrolera regional. Frente a los conflictos sociales, la política de concertación del gobierno de Samper (1994–1998) creó una estructura de incentivos excepcional para la articulación de un programa regional de desarrollo que comprometiera a actores institucionales tan diversos.

• La pregunta de consenso entre Ecopetrol y la USO —¿cómo sembrar el petróleo?— demandaba la mediación de un actor institucional de amplia trayectoria y reconocimiento regional. Sólo la Iglesia católica contaba con el capital simbólico y social necesario para desempeñar el papel de mediador. Las misiones de los jesuitas era tan antiguas como la apertura de los primeros pozos de petróleo por parte de las multinacionales. Antes que las instituciones del Estado local —municipios— ya estaba la Iglesia católica y sus misioneros. La conducción del PDP no hace más que afianzar el lugar político de la Iglesia católica regional, pues se presenta como un actor indiscutible en las grandes decisiones que afectan al Magdalena Medio.

• Las relaciones de los clérigos jesuitas con el mundo político pasaron por tres momentos bien marcados. En el primero imperó una visión antimoderna y anticomunista, propia de la acción católica preconciliar. En el segundo primó la visión del catolicismo de la liberación que hacía compatible la fe católica con la acción política de los sectores populares. En el tercero, ya en pleno proceso de concertación del PDP, se impuso una visión más pragmática y reformista impulsada por un liderazgo carismático y por una acción oblativa en favor del desarrollo regional.

• Para el caso colombiano, la constitución del PDP fue un caso inédito de concertación de una política pública, pues desató sinergias entre instituciones de escala organizativa–local, regional, nacional e internacional, y de naturaleza política diversa, estatal, no gubernamental y multilateral. Desde el punto de vista estratégico, el horizonte hacia el cual camina el PDP —superar la economía extractiva y construir lo público— implica construir formas de economía que agreguen valor por especificación y equilibrar el déficit de territorialidad, es decir, jugársela por el fortalecimiento de las formas asociativas locales y por el control que éstas puedan ejercer sobre la eficiencia de los gobiernos municipales. En este sentido, el PDP se concibe como un gran semillero de organizaciones regionales: "antes de diez años de maduración nada es sostenible", insiste su director.

• La consigna de hacer el "desarrollo en caliente" —en medio a la confrontación armada— está sostenida en el liderazgo carismático de la dirigencia jesuítica y en una ética racional que busca discernir los medios políticos y económicos que se aproximen paulatinamente a la vigencia del valor último de la dignidad humana. Este discernimiento constante implica, por un lado, la consigna pragmática de "entrar con la de ellos y salirnos con la nuestra", propia de la Compañía de Jesús y de gran éxito en la consecución de recursos financieros y, por otro, la disposición de un equipo de terreno capaz de la acción oblativa que invita a asumir los riesgos que una burocracia convencional no asumiría. Así, no fue casual que la mayoría de los delegados regionales contratados por el PDP, para promover de forma itinerante entre la población la constitución de núcleos municipales de desarrollo y paz, haya sido reclutada entre los agentes del secretariado de la Pastoral Social de la Diócesis de Barran–cabermeja. Este equipo tenía la particularidad de haber sido formado y entrenado por el CINEP de la Compañía de Jesús.

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NOTAS

* Con el apoyo financiero de la Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), del Ministério da Educação Nacional (Brasil) y del Programa AlBan, becas de alto nivel de la Unión Europea para América Latina, E06D100342CO.

¹ Desde el siglo XVI, el Magdalena es el río de la integración nacional. Cruza el país de sur a norte entre dos brazos de la Cordillera de los Andes. El territorio delimitado como Magdalena Medio no corresponde a una entidad político–administrativa del Estado colombiano. De hecho abarca 30 municipios de cuatro departamentos diferentes: Santander, Bolívar, Antioquia y Cesar.

² Agregación de valor por especialización significa la incorporación de valor económico mediante la división del trabajo propia de una línea de producción. Cada fase de la cadena aporta un componente diferente. Desde el punto de vista territorial, supone la deslocalización de las fases productivas. Ejemplo: un computador es ensamblado en la China con piezas venidas de diferentes partes del mundo. Agregación de valor por especificación: significa la incorporación de valor económico a partir de elementos patrimoniales —culturales, identitarios, sanitarios— que hacen único un bien o un servicio. Desde el punto de vista territorial, la patrimonialización supone la afirmación de lo local, de lo que es único. A esto corresponden las apelaciones de origen, por ejemplo: el champagne, el vino bourdeaux, el café de Colombia, los puros cubanos, etc. Territorio: significa el espacio geográfico apropiado, en el sentido más general designa la pertenencia jurídica, el espacio político donde es ejercida la autoridad de un Estado. Territorialidad: significa el modo de apropiación de un espacio geográfico, supone un proceso de identificación y representación, sea individual o colectivo, y que muchas veces desconoce fronteras políticas y administrativas dadas (Gouëset, 1999). La territorialidad es construida a partir de relaciones sociales, lo que implica la aparición de instituciones que las hacen duraderas en el tiempo y en el espacio.

³ "El comportamiento del ser humano no se rige inmediatamente por ideas, sino por intereses materiales e ideales" (Weber, 2001:24). Isabelle Kalinowski, traductora francesa de La ética protestante y el espíritu del capitalismo, al comentar el papel que Weber atribuye al interés, agrega una observación que ayuda a aclarar el problema que nos ocupa: "De esta forma, Weber asigna al sociólogo una pregunta que no se confunde en nada con la del filósofo o [la] del teólogo: confrontado con cualquier fenómeno social, aunque sea este 'ideal', [el sociológo] se pregunta 'a quién beneficia' [Wem sie zugute kam]" (Kalinowski, apud. Weber, 2002 :12, traducción de S.S.H.).

⁴ En este trecho sobre la historia de la Diócesis de Barrancabermeja seguimos el trabajo historiográfico hecho por el jesuita Manuel Briceño Jáuregui (1984).

⁵ En este apartado nuestra fuente primaria fue el documento inédito: "Pastoral social, experiencia de trabajo", 1971–1986.