José Luis Velasco, Insurgency, Authoritarianism, and Drug Trafficking in Mexico's Democratization

Cristina Puga

(Nueva York: Routledge, 2005), 239 pp.

Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM

¿Cuándo podemos decir que una democracia reúne las condiciones mínimas para llamarla de ese modo? Numerosos autores se han planteado el problema de los requisitos con los que una democracia debe cumplir y que, de acuerdo con la perspectiva de cada autor, pueden ser desde normas procedimentales referidas fundamentalmente a procesos electorales periódicos, transparentes y participativos, hasta cambios económicos sustantivos que den un contenido social a la libertad y la igualdad contenidas en las reglas del funcionamiento político. La existencia de un Estado de derecho y la afirmación de valores como la tolerancia, el respeto a la pluralidad y a los derechos humanos han sido también incluidos como características deseables de una democracia integral.

José Luis Velasco se hace esta pregunta referida al proceso de transición democrática en México, el cual condujo a la alternancia partidaria y al gobierno de Vicente Fox. La pregunta contiene al menos dos zonas de incertidumbre: sí se puede hablar verdaderamente de un proceso de transición de un régimen autoritario a uno cabalmente democrático y otra, más coyuntural, referida a las posibilidades de ejercicio democrático en el gobierno que se iniciaba en diciembre de 2000. La respuesta de Velasco, fundada en lo ocurrido en la década 1990-2000, es pesimista. Sostiene la existencia de una democracia incompleta en la que sobreviven prácticas políticas autoritarias, en la que la insurgencia constituye un problema latente y en la que el narcotráfico amenaza permanentemente la soberanía estatal y el poder del Estado. Todo lo anterior lo conduce al diagnóstico de que "la transición democrática mexicana es real -pero también es parcial, débil, contradictoria y superficial". Ello hace que la mexicana sea, por decir lo menos, una democracia amenazada permanentemente por sus propias contradicciones.

La insurgencia se refiere, por supuesto, al movimiento zapatista que, a pesar de haber depuesto las armas, se mantiene como una importante manifestación opositora en 2000 -y podríamos decir que, a pesar de su decreciente importancia no se puede, de ninguna manera, considerar desaparecido seis años después-, y que constituye, por un lado, una voz de alerta acerca de las condiciones de extrema pobreza de muchas comunidades en el país y, por otro, un fermento de rebelión que, aunque sea desmantelado a la larga por el gobierno, puede resurgir, dadas las características de desigualdad económica en el territorio mexicano. Más aún, dice Velasco, la existencia del movimiento rebelde en un contexto de cambio democrático demuestra que no se requieren condiciones políticas extremas para que la insurgencia aparezca y amenace la estabilidad de un país. En contradicción con las expectativas de la literatura de la transición, "en lugar de eliminar [la insurgencia] la transición democrática tiende a hacerla crónica". Ello, en la medida en que los integrantes del movimiento no se atreven a una acción decisiva en contra de gobiernos legitimados electoralmente, y en tanto que los gobiernos tampoco actúan para eliminar el movimiento porque ello afectaría su propia legitimidad.

En cuanto al autoritarismo, Velasco lo encuentra fundamentalmente en la persistencia del corporativismo, de la existencia de caciques y de prácticas clientelares y populistas, todo lo cual influye todavía en elecciones en las que la participación es desigual respecto de los grados de escolaridad, de desarrollo económico regional y de la proveniencia urbana o rural de los votantes, y donde -en la década estudiada- el PRI seguía obteniendo votos a partir del control de sus bases corporativas y del impulso a programas de asistencia social. De hecho, Velasco lleva al extremo el análisis y sostiene que la existencia de procedimientos democráticos no elimina las prácticas autoritarias las cuales, a su vez, se benefician de la desigualdad económica que favorece el control político de los grupos organizados y de comunidades numerosas, es decir, en su opinión, la desigualdad es funcional al autoritarismo.

El tercer elemento que actúa en contra de una transición democrática integral es el narcotráfico, cuya expansión Velasco atribuye a la globalización económica, la cual simplifica el flujo de mercancía ilegal a través de las fronteras y facilita las operaciones financieras. El narcotráfico pone en jaque la capacidad del Estado para hacer cumplir la ley, argumenta el autor, al mismo tiempo que propicia tendencias hacia la corrupción, por un lado, y hacia la militarización estatal y la violación de derechos humanos, por el otro. El narcotráfico, problema de dimensión mundial, añade a la transición democrática mexicana un problema más: el de la posición de Estados Unidos, principal consumidor de la droga que se produce o se distribuye desde México, y que exige una acción eficaz del gobierno mexicano en contra del narcotráfico, creando lo que Velasco advierte como un serio dilema que incluso afecta a la soberanía estatal: "mantener una lucha contra las drogas que [el gobierno mexicano] es incapaz de ganar, o enfrentar las consecuencias de la hostilidad por parte de los Estados Unidos".

Frente a todo lo anterior, Velasco considera insuficiente la definición procedimental de la democracia y sostiene que no es posible considerar que la misma existe solamente a partir de que existan reglas que aseguren procesos electorales y libertades políticas. Es necesaria una mayor igualdad económica y social que inhiba prácticas autoritarias y levantamientos rebeldes y que dé mayor fuerza al Estado frente a la delincuencia organizada. Sugiere inclusive que la postulación de la democracia como forma deseada de régimen ha invertido el viejo postulado de la teoría modernizadora, que consideraba al desarrollo económico como precondición de la democracia, y la ha sustituido con la noción de que un gobierno democrático es suficiente para lograr la mejora de las condiciones sociales. Con ello no se quiere decir, dice el autor, que un alto nivel de vida es condición indispensable para llegar a la democracia, sino que "en sociedades con una pobreza generalizada y alta desigualdad, el cambio democrático requiere, para tener éxito, de una mejora sustancial en la distribución del ingreso", y que "por sí sola, la democracia procedimental no es capaz de lograr dicho cambio".

En este sentido, Velasco coincide con la conclusión que, apenas unos cuantos meses después de la aparición de su libro, expresaría la comisión encargada del estudio sobre la democracia en América Latina del Programa para el Desarrollo de la Organización de Naciones Unidas (PNUD). La misma advirtió del riesgo para el sostenimiento de las democracias de una creciente población dispuesta a sacrificar las libertades democráticas por una mejora en sus condiciones de vida, lo cual obliga tanto a poner atención al problema de la desigualdad como al de la calidad de la democracia. Se trata, sin duda, de un problema largamente discutido, y en el que con frecuencia la disimilitud de los puntos de partida -es decir, de las sociedades avanzadas en donde la democracia se ha impuesto como forma de vida política y social- obstruye una visión objetiva de los innumerables obstáculos con los que tropieza la instauración de una verdadera democracia en países con diversos grados de atraso económico y social.

En su libro, Velasco apunta un programa mínimo de política redistributiva que debería acompañar al proceso de transición democrática en México. El mismo incluye programas antipobreza, reformas hacendarias, apoyo a pequeñas y medianas unidades de producción, infraestructura, inversión en educación y ciencia y una estrategia de aumento gradual de salarios. Una respuesta que apunta a un programa mínimo de cambios que podrían mejorar la situación económica y social del país pero que, dada la magnitud de los problemas reportados por Velasco parecería quedarse corta y susceptible de ser utilizada solamente como propuesta retórica en una campaña política. Probablemente, a la luz de la experiencia política de los últimos seis años, se requeriría de un programa más puntual que no sólo atienda a las carencias, sino que corrija los errores y omisiones del primer gobierno de alternancia en el país.

En efecto, a cierta distancia del periodo analizado, sorprende en el trabajo de Velasco la persistencia de problemas que, un sexenio completo más tarde, están lejos de solucionarse. La amenaza del levantamiento armado tal vez se haya disipado gradualmente, pero la organización alternativa de los zapatistas en Chiapas sigue vigente y constituye un reto frente al Estado y una denuncia permanente de la todavía precaria situación económica de la región. En el caso del narcotráfico, su avance ha creado nuevas amenazas a la seguridad interna, en la medida en que se nutre tanto de ex miembros de fuerzas policíacas o militares como posiblemente de antiguos integrantes de movimientos de corte revolucionario, y debido a que ha comenzado a disputar abiertamente el monopolio de la violencia en el país. La creciente presencia de fuerzas militares como garantes del orden pone de manifiesto la peligrosa situación de un gobierno que trata, sin mucho éxito, de controlar a grupos delictivos transnacionalizados cada vez más audaces y más agresivos. De otra parte, el autoritarismo, modificado, resurge en acciones gubernamentales, como fue el uso de la autoridad presidencial para influir en las elecciones del 2006, al igual que en la persistencia de monopolios gremiales con líderes de moralidad dudosa al frente o en los procesos internos de los partidos políticos. Así, pese a un creciente proceso de institucionalización democrática, a cambios importantes en la conciencia ciudadana y en las prácticas electorales y a una creciente adopción de valores democráticos, la visión pesimista de José Luis Velasco constituye una llamada de atención que no se puede dejar de atender.