Analizando la violencia después del conflicto: el caso de Guatemala en un estudio sub-nacional¹

Analyzing Violence after the Conflict: Guatemala as a Case of a Sub-national Study

Katherine Aguirre Tobón*

* Investigadora Asociada, Instituto Igarapé, (Brasil). Economista colombiana. Maestra en Estudios del Desarrollo del Graduate Institute of International and Development Studies, Suiza. Sus líneas de investigación son: estadísticas sobre violencia, iniciativas de prevención y reducción de la violencia, violencia después del conflicto. Monitoreo, seguimiento y evaluación de proyectos de desarrollo. Entre sus últimas publicaciones destacan: El tráfico de armas en Colombia: una revisión desde los orígenes a los destinos (2011); El control de armas como estrategia de reducción de la violencia en Colombia: pertinencia, estado y desafíos (coautoría con Jorge Restrepo) (2010) y Convergencia en Indicadores Sociales en Colombia. Una aproximación desde los enfoques tradicional y no paramétrico (2005). Correo electrónico: katherine@igarape.org.br.

RESUMEN

Este artículo conceptualiza la violencia después del conflicto, desarrolla su definición, los factores explicativos y construye una tipología de ocho formas de violencia. Una consideración central en este análisis es que existen diferentes niveles de relación entre la violencia de conflicto y la violencia después del conflicto con algunas formas de violencia completamente relacionadas, otras relacionadas sólo parcialmente y otras completamente independientes del conflicto armado. Mientras aspectos generales de condiciones de paz definen la violencia después de conflicto en un sentido débil, legados directos de la guerra definen violencia después del conflicto en un sentido fuerte. El estudio de caso de Guatemala permite identificar patrones relacionados con cada forma de violencia, en un análisis a nivel sub-nacional.

Palabras clave: conflicto; violencia; violencia después del conflicto; condiciones de paz; legados de la guerra; Guatemala.

ABSTRACT

This article conceptualizes post-conflict violence by developing its definition, analyzing the factors which can explain it and constructing a typology of eight forms of violence. A central concern of this analysis is that there are different degrees of relation between the violence of conlicts and post-conlict violence given that some forms are fully related, while others are only partially related, and still others are completely independent of armed conflict. While general conditions of peace define post-conflict violence in a weak sense, direct legacies of war define post-conflict violence in a strong sense. The Guatemalan case study allows to identify patterns related to each form of violence at a sub-national level of analysis.

Keywords: conflict; violence; post-conflict violence; conditions of peace; legacies of war; Guatemala.

Introducción

El posible aumento de la violencia después de un acuerdo de paz es un tema central en las discusiones sobre la estabilidad de los contextos de post-conflicto. En éstos, la violencia de post-conflicto puede referirse a la reincidencia del conflicto, así como a violencia de largo plazo. En cualquier caso, el término "violencia de post-conflicto" es usado indiscriminadamente para hacer referencia a cualquier tipo de violencia que ocurre después de la terminación del conflicto armado. Sin embargo, no existe un caso único de "violencia de post-conflicto". De hecho, dependiendo del contexto nacional -incluso regional- la violencia que ocurre puede ser una recurrencia del conflicto, estar parcialmente relacionada o ser completamente independiente de éste.

Esta investigación busca analizar las dinámicas de la violencia después del conflicto. Se ilustra cómo la violencia puede estar relacionada en diferentes niveles con éste y se propone una tipología de ocho formas de violencia. Considerando este marco conceptual, el caso de Guatemala tiene validez como estudio de caso.

Hay factores que pueden explicar, en términos generales, la existencia y reproducción de todas las formas de violencia después del conflicto, tales como condiciones políticas y económicas generales (condiciones de paz), las cuales definen la violencia de post-conflicto en un sentido débil. Otras explicaciones, directamente relacionadas con los legados de la guerra, definen la violencia de post-conflicto en un sentido fuerte.

Para determinar en qué medida la violencia está relacionada con el conflicto -en un sentido débil o fuerte- se requiere un análisis detallado de cada contexto de post-conflicto. Adicionalmente, la violencia no está uniformemente distribuida en el país, lo cual justifica la realización de análisis a niveles sub-nacionales. Guatemala es un caso especialmente importante para este análisis: la violencia aumentó considerablemente después del Acuerdo de Paz Firme y Duradera de 1996. Estudios recientes sobre la violencia actual en Guatemala han vinculado aquella derivada del post-conflicto con la continuidad y fortalecimiento de grupos clandestinos, junto con la situación de impunidad y corrupción existente después del Acuerdo. Sin embargo, este trabajo pretende proveer una visión más amplia, considerando también las dinámicas regionales.

El estudio de caso de Guatemala está basado en una "regionalización" de la violencia después del conflicto. Al enfocarnos en determinados tipos de violencia en cada región, es posible identificar los factores y patrones relacionados con cada forma de violencia, distinguiendo los que están directamente asociados con los legados de la guerra de aquellos vinculados con las condiciones de paz, o los que son independientes del conflicto.

Para poder desarrollar los contenidos presentados de modo sistemático, este artículo se subdivide en cinco secciones. Siguiendo a esta introducción, la primera de ellas presenta el marco conceptual de la violencia después del conflicto. La siguiente introduce el caso de Guatemala, presentando la evolución de la violencia en el país. A continuación se desarrolla el objetivo primario de la investigación: la regionalización de la violencia después del conflicto en Guatemala. Con estos elementos, la última sección aborda las conclusiones.

Violencia después del conflicto: conceptos y casos

La literatura académica que ha resaltado las limitaciones de la deinición de violencia de post-conflicto es extensa (Suhrke, 2012; Kurtenbach y Wulf, 2012; Small Arms Survey, 2009; Declaración de Ginebra, 2008; Lambarch, 2007).² La terminación del conflicto armado no implica que los actores, motivaciones o mecanismos sean nuevos, independientes o completamente transformados en relación con los tiempos de guerra. Hay que considerar que la violencia "es endógena a las guerras civiles, los actores políticos usan la violencia para alcanzar múltiples objetivos que se superponen y pueden ser incluso contradictorios" (Kalyvas, 2006: 23).³ La violencia tiene múltiples objetivos, sirviendo a diversas motivaciones individuales, organizacionales e ideológicas, así como en el caso del tráico de drogas ilícitas en Afganistán y la violencia contra las mujeres con fines políticos en Irak (Stepanova, 2010; Declaración de Ginebra, 2011; Green y Wald, 2009).

Como se presenta en la figura 1, la violencia de post-conflicto puede tomar lugar en cualquier momento después de la terminación de éste, sin embargo, no toda la violencia después del conflicto es violencia de post-conflicto. De la misma manera, formas de violencia como la continuación de las confrontaciones armadas, o las que son completamente independientes del conflicto, deben ser excluidas del concepto de violencia de post-conflicto. La violencia de post-conflicto sólo se refiere a los casos en que la violencia está parcialmente relacionada con el conflicto (relación que puede ser en un sentido débil o fuerte).

Violencia completamente relacionada o independiente del conflicto: no es violencia de post-conflicto

Kalyvas define una guerra civil como "un combate armado al interior de las fronteras de una entidad soberana reconocida, entre partes sujetas a una autoridad común al inicio de las hostilidades" (Kalyvas, 2006: 17). De acuerdo con esta definición, el aspecto que distingue una guerra civil de una situación de post-conflicto es la ausencia del monopolio de la violencia por parte del Estado y el desafío de la plena vigencia de su soberanía.

Siguiendo esta argumentación, hay una distinción entre guerra civil y violencia de la guerra civil: "las causas de la violencia en una guerra civil no pueden asumirse como las mismas causas de la guerra civil" (Ibídem, 2006: 20). Como una analogía, se puede afirmar que "cuando un conflicto termina, la violencia de conflicto no necesariamente termina", por lo que no toda la violencia que ocurre después del conflicto es violencia de post-conflicto como tal.

En algunos casos, después de la terminación del conflicto la violencia se relaciona con el desafío de la soberanía. En estos casos, los "oligopolios de violencia" permanecen activos (Lambarch, 2007). Después de la terminación del conflicto, "el Estado es frecuentemente incapaz de cumplir su mandato de ejercer un monopolio legítimo sobre los medios de coerción física. Como resultado, proveedores alternativos de seguridad entran en el 'mercado de la seguridad'" (Ibídem, 2007: 7). Cuando los grupos opositores (spoilers) logran su objetivo, se retorna al conflicto. Igualmente, en algunos casos la violencia puede ser usada para crear ciertas condiciones en las negociaciones (Darby, 2001 y Stedman, 1997: 1).

Como se muestra en la figura 1, al final del espectro se ubican los casos excepcionales de continuación de la violencia completamente independiente del conflicto. Estos casos se vinculan con los procesos de recuperación económica, política y social.

Siguiendo con lo presentado en la figura 1, la violencia de post-conflicto ocurre exclusivamente cuando está parcialmente relacionada con el conflicto. Dependiendo de cada contexto, la violencia de post-conflicto puede tener una relación débil o fuerte, esto es, puede estar relacionada con las condiciones de paz o con los legados de la guerra (Suhrke, 2012).

Violencia de post-conflicto en un sentido débil

Hay algunos factores que en términos generales pueden explicar la existencia y reproducción de todas las formas de violencia después del conflicto, así como también la violencia durante el conflicto. Estos factores están asociados con las condiciones políticas y socioeconómicas generales (condiciones de paz). La violencia explicada por estos factores se entiende aquí como post-conflicto en un sentido débil.

Entre las condiciones de paz se incluyen la ausencia del imperio de la ley, inestabilidad política y socioeconómica y el colapso institucional (impunidad y corrupción) (Banco Mundial, 2011: 3). El caso extremo de violencia completamente explicada por la ausencia del imperio de la ley e inestabilidad constituye un caso de "Estado fallido".

Violencia de post-conflicto en un sentido fuerte

Se refiere a las formas de violencia después del conflicto que pueden ser explicadas por los legados directos de la guerra, entre los cuales se incluyen el balance de poderes resultante del acuerdo, la insatisfacción masiva como resultado de un acuerdo de paz, el retorno de poblaciones desplazadas y la migración del campo a la ciudad, un limitado DDR y SSR,⁴ la vigencia de una "cultura de violencia" así como la ausencia de reconciliación y reparación a las víctimas, entre otros.

Tipología de violencia de post-conflicto

Esta tipología no implica una sucesión temporal en los eventos, una escala por intensidad o nivel de organización. Cada tipo de violencia no es ejercida por un único grupo. Para algunas formas de violencia existen, por ejemplo, alianzas entre grupos estatales y no estatales. En muchos casos, inclusive no es posible definir quién es el responsable de cada tipo de violencia, lo cual depende de cada contexto específico.⁵

]]> a) Violencia política estatal: como consecuencia del balance de poder resultante después de un acuerdo, los actores estatales pueden ejercer violencia política para consolidar la victoria o incluso obstruir la implementación de algunas provisiones del acuerdo de paz.

b) Violencia política por parte de grupos no estatales: grupos no estatales también pueden ejercer violencia para entorpecer procesos de paz. En cualquiera de los dos casos anteriores, la violencia política puede estar guiada a garantizar la impunidad por delitos ocurridos durante el conflicto afectando a oponentes políticos, activistas de derechos humanos, jueces, periodistas y testigos.

c) Disputas relacionadas con la propiedad: conflicto de personas que retornan a su tierra con posibles invasores ilegales, fuerzas estatales e incluso grandes terratenientes; conflictos asociados a tensiones étnicas y políticas no resueltas (fao, 2005: 5); problemas relacionados con la ausencia de registros de la propiedad rural, distribución inequitativa de la tierra y la alta influencia de elites económicas.

d) Violencia relacionada con formas extralegales de vigilancia y justicia: relacionada con el fracaso de los gobiernos en proveer justicia y seguridad, así como la ausencia de capacidad del Estado (impunidad y cumplimiento de la ley). Estas formas de violencia existen porque grupos no estatales pueden ofrecer protección y brindar justicia o porque le son requeridas. Se trata de una violencia relacionada con el aumento del miedo y la paranoia, así como la rutinización de la violencia o con "la imposición repentina de formas de coerción y penalización" (SAS, 2009: 230).

e) Violencia estatal rutinaria: las fuerzas de seguridad del Estado pueden intensificar sus prácticas represivas sin un objetivo político; miembros de agencias del Estado que pudieron estar involucrados con violaciones de derechos humanos durante el conflicto pueden seguir vinculados a estas agencias, y continuar aplicando prácticas represivas extremas, lo cual está relacionado con un limitado e incompleto proceso de desmovilización (DDR) y de reforma de sector de seguridad (SSR).

f) Violencia asociada a grupos de violencia organizada: el carácter político de las actividades predativas de los grupos armados "puede ser más difícil de mantener en un escenario post-conflicto y la violencia puede ser puramente criminal" (Barakat, 2005: 45). Igualmente, los bandos no desmovilizados pueden concentrarse en actividades puramente criminales (Stepanova, 2010: 45). Si el proceso de DDR falla en proveer oportunidades económicas, se crean incentivos para la vinculación con grupos criminales.⁶ Los grupos armados también proveen protección física, ganancias económicas y generan lazos de solidaridad e identidad, explicando la continuidad de algunos grupos (Holmqvist, 2005: 49). A su vez, después del conflicto se pueden desarrollar relaciones de cooperación o competencia entre grupos armados y grupos criminales (Saab y Taylor, 2009: 458).

g) Violencia interpersonal y delincuencia: hay un efecto del crecimiento urbano descontrolado asociado a la migración rural-urbana. El Estado tiene una menor capacidad para atender las necesidades de los ciudadanos, principalmente en términos de seguridad y provisión de justicia. Un DDR incompleto y una situación económica deteriorada son factores claves en el escalamiento de la violencia. Igualmente, estas formas de violencia pueden ser consecuencia de la normalización de la violencia (Scheper-Hughes y Bourgois, 2004).

h) Violencia contra la mujer: en este caso se da la más clara manifestación de la ruptura en las normas sociales, que aunada con la crisis de masculinidad en el post-conflicto y la alta prevalencia de hogares con mujeres solteras como cabeza de hogar, genera un problema de gran magnitud (Manjoo y McRaith, 2010; IRC, 2012: 10, Declaración de Ginebra, 2008: 53, Consejería en Proyectos, 2006).

La tabla 1 resume algunos de los legados directos del conflicto por cada tipo de violencia, los cuales definen la violencia de post-conflicto en un sentido fuerte.

Guatemala ha sido comúnmente retratada como uno de los países con mayores incrementos de violencia después del conflicto (Restrepo y Tobón, 2011; Declaración de Ginebra, 2011). Mientras la tasa de homicidios en 1996 era de 20 homicidios por año cada 100 mil habitantes, en el 2012 se acercaba a los 35. Según las autoridades, la violencia urbana y la relacionada con grupos de violencia organizada son las formas más importantes de violencia en el país.

La violencia contemporánea en Guatemala suele vincularse con el fortalecimiento de los grupos clandestinos luego del conflicto, con la situación generalizada de impunidad y corrupción y ha sido ampliamente analizada por expertos tanto nacionales como extranjeros (Aguilera Peralta, 2006; Crisis Group, 2010-11; Restrepo y Tobón, 2011, ODHAG, 2011-12; Briscoe y Stappers, 2012; McNeish y Rivera, 2012; Figueroa Ibarra, 2013). Sin embargo, estas perspectivas no permiten distinguir los factores que vinculan la violencia durante y después del conflicto, así como las diferencias inter-regionales. Como respuesta, el análisis incluido en este documento considera la evolución de la violencia, así como su distribución geográfica.⁷

La evolución de la violencia en Guatemala

El poder político/económico en Guatemala ha estado concentrado principalmente en el sector militar, respaldado por el sector empresarial, las élites terratenientes y la Iglesia Católica. En 1944, una revolución cívico-militar implementó múltiples reformas liberales. La oposición a este gobierno se convirtió en una cruzada anti-comunista que en 1954 se tradujo en un golpe de Estado. Hacia 1960, sublevamientos militares y de organizaciones sociales sembraron la semilla del movimiento revolucionario. En 1962 se fundó el primer grupo guerrillero, las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR). Más tarde aparecieron nuevos grupos como el Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT), la Organización del Pueblo en Armas (ORPA) y el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP).⁸

Los escuadrones de la muerte fueron los principales responsables de la violencia, la cual se concentró en el altiplano central y occidental, poblado principalmente por indígenas Mayas.⁹ Las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) fueron implementadas como un elemento clave en la estrategia contrainsurgente.¹⁰

La campaña contrainsurgente se redujo luego de la caída de Ríos Montt en 1983. Con el retorno del orden democrático, la violencia estatal se redujo, sin embargo continuaron los casos de represión selectiva de las organizaciones de base. En 1994 se creó la Comisión de Verificación de las Naciones Unidas (MINUGUA), siendo uno de los pasos más importantes para la firma del Acuerdo de Paz en Diciembre de 1996.

La figura 2 muestra una línea de tiempo con los principales eventos del conflicto armado. La figura también representa el nivel de violencia ejercida por los grupos insurgentes y el Estado.

Después de 1997 la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) reportó una reducción significativa de las violaciones de los derechos humanos. Sin embargo, la violencia política selectiva continuó -como en el caso del asesinato de Monseñor Juan Gerardi-. Este evento refleja "la resistencia entre algunos sectores del Estado a revelar la verdad de los eventos ocurridos durante la guerra civil" (PDH, 1999: 17). Hacia 1999 MINUGUA resaltó la dificultad de distinguir la violencia de grupos irregulares asociados al Estado de aquellos grupos de criminalidad organizada (MINUGUA, 1999: 67-68).

En 2008 el PDH reportó los primeros casos de masacres y confrontaciones relacionadas con el narcotráfico, principalmente en los departamentos de Zacapa, Izabal, Alta Verapáz y Huehuetenango. Estos eventos fueron asociados a grupos transnacionales como Los Zetas, el Cartel del Golfo y el de Sinaloa (PDH, 2009: 212-214). Referencias relacionadas con violencia de grupos juveniles también empezaron a ser comunes desde el año 2010 (PDH, 2010: 42).

Las víctimas de la violencia y el conflicto en Guatemala

La CEH estima que cerca de 200 mil personas fueron asesinadas o desaparecidas.¹¹ El crimen más común fueron las ejecuciones extrajudiciales (38%), seguido de actos de tortura (19%). El Ejército fue responsable del 85% de las violaciones, las Patrullas de Autodefensa Civil del 18%, los comisionados militares del 11%, y otras fuerzas del Estado del 4%. La guerrilla fue responsable del 3% de los casos.¹² Los departamentos más afectados fueron Quiché, Huehuetenango, Alta Verapáz, Chimaltenango y Baja Verapáz (mapa 1). Cerca del 90% de las víctimas estaban localizadas en zonas rurales y el 83.3% eran indígenas Maya.

Una forma de violencia ampliamente extendida fue la violencia contra la mujer: "la violación sexual fue una práctica generalizada y sistemática realizada por agentes del Estado en el marco de la estrategia contrainsurgente, llegando a constituirse en una verdadera arma de terror" (CEH, 1998: 13). Estos crímenes, que generan fuertes secuelas que se extienden hasta el presente, se han mantenido impunes (Consejería en Proyectos, 2006: 06), perpetuando la violencia contra la mujer en el país, la cual ha aumentado a la par de las demás formas de violencia. En el año 2011, la Fundación Sobrevivientes reporta más de 700 muertes violentas de mujeres (Sobrevivientes, 2012).

El Instituto Nacional de Estadística de Guatemala (INE) ha recolectado información de defunciones desde 1986.¹³ Estos datos evidencian que los departamentos del altiplano tienen tasas de homicidios superiores durante el conflicto que luego de 1997. Sin embargo, los departamentos con la tasa de homicidios más elevada no fueron los más afectados durante el conflicto (mapa 2). Aun durante el período de conflicto, la tasa de homicidio era más elevada en la región suroriental, en los departamentos limítrofes con Honduras y El Salvador (mapa 3).

Ninguno de los departamentos del borde sur-oriental fue severamente afectado por la violencia del conflicto, por lo cual la mayor parte de la violencia en el país no estaba directamente relacionada con la confrontación que aumentó considerablemente luego de 1996. La distribución actual de la violencia no es una redistribución de la violencia del conflicto, sino un resultado de factores profundamente arraigados en estas regiones del país.

Regionalización de la violencia depost-conflicto en Guatemala

Este ejercicio busca identificar los legados directos del conflicto, los factores generales de condiciones de paz y los factores completamente independientes del conflicto considerando diferentes tipos de violencia a través de la definición de regiones con características comunes. La tabla 2 y el mapa 4 muestran las regiones definidas en este estudio, incluyendo las características de la violencia antes y después de 1997.

Esta región es la más pacífica del país y la que ha tenido las mayores mejoras luego del Acuerdo de Paz. Sin embargo, hay evidencia de altos niveles de disputas entre comunidades. Aunque hay muchos factores que explican estas formas de violencia, es importante el efecto del reemplazo de las formas tradicionales de justicia por la militarización durante el conflicto, la desposesión forzada de tierras, la rutinización de la violencia pública y el invo-lucramiento de anteriores combatientes en la política local.

Esta región reporta tasas de criminalidad bajas,¹⁴ las cuales están relacionadas con la mínima cobertura brindada por las instituciones en la región (pnud Guatemala, 2011: 140). Otro factor es la alta proporción de población indígena, la cual cuenta con sistemas tradicionales de vigilancia y justicia que generan cohesión y prevención de la violencia. Estos mecanismos de resolución de conflictos "buscan compensación así como el perdón, basado en principios de moral, valores y religiosos" (Fernández, 2004: 23).

La población de esta zona fue considerada por las fuerzas del Estado como simpatizante de grupos insurgentes, por lo cual fue altamente victimizada. La presunción racista que "debido a su inmadurez, la población indígena es fácilmente manipulada para las acciones políticas de las guerrillas" (CEH: 1999: 428), también jugó un papel crítico. Como resultado, la tasa de homicidios en Quiché, Baja Verapáz, y Sololá son más altas durante el conflicto que luego de 1997.

Como se muestra en el gráfico 2, todos los departamentos en la región reportan tasas de homicidio por debajo del promedio nacional, así como reducciones en sus tasas luego de 1996. Siguiendo el aumento generalizado de la violencia en todo el país, en 2004 los departamentos de esta región aumentaron su tasa de homicidios, especialmente Alta Verapáz, Baja Verapáz y Huehuetenango.

El aspecto que ha recibido mayor atención en la región es la violencia relacionada con formas extralegales de vigilancia y justicia (especialmente linchamientos). La Policía registra que entre 1996 y 2011 el 60% de los homicidios por linchamiento ocurrieron en esta región (ver mapa 5). Por ejemplo, esta proporción alcanzó un 32.6% en 2000. La región también ha sido afectada por conflictos sobre la tierra: el Departamento de Asuntos Rurales indica que el 37% de todas las disputas por tierra estaban localizados en los departamentos de esta región.

Principales tipos de violencia en la región: conflictos comunitarios

Linchamientos

En un linchamiento una turba ejecuta justicia por mano propia de forma espontánea o premeditada. Mendoza indica que "cuando existen altos niveles de criminalidad e impunidad y tales problemas perturban una comunidad con una alta identidad étnica, es más posible que este grupo lleve a cabo acciones colectivas con el objetivo de proveer un bien común: seguridad" (Mendoza, 2004: 8).¹⁵

El conflicto también genera efectos de largo plazo, lo cual puede generar que las comunidades hagan uso de estas formas de justicia y vigilancia dada la "paranoia del retorno de violencia masiva, la rutinización de violencia pública y ejemplar durante el conflicto y el legado de instituciones locales tales como la patrulla civil" (Bateson, 2011).

En años recientes, otros departamentos fuera de esta región han reportado casos de linchamientos (PHD, 2010: 95), lo cual indica que estos no son solamente un legado del conflicto, sino de otros factores como la ausencia de entidades estatales (principalmente de seguridad), falta de capacidad de la justicia, impunidad y corrupción (Figueroa, 2006: 154).

Conflictos por la tierra y otras disputas comunitarias

Las disputas asociadas a la concentración de la tierra han existido desde antes del conflicto, siendo incluso una de las causas de la confrontación. Aunque los problemas del sector agrario fueron un punto central en las negociaciones de paz, la implementación de las medidas fue un fracaso, así como la implementación de la reforma de justicia, policía y el sector militar. Ello, aunado con la crisis económica, ha contribuido al surgimiento de conflictos sociales en zonas rurales. En algunos casos, las fuerzas estatales han respondido violentamente en complicidad con los terratenientes.

El PDH ha reportado también casos de disputas violentas relacionadas con procesos electorales¹⁶ tales como el "divisionismo entre veredas" relacionado con rivalidades políticas. Por ejemplo, las disputas a raíz del poder político en la vereda de Nebaj-Quiché (PDH, 2007: 467).

El PDH relaciona las confrontaciones violentas entre comunidades o incluso entre miembros de una comunidad como consecuencia del conflicto, ya que miembros de diferentes grupos conviven en la misma comunidad impulsando el divisionismo y la vulnerabilidad ante las disputas (PDH, 2009; 115). Las características de estos eventos evidencian las limitaciones de la reconciliación entre partes y la reparación a las víctimas como parte del Acuerdo de Paz.

Región 2 - Sur (Quetzaltenango, Retalhuleu, Suchitepéquez, Escuintla)

Las características socioeconómicas y su particular localización hacen de ésta una región propensa a formas de violencia relacionadas con la actividad económica. La concentración de actividades de agro-industria se ha convertido en fuente de tensiones y disputas entre campesinos, trabajadores y terratenientes. Por otro lado, la concentración de actividades comerciales, la presencia de vías importantes y puertos estratégicos ha generado la emergencia de formas de violencia como robos a vehículos, contrabando, secuestros e incluso narcotráfico. La violencia en esta región tiene una limitada relación con el conflicto, dado que ésta prevalece desde antes de la confrontación armada.

El sur de Guatemala ha sido afectado por la delincuencia generalizada perpetrada por grupos de criminalidad organizada o actores individuales, principalmente en Quetzaltenango y Escuintla. Esta región reporta elevadas tasas de desapariciones y secuestros, con aumentos entre 2007 y 2011. Los secuestros con signos de tortura han sido un tema de preocupación. De hecho, el Procurador ha llamado la atención sobre la aparición de cadáveres, principalmente en fincas rurales. Los departamentos de esta región han sido resaltados por Paz Pública como los más afectados por grupos de extorsionistas (López, 2011).

Violencia asociada a la localización y actividad económica

Violencia contra líderes sociales

La victimización de personas que buscan visibilizar y buscar justicia sobre las violaciones del conflicto ha continuado luego del año 1996. Esto está relacionado con los altos niveles de impunidad que no permiten distinguir a los perpetradores de acciones violentas entre aquellos que son miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, de elites políticas, militares o económicas, quienes pueden actuar en conjunción con grupos de criminalidad organizada o estructuras clandestinas (WOLA, 2003 y Figueroa Ibarra, 2013).

Las agresiones contra activistas de derechos humanos y sociales han venido en aumento, registrando 305 casos en 2012. Durante el período 2000-2012, Guatemala es el departamento con el mayor registro de agresiones, seguido por San Marcos, Quiché y Alta Verapáz (UDEFEGUA, 2013).

Como lo señala Figueroa Ibarra: "en el contexto de la democracia neoliberal el terror sobre todo selectivo continúa a efecto de garantizar el orden que necesita la voraz acumulación capitalista neoliberal" (Figueroa Ibarra, 2013: 20). Esto se evidencia en el elevado número de agresiones contra pueblos indígenas y ambientalistas (87% del total), quienes protestan contra proyectos cementeros y de minería abierta (Ibídem, 2013: 21).

Esta victimización también se da entre líderes de organizaciones relacionadas con los derechos sobre la tierra. UDEFEGUA ha reportado más de 127 ataques a pequeños agricultores de 2000 a 2008, así como muertes violentas, intimidación y acoso (Ramírez, 2009: 162). El PDH y MINIGUA han documentado disputas y violaciones a los derechos humanos en los departamentos de la costa sur y de Izabal, regiones con concentración de proyectos agroindustriales. La persecución de líderes campesinos en el sur es una constante desde la década de los años ochenta, al ser percibidos como simpatizantes de la guerrilla (CEH, 1999; caso ilustrativo 13).

Violencia relacionada con la actividad económica

Adicionalmente, grupos de narcotráfico se han movido del norte a la costa sur debido al agotamiento de recursos en esta área, cambios en el poder, así como la intención de Los Zetas por conquistar nuevas áreas (Siglo XXI, 2012). Esta situación encaja con las dinámicas actuales de la violencia en la región.

Más allá del efecto de la debilidad institucional y el fortalecimiento de estructuras clandestinas y de criminalidad organizada, la violencia en esta región está relacionada con la dinámica interna de su actividad económica y su localización. Sin embargo, no se puede descartar la vinculación de antiguos combatientes a grupos de violencia organizada, sobre todo en un contexto de limitadas oportunidades económicas.

Región 3 - Sureste (Santa Rosa, Jutiapa, Jalapa)

En esta región la violencia tiene una limitada relación con el conflicto armado. Existen otros factores culturales e históricos que pueden explicar la persistencia de las altas tasas de homicidios registradas incluso antes de la terminación del conflicto. La extendida debilidad institucional, la impunidad, la corrupción, la existencia de grupos de crimen organizado y la alta disponibilidad de armas han desencadenado en el incremento de la violencia luego del año 2004. Por esta razón es posible afirmar que esta región es un caso de violencia de post-conflicto relacionada principalmente con las condiciones de la paz.¹⁷ Esta región estuvo prácticamente excluida de la violencia del conflicto. REHMI reportó 13 muertes en todo el período. Sin embargo, mercenarios de esta región fueron los que se organizaron en 1954 para derrocar a Arbenz y poner fin a los "gobiernos revolucionarios" y su reforma agraria. Es posible que la ausencia de represión estatal en esta región se deba a la bajísima proporción de población indígena, dado que ésta fue objetivo militar durante el conflicto.

Los departamentos de esta región siempre han reportado tasas de homicidio elevadas (gráfico 4). Jutiapa tiene la proporción más alta de homicidios cometidos con arma de fuego (83% promedio entre 1996-2011); una proporción que no ha sido menor al 76% desde 1996.

Factores que explican la alta tasa de homicidios en la zona oriental

Los reportes de MINUGUA y PDH tienen múltiples referencias sobre la existencia de una "cultura de honor", un elevado uso de armas en la región y elevado machismo.¹⁸ Como indicador de estas características se observa que los departamentos de esta región tienen las mayores tasas de servicio militar no obligatorio.¹⁹ Sobre la distribución de armas en el país, MINUGUA reporta que "la mayoría están en la capital y un alto porcentaje se encuentra en la zona oriental del país" (MINUGUA, 2000).

Se requiere ulterior investigación para identificar los factores de fondo de la persistencia de los altos niveles de violencia en la región. El reto es mayor al considerar que los departamentos limítrofes de El Salvador no registran tasas de homicidios tan elevadas o proporciones de homicidios con armas de fuego como al otro lado de la frontera (Medicina Legal de El Salvador, 2011).

Mapa 6

El departamento de Guatemala es el que ha tenido el mayor incremento de homicidios. La violencia en este departamento es principalmente urbana, relacionada con la limitada capacidad del Estado frente al aumento descontrolado de la población. Estos factores se relacionan principalmente con las condiciones de paz después del conflicto, tales como la situación económica y la inestabilidad política. En esta sección se describen las especificidades de la violencia característica de los grupos de violencia juvenil y la violencia rutinaria del Estado.

En esta región hubo un número moderado de muertes durante el conflicto. Grupos de derecha llevaron a cabo "el uso de bombas en áreas centrales de la Ciudad de Guatemala, lo cual contribuyó a la atmosfera de malestar, así como inestabilidad social y política" (Monsanto, s/f: 4). Las tasas de homicidio en la ciudad de Guatemala han superado siempre las tasas nacionales y han tenido grandes incrementos después de 1991 (gráfico 5). En el 2008, los municipios del Área Metropolitana de Guatemala concentraban más del 30% de los homicidios del país.

Violencia en contextos urbanos

En esta región la violencia se debe en gran medida a grupos de criminalidad organizada (incluyendo grupos de violencia juvenil), altos niveles de violencia por motivos económicos (como robos, secuestros extorsivos), y violencia interpersonal (peleas y violencia doméstica). Guatemala concentra el 75% del total de robos en el país, lo cual contrasta con la participación en homicidios que es menor del 35%. Esto es un indicador de que el crimen motivado económicamente es un factor de importancia en la capital.

La inmigración rural-urbana durante el conflicto y el proceso de urbanización acelerado hace que el Estado tenga una capacidad limitada para tratar con las necesidades de los nuevos ciudadanos, principalmente en las áreas de seguridad y justicia. (Ver en AVANCSO (1997) los testimonios de desplazados por el conflicto en áreas urbanas de Guatemala).

Grupos de violencia juvenil

De acuerdo con la Policía, en el año 2011 la Ciudad de Guatemala tenía una proporción de homicidios asociados con las maras del 13%, lo cual contrasta con el valor nacional del 6%, evidenciando el alto nivel de afectación en esta zona. Las pandillas en Guatemala son resultado de la convergencia de grupos de violencia juvenil que emergieron en las principales ciudades de los Estados Unidos, los cuales fueron deportados a Centroamérica a mediados de los años ochenta. Hacia 1997, 53 maras fueron identificadas en la Ciudad de Guatemala así como en otros 10 departamentos del país (Escobar, 2005: 66, citado en Cerón, 2011).

Aunque algunos combatientes pudieron haberse vinculado a grupos de criminalidad organizada, no hay reportes de reorganización de ex-combatientes en pandillas o maras. Sin embargo, sí es posible hablar de una transformación de estos grupos asociada con "la dispersión del crimen organizado transnacional, el aumento en la respuesta represiva de las fuerzas del Estado, y la limitada respuesta de las organizaciones de la sociedad civil" (Kurtenbach, 2008: 18).

La formación (y continuación) de estos grupos están relacionadas con problemáticas estructurales del pasado y de la actualidad, tales como limitadas oportunidades de empleo y educación, inequidad, exclusión y marginalización, de modo que "la violencia relacionada con las pandillas es síntoma de una serie de debilidades de la recién nacida democracia guatemalteca" (Ranum, 2006). Igualmente, estos grupos han podido haber desarrollado relaciones con otras agrupaciones como del crimen organizado y el narcotráfico, las cuales se dan en un contexto de debilidad estatal, permitido por una impunidad generalizada así como la profunda corrupción en las fuerzas de seguridad del Estado.

La continuación de las prácticas represivas características del período de guerra es una consecuencia clara de la ausencia de capacidad institucional y responsabilidad estatal. En 2004 Guatemala adoptó el Plan Escoba centrado en "continuar tratando a los menores como adultos y dando paso a prácticas de represión violenta, las cuales luego se confundirán con acusaciones de ejecuciones extrajudiciales patrocinadas por el Estado" (Muggah, Rodgers y Stevenson, 2009: 13).

La política de reforma de la Policía fue una parte crítica del Acuerdo de Paz. Sin embargo, "en lugar de haber sido un modelo de reforma, la policía se ha convertido en un símbolo de inestabilidad, corrupción, impunidad e ineptitud" (Crisis Group, 2010: 10). Aunque el "Acuerdo para el Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática" era muy completo y ambicioso, este no fue implementado completamente (Aguilera Peralta, 2006). Por ejemplo, el ejército sigue apoyando a la Policía Nacional en tareas de seguridad interna, en contravía de lo indicado por el Acuerdo de Paz (Acuerdo de Paz Firme y Duradera, 1996: 27). Vale la pena también considerar la transformación de los servicios de inteligencia luego del conflicto (Vela, 2002).

El efecto del legado de las técnicas aprendidas durante la guerra civil no puede descartarse. Muchos de los antiguos combatientes de las instituciones de seguridad del Estado hacen parte ahora de la nueva Policía Nacional Civil, algunos con acusaciones de violaciones de derechos humanos durante el conflicto.

Muchos de estos problemas vienen de la limitada e improvisada reforma a la Policía. Estos aspectos empeoraron con la situación general de inestabilidad política en el país, así como con el fortalecimiento de las relaciones con organizaciones de criminalidad organizada y estructuras clandestinas, así como otros aspectos relacionados con las débiles condiciones de la paz.

Región 5 - Noreste (Chiquimula, Zacapa, El Progreso, Izabal y Petén)

Los departamentos de esta región reportan algunas de las tasas más altas de homicidios en el país.²⁰ Las mismas características fueron identificadas en los departamentos del occidente de Honduras, los cuales también registran las más elevadas tasas de homicidios del país (IU-DPA-UNAH, 2012). Durante el conflicto, Zacapa e Izabal alojaron disputas a la vez que Petén jugó un rol importe dado que algunos de los principales grupos guerrilleros se establecieron allí.²¹

En esta región, la violencia imperante está fuertemente relacionada con el narcotráfico, mayormente vinculado con dinámicas transnacionales y locales y habilitada por la situación generalizada de inestabilidad política, impunidad y corrupción en el país. Igualmente, existen legados del conflicto como la participación de ex-combatientes con grupos transnacionales así como la disponibilidad de armas luego del conflicto.

Todos los departamentos de esta región han registrado tasas de homicidios sobre el promedio nacional (gráfico 6) a la vez que se registran elevadas proporciones de homicidios con arma de fuego (alrededor de 75%).

Violencia relacionada con el narcotráfico

Los orígenes de los primeros grupos de criminalidad organizada se remontan "a tiempos coloniales o incluso desde el siglo XVIII" (López, 2010:4). Durante las guerras civiles, estos grupos se fortalecieron: las rutas del Caribe se agotaron dando lugar a vías por tierra a través de los países centroamericanos (López, 2010). Desde los años setenta, el ejército desarrolló relaciones con grupos de criminalidad organizada y barones de la droga locales con el fin de financiar la guerra, permitiendo tener ingresos con un balance de actividades licitas e ilícitas (Keen, 2003; Youngsters y Rosin 2005).

Un nivel de relación entre la violencia actual y la del conflicto se evidencia en los métodos usados por los grupos contemporáneos, los cuales hacen uso de técnicas vigentes durante la guerra civil. Lo más evidente puede observarse en el caso de Los Zetas, quienes "han reclutado miembros de las fuerzas especiales de Guatemala, los kaibiles" (Briscoe y Stappers, 2012: 13).²² Este grupo de elite estuvo involucrado en muchas masacres durante el conflicto: "el Kaibil es una máquina de matar" (CEH, 1999: conclusiones).

Mapa 7

Violencia de post-conflicto en sentido fuerte o débil en las regiones de Guatemala

Una relación fuerte entre violencia de conflicto y de post-conflicto se encontró en la región centro-occidental, la cual reporta las tasas más bajas de homicidios así como la reducción más importante de éstos luego del Acuerdo. El efecto del reemplazo forzado de formas tradicionales (indígenas) de justicia a causa de la militarización, la desposesión forzada de tierras, la rutinización de la violencia pública y la participación de ex-combatientes en la política local, son legados del conflicto que han jugado un papel relevante en la violencia actual de la región.

No existe claridad sobre la relación existente en el conflicto con los tipos de violencia motivados por razones económicas. Para conocer esta relación se requiere distinguir la participación de los ex-combatientes en grupos de criminalidad organizada contemporáneos. Sobre esto, existe evidencia de participación de Kaibiles en grupos de narcotráfico, así como la existencia de estructuras clandestinas relacionadas con miembros de fuerzas de seguridad del Estado (WOLA, 2003: 7).

Una relación más clara se encuentra en las fuerzas de seguridad con los legados de una imperfecta reforma policial que resultó en falta de disciplina y rutinización de la violencia. En la misma medida, presiones impuestas por la migración del campo a las ciudades pueden relacionarse con el aumento de la violencia urbana.

Existen también otras regiones en donde la relación es indeterminada o muy débil, como es el caso de la región suroriental. Esta región exhibe elevadas tasas de homicidio, incluso desde antes de la terminación del conflicto, indicando que hay aspectos de fondo que explican una violencia que no se relaciona con el conflicto. La extendida situación de debilidad institucional, impunidad, corrupción, la existencia de grupos de criminalidad organizada y la disponibilidad de armas han generado el incremento de la violencia.

En este estudio no se han analizado otras formas de violencia, no por considerarlas de impacto menor sino por la ausencia de información detallada a nivel geográfico que nos permitan llevar a cabo una comparación antes y después del conflicto. De la misma manera, no se incluye en el análisis regional formas de violencia para las cuales no se identifica un patrón regional, como es el caso de la violencia contra las mujeres, siendo ésta una de las formas de violencia más prevalente en contextos de post-conflicto.

Tabla 3

Conclusiones

El tema de la violencia después del conflicto ha adquirido relevancia en las ciencias sociales y una creciente importancia en el discurso público, específicamente en relación con el desarrollo y la seguridad en los contextos de post-conflicto. Considerar este aspecto es fundamental para la definición de prioridades y decisiones políticas, así como para la asignación de recursos públicos y la recepción de fondos internacionales destinados a la implementa-ción de políticas para prevenir la violencia en contextos de post-conflicto.

Este trabajo concluye que, después del conflicto armado, la violencia puede adquirir una multiplicidad de formas que -de diferente manera- pueden estar relacionadas con el propio conflicto. Como consecuencia, intervenciones guiadas a prevenir la reincidencia del conflicto son diferentes a las guiadas a prevenir la reproducción de la violencia luego de un acuerdo de paz. Igualmente, las intervenciones son diferentes cuando la violencia está relacionada con legados directos de la guerra o con condiciones generales de la paz.

Cuando los legados de la guerra se dejan sin atender, el riesgo de reproducción de la violencia es más alto. Esto también es evidente en los altísimos niveles de percepción de inseguridad de los ciudadanos guatemaltecos (ODHAG, 2011). Se requieren entonces estrategias alternativas a la mera promoción de la seguridad y "cambiar el énfasis de las intervenciones de arriba hacia abajo, diseñadas por expertos externos hacia intervenciones de base, diseñadas y ejecutadas por la comunidad" (Small Arms Survey, 2009: 237).

Aparte de los legados de la guerra, se deben atender las condiciones generales de la paz, las cuales juegan un papel fundamental en la continuación de la violencia luego del conlicto. Las medidas de post-conflicto deben ser vistas como factores determinantes en el proceso de recuperación, donde las instituciones de seguridad y justicia deben ser reestructuradas y el desarrollo económico recibir un nuevo ímpetu.

Guatemala es un caso que provee evidencia de cómo diversas condiciones caracterizan el contexto de post-conflicto, reproduciendo la violencia de diversas formas luego del Acuerdo. La sociedad guatemalteca está caracterizada por la inestabilidad política y socioeconómica, un legado de la dominación militar y un Estado históricamente débil. Esto resulta en unas instituciones impregnadas de impunidad y corrupción, donde las relaciones entre miembros de las instituciones de seguridad del Estado y grupos de crimen organizado son latentes a la vez que una fuerte clase empresarial se mantiene involucrada fuertemente en la política local y nacional.

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Notas

¹ La autora agradece al profesor Keith Krause quien supervisó la producción de la tesis de maestría en la cual está basado este documento. Agradece también a las instituciones y personas en Guatemala que aportaron información y análisis para la elaboración de este artículo.

² No hay un consenso establecido respecto de cuándo empieza o termina una situación de conflicto, sin embargo, "algunas agencias multilaterales y bilaterales han introducido 'umbrales temporales' -de 5 o 10 años después de terminada la guerra- que se han considerado usualmente como arbitrarios" (Small Arms Survey, 2009: 225).

³ Todas las citas de documentos en inglés han sido traducidas por la autora.

⁴ "Disarmament, Demobilization and Reintegration" o proceso de desmovilización (DDR) y "Security Sector Reform" o reforma de sector de seguridad (SSR) por sus siglas en inglés.

⁵ Se toma como punto de partida la clasificación desarrollada por Chaudhary y Suhrke (2008).

⁶ Datos del Banco Mundial revelan que "las principales motivaciones de los jóvenes para vincularse a grupos rebeldes o pandillas son muy similares: desempleo, ociosidad, respeto y auto-protección, todos muy por delante de la venganza, la injusticia, o la creencia en la causa" (Banco Mundial, 2011: 80).

⁸ Finalmente, la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) se creó en 1982 como un esfuerzo de integrar los grupos guerrilleros.

⁹ La estrategia contrainsurgente fue cuidadosamente planeada e implementada por el Ejército en lugar de ser resultado de acciones individuales descontroladas (CEH: 1999).

¹⁰ Sobre el terror estatal en Guatemala, véase: Figueroa Ibarra (2011).

¹¹ Datos de CEH (1999: capítulo 2 vol. 2). REHMI provee datos muy similares (1999: 289-311).

¹² Las proporciones de violaciones de derechos humanos y violencia por responsables puede exceder el 100% porque un caso puede estar relacionado con más de un actor, principalmente con respecto a la acción coordinada de las fuerzas del Estado.

¹³ Aunque con esta información se puede analizar la evolución y la distribución de la violencia desde el retorno del orden democrático en 1986, no es posible hacer una distinción entre muertes de conflicto y homicidios.

¹⁴ Debe considerarse que estos departamentos tienen las poblaciones más altas del país, lo cual genera bajas tasas.

¹⁵ Otras explicaciones comunes de los altos niveles de linchamiento son la alta proporción indígena, los altos niveles de pobreza o el analfabetismo. Sin embargo, no existe evidencia que los linchamientos sean parte del derecho consuetudinario indígena (Fernández, 2004).

¹⁶ Vale la pena resaltar que luego del Acuerdo en las regiones más afectadas por el conflicto se fortalecieron grupos políticos principalmente conformados (y ampliamente apoyados) por actores de la confrontación, atizando las conflictividades: "líderes locales de las antiguas PAC, ex comisionados militares, pastores de sectas protestantes y habilitadores se convirtieron en muchas de estas comarcas en una suerte de elite local" (AVANCSO, 2002).

¹⁸ Esta región tiene características opuestas a la región 1: ausencia de población indígena, baja victimización durante el conflicto, no linchamientos, alta proporción de homicidios con armas de fuego, población baja y altas tasas de homicidios.

¹⁹ Aspectos resaltados en diferentes entrevistas a investigadores del PDH y de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

²⁰ Como se ha indicado anteriormente, la violencia en los departamentos de la zona oriental se puede explicar por la existencia de una "cultura de honor" y un extendido uso de armas.

²¹ En este departamento tuvieron lugar algunas de las masacres más importantes como la de Dos Erres, donde al menos 250 personas fueron asesinadas.

²² Los soldados de elite del ejército de Guatemala, especializados en operaciones en la selva y operaciones de contra-insurgencia, han sido recurrentemente caracterizados por su crueldad extrema.

²³ Investigadores sociales resaltan que existen fronteras muy difusas entre el crimen organizado contemporáneo y los poderes invisibles heredados del conflicto: "los oficiales que un tiempo fueron los más connotados en el ramo de la inteligencia contrainsurgente tienen una red de lealtades recíprocas que es conocida como La Cofradía" (Vela, 2001).