La mujer en México: inequidad, pobreza y violencia

Women in Mexico: Inequality, Poverty and Violence

David Moctezuma Navarro*, José Narro Robles**, Lourdes Orozco Hernández***

* Investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, Universidad Nacional Autónoma de México, (México). Economista por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, UNAM. Especialización en Política Gubernamental, Instituto Nacional de Administración Pública y Diplomado en Econometría en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. En el año 2000 recibió el premio Maestro Ricardo Torres Gaitán, Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM. Sus líneas de investigación son: pobreza y desigualdad social, jóvenes y la reforma educativa. Ha publicado numerosos artículos en revistas especializadas y capítulos en libros. Autor, coautor o coordinador de siete libros. Entre sus últimas publicaciones, destacan: Políticas de juventud. Una propuesta para el México del siglo XXI, (coautoría) (2012); Hacia una reforma del sistema educativo nacional, (coautoría) en Plan de diez años para desarrollar el sistema educativo nacional (2012) y Descalabros y desafíos de la política social en México (coautoría) en Revista Latinoamericana de Economía (2013). Correo electrónico: davidmn@unam.mx.

** Médico Cirujano con Mención Honorífica por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, (México). Estudios de posgrado en Medicina Comunitaria, Universidad de Birmingham, Inglaterra. Member of Faculty of Community Medicine (I). Royal College of Physicians. Ha combinado la práctica médica con la enseñanza y el desempeño en diversas áreas del sector público y en la UNAM donde actualmente cumple las funciones de Rector. Ha recibido diversas distinciones académicas, entre ellas diez Doctorados Honoris Causa de instituciones nacionales e internacionales. Autor o coautor de más de 70 artículos científicos publicados en revistas arbitradas, nacionales e internacionales. Autor, coautor o coordinador de más de 30 libros científicos, además de cerca de varios centenares de publicaciones de divulgación científica sobre temas sociales y políticos de actualidad de México y el mundo. Entre sus últimas publicaciones destacan: Plan de diez años para desarrollar el Sistema Educativo Nacional (coord.) (2012); El futuro del bienestar en Cuarto Diálogo Nacional para un México Social (2012) y Descalabros y desafíos de la política social en México. Problemas del Desarrollo en Revista Latinoamericana de Economía (2013). Correo electrónico: narro@unam.mx.

Recibido el 10 de octubre de 2013
Aceptado el 15 de noviembre de 2013

RESUMEN

En este artículo se aborda la problemática que padece la mujer mexicana, especialmente por la situación de inequidad que enfrenta en diversos ámbitos de la sociedad. No puede desconocerse que se han registrado grandes avances en esta materia. Sin embargo, tampoco puede negarse que estamos muy lejos como sociedad de alcanzar una verdadera igualdad de género. Incluso, se registran retrocesos en algunos temas relevantes como el de la atención a la salud, cuando se legisla en contra del respeto a las decisiones en torno a su cuerpo, o en la persistencia de las múltiples formas de violencia ejercida contra ellas. En estas páginas se busca destacar, de inicio, los avances registrados en el reconocimiento de los derechos de las mujeres para luego abordar las situaciones de desventaja que viven las mujeres mexicanas en la actividad productiva, en la salud, en la seguridad social, en la educación, en la pobreza, en la vida política y en la lamentable violencia que sigue ejerciéndose contra las mujeres.

Palabras clave: desigualdad; discriminación; violencia contra las mujeres; igualdad de género; indicadores demográficos femeninos; participación política de la mujer.

ABSTRACT

Keywords: inequality; discrimination; violence against women; gender equality; female demographic indicators; women's political participation.

Introducción

Ningún país puede aspirar a ser una sociedad plenamente democrática mientras persistan la desigualdad, la discriminación, y la violencia contra las mujeres. Lamentablemente, en México la igualdad de género sigue siendo una asignatura pendiente que lastima no sólo el tejido social sino también la dignidad de las mujeres que además, numéricamente, constituyen más de la mitad del país.

No puede desconocerse que se han registrado grandes avances en esta materia y que mucho es lo que se ha logrado conseguir para configurar un mundo en el que la equidad de género esté más allá de la retórica y donde se destierren las prácticas y tradiciones sociales que afectan a las mujeres. Los avances son evidentes. La creciente participación de las mujeres en la vida social, económica, política y cultural de nuestro país es un hecho que enaltece. Su presencia en el mercado de trabajo en las últimas décadas deja atrás las viejas ideas sobre el papel tradicional de la mujer en la sociedad. Su desempeño en el ámbito educativo revela una eficiencia terminal mayor y menores índices de reprobación que los varones. Su paulatino empoderamiento político ha fortalecido nuestra democracia.

Sin embargo, no puede negarse que estamos muy lejos como sociedad de alcanzar una verdadera igualdad de género. La inequidad, la falta de oportunidades, la violencia, la ignorancia, la pobreza y las muertes evitables, entre otras cuestiones relevantes, siguen afectando a las mujeres mexicanas.

En este artículo se aborda la problemática que padece la mujer mexicana, especialmente por la situación de inequidad que enfrenta en diversos ámbitos de la sociedad. La plena vigencia de los derechos de las mujeres es todavía una aspiración que no logra concretarse plenamente. Junto a los avances persisten también grandes rezagos. Incluso hay retrocesos en algunos temas relevantes como el de la atención a la salud de la mujer, cuando se legisla en contra del respeto a las decisiones en torno a su cuerpo o en la persistencia de las múltiples formas de violencia ejercidas contra ellas.

En estas páginas se busca destacar, de inicio, los avances registrados en el reconocimiento de los derechos de las mujeres para luego abordar las situaciones de desventaja que viven las mujeres mexicanas en la actividad productiva, en la salud, en la seguridad social, en la educación, en la pobreza -que de manera tan extendida afecta a la población mexicana-, en la vida política y en la lamentable violencia que sigue ejerciéndose contra las mujeres.

Pese a los avances, que son innegables, aún existen situaciones de gran atraso que afectan la incorporación plena, con dignidad, de la mujer a la vida nacional. No es posible aceptar, por ejemplo, que tengan una menor remuneración salarial que la que reciben los varones en los mismos empleos. No puede aceptarse el descuido en las políticas de salud que permiten la existencia de cifras elevadas en la mortalidad materna o en los embarazos de las adolescentes. Nadie puede permanecer indiferente ante el alarmante crecimiento de la trata y de la esclavitud sexual de las mujeres. No debemos cerrar los ojos cuando se sabe que la pobreza afecta más a las mujeres, especialmente a las indígenas y a las que viven en el campo. No es posible aceptar la simulación que en los partidos políticos se hace para eludir las cuotas de género que buscan mejorar la representación femenina en los ámbitos del poder. No se debe ignorar que la mujer padece en la actualidad situaciones de violencia y maltrato inaceptables en todos los ámbitos sociales, especialmente en su propio hogar.

Indicadores demográficos femeninos

Hablar de la mujer en México es hablar de más de la mitad de la población total, de más de la mitad de la población en edad de trabajar, de prácticamente la mitad de la matrícula escolar nacional, y del mayor número de votantes registrados en el padrón electoral vigente. Las mujeres son mayoría en un país de arraigadas tradiciones machistas.

Según datos del Censo de Población y Vivienda 2010, las mujeres representan actualmente el 51.2% de la población total; el 52% de la población de 15 años y más, -es decir, de la población en edad de trabajar- y el 51.5% de los mexicanos registrados en el padrón electoral (INEGI, 2010).¹ Asimismo, en el ciclo escolar 2011-2012, las mujeres integran el 49.8% de la matrícula escolar total del país (SEP, 2012), como lo muestra el gráfico 1.

La presencia femenina en el mercado de trabajo se ha incrementado de manera notable en las últimas décadas, particularmente en los sectores productivos y de servicios. Según el último informe de gobierno, en el año 2012 las mujeres representaban poco menos del 40% de la población económicamente activa.

La creciente participación de las mujeres en la vida social, económica, política y cultural de nuestro país ha sido paralela a una mejora sustancial de sus indicadores demográficos, particularmente en las zonas urbanas. El llamado cambio demográfico de nuestro país no se puede entender sin la transformación de los indicadores demográficos femeninos. Destacan la reducción de la tasa global de natalidad (que pasó de 2.9 a 2.4 hijos por mujer, entre 1999 y 2010) cercana al nivel de reemplazo en el último año y el significativo aumento de la esperanza de vida al nacimiento con 77.3 años, la cual se coloca por arriba del promedio nacional de 74.3 años.

La dinámica reproductiva femenina responde, sin ninguna duda, al aumento de la escolaridad media de las mujeres y a su creciente integración al mercado laboral. La relación existente entre la Tasa Global de Fecundidad (TGF) y el nivel de escolaridad de las mexicanas es evidente cuando vemos que, en el caso de las mujeres sin escolaridad o con primaria incompleta, este indicador se ubica en 3.2 hijos por mujer, esto es, por arriba de la media nacional; mientras que, es de sólo 1.9 hijos por mujer (inferior al nivel de reemplazo), en mujeres con educación media superior y superior (INEGI, 2010). Las diferencias en la TGF son grandes entre entidades federativas, destacando en el extremo alto el estado de Chiapas con 3.1 hijos por mujer, y en el inferior, el Distrito Federal con sólo 1.7 hijos por mujer.

En materia de fecundidad, se debe subrayar la elevada tasa de embarazos de adolescentes en las últimas décadas. En términos absolutos, los nacimientos entre las mujeres de 12 a 19 años de edad se redujeron ligeramente en los últimos diez años, ubicándose en 36.4 hijos por cada mil mujeres, en 2009. Pero, debido a que el número de adolescentes se incrementó de 8.2 a 8.7 millones en el mismo lapso, los hijos de madres adolescentes oscilan alrededor de 300 mil al año (Ibídem, 2010). Lo anterior significa que en nuestro país el 13% de las adolescentes tiene hijos (Arceo y Campos-Vázquez, 2011).

Ese porcentaje también varía de forma significativa con el nivel de escolaridad de las madres adolescentes. Mientras que casi una quinta parte, el 18% de las adolescentes que tienen hijos cuentan con primaria o menos, el 7.4% posee estudios posteriores a la secundaria. Cuando las adolescentes no asisten a la escuela, el porcentaje llega a 25% y se reduce a 0.9 en caso contrario (INEGI, 2010). Lo anterior muestra no sólo la incidencia del nivel de escolaridad en la maternidad de las mujeres jóvenes, sino además los crecientes problemas para capacitar de forma oportuna y adecuada al "bono demográfico" mexicano, mayoritariamente femenino.

Esa ventaja demográfica implica que, en la actualidad y hasta el 2030 -según las proyecciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO) ²- y alrededor del 2040 -según el XIII Censo de 2010³- la población en edad productiva será mayor que la población dependiente. De cumplirse la hipótesis programática del CONAPO, la población en edad escolar (6 a 14 años) se reduciría de 20.3 millones en 2000 a 15.8 millones en 2030, mientras que la correspondiente a edades productivas (15 a 64 años) pasaría en esos mismos años de 62.3 millones a 85.7 millones. El bono demográfico que perdurará hasta 2030 podría transformarse en un bono real para la economía si se aprovecha la circunstancia coyuntural de que las personas en edad productiva son más que las personas económicamente dependientes. Y para que eso ocurra es necesario que las personas en edad productiva tengan educación, salud y trabajo. Si esto no sucede, la oportunidad se nos escurrirá entre las manos, como ha ocurrido hasta ahora.

Lo anterior explica la mayor proporción de mujeres actualmente en nuestro país. Según el último censo, en el año 2010 existían 105 mujeres por cada 100 hombres (INEGI, 2010). Aunque esta proporción aumenta con la edad de la población.

Con relación al estado civil, cabe señalar que en México más de la mitad de las mujeres de 15 años y más (57.7%), están casadas o en unión libre (aunque, en el caso de las adolescentes que tienen hijos esta proporción llega apenas a 16%). En las últimas décadas destaca el crecimiento del porcentaje de mujeres de 15 años y más, divorciadas o separadas, que llegó al 15% en 2010. Lo anterior explica en buena parte que, en ese año, la cuarta parte del total de los hogares mexicanos son encabezados por una mujer (CONAPO, 2010).

Al respecto, no se debe dejar de considerar la relación existente entre el estado civil y el nivel de escolaridad de las mujeres. Del total de mujeres casadas o unidas, 22% carece de escolaridad o posee primaria incompleta y 23% cuenta con secundaria completa. Por otro lado, sólo 3% de las mujeres divorciadas o separadas carecen de escolaridad y casi una tercera parte (32%) cuenta con educación media superior o superior (Ibídem, 2010). Es evidente que a mayor nivel de escolaridad las mujeres tienen mayor capacidad para decidir su estado civil y si tienen menos hijos, a la vez que se insertan de mejor manera en el mercado laboral.

En educación, las mujeres hacen mejor la tarea

En México, el carácter gratuito, obligatorio y laico de la educación otorga, en principio, iguales oportunidades de desarrollo a hombres y mujeres, además de que supone equidad en el acceso y la permanencia para unos y otras en el sistema educativo. No obstante, la realidad social del país, caracterizada por la pobreza de la mitad de su población y por una profunda desigualdad social y la incapacidad de superar la histórica discriminación de la mujer -tanto en los ámbitos público como privado- generan un sesgo por género en dichas oportunidades.

En materia de educación, el país ha tenido avances importantes en las últimas décadas. La matrícula escolar total se incrementó de 25 millones en el ciclo escolar 1990-91 a 34 millones 821 mil estudiantes en el 2011-12. Destaca la participación creciente de las mujeres que pasaron de representar el 40.3% al 48.9% en la matrícula total del país en ese período.⁵

La asistencia femenina a la escuela presenta diferencias significativas por rangos de edad. Mientras el porcentaje de mujeres entre 6 y 14 años subió del 85 al 95%, las de 15 a 24 años incrementaron su participación de 29 a 40.1% entre el año 1990 y el 2010. (INEGI, 2010). También hay diferencias por niveles educativos y, más aún, por entidades federativas. Cabe destacar que, en el año 2011 las brechas por género en educación básica prácticamente desaparecieron. En este nivel educativo se ha logrado incorporar a la escuela a casi todas las niñas en la edad correspondiente (aunque también debe destacarse la menor participación femenina en educación media superior y superior).

Por entidades federativas, las de menor nivel de desarrollo -Chiapas, Oaxaca y Guerrero- tienen los menores porcentajes de mujeres en la matrícula escolar. En cambio, las de mejores indicadores de desarrollo -Distrito Federal y Nuevo León- presentan la mayor participación escolar femenina. Es un hecho que las mujeres son mayoría en la matrícula escolar en doce de los estados de la República.

La escolaridad media de las mexicanas es altamente diferenciada por entidades federativas. En el año 1990, muy por debajo del promedio nacional se ubicaron Chiapas, Oaxaca y Guerrero, con sólo 3.6, 4 y 4.4 años de escolaridad, respectivamente. Veinte años después esta situación no se ha modificado de manera suficiente. Aunque con un mayor número de años de estudios, las mujeres de estas tres entidades siguen manteniendo los más bajos niveles de escolaridad del país, con 6.3, 6.6 y 7 años, respectivamente. Finalmente, para el año 2010, en el extremo alto se mantuvieron el Distrito Federal y Nuevo León, con una escolaridad media de las mujeres de 10.3 y 9.6 años, respectivamente.⁷

Al mayor crecimiento de la escolaridad promedio de las mujeres se suma su mejor eficiencia terminal prácticamente en todos los niveles educativos y, en general, los menores índices de reprobación y de deserción escolar. Esto no obstante las inequidades en el acceso a la educación que afectan a muchas mexicanas, especialmente en las zonas rurales y de alta marginación. De acuerdo con cifras oficiales, las mujeres presentan los mejores indicadores escolares en eficiencia terminal, reprobación y deserción escolar en educación básica y en educación media superior, como lo muestra el cuadro 1.

La feminización de la matrícula escolar también es creciente en el nivel de educación superior, donde las mujeres son ya predominantes en algunos niveles educativos (incluido el posgrado), y en algunas áreas de conocimiento como la medicina. La participación femenina en la población escolar total de educación superior pasó de 42.8% en 1990 a 49.6% en el ciclo escolar 2011-12. En este ciclo escolar, la matrícula femenina de posgrado representa 52.4% frente al 47.6% de los hombres. También se titulan más mujeres en las carreras universitarias.

Un ejemplo representativo de la creciente participación de las mujeres en la educación superior es el de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Los datos más recientes de la institución indican que en el año 2012 las mujeres representaron poco más de la mitad (51%) de la población escolar total y 52% de la matrícula de posgrado. Asimismo, la mayoría de los alumnos becados son mujeres (56%), como también lo son el 58% de los titulados en dicho año (UNAM, 2012). Más mujeres, mejor desempeño y más egreso femenino parece ser la tendencia en educación superior.

También destaca la presencia de las mujeres en las becas escolares otorgadas. En 2011, del total de becas otorgadas en educación básica, la mitad correspondió a mujeres, se incrementó a 52% en educación media superior y a 56% en la licenciatura y el posgrado.

No obstante los significativos avances de las mexicanas en materia educativa, todavía prevalecen las inequidades de género. Dentro de éstas, destaca el mayor analfabetismo y el mayor rezago educativo de las mujeres. De igual forma, no puede dejar de señalarse el contraste que existe todavía entre la mayor matrícula femenina en educación superior y posgrado y la baja participación de las mujeres en el Sistema Nacional de Investigadores del país. En 2011, dicho porcentaje fue apenas de una tercera parte (33.6%) del total a nivel nacional (17,639) (Calderón Hinojosa, 2012).

La baja participación de las mujeres en las actividades científicas e innovación tecnológica, tanto por razones culturales como por las barreras que enfrentan para realizar investigación de vanguardia en ámbitos tradicionalmente masculinos, ha sido una constante a nivel mundial. Ilustra lo anterior la exigua proporción de mujeres que han sido reconocidas con el Premio Nobel. Del total de personas laureadas con este premio hasta el año 2012 (862 individuos u organizaciones), sólo 44 han sido mujeres y más de una de ellas compartieron este galardón con su esposo. Esto significa que en toda la historia del Nobel, sólo el 5% de estos reconocimientos se ha otorgado a mujeres (Cárdenas Guzmán, 2013).

Asimismo, en 2012, se reportaron 16 millones 528 mujeres con rezago educativo, contra 14 millones 566 hombres en la misma situación. Es decir que, entre aquellas personas que se encuentran en rezago educativo en México, sea porque son analfabetas o porque no concluyeron los niveles educativos elementales, las mujeres son casi dos millones más que los hombres (Calderón Hinojosa, 2012).

El rezago educativo es también mayor en la población indígena. En México, de cada 100 indígenas 24 no estudian, 25 no acabaron la primaria y sólo 11 cursaron educación media superior (Cruz Vargas, 2012). Dentro de éstos, la mayor proporción son mujeres. En la población de habla indígena dicho rezago está por encima del promedio nacional y las afecta más a ellas en tanto que el 55% son mujeres y el 45% son hombres (INMUJERES, 2010). De otro lado, entre los jóvenes que no estudian y tampoco trabajan, la proporción de mujeres es sustancialmente mayor.

Las inequidades y contrastes en materia educativa que enfrentan las mujeres en nuestro país son evidentes también en los indicadores internacionales sobre el tema. La menor presencia de mujeres en algunos niveles educativos así como la mayor tasa de analfabetismo y rezago educativo femenino parecen explicar el retroceso de la posición de nuestro país en el subíndice de logro educativo del Índice Global de Género, donde pasó, en un total de 128 países, del lugar 49 en 2007 a la posición 69 en 2012 (World Economic Forum, 2012).

A pesar de los rezagos, no se pueden desconocer los importantes avances de la mujer en el ámbito educativo, no sólo por su mayor asistencia a la escuela, mayor nivel de escolaridad y más alta eficiencia terminal, sino además por el impacto que la formación escolar puede tener en la vida personal, social y laboral.

Condiciones de trabajo y salario de las mujeres

La creciente participación de las mujeres en el mercado de trabajo pone en entredicho el perfil tradicional de la identidad femenina basada en la división del trabajo por género que circunscribe a la mujer al hogar, dedicada a la maternidad, al cuidado y manutención de los hijos o de los padres.

En México, la participación de las mujeres en el mercado laboral se ha incrementado en los últimos años al pasar del 33% al 38.2% de la Población Económicamente Activa (PEA) entre 1995 y 2012. En la población ocupada, las mujeres pasaron de 10.5 a 17.8 millones en esos 17 años.⁸ No obstante, la tasa de participación de las mujeres en edad de trabajar apenas asciende al 43% frente al 77% de los hombres. Es decir que el 57 % de las mujeres en edad de trabajar no lo hacen (INEGI, 2012a).

Las mujeres ocupadas laboran mayoritariamente en el sector terciario. El 79% labora en el sector servicios y 16% en el sector productivo. Han incursionado en todo tipo de actividades ocupando puestos de obreras, empleadas, ejecutivas, directoras o empresarias. No obstante, la proporción de mujeres que trabaja sin remuneración es mayor que la de hombres, a la vez que el porcentaje de mujeres en el sector informal también es mayor. Este último alcanza una tasa de 30.4% frente al 26.4% para los hombres (Ibídem, 2012).

En materia salarial la inequidad de género es mayor. Aun contando con una PEA femenina con un promedio de escolaridad mayor y una edad promedio ligeramente menor, las mujeres ocupadas reciben menores salarios que los hombres en empleos similares (Ibídem, 2012). Aunque la diferencia de ingresos laborales entre géneros se redujo de -16.1% en 1995 a -5.3% en 2011, la brecha salarial entre hombres y mujeres sigue vigente (Calderón Hinojosa, 2012). En el país, el porcentaje de mujeres que gana menos de un salario mínimo es casi el doble que el de los hombres. En cambio, por cada mujer que gana más de cinco salarios mínimos hay 1.3 hombres en la misma condición (Ibídem, 2012). (Ver el cuadro 2).

Lo mismo parece ocurrir en otros ámbitos gubernamentales. Los apoyos también se redujeron para las mujeres en las zonas rurales. El número de mexicanas beneficiadas por el Programa de la Mujer en el Sector Agrario de la Secretaria de la Reforma Agraria se redujo 19% entre 2007 y 2011, en tanto que el de las participantes en el Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales de la Secretaria de Economía, lo hizo en 7% entre 2005 y 2011 (Ibídem, 2012).

La elevada inequidad que enfrenta la mujer en materia laboral y de salarios se ve reflejada en la ubicación de nuestro país en el subíndice en materia laboral del Índice Global de Género. Este indicador internacional reconoce que es en el mercado de trabajo y en las retribuciones donde más se observa la desigualdad entre hombres y mujeres en nuestro país. En un total de 135 países, México ocupa el lugar 113 por la baja participación de las mujeres en el mercado laboral; la posición 104 por percibir menores salarios por desempeñar un trabajo similar y, el lugar 105 recibir ingresos inferiores a los de los hombres. La peor ubicación de nuestro país en este indicador internacional, es en materia laboral. A pesar de la creciente incorporación de la mujer al mercado de trabajo, es precisamente en el ámbito laboral donde la desigualdad y discriminación de las mujeres es mayor en nuestro país.

Servicios de salud y seguridad social para las mujeres

A la discriminación laboral de las mujeres se suman el insuficiente acceso a los servicios de salud y la menor cobertura en seguridad social. Es verdad que el aumento de la esperanza de vida al nacer ha sido significativo y que se ha reducido de forma importante la mortalidad materna, sin embargo los avances en materia de salud de las mexicanas no eliminan las insuficiencias.

La atención a la salud de las mujeres en México es un asunto de carácter público. Las bases del Sistema Nacional de Salud (SNS), vinculadas a la situación laboral de los afiliados, explica la organización y fragmentación que la caracterizan. Por un lado, la seguridad social se ocupa de los trabajadores del sector formal, jubilados y familiares; por otra parte, la población no asalariada y la que no cuenta con algún seguro médico es atendida por la Secretaria de Salud, los Servicios Estatales de Salud y por el Programa IMSS-Oportunidades. Estos factores influyen sobre la cobertura de la salud de las mexicanas.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud (SSA), 93.6 millones de mexicanos, el 80.9% de la población total, es usuaria de los servicios de salud pública en tanto que utilizó los servicios al menos una vez al año. En términos relativos, los servicios estatales de salud y el Seguro Popular son los dos sistemas que mayor proporción de mujeres atienden. (Ver el cuadro 3).

A pesar de que las instituciones de salud pública atienden a más mujeres que hombres, no logran cubrir las necesidades de atención en salud de todas las mexicanas. Según el último Censo de Población y Vivienda, la tercera parte de las mujeres no cuenta con ningún servicio de atención a la salud, mientras que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) del año 2012, es la quinta parte de las mujeres la que no cuenta con esta cobertura. Estas cifras varían según la entidad federativa a la vez que es mayor el porcentaje de población de mujeres sin cobertura en las zonas indígenas y rurales.

En el caso de las mujeres ocupadas, según datos del segundo trimestre del año 2009, solamente cuatro de cada diez mujeres en edad fértil (15 a 49 años) cuentan con acceso a instituciones de salud otorgadas por su trabajo. Una alta proporción de estas mujeres desarrollan trabajo doméstico.

En relación al cuadro epidemiológico del país, se observa que el rápido crecimiento del sobrepeso y la obesidad, relacionados con la diabetes y la hipertensión, afecta más a las mujeres. Según datos de la ensanüt 2012, el 71% de los mexicanos adultos tienen obesidad. Estas cifras ubican a México en el segundo lugar de aquellos países con mayor índice de obesidad en su población.

Un problema importante en materia de salud de las mujeres es la mortalidad materna. La tasa de mortalidad vinculada con problemas durante el embarazo se ha reducido pero sigue siendo alta. Como lo muestra el gráfico 3, entre los años 1990 y 2010, dicha tasa pasó de 89 muertes maternas por cada 100 mil nacidos vivos a 48. Una reducción significativa.

En la "Cumbre del Milenio" organizada por la Organización de las Naciones Unidas en el año 2000, México se propuso reducir en dos terceras partes la cifra de decesos maternos ocurridos en 1990. Dicha meta implicaría alcanzar una tasa de alrededor de 30 muertes maternas por cada 100 mil nacidos vivos, en 2015 (ONU, 2000). Por ello se instrumentaron diversos programas y campañas sanitarias dirigidos a reducir la tasa de muertes entre los que destacan la creación del "Programa Embarazo Saludable" del Seguro Popular de Salud, el "Programa Arranque Parejo en la Vida" (APV), el Convenio Interinstitucional entre la ssa, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y el "Programa de Rescate Obstétrico y Neonatal, el Tratamiento Óptimo y Oportuno" (PRONTO), entre otros.⁹

A pesar de esas acciones, la actual cifra de 48 muertes maternas por cada 100 mil nacidos vivos está muy lejos de alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio fijados para el año 2015. A lo anterior se suma que algunos estudiosos del tema afirman que la tasa real puede ser mayor ya que por cada muerte materna registrada se estima que puede haber una sin registrar (Arceo y Campos-Vázquez, 2011). Más allá de los esfuerzos realizados, es claro que la mortalidad materna es alta. Si a ello agregamos las diferencias que se registran entre entidades federativas, es claro que estamos ante un problema grave en la atención de la salud reproductiva de las mexicanas.

Un problema adicional en esta materia es el creciente embarazo entre las adolescentes. Según el Secretario de Salud del Distrito Federal, Armando Ahued, la vida sexual activa de niños y niñas capitalinos está arrancando a edades más tempranas, (9 o 10 años de edad), y no a los 14 o 15 años de las generaciones anteriores. Esto se ha documentado al recibir a niñas embarazadas de 9, 10 y 11 años en los Centros de Salud, además de pacientes de entre 12 y 15 años con alguna enfermedad de transmisión sexual (Periódico Reforma, 2013).

Los embarazos de niñas representan no sólo un problema de salud reproductiva sino también un problema que afecta su desarrollo, su futuro, sus posibilidades de estudiar y de trabajar.

A pesar de que en términos relativos (INEGI, 2012b) el número de alumbramientos de las mujeres de 12 a 19 años ha disminuido, el número absoluto se mantiene en más de 300 mil hijos de madres adolescentes al año. Una de cada cuatro mujeres de 19 años tiene al menos un hijo vivo.

En lo que se refiere a la seguridad social, la situación de las mexicanas no es más alentadora. Aunque las mujeres tienen más acceso a la seguridad social que los hombres, según cifras oficiales en el año 2012 apenas el 44% de las mexicanas de 15 años o más contaba con seguridad social (Secretaría de Salud, 2012). El 35.3% de las mujeres de 65 a 75 años de edad reciben una pensión y apenas el 27% cuenta con una pensión directa (INEGI, 2010). Lo anterior hace evidente la vulnerabilidad de las mujeres en materia de seguridad social, la cual se agudiza en el caso de las mujeres en situación de pobreza (especialmente entre las mujeres indígenas), tanto en zonas rurales como en zonas urbanas altamente marginadas.

A pesar de que las mujeres tienen mayores necesidades en lo que a cobertura de salud se refiere (especialmente por maternidad), los gastos que realizan los hogares en seguros médicos, incluyendo cuotas a clínicas y hospitales, cuotas al seguro popular y cuotas a compañías de seguros, son altamente desiguales tanto según el tipo de hogares como entre sexos. Mientras en los hogares más pobres no se realizan pagos a compañías de seguros, en los hogares no pobres el porcentaje de ese tipo de pagos para atender a las mujeres llega al 47.1%. En términos más generales, en el mismo año el gasto trimestral promedio en los hogares pobres fue de 170 pesos mexicanos (13 USD) para la salud de las mujeres y de 303 pesos (23 USD) para los hombres (INMUJERES, 2010).

La inequidad de género en materia de salud es alta, tanto por el menor acceso a los servicios de salud de las mujeres más pobres, como por el menor gasto que realizan los hogares en esta materia. La salud de las mujeres es parte del círculo vicioso de la pobreza.

La situación de desigualdad de las mujeres se agudiza por sus mayores niveles de pobreza. La pobreza es un problema estructural e histórico en nuestro país. Desde finales de los años noventa del siglo pasado, la política social se reorientó hacia programas focalizados con transferencias monetarias condicionadas. El gasto en programas sociales se ha incrementado, sin embargo, la población en situación de pobreza sigue creciendo hasta llegar a 53.3 millones de personas en el 2012, lo cual representa el 45.5% de la población total (CONEVAL, 2013).

Cabe destacar que en México, en los últimos años ha disminuido el número de pobres entre los pobres. Sin embargo, esta disminución en los índices de pobreza extrema no modifica de forma significativa la desigualdad social en nuestro país. Lo anterior lo corroboran tanto los valores que presenta el índice de Gini como la brecha entre los ingresos de los deciles. Por ejemplo, aunque entre 1984 y 2012 todos los deciles modificaron su participación en el ingreso e incluso la desigualdad presentó reducciones discretas en algunos períodos (Cortés, 2011 y CONEVAL, 2012), los valores del índice de Gini en dicho lapso son similares: en 1984 fue de 0.446 y en el 2012 de 0.498. En síntesis, la desigualdad en México no se ha modificado realmente en las últimas tres décadas (CONEVAL, 2012).

De otro lado, la brecha entre el ingreso corriente total per cápita de la población del decil más pobre y el de la población de mayores ingresos, empeoró. En el año 2010, por cada 100 pesos que recibía la población de mayores ingresos, la población en pobreza extrema percibió 4.6 pesos. En el 2012, esta relación disminuyó a 4.4 pesos (Ibídem, 2012). En suma, más pobres y más desiguales.

De la población en situación de pobreza, la proporción de mujeres es mayor que la de los hombres. Según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) del año 2008, el 44.5% de las mujeres vivía en pobreza multidimensional, lo que representaba en términos absolutos 24.4 millones de mujeres (contra 22.6 millones de hombres). En México hay cerca de dos millones más de mujeres que hombres en condición de pobreza. En el 2012 la situación se agravó ya que el 45.9% de las mexicanas estaban en situación de pobreza. También en pobreza las mujeres son mayoría en nuestro país (Ibídem, 2012).

La pobreza presenta diferencias por entidades federativas, por condición étnica, por edad, por ubicación urbana o rural y por género. La población rural, la población indígena, las mujeres, los niños y los adultos mayores tienen porcentajes de pobreza más grandes que los promedios nacionales. En el 2012, 8.2 millones de personas de la población indígena se encontraba en condición de pobreza, de las cuales 3.5 millones padecían pobreza extrema (Ibídem, 2012). Las entidades con mayor número de personas en condición de pobreza fueron Chiapas, Guerrero, Puebla y Oaxaca; mientras que con los menores niveles se ubican Nuevo León, Distrito Federal, Coahuila y Sonora (Ibídem, 2012). En pobreza extrema destacan, con excepción de Puebla, las tres entidades mencionadas. Una vez más, en ambos casos predominan las mujeres.

En México ha sido posible medir la pobreza de las mujeres de manera reciente. El porcentaje de mujeres en pobreza difiere por entidades federativas, grupo étnico y ubicación urbana o rural. El mayor porcentaje corresponde a las mujeres de habla indígena que habitan en zonas rurales y en áreas urbanas de alta marginación.

La desigualdad de las mujeres se agudiza con la pobreza. La primera medición de pobreza por género, realizada por el INMUJERES en colaboración con el INEGI, confirmó que entre el 2000 y el 2008 no sólo prevalecieron las brechas de género sino que además, dentro del 20% de la población más pobre, son las mujeres las que tienen las peores condiciones en materia educativa, de bienestar social y de seguridad social. Como lo muestra el cuadro 3, son las mujeres pobres las que presentan la mayor cifra de analfabetismo, el mayor rezago escolar en educación primaria y la menor cobertura en los programas de seguridad social. La pobreza de las mujeres es una característica más de la inequidad de género en México.

En el año 2008, el 37% de las jefas de hogar en condiciones de pobreza carecían de los beneficios de programas sociales o de seguridad social en comparación con el 29% de los hombres identificados como jefes de hogar (INMUJERES, 2010). Situación que no se modifica significativamente a pesar de los esfuerzos de la política social para ampliar la cobertura de los servicios de salud.

En 2010, el Programa Oportunidades cubría aproximadamente 6 millones de hogares. No obstante, algunos estudiosos señalan que alrededor de 600 mil hogares pobres, integrantes del primer decil, no reciben los apoyos del Programa Oportunidades ni del Programa Alimentario (PAL), tanto por razones de ubicación geográfica en zonas dispersas o de alta marginación, como por motivos de ineficiencia administrativa (Cortés, 2010).

Las mujeres pobres han aumentado en la última década. Según las estimaciones basadas en el método de las líneas de pobreza, en 2008 se contabilizaban un millón más de mujeres en pobreza alimentaria y 1.9 millones más en pobreza patrimonial, como lo muestra el gráfico 4. Destaca, otra vez, que el mayor porcentaje de éstas se ubica en zonas rurales. En el año 2012 esta situación ha disminuido pero no se ha revertido. 14.1 millones de mujeres viven en condición de pobreza o carencia alimentaria frente a 13.3 millones de varones en la misma situación (CONEVAL, 2012). La pobreza alimentaria y patrimonial sigue afectando más a las mujeres que a los varones.

Aunque el acceso de las mujeres a los servicios de salud y a la seguridad social ha mejorado en los últimos años, en el 2012 la pobreza moderada y extrema siguió afectando más a las mexicanas. Son ellas las que presentan la mayor vulnerabilidad por ingresos, el mayor rezago educativo y las mayores carencias alimenticias. Asimismo, entre las personas que viven con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo, hay más de un millón de mujeres que hombres (Ibídem, 2012).

La dimensión actual de la desigualdad social y de género en nuestro país y su comparación internacional se resumen en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) más reciente. Según este indicador internacional, en el año 2012 México se ubicaba en el lugar 61 de un total de 186 países en materia de desarrollo humano. Con un IDH de 0.775, nuestro país está por arriba del promedio de América Latina (0.741) y de la media mundial (0.694). Aunque esto lo ubica dentro de los países de alto desarrollo humano, cuando este índice es ajustado por la desigualdad, llega a 0.593, ubicándose por debajo del 0.672 de Europa y Asia Central.

En materia de desigualdad de género, nuestro país ocupa la posición 72 de un total de 186 naciones. Con un índice de 0.382, México se ubica muy lejos de los Países Bajos (0.045), los países con menos desiguales en este sentido, y supera el promedio de Europa y Asia Central (0.280) -aunque está por debajo del promedio de América Latina (0.419) y de la media mundial en esta materia (0.463)- (pnüd, 2013).

El Índice Global de Género 2012, elaborado por el Foro Económico Mundial, ubica a México en el lugar 84 de 135 países en materia de equidad de género. En lo que refiere a la desigualdad de la mujer estamos en la mitad inferior de la tabla (World Economic Forum, 2012).

La comparación internacional de la situación de la mujer en México hace evidente que persiste el contraste entre los avances de la mujer en educación -y en menor medida en salud-, frente a la persistente inequidad en el mercado laboral y la mayor pobreza y marginación femenina.

Participación política de la mujer

Una de las claves del desarrollo humano con equidad y justicia es la participación de la mujer, no sólo en el ámbito educativo y económico sino también en la esfera de la participación política y en los procesos de toma de decisiones públicas. Ampliar la participación y las oportunidades de las mujeres en todos los espacios de la actividad humana es, sin duda, una de las herramientas para alcanzar mayor bienestar en nuestra sociedad. Una democracia plena, madura, debe ser capaz de garantizar el ejercicio pleno de la ciudadanía de las mujeres en condiciones de igualdad con los hombres.

En México, desde el punto de vista jurídico, mujeres y hombres cuentan con igualdad de derechos para participar en la vida política del país. No obstante, a sesenta años de haberse otorgado a las mujeres derechos ciudadanos iguales a los de los varones, siguen vigentes obstáculos y restricciones que acotan o dificultan la participación equilibrada en los espacios de poder público y en la toma de decisiones en los ámbitos federal, estatal o municipal.

En el marco de las reformas aplicadas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), en el año 2007 se implementó el sistema de cuotas de género que obliga a los partidos políticos a no presentar más de 60% de candidaturas de un mismo sexo en los comicios para el Congreso Federal. Fue apenas en las elecciones intermedias del 2009 cuando las nuevas cuotas de género operaron por primera vez, sustituyendo la anterior relación de 70 y 30 que se aplicaba en las candidaturas para las elecciones legislativas federales (Diario Oficial de la Federación, 2008).

No obstante las disposiciones legales que regulan las cuotas de género, la marginación y discriminación de la mujer en el ámbito político siguen operando bajo diversas formas. El cumplimiento cabal de las cuotas de género por los partidos políticos no es un hecho garantizado. El propio COFIPE deja una válvula de escape al señalar en el párrafo segundo del artículo 219 que la cuota de género podía exceptuarse cuando las candidaturas de mayoría relativa sean resultado de un proceso de elección democrático, es decir, mediante una selección abierta, con votación de por medio. La paradoja es que la democratización interna de los partidos puede implicar una mayor subrepresentación femenina en las cámaras. Además, con frecuencia los partidos políticos colocan a sus candidatas al final de las listas, en los lugares de suplencia o en otras posiciones donde tienen escasas opciones de ser elegidas y, por tanto, de poder ocupar puestos de responsabilidad política en las instituciones públicas. Así, se cumple el requisito sobre la presencia mínima de mujeres en las listas pero éstas tienen pocas posibilidades de ocupar un escaño. El caso reciente de las llamadas diputadas "juanitas" ilustra esta situación, aunque debe aclararse que esto fue frenado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) al determinar que las fórmulas de candidatos (tanto propietarios como suplentes) fueran de un mismo género.

Evidentemente, la implementación de cuotas de género es insuficiente y limitada. No soluciona por completo el problema de la subrepresentación de las mujeres en los congresos ni pone fin a la marginación de las mismas de los asuntos públicos.

Del total de personas inscritas en el padrón electoral nacional en 2012, el 51.5% son mujeres y por primera vez el Instituto Federal Electoral (IFE) registró a una mujer como candidata presidencial de uno de los tres partidos políticos nacionales con mayores posibilidades de alcanzar el triunfo. Un gran avance. Sin embargo, la participación femenina en el Congreso no se ha incrementado de forma significativa. En 2012, como se puede observar en el cuadro 4, sólo 33.6% de los escaños del Senado de la República y 36.8% de la Cámara de Diputados son ocupados por mujeres. Del gabinete ampliado presidencial, sólo el 16% son mujeres, esto es, 3 de 19 puestos (contando al procurador general). Además, en la actualidad, ninguno de los 31 gobiernos estatales recae en una mujer.

La verdad es que a nivel mundial esta situación no es más alentadora. Actualmente, de los 195 países independientes del planeta, apenas 17 son gobernados por una mujer, es decir, menos del 9%. Asimismo, las mujeres ocupan sólo 20% de la representación parlamentaria a nivel mundial. De otro lado, las mujeres dirigen sólo 21% de las 500 mayores compañías del mundo. Lo anterior ilustra la elevada inequidad actual en la participación política y de dirección de la mujer a nivel global (Dresser, 2013).

En cuanto a la participación en la coordinación de las distintas comisiones del Poder Legislativo vemos que en la legislatura actual, de las 56 comisiones que integran la Cámara de Diputados, sólo catorce están presididas por mujeres, es decir 25% del total. Estas comisiones son: la de Igualdad de Género, Derechos de la Niñez, Atención a Grupos Vulnerables, Derechos Humanos, Asuntos Indígenas, Salud, Seguridad Social, Asuntos Migratorios, Juventud, Distrito Federal, Fomento Cooperativo y Economía Social, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Cultura y Cinematografía y Asuntos Frontera Sur-Sureste.

En lo que respecta a la integración de las comisiones, las que tienen un mayor número de mujeres son las de Igualdad de Género (100%), Derechos de la Niñez (84.6%), Atención a Grupos Vulnerables (82.4%), Cultura y Cinematografía (65.5%), Seguridad Social (62.1%), Derechos Humanos (57.7%) y Salud (56.7%). Y las de menor presencia femenina son las de Marina (4.8%), Presupuesto y Cuenta Pública (11.4%); Defensa Nacional y Transportes (13.8%), Agricultura y Sistemas de Riego (14.8%) y Gobernación (16.7%).¹⁰

Cabe destacar que la presencia de las mujeres en los órganos de Gobierno de la Cámara de Diputados también ha mejorado. En la Legislatura actual, las mujeres representan el 45% de los integrantes de la Mesa Directiva, aunque en la Junta de Coordinación Política, de los 7 diputados que la integran, sólo una es mujer.

En el proceso de toma de decisiones públicas la participación de las mujeres se limita a los asuntos relacionados con cuestiones sociales, familiares, derechos humanos, turismo y salud. Pareciera que todavía la participación política de la mujer se ve como una extensión natural de las actividades que tradicionalmente ha realizado en el cuidado de la familia. Las tendencias de la participación política de las mujeres no rompen el rol que socialmente se les ha asignado.

Cabe destacar que la incipiente, aunque creciente, participación política de la mujer en nuestro país ha mejorado la posición de México en el ámbito internacional. El subíndice de empoderamiento político del Índice Global de Género, que considera la presencia de la mujer en los Congresos, en los gabinetes presidenciales y en el Ejecutivo, mejoró la ubicación de nuestro país al pasar del lugar 57 en 2007, al 48 en 2012 (World Economic Forum, 2012). Mejora que se explica más por el aumento de la presencia femenina en el Congreso que por un mayor número de mujeres en el gabinete presidencial. La relación mujeres/hombres en estos ámbitos sigue siendo favorable a los segundos. Según este mismo índice, en el año 2012 por cada hombre había 0.36 mujeres en el Congreso y 0.27 en el gabinete presidencial (Ibídem, 2012). En el ámbito político estamos lejos de la equidad, sobre todo en las posiciones de mayor responsabilidad.

Mejorar la normatividad para elevar la participación de la mujer en el ámbito político es, sin duda, necesario en México. Pero aún más necesario es entender que una democracia sin la participación efectiva de la mujer está incompleta. Sin mecanismos efectivos de participación política de las mujeres se vulnera uno de los principios constitucionales básicos de toda norma fundamental: el derecho a la igualdad y a la no discriminación por razones de género.

Violencia contra las mujeres

La expresión más condenable de la desigualdad de género es, sin duda, la violencia contra las mujeres. Este tipo de violencia es un hecho estructural e histórico en nuestro país que está presente prácticamente en todos los ámbitos de la vida de las mujeres, ya sea como hijas, hermanas, novias, esposas, trabajadoras, o jubiladas (Castro y Riquer, 2012).

A la desigualdad y discriminación que enfrentan las mujeres en la sociedad, en la política y en el mercado de trabajo, se suman las violencias de tipo físico, sexual o psicológico. En México, 41.2% de las mujeres de 15 años y más, casadas o con pareja, han sufrido algún tipo de violencia de su pareja y, en el caso de las mujeres divorciadas o separadas, este porcentaje llega a 72% (Ibídem, 2012).

Según la encuesta de la que derivan los datos anteriores, la violencia más frecuente en el hogar es la emocional (40%) la cual consiste en insultos, amenazas, humillaciones y otras ofensas de tipo psicológico. Le sigue la violencia económica (28.8%); la violencia física (21.4%) -empujones, jalones, golpes, agresión con armas, entre otras- y la violencia sexual (8.7%). Las mujeres divorciadas, separadas o viudas refieren una mayor violencia emocional por parte de su última pareja (62%) y la violencia que más prevalece es la emocional (59%) y la económica (45%).

La violencia doméstica contra las mujeres es, lamentablemente, un hecho muy extendido en nuestra sociedad. Ese tipo de violencia se incrementó de manera inusitada en nuestro país en la última década. El número de mujeres atendidas en los servicios especializados por violencia familiar y de género se multiplicó por 6 al pasar de 24,375 en 2005 a 152,875 en 2011 (Calderón Hinojosa, 2012).

Es necesario destacar que los homicidios de mujeres han aumentado en los últimos años. Según el INEGI, de 2007 a 2010 la tasa de muertes por homicidios entre las mujeres aumentó más del doble al pasar de 2 a 4.4 por cada cien mil fallecimientos (INEGI, 2012c). La violencia contra las mujeres tiene proporciones inadmisibles.

La prevalencia de la inequidad y la violencia contra la mujer en nuestro país explica el hecho de que México sólo haya avanzado 3.8% en el Índice Global de Género entre 2006 y 2012; mientras que países como Nicaragua, Bolivia y Ecuador disminuyeron esta brecha en 17.3%, 14% y 12.1% en el mismo lapso. La brecha de géneros es mayor en México que en países latinoamericanos de menor nivel de desarrollo.

Comentarios finales

En México se han registrado avances significativos en materia de normatividad para el cumplimiento de los derechos humanos y se han creado instancias que permiten avanzar en la búsqueda de igualdad de condiciones para hombres y mujeres.

Sin embargo, hablar de los derechos humanos exclusivos para la mujer parece contradecir el carácter universal de los Derechos Humanos que formalmente protegen a hombres y mujeres por igual y pone en tela de duda la igualdad humana de los géneros. La necesidad de establecer derechos, normas e instancias internacionales y nacionales para proteger y garantizar los derechos de las mujeres, confirma la dimensión y especificidad de las violaciones a la dignidad humana que ellas enfrentan. Violaciones sustentadas, en gran medida, en la prevalencia de los roles y estereotipos atribuidos cultural y socialmente a las mujeres.

Más allá de la igualdad de hombres y mujeres ante la ley, es necesario reconocer que ésta no garantiza la igualdad ante la vida, el trabajo, la escuela, la salud o la pareja, entre otros. Tampoco garantiza el compromiso del Estado para asegurar el disfrute de los derechos de hombres y mujeres en condiciones de igualdad y sin discriminación alguna. Ni la ley ni las políticas públicas son suficientes para eliminar la inequidad de género en nuestro país. Y no son suficientes porque en esta materia la estructura y las prácticas sociales y culturales discriminatorias y machistas suelen tener hondo raigambre.

Sin dejar de reconocer los avances en la normatividad y legislación en materia de derechos humanos de las mujeres, así como la mayor responsabilidad del Estado al tutelar esos derechos, es necesario reconocer también que la desigualdad y discriminación que padecen las mujeres sigue siendo enorme. Siguen manteniéndose, con raigambre profunda y extendida, prácticas sociales muy antiguas que colocan a las mujeres en situaciones de inequidad, exclusión, injusticia y desigualdad. Perduran altos niveles de violencia contra ellas, particularmente en el ámbito privado. Por si eso fuera poco, la pobreza -que suele afectar más a las mujeres- agudiza esta situación.

La realidad confirma que las estructuras de discriminación y exclusión que históricamente han acompañado la vida de las mujeres no son fáciles de erradicar. Estas prácticas dificultan e impiden el reconocimiento y ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, especialmente en las zonas rurales e indígenas.

La inequidad de género lastima a toda la sociedad; es el obstáculo más importante para un desarrollo social más completo. Urge erradicarla en todos los rincones de nuestro país y en todos los estratos sociales. La consolidación de una sociedad realmente democrática y con justicia social demanda la igualdad real de hombres y mujeres en la vida pública y privada. Reducir la brecha existente entre hombres y mujeres es un reto no sólo jurídico sino también personal, familiar y por tanto, social y cultural.

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Notas

¹ En el año 2012 la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo registra un 51.6% de mujeres en la población total y 52.5% en la población de 14 años y más.

² Véase: Ordorica Mellado (2013).

³ Véase: Narro-Robles; Hernández Bringas y Flores (2013).

⁴ Ello a pesar de que la reducción de la mortalidad materna no alcanza todavía los niveles propuestos por nuestro país en los "Objetivos del Milenio".

⁵ Para el ciclo 1990-1991, véase: "Serie Histórica de Alumnos del Sistema Educativo Nacional 1990-1991 a 2010-2011" en SEP (2012) y Sandoval y Tarrés (1996). Para el ciclo 2011-2012, véase: SEP (2012).

⁶ Para las cifras de 1990, véase: Fox Quesada (2006). Para datos del 2012, véase: Calderón Hinojosa (2012).

⁷ Para las cifras de 1990, véase: Fox Quesada (2006). Para datos del 2010, véase: INEGI (2011a).

⁸ Para datos del 1995-2010, véase: INEGI (2011b). Para datos del año 2012, véase: Calderón Hinojosa (2012).

¹⁰ Véase: LXII Legislatura, Cámara de Diputados. Comisiones. Integración: http://www.diputados.gob.mx