Construyendo mundos pos-capitalistas

Building post capitalists worlds

David Barkin y Blanca Lemus

David Barkin es Profesor Distinguido y Blanca Lemus es Investigadora Visitante en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco.

En el contexto de una abundante diversidad —biológica, cultural, étnica—, de profundas desigualdades sociales y las actitudes de las fuerzas hegemónicas en Latinoamérica, un proceso coherente de gobernanza ambiental está resultando ser difícil y la injusticia ambiental se está agravando. Sin importar qué zona de la región se observe, hay un aumento en el número y la intensidad de conflictos entre los grupos comprometidos a promover el desarrollo económico (es decir, la acumulación privada) y los que afirman hablar a favor del planeta y/o por el bienestar de la gran mayoría de la población o de minorías particulares, que se sienten excluidas de estos procesos y que son las más perjudicadas por los impactos negativos de estas actividades. Este artículo aborda las causas subyacentes de estos conflictos, dando voz a algunos de los actores que participan activamente en el desarrollo de sus propias alternativas para la construcción de sociedades pos-capitalistas. Estas alternativas surgen de grupos cuyas organizaciones están conformadas por diferentes cosmovisiones, producto de sus múltiples orígenes étnicos, y por los profundos debates filosóficos y epistemológicos del pasado medio siglo que surgieron a partir de numerosos movimientos sociales, proponiendo diversas estrategias para lograr progresar, mejorando su bienestar y la conservación de los ecosistemas.

Palabras clave: post—capitalismo, justicia ambiental, gobernanza ambiental, latinoamérica, pueblos indígenas

Abstract

In a very broad context of - biological, cultural and ethnic- diversity, profound social inequalities and attitudes of the hegemonic forces in Latin America, a coherent process of environmental governance is becoming difficult and environmental injustice is getting worse. No matter what zone of the region is observed, there is an increase in the quantity and intensity of the conflicts between the groups committed to promote economic development (that is to say, private accumulation) and those who say they are in favor of the planet and/or the well-being of the great majority of the population or of particular minorities that feel excluded from these processes and are the ones that suffer the negative effects of these activities. This text deals with the underlining causes of those conflicts and gives a voice to some of the social actors that actively participate in the development of their own alternatives for the construction of new post capitalist societies. These alternatives arise from groups whose organizations are shaped by different cosmovisions, product of their multiple ethnic origins, and by the profound philosophical and epistemological debates of half a century ago, that emerged from numerous social movements, suggesting different strategies in order to achieve progress by improving their well-being and the conservation of the ecosystems.

Key words: post-capitalism, environmental justice, environmental governance, Latin America, indigenous peoples.

Introducción

En el contexto del muy trillado compromiso oficial para implementar mecanismos de gobernanza ambiental, nos queremos ocupar en estas líneas de su práctica en Latinoamérica, la que, en nuestra opinión seguirá siendo difícil, si no imposible, de lograr. Esta dificultad es producto de las profundas desigualdades sociales y las tendencias y actitudes de las fuerzas hegemónicas que han mostrado una extraordinaria resiliencia perversa para impedir el progreso en la implantación de políticas públicas y estrategias sociales que protegen la abundancia de diversidad —biológica, cultural y étnica—, que el continente ostenta como su herencia (Barkin, 2013).¹ Como consecuencia, la injusticia ambiental se está agravando en todas partes del hemisferio. Estos cambios están provocando el doble movimiento que era central del análisis de Karl Polanyi (2003): confrontaciones directas entre, por un lado, políticos, inversionistas acaudalados y posicionados para operar en mercados internacionales, los proveedores de tecnologías, inversionistas con concesiones en regiones y sectores abiertos recientemente a la inversión extranjera, y, por el otro lado, diversos grupos sociales organizados que consideran a estas intromisiones como una amenaza a sus sistemas productivos, a sus formas de vida y su salud, al tiempo que también son destructivas de sus comunidades, sus culturas y los ecosistemas de los cuales todos dependemos.

Este análisis se basa en una importante literatura emergente que propone diferentes epistemologías y metodologías, reflejando la participación directa de una amplia diversidad de comunidades alrededor del mundo en investigaciones sobre sí mismas y sobre las posibilidades de implementar diferentes enfoques para mejorar su bienestar. A pesar de que provienen de regiones muy alejadas y de tradiciones disímiles, existen sorprendentes similitudes en sus reflexiones sobre cómo deben realizarse las investigaciones y cómo ellos pueden colaborar con los "foráneos" para encontrar los métodos que les permitan avanzar en la búsqueda de un mejor estilo de vida y de su capacidad de autogobernarse. Una notable contribución de esta corriente intelectual y académica es la de la socióloga maorí Linda Smith (Smith, 2012 [1999]), en respuesta a la tendencia de muchos estudiosos de imponer sus modelos sobre las estructuras sociales locales, la viabilidad de producción y las capacidades de sus "aborígenes" para avanzar. Hoy en día hay una creciente literatura que destaca no sólo las limitaciones metodológicas de gran parte de los estudios académicos occidentales en el Tercer Mundo, sino que amplía la crítica a planos epistemológicos, éticos y cosmológicos. Los colaboradores de este proceso sostienen que, puesto que las clases sociales están profundamente enraizadas en las instituciones, se originan profundas dificultades cuando se trata de entender el discurso y las propuestas de los pueblos de otras culturas, especialmente de los pueblos apartados de las sociedades arraigadas en la tradición judeo-cristiana; los obstáculos pueden rastrearse hasta la esencia misma de las diferencias en los sistemas de valores y la relación de la propia sociedad con el mundo que habitamos (v.g., Apffel-Marglin et al., 2010; Venkateswar y Hughes, 2011; Stephen y Hale, 2013). El diálogo intercultural ha demostrado ser particularmente fructífero, yendo más allá tanto del universalismo como del relativismo cultural, hasta involucrarse en la relatividad y el pluralismo cultural para una armonización democrática, justa y pacífica de los intereses en conflicto (Panikkar, 1995; Vachon, 1995; Dietrich et al., 2011). El creciente interés en los comunes, como un sistema que emerge más allá del mercado y el Estado, expone el nuevo protagonismo en la escena social y política de antiguas y nuevas comunidades (Ostrom, 1985, 2011; Walljasper, 2010; Bollier y Helfrich, 2012; Linebaugh, 2013; McDermott, 2014; Barkin y Lemus, 2014).

Nos basamos en las posiciones de una miríada de grupos locales y regionales que intentan superar siglos de haber sido relegados a regiones cada vez más inhóspitas, al tiempo que también son blanco de opresión, como resultado de formas desiguales de integración, transformándolos de pueblos independientes en víctimas del colonialismo y del "desarrollo" capitalista (inter)nacional. Haciendo hincapié en su rechazo de las fuerzas del mercado que controlan y distribuyen recursos, estos grupos están intentando diseñar y ejecutar diversas propuestas para la toma de decisiones, basados en un sistema de valores que generalmente privilegia soluciones y bienestar colectivos por sobre el beneficio individual, y que asume una visión cosmocéntrica de la naturaleza. Estas propuestas emergen de un sistema de objetivos diferente y más complejo, arraigado en la experiencia histórica, las tradiciones culturales y las relaciones y responsabilidades intergeneracionales, que sitúan sus expectativas en un plazo mucho más largo que el considerado típicamente por las metodologías dominantes que actualmente orientan la gobernanza ambiental. Planteamos que para superar las desigualdades heredadas y creadas por la política pública, las comunidades tienen el reto de adoptar estrategias propias que generen oportunidades para sus miembros que tomen en cuenta, tanto el problema de justicia social, como el de restauración ambiental.

Debido a que intentan colocar la política y la ética en el centro de la vida social —desplazando de la misma a la economía—, explícitamente rechazan la supremacía de un cálculo económico para tomar decisiones fundamentales sobre su sociedad, economía, o la gestión del ecosistema; este es el meollo de la aportación de Polanyi (2003), que centró su crítica en el desarraigo impulsado por la dominación del mercado internacional. Así, estas comunidades están construyendo activamente alianzas entre sí, sin importar si están situadas en regiones contiguas, o asociadas a través de organizaciones sectoriales o culturales, creando plataformas para consolidar su habilidad de negociar con autoridades locales y nacionales, o resistir la imposición de políticas y/o proyectos a los cuales se oponen. Están intentando aislarse de la hegemonía de las epistemologías y fuerzas dominantes, forjando instituciones propias para crear espacios de mayor autonomía en las esferas políticas, sociales y productivas, defendiendo su forma de vida y su territorio en contra de ser absorbidas por la economía internacional o incluso de su absoluta incautación o apropiación por el capital internacional.

Como se examina más delante, están buscando nuevas maneras de fortalecer sus sociedades y mejorar su capacidad de autogobernarse. En muchos casos, esto implica una redefinición de sus identidades, combinando el conocimiento de su patrimonio cultural con el entendimiento actual de la trascendencia de sus raíces culturales y la historia de sus luchas contra muchas de las numerosas formas de injusticia a las cuales continúan sometidas. Estas luchas...

... nunca han sido un reflejo ciego, espontáneo, a las condiciones económicas objetivas, [más bien] han sido un conflicto consciente de ideas y de valores durante todo el camino (Thompson, 1959: 110).

Tal es así que las comunidades han podido «aferrarse a la visión del bien colectivo».²

Es notable que una característica común de solidaridad en muchas de estas comunidades sea la creciente conciencia de la importancia de su patrimonio e historia, su contribución a sus propias definiciones como pueblos, cuyas identidades colectivas y sistemas de creencias han generado formas únicas de organización y de dinámicas sociales.³ De esta forma, están descubriendo nuevas formas de integrar sus sistemas de creencias, sus culturas y su relación con el medio ambiente, a cosmovisiones que conducen a la creación de modelos contrastantes de sociedad, modelos que abordan directamente las demandas de justicia social y sustentabilidad, mientras que protegen toda la panoplia de rasgos que definen a un pueblo.⁴ A pesar de que las incertidumbres actuales han favorecido la aparición de diferentes formas de localismo, de aislacionismo y fundamentalismo a menudo violento, la mayoría de las comunidades no tratan de volver atrás en la historia, sino al contrario, tratan de avanzar y descubrir en sus tradiciones inspiración y alternativas sabias y razonables para sus actuales predicamentos.

Al mismo tiempo que crean estos nuevos modelos de sociedad, las comunidades están participando activamente en un complejo proceso para definir (o redefinir) sus identidades. Ya no basta con declarar que son de un origen étnico o de otro, o que son campesinos de una u otra tradición. Esta búsqueda de identidad es compleja, involucrando la combinación de numerosos contextos concéntricos y competitivos, procedentes de culturas nacionales y locales o regionales, de orígenes étnicos y características ambientales que afectan las estructuras sociales. Viniendo desde un punto de origen diferente, la demanda por justicia social, por ejemplo, no puede consentir la idea de que las profundas desigualdades son parte de la condición humana; o que un simple cambio en el sistema jurídico puede legitimar el saqueo de los recursos comunitarios o la destrucción de los equilibrios planetarios. Esta discusión necesariamente conduce a una profunda distinción en lo concerniente a la naturaleza del contrato social sobre el que cada sociedad está construida, planteando la cuestión de si el individuo tiene el derecho, en última instancia, de hacer valer su interés individual a expensas de los de la comunidad, un derecho que generalmente no está concedido en las comunidades con las que colaboramos. Para muchas de estas comunidades, el individuo es reconocido como una parte de las redes de relaciones, para los cuales la comunidad es la primera capa de su existencia personal.

En lo que sigue, resumimos nuestra colaboración con comunidades y alianzas de grupos locales involucrados en el proceso de tratar de consolidar sus propias estructuras de gobierno, que sean capaces de responder a su visión de una sociedad apropiada congruente con asegurar el bienestar y la sustentabilidad. Esta colaboración toma como punto de partida sus luchas para consolidar programas alternativos para producir los bienes básicos necesarios que aseguren sus medios de subsistencia y fortalezcan su capacidad de autogobierno, al tiempo que se respetan las posibilidades y los límites de sus ambientes. En esta colaboración nos ha llamado la atención la medida en que los participantes están sobradamente informados acerca de los crecientes debates sobre epistemologías que explícitamente cuestionan las estructuras lógicas del gobierno dominante y de los modelos de desarrollo⁶; muchos de estos debates aparentemente académicos se han convertido en parte integral de las discusiones y el diseño de propuestas estratégicas al interior de estos grupos locales, para entender e implementar programas encaminados hacia el avance local y regional.

En tanto que la mayoría del trabajo de campo se basa en interacciones intensivas con comunidades en el estado de Oaxaca, contamos también con contribuciones adicionales de otras partes de México y de América Latina, y con otros actores que están surgiendo de movimientos de resistencia contra proyectos transnacionales de «desarrollo» para implementar sus propias propuestas y así consolidar una base material e institucional para mejorar el bienestar social y económico de sus comunidades y asegurar su capacidad para promover el equilibrio del ecosistema.

1. Una metodología alternativa

Forjar sus propias soluciones es una meta ambiciosa para los pueblos que se proponen superar la discriminación, la marginación y los esfuerzos sistemáticos de las potencias coloniales de antaño y de las élites de poder de la actualidad para relegarlos a rincones de sus territorios cada vez más aislados y depauperados. Lo que es notable acerca de las historias que estamos encontrando y los colaboradores que tenemos la fortuna de conocer, es la abundancia de propuestas con las que están experimentando y la tenacidad con la que continúan resistiendo las tentativas de integrarlos a la economía nacional e internacional como individuos desfavorecidos en sociedades cada vez más polarizadas. Nuestros esfuerzos de invitar a varias comunidades a colaborar, para ayudarnos a entender sus planteamientos de gobernanza y sus aspiraciones, también añadieron otra dimensión a nuestro conocimiento sobre la dinámica social actual, un conocimiento que no se pierde en los analistas que modelan el proceso de globalización, sino que quizás es subestimado o incluso mal comprendido en la academia.⁷

Es evidente que los movimientos de resistencia que observamos en algunas regiones mexicanas están proliferando en todo el hemisferio, como reacción a las políticas del Estado para promover la integración local en proyectos de desarrollo nacional e internacional, permitiendo que foráneos tengan acceso privilegiado a los recursos naturales y a la construcción de infraestructuras en territorios tradicionalmente controlados por estos pueblos.⁸ Hemos encontrado que también hay avances positivos que motivan a comunidades por todo el hemisferio a fortalecer sus capacidades para gobernar sus territorios, comprendiendo de una mejor manera las relaciones entre ellas mismas y su entorno, y al mismo tiempo a participar en esfuerzos deliberados para construir alianzas entre sí y con organizaciones transnacionales capaces de apoyarlos en la defensa de sus demandas en los ámbitos internacionales.

La necesidad de este proceso de organización en las comunidades se ha hecho cada vez más evidente debido a que las condiciones dentro de cada país —y las internacionales— han cambiado dramáticamente. Un esfuerzo concertado para acelerar la integración y conectividad interna con la economía global, así como para facilitar el acceso de las empresas internacionales a los recursos nacionales como parte de una campaña para promover el crecimiento económico de la región, está cambiando el mapa de América Latina:

El reordenamiento del territorio ha difuminado las fronteras en términos tanto económicos como políticos con... proyectos de generación de energía tales como represas hidroeléctricas y parques eólicos. [...] El diseño de estos proyectos es de hecho estratégico, y los gobiernos "progresistas" están presentándolos como una oportunidad de desarrollo (Navarro y Bessi, 2014).

Los pueblos indígenas están en el frente de batalla, luchando en una guerra en beneficio de todos nosotros, porque es allí donde el sistema capitalista busca relanzar una nueva forma de acumulación.

Los pueblos indígenas son cada vez más insistentes en exigir el reconocimiento y la integridad de sus territorios, muchos de los cuales se encuentran amenazados por las "grandiosas" propuestas del capital global; sus acciones están confrontando directamente estos esquemas, y cambiando los mapas de las Américas en el proceso.⁹ Han fortalecido su determinación para perseguir sus reivindicaciones históricas, volviéndose cada vez más hábiles para lograr el cumplimiento del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y garantizar el consentimiento previo de los pueblos nativos a las demandas territoriales de extranjeros para emprender actividades o explotar recursos naturales en sus regiones.¹⁰ Acompañando este mapa cambiante se encuentra una nueva conciencia de las significativas diferencias en la comprensión incluso de los conceptos más elementales en sus intercambios con sus interlocutores en los Estados de los cuales forman parte: aunque existe una significativa discrepancia a lo largo de las Américas, debido a que diversos pueblos y grupos sociales cuestionan los procedimientos gubernamentales para encomendar a un solo organismo la implementación de políticas unificadas para la miríada de grupos étnicos en sus países,¹¹ una fuente aún más grave de conflicto involucra la propia noción de propiedad y la aparente libertad con que los agentes externos (léase agentes del gobierno) pueden desdeñar los reclamos del pueblo a la tierra, al agua y en general a los recursos naturales.

Este problema se presenta debido a las profundas diferencias entre el significado histórico de los diversos conceptos de propiedad y de territorio. Para muchos grupos, territorio es un término incluyente con implicaciones complejas que no se incorporan fácilmente a los conceptos imperantes del significado de tierra o propiedad basados en el mercado. Esto es tan esencial que incluso la Organización de Estados Americanos se ve obligada a tomar nota de su importancia en el contexto de la demanda para elaborar una Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas (OAS-CJPA, 2003:1-2). Las áreas indígenas, por ende, son una amalgama compleja de la cual depende la propia existencia de estos pueblos. Esto está claramente definido en la nueva Constitución brasileña de 1988, que otorga renovada fuerza a la posesión ancestral como base de los derechos territoriales caracterizados por cuatro rasgos significativos: 1) posesión ancestral permanente; 2) áreas necesarias para sus actividades productivas, incluyendo la reproducción de flora y fauna; 3) áreas necesarias para su reproducción cultural y para su supervivencia como un colectivo; y 4) un hábitat con la capacidad física y la forma para permitir el pleno funcionamiento de los mecanismos de autoridad y autogobierno de los pueblos indígenas. Estos territorios son el hábitat necesario para su vida colectiva, sus actividades, autogobierno y reproducción cultural y social.¹²

Los problemas surgen cuando el Estado pretende ejercer su soberanía mediante expropiación, para construir infraestructura, para explotar u otorgar concesiones de explotación de recursos naturales, o cualquier otra acción o proyecto que pueda afectar las tierras indígenas y el uso de su territorio. El derecho internacional ahora restringe esta facultad, obligando a una consulta previa, justa y formal con los pueblos indígenas afectados (Convenio 169, OIT, Nota vii). Puesto que los pueblos indígenas están consolidando sus exigencias constitucionales y legislativas para codificar elementos simbólicos y políticos de autonomía y autogobierno, como elementos de auto-determinación, los gobiernos se encuentran a sí mismos en un nuevo "terreno" al intentar conciliar visiones globales de "desarrollo" con esfuerzos locales para alcanzar el bienestar.¹³

A lo largo del continente americano, los gobiernos continúan asumiendo que los precios de la propiedad de la tierra y de los recursos naturales pueden fijarse según los métodos del mercado y, en el mejor de los casos, negociadores de buena voluntad pueden llegar a acuerdos mutuamente beneficiosos para su explotación, asegurando así su "desbloqueo" para promover el desarrollo nacional mediante su comercialización en el mercado mundial. En estas circunstancias, parece casi incomprensible para los grupos de poder que otros grupos locales puedan objetar los términos de estas negociaciones, negándose incluso a discutir la posibilidad de emplazar una empresa forestal, una mina o un complejo de generación de energía en sus regiones, ya que molestarían un delicado equilibrio histórico y espiritual que ellos consideran una amenaza para su estructura social e integridad cultural, definidas en términos de una o más dimensiones no-monetarias, para las cuales una compensación financiera es inconcebible.

La naturaleza y el alcance de esta lucha se remontan a tiempos coloniales. En el siglo XVIII, por ejemplo, las áreas reclamadas por los indígenas en México fueron llamadas "Repúblicas de Indios", indicando que no representaban sólo un pedazo de tierra sino toda una forma de vida y de gobierno, a pesar de estar subordinadas a la Corona española. Esta disputa también tiene antecedentes muy antiguos: conocida como la Carta Magna de las Libertades y la Carta del Bosque, el rey y la nobleza de Inglaterra acordaron, al final del "largo siglo XII", establecer límites a su poder para asegurar la subsistencia de los plebeyos (Linebaugh, 2013: Cap. 2). La tradicional lucha por la tierra provocó la primera revolución social del siglo XX en México, y ha actuado con diversa intensidad en todos los países latinoamericanos durante los últimos cien años.

En la actualidad, la agitación de los últimos veinte años representa una mutación política de esa tradición hacia una lucha por la defensa territorial, según lo expresado en la Declaración de Quito (2009) de la Vía Campesina: "¡Por la Reforma Agraria y la Defensa de la Tierra y el Territorio!" Esto implica un profundo cambio conceptual:

]]> Se demanda una forma específica de relación con la tierra que es marcadamente diferente a la impuesta por promotores públicos y privados en los últimos cincuenta años. Expresa una práctica soberana de la voluntad colectiva, que no contiene elementos separatistas pero que abiertamente desafía a las instituciones gubernamentales. La figura política de esta afirmación se presenta generalmente como autonomía (Esteva, 2010: 65).

La defensa territorial es también un nuevo tema central en las ciudades. La vieja tradición de asentamientos ilegales, que formó a la mayoría de las ciudades latinoamericanas durante el siglo XX, hoy se complementa con enérgicos movimientos para redefinir la vida urbana. El caso más espectacular fue el de Argentina (2001-2002), pero desde Oaxaca (2006) a Brasil (2014) movimientos vibrantes expresan la vitalidad de los nuevos sujetos sociales y las nuevas formas de protagonismo social (Mariotti et al., 2007; Zibechi, 2008; Giarraca y Teubal, 2009).

2. Comunidades: gobernanza colectiva y autonomía

Esta diferenciación entre territorio y propiedad realza el significado de la propiedad social y la pertenencia como algo muy distinto de las actividades individuales. Se extiende a otra dimensión aún más importante: las comunidades generalmente se consideran a sí mismas parte de los "comunes". Sin embargo, estos "comunes" son mucho más que el aire, el agua o las otras dotaciones de la naturaleza en la literatura ortodoxa; en América Latina es claro que las comunidades están involucradas en "movimientos activos del hacer-común humano y demandas globales de distribución de la riqueza y de salvaguarda de los recursos comunes en cada continente" (Linebaugh, 2013: 279).

Estas organizaciones no están involucradas en la simple formación de «una economía alternativa, sino más bien una alternativa a la economía» (Esteva, 2014: i149). Para ellos, los comunes se ampliaron para abarcar los componentes sociales y culturales de la vida colectiva; no son simplemente un conjunto de cosas o recursos. Por el contrario, como muchos otros aspectos de estas sociedades, las organizaciones que están creando confieren gran importancia a las relaciones sociales dentro de la comunidad, así como un firme compromiso para garantizar la conservación e incluso la ampliación de los comunes.¹⁴ Esta relación refleja una transformación colectiva y perdurable de la forma en que la sociedad se concibe y se administra a sí misma, al tiempo que también desarrolla el fundamento para la gestión colectiva y comunitaria.

Proteger, defender y gobernar los comunes son procesos complejos y riesgosos. Complejos, porque abarcan todos los aspectos de la existencia social y biológica; arriesgados, porque implica desafiar a los poderes fácticos y cuestionar la legitimidad de su "estado de derecho", es decir, el sistema legal que ha creado y perpetuado una sociedad profundamente injusta, exacerbando las desigualdades sociales y acelerando la destrucción del ambiente. Esta disputa sobre la naturaleza del Estado proviene de un rechazo de los fundamentos filosóficos de orden hegemónico, basado en la idea de un "contrato social" que presupone la posibilidad de aplicar normas universales, como justicia social, igualdad o incluso democracia, imparcialmente para atender las necesidades de todos los grupos sociales.¹⁵ Por esta razón, también implica un rechazo prima facie de la legitimidad de las "autoridades" nacionales, que asumen su derecho a transferir recursos de la comunidad —los comunes— a terceros por cualquier razón, sin tener en cuenta el bienestar de los pueblos, las decisiones locales o consideraciones históricas y ambientales, como es la práctica común en el contexto minero, forestal y de gestión del agua, a pesar de que actualmente se extiende a cuestiones complejas de bio y nanotecnología en muchas naciones. Por lo tanto, los esfuerzos para promover la solidaridad entre los diversos grupos sociales exigen un enfoque político que requiere que cada uno se libere de las instituciones sociales y políticas dominantes que son incapaces de atender sus necesidades particulares.

Pero consolidar los cimientos de esta sociedad implica mucho más que emprender actividades específicas o establecer instituciones apropiadas para la gobernanza o gestión. La sociedad solidaria requiere compromisos personales de cada miembro para asumir responsabilidad por el bienestar de los demás y para limitar las demandas individuales de acceso a los recursos colectivos (Robles y Cardoso, 2008; Martínez Luna, 2010). Para fortalecer estas bases, es esencial comenzar con una visión común de la sociedad como un conjunto, cuyo punto de partida sea revertir la tendencia histórica de enriquecimiento de unos pocos a costa de la mayoría; tal es así que han incorporado decisiones colectivas para garantizar la transparencia y la participación directa en la toma de decisiones y la responsabilidad universal para la administración o la aplicación de esta dinámica. Desafía la presunción de la libertad del individuo dentro del grupo, obligando a cada miembro a medir cuidadosamente su impacto sobre los otros y la totalidad del grupo y a guiarse por la referencia de su efecto sobre la colectividad en sus decisiones y acciones. En términos históricos y especialmente a la luz de la práctica en la sociedad globalizada de hoy, requiere de una redefinición de la relación de las personas con su sociedad, rechazando la noción de que una persona tiene el derecho irrestricto a alejarse de —o incluso oponerse— al bienestar de la comunidad después de haber participado en el proceso colectivo para llegar a una decisión.

Este punto de partida tiene implicaciones importantes para la forma en la que se determinan las prioridades y en que las actividades están organizadas. Quizás una de las más llamativas y exigentes de éstas es la necesidad de revertir la organización jerárquica de los lugares de trabajo: por supuesto, los individuos deben recibir un pago por su trabajo, pero no deberían tener que someterse a relaciones sociales autoritarias y denigrantes para satisfacer sus necesidades básicas. La organización proletaria existente en la sociedad es parte de una condición subyacente de la indefensión de los trabajadores, incluso incapaces de sobrevivir sin ingresar a la fuerza laboral; la alternativa en construcción aquí parte de la presunción de que todos los miembros de la sociedad gozan del derecho legítimo a una forma de vida socialmente determinada, independientemente de sus contribuciones a la producción o rendimientos. Su participación en las actividades colectivas se basa no solamente en un sentido del deber y pertenencia a la comunidad, sino también en una obligación impuesta explícitamente por las autoridades comunales. Este enfoque elimina la doble alienación del trabajo moderno: de los frutos del trabajo y de la lógica de la actividad creativa.

La decisión entre pueblos indígenas y comunidades campesinas de crear formas autónomas de autogobierno representa un desafío audaz para el modelo imperante de gobernanza y de justicia social y económica basada en la democracia representativa y su matrimonio con el "libre" comercio. Arraigado en el compromiso de definir y defender sus territorios, el proceso involucra la creación de nuevas instituciones y procesos para la apropiación social del entorno natural y los sistemas productivos que han creado con el fin de asegurar su capacidad de mantener y fortalecer su comunidad, para satisfacer sus necesidades básicas y facilitar el intercambio con sus pares (trueque) y en el mercado. Los mecanismos establecidos por las comunidades para la gestión a menudo involucran dinámicas complejas para la concertación entre los distintos grupos dentro de las comunidades, así como formas para delegar responsabilidades a sus miembros con base en sus conocimientos y compromiso social, o para asegurar una amplia participación política y la rendición de cuentas.

Por lo tanto, no es únicamente la propia elección de actividades, sino también los procesos de implementación de las mismas, lo que resulta crucial para el diseño de los mecanismos sociales que contribuyen a los resultados deseados relacionados con la equidad y la sostenibilidad. En la discusión sobre los proyectos individuales con los cuales hemos estado en contacto, un aspecto interesante del análisis es que no solamente la elección de la técnica, sino también —y a menudo igual de importante— la naturaleza de las actividades, hablan de una preocupación por atender las necesidades básicas socialmente definidas de los miembros de las comunidades, creando un equilibrio entre el uso de los recursos naturales y la restauración, regulación del uso de la tierra y conservación del ecosistema del cual se extraen.

Estas actividades están siendo organizadas de manera voluntaria para garantizar su viabilidad y continuidad. En muchos casos, los grupos están tratando de regenerar el tejido social erosionado por fuerzas internas y externas por igual. Si bien nos enfocamos en la naturaleza colectiva de la toma de decisiones, es igual de importante comprender los mecanismos que hacen posible la consolidación de la comunidad y su capacidad para avanzar. Durante nuestras interacciones con las comunidades en su búsqueda de soluciones que proporcionarán los medios para seguir adelante, identificamos una característica fundamental que contribuyó a este éxito: la organización explícita de recursos sociales y productivos que buscan generar excedente para «reinversión» y «redistribución» (Baran, 1959).

La importancia crucial del excedente en la gestión de la comunidad es un aspecto del proceso administrativo a menudo invisible y mal comprendido. Gran parte de la literatura describe a las comunidades rurales en general y a los grupos indígenas en particular, viviendo al límite de la subsistencia, puesto que la pobreza de recursos materiales limita su capacidad para avanzar y reduce las oportunidades de ampliar la gama de actividades que pueden llevar a cabo. En contraste, nuestras relaciones con comunidades a lo largo de las Américas revelan su capacidad y compromiso para producir este excedente y gestionarlo colectivamente, usándolo para recompensar a los miembros que han hecho contribuciones importantes en la producción, canalizando el resto para fines colectivos.

Centrando la atención en los procesos de producción y gestión del excedente dentro de los límites para satisfacer necesidades socialmente definidas y las posibilidades de sus ecosistemas, esta estructura de gestión colectiva de los diversos proyectos locales ha demostrado ser eficaz en la construcción de un marco de justicia ambiental que resulta ser tan difícil de lograr en las sociedades mercantiles de las que forman parte. A diferencia de esas otras secciones de la sociedad fuertemente ligadas a la economía global, estas comunidades han creado posibilidades de organizarse para asegurar que sus miembros no tengan que sufrir pobreza extrema y desempleo. Como resultado, generan activamente un potencial productivo mucho mayor de lo que puede ser apreciado por una simple contabilidad de los recursos financieros que tienen a su disposición. Una parte de este potencial está bien documentada en la literatura, como es el caso del trabajo "voluntario" que se espera de todos los miembros para tareas colectivas, que incluyen construcción y mantenimiento de infraestructura o conservación de los ecosistemas (v.g., tequio, faena, minga).

Los mecanismos sociales para la asignación y rotación de puestos administrativos y políticos, tan importantes para la gobernanza local, son otra forma en que los recursos se generan en estas organizaciones comunales, guiadas por cosmovisiones alejadas de las basadas en el beneficio material e individual. Pero, igualmente importante, el compromiso de inserción o participación universal también crea una responsabilidad compartida de los miembros para contribuir a las tareas colectivas, asegurando que la mayoría de las personas estarán involucradas en una multiplicidad de actividades para su propio beneficio y el de la comunidad. Estos recursos, a menudo invisibles en la economía de mercado, emergen de la capacidad social para promover una amplia participación en pos del bienestar general.

Recientemente, estas sociedades han mejorado las posibilidades para implementar nuevos proyectos y generar mayores fondos disponibles para sus proyectos.¹⁶ Están aprovechando ciertos avances en ciencia y tecnología, combinándolos con conocimientos autóctonos para una producción mayor o más eficiente, así como medios más eficaces para mejorar su bienestar y su habilidad para proteger sus ecosistemas. Mediante el examen de la disponibilidad y movilización del excedente, las comunidades están mejor equipadas para determinar la manera óptima de aplicar sus visiones a largo plazo. Lo que asombra acerca de las experiencias individuales con las cuales hemos estado asociados, es el claro entendimiento de muchos de los participantes y de los líderes de las formas en que determinadas actividades pueden contribuir a objetivos generales.

4. Forjando la justicia ambiental

Estas acciones son el producto de la compleja interacción de fuerzas dinámicas dentro de las comunidades y sus reacciones a presiones externas. Son parte de la búsqueda de una identidad única que se ha vuelto cada vez más importante en la medida que estos pueblos hacen valer legalmente su derecho a la autodeterminación, tal como se define por sus variadas historias y su comprensión de los privilegios otorgados conforme al Convenio 169 de la OIT y acuerdos similares promulgados por otras instituciones internacionales. En México, como en otros lugares, este proceso tiene una larga historia, que fue plasmada en la Constitución de 1917, cuando las comunidades indígenas fueron reconocidas y se les otorgaron los derechos colectivos en la Reforma Agraria.¹⁷

Durante la segunda mitad del siglo XX, las comunidades mexicanas libraron una batalla implacable y difícil por hacer valer sus derechos sobre el control de las tierras que fueron capaces de conservar o de recuperar después de la Revolución. Fueron particularmente eficaces en arrebatar contratos de explotación de sus bosques comunales de las firmas privadas a las que se les habían dado concesiones para gestionarlos (Bray y Merino, 2004). Hoy en día, existe una gran variedad de planes de gestión vigentes, testimonio de las habilidades que las comunidades han adquirido al intentar conciliar presiones para asegurar la conservación, con la necesidad de crear empleos y generar ingresos. La literatura ofrece una relación de esta variedad de estrategias, y muchos estudios exploran el nexo entre estos enfoques y las cosmovisiones de las comunidades participantes, particularmente en bosques comunitarios, que constituyen el 71 por ciento de los bosques de la nación (por ejemplo, Bray et al., 2007; Cronkleton et al., 2011; Barkin y Fuente, 2013).¹⁸

El movimiento para reafirmar las identidades indígenas en México fue reforzado todavía más tras el levantamiento en enero de 1994 en Chiapas por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (http://enlacezapatista.ezln.org.mx) (Muñoz, 2003). Desde entonces, la actividad y visibilidad de los pueblos indígenas en todo México se ha incrementado, junto con un reconocimiento gradual de su importancia dentro de la población. Su creciente visibilidad es resultado, en parte, de sus respuestas a las acciones represivas del Estado y de algunas empresas privadas con concesiones para removerles de sus territorios.¹⁹

Con respecto a sus esfuerzos por ganar reconocimiento y elaborar estrategias de gestión local, el control de los recursos hídricos ha sido particularmente polémico debido a que las comunidades intentan hacer valer su derecho a un abastecimiento adecuado y a proteger sus fuentes. Estos movimientos ahora se encuentran inextricablemente asociados con otros que se oponen a megaproyectos de construcción de represas para generación de electricidad, o para su trasvase entre cuencas a gran distancia y así abastecer zonas urbanas. Como resultado, muchas comunidades que históricamente han sido capaces de satisfacer sus propias necesidades e incluso compartir los excedentes con las comunidades vecinas, ahora se encuentran involucradas en coaliciones con terceros defendiendo sus fuentes de agua, junto a los ecologistas que generalmente argumentan que los enfoques de las obras públicas y de ingeniería del sector público son inapropiados y que simplemente posponen "el día del juicio final" con respecto a la necesidad de una aproximación más ecológica e informada para la gestión del agua.

Encontramos un hallazgo interesante en nuestras colaboraciones con comunidades involucradas en la protección de las fuentes de agua es la combinación de tecnologías tradicionales con las de vanguardia para proteger sus fuentes naturales, arroyos y manantiales. Esta combinación de tecnologías con participación directa de la comunidad en la gestión del agua contrasta fuertemente con el enfoque de las autoridades nacionales del agua, quienes prefieren un modelo administrativo homogéneo y centralizado.

Un proyecto particularmente digno de mención es Agua para Siempre, que transformó un millón de hectáreas en una región cerca de Tehuacán, Puebla de una meseta árida con escarpadas pendientes, utilizando tecnologías "apropiadas", recreando acuíferos subterráneos y estructuras encontradas en algunos de los proyectos de irrigación más antiguos en el hemisferio occidental desde el siglo XI. Este proyecto, que comenzó en la década de 1980, combina actividades agroecológicas y agroindustriales de manejo comunitario con empresas pertenecientes a los participantes, creando empleos y productos que están resultando atractivos para los consumidores por sus cualidades sociales, ecológicas y nutricionales (Hernández Garciadiego y Herrerías, 2008).²⁰

Las propuestas de gestión comunitaria abarcan muchas áreas importantes de la existencia colectiva de sus miembros, pero no pueden proveer todas las necesidades de la comunidad. Contar con suministros adecuados de agua y modelos sustentables para la gestión de los bosques ofrece puntos de partida importantes para construir comunidades más fuertes y resistentes. Por desgracia, recientemente las presiones sobre los gobiernos nacionales para aumentar la producción de energía procedente de fuentes renovables están acentuando los conflictos con las comunidades indígenas amenazadas con ser desterradas de sus territorios.²¹ En México, por ejemplo, la negativa del gobierno a permitir que las comunidades indígenas emprendan sus propios proyectos de micro-hidroelectricidad evidencia claramente el miedo al grado de independencia que este tipo de actividades podría promover.

A pesar de los obstáculos y conflictos, numerosas comunidades están llevando a cabo actividades productivas para abastecer sus necesidades básicas y producir bienes que puedan canjearse por otros (trueque). Los esfuerzos en curso están orientados a la identificación de nuevas actividades que hagan uso de los recursos renovables disponibles para producir bienes que puedan intercambiarse ventajosamente con terceros para satisfacer estas necesidades básicas. El objetivo de este enfoque es inducir dinámicas sociales que agrupen a los productores en organizaciones más fuertes que se conviertan, a su vez, en parte de sus comunidades.

Como parte de este esfuerzo, muchos colectivos están acompañando a comunidades en la introducción de actividades complementarias y ayudándolas a modificar o introducir nuevas tecnologías que fortalezcan sus capacidades organizativas para contribuir al bienestar colectivo. El objetivo de estas iniciativas es sumarse a los esfuerzos de las comunidades para reforzar sus propias capacidades para gobernarse. Como ya se mencionó, una de las más importantes organizaciones dedicadas a acompañar a los pueblos en el fortalecimiento de sus comunidades, permitiéndoles satisfacer de mejor manera los desafíos para asegurar un mejor estilo de vida, es La Vía Campesina (VC, http://viacampesina.org). Este grupo tiene presencia en 73 países, representando a más de 200 millones de miembros; su propósito es promover la producción de alimentos mediante técnicas agroecológicas para orientar a los grupos de productores hacia una mayor autosuficiencia.

Otros grupos sociales participan activamente en las actividades que promueven cambios sociales, políticos y productivos para contribuir a mejorar sus propias vidas, así como las de los demás al tiempo que se intenta conservar y mejorar la calidad del medio ambiente o la sustentabilidad. En Chiapas, México, los Caracoles (organismos de gobierno local establecidos en territorio zapatista en 2003) están contribuyendo a este objetivo, mejorando directamente la vida de cientos de miles de sus miembros, en tanto que también ofrecen un modelo de organización social y de cambio que sigue teniendo un poderoso efecto sobre otras comunidades así como en otros países. Existe amplia evidencia de que sus actividades están mejorando el bienestar, contribuyendo a la diversificación de la economía y aumentando la productividad en una región donde quizás hasta 500,000 personas están participando; los pueblos han alcanzado un altísimo nivel de autosuficiencia en alimentos, salud y educación (Baronnet et al., 2011).

En América del Sur, las comunidades andinas participan igualmente en la promoción de estrategias colectivas, conocidas como "Buen vivir" (Sumak Kawsay en quechua).²² A lo largo de las Américas, grupos de comunidades participan en las movilizaciones para defender sus territorios, culturas y sociedades de la invasión por parte de aquellos que ambicionan sus recursos, o de instituciones que pueden erosionar el fundamento de sus diferencias; hay grupos como Idle no More en Canadá, la Confederación Haudenosaunee (Iroqués) en el este de América del Norte; el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) en Brasil, los Mapuches en Chile, así como el Congreso Nacional Indígena, la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales y la Red Mexicana de Afectados por la Minería en México, y muchos otros en toda la región.

Acompañando a estas acciones de resistencia, muchas comunidades están involucradas en otras actividades constructivas, promoviendo la colaboración con investigadores universitarios y de la sociedad civil que están contribuyendo a explicar el valor del trabajo, contribuyendo a la diversificación de las economías y al mejoramiento de la producción de manera sustentable (Toledo et al., 2013; Toledo y Ortiz-Espejel, 2014). Una aplicación que ha demostrado ser particularmente ilustrativa implica la inclusión de aguacates (Persea americana "Hass") no comerciables, que estaban causando una carga ambiental, en las dietas de cerdos de engorda en criaderos de traspatio, resultando en cambios metabólicos que producen carne de cerdo baja en colesterol, mejorando los ingresos de las productoras, ya que se comercializa en los mercados locales como un producto de primera calidad; en este caso, como en otros basados en un paradigma similar, las mujeres indígenas fueron especialmente beneficiadas, ya que ellas pusieron en marcha los proyectos y pronto sus comunidades reconocieron sus capacidades de liderazgo (Barkin, 2012; Fuente y Ramos, 2013).

Con un enfoque diferente, activistas académicos están trabajando con productores en diversas regiones para proteger y mejorar la producción de una bebida alcohólica tradicional mexicana —el mezcal—, modificando las técnicas tradicionales de siembra y cosecha de agave, cuidando el bosque y enriqueciendo la vida de la comunidad mediante la promoción de la producción cooperativa que está contribuyendo a aumentar los ingresos y la rehabilitación de los ecosistemas (Delgado, et al. 2014). En el estado de Guerrero, México, este trabajo es parte de un ambicioso programa del Grupo de Estudios Ambientales (Illsley et al., 2007) que movilizó la capacidad local de gobernanza para promover formas locales del "Buen vivir" y la restauración de ecosistemas, que fue galardonado con el Premio Ecuador en 2012 por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

En otra región de México, en el estado de Oaxaca, cuatro comunidades zapotecas en el Distrito de Villa Alta siguen cuidando sus árboles moreras (morus alba), criando gusanos de seda para producir el hilo tradicional que luego tejen en prendas muy atractivas que los artesanos comercializan a un muy buen precio; son comercializados localmente y a través de un muy bien manejado Museo Textil en la capital del estado. En otros lugares están experimentando con nuevas plantaciones de variedades perennes de algodón nativo, coyuchi, (que se cultiva ya desde antes de la Conquista española), que se tejen en magníficas artesanías como una alternativa al algodón genéticamente modificado que actualmente domina la industria artesanal.

Allende la frontera sur, en Perú y más recientemente en Bolivia, una organización de desarrollo y promoción técnica bien establecida, Pratec, está implementando estrategias efectivas para el aprendizaje de la comunidad, mejorando la producción en las ecologías múltiples del mundo andino, centrándose en papas (Solanum tuberosum) pero equilibrando cuidadosamente su trabajo para apoyar el progreso diversificado con otros recursos (Gonzáles, 2014).²³ El ecoturismo es una actividad aún más polémica, ya que se trata de una apertura explícita de la comunidad a los fuereños que con frecuencia son incapaces de comprender la magnitud del abismo económico y cultural que los separa de sus anfitriones (Barkin, 2002).

5. Construyendo mundos pos-capitalistas

Mientras que estas iniciativas están cambiando el mapa de América, muchos otros "desarrollos" amenazan con erosionar las posibilidades de mejorar la vida de los pueblos y del cuidado del ambiente. Incluso cuando las comunidades indígenas están afirmando sus recién re-encontrados derechos para proseguir con sus actividades de gestión forestal y del agua, los gobiernos están alentando iniciativas a gran escala para empresas transnacionales que amenazan con alterar el delicado equilibrio de las actividades productivas de las que las comunidades dependen para su subsistencia y para el equilibrio de los ecosistemas. Estos proyectos plantean interrogantes fundamentales acerca de la capacidad de las comunidades para defender sus territorios, incluyendo su sustancial patrimonio cultural, social y productivo que los integran a sus ecosistemas.

Las iniciativas en curso para fortalecer o generar "nichos de sustentabilidad" por parte de comunidades campesinas e indígenas de América son sumamente importantes y alentadoras. Mientras que el impulso en el mercado global está amenazando claramente a los grupos sociales y ecosistemas en todo el mundo, los continuos y exitosos esfuerzos de pueblos indígenas y campesinos para implementar sus propias estrategias hacia el cambio social y productivo que deliberadamente incorporen el ambiente en el proceso, ofrecen una ventana para ver las posibilidades que pueden encontrarse y conseguir que la justicia ambiental sea una realidad en segmentos de la población cada vez mayores; esto no sucederá donde domine la estructura capitalista de producción y control. Por lo tanto, la implementación de soluciones locales, que crean áreas de acción autónoma, será aún más significativa y eficaz, mientras que los espacios dominados por el mercado mundial continuarán sufriendo deterioro ambiental y acentuados conflictos sociales.

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Notas

¹ La gobernanza debería encaminar al uso de los recursos públicos para el beneficio social; la captura de los procesos políticos por grupos hegemónicos, en un sentido gramsciano, tan común en América Latina, los desvía hacía fines particulares a expensas de la sociedad y del planeta, conduciendo a una resiliencia perversa en que las élites pueden seguir con sus prácticas devastadoras, tal como se examina en Barkin (2013). El análisis de la gobernanza local en las comunidades embarcadas en construir sus sociedades pos-capitalistas ofrecido en este artículo muestra la posibilidad de otro tipo de acuerdo social para su buen uso comunitario. Los modelos de acción colectiva (Ostrom, 2011) y cooperación ofrecen mecanismos para contrarrestar las dinámicas traicioneras a un discurso democrático, pero sólo aplican a sociedades locales, tal como se demuestra en numerosos estudios de estas comunidades (e.g., Borrini-Feyerabend, et al., 2007).

² Aunque Thompson describe la noción de conciencia de clases en la Inglaterra de la posguerra, parece apropiado aplicar su análisis a las luchas indígenas en América.

³ La diferencia sostenida por muchos grupos indígenas en México entre "pueblos" y "comunidades" refleja la dispersión de miembros de una sola etnia sobre grandes espacios; por eso, es también significativa la diferencia entre el concepto geográfico del espacio y el concepto socio-político de territorio que es defendida con gran vehemencia por muchos pueblos en la actualidad. Las diferencias entre el uso del concepto de pueblos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en la Declaración de las Naciones Unidas (NN.UU.) sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas contrasta con el uso del término comunidad en el Artículo 8j de la Convención de Diversidad Biológica (CBD) y en el Protocolo de Nagoya sobre el Acceso y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se deriven de su Utilización al CBD. (Dos de estos documentos están mencionados abajo y son fácilmente obtenidos en las páginas de internet de la OIT y de las NN.UU.) No es este el espacio de abundar sobre el tema, pero la sensibilidad de los grupos a estas diferencias no es, a menudo, entendido por los funcionarios encargados de negociar con el "México Profundo" (Bonfil, 1987).

⁴ Cabe destacar que la búsqueda por integrar este rico patrimonio con los retos de asegurar una calidad de vida aceptable y la conservación de los ecosistemas parece ser un aspecto común entre las comunidades de diferentes culturas y regiones. La rica y abundante literatura que sistematiza las experiencias de los pueblos indígenas que continúan defendiendo sus propias formas de vida e impidiendo que sus territorios sean saqueados o dañados, muestra claramente la posibilidad de formar estrategias alternativas para afrontar tales desafíos, como los vinculados a los discursos dominantes de la gobernanza ambiental que permanecen atados a las instituciones de la economía de mercado.

⁵ La especificación de "sustentabilidad regional" refleja la importancia de definir los ecosistemas en cuanto a espacios naturales en lugar de administrativos o políticos. Las comunidades son sumamente conscientes de la importancia de respetar las construcciones naturales, tales como la cuenca de un río, lo que requiere cooperación y alianzas entre comunidades para la implementación de estrategias de gestión sustentable.

⁶ La importancia de estas otras epistemologías se examina en importantes contribuciones a nuestro conocimiento por parte de colegas que participan en los intercambios con los pueblos cuyas organizaciones y sistemas productivos son guiados por otras cosmovisiones. Para una introducción a esta literatura, ver la contribución de Boaventura de Sousa Santos (2009) que ofrece una exposición clara de este enfoque. El trabajo seminal de Robert Vachon (1995) entre los iroqueses en América del Norte, y la tradición de Ivan Illich (1977, 1986, 1990), tienen ahora abundantes herederos/sucesores/seguidores.

⁷ Nuestra interacción con las comunidades es parte de un creciente reconocimiento de una importante dinámica comunitaria para emprender estrategias exitosas para la construcción de sociedades pos-capitalistas. En México, algunos académicos involucrados en este esfuerzo han formado la Red de Etnoecología y Patrimonio Biocultural con el apoyo de CONACYT, mientras que a nivel regional las actividades de organizaciones sociales como PRATEC (Perú), Agruco (Bolivia), Movimiento Sin Terra (Brasil) y Vía Campesina en casi todos los países del hemisferio contribuyen a esta dinámica. Santos (2009) ofrece una visión metodológica para entenderla que Martínez Luna (2003) y Díaz (Robles y Cardoso, 2008) había comenzado para los pueblos oaxaqueños; Leff (2014) contribuye con su exploración de los resultados negentrópicos de estas comunidades; Toledo y Ortiz-Esquivel (2014) exploran la amplia difusión geográfica del proceso en México mientras que Fuente, et al., (2012) presentan la riqueza de estudios detallados en la Sierra Juárez de Oaxaca.

⁸ Un importante esfuerzo para sistematizar nuestro conocimiento de estos movimientos está disponible en un consorcio europeo —Organizaciones de Justicia Ambiental, Responsabilidades/Obligaciones y Comercio (http://www.ejolt.org)—, el cual mantiene un inventario continuo de los movimientos de resistencia.

⁹ La efectiva resistencia en México a los intentos de quitar a las comunidades de sus accesos al agua para transferirla a los demandantes urbanos y empresariales es un ejemplo de mucha actualidad. Gómez (2015) ofrece un análisis particularmente agudo de esta situación.

¹¹ Véase la reveladora presentación de Benno Glauser de este problema en sus intercambios con líderes del pueblo Ayoreo de Paraguay (Venkateswar y Hughes, 2011: Cap. 1). En sus siete capítulos, este libro ofrece una abigarrada descripción del activismo indígena en muchas partes del mundo.

¹² Capítulo VII, Artículo 231. En otros lugares de Latinoamérica, estos derechos territoriales están protegidos constitucionalmente (Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, México, Guatemala, Paraguay, Perú, Venezuela). La constitución de Ecuador también incluye componentes ambientales y de género desde 1998, derechos confirmados en la nueva magna carta de 2008.

¹³ Desgraciadamente, el gobierno mexicano interpreta esta obligación a su modo, a veces definiendo los términos de las consultas y otras veces haciendo caso omiso de sus resultados.

¹⁴ No es mera coincidencia que las regiones de mayor biodiversidad en el país, son también las de mayor diversidad étnica, tal como lo documentó de una manera elegante Ekart Boege (2008).

¹⁵ Luis Villoro (2003) ofrece un análisis profundo de las diferencias en los significados de los contratos sociales en diferentes contextos sociales.

¹⁶ O’Hara (2011) editó una colección de ensayos sobre la relevancia del concepto de excedente como un fondo para el cambio social. Véanse, en particular, los ensayos de Stanfield y Wrenn en el número.

¹⁷ La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007 (http://undesadspd.org/indigenouspeoples/declarationontherightsofindigenouspeoples.aspx) debería servir para reforzar la enmienda de 1992 al Artículo 4 de la Constitución Mexicana, afirmando la "composición pluricultural" del país. Desafortunadamente, los cambios legislativos no fueron acompañados de ajustes en la estructura legal para definir la relación judicial entre el Estado y las decenas de pueblos indígenas. Continúan surgiendo graves conflictos porque la legislación reciente (2013-2014) refuerza el derecho del Estado a apropiarse de los recursos en territorios reconocidos como pertenecientes a muchos de estos pueblos a pesar de su declarada oposición en términos del Convenio 169 de la OIT.

¹⁸ Los esfuerzos para asumir el control colectivo de los bosques se iniciaron en la década de 1970 (Simonian, 1995). Hoy en día, el movimiento de bosques comunitarios de México es reconocido como uno de los más eficaces y sustentables del mundo, abarcando más de una cuarta parte del territorio nacional. La Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales y el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) continúan desempeñando papeles importantes en la coordinación de sus actividades y proporcionando información sobre su historia.

¹⁹ La misma definición de indígena ha cambiado en tiempos recientes. Mientras que Bonfil Batalla (1987) menciona que existen unos 8 millones de indígenas, el Censo reportó sólo 6 millones en 1990. Sin embargo, hoy existen entre 18 y 20 millones de personas que se consideran a sí mismas indígenas (Toledo, 2014). La población indígena mexicana es la más grande en el hemisferio; Bolivia, Ecuador y Guatemala tienen las mayores proporciones.

²¹ El alcance y la intensidad de los conflictos que originan los enfrentamientos paradigmáticos en relación con el modelo apropiado para el manejo de agua y su uso son tales, que un número completo del Informe sobre Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2006) fue dedicado al tema. Asimismo, el 2013 World Social Report (2013) de la UNESCO, aborda la necesidad de un nuevo tipo de ciencia social causada por el alcance de los impactos sociales de los cambios ambientales resultantes de modelos contradictorios de gestión ambiental y los derechos legítimos de los pueblos indígenas.

²² Existe una amplia literatura describiendo y evaluando este enfoque y propuestas similares para estrategias alternativas que mejoren la calidad de vida de una manera realmente sustentable, que emergió de las cosmovisiones indígenas (por ejemplo, Bretón, 2005, 2013; Huanacuni, 2011; Lang, 2013; Hidalgo y Cubillo, 2014).

²³ La extensión de esta creatividad no puede ser mostrada en esta discusión. Para más detalles sobre los proyectos mencionados en este párrafo, consulte las siguientes páginas en Internet: http://geaac.org, http://www.equatorinitiative.org/index.php?option=com_winners&view=winner_detail&id=67&Itemid=683&lang=es, http://www.museodetexitoaxaca.org, y http://www.pratec.org. Entre los grupos que participan en nuestro proyecto, las comunidades indígenas y campesinas se dedican a la agricultura urbana, separación de residuos para la reutilización y aprovechamiento de agua de lluvia; cerca del centro de la ciudad capital de Oaxaca; una de estas iniciativas recibió un reconocimiento nacional (Premio Gobierno y Gestión Local) en 2012 (http://oaxaca.me/recibe-san-bartolo-coyotepec-premio-nacional-por-el-cuidado-ecologico).