Los movimientos sociales contemporáneos y el análisis del poder estatal

Mario Alberto Velázquez García

El colegio de Sonora

Artículo recibido: 28 de mayo de 2013 ]]> Aceptado: 9 de agosto de 2013

Resumen

Los estudios sobre movimientos sociales se han convertido en un tema fundamental para la sociología y la ciencia política en América Latina debido, principalmente, a la gran cantidad de protestas y movilizaciones que constantemente se producen en esta región. Al respecto, ha surgido una cantidad significativa de teorías que buscan explicar el funcionamiento de este tipo de acciones colectivas. Sin embargo, estos trabajos carecen de una reconceptualización de uno de los principales agentes externos de los movimientos sociales: el Estado. El presente artículo utiliza elementos de la llamada "vuelta al Estado" de autores como Skocpol para reconsiderar los puntos de relación entre estos dos agentes sociales, al enfatizar la acción estatal. El artículo amplía el análisis de las herramientas y acciones concretas con las cuales el Estado busca controlar, evitar o utilizar la aparición de una protesta; para ello, deja de analizar únicamente los actos reactivos del Estado (represión, negociación), y considera las formas cotidianas de funcionamiento estatal, como las políticas públicas o los trámites burocráticos. Para estudiar dichos mecanismos se utilizará la propuesta de Foucault sobre las tecnologías del poder estatal. Esto permitirá mostrar que el Estado usa instrumentos cambiantes, diversificados y con múltiples propósitos frente a una movilización. Cambiantes, porque el Estado va generando adecuaciones en sus distintas agencias frente a las protestas; diversificados; porque las dependencias involucradas son distintas según sea el caso, y con múltiples propósitos, porque no sólo buscan el control de la movilización social sino distintos fines políticos.

Palabras clave: Estado, movimientos sociales, tecnologías del poder, protestas sociales, México.

Abstract

Research on Social Movements has become a key issue for sociology and political science in Latin America, mainly due to the large number of protests and mobilizations that consistently occur in this region. In this regard, a lot of theories that seek to explain the operation of this type of collective action have emerged in social science. However, these works lack of a re-conceptualization of one of the major external agents of social movements: the State. This article use elements of the so-called "Bringing the State Back in" by authors like Skocpol to reconsiderate the relationship between these two social agents with emphasis on State action. The article extends the analysis of the tools and concrete actions with which the State seeks to control, avoid, or use the appearance of a protest; to achieve this, the authors not only analyze the re-active State action (repression, negotiation), but consider the everyday forms of State functioning as public policies or bureaucracy. To study these mechanisms, Foucault's proposal on state power technologies will be used. This allows the authors show that the State uses changeable, diversified, and with multiple purposes instruments, versus a social mobilization. Changeable, because the State is always generating adjustments in its strategy; diversified, because the agencies involved are different depending on each case; and with multiple purposes because they not only seek to control social mobilizations, but also have different political ends.

Keywords: State, Social Movements, Technologies of Power, Social Protest, Mexico.

Al analizar el papel que tienen los Estados en el desarrollo de los movimientos sociales mexicanos, generalmente se asume que los medios de acción más significativos hacia las protestas son: 1) la represión o la cooptación en cualquiera de sus modalidades o niveles;¹¹ 2) la aplicación de marcos legales que permiten o limitan la protesta;¹² 3) las divisiones o peleas entre las élites gubernamentales que pueden constituir un signo de debilidad y, por tanto, un mensaje de oportunidad;¹³ 4) la participación del gobierno en conflictos bélicos con otros países (autores) que pueden generar una crisis financiera, militar o de imagen al interior;¹⁴ 5) reformas políticas o de políticas públicas que puedan influir en las posibilidades de movilización;¹⁵ y 6) la ideología o distintos tipos de propaganda.¹⁶

Como lo demuestran autores como Mallon¹⁷ y Brachet¹⁸ los estudios que analizan la interacción entre el Estado mexicano y las protestas sociales han dejado de lado importantes mecanismos estatales con los cuales la autoridad controla, reorienta o evita los movimientos sociales, incluso antes de que estos sucedan. El Estado Mexicano no sólo utiliza la cooptación, la negociación o la violencia para relacionarse con los movimientos sociales, sino que pone en funcionamiento sus estructuras más "cotidianas" como las políticas públicas, las leyes o los discursos. El presente artículo busca mostrar que el Estado usa instrumentos cambiantes, diversificados y con múltiples propósitos frente a una movilización social. Cambiantes, porque el Estado va generando adecuaciones legales o de operación en sus distintas agencias a partir de lo sucedido en cada protesta; diversificados, porque los tipos de instrumentos y dependencias involucradas son distintos dependiendo de cada caso y del desarrollo de cada protesta en particular; y con múltiples propósitos, porque no sólo busca el control de la movilización social, sino reforzar, por ejemplo, los controles federales sobre los grupos políticos estatales. En este sentido, este trabajo intenta presentar una imagen diferente del viejo tema del Estado y los movimientos sociales en México. Se propone el entendimiento de esta relación, desde la perspectiva estatal, a partir de la propuesta teórica del bio-poder de Michael Foucault.¹⁹

El estudio de los movimientos sociales y los Estados

La idea de reconsiderar la centralidad del Estado para entender los distintos procesos sociales se sustenta, en gran parte, en una revisión de los planteamientos weberitanos acerca de los componentes que conforman a dicha organización social.²⁰ El Estado puede ser analizado no sólo como un árbitro neutral o como la organización que monopoliza el uso de la fuerza, sino también como un sistema que contiene elementos organizacionales, administrativos, jurídicos, recaudatorios y coercitivos propios.²¹ Uno de los planteamientos propuestos a partir de la re-lectura de Weber es lo que Sckopol denomina como la "autonomía Estatal".²² Esto significa que dichos entes organizativos controlan un territorio y un grupo de personas y por tanto, tienen la capacidad de generar y perseguir objetivos propios, incluso aquellos que no son un reflejo de los intereses de un grupo o clase particular de la sociedad. Al partir de este principio de autonomía, es posible pensar al Estado como un actor independiente y no sólo como un escenario para la lucha de clases, grupos o élites. Esto resulta fundamental en los estudios sobre movimientos sociales, particularmente en el caso de México, donde existió una tendencia a identificar tácitamente la actuación estatal con intereses de grupo o elites específicas.²³ En este sentido, es necesario reconocer las diferencias que presentan los Estados en cuanto a los grados de autonomía y capacidad, particularmente al enfrentar oposiciones políticas. Por ende, en el estudio de los movimientos sociales es necesario reconocer la confrontación diferenciada que puede presentarse entre el Estado y los diversos actores. De acuerdo con las posturas neo-marxistas, la autonomía estatal permitió la reinterpretación de elementos centrales como el orden social, la ideología y el trabajo, o dicho de otro modo, facilitó un regreso a la interpretación original de Marx si se prefiere.²⁴ A este respecto, Sckopol²⁵ señaló la necesidad de introducir elementos centrales de las teorías sobre el Estado dentro de los estudios de los movimientos sociales, teniendo en cuenta que no son las fuerzas del orden o los procedimientos legales los únicos ejes ordenadores de la relación Estado-protesta social.

Otros elementos para considerar en este regreso del Estado para el análisis de los movimientos sociales, son los contextos transnacionales y la participación de agentes externos durante las protestas sociales.²⁶ Los Estados, de acuerdo con la postura de Weber, surgen en contextos altamente competitivos e interrelacionados. En este sentido, es necesario replantear el papel que desempeña el contexto internacional, específicamente la intervención directa o indirecta de otros Estados en las protestas sociales. Lo anterior resulta claro en el caso latinoamericano, donde han sido ampliamente documentadas las intervenciones externas en revueltas, golpes de estado y la formación de guerrillas.²⁷

Finalmente, además de los elementos organizacionales, administrativos, jurídicos, recaudatorios y coercitivos, el Estado contiene una serie de directrices generales (ideológicas, políticas y administrativas) con las cuales busca gobernar un territorio y su población.²⁸ Estos elementos institucionales buscan, ininterrumpidamente y de diferentes maneras, propiciar y mantener cierto margen de estabilidad, paz y orden dentro de su territorio bajo un proyecto político-ideológico general.²⁹ Por consecuencia, la lógica de intervención del Estado ante una protesta va más allá de acciones extraordinarias, como la represión o el encarcelamiento, y constituyen prácticas que se aplican —existan o no personas levantando barricadas— en la búsqueda de la estabilidad a razón de un proyecto de nación.³⁰ Esto provoca, entre otras cosas, una multiplicación de los puntos de contacto entre este actor y las protestas sociales. De esta forma, la cohesión y la represión dejan de ser las únicas reacciones del Estado relevantes, por lo que resulta necesario reflexionar en los otros mecanismos mediante los cuales se busca dirigir, orientar y desarrollar a una población —en sus formas de acción colectiva como las protestas— dentro de un territorio determinado.³¹ En otras palabras, es urgente equilibrar la atención dada a los medios de protesta y al mismo tiempo observar los medios utilizados por el Estado como respuesta frente a ella.

El estudio de los movimientos sociales y los Estados

Otro elemento teórico todavía presente que refleja las posturas acerca del poder gubernamental y su relación con las protestas colectivas, es la lucha de clases como trasfondo para la interacción entre el grupo que protesta y las autoridades.³³ Lo anterior concentró en décadas pasadas una importante parte del análisis al buscar, por ejemplo, las acciones del Estado que no permitían que se formara una "conciencia general de clases" como base necesaria para la movilización colectiva. Así entonces, el papel que el Estado y los "poderes emergentes" —como los medios de comunicación-tenían en una protesta no era, en general, entendido en su complejidad, puesto que se les caracterizaba principalmente por sus tácticas de crear formas más o menos acabadas de "falsas conciencias" lo que ocultaba, transformaba o distorsionaba la información. Esto dejaba de lado importantes elementos que podían explicar el desarrollo de una protesta.³⁴ Los análisis basados en la existencia de la lucha de clases también habían conferido a las clases trabajadoras (y en menor medida a los campesinos) el papel central y exclusivo como agentes de un posible cambio revolucionario, lo que generó un marcado interés por analizar las formas mediante las cuales el Estado busca negociar o controlar a estos grupos. Cabe mencionar que otros actores sociales eran menospreciados u olvidados.³⁵

Al utilizar la teoría de Foucualt se pretende mostrar que el Estado es un conjunto de organizaciones e instituciones sociales (no necesariamente homogéneas o actuando en la misma dirección) que buscan controlar, utilizar y redirigir las protestas; de este modo, la represión no es la única respuesta, y debe ser enclavada en un conjunto de diversas y complejas técnicas de acción estatal. Esta postura representa un cambio significativo en los análisis de los movimientos sociales, que en algunos casos, suponen una especie de "negatividad autoritaria" en las acciones de Estado; al conceptualizarlas como déspotas, represivas o con tendencia a perpetuar un cierto estatus social.³⁶ Esto crea una explicación circular donde todas las acciones contra un movimiento buscaban ser explicadas como formas de represión, o bien, se seleccionaban de manera arbitraria las actividades estatales durante un conflicto social, para únicamente mencionar aquellas que encajaban con el tipo ideal de represivas y autoritarias. Lo anterior no significa que los Estados, particularmente los latinoamericanos, no utilicen la presión y la fuerza como herramientas para responder a cualquier protesta. Simplemente es manifiesto que la lógica que está detrás del desarrollo de los diversos instrumentos del Estado no corresponde total o exclusivamente a la lucha de clases. Los Estados buscan generar múltiples discursos de verdad (prácticas, técnicas, leyes) que permitan a los individuos, grupos y a la sociedad, lograr su desarrollo. Esto a su vez implica necesariamente formas de represión de comportamientos, formas de pensar, prácticas colectivas, etcétera. Este cambio de enfoque, en palabras de Foucault "quita cabeza del rey" en la arena política, para mostrar su complejidad e introyección. No existe un poder único, concentrado, existen prácticas diversas que generan formas de control (y auto-control) diversificados.³⁷

Por otro lado, un supuesto generalmente empleado en el análisis de la relación de poder entre los movimientos sociales latinoamericanos y los Estados es la existencia de dos ámbitos sociales de actuación y de pensamiento totalmente separados: los gobernantes y los gobernados.³⁸ Esta división puede derivarse de la visión marxista entre clases propietarias de los medios de producción y clases dependientes de su trabajo para subsistir. Estos dos grupos sociales vistos desde la lógica del poder parecían tener dos vías y objetivos totalmente contrarios. Sin embargo, el trabajo de Foucault sobre la gubernamentalidad demuestra la existencia del Estado, sus técnicas y discursos como una construcción social colectiva sostenida por una serie de prácticas que orientan el funcionamiento de las sociedades contemporáneas a partir del principio de verdad.

Otro elemento, mencionado anteriormente, es la propensión a limitar el ejercicio del poder gubernamental frente a los movimientos sociales a actos represivos, legales y de negociación.³⁹ En este sentido, el concepto de gubernamentalidad de Foucault muestra cómo el ejercicio del poder implica la capacidad de distintos grupos para definir los campos de intervención, racionalidades, planes y programas. Por ello, es necesario ampliar el escenario de confrontación analíticamente, y registrar la presencia de diversos interesados en imponer sus proyectos e intereses, así como de múltiples adversarios y aliados (aún dentro del gobierno) al surgir una protesta. Aunque las teorías sobre oportunidades políticas recogen conceptualmente la existencia múltiple de participantes, al final reconstruyen una dicotomía entre aliados y opositores al momento del análisis de las protestas.⁴⁰

Un último elemento que resulta necesario se denominará "excepcionalidad de los agentes gubernamentales".⁴¹ Los estudios acerca de movimientos sociales conferían mayores capacidades interpretativas y de acción a algunos de los agentes del Estado, que al resto de los agentes sociales.⁴² Tal situación correspondía a una cierta lógica dentro de las formas de gobierno, la cual permitía la concentración polarizada de herramientas legales y extralegales. Aunque los actores estatales podían tener, efectivamente, capacidades de acción y decisión superiores a lo legamente establecido, al igual que el resto de los actores sociales, no dejaban de estar inmersos en las estructuras, definiciones, reglas morales y culturales de su tiempo. Esto tiene mayor trascendencia para el estudio de los movimientos sociales puesto que permite entender la protesta social como una interacción social que comparte una serie de elementos en un grupo, de manera que se logra conocer también la acción del otro así como las limitaciones generadas por la estructura o elementos culturales de su época. Por otro lado, el reconocimiento de los límites culturales en la interacción entre el Estado y una protesta, sobre todo en las teorías norteamericanas para el estudio de movimientos sociales,⁴³ presenta algunos casos concretos donde existe la tendencia a conceder cierta excepcionalidad a los agentes gubernamentales. Esto se debe a que las actuaciones de las agencias gubernamentales frente a los movimientos sociales parecieran responder a un orden estructurado y de calculada planeación, con el objetivo de controlar o reprimir los movimientos. No obstante, es necesario matizar lo anterior. Primero, las distintas agencias gubernamentales tienen en ocasiones objetivos contrapuestos o incluso compiten entre sí, lo que resulta en problemas de comunicación y de cooperación. Segundo, como toda organización, el Estado ha desarrollado una serie de leyes, burocracias y procesos para la toma de decisiones, las cuales con el paso de tiempo condicionan las formas de definir y responder al ambiente externo. Esto genera que las posibilidades reales de decisión de diversos sectores del gobierno sean más limitadas de lo que pensamos, por lo que reproducen lógicas heredadas por más ineficientes que estas resulten.

Tecnologías del poder de los estados⁴⁴

En la propuesta de Foucault existen tres tecnologías generales sobre el ejercicio del poder: las legales-jurídicas, las disciplinarias y las de seguridad.⁴⁵ Aunque no es el objetivo de este trabajo hacer un análisis de cada una de ellas —tema que por sí mismo llevaría todo un libro o varios como le tomó al que los propuso—, consideramos simplemente delinear las principales características de cada una. Para nuestro tema de interés es necesario mencionar que consideramos como correcta la propuesta de Foucault, con respecto a cómo las tecnologías de seguridad predominan en la época contemporánea. También es necesario mencionar que esto no significa que las otras dos tecnologías no estén presentes, sino por el contrario, su uso es moldeado dentro de la última.

Las tecnologías legales y jurídicas parten de una idea maquiavélica sobre el ejercicio del poder. Un Estado se define por la capacidad que tiene el gobernante para conservar bajo su control un determinado territorio y población. Por ende, el objetivo general de las tecnologías bajo esta lógica corresponde a crear disposiciones y normas generales para delimitar lo permitido de lo prohibido, según convenga a los intereses del soberano. Las tecnologías intentan controlar todo tipo de conducta mediante códigos, leyes y decretos, así como definir castigos para aquellos que infrinjan tales ordenamientos. Dentro de las tecnologías legales y las técnicas concretas para el control de actos disruptivos, se encuentran principalmente las medidas de fuerza que buscan detener toda forma de protesta, de modo que un mecanismo recurrente es el uso de la represión contra las protes-tas.⁴⁶ Mientras dentro de las tecnologías disciplinarias persiste la misma definición general sobre el gobierno, la novedad resulta en el desarrollo de un conjunto de mecanismos específicos hacia un papel social emergente: el culpable. El Estado desarrolla entonces instituciones, practicas, nuevos saberes para la vigilancia y corrección. Ahora el dispositivo general contempla construir un Estado capaz de vigilar y ordenar todo.

Los dispositivos de seguridad estatal para los movimientos sociales

De las últimas tecnologías que se mencionaron en el apartado anterior (dispositivos de seguridad), existe una división en tres técnicas concretas de poder. El primero son los espacios de seguridad, los cuales hacen referencia a la manera en la cual los Estados buscan alentar o disminuir los efectos de ciertos elementos en el resto de la sociedad. Las medidas tomadas trabajan sobre la posibilidad de ciertos eventos, es decir su acción busca no únicamente afectar las conductas presentes sino también las futuras, para ello toma medidas polivalentes, transformables y constantes. En este sentido, como se analizará más adelante, las políticas públicas cumplen un rol múltiple frente a la movilización social.

El segundo dispositivo está relacionado con lo que Foucault denomina el problema del acontecimiento (tratamiento aleatorio). Mientras los mecanismos jurídicos y disciplinarios crean reglamentos o sanciones para corregir y prevenir fenómenos considerados como "trágicos" y que afectan a la población (por ejemplo la prohibición al acaparamiento de un producto, la libre propagación de un virus o las reuniones públicas de protesta), los sistemas de seguridad no buscan impedir su aparición, sino reintroducir-los dentro de la normalidad de los acontecimientos, enfocándose en regular y anular sus efectos en algunos casos. En este sentido las protestas no serán consideradas "tragedias" impredecibles, más bien como un rumbo posible de reaccionar ante las hambrunas, la guerra o una decisión de gobierno. Así, el Estado da por descontado la posibilidad de que se produzca una protesta, de manera que su interés está en desarrollar mecanismos que disminuyan los alcances de dichas acciones colectivas al grado de anular sus efectos o hacerlos menores. Es decir, la lógica de poder corresponde a cómo todo fenómeno es reconsiderado desde una perspectiva más general para poder sacarlo de lo aleatorio y colocarlo como una parte del conjunto general de sucesos. La innovación en este tipo de mecanismos es la búsqueda por abarcar cada vez más elementos, especialmente aquellos que vayan surgiendo. Este proceso de incorporación será importante en la operación del Estado mexicano, lo cual será analizado más tarde.

El tercero de los dispositivos es denominado por Foucault como formas de normalización. Con éste hace referencia a los procedimientos estatales para enfrentar los problemas (como una revuelta), los cuales no parten de la fijación de estándares previos sobre lo prohibido o no, sino de su creación continua o bien conforme se presentan los diferentes grados del fenómeno. De esta manera el Estado generará un conjunto de mecanismos para: 1) la medición (número de integrantes, grupos que lo apoyan, número de manifestaciones, presencia en los medios, etc.) y clasificación (procedencia ideológica, origen de los líderes, formas de protestar, tipo de demandas, etc.); 2) la regularidad con la que éstos se presentan (número de movilizaciones al año, lugares de mayor frecuencia, grupos que participan regularmente, liderazgos comunes, etc.); 3) los factores que los desencadenan (subida de precios, nuevos impuestos, brutalidad policial, etcétera), es decir, dar un seguimiento puntual de cada uno de los casos. Esto le permitirá identificar las distintas formas y niveles con las que se presentan, al identificar cuáles son las más peligrosas y cuáles no tanto. En el caso de los movimientos sociales esto es clave, no todas las protestas tienen el mismo alcance, potencial y problemática para el gobierno. De esta forma el Estado puede desarrollar políticas y respuestas diferenciadas, al establecer cuales son los factores de riesgo, en cada grupo y en la población general, para que se presente una revuelta. Para ejemplificar lo anterior serán analizadas algunas técnicas concretas usadas por el Estado mexicano en su relación con los movimientos sociales. Este análisis no busca ser comprensivo, si no ejemplificar la propuesta teórica, de lo contrario, serían necesarios varios libros para ello.

Espacios de seguridad en los gobiernos posrevolucionarios. Políticas públicas y protestas

El Estado mexicano post-revolucionario necesitaba pacificar al país y terminar con los levantamientos armados, pues sólo bajo este escenario era posible pensar en la reconstrucción de las instituciones de gobierno. Para lograr este objetivo, se pactaron acuerdos con los sectores sociales organizados, particularmente los obreros, el ejército y la burocracia gubernamental.⁴⁷ La ideología nacionalista comenzó a desarrollarse en torno de una propuesta de proyecto común. La búsqueda de la reconciliación (terminar con los constantes levantamientos armados y guerras internas entre los grupos), la alianza entre clases y la conversión del Estado serían las bases principales para poder generar el desarrollo del país.⁴⁸

Uno de los mecanismos estatales más importantes para disminuir la posibilidad de protestas de consideración fue el mismo funcionamiento de los programas públicos. Como lo muestra el trabajo de Torres,⁴⁹ Corneluis, Craig y Fox,⁵⁰ Noval⁵¹ y Brachet-Marquez,⁵² las políticas sociales de los gobiernos mexicanos posteriores al movimiento armado fueron un mecanismo fundamental para conservar una relativa paz social sin levantamientos importantes durante más de medio siglo. Algunas de las políticas para mejorar las condiciones de vida de la población fueron: el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, el Programa Nacional de Solidaridad, y algunas políticas públicas distributivas dirigidas hacia los grupos pobres, tales como la creación de ejidos y el Sistema Alimentario Mexicano (SAM) entre otras. Todas estas instituciones no solamente resolvían demandas históricas de estratos de la población (arrebatando banderas a las potenciales protestas), sino que funcionaban como mecanismos concretos y cotidianos de control. Las personas que recibían algún apoyo estatal eran condicionadas a tener este beneficio a cambio de apoyo electoral (votar a favor del partido oficial), participar en actos públicos, no pertenecer a otros partidos políticos entre otras cosas. De esta forma, las burocracias que controlaban cada una de las nuevas dependencias generaban listas de "beneficiarios", lo que les permitía tener un control territorial preciso sobre la población, no sólo respecto de las necesidades de la gente, sino a sus afiliaciones políticas. Adicionalmente, las políticas públicas de apoyo a la población permitían el control de las nuevas organizaciones sociales independientes. Estos grupos eran marginados de cualquier tipo de beneficio para sus miembros en tanto que los liderazgos no pactaran acuerdos, compromisos y futuras afiliaciones entre ellos y sus miembros a las estructuras oficiales. Esto permitía la existencia de grupos que podían permanecer nominalmente independientes pero con dependencia financiera o de gestión a las organizaciones políticas y burocráticas del gobierno.

No obstante, la operación de los programas y políticas públicas no está exenta de oposición. Por el contrario, algunas decisiones estatales acerca de políticas públicas generaban movilizaciones en todo tipo de grupos o asuntos.⁵⁵ Por ello, el Estado mexicano produjo una serie de mecanismos que al igual que las políticas públicas tenían como finalidad prevenir la formación de protestas. Los trabajos de Bartolomé y Barabas⁵⁶ analizaron las protestas sociales por la construcción de presas en México; demostró cómo los proyectos públicos que implicaban afectar o desplazar población, requerían (para poder iniciar las obras) de la operación de mecanismos Estatales que permitieran reconstruir la relación entre los grupos afectados y las agencias del gobierno, con el fin de evitar una disconformidad. Principalmente, era necesario contar con tácticas de mediación para convencer a los afectados acerca de las ventajas de la obra. Bartolomé describe tres procedimientos utilizados por el gobierno mexicano: 1) establecer relaciones con los líderes; 2) reclutar nuevos líderes emergentes; y 3) requerir la intermediación de actores sociales con legitimidad social. Este último rol fue desempeñado generalmente por técnicos o profesionistas. Sin embargo, en la mayoría de los casos, estos profesionistas lejos de tener una posición imparcial utilizaban su prestigio social para apoyar al Estado por encima de los intereses de las comunidades. Es decir, los profesionistas realizaban una mediación parcial e intencionada.

El tratamiento de lo aleatorio: las protestas ambientales y la burocracia contra las protestas

El tratamiento de lo aleatorio como mecanismo, implica la creación de procedimientos estandarizados con el fin de atender a toda protesta mediante el Estado. Su función principal es disminuir o retardar los posibles alcances de las protestas y desalentar a los participantes potenciales. A este respecto, el Estado mexicano ha utilizado diversos procedimientos burocráticos y jurídicos como dispositivos para demorar o detener los reclamos sociales debidos a obras públicas. Un ejemplo muy significativo de lo anterior son las protestas sociales contra los pozos petroleros en Veracruz y Tabasco, y también las acciones legales contra la construcción de un reactor nuclear en Laguna Verde en Veracruz⁵⁷ (Velázquez Guzmán, 1982; Paya, 1994).

Un primer mecanismo que utilizan las dependencias de gobierno para negociar los acuerdos necesarios para adquirir las tierras o los permisos indispensables para realizar una obra (como una presa o un desarrollo habitacional), es la negociación bajo el esquema que denominaremos como subcontratación (outsourcing o tercerización). Esta consiste en que la agencia de gobierno interesada en desarrollar el proyecto limita su participación a la parte técnica, operativa y burocrática, pero subcontrata a otras agencias gubernamentales (militares, servicios de inteligencia, gobiernos estatales, municipales o grupos paramilitares) para resolver los problemas previos al inicio de la obra (por ejemplo la explotación de los pozos). Esto incluye la tarea de lograr los acuerdos y títulos de propiedad necesarios, sin preocuparse por las estrategias mediante las cuales esto se lograría.

Al presentarse reclamos concretos frente a los actos de la autoridad, estos se encauzan por medio de lo que se denominará "una muralla de papel gubernamental".⁵⁸ Esto significa que la dependencia de gobierno genera una serie de procesos burocráticos largos, complicados y llenos de detalles técnicos, con lo que se busca nulificar, aplazar o desalentar las quejas y al mismo tiempo poner en tela de juicio legal, su autenticidad. En términos de Foucault, la aplicación del tratamiento de lo aleatorio para controlar y regular las protestas.

El mecanismo de "muralla de papel" es el siguiente: los grupos que presentaban una demanda de indemnización (por ejemplo, por la acción de Pemex) tenían que acudir a una oficina de servicios administrativos específica (que pertenecía a la misma compañía sobre la que los quejosos buscaban anular su actuación). Conocer cuál era la oficina o dependencia correcta para presentar una demanda ya era de por sí un problema, pues se les proporcionaba información contradictoria sobre el lugar o el proceso burocrático a seguir. Las oficinas para presentar el trámite estaban localizadas en la capital del país. Las personas que buscaban presentar la solicitud de indemnización, de no estar en esta ciudad, tenían que realizar un largo viaje sólo para ser asignados dentro de una larga lista de turnos, lo que podría demorar el trámite varios días. Una vez atendidos, la dependencia les informaba que el procedimiento estipulaba que debían ser los mismos agraviados los que demostraran que efectivamente se estaba produciendo un daño. La presentación de la evidencia de afectación estaba sujeta a un formato técnico de evaluación diseñado por la misma agencia de gobierno, para lo cual eran necesarios extensos, complicados, largos y costosos informes realizados por expertos.

En pocas ocasiones la presentación de las pruebas cumplía con los criterios de la oficina burocrática, por lo que la demanda de indemnización podía no prosperar. Pero en aquellos casos donde se demostraba el daño (como sucedió en el caso de Tabasco que usamos como ejemplo) se iniciaba un nuevo y largo procedimiento. En primer lugar, los quejosos tenían que demostrar ser los dueños legítimos de la tierra donde se produjo el daño. Este proceso incluía la presentación de la resolución presidencial original de constitución del ejido, el plano de dotación (también original), el censo ejidal en el momento del daño y los certificados de derecho agrarios. La lista de requisitos de esta naturaleza crece según la dependencia de la oficina gubernamental y su capacidad para inventar nuevos requisitos. La falta o parcialidad de alguno de los documentos bastan para mandar el caso a una nueva lista de pendientes nunca resueltos.

El tratamiento de lo aleatorio en las protestas por parte del Estado mexicano también se muestra en las formas diferenciadas de responder a las demandas de distintos grupos: las organizaciones que guardaban nexos directos con el partido oficial eran privilegiadas. En ese caso, sus demandas podían ser resueltas, mientras los grupos independientes no eran atendidos. De esta forma el gobierno mostraba qué tipo de protestas serían toleradas o atendidas, y cuáles no.

Formas de normalización de las protestas

El tercer mecanismo sugerido por Foucault son las formas de normalización. Hace referencia a los dispositivos estatales para enfrentar problemas, tales como una revuelta. No parten tanto de la fijación de estándares previos sobre lo prohibido o no, sino de la creación de un continuo que ubique a cada acto nuevo. Es decir, la respuesta estatal será moldeada y construida según los diferentes componentes (grados) con los que se presente el fenómeno. Por ello, son indispensables los mecanismos de recolección de información que permitan al Estado ubicar los distintos elementos, orígenes, intereses, metas, formas de acción y ramificaciones de cada protesta.

El Estado mexicano contaba con una amplia y compleja red que le permitía reunir, en distintos niveles y formas, información precisa respecto de la actuación de los distintos grupos o sectores de la sociedad. Sin duda, es en lo electoral donde aparece más evidente la generación de estos esquemas de control y predicción de resultados.⁵⁹ Por otro lado, contó con un servicio de inteligencia que, entre otras tareas, proporcionaba información acerca de las protestas sociales y los grupos independientes (armados o no) que estaban inconformes por actos de la autoridad. La mayoría de los movimientos sociales en las décadas de 1940 a 1990, fueron vigilados, infiltrados o reprimidos.⁶⁰ Finalmente, como ya se mencionó, las dependencias estatales funcionaban también como concentradores de datos sobre la población.

Las formas de normalización mediante el discurso de la "manzana podrida"

Uno de los mecanismos fundamentales para que el Estado intervenga en un determinado acontecimiento o frente a un grupo social, es un discurso que explique el origen, objetivo y relación del resto de la sociedad y del mismo Estado frente a tal acontecimiento. En el caso de los movimientos sociales, éstos han sido descritos por el Estado Mexicano posrevolucionario bajo la misma lógica que se usó durante la guerra: amigos-enemigos. De esta forma, las movilizaciones no fueron percibidas como demandas de grupos sociales específicos, sino conjuras disfrazadas, alimentadas por rivales políticos, con el único objetivo de desestabilizar al gobierno o dañar a un personaje encumbrado. El Estado tenía la necesidad de terminar con estos grupos, pues atentaban contra la continuidad de la institución. En todo caso, esa justificación permitía descalificar la protesta.

El surgimiento de los grupos guerrilleros a partir de la década de 1970 se produjo en el contexto de un Estado mexicano lo suficientemente consolidado en su ejercicio del poder y control de los medios legítimos para el uso de la fuerza, o que hacía poco verosímil el uso de la misma idea amigo-enemigo. Ante ello, el discurso estatal buscó renovarse al convertirse en una variante de la metáfora de la "manzana podrida", que es utilizada en la cultura norteamericana. Esta alegoría se refiere a que un elemento social (una persona o un grupo) que tenga rasgos antisociales es suficiente para generar una especie de contagio y provocar que otros se comporten de la misma manera (una manzana podrida dentro de un barril de manzanas en buen estado, puede afectar al resto). De manera muy clara, durante los gobiernos de Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría y José López Portillo, el discurso gubernamental alrededor de las guerrillas no buscaba entender o explicar el surgimiento de estos grupos, sino demostrar los vínculos de agentes externos (nacionales o extranjeros) con las comunidades (las manzanas podridas) que provocaban artificialmente la violencia. Con el transcurso de los sexenios fueron diversos los grupos externos (comunistas, mestizos en las comunidades indígenas, izquierdistas, rusos, cubanos, norteamericanos, etcétera). Respecto del movimiento estudiantil de 1968, Díaz Ordaz declaró en diversas ocasiones que se trataba de una conjura externa cuyo objetivo era desestabilizar su gobierno y que su actuación salvó al país de una catástrofe, aunque implicara la muerte de personas.⁶¹ Por su parte, Echeverría declaró a periodistas extranjeros que la violencia era  provocada desde "fuera" buscando generar la represión gubernamental. Incluso, señaló que los actos de terrorismo eran financiados por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en ingles) para presionar a los gobiernos latinoamericanos que buscaban obtener mejores precios para sus productos de exportación.⁶²

De este modo, los núcleos guerrilleros no surgían como resultado de las condiciones de pobreza, los maltratos de las autoridades o la falta de respuesta a las demandas sociales, sino por la presencia de agentes externos que traían ideas que generaban el descontento. Para la reproducción de este discurso, la información aportada por la Dirección Federal de Seguridad era crucial, pues daba elementos para sostener el discurso oficial. Así entonces, los participantes de una guerrilla eran vigilados para conocer sus posibles vínculos con otro tipo de organizaciones guerrilleras mexicanas o agentes externos. La vigilancia no obstante, no se limitaba a los aspectos meramente políticos de la vida de los sujetos. Uno de los propósitos fundamentales del registro minucioso de las actividades de estos individuos era proporcionar al Estado mexicano elementos que pudieran ser usados en perjuicio de ellos; en otras palabras, que constituyeran una debilidad, no sólo porque podría deslegitimarlos (un crimen pasado, vicio, etcétera) sino porque podrían ser esgrimidos como un arma en su contra y para su castigo. Así, por ejemplo, las familias de los guerrilleros eran objeto de esta misma vigilancia —aun a pesar de que en su mayoría se trataba de personas que no tenían ninguna participación en las protestas o la guerrilla. Sin embargo, bajo la misma idea de la manzana podrida, la autoridad suponía que estos ya habían sido "contaminados" así que eran tan culpables (o lo serían) como el sujeto opositor. De esta forma, el discurso oficial justificaba que los familiares de los guerrilleros fueran arrestados, maltratados, insultados, abusados y muchas veces ejecutados por parte de la policía, el ejército y los agentes de la DFS. Por ejemplo, las familias de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez fueron perseguidas y brutalmente asesinadas.⁶³

Conclusión

La presencia de los movimientos sociales y su interacción con los Estados, no pueden continuar siendo conceptualizadas como momentos de relaciones "contingentes" o excepcionales. Este tipo de acciones colectivas han demostrado ser un componente constante y siempre presente en las sociedades latinoamericanas. Los movimientos sociales no son momentos de inestabilidad en el orden social de nuestras sociedades, son componentes institucionalizados mediante los cuales los grupos sociales elevan demandas antes el poder.

A este respecto, los Estados han generado mecanismos cotidianos, permanentes y de largo plazo para dar respuesta a este tipo de interacciones sociales. Las políticas públicas, los trámites burocráticos y los grupos de inteligencia son respuestas permanentes, preventivas y anteriores que reorientan las movilizaciones sociales. Estos mecanismos endémicos tienen igual o mayor valor explicativo que las acciones contingentes o reactivas (uso de las fuerzas del orden, represión, negociación) que se utilizan una vez que un movimiento entra a su fase "pública" por medio de huelgas, marchas u otras maneras de manifestación. La propuesta de Foucault sobre las tecnologías del poder de los Estados, nos permite reconstruir con una mayor complejidad las políticas y acciones concretas desde el poder frente a las protestas sociales.

Notas

¹ Viviane Brachet-Márquez. El pacto de dominación. Estado, dase y reforma social en México (1910-1995). México: El Colegio de México, 2001.         [ Links ]

² Octavio Rodríguez Araujo (coord.). México ¿Un nuevo régimen político?. México: Siglo XXI, 2009.         [ Links ]

³ Wayne A. Cornelius, Ann L. Craig, y Jonathan Fox (eds.). Transforming Sate-Society Relations in Mexico: the National Solidarity Strategy. San Diego: Center for U.S. Mexican Studies, University of California, 1994.         [ Links ]

⁴ Gilbert M. Joseph and Daniel Nugent (edit.). Everyday Forms oí State Formation. Revolution and The Negotiation oí Rule in Modern Mexico. Durham: Duke University Press, 1994.         [ Links ]

⁵ Charles Tilly. "War Making and State Making as Organized Crime". Peter B. Evans, Dietrich Rueschemeyer y Theda Skocpol (ed.). Bringing the State Back in. Cambridge: Cambridge University Press, 1985, pp. 169-191.         [ Links ]

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⁷ Diana Margarita Favela Gavia. Protesta y reforma en México. Interacción entre Estado y sociedad 1946- 1997. México: UNAM, 2006.         [ Links ]

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¹⁷ Florencia E. Mallon. "Reflections on the Ruins: Everyday of State Formation in Nineteenth- Century Mexico". Joseph y Nugent (eds.). op. cit., pp. 69-106.

¹⁸ Brachet-Marquez, op. cit.

¹⁹ Michel Foucault. Seguridad, territorio y población. Buenos Aires: FCE, 2004.         [ Links ]

²⁰ Theda Skocpol. "Bringing the State Back In: Strategies of Analysis in Current Research". Evans, Rueschemeyer y Skocpol (eds.). op. cit., pp. 3-43.

²¹ Max Weber. Economía y Sociedad. Vol. 2. México: FCE, 1922, cap. IX.         [ Links ]

²² Skocpol, op. cit.

²³ Por ejemplo, Sergio Zermeño (coord.). Movimientos sociales e identidades colectivas. México en la década de los noventa. México: La Jornada ediciones-Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, UNAM , 1997;         [ Links ] Neil Harvey. "La lucha por la tierra en Chiapas: estrategias del movimiento campesino". Sergio Zermeño y Aurelio Cuevas. Movimientos sociales en México. México: Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Humanidades, UNAM , 1990, pp. 187-202;         [ Links ] Carlos Montemayor. La violencia de Estado en México. Antes y después de 1968. México: Random House Mandadori, 2010.         [ Links ]

²⁴ Por ejemplo, Theda Sckopol. States and Social Revolutions: A Comparative Analysis of France, Russia and China. Cambridge: Cambridge University Press, 1979;         [ Links ] Alain Touraine. Producción de la sociedad. México: UNAM, 1973;         [ Links ] John Holloway, Simon Picciiotto (comp.). State and capital: A Marxist debate. Londres: Arnold, 1978.         [ Links ]

²⁵ Theda Sckopol. El Estado regresa al primer plano: Estrategias de análisis en la investigación actual. El texto es una revisión de la presentación "Bringing the State Back in: False Leads and Promising Starts in Current Theories and Research". Conference of Social Science Research Council, States and Social Structures: Research Implications of Current Theories, Nueva York, 1982 (http://www.bibliotecajb.org/Portals/0/docs/Maestrias/Alta_Di-reccion_Publica/19.%20El%20Estado%20regresa%20al%20primer%20plano%20(Skocpol).pdf).

²⁶ Sckopol, States...

²⁷ Velázquez García. "Old and New..."

²⁸ Foucault, op. cit.

²⁹ Donatella Della Porta. "Movimientos sociales y Estado: algunas ideas en torno a la represión policial de la protesta". McAdam, McCarthy y Zald, op. cit., pp. 100-142.

³⁰ Francisco Zapata. Ideología y política en América Latina: México: El Colegio de México, 2001.         [ Links ]

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³² James Petras y Henry Velt-meyer. Social Movements in Latin America: Neoliberalism and Popular Resistance. Hampshire: Palgrave Macmillan, 2011.         [ Links ]

³³ Sergio Zermeño. La sociedad derrotada. El desorden mexicano del fin de siglo. México: Siglo XXI-UNAM, 1996.         [ Links ]

³⁴ Jorge Alonso (coord.). El Estado Mexicano. México: Editorial Nueva Imagen-Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, 1982.         [ Links ]

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³⁶ Slater, op. cit.

³⁷ Foucault, op. cit.

³⁸ Miguel Armando López Leyva. "Los movimientos sociales en la incipiente democracia mexicana. La huelga de la UNAM (1999-2000) y la marcha zapatista (20002001)". Revista Mexicana de Sociología. México, UNAM, vol. 70, núm. 3, julio-septiembre de 2008, pp. 541-587;         [ Links ] Julio Moguel. "La vía campesina de desarrollo en México (crisis del modelo farmer, pervivencia y reproducción del modelo indio-comunitario)". Zermeño (coord.). Movimientos sociales e identidades... , pp. 109-123.

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⁴² Manuel de la Noval. "Movimiento obrero y cardenismo". Jorge Alonso (coord.), op. cit., pp. 109-151.

⁴³ John McCarthy and Wolfson Mark. "Consensus Movements, Conflict Movements, and the Cooptation of Civic and State Infrastructure". Morris y Mueller, op. cit., pp. 273-97.

⁴⁴ Los tres próximos apartados tienen como fuente bibliográfica principal tres escritos de Foucault: Seguridad, territorio y población, Defender la sociedad y Estrategias de Poder. No citarlos constantemente busca hacer menos pesada la lectura, pero es necesario reconocer que los conceptos y el marco general de análisis son tomados de estos escritos.

⁴⁵ Michel Foucault. Defender la sociedad. Buenos Aires: FCE, 2000.         [ Links ]

⁴⁶ Michel Foucault. Estrategias de Poder. Vol. II. Barcelona: Paidós, 1999.         [ Links ]

⁴⁷ Brachet-Márquez, op. cit.

⁴⁸ Zapata, Ideología y política...

^49 Carlos Alberto Torres. "El corporativismo estatal, las políticas educativas y los movimientos estudiantiles y magisteriales en México". Revista Mexicana de Sociología. vol. 53, núm. 2, abril-junio de 1991, pp. 159-183.         [ Links ]

⁵⁰ Cornelius, Craig y Fox (eds.), op. cit.

⁵¹ De la Noval, op. cit.

⁵² Brachet-Márquez, op. cit.

⁵³ Idem.

⁵⁴ De la Noval, op. cit.

⁵⁵ Simonian Lane. Defending the Land of the Jaguar. Austin: University of Texas Press, 1995.         [ Links ]

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⁵⁸ Velázquez Guzmán, op. cit.; Velázquez García, op. cit.

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⁶⁰ Aaron W. Navarro. Political Intelligence and the Cieation of Modem Mexico, 1938-1954. Pennsylvania: Penn State University Press, 2010.         [ Links ]

⁶¹ Montemayor, op. cit.; Laura Castellanos. México Armado 1943-1981 México: Editorial Era 2010.         [ Links ]

⁶² Mexico's Embassy, 1974. MEXICO05 75 7_b "ECHEVERRIA DISCUSSES GUERRILLA LEADER CABANAS" 1974 July 9, 22:21 (Tuesday) Wikileaks (2013). Encontrado el 10 de abril de 2013 en: https://www.wikileaks.org/plusd/cables/1974MEXICO0575_b.html.         [ Links ]

⁶³ Laura Castellanos, op. cit.