Hacia un nuevo marco para la compresión de la crisis de ciudadanía social en México: una perspectiva desde la representación política

Érika Patricia Salas Rueda*

* Estudiante de Doctorado de Estudios Humanísticos. Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, serik_patt@hotmail.com

Fecha de recepción: 02/02/2012 ]]> Fecha de aceptación: 24/07/2012

Resumen

La ciudadanía es un tema que hoy en día tiene la necesidad de ser estudiado y analizado, ya que en las democracias actuales no se observa el suficiente involucramiento ciudadano. Dada esta urgencia de análisis, un concepto clave es la comprensión de la ciudadanía social como un elemento esencial en cualquier sistema político. Particularmente, en México es necesario comprender a la ciudadanía social como condición sine qua non para la ejecución de su acción política en el espacio público y, por consecuencia, de una ciudadanía plena.

Las condiciones sociales y el nivel de bienestar con los que hoy cuenta México no garantizan la ciudadanía social para toda la población. Uno de los diversos factores que puede explicar la situación señalada es el quiebre del vínculo representativo entre ciudadano y representante. En el presente artículo se analizará esta relación.

Palabras clave: ciudadanía, ciudadanía social, representación política, vínculo representativo.

Abstract

Nowadays, the concept of citizenship must be studied and analyzed. The social citizenship is an aspect which must be considered in every political system. In México, this concept has to be understood as a sine qua non condition for the political exercise in the public sphere. The present social conditions and the welfare level in Mexico do not guarantee the development of social citizenship. This weakness could be explained by many reasons; however, in México it could be explained by the analysis of the representative linkage breaking. In this article will explain this relation.

Key words: citizenship, social citizenship, political representation, representative linkage.

Introducción

El tema de ciudadanía es hoy en día un factor esencial para la discusión de la evolución de los sistemas democráticos. El desarrollo y la inclusión del ciudadano en el espacio público se convierten en un sistema de evaluación de cualquier sistema que pregona la democracia. Sin embargo, es necesario aclarar que la evolución ciudadana en cada espacio público depende de las características particulares del contexto en donde se desarrolla a saber, las características del sistema político, la evolución de la cultura política, el desarrollo de la representación política, el impacto de la participación política, entre otros muchos factores.

Por tal motivo, el presente texto se situará en un contexto específico y particular: el mexicano. Hoy en día, el Estado mexicano se encuentra ante un enorme reto para la evolución del sistema democrático, ya que el eje principal, la ciudadanía, se encuentra en un impasse. En otras palabras, el ciudadano se encuentra con dificultades en su desarrollo, principalmente en lo referente a su acción política.

La poca presencia del ciudadano mexicano en el espacio público se puede analizar a través de diversos elementos. No obstante, la comprensión de esta situación tiene que ver desde lo más elemental de la sociedad, es decir, el desarrollo de las condiciones sociales que le permitan participar en el espacio público. Por tal motivo, desde mi punto de vista, es indispensable reconocer la importancia de la ciudadanía social en el sistema político mexicano como un factor a priori para el desarrollo del involucramiento ciudadano, ya que sin la existencia de una vida digna, el ciudadano se preocupará más por lograr sobrevivir que por participar en el espacio público.

El objetivo principal de este artículo es mostrar la conexión eminente entre la representación política y el desarrollo de la ciudadanía social. Para ello, se describirá el panorama del estatus de la ciudadanía social en México, para posteriormente hacer la articulación con la representación política desde la óptica del vínculo representativo.

Actualmente en México, si bien existen elementos que permiten reconocer la existencia de la ciudadanía social, también es posible determinar que ésta se encuentra cubierta de una espesa bruma que la convierte en un factor difuso para la sociedad. Por lo que se hará mención de que una de las causas más importantes de la indeterminación de la ciudadanía social es en gran medida la falta de afianzamiento del vínculo representativo en el Poder Legislativo de México.

Finalmente, en función de la descripción de la problemática del vínculo representativo en el Poder Legislativo mexicano, se propondrá reconfigurar la visión teórica del vínculo representativo a través de las propuestas teóricas de Nancy Fraser e Iris Young.

Reencontrar a la ciudadanía social

La ciudadanía social no debe ser considerada como un elemento aislado de un proceso complejo como es la ciudadanía, al contrario, es necesario reconsiderarla como una etapa o un factor que sea parte del espectro de la misma. Una postura clara y explícita sobre este proceso es dada por José Rubio Carracedo, quien explica: "Nadie nace demócrata, como nadie nace ciudadano. La ciudadanía, en efecto, es un largo proceso de aprendizaje que nunca termina en el que se combinan factores cognitivos (instrucción), factores motivacionales (volitivos) y factores conativos (se llega a ser ciudadano ejerciendo la ciudadanía)".¹ Esta postura es posible complementarla con los factores sociales, los cuales representarán la garantía de condiciones de tal índole. éstos se integrarían como precondición para el desarrollo de factores cognitivos, motivacionales y conativos.

Sin embargo, se abre el cuestionamiento, ¿cómo es posible integrar factores sociales a un proceso de aprendizaje? Los factores sociales propiciarían las condiciones básicas para el desarrollo mismo de los demás factores, cuya garantía y obtención deben ser el resultado de la conjugación de la autonomía ciudadana y el Estado de derecho.

Aunque sería interesante hacer un estudio más exhaustivo a través del análisis de estos factores, no obstante, el presente artículo se enfocará a los factores sociales como garantía del desarrollo del ejercicio ciudadano, y con ello de una democracia madura.

El concepto de ciudadanía social es una aportación de T. H. Marshall como un elemento más que integra la complejidad del mismo. Su teoría se desarrolló con mayor profundidad en su obra publicada en 1950: Ciudadanía y clase social.²

La teoría de Marshall explica la necesidad de la comprensión de la ciudadanía bajo tres dimensiones: la política, la civil y la social. Estas tres categorías las reconoce como elementos interdependientes para la constitución de una ciudadanía plena.

Marshall explica que tanto la ciudadanía política como la civil se han logrado alcanzar tras un proceso histórico importante. Ambas dimensiones se convierten en una realidad como hecho jurídico, es decir, como derechos garantizados por el Estado.

Por su parte, la ciudadanía política es explicada por Marshall como "el derecho a participar en el ejercicio del poder como miembro de un cuerpo investido de autoridad política o como elector de sus miembros".³ La ciudadanía política se traduce a través de la óptica del sufragio, es decir, el derecho a votar y ser votado. La dimensión política de la ciudadanía se convierte en un factor determinante para la construcción de una ciudadanía plena, ya que es la expresión de la voluntad ciudadana, así como una herramienta esencial de rendición de cuentas.⁴

Por otro lado, Marshall reconoce a la ciudadanía civil como la principal fuente de poder social al "componer(se) de los derechos necesarios para la libertad individual: libertad de la persona, de expresión, de pensamiento y religión, derecho a la propiedad y a establecer contratos válidos y derecho a la justicia".⁵

El sentido de garantía hacia la protección e impulso de la libertad individual permite al ciudadano reconocerse como parte de una comunidad, ya que como lo afirma Marshall "los derechos civiles se encargaron de crear 'esas primeras sensaciones de pertenencia a una comunidad y a un patrimonio común', de lealtad a una civilización 'de hombres libres, dotados de derechos y protegidos por un derecho común'".⁶

La garantía de la existencia de la ciudadanía social proveerá bienestar al ciudadano que posibilitará su integración en lo político. Para este autor, el bienestar, en el sentido amplio, se entiende como "un compuesto de medios materiales y fines inmateriales que está localizado en algún lugar en el eje que gira entre los polos de la prosperidad y la felicidad".⁷ El alcance de bienestar logrará la obtención de una vida digna. Es importante resaltar que la perspectiva marshalliana ubica el alcance de bienestar a través de derechos sociales desde un enfoque de necesidades.

Es cierto que la generación de bienestar a través de la garantía de seguridad y un mínimo de bienestar económico es esencial para el proceso de acción ciudadana. Sin embargo, no es tan sencillo determinar ambos elementos. Ante esta dificultad se identifican dos cuestionamientos. El primero, tiene que ver con la universalidad de estos derechos. Como lo afirma Marco Freijero, no se puede dotar de universalidad a estos derechos, ya que éstos cubren las necesidades de los individuos, y son diferentes en cada sociedad y en cada contexto. Aunque las sociedades en general tienen la necesidad de alimento, salud, seguridad, etcétera, hay que considerar que los procedimientos deben de contemplar la cultura y el contexto de cada sociedad.⁸

Y la segunda interrogante contempla el identificar o explicar qué tipo de bienestar se debe garantizar. Esta segunda complejidad se puede trabajar considerando que existen diversos debates respecto a la definición de bienestar, como la postura de Marshall que se acaba de mencionar hasta la perspectiva de Amartya Sen quien reconoce la importancia de bienestar, como enriquecimiento de la vida, para la generación de capacidades.

La perspectiva de Sen es más amplia que la de Marshall, ya que enfatiza la importancia de ampliar el concepto de bienestar no sólo a través de la garantía de bienes materiales sino a través de la generación de un ambiente que propicie capacidades. La existencia de esta condición fomentará la autonomía. Con relación a esta idea, Frejeiro señala que Sen condiciona a la autonomía a partir de la garantía de ciudadanía social.

La ciudadanía social debe ampliar sus límites más allá de la provisión de bienes materiales porque no es en ellos donde radica exclusivamente el bienestar. No hay bienestar posible si los individuos no pueden transformar esos bienes en verdaderas capacidades. Para gozar de autonomía, es decir, de libertad para decidir qué hacer con sus vidas, los individuos deben disponer de determinadas oportunidades sociales, desde las más básicas (alimento, vivienda, salud, educación, etcétera), hasta otras más complejas (como la inclusión en el mercado laboral, las garantías de justicia, la participación política o la redistribución de recursos).⁹

La visión de este autor toma como punto de referencia a la libertad para el desarrollo de oportunidades. "La libertad nos brinda más oportunidad para el alcance de nuestros objetivos, aquellas cosas que le damos valor. ésta ayuda en nuestra habilidad de decidir vivir cómo nos gustaría y promover las finalidades que buscamos alcanzar".¹⁰

La libertad es el eje condicionante para que el individuo se pueda desarrollar. La visión de Sen retoma la importancia de este valor para la autonomía del individuo, lo que pone en el mismo tenor de posturas de liberalismo social, inclusive republicanas al reconocer la importancia de este valor. Sen plantea la necesidad de tener oportunidades para acceder a las capacidades que le permitirá obtener la libertad para el impulso de una vida digna.

Ahora bien, como se mencionó con anterioridad, el enfoque de Sen difiere del de Marshall, inclusive difiere de la visión de John Rawls, dado que de esta propuesta busca ir más allá del reconocimiento de bienes materiales o bienes primarios. Así, Sen enfatiza que el enfoque de capacidades "ayuda a traer un cambio de enfoques evaluativos, el más notable es el que John Rawls llama 'bienes primarios' es decir, medios omnivalentes (all-purpose means) como ingreso y riqueza, poderes, prerrogativas, bases sociales de autorrespeto, etcétera".¹¹

Es aquí donde se recupera el eje de este artículo, ya que Sen propone reconocer que "el enfoque de capacidades no sólo es lo que la persona en realidad termina haciendo, sino en lo que de hecho es capaz de realizar"¹³ es decir, resalta la importancia de generar oportunidades sociales (ciudadanía social) para el alcance de lo anterior.

Dadas las características que se han mencionado acerca de la ciudadanía social, ¿qué importancia tiene garantizar este tipo de ciudadanía? Sin la existencia de esta dimensión, se obstaculizará el desarrollo de la autonomía y con ello, se imposibilitará la acción ciudadana. Por lo tanto, la ciudadanía social se convierte en un elemento sine qua non para la generación de una ciudadanía plena.

La autonomía desde el enfoque de Marshall implica que el ciudadano se sepa consciente de su capacidad de reflexión para la toma de decisión, por lo que la ausencia de garantía del factor social prácticamente obstruirá el alcance de una etapa de autonomía. Esto probablemente provocará la creación de un estatus heterónomo del ciudadano, mismo que hará que las personas sean fácilmente manipulables por su entorno en el sentido que no son capaces de lograr la autorrealización y sus conductas no se caracterizarán por seguir el criterio de racionalidad.

Al no contar con la generación de autonomía se obstaculizará la facultad de practicar la ciudadanía activa. Desde la visión de Hannah Arendt la acción ciudadana implica el involucramiento en lo político a través de la participación y el discurso en el espacio público. "Con palabra y acto nos insertamos en el mundo humano, y esta inserción es como un segundo nacimiento, en el que confirmamos y asumimos el hecho desnudo de nuestra original apariencia física".¹⁴ La inserción en el mundo, como lo afirma Arendt, debe contemplar el reconocimiento de las prioridades del espacio privado y del público, es decir, la distinción entre ambas esferas sin que se confundan o se fusionen.

Por lo tanto, la falta de garantía de una ciudadanía social implicará, por un lado, que sea difusa la división entre lo público y lo privado, y aún más, se dará prioridad a este último creando un proceso de desvanecimiento de lo público. Es decir, sin la seguridad de la existencia de una ciudadanía social, el individuo buscará realizarse en función de sus necesidades básicas, y relegará su dimensión política. Por ello, la insatisfacción de necesidades, desde el punto de vista de Marshall, y la falta de capacidades, desde el punto de vista de Sen, implicarán que el individuo priorice la búsqueda de los mismos para satisfacer estos elementos, lo que generaría, como consecuencia, que lo político quede relegado. Con ello, tal situación es aprovechada por ciertos actores políticos que secuestran el espacio público en función de intereses muy particulares desviados del interés común. Este secuestro, a su vez, genera un círculo vicioso, ya que se imposibilita la exigencia de derechos políticos, civiles y, sobre todo, sociales:

[...] entonces, de la privación del espacio público, del espacio de aparición, son nefastas: el término "privado" cobra toda su fuerza, ya que significa quedar encapsulados en nuestra propia subjetividad, sin la presencia de los demás, que son los testigos de nuestra misma existencia. Quedamos privados del sensus communis y, con ello, nos aproximamos a la locura, puesto que, para Arendt -siguiendo a Kant en ello- no podríamos comunicarnos con los demás, tan sólo podríamos expresar mediante gestos nuestras emociones.¹⁵

La retracción hacia el espacio privado de la sociedad no sólo genera que el espacio público sea la plataforma para la satisfacción de intereses muy particulares, sino también existe la amenaza que el proceso de socialización se vea peligrosamente afectado, lo que implicaría una suerte de desconfianza y un quiebre fuerte en el tejido social.

Por lo tanto, para evitar este tipo de defectos es necesario considerar que la garantía de la ciudadanía social dependerá de la forma en que se defina el factor bienestar o la forma en que sea entendida; es decir, desde el enfoque de necesidades o desde la visión de las capacidades.¹⁶ La definición de bienestar deberá ser vista desde la comprensión del contexto y sistema político en que vive cada sociedad y, sobre todo, en reconocer en qué etapa de democracia se encuentra el sistema y la misma sociedad.

La ciudadanía social. ¿Aspecto presente en el sistema político mexicano?

En la presente sección se busca realizar un esbozo de la realidad social del ciudadano mexicano en función de ciertos derechos sociales, para así poder determinar si de facto éstos están presenten en la vida de la sociedad.

En la Constitución Política Mexicana se identifica el reconocimiento jurídico de 5 derechos sociales esenciales: 1) educación (art. 3); 2) alimentación (art.4); 3) vivienda (art.4); 4) Trabajo (art. 123) y 5) salud (art. 4).

El reconocimiento constitucional de estos derechos representa el tener una base jurídica que respalde el cumplimiento de los mismos. Sin embargo, se logra identificar que la descripción detallada sobre su definición y la forma de garantía de los mismos se encuentran poco claros y, por ende, en la ambigüedad. Tal y como lo apunta el Informe del Consejo Nacional de Evaluación de Políticas de Desarrollo Social (CONEVAL): "los preceptos constitucionales no precisan suficientemente el alcance de los derechos sociales, las circunstancias que los hacen exigibles y las formas específicas en que el Estado está obligado a atenderlo".¹⁷ La falta de una definición ampliada y la indefinición de la atención de los mismos, representa una enorme deficiencia para lograr el alcance de una ciudadanía social, ya que desde la base es posible identificar el déficit con que se parte para el posible cumplimento de estos derechos.

Ahora bien, como ya se ha hecho mención, la ciudadanía social depende de la forma en que se define el concepto de bienestar y con base en ello, la forma en que se busca su garantía.

Se puede describir, según el Consejo Nacional de Evaluación de Políticas de Desarrollo Social (CONEVAL), que el bienestar es determinado por el concepto de línea de bienestar el cual se define como el valor monetario de la canasta alimentaria y no alimentaria del consumo básico. En el año 2010, la línea de bienestar urbana fue de $2 134.33 y la línea de bienestar rural fue de $1 346.74 mensuales. Aquellas personas que se encuentran en esta clasificación, son catalogadas dentro de la variable de pobreza.¹⁸ Y en este sentido, se puede identificar que en México la definición de bienestar está acotada a la definición de necesidades básicas desde el punto de vista de Marshall.

Asimismo, se identifica otro valor de bienestar, es decir, la línea de bienestar mínima la cual se define como el valor monetario en un mes determinado de una canasta alimentaria básica. Aquellos individuos que se encuentran en esta categoría, son determinados dentro de la pobreza extrema. La línea de bienestar mínima urbana fue de $990.86 y la línea de bienestar mínima rural fue de $697.96.

El valor tanto de la línea de bienestar como de la línea de bienestar mínima representa la situación económica que viven numerosas familias mexicanas, es decir, expresan la dificultad monetaria para cubrir necesidades básicas. En función de ambas variables se tiene un panorama alarmante sobre el estatus de la pobreza en México, ya que según las cifras del 2010, existen 52 millones de personas en pobreza, y 11.7 millones en pobreza extrema.

Estas cifras expresan la realidad de un México con un enorme problema de desigualdad y, por ende, de redistribución del ingreso, ya que de los 112 336 538 de mexicanos (Censo 2010) cerca del 56% de la población se encuentra en condiciones de pobreza, es decir, deben cubrir sus necesidades básicas con un ingreso que oscila entre 70 pesos al día (5 dólares aproximadamente) a 23 pesos al día (1.6 dólares aproximadamente).¹⁹

A continuación se presentará un pequeño esbozo de alguno de los indicadores que se han mencionado, con la finalidad de dibujar el contexto de bienestar en el que se desenvuelve la ciudadanía.

Un primer elemento que se hizo alusivo conforme a los derechos sociales es el trabajo. El desempleo es un factor que ha prevalecido en los diferentes gobiernos, dados los problemas de crisis económicas y políticas que han permeado el contexto del sistema político. Al terminar el año de 2010 la tasa de desempleo se estableció en 4.94%,²¹ aproximadamente 2.3 millones de desempleados.

El desempleo en México impulsa el establecimiento del sector informal, el cual a su vez afecta en la obtención de otros derechos o beneficios sociales como la salud o créditos de vivienda, al no contar con un empleo que a su vez no registre la recaudación de impuestos. El desempleo, se convierte en el pivote de un círculo vicioso, al ser el causante de la incapacidad del ciudadano para obtener una cadena de beneficios sociales.

El impacto de éste se vislumbra en la obtención de un derecho esencial para todo individuo, el de la salud. Este derecho hace algunos años estaba limitado a aquellos que eran asegurados por sus patrones, por lo que, para quienes contaban con un trabajo informal era muy complicado recibir el servicio de salud. A partir del gobierno de Fox, se tiene el programa llamado Seguro Popular, el cual no requería tener un ingreso fijo o un trabajo en términos formales. Esto ha llevado a que actualmente, existan 75.2 millones de personas como derechohabientes en el 2010, de los cuales 48.8% pertenecen al IMSS (Instituto Mexicano de Seguro Social), Seguro Popular o para una Nueva Generación, 36.2%, 8.7% ISSSTE, Institución Privada (2.8%), PEMEX, Defensa Nacional o Marina 1.5 %. Otras Instituciones 3.5%.²²

Otro de los indicadores es la alimentación. Este factor es el reflejo de la acumulación de pobreza y desempleo que se experimenta en las diversas regiones del país. Se alcanzó en 2011 un importante logro jurídico, es decir, la reforma constitucional de los artículos 4 y 27, fracción 20, donde se establece el reconocimiento del derecho a la alimentación para toda persona, así como la obligación del Estado de garantizarlo.²³ Sin embargo, aún con este importante logro, México es uno de los países con dos graves problemas: de desnutrición infantil y de obesidad en población infantil y adulta. El 13% de los niños, es decir alrededor de 1 millón 400 mil, padecen problemas de anemia crónica y uno de cada tres infantes sufre problemas de obesidad y de sobrepeso.²⁴ Asimismo, sumando las dos condiciones de exceso de peso, preobesidad y obesidad, existe 71.9% de mujeres y 66.7% de hombres en el país con esta condición.²⁵

Actualmente, el 40.2% de los hogares en México reciben alguna ayuda alimentaria, siendo Oportunidades el que contribuye con 25%, y el resto compete a Liconsa, Desayunos Escolares y la provisión de medicinas y minerales.²⁶

Finalmente, la vivienda y la educación son otros dos indicadores que también permiten evaluar el alcance del bienestar de la ciudadanía. Por el lado de la vivienda, se puede afirmar que la oportunidad de obtener créditos para lograr tener una vivienda propia es una realidad para muchos, sin embargo hay que considerar que créditos como INFONAVIT sólo son prestaciones para personas que reportan ingresos. Los créditos ejercidos para viviendas²⁷ han sido en el 2010, 1 102 843 (INFONAVIT, SHF, FOVISSSTE, FONHAPO, Sedesol, Organismos Estatales). Por lo que, éste se vuelve más complicado si consideramos el creciente sector informal del país.

Por el lado de la educación, es posible identificar que este derecho es el que ha ido cambiando y evolucionando día con día. Así, en el año 2010, la población analfabeta de 15 años o más correspondió al 6.9% a nivel nacional (disminuyó notablemente en comparación al 2005, 8.4%). El 94% de la población del 5 a 14 años asiste a la escuela.²⁸ No obstante, uno de los grandes problemas del país ha sido la deserción escolar, ya que a partir de los 15 años este factor asciende, ya que los jóvenes comienzan a ser parte de la fuerza laboral para el apoyo de la economía del hogar.

Se ha presentado una breve valoración estadística sobre el estatus de cinco derechos sociales fundamentales, la cual permite identificar que muchos mexicanos no cuentan con estos derechos. La presentación de cada una de estas cifras invita a reconocer que la ciudadanía social en México está en proceso de desarrollo, ya que si bien se ha garantizado la existencia de los mismos, jurídicamente, sigue existiendo importantes puntos de flaqueza que han impedido el desarrollo de la sociedad en términos de necesidades básicas y capacidades. El ciudadano mexicano no cuenta con una plataforma que cubra necesidades básicas, y esto le ha impedido desarrollar una ciudadanía social, y por consecuencia una ciudadanía plena guiada por un sentido de autonomía.

Por lo tanto, es posible describir que el estado de la actual ciudadanía social en México es aún endeble, y su permanencia es una importante amenaza para el desarrollo de la acción y, por ende, de la autonomía ciudadana.

Con lo anteriormente señalado, es posible cuestionarse ¿cuáles son los factores que han permitido la permanencia de esta condición? Sin duda, la persistencia de la misma puede ser generada por numerosos factores políticos, por tal motivo el presente artículo se abocará a reconocer que una de las posibles razones de la debilidad de la ciudadanía social es la fragilidad del vínculo representativo. En otras palabras es la consecuencia de la desconexión entre ciudadanos y representantes en el contexto del poder legislativo. Dicho elemento se expondrá con mayor detalle en el siguiente apartado.

Quiebre del vínculo representativo

Los datos que se acaban de presentar demuestran que las necesidades básicas del mexicano no se cubren en su totalidad, lo que refleja la flaqueza del desarrollo de una ciudadanía social. Las causas que han permitido la actual situación de la sociedad mexicana pueden ser diversas, ya sea por la falta de planeación de programas sociales, por la ausencia de políticas públicas integrales. Sin embargo, el presente artículo busca enfatizar que una de las posibles causas del debilitamiento de la ciudadanía social comienza por la falta de reconocimiento del mismo ciudadano por parte de sus representantes, así como la no satisfacción de necesidades básicas. Dicha situación ha sido generada por el decaimiento que existe en el vínculo representativo entre ciudadanos y representantes. En otras palabras la insatisfacción de los derechos sociales se debe a que los legisladores al no representar los intereses ciudadanos también omiten las exigencias que implica la ciudadanía social.

El concepto de vínculo representativo se entiende como "aquel que genera derechos y obligaciones para ambas partes, además de una fuerte dosis de legitimidad para la toma de decisiones. La presencia de este vínculo y su organización son una exigencia en la lógica de los estados modernos".²⁹ El vínculo representativo se explicará con base en dos ejes: la exigencia de la legitimidad de los representados y la expresión de la voluntad del representado.

Hacer alusión a este vínculo necesariamente se debe comprender desde la articulación de poder-legitimidad-autoridad. El acto de representar contempla una delegación voluntaria de poder. En este sentido, el vínculo representativo se define como el principio por reconocer quién decide dar el poder de voz y decisión, es decir, la figura del representado. Posteriormente, éste elige quién será el delegado o fiduciario de su voluntad y es, en ese momento, cuando comienza el proceso de legitimación al hacer referencia a algún valor o creencia para el reconocimiento de su posible representado. Una vez que se legitima la elección, el representante se convierte en una figura de autoridad, la cual según Weber, se convierte en el ejercicio institucionalizado del poder.³⁰

Dada esta descripción, ¿es posible reconocer esta articulación en el poder legislativo federal en México?

El primer elemento, es decir, el reconocimiento del representado es una etapa que se encuentra con numerosas ambigüedades. Y está íntimamente relacionada con la expresión de la voluntad del representado que integra el vínculo representativo al que estamos aludiendo. "Una buena representación depende de la efectividad de los mecanismos establecidos para disuadir el comportamiento irresponsable de los gobiernos; pero también de los recursos y oportunidades a disposición de los ciudadanos para hacerse juicios informados sobre la acción de sus representantes y poder actuar en consecuencia sin ser coaccionados ni manipulados".³¹

Dentro del proceso del trabajo legislativo, se reconocen 5 etapas: 1) Iniciativa de Ley; 2) Presentación del Pleno en la Cámara de Origen; 3) Presentación al pleno en la Cámara Revisora; 4) Remisión al Ejecutivo, y 5) Promulgación y publicación.

¿Es posible que el ciudadano presente una iniciativa de ley? La respuesta es no. Según el artículo 71 de la Constitución Política Mexicana establece que los actores facultados para presentar iniciativas de ley, son el Presidente, Legisladores Federales, órganos correspondientes a las legislaturas, y Asamblea Legislativa del Distrito Federal. No obstante, el hecho de que el ciudadano no esté autorizado a presentar iniciativas de ley, no implica que la elaboración de las mismas sea exclusiva de estos actores. En este sentido, el ciudadano tendría una oportunidad para generar propuestas que impulsarán diversos temas como la satisfacción de necesidades básicas.

Sin embargo, aquí se observa la primera debilidad de los mecanismos, ya que aún cuando el legislador es quien debe representar al ciudadano, éste no tiene un acercamiento certero con su representado después de la elección, ya que no se tienen canales de comunicación institucionalizados funcionales para tales efectos, por lo que la posibilidad de ser considerada una propuesta hecha por grupos ciudadanos se dificulta en gran medida. Aunque no es imposible.

Además, el representado no reconoce formas de un posible acercamiento con su representado, ya que la posibilidad de tomar en cuenta una propuesta ciudadana se da sólo si el asesor legislativo decide tomar dichas propuestas y presentarlas al legislador. Un punto importante, es que la principal función del asesor legislativo es apoyar al legislador, más no atender al ciudadano, por lo que se observa, otro obstáculo para una efectiva comunicación.

Otro punto a considerar dentro del trabajo legislativo, es la necesidad de integrar grupos parlamentarios para el desarrollo del mismo. Esto implica que las decisiones de los representantes estarán influidas por los intereses de los partidos, ya que la conformación de este tipo de grupo coacciona la acción del legislador en función a lo que se concuerde como partido.

Sin embargo, es importante rescatar que en los artículos 30 y 78 de la Ley Orgánica del Congreso se establece la posibilidad de no integrar grupos parlamentarios, "debiéndoseles guardar las mismas consideraciones que a todo los legisladores y apoyándolos, para que puedan desempeñar sus atribuciones de representación popular". Aunque de jure existe la posibilidad de que el representante pueda efectuar la voluntad de quien lo eligió, de facto esto es sumamente complicado, ya que su trabajo como legislador queda sumamente limitado sin la pertenencia a este grupo. "El organigrama de los órganos de gobierno, así como de su conformación reglamentaria, impide que un diputado pueda actuar por su cuenta o pretenda manejarse al margen de su grupo parlamentario porque de lo contrario puede ser congelado por su respectivo legislador".³²

Otro punto es considerar la Junta de Coordinación Política. Las facultades de la Junta de Coordinación Política tienen un importante peso dentro de la organización de las Cámaras, ya que son los coordinadores de los grupos parlamentarios, integrantes de la Junta, quienes decidirán la asignación y conformación de Comisiones, figuras que cuentan con un peso sumamente trascendental en el proceso de la presentación y aceptación de iniciativas. Es un órgano que se caracteriza por imposición de voluntad, más que una conciliación de intereses, objetivo con el que está creado.

Finalmente, otro elemento que de alguna forma impide la posibilidad de la expresión del representado, es la figura del cabildeo. El cabildeo es un proceso "mediante el cual los grupos de interés o de presión ponen en conocimiento de los tomadores de decisiones políticas o de los diseñadores de políticas públicas sus puntos de vista con la intención de influir en sus resoluciones".³³ El problema con este proceso no radica en que esté negado para la ciudadanía a nivel jurídico, pero sí en la posibilidad para generar este proceso, ya que implica grandes costos económicos. Por lo que el cabildeo generalmente lo realizan empresas privadas o grupos de interés con capacidad económica que les permita solventar este proceso.

De hecho, el cabildeo ha sido considerado como un medio de participación ciudadana, ya que es un proceso que no se le niega a la sociedad, sin embargo, los obstáculos no sólo radican en los costos, sino en la presentación de propuestas mal elaboradas. El proceso de cabildeo en México está sumamente sistematizado, la clave en el juego legislativo y con ello, la posibilidad de la aceptación de una iniciativa radica en la genialidad de la estrategia para presentar la iniciativa, es decir, no basta con que se genere la iniciativa, sino cómo y con quién se debe acercar.

Ahora bien, otro de los elementos que componen el vínculo representativo es la exigencia de la legitimidad de los representados. "Para Weber la legitimidad es aquello que las personas creen legítimo. Referencia a algún valor o creencia comúnmente aceptado y forma parte del consenso del grupo".³⁵ La legitimidad se determina al reconocer cuál es el origen, el ejercicio y el desempeño del poder.

Se identifican tres etapas que contemplan la legitimidad: origen, ejercicio y desempeño. El origen es posible identificarlo a través del proceso de elección, es decir, el voto es el primer elemento que garantiza el vínculo representativo y con ello, la legitimidad de los representados. En función de la línea que se está analizando (Poder Legislativo) es posible observar un importante porcentaje de abstencionismo en las elecciones. En 1997 fue del 42.31%, en el 2003 fue del 58.32% y en el 2009 fue de 55.20%.³⁶

En relación con estas cifras, si menos del 50% de la ciudadanía mexicana deciden votar ¿qué es lo que faculta de legitimidad el Poder Legislativo? Sin duda, es una pregunta que abre la posibilidad de un análisis más profundo. Así como la posibilidad de abrir nuevos cuestionamientos como: ¿por qué la sociedad decide no votar? ¿Se percatan de la fragilidad del vínculo con sus representantes? ¿Es una forma de demanda o denuncia por parte de la ciudadanía? Lo que sí es posible reconocer es el hecho de que la representatividad en el Congreso Mexicano es débil si se considera el grave problema de abstencionismo. Y en ese sentido, el origen, es el primer eslabón de legitimidad que define al vínculo representativo es muy delgado y con una enorme fragilidad.

Por otro lado, la segunda etapa: el ejercicio, es posible relacionarlo con lo ya analizado sobre la expresión de la voluntad del representado. La legitimidad de la acción del representado se vislumbra no sólo con la intención de la representación del interés general, sino con la eficacia de este ejercicio. Dado que ya se detallaron los obstáculos para la expresión de la voluntad de la ciudadanía, no se abordará ésta.

Y la última etapa para la legitimación: el desempeño, es posible identificarlo a través de la rendición de cuentas. Cada acción y toma de decisiones del legislador debe de estar encaminada para una evaluación en función de la rendición de cuentas, quien permitirá al ciudadano conocer los avances y los logros, así como evaluar si se consiguió cumplir con las promesas del legislador. Si esta evaluación tiene un grado positivo encauza a que el ciudadano aumente su confianza hacia los representantes y por ende, se involucren más en el ejercicio de la política. De esta forma, el ejercicio de legitimación crea un sentido. Sin embargo, en México el proceso de rendición de cuentas no está claro ni a nivel normativo ni como un elemento de costumbre en el ejercicio legislativo. Por un lado, como ya se mencionó, no existen elementos necesarios para la institucionalización de un proceso comunicativo entre el representante y el representado. Aún cuando existen ciertas garantías de difusión del trabajo en el Pleno (art 131, de la Ley Orgánica del Congreso General y art. 184 y 205 del Reglamento para el Gobierno Interno del Congreso General),³⁷ no se señalan mecanismos que puedan ser utilizados por el ciudadano para conocer e informarse acerca de todo el proceso que éste implica, es decir, desde el proceso de elaboración y presentación de iniciativas, pasando por el estudio técnico de las Comisiones para el dictamen, culminando con su presentación en el pleno.

Asimismo, si se retoma que el ejercicio de rendición de cuentas se garantiza por la publicidad y la transparencia de todo el proceso legislativo, se podría pensar que es necesaria la existencia de parámetros claros sobre los procedimientos para el logro de los mismos. No obstante, aun cuando a nivel normativo se establecen ciertas pautas acerca de la garantía de estos elementos, no queda muy claro o son incompletos los procedimientos que garanticen la publicidad y transparencia. Esta situación se puede observar en el artículo 130 y 93 de la Ley Orgánica del Congreso. Es importante mencionar, que el artículo 93 establece la publicidad de sus actos sólo como posibilidad, más no se señala como obligación de las mismas. Por lo que, no se garantiza una transparencia plena si ésta la determinan los mismos miembros de las Comisiones. Además, esta disposición sólo se evidencia en lo referente a la Cámara de Senadores, ya que en el apartado de la Cámara de Diputados de la misma ley no se señala.

Otro elemento a considerar acerca de ese proceso, es la evaluación del desempeño legislativo. Ni en la Ley Orgánica ni en el Reglamento Interno se establecen mecanismos claros para esta evaluación. "Desde septiembre de 2003, se cuenta con informes públicos de la asistencia de los legisladores, aunque no se especifica cuándo una falta es 'justificada' y cuál es el criterio que aplican las mesas directivas para justificar las mismas, a pesar de que las causas estén señaladas expresamente en acuerdos parlamentarios tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados".³⁸

Actualmente, se encuentran diversos obstáculos que han debilitado y ensombrecido el vínculo representado y representante y trayendo como consecuencia la imposibilidad de lograr un bienestar óptimo por muchos ciudadanos mexicanos al no generar una ciudadanía social fuerte.

Asimismo, tal y como se mencionó, las características de la desvinculación con el representante, ha originado que el ciudadano por un lado, no fomente una confianza hacia sus representantes y, por otro, al prevalecer un interés elitista y partidista como prioridad en ese escenario, ha originando que las posibilidades para generar un bienestar, ya sea desde el punto de vista de Marshall o el de Sen, esté en una notoria opacidad, afectando así la capacidad autónoma del ciudadano y su inmersión en el espacio público "El mayor problema normativo de la representación es la amenaza de la desconexión entre el representante y los muchos que él o ella representa. Cuando los representantes llegan a estar muy separados, el electorado pierde el sentido de que ellos tienen influencia sobre el diseño de las políticas, lo que origina desafección y el retiro de su participación. Estableciendo y manteniendo legitimidad y un proceso inclusivo de representación permitirá evocar responsabilidad de los políticos y los ciudadanos".³⁹

Reformulación del vínculo representativo: una propuesta

En relación con lo expuesto, se observa que existe un déficit en la ciudadanía social en México, y una de las principales razones es la fragilidad de la conexión entre el representante y el representado. Se observa que es necesario hacer una reformulación del vínculo representativo, para ello, se mencionarán dos propuestas que permitirán dar un giro a la construcción de este vínculo, las cuales fomentarán un ejercicio de reconocimiento del representado.⁴⁰

Como un primer elemento se considerarán las ideas de Nancy Fraser. Aún cuando esta autora sitúa su teoría hacia la proyección de un mundo globalizado, me parece pertinente retomarla como posibilidad en un sistema político en particular, dadas las complejidades que actualmente contempla la ciudadanía.

En función del análisis del vínculo representativo en México, se observa que en realidad el ciudadano ha dejado de ser un sujeto de política, convirtiéndose en un objeto de política. El alejamiento de la subjetivación política ha fomentado un proceso de inactividad y, por ende, de poca participación de la ciudadanía, ya que "la subjetivación política se elabora por medio de conflictos políticos, en las acciones y las palabras que tienen como objetivo el bien público".⁴¹ La fragilidad de este elemento ha originado un aislamiento ciudadano, un tanto voluntario, de la acción y de la misma política.

Este hecho ha generado, según Fraser, que se priorice la representación de un qué (intereses) por un quién (ciudadano), propiciando un sentido de desmarque (misframing), es decir, una suerte de desconocimiento y confusión de la misma representación. "El resultado es un tipo especial y metapolítico de 'representación fallida' (misrepresentation), que yo llamo 'des-enmarque' (misframing). Desenmarque, o injusta asignación de marco, es un concepto indispensable para la teoría crítica, porque nos permite preguntarnos por la configuración del mapa del espacio político desde el punto de vista de la justicia".⁴² Dada esta condición, es que se evoca a las ideas de Fraser quien propone la configuración del espacio de lo político a través del marco o enmarque. La generación de un marco en este espacio permitirá ir más allá de responder qué es objeto de justicia y reconocer la indispensable importancia de designar quién es sujeto de justicia, ya que se estará identificando el sujeto de la representación.

Esta visión será indispensable para reconfigurar el vínculo representativo, ya que como se ha ido apuntando, el mayor punto de quiebre de éste se debe a la priorización de intereses, de responder a un qué particular. Por lo que al generarse enmarques podrá responder a un quién, lo que permitirá visualizar a los sujetos (y no objetos) que se representan.

El dar un giro del qué por un quién permitirá afianzar con mayor fuerza la legitimidad del vínculo y con ello, permitir una reconfiguración del mismo. Si el ciudadano se reconoce como un quién representado, podrá generar una mayor confianza al representante a quien decidió ceder su voluntad política, por lo que permitirá asegurar el eslabón de legitimidad tan necesario para el vínculo.

Fraser resalta la importancia de reconocer el cómo de esta designación, y para ello, propone el enfoque crítico democrático. "Este enfoque entiende los sujetos de la justicia no sólo como objetos causales, sino también como actores sociales y políticos, y valorando la importancia de la autonomía pública, busca propiciar procedimientos para decidir el 'quién' de la justicia que puedan alegar legitimidad democrática".⁴³

Ahora bien, quizá el reformular la base del vínculo de un qué por un quién, daría la impresión que se aboga por una representación a través de la representatividad; es decir, la representación relacionada con el factor de la semejanza. En palabras de Sartori,⁴⁴ los representados se caracterizan por pertenecer a la misma matriz de extracción, por lo que se encargan de "personificar" algunas características del grupo. Sin embargo, dadas las características del actual sistema de representación sería muy complejo este tipo de representación.

Iris Young reconoce la dificultad de realizar un ejercicio representativo sólo con base en el factor de semejanza o similitud, ya que ella describe a este ejercicio como un proceso, lo que implica una transmutación debido al tiempo, es decir, las necesidades y las características de los representados estarán en movimiento y con ello, muy posiblemente se efectuará una transformación de las mismas. "En vez de una relación de identidad o sustitución, la representación política debe ser pensada como un proceso que implica una relación de los electores entre sí y con el representante [...] desarrolló una representación como proceso de anticipación y recolección fluida entre representante y lo electores".⁴⁶

Dado que la representación se describe como un proceso en el espacio y tiempo, Young hace hincapié en identificar la existencia de la pluralidad entre los elementos del vínculo, es decir, ella lo define como différance "la representación en términos de différance significa reconocer y reafirmar la existencia de una diferencia, una separación entre el representante y el elector [...] différance significa describir una relación entre elector y el representante y entre los mismos electores, en donde la temporalidad del pasado y la anticipación del futuro deje un rastro en la acción de cada uno".⁴⁷ Es aquí donde la propuesta de esta autora se hace más interesante, ya que ofrece una visión diferente para reafirmar el vínculo representativo, al definirlo como "rastro" implica tener una guía o un camino en común, lo que permite generar la posibilidad de reencontrar necesidades, objetivos y metas entre los ciudadanos, sin el requisito de similitud.

Conclusiones

Al sumar las dos opciones, la de Fraser y la de Young, se puede dibujar una alternativa diferente para reformular el vínculo representativo en México, ya que es posible reconocer que la falla en la representación en México radica "en la falla de conexión entre el representante y el representado, siendo ésta una deficiencia (más) del sistema democrático".⁴⁸

Como se mencionó, una de las principales deficiencias del vínculo representativo es la ambigüedad de lo que se representa, es decir, la transgresión de la voluntad del ciudadano. Es por ello que para una transformación del vínculo representativo, se debe tomar como prioridad la realización de un ejercicio de reconocimiento del sujeto representado, lo cual se podrá lograr a través de la configuración de enmarques.

Los enmarques permitirán identificar al sujeto representado. Este ejercicio fomentaría que se cree una conexión con el representante a través del impulso de la legitimidad. Parte de su ejercicio es reconocerse como ciudadano, como sujeto representado y, por tanto, como participante en la dinámica política.

Ahora bien, su generación puede estar dirigida en función del criterio de inclusión que se describió con respecto a la postura de Young. Cuando se piensa en la palabra enmarque es posible asociarlo con una limitación. Sin embargo, el enmarque que se propone es una suerte de inclusión, en la cual el ciudadano se sienta parte de la dinámica del espacio público a través del reconocimiento de sus necesidades.

El sentido de inclusión por el que se aboga estará definido a través del ejercicio de reconocimiento de un pasado y un futuro en común. No sólo entre los ciudadanos, sino también entre el agente que lo representa. De esta forma es posible identificar que la necesidad o el problema de algunos han sido o pueden ser el problema o la necesidad de otros, es decir, lo ajeno se vuelve propio. Si se logra generar un ejercicio para la reconfiguración del vínculo representativo a partir de esta lógica se podrá lograr, por un lado, una mejor conexión con el representante y ciudadano, ya que idealmente el representante reconocería las demandas ciudadanas como propias, pues de una u otra forma éstas pudieron haberlo impactado en el pasado o lo impactarán en el futuro. Y por otro lado, se promoverá un ejercicio de unidad y responsabilidad entre ciudadanos al reconocerse como parte de esta lógica.

Para concluir, se buscó hacer una relación causal de la inestabilidad de la ciudadanía social con la fragilidad del vínculo representativo que prevalece en el Poder Legislativo, con la finalidad de visualizar que la inestabilidad de una representación política profundizará problemas coyunturales como pobreza, analfabetismo, etcétera, los cuales se reflejan en la debilidad de la ciudadanía social, y por consecuencia, en su aislamiento progresivo de la acción política.

En suma, es necesario tener en cuenta la importancia de la consolidación de un efectivo vínculo entre el ciudadano y representante, ya que a través de éste se podrá fomentar un impulso para el desarrollo de una ciudadanía plena mexicana.

Notas

¹ José Rubio Carracedo, Teoría crítica de la ciudadanía democrática. Madrid, Trotta, 2007, p. 90.         [ Links ]

² Es importante mencionar que el aporte teórico del autor irá evolucionando. Marcos Freijero Valera apunta que se debe reconocer al autor a través de dos etapas. El primer Marshall descrito por la ciudadanía y clase social y el segundo Marshall a través de su colección de trabajos, The Right to Walfare and Other Essays. (Cf. Marcos Freijeiro Valera, "Ciudadanía, derechos y bienestar: un análisis del modelo de ciudadanía de T. H. Marshall", en Universitas, núm. 2, 2005, pp. 63-100.         [ Links ])

³ Ibid., p. 81.

⁴ Tal como lo explica Sartori, el proceso de sufragio es una herramienta tanto de retrospección como de prospección para las decisiones ciudadanas. (Giovanni Sartori, Partidos y sistemas de partidos. Madrid, Alianza,1992, p. 225.         [ Links ])

⁵ T. H. Marshall y T. Bottomore, Ciudadanía y clase social. Madrid, Alianza, 1998, p. 23.         [ Links ]

⁶ M. Frejeiro Valera, "Ciudadanía, derechos y bienestar: un análisis del modelo de ciudadanía de T. H. Mashall", en op. cit., p. 87.

⁷ M. Freijeiro Varela, "¿Hacia dónde va la ciudadanía social? (De Marshall a Sen)", en Andamios, núm. 9, diciembre, 2008, p. 159.         [ Links ]

⁸ Un ejemplo son las comunidades raramuris de Chihuahua, México. Esta población indígena tiene niveles altos de desnutrición, por lo que su necesidad de alimento no está satisfecha. Los programas para disminuir la desnutrición en la población infantil contemplan la distribución de leche; sin embargo, en su cultura no está presente el tomarla, por lo que muchas veces no lo hacen. Como se puede observar existe una complejidad de las necesidades.

⁹ Ibid., p. 160.

¹⁰ Amartya Sen, The idea of Justice. Massachussetts, The Belknap Press, 2009, p. 228.         [ Links ] (La trad. es mía.)

¹¹ Ibid., p. 233.

¹² Idem.

¹³ Ibid., p. 235.

¹⁴ Hannah Arendt, La condición humana. Barcelona, Paidós, p. 206.         [ Links ]

¹⁵ Cristina Sánchez, "Hannah Arendt como pensadora de la pluralidad", en Intersticios, año 10, núm. 22-23, 2005.         [ Links ]

¹⁶ Dentro del enfoque de capacidades, Martha Nussbaum sugiere tomar en cuenta el índice de capacidades humanas básicas como guía en el diseño de políticas nacionales y globales. Esta autora nos explica que es posible reconocer las necesidades y funciones básicas que la sociedad tiene para una buena vida, lo que lleva a proponer una noción mínima del bien que funcionaría como base para estructurar una teoría de justicia social. Nussbaum plantea diez capacidades: 1) vivir una vida humana completa; 2) salud; 3) evitar el dolor innecesario; 4) capacidad de usar cinco sentidos; 5) capacidad de amar; 6) capacidad para de formar una concepción del bien y tener una reflexión crítica sobre la planificación de la vida; 7) capacidad de vivir para y con otros; 8) capacidad de vivir en relación con el resto del mundo natural; 9) capacidad de reír, jugar y disfrutar y, 10) capacidad de vivir la propia vida en el propio contexto. (Se sugiere revisar a Martha Nussbaum, Crear capacidades. Barcelona, Paidós, 2012.         [ Links ])

¹⁷ Informe del Consejo de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en México 2008 <http://www.coneval.gob.mx/contenido/home/2234.pdf>. [Consulta: 10 de septiembre, 2011]         [ Links ].

¹⁸ CONEVAL. "Línea de bienestar y Canasta Básica", <http://www.coneval.gob.mx/cmsconeval/rw/pages/medicion/Pobreza_2010/Lineas%20de%20bienestar.es.do>. [Consulta: 10 de septiembre, 2011]         [ Links ].

¹⁹ Las cifras se determinaron en función del ingreso per cápita. La definición de pobreza indica que son pobres quienes tienen al menos una carencia social y un ingreso menor a la línea de bienestar. La población en pobreza extrema es la que tiene tres o más carencias sociales y un ingreso menor a la línea de bienestar mínimo.

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. "Comunicado de prensa no. 007", <http://internet.coneval.gob.mx/informes/Pobreza%202010/COMUNICADO_PRENSA_MEDICION_DE_POBREZA_2010.pdf>. [Consulta: 10 de septiembre, 2011]         [ Links ].

²⁰ Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. <http://www.coneval.gob.mx/cmsconeval/rw/pages/medicion/faq.es.do>. [Consulta: 10 de septiembre, 2011]         [ Links ].

²¹ Datos obtenidos del INEGI, "Indicadores oportunos de ocupación y empleo durante diciembre 2011", Instituto Nacional de Estadística y Geografía <http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/comunicados/ocupbol.asp>. [Consulta: enero, 2011]         [ Links ].

²² En Colima, Aguascalientes, Nuevo León, Campeche, Coahuila y Nayarit poco más del 76% de la población declara ser derechohabiente de alguna institución, mientras que en Puebla menos de la mitad de la población está cubierta, seguida de Guerrero; Michoacán y Oaxaca, con menos de 57% de derechohabientes. Instituto de Estadística y Geografía, "Principales Resultado del Censo de Población y Vivienda 2010" (INEGI) <http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/poblacion/2010/princi_result/cpv2010_principales_resultadosI.pdf>. [Consulta: mayo, 2011]         [ Links ].

²³ Sin embargo, este logro sólo es un primer paso, ya que se han realizado diversas recomendaciones por parte del relator especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, para mejorar esta condición: 1) mayor apoyo a la producción agrícola, a fin de asegurar la disponibilidad de alimentos, 2) garantizar mayor accesibilidad a la alimentación; 3) una alimentación adecuada, que redunde en la ingesta de dietas saludables; 4) sustentabilidad, que garantice el futuro alimentario en México.

²⁴ Blanca Valadez, "En México hay grados altos de desnutrición", en Milenio, Tendencias, 11 enero, 2010, acceso 18 de mayo de 2011.         [ Links ]

²⁵ Andrea Díaz-Villaseñor y Fundación Este País, "La obesidad en México", en <http://estepais.com/site/wp-content/uploads/2011/03/IndicadorObesidadM%C3%A9xico_marzo2011.pdf>. [Consulta: 12 de diciembre, 2011]         [ Links ].

²⁶ Blanca Valadez, "En México hay grados altos de desnutrición", en op. cit.

²⁷ Instituto Nacional de Estadística y Geografía. "Anuario Estadístico de los Estados Unidos Mexicanos", en <http://www.inegi.org.mx/sistemas/productos/default.aspx?c=18130&upc=702825 169138&s=est&tg=8&f=2&pf=Prod&ef=00&cl=0&pg=0>. [Consulta: enero, 2011]         [ Links ].

²⁸ Instituto Nacional de Estadística y Geografía, "Perspectiva Estadística de México. Diciembre 2011", en <http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/sistemas/perspectivas/perspectiva-mex.pdf>. [Consulta: 10 de enero, 2012]         [ Links ].

²⁹ Rigoberto Ocampo Alcantar y Juan Alfonso Mejía López, "La representación política: un dilema entre legitimidad y eficacia", en Perspectiva de la representación política. México, Publicaciones Cruz O., 2010, pp. 36-37.         [ Links ]

³⁰ Rafael del Águila, "La política: el poder y la legitimidad", en R. del Águila, ed., Manual de ciencia política. Madrid, Trotta, 2003, p. 25.         [ Links ]

³¹ Ramón Vargas-Machuca "Representación", en Aurelio Arteta, El saber del ciudadano. Las nociones capitales de la democracia. Madrid, Alianza, 2008, p. 152.         [ Links ]

³² Aldo Muñoz Armenta, "El poder legislativo y las restricciones institucionales de la representación política", en Juan Francisco Escobedo, ed., Representación política y toma de decisiones. México, Universidad Iberoaméricana, 2004, p. 83.         [ Links ]

³³ José de Jesús Gómez Valle, "Del Cabildeo al Poder Legislativo en México: origen y evolución", en Espiral, núm. 42, mayo-agosto, 2008, p. 97.         [ Links ]

³⁴ Por cabildear se entiende la actividad o maña que se realiza para ganarse voluntades en un cuerpo colegiado o corporación. En la práctica parlamentaria el término se refiere a la acción de negociar o gestionar con habilidad y astucia para presionar a los legisladores a fin de inclinar a favor de un grupo de interés específico la decisión en la discusión de las leyes. Es sinónimo de intrigar y equivale a cabalar en portugués; to lobby en inglés; briguer, en francés; intrigieren en alemán; y brigare en italiano. (Cf. Francisco Berlín Valenzuela, Derecho parlamentario. México, FCE, 1993.         [ Links ])

³⁵ R. del Águila, op. cit., p. 27

³⁶ Instituto Federal Electoral. Sistema de Consulta de la Estadística de las Elecciones Federales. <http://www.ife.org.mx/documentos/RESELEC/SICEEF/principal.html>. [Consulta: 18 de marzo, 2010.         [ Links ]]

³⁷ Art. 131. El Congreso de la Unión, para la difusión de sus actividades, y de acuerdo con la legislación en la materia, contará con el canal de televisión que le asigne la autoridad competente, de conformidad con las normas técnicas aplicables.

Art. 184. Cada Cámara tendrá un órgano oficial denominado "Diario de los Debates" [...] No se publicarán las sesiones y los documentos relacionados con las sesiones secretas.

³⁸ Mario Amparo Casar, Ignacio Marván y Khemvring Puente, "La rendición de cuentas y el poder legislativo", en Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas. México, UNAM, p. 365.         [ Links ]

³⁹ Iris Marion Young, Inclusion and Democracy. Nueva York, Oxford University Press, 2002, p. 132.         [ Links ] (La traducción es mía.)

⁴⁰ Es importante mencionar que ésta es sólo una propuesta. Se buscará abordar en futuras investigación o artículos.

⁴¹ Ettienne Tassin, "Identidad, ciudadanía y comunidad política. ¿Qué es un sujeto político?", en Hugo Quiroga, Susana Villavicencio y Patrice Vermeren, Filosofía de la ciudadanía. Sujeto político y democracia. Buenos Aires, Homo Sapiens, 2001, p. 56.         [ Links ]

⁴² Nancy Fraser, Escalas de justicia. Bacelona, Herder, 2008, p. 23.         [ Links ]

⁴⁴ G. Sartori, Partidos y sistemas de partidos. Madrid, Alianza, 1992, p. 225.

⁴⁵ I. Marion Young, op. cit., p. 123. (La traducción es mía.)

⁴⁶ Ibid., pp. 125 y 127.

⁴⁷ Ibid., p. 127.

⁴⁸ Ibid., p. 128.