El redoble de la migración forzada: inseguridad, criminalización y destierro

Humberto Márquez Covarrubias*

* Docente-investigador y responsable del programa doctoral de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas.

Resumen

Palabras clave: migración forzada, reforma migratoria, deportación, Estados Unidos, México.

Abstract

Having been absorbed into the North American regional block, Mexico stands as an enclave economy that, systematically, delivers the naked subsoil wealth into the hands of extractive capital, offers cheap labor to transnational corporations and transfers economic surplus to parent companies overseas. It is an incoherent economy that dis-accumulates, impoverishes the population and creates forced migration. Undocumented migrants are trapped in a spiral of human degradation; first they are banished from a country incapable of offering them the most basic conditions of life; later, in the supposed "promised land", they are divided and super-exploited (when they are not criminalized, detained and deported) and finally, when they are forced to return, they are added to the sectors of society who suffer exclusion among the already-excluded. The United States government promised a migratory reform that departs markedly from the past, and yet it intensifies detainments and deportations of workers who are branded as criminals for the sole fact that they are immigrants without papers.

Key words: forced migration, immigration reform, deportation, U.S., Mexico.

La peor de las migraciones forzadas

La deportación y el retorno masivo de migrantes, principalmente indocumentados, representa una modalidad de migración forzada (Márquez y Delgado, 2013). En el curso de vida de quienes la padecen, significa una segunda migración forzada: los sujetos despojados, excluidos y empobrecidos fueron desterrados cuando la expectativa de subsistencia fue cancelada; luego fueron engullidos y explotados en trabajos precarios e inseguros (algunos ni siquiera eso); finalmente, terminaron expulsados, nuevamente, al país donde son oriundos (origen y destino parecieran invertir su sentido y significado). La criminalización y detención, deportación y retorno, responden a estrategias de depuración del mercado laboral que amedrentan a la comunidad de inmigrantes, abaratan los costos laborales y colocan a la defensiva a los movimientos sociales. Esta política coercitiva y punitiva prepara el terreno para una reforma migratoria, de suyo restrictiva.

Distante de una migración cero —supuesto factor de estabilización demográfica— el retorno de los paisanos por causales como deportación, desempleo, enfermedad o pobreza, redirecciona la migración forzada hacia una espiral de mayor degradación social. En este trance, las personas sufren criminalización, despido y empobrecimiento; su retorno simboliza un segundo destierro. Estos migrantes forzosos se cuentan entre los excluidos de los excluidos.

La depresión de la economía estadounidense traslada los costos a los pobres y promueve el despido como mecanismo defensivo del capital. Los considerados <<superfluos>> devienen una masa laboral <<desechable>>. Sintomáticamente, el grueso de los retornados forzosos dispone de baja calificación laboral, a menudo su vitalidad está desgastada o padecen enfermedades. En contraste, renace el interés por atraer y retener a científicos y tecnólogos, lo que conforma el trabajo conceptual, la pieza clave para renovar las palancas productivas y la competitividad capitalista (Hinkelammert y Mora, 2003), además se retiene a trabajadores muy productivos cuyo trabajo vivo imprime vigor a sectores económicos estratégicos y rentables.

Históricamente, la fuerza de trabajo migrante ha contribuido a generar excedente económico a bajo costo laboral. En tiempos de crisis, soportan una pesada carga económica. Entre 2007 y 2010, en la hondura de la crisis de la economía estadounidense, los trabajadores de origen mexicano sobresalieron por contribuir a 20% del crecimiento del pib (Delgado, Márquez y Gaspar, 2013). Paradójicamente, los trabajadores migrantes mexicanos juegan un papel relevante como contenedores de la crisis, a costa de una mayor explotación, pero al mismo tiempo, grandes contingentes son criminalizados y expulsados. Esa coartada punitiva sirve para presionar a la baja las condiciones de vida y trabajo con la justificación de que <<vendrán tiempos mejores>>, mientras el capital corporativo sigue amasando grandes fortunas.

Mito de la migración <<cero>>

En el ocaso de su administración, haciendo eco de informes de circunstancia que argumentan a favor de una migración cero (Passel, Cohn y González, 2012), y agregando argumentaciones estrábicas, Felipe Calderón festinó que la migración mexicana era abatida por la supuesta solidez de la economía mexicana que, cual oasis, ofrecía empleos, salud y educación; incluso presumía que la bonanza motivaba el retorno de mexicanos a un país pletórico de oportunidades (Ramos, 2012). Sin embargo, la docena trágica de gobiernos panistas, los tres sexenios priistas precedentes, más el que está en curso, suman tres décadas aciagas para la economía mexicana que ha prohijado desempleo, pobreza, inseguridad y migración forzada (Márquez, Delgado y García, 2012).

El éxodo laboral se cristaliza en el hecho de que en Estados Unidos habitan 12 millones de mexicanos. Durante la década de los noventa, las contrarreformas neoliberales y la eclosión de la crisis expulsaron el mayor contingente humano: cada año emigraba un promedio de 466 mil personas. El reforzamiento y militarización de la frontera lograron atenuar la estampida poblacional. Entre 2000 y 2007, el promedio bajó a 280 mil, y como efecto colateral de la depresión económica estadounidense, disminuyó levemente a 260 mil en 2011 (Chiquiar y Salcedo, 2013). Pese a que la movilidad humana es incierta en el corto plazo, al punto que puede generar una imagen de equilibrio plasmada en una migración cero, el flujo neto muestra tendencias a aumentar. La expectativa de repunte económico implica un pronóstico de relanzamiento de la emigración mexicana a Estados Unidos en un rango de 230 y 330 mil por año para el periodo 2011-2017 (Chiquiar y Salcedo, 2013). El repunte de la migración obedece a una cierta reanimación de la economía estadounidense, sobre todo en el sector automotriz y la construcción; además de la demanda de trabajadores altamente calificados y de jóvenes formados en carreras técnicas como ingeniería, matemáticas y computación (Aragonés, 2012).

Cierto, la política punitiva del gobierno estadounidense aparece como factor de contención, pero la inseguridad laboral y el despojo de bienes comunes en México, resucita la figura del exilio económico. Los mecanismos de inclusión y exclusión pretenden regular los flujos migratorios. Entre los inmigrantes documentados, los mexicanos son los inmigrantes que en mayor número obtienen la nacionalidad estadounidense, 102 mil en 2012. Sin embargo, debido a la política de criminalización de inmigrantes, cada año se deportan entre 350 mil y 365 mil inmigrantes indocumentados, la mayoría de origen mexicano.

Más allá del optimismo estadístico afincado en la migración cero, el hecho es que la migración forzada no se detiene, sino que se recrudece: la migración compulsiva hacia Estados Unidos se remata con el contraflujo de deportaciones y retornos, a la sazón la peor de las migraciones forzadas, pues representa un segundo exilio o destierro económico (Márquez y Delgado, 2013).

Obsesiva y perniciosa, la doctrina de seguridad nacional estadounidense construye <<enemigos externos>>, entre los cuales se encuentran los terroristas, narcotraficantes e inmigrantes (Calveiro, 2012). En ese marco, el gobierno asume como la más alta prioridad vigilar, castigar, detener y deportar a los <<sin papeles>>. Por ello, los fondos públicos destinados al control migratorio (18 mil millones de dólares en 2012) superan el monto canalizado al cumplimiento de las demás leyes (14 mil millones de dólares): más de la mitad de los procesos federales corresponde a infracciones a las leyes de inmigración (Meissner, Kerwin, Chishti y Bergeron, 2013).

Para agenciarse el voto latino, Barack Obama empleó una retórica demócrata en la campaña de reelección. Una vez reinstalado en la Casa Blanca con el respaldo mayoritario de los inmigrantes (71%) (Chacón, 2012), se reanuda la ambigüedad entre el discurso y los hechos. Al tiempo en que propone una reforma migratoria para, supuestamente, adoptar una política migratoria más justa, justifica las deportaciones masivas de inmigrantes para tranquilizar a la atemorizada sociedad estadounidense. Hermanados, demócratas y republicanos ensalzan esa cruzada como un combate contra la inmigración <<irregular>> y la expulsión de <<criminales>>. A todas luces es una estratagema injusta que desconoce la contribución de los inmigrantes a la producción, el consumo y el fisco (Delgado, Márquez y Rodríguez, 2009).

Obama se está consolidando como el presidente responsable de la mayor oleada de deportaciones de inmigrantes indocumentados. Si entre 1892 y 1997 fueron deportados 2.1 millones, para 2014 Obama podría alcanzar la misma cifra de deportaciones registrada en más de un siglo pero en sólo seis años (Golash-Boza y Hondagneu-Sotelo, 2013). La oficina de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) estima que cerca de 500 mil personas son deportadas cada año, por lo que Obama, el presidente <<cercano>> a la comunidad migrante, habría deportado 1.6 millones de inmigrantes (Marreno, 2013).

La comisión de delitos es la justificación inmediata. Tan sólo en 2011 se expulsaron a 188,382 extranjeros, de lo cuales fueron acusados por actividades vinculadas a las drogas ilícitas 25.3%; por infracciones diversas, 23%; y por infringir la legislación migratorias 20% (Department of Homeland Security, 2012). Para justificar la criminalización y destierro, ICE suele modificar la definición de <<inmigrante criminal>>. La criminalización de los indocumentados es variopinta, puede incluir causales como posesión de mariguana, manejar con exceso de velocidad, violencia intrafamiliar o ingresar de manera indocumentada al país. Entre 2009 y 2013, periodo de Obama, la mayoría de los inmigrantes deportados no tenía antecedentes penales, sino que han sido criminalizados por ser inmigrantes para luego deportarlos en calidad de criminales. Muchos han sido detenidos en sus hogares y centros de trabajo. Y en caso de cometer infracciones menores, pudieron haber sido cubiertas con el pago de multas, no obstante los trabajadores indocumentados terminan por ser deportados sin ser criminales peligrosos (Alarcón y Becerra, 2012).

Según el Instituto Nacional de Migración (INM) de México, cada día son deportados de Estados Unidos 1,200 mexicanos. En el primer semestre de 2013 registró 189,493 repatriaciones y estima que a finales del año se alcance una cifra de 400 mil, superior a la de 2012 (370 mil) y cercana a 2011 (405,500) (EFE, 2013).

El gobierno estadounidense no marcha solo. Las deportaciones tienen el consentimiento del gobierno mexicano. El Programa de Repatriación Humana, que data de 2007, realiza los traslados de mexicanos a sus lugares de origen; resultaron <<beneficiados>> más de 267 mil mexicanos en 2010; y 150 mil, en 2011 (Martínez, 2011). El Procedimiento de Repatriación al Interior de México, antes referido como repatriación voluntaria, realiza traslados aéreos a la ciudad de México o terrestres a otras regiones del país (Díaz, Martínez y Camacho, 2013).

Retorno en condiciones de inseguridad humana

El procedimiento de deportación es lesivo para la vida digna de los migrantes. Los afectados no sólo son personas de reciente ingreso, sino también personas que ya han echado profundas raíces laborales, educativas y familiares. La embestida ha tomado a los inmigrantes de origen mexicano como las víctimas más señaladas.

Tragedias familiares se escriben en las biografías de las migraciones forzadas. El desmembramiento de las familias sucede cuando los padres de niños nacidos en Estados Unidos son deportados —de hecho ese fue el problema de mayor incidencia en 2012—, la tensión aumenta cuando uno de los cónyuges es residente legal. Hay casos peores, cuando ambos padres son deportados y los hijos no. Al menos 5,100 niños viven en <<hogares sustitutos>>, pues los padres fueron detenidos o deportados, y 15 mil niños afrontan el riesgo de separación de los padres (Wessler, 2011). En el primer semestre de 2012, más de 46 mil padres de niños estadounidenses fueron deportados y muchos de los hijos viven literalmente en el abandono (Wessler, 2011). El riesgo mayor es la separación definitiva de hijos y padres; existen padres que no conocen el paradero de los hijos, pueden suponer que han sido acogidos por familias sustitutas, pero no descartan que deambulen solitarios.

La segunda migración forzada escarmienta a miles de menores de edad, mexicanos y centroamericanos, que viajan sin la compañía de un familiar adulto. Entre 2011 y 2012, el gobierno estadounidense expulsó a 32 mil 653 niños, de los cuales 25 mil 108 (casi 77%) fueron reportados como <<no acompañados>>. En ese lapso fueron repatriados entre 10 mil 87 y 6 mil 804 menores mexicanos que se trasladaban solos. La tendencia se mantiene, en el primer trimestre de 2013 —según el Instituto Nacional de Migración— fueron repatriados 2 mil 646, de los que 2 mil 164 tenían esta condición de vulnerabilidad.

El gobierno de México también cumple su tarea. En 2011 expulsó a sus lugares de origen, países centroamericanos, a 4 mil 129 menores, de los cuales 2 mil 801 no estaban acompañados; en 2012 repatrió a 5 mil 958, 4 mil 3 viajaban solos; en 2013 la cifra sigue en ascenso (Martínez, 2013). El problema del retorno forzoso de menores no acompañados es más complejo, pues subyace una red de trata y tráfico de personas que opera con mayor intensidad en la frontera sur, cuyas víctimas son mujeres y menores.

Ante la ausencia de una red de protección social y de una economía solidaria, el gobierno mexicano implementa programas coyunturales de corte asistencialista. El fondo <<Por los que regresan>> canaliza recursos federales a los Institutos Estatales de Migración para financiar microproyectos en las localidades de origen, como abarrotes, artesanías, carpintería, soldadura y proyectos agropecuarios. Con magros recursos se pretende suplir la carencia de fuentes de empleo y el desgarrado tejido socioproductivo. Por ejemplo, en Zacatecas, entidad emblemática del éxodo laboral y ahora del retorno, en 2010, se apoyaron 588 proyectos con una bolsa de 8 millones de pesos; el esquema operativo consiste en que el gobierno local aporta 12 mil 500 pesos y el beneficiario pone 2 mil 500 para instalar un microchangarro (Martínez, 2011).

Reforma migratoria: indocumentados en el banquillo de los acusados

La reforma migratoria propuesta por el presidente de los demócratas estadounidenses para legalizar la residencia de aproximadamente 11 millones de inmigrantes <<irregulares>> o <<ilegales>> despertó un gran apoyo de la comunidad de migrantes, sin embargo, es menester considerar que presenta varias contradicciones.

Al menos tres condicionamientos subyacen al proyecto de reforma migratoria: 1. la doctrina de seguridad nacional es la base que criminaliza a los indocumentados y justifica la continuación del proyecto de George W. Bush de sellar la frontera mediante la extensión del muro fronterizo y el aumento de la fuerza policial por aire y tierra; 2. la agresiva política de detenciones y deportaciones de inmigrantes emprendida por el gobierno de Obama, que en los hechos representa una limpia étnica previa a la reforma migratoria, y 3. la perpetuación del discurso xenófobo que construye enemigos externos (inmigrantes, terroristas y narcotraficantes) provenientes del sur o de oriente, de los países pobres, de las hordas desempleadas y hambrientas.

Históricamente, los inmigrantes han contribuido a la reproducción demográfica, la reposición de la fuerza laboral, la generación de excedente económico, el consumo, el pago de impuestos y la cultura del país más poderoso del sistema capitalista mundial. Esta contribución no ha sido reconocida. Persiste un discurso que atribuye a los migrantes una carga para la sociedad, la economía y el gobierno. Impelida por ese espíritu, la reforma parte de varios supuestos falsos.

En segundo lugar, es una medida discriminatoria contra los pobres, pues se pide que los candidatos estén ubicados en un nivel 125% por encima de la línea de pobreza, además de cumplir determinados requisitos educativos y aprender inglés.

En tercer lugar, remacha la criminalización a la inmigración, pues las personas con antecedentes delictivos están excluidos, lo cual abre una amplia gama de discrecionalidad para considerar a una persona con antecedentes por infracciones menores, amén de que en muchos casos no existen garantías para un debido proceso.

En cuarto lugar, la reforma migratoria se orienta a una política de depuración laboral: tras bambalinas se detiene y deporta a personal poco calificado como mecanismo coercitivo de control obrero y político y de disuasión de movilizaciones sociales defensivas, en tanto que se prepara una política de selectividad laboral, con énfasis en las visas h1 para trabajadores calificados bajo esquemas temporales, que permite afinar el reclutamiento de <<talentos>>. Es laboralmente selectiva, pasará del enfoque basado en los nexos familiares con ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes a otro enfocado en la demanda de fuerza de trabajo como determinante. Contempla un programa de expedición de visas de trabajo de baja y alta calificación, pues existe el interés de la economía estadounidense por captar flujos laborales calificados: científicos, tecnólogos, artistas y deportistas. Esta demanda podría acrecentar la transferencia de trabajadores altamente calificados, mal llamada <<fuga de cerebros>>, de países subdesarrollados.

En quinto lugar, para los seleccionados se impone una política de disciplinamiento encubierto. Los prospectos son sometidos a prueba, ya que además de cumplir los requisitos tienen que demostrar una conducta ejemplar durante una década y hasta 13 años. De lo contrario, su postulación declinará. En el periodo de prueba los candidatos estarán impedidos para acceder a los beneficios contemplados en la reforma de salud, por lo que en términos prácticos tendrán que afrontar la disyuntiva de contratar un servicio médico privado o pagar la residencia permanente. Los patrones tendrán que verificar el estatus legal de los trabajadores.

En último término, la reforma es restrictiva en términos temporales al establecer como fecha límite de ingreso el 31 de diciembre de 2011. En suma, nadie que haya cometido delitos mayores o más de tres delitos menores sería elegible, lo mismo quienes ingresaron después del 31 de diciembre de 2011. El acceso a la ciudadanía es tortuoso: llevaría 13 años acceder a la opción de la naturalización, los primeros 10 años guardarían una situación jurídica provisional, durante los cuales los inmigrantes no tendrían acceso a prestaciones federales.

En términos generales, la reforma migratoria es excluyente, de antemano despoja de la condición de ciudadanía a grandes parcelas de inmigrantes criminalizados (encarcelados o deportados) y regatea el reconocimiento a los prospectos, que tienen que pasar un vía crucis para obtenerla; y es injusta, pues no reconoce la contribución de los trabajadores migrantes, sino que los cataloga como deudores, una carga fiscal y una amenaza potencial para la cultura, por lo que tienen que ser disciplinados y educados en los valores del modelo de vida estadounidense. Dado que gran parte de los indocumentados tiene trabajos irregulares, como trabajadores domésticas, difícilmente podrán cubrir los requisitos.

¿Oportunidades en un país saqueado, inseguro y excluyente?

Presentar a México como una tierra de oportunidades que acogerá a los migrantes retornados y contendrá la expulsión de personas es una falacia. El mundo laboral está sometido por una drástica depuración que no conoce fronteras, pero que se beneficia de ellas para mantener diferenciales salariales. En México, la agenda neoliberal transfiere excedente económico al capital corporativo, nacional y extranjero, a costa del despojo de bienes comunes y nacionales, basamento de la cultura material del pueblo, y del consecuente incremento de la pobreza y la inseguridad humana. La concentración desmesurada de poder y riqueza es incompatible con el desarrollo humano capaz de contener el trasvase poblacional y de mitigar la vulnerabilidad de connacionales deportados.

La reforma laboral es una nueva acometida contra el mundo del trabajo, que resiente casi cuatro décadas de desplome salarial para desmontar el empleo estable con prestaciones solidarias y lo reemplaza por trabajo precario e inseguro, introduce el pago por horas y reduce las cuotas obrero-patronales de la seguridad social para precipitar su colapso, un reclamado del sector privado. Los sindicatos, controlados por líderes corruptos que viven como jeques, fungen como instancias de control político de los trabajadores que terminan por consentir las contrarreformas laborales e impiden que los trabajadores luchen por sus derechos y se conviertan en una fuerza política autónoma.

La mal llamada reforma educativa es un despojo de derechos laborales del magisterio, según la agenda prescrita por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), secundada por organismos empresariales privados, como el Consejo Coordinador Empresarial y la agrupación Mexicanos Primero. El de por sí cooptado sindicato magisterial es nulificado con el arresto de su corrupta lideresa, no obstante la última reserva de dignidad de los trabajadores aflora con la resistencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). La ruta oficial es generar un estado de inseguridad laboral permanente; no mejoras en el sistema pedagógico, en las instalaciones educativas, ni ajustes en la obesa burocracia. El sistema educativo está en crisis, no sólo por problemas de cobertura y calidad educativa, lo que de suyo constituye una deuda social (Márquez, 2012), sino principalmente porque no se está educando para la vida, sino que sólo se pretende formar <<capital humano>> acorde con los requerimientos empresariales, es decir, trabajo flexible y precario, políticamente controlado y dispuesto a sumergirse en el consumismo rampante.

La lógica del despojo de bienes comunes y bienes de la nación avanza inexorablemente: 30% del territorio nacional ha sido entregado a corporaciones mineras, la mayoría de ellas extranjeras, que extraen las riquezas del subsuelo, dejando una estela de contaminación, destrucción del ecosistema, derroche de agua, enfermedades y pobreza. El sector energético, representado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex), está en vías de su privatización encubierta; el caso sintomático es Pemex, pues la renta del petróleo significa la principal fuente de recursos públicos, que ahora pretenden ser transferidos al sector corporativo; de ser una palanca de desarrollo, pasaría a ser una fuente de ganancia extraordinaria para el gran capital. Asimismo, la entrega del comercio nacional al capital de rapiña, más la devastación ambiental, generan pobreza, desempleo, inseguridad y migración.

En suma, lejos de un idílico país neoliberal plagado de oportunidades para todos, como propalan la burocracia política y la partidocracia afín, donde los residentes encuentren resortes de movilidad social que los disuada de emigrar hacia Estados Unidos y los retornados pueden encontrar una red de protección y un ambiente propicio para trabajar o emprender negocios, se constata que la inseguridad humana es la condición social generalizada, que el mercado laboral de calidad es estrecho y precario, que el sector educativo afronta una colosal crisis que no está formando ciudadanos libres y que las desigualdades sociales se acrecientan.

Reflexión final

La concentración de capital, poder y riqueza en manos de una plutocracia cuyo dominio tienen alcance transnacional sucede a costas de la degradación socioeconómica de la mayoría de las clases, grupos y sectores sociales. La línea divisoria entre la plutocracia y el pueblo sumido en la precariedad está trastocando el sentido de lo humano. Mientras sectores potentados disponen de múltiples recursos para vivir en opulencia y derroche, cada vez más la mayoría de la población se reproduce en condiciones precarias e inseguras. Asimismo, los ecosistemas están sometidos a un incesante ritmo de destrucción, que además de cercenar especies de animales y vegetales, agota y contamina las fuentes de riqueza ecológica, y con ello deteriora la simbiosis entre sociedad y naturaleza.

En ese desconcierto, las migraciones no son simplemente flujos demográficos inscritos en escalas aspiracionales de movilidad social, en pos de mejoras en las condiciones de vida de individuos señalados, sino que son catapultadas por la profunda crisis civilizatoria largamente incubada por el sistema capitalista mundial. Las migraciones del mundo, sobre todo las protagonizadas por personas sin respaldo documental, se cuentan entre la mayores crisis humanitarias del planeta, pues tienen tras de sí problemas lacerantes como hambruna, desempleo, despojo y violencia.

Cada vez más está perdiendo sentido diferenciar las migraciones entre internas e internacionales —asumiendo la movilidad humana como variable independiente— sin tomar en cuenta un movimiento a la sazón determinante, las migraciones del capital en busca de apropiarse de nuevas fuentes de riqueza que toman por asalto los bienes comunes y nacionales, explota la fuerza de trabajo bartata y desorganizada y somete a los Estados débiles o comparsas. La movilidad humana está condicionada, en buena medida, por la reconfiguración del capital global y sus redes de financiamiento, producción, distribución y consumo.

Humanizar las migraciones no sólo entraña defender los derechos de quienes se ven compelidos a buscar el sustento en otras latitudes, sino también reconocer el aporte económico, demográfico y cultural. Pero más aún, concita la necesidad de transformar a fondo las relaciones sociales de explotación, discriminación y dospojo prevalecientes en los ámbitos del llamado Sur global, donde pervive, en condiciones cada vez más infrahumanas, la mayor parte de la población del planeta. No sólo se trata, pues, de entender el mundo, sino de transformarlo.

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Información sobre el autor

Humberto Márquez Covarrubias. Doctor en Estudios del Desarrollo. Es docente-investigador y responsable del Doctorado en Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ). Director de las revistas Estudios Críticos del Desarrollo y Observatorio del Desarrollo, además de editor de la revista Migración y Desarrollo. Es miembro de la Red Internacional de Migración y Desarrollo y del Sistema Nacional de Investigadores. Sus libros más recientes son: El mundo al revés. La migración como fuente de desarrollo, Diccionario crítico de migración y desarrollo y Espejismos del río de oro. Dialéctica de la migración y el desarrollo en México. Es autor de textos académicos de diversos géneros sobre la problemática del desarrollo y la migración.