Social conflicts over the Temascaltepec river diversion, fourth stage of the Cutzamala system

Valentina Campos-Cabral^*1 y Patricia Ávila-García²

¹ Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Avenida San Claudio S/N, San Manuel, Ciudad Universitaria. 72570. Puebla, Puebla. (valentina.campos@correo.buap.mx) * Autor responsable

² Centro de Investigaciones en Ecosistemas de la UNAM, Antigua Carretera a Pátzcuaro. 58190. Morelia, Michoacán. (pavila@cieco.unam.mx)

Resumen

El objetivo de este artículo es analizar el conflicto generado por la ampliación del Sistema Cutzamala, así como la reorganización y la movilización campesina ante el intento de cooptación y la represión ejercida por el Estado para imponer los intereses urbano-industriales de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM), en detrimento de una de las regiones más pobres del estado de México. Este conflicto fue expresión de las tensiones entre el campo y la ciudad, en el marco de una estrategia gubernamental de despojo de agua y fragmentación de los actores sociales que habitan en zonas rurales estratégicas por su disponibilidad hídrica. Pese a ello, los actores sociales superaron su heterogeneidad, se reorganizaron en el Comité para la defensa de los derechos humanos y recursos naturales del Cutzamala hasta lograr suspender nuevamente el proyecto Temascaltepec en diciembre de 1999.

Palabras clave: disputas sociales, movimientos socio-ambientales, relación campo-ciudad, trasvase de agua.

Abstract

The objective of this article is to analyze the conflict generated by the expansion of the Cutzamala System, as well as the reorganization and peasant mobilization facing the attempt exercised by the State to coopt and repress, in order to impose the urban-industrial interests of the Mexico City Metropolitan Zone (MCMZ), in detriment of one of the poorest regions in Estado de México. This conflict was an expression of the tensions between countryside and city, within the framework of a government strategy of water dispossession and fragmentation of social actors who inhabit strategic rural areas, due to water availability. In spite of this, the social actors overcame their heterogeneity and they reorganized themselves into the Committee for the Defense of Human Rights and Natural Resources of the Cutzamala and they managed to stop the Temascaltepec project again in December, 1999.

Key words: social disputes, socio-environmental movements, countryside-city relationship, water diversion.

Introducción

El proyecto Temascaltepec, o ampliación del Sistema Cutzamala en su cuarta etapa fue la propuesta de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) en 1995, para resolver lo que oficialmente se calificaba como insuficiente capacidad de este Sistema para cubrir la demanda creciente de agua a la población urbana y a las actividades industriales y de servicios concentradas en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM).

La iniciativa consistía en el represamiento del río Temascaltepec para incorporar parte de su volumen al Sistema Cutzamala, sin importar la afectación ecológica y social de una cuenca hidrológica cuyas aguas eran esenciales para el funcionamiento de ecosistemas, así como para el abasto doméstico y productivo de una población rural con altos índices de pobreza (Campos y Ávila, 2013a).

A finales de 1995, a través de la CONAGUA y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sin brindar información ni contar con el consentimiento de los actores locales y regionales, el Estado inició las obras del proyecto, modificando el curso de los manantiales que alimentaban el río Temascaltepec, con lo que perjudicó a la población de San Pedro Tenayac, municipio de Temascaltepec (Legorreta et al., 1997; Perló y González, 2005; Corona de la Peña, 2012), que se convirtió en la principal opositora al proyecto.

La organización y coordinación con otros actores regionales opositores a la cuarta etapa del Sistema Cutzamala derivó en la conformación del Comité para la Defensa de los Recursos Naturales del Xinantécatl y del Río Temascaltepec (CDRNXRT). Desde éste se movilizaron hasta lograr la suspensión del proyecto³ en diciembre de 1997 (Mollard y Gómez, 2012; Campos y Ávila 2013b).

Sin embargo, el Estado mantuvo el interés de concretar la ampliación del Sistema Cutzamala y actuó para crear el escenario social y político que le permitiera construir las condiciones para su realización. El objetivo de este artículo es documentar las diferentes etapas del conflicto y la estrategia seguida por el sector gubernamental (federal y estatal) para imponer el proyecto Temascaltepec entre 1997 y 1999, así como la respuesta, la acción y movilización de los opositores al mismo.

La relevancia de estudiar este caso es que es un precedente exitoso de que mediante la organización y movilización social es posible detener proyectos de trasvase en condiciones diferenciales de poder entre los actores de un campo social y político, pese a una estrategia gubernamental de desgaste y represión social. Ejemplos que contrastan en la misma zona son las etapas anteriores del propio Sistema Cutzamala, donde las resistencias locales no lograron impedir la realización de las obras (Lerma en los años sesenta y Cutzamala en los ochenta). Lo mismo ocurrió en otras ciudades del país, como Puebla y Hermosillo, que implicaron el despojo de agua de los pueblos originales (Ramírez et al., 2006, Campos, 2009; Moreno Vázquez, 2014). De igual forma, el caso resulta pertinente porque contribuyó la formación de recursos humanos y una memoria colectiva que emergieron en 2003 en el Movimiento Mazahua.

Metodológicamente se analizó el conflicto como un proceso político donde participan actores con intereses y objetivos diversos, y se estudió a los movimientos sociales como acciones colectivas que no son estáticas ni homogéneas. El agua fue estudiada como un recurso político, cuyo control es fuente de poder y disputa entre diferentes actores, y donde emergen contradicciones, como las de Campo-Ciudad y Estado-Sociedad civil.

Desde una perspectiva antropológica, el agua es considerada un recurso político: su control es una forma de ejercicio de poder y dominio sobre determinados actores en un campo político (Adams, 1983; Varela, 1996). Por ello, los conflictos sociales por el agua están asociados con objetivos públicos e intereses divergentes, que pueden conllevar o no a la acción colectiva. Para el caso propuesto en este artículo, el análisis es abordado como una disputa política que surge por el control, uso y manejo de un recurso cada vez más estratégico y escaso (agua), ante la aplicación de una política pública o proyecto de desarrollo (como son, en este caso, las obras del trasvase de una cuenca a otra), que afecta los intereses de los actores locales en favor de otros que son urbanos (Ross, 1995; Ávila, 2001, 2012; Tirel, 2013).

Por su parte, la perspectiva sociológica es relevante para estudiar el conflicto social cuando éste deriva en acciones colectivas y movilización de recursos (políticos, económicos y sociales). Al respecto, Touraine (1986, 1987a y 1987b) centra su atención en las relaciones sociales conflictivas y en los actores sociales. La acción colectiva es vista como un comportamiento conflictivo donde participan actores que cuestionan las relaciones sociales, las formas de dominación y los modos de apropiación de los recursos culturales. Por su parte, Melucci (1991 y 1999) plantea que todo movimiento social incluye un conflicto, una situación donde los adversarios están en oposición por un objetivo común, en un campo disputado por ambos. Además, existen elementos de solidaridad entre actores que se reconocen y son identificados como parte de una unidad que tiene un objetivo en común.

Así, el movimiento social por la defensa del río Temascaltepec es analizado como una acción colectiva que muestra: la identidad o capacidad de los actores de reconocerse y ser reconocidos, la oposición como un campo de fuerzas donde hay adversarios y aliados, y la totalidad como proyecto económico, político o cultural, alternativo al modelo vigente.

El conflicto por el agua se aborda como una expresión de las contradicciones entre campo-ciudad y el ejercicio autoritario del Estado ante el despojo del agua en una cuenca hidrológica estratégica para satisfacer el abasto urbano-industrial de la ZMCM. De igual manera, el conflicto cuestiona el modelo dominante de gestión urbana del agua, los trasvases entre cuencas, que son insustentables en lo social, económico y ambiental.

En el plano metodológico, la movilización social contra el proyecto Temascaltepec se abordó como un estudio de caso único e instrumental para conocer a profundidad y detalle las acciones y las relaciones entre los opositores al proyecto y el Estado (Coller, 2005). En este marco, el conflicto se estudia como un proceso o drama social que incluye varias fases o momentos. Cada fase tiene una propiedad específica y deja su huella en la estructura de las relaciones sociales del proceso político actuante (Swartz et al., 1966; Turner, 1974; Van Velsen, 1967). Los momentos y puntos críticos de las relaciones sociales son abordados en seis fases:

Fase 1. Movilización del capital político: maximización de apoyos y consolidación de recursos internos de los grupos para debilitar anticipadamente a los adversarios.

Fase 2. Violación de la paz: precipitación de una crisis y rompimiento a partir de la valoración de alguna de las partes que posee ventajas.

Fase 3. Crisis: ruptura de las relaciones entre grupos a partir de la violación de acuerdos, definición de alianzas desde la precisión de los antagonismos.

]]> Fase 4. Tendencias contrabalanceantes: Mecanismos para el restablecimiento del orden y mantenimiento de la cohesión social.

Fase 5. Despliegue de mecanismos de reajuste y corrección: mediante arbitrajes informales, maquinaria legal o intervención de árbitros e intermediarios para alcanzar acuerdos entre las partes.

Fase 6. Restauración de la paz: restablecimiento de las relaciones entre las partes contendientes desde la modificación de la estructura y funcionamiento del campo político.

Con el fin de analizar tanto el conflicto social como la acción colectiva que emergió por la defensa del Río Temascaltepec, ocurrida entre 1997 y 1999, se realizó trabajo documental y de campo. La información se sistematizó por medio de las seis fases o momentos clave en las relaciones sociales. La investigación documental permitió contextualizar sucesos o procesos que ubicaran el origen y desarrollo del conflicto social y las acciones colectivas realizadas a fines de la década de 1990. Se llevó a cabo mediante la recopilación de notas periodísticas, tesis de investigación sobre la región y bibliografía temática. La investigación de campo para acercarse a la realidad social se realizó mediante el método etnográfico, de noviembre de 2010 a enero de 2011, con recorridos exploratorios en la región y entrevistas a profundidad con informantes clave que participaron en el conflicto.

Movilización del capital político y violación de la paz: el conflicto en ascenso y la heterogeneidad de la organización del movimiento social

Si bien el conflicto social aquí abordado surgió en 1995, cuando el gobierno federal realizó los primeros trabajos de construcción del proyecto Temascaltepec sin consulta ni consenso local y con la afectación de la población, en este documento se analizan las etapas del conflicto presentes a partir de la represión e intento de fractura del Comité para la Defensa de los Recursos Naturales del Xinantécatl y del Río Temascaltepec ante la intención del gobierno federal de imponer el trasvase, así como la respuesta organizada de los opositores al mismo, después de su primera suspensión en diciembre de 1997.

Apenas interrumpidas las obras para la ampliación del Sistema Cutzamala gracias a la organización y acción del CDRNXRT, las instituciones promotoras del proyecto intervinieron para agudizar los antagonismos entre los diferentes actores que lo constituían. Su propósito fue generar una crisis al interior del Comité que cuestionara su legitimidad y provocara fracturas entre los actores.

Gracias a sus informantes, las autoridades federales y estatales conocían el tipo de liderazgos, personalidades, composición y demandas de los actores en resistencia que conformaban la red de organizaciones sociales. A partir de ello, destinaron recursos económicos para ofrecer obra pública y empleo temporal que beneficiaría a algunas de las comunidades opositoras al proyecto. También atendieron algunas inquietudes relacionadas con las afectaciones a los manantiales y se comprometieron a no perjudicarlos. Esto generó reacciones diversas en la red de organizaciones sociales, que se concretaron en una estrategia doble frente al Estado:

]]> 1) Sostener la defensa del río Temascaltepec y su entorno natural, con el objetivo de detener la realización de la cuarta etapa del sistema Cutzamala.

Un sector de la red de movimientos decidió continuar con la oposición al proyecto, estando representados los pobladores de los municipios del sur del estado de México, así como de Guerrero y Michoacán. Sus demandas desde el inicio habían sido de oposición a la construcción de la presa El Tule, por afectar su acceso al agua, y contra la perforación del túnel en el cerro del Campanario, que impactaba a la localidad de San Pedro Tenayac.

2) Atender la propuesta gubernamental de hacer modificaciones al proyecto para reducir el número de afectados.

En este marco, en octubre de 1998 un sector integrado por seis comunidades del municipio de Temascaltepec firmaron con representantes del gobierno federal y estatal, un convenio en el que aceptaban la construcción de la presa a cambio de que les dotaran de infraestructura social (Sandoval, 2000).

Este acuerdo fue hecho público por el Director de la CONAGUA en el medio de información local de mayor circulación, que resaltó que el acuerdo había sido producto de un largo diálogo y el convencimiento de las comunidades, lo que permitiría a corto plazo la reanudación del proyecto, así como de la atención de las indicaciones de las autoridades estatales y municipales (Santiago, 1998a).

Paradójicamente, la capacidad de interlocución de los actores que habían pactado el acuerdo con los diferentes niveles de gobierno era gracias a la fuerza y presión generada por los opositores al proyecto no interesados en la negociación.

Según Santiago (1998b), los compromisos asumidos por el gobierno federal y estatal en octubre de 1998 fueron los siguientes:

a) La titulación gratuita de derechos al agua y la garantía de que no se daría ninguna concesión aguas arriba.

]]> b) La indemnización oportuna de los terrenos y bienes afectados por el proyecto, con el compromiso de que sería antes de que concluyeran las obras.

c) La conducción superficial del agua, a través de un acueducto de 42 km de longitud que permitiría mantener la integridad de los manantiales.

d) La generación de cuatro mil empleos durante los cuatro años de construcción de la obra.

e) La dotación a las comunidades afectadas de obras sociales con una inversión de 100 millones de pesos (sistemas de agua potable, mejoramiento de sistemas de riego, construcción de nuevos bordos, entre otros).

f) El aprovechamiento de los excedentes de las aguas del río Temascaltepec, sin afectar los usos agrícola, ganadero y domésticos actuales y futuros de la región.

g) La no afectación de la vegetación y fauna de la zona, a través de la construcción de una tubería a 250 m de distancia de la zona boscosa.

h) La no afectación de los usos agrícola, ganadero y domésticos actuales y futuros de la región.

i) La posibilidad de construir una presa derivadora, aguas arriba, que permitiría que parte del río se desviara por un canal independiente de la presa <<El Tule>> y descargara corriente abajo sin afectar su caudal ecológico.

j) La modificación de las dimensiones de la presa “El Tule”, cuya cortina disminuiría su altura (de 52 a 28 m), mientras que la longitud de la corona sería de 130 m, en lugar de 185.

Para el sector firmante del convenio éste representaba un avance al lograr la cancelación de la construcción del túnel en el cerro <<El Campanario>>, con lo que se evitaba la afectación de las aguas superficiales de la zona de influencia del proyecto, motivo central de su oposición inicial. Para este grupo, lo prioritario en ese momento era la revisión de los puntos del convenio, en virtud de que si no se cumplían no se permitiría que las obras de trasvase continuaran.

Esta reorganización se logró en los municipios del sur de los estados de México, Guerrero y Michoacán, a partir de la relación iniciada en 1995, cuando los líderes del CDRNXRT los visitaron para comunicarles sobre los perjuicios que padecerían con el proyecto Temascaltepec, por encontrarse aguas abajo de la cortina de la presa <<El Tule>>:

“… había dos escenarios distintos: la gente afectada por la construcción de la presa, que básicamente era San Pedro Tenayac, y la gente de aguas abajo de la cortina de la presa que no dejaría que se ejecutara la obra. Fue así como se decidió crear un Comité por la Defensa del Río Cutzamala, por si la gente de arriba faltaba…” (Pérez, 2007. Carta abierta)

Desde su origen a principios de 1999, el CDDHRNC no confrontó a los actores sociales que firmaron el convenio con las autoridades, pero sí consideró necesario dejar claro a la opinión pública que no todos los campesinos de la zona estaban de acuerdo con la realización y reactivación de la cuarta etapa del Sistema Cutzamala, así como el seguimiento de una estrategia distinta para movilizarse y lograr nuevas alianzas que fortalecieran su lucha. Entre sus avances estuvieron:

a) En abril de 1999, el pronunciamiento de grupos ecologistas de Valle de Bravo⁴ (Alianza Vallesana) que otorgaron argumentos ambientales sobre la capacidad hidrológica de la cuenca, alternativas para la producción de agua, capacitación silvícola para la explotación racional de los bosques y pago de servicios ambientales a los campesinos por cuidar de éstos (Santiago, 1999a).

b) En abril de 1999, la realización del foro “Por la vida del río Temascaltepec” convocado por la Comisión de Recursos Hidráulicos del Congreso, representada por el diputado panista Juan Carlos Núñez Armas, con el objetivo de conocer la opinión de la población y contar con información precisa sobre las consecuencias e impactos de la realización de este proyecto (Yescas, 1999).

c) El posicionamiento del candidato a gobernador por el Estado de México, Arturo Montiel Rojas⁵, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el marco de elecciones estatales y federales de 1999 y 2000. Públicamente planteó su compromiso de oponerse al trasvase de agua a la Ciudad de México si no atendía las necesidades de los campesinos de la región (Yescas, 1999).

d) La valoración de los beneficios y daños que ocasionaría la ejecución de la IV etapa del Sistema Cutzamala.

]]> e) La solidaridad obtenida como resultado de la realización de la Marcha del Agua hacia la Ciudad de México.

Las reacciones del Estado no tardaron en manifestarse. En mayo de 1999 el vocal ejecutivo de la Comisión de Agua del Valle de México señaló el retraso de las obras por causa de algunos líderes no originarios de la región, quienes buscaban magnificar la inconformidad del proyecto al buscar apoyo con los habitantes de las zonas limítrofes con los estados de Guerrero y Michoacán (González, 1999a). Desde su perspectiva no constituían una “real oposición”, pues numéricamente no representaban a más de 150 personas en comparación con las miles de personas que se beneficiarían con la ampliación del Sistema Cutzamala. Es decir, apuntaba a privilegiar e imponer el poder de la “necesidad” de las mayorías sobre el de las minorías, sin considerar los derechos humanos esenciales y su pertenencia a un territorio.

Esta percepción era compartida por el entonces Alcalde del municipio de Temascaltepec, para quien los opositores eran únicamente agitadores “…con miras a las elecciones del 2000 […] 50 o 60 personas de Zinancatepec, así como de los estados de Michoacán y Guerrero […] personas del PAN y del PRD, quienes al ver solo sus intereses se olvidan del bienestar social. Ellos tratan de abanderar problemas que, más que ayudar, rompen la tranquilidad de este pueblo...” (González, 1999a:10).

En cambio, para los integrantes del CDDHRNC, la existencia y proceder del grupo que negociaba con el sector gubernamental no modificaba en nada los objetivos de su lucha, pues aun con los cambios y obras gestionadas por aquellos, los perjuicios de fondo de la obra continuaban, dado que la esencia del proyecto era la misma: la extracción y el despojo del agua. Así, impulsaron acciones que lograron una nueva suspensión del proyecto de trasvase de agua a finales de 1999, gracias a la persistencia del objetivo inicial del movimiento y a la solidaridad de otros actores sociales.

Como se evidencia, en el proceso de oposición al Proyecto Temascaltepec la red de organizaciones sociales que conformó el Comité para la Defensa de los Recursos Naturales del Xinantécatl y del Río Temascaltepec no se mostró homogénea ni permanente. Se mostró dúctil y adaptable en función de los intereses de los actores sociales que lo conformaron, así como del actuar del Estado ante sus demandas. Esto no representó de forma permanente un escenario fatalista ni definitivo en términos de su cohesión y movilización. Lo que sí denotó fue la construcción paulatina de un actor colectivo a través de la readscripción y la reapropiación de los valores e intenciones compartidas.

Esto permitió rescatar los vínculos entre los diferentes opositores al proyecto Temascaltepec para tener interlocución con el gobierno federal y estatal y recuperar su organización formal, así como contactar a nuevos actores para formar alianzas que permitieran materializar los objetivos de la lucha y defensa del agua.

Crisis y tendencias contrabalanceantes: el conflicto exacerbado y la represión del movimiento social

A principio de septiembre de 1999, trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) reiniciaron los trabajos topográficos para concretar las obras contempladas en el proyecto Temascaltepec. Estas labores causaron daños a parcelas del pueblo de San Pedro Tenayac, con lo que se incumplió con parte de los compromisos asumidos en el convenio firmado once meses atrás; a saber, la no afectación a las localidades por las obras de trasvase. Por ello, así como por la intención de que la CFE asumiera el costo de los perjuicios ocasionados, los campesinos de esta localidad trasladaron a los ingenieros de la Comisión a la Delegación Municipal (González, 1999b).

Para atender esta demanda y disminuir la tensión social, el Subprocurador de Justicia del Sur se dirigió a la zona el día 7 de septiembre para establecer con los líderes del movimiento el acuerdo de no ejercer acción penal en su contra, asegurándoles que se privilegiaría el diálogo y que, al día siguiente, las autoridades acudirían a responder sus dudas e inquietudes.

De acuerdo con la versión de los campesinos, 500 elementos del Grupo de Acción y Reacción habían entrado al pueblo golpeando gente, dañando vehículos y reteniendo a quienes se encontraban resguardando la integridad de los ingenieros, amenazándolos con armas de fuego. A los detenidos se les trasladó a Tejupilco para iniciar la averiguación previa⁶ por el delito de privación ilegal de la libertad durante 17 horas a los ingenieros de la CFE.

Dado que las personas detenidas en el operativo resultaron afectadas con lesiones diversas como fracturas de costillas, quemaduras de segundo grado y heridas en la cabeza, sus familiares solicitaron apoyo al Colegio o la Barra de Abogados para defenderse en el terreno legal. Paralelamente se inconformaron ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) la cual, después de analizar el caso, consideró acreditada la violación de los derechos humanos por parte de los elementos policiales de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del estado de México, asegurando que habían utilizado “la violencia innecesariamente” (CODHEM, 1999).

En la recomendación de este organismo⁷, la acción policiaca se calificó como injustificable y peligrosa para “la integridad física y libre expresión de los afectados, contraria a los principios constitucionales de legalidad, eficiencia y profesionalismo”. En el mismo sentido se señaló como probable que los elementos policíacos cometieran actos penales sancionables por “abuso de autoridad y daño en los bienes”, al exceder “las atribuciones que la ley les confiere”. Esto era grave si se considera que las personas detenidas no habían ofrecido resistencia a la hora de su detención.

En este contexto los actores sociales congregados en el CDDHRNC, partidarios de la no violencia y la resistencia activa, acudieron en solidaridad con los pobladores de San Pedro Tenayac desde el primer día de sus acciones, a pesar de no coincidir con algunos de sus métodos de lucha, como la toma de la presidencia municipal de Temascaltepec y la retención de trabajadores de CFE. El Comité percibía sus medidas como elementos de provocación que conllevarían a la agudización de las tensiones locales, a la generación de violencia, represión y a la posible división de la lucha social.

Para el Estado, la liberación de campesinos y líderes de Tenayac fue un elemento de negociación para mantener la aprobación de la ampliación del Sistema Cutzamala. No obstante, en su detención y posterior liberación⁸ mantuvieron la demanda de la reparación de los daños ocasionados por el trabajo de los ingenieros y se reincorporaron a la exigencia de la cancelación formal del Proyecto Temascaltepec junto con el CDDHRNC (Santiago, 1999b). Como reconoció el vocero del CDDHRNC, Santiago Pérez Alvarado: “… ahora ya no son dos movimientos, sino uno solo, derivado de los golpes que recibieron, lo que propiciará una lucha más fuerte y de frente” (Santiago y González, 1999: portada).

Lo descrito con anterioridad muestra el pragmatismo de los constructores y participantes en el movimiento social contra el proyecto Temascaltepec. El sector del movimiento que había negociado por el Estado, en cuanto vio afectado sus intereses y violentados los acuerdos firmados, se reintegró a la movilización social, encabezada por el CDDHRNC, sin que las relaciones se afectaran. De hecho, más que rechazo, lograron tener solidaridad y apoyo del CDDHRNC ante la violencia ejercida por el Estado por las acciones colectivas realizadas.

Al respecto conviene recuperar la afirmación de Melucci (1999) sobre la acción colectiva como un sistema de relaciones donde los actores mantienen unidad, no por la inmutabilidad de su composición, sino por los intercambios, negociaciones cambio de decisiones y conflictos. Si esto se acepta es comprensible que se modifiquen, temporal o permanentemente, los medios de la acción, la orientación, los fines y las estrategias del movimiento, así como su composición.

Como indica el mismo autor: “Los movimientos no son entidades que avancen con esa unidad de metas que le atribuyen los ideólogos… no es una estructura homogénea guiada por la voluntad de un jefe…” (Melucci, 1999); es decir, son resultado de la articulación de procesos entre actores que pueden: adscribirse a múltiples redes, valorar los elementos del contexto, definir su actuación y estrategia con el actor en contradictorio (confrontación), y ponderar la temporalidad de beneficios y costos de su acción colectiva.

En este sentido el movimiento social se fortaleció desde la vivencia y procesamiento de su heterogeneidad. La red formada por diferentes actores alcanzó mayor cohesión interna desde la reconstrucción y reforzamiento de sus alianzas para mostrarse consolidados y fuertes en la acción final contra el proyecto de su adversario.

Mecanismos de reajuste y restauración de la paz: los logros del movimiento social y la segunda suspensión del proyecto

La estrategia y organización del CDDHRNC presentó un desafío colectivo al Estado (CFE y CONAGUA por el gobierno federal y la fuerza policiaca por el gobierno estatal) de forma permanente. Esta capacidad se sustentó en las habilidades generadas y heredadas de la organización y normatividad comunitaria, lo que a su vez permitió la continua interacción entre los representantes locales e integrantes del movimiento a nivel regional.

En consecuencia, la acción colectiva emprendida por los opositores al proyecto Temascaltepec pasó de ser un movimiento reivindicativo (demanda de cancelación de la obra) a uno político (cuestionamiento de la política de trasvase e inequidad en la relación campo-ciudad). Además, pugnó porque hubiera una mayor participación en la toma de decisiones, con el fin de modificar la posición de subordinación de los campesinos en relación con proyectos y políticas que impulsaban los tres niveles de gobierno y contribuían al despojo de sus aguas y tierras.

Es importante advertir la transformación del comportamiento de los representantes de los diferentes niveles de gobierno durante la modificación del campo político. Al principio del conflicto las autoridades estatales se mantuvieron alineadas con el gobierno federal y fueron los ejecutores directos de la represión y violencia hacia los integrantes del movimiento. Sin embargo, a partir de la coyuntura generada por la realización de elecciones estatales y federales de 1999 y 2000, el gobierno estatal cambió su estrategia ante la demanda campesina como una bandera política que le permitió acercarse a sectores sociales con diferentes raigambres e intenciones.

El candidato del PRI que finalmente ganó la contienda electoral en el estado se presentó cercano a las luchas y al sentir social, independiente y autónomo del gobierno federal, así como rebelde y radical en su demanda. Con ello, fue evidente el uso del agua como un recurso político, un elemento de negociación a diferentes niveles: logró obtener votos a su favor, gestionar recursos económicos para la región y realizar obras e infraestructura social, entre otros.

La distancia establecida entre el gobierno del estado de México con el gobierno federal, más allá de las diferencias partidarias (PRI y PAN), se afianzó al advertir que el costo político de la ampliación del Sistema Cutzamala era mayor que los beneficios a obtener. El gobierno del estado de México advirtió que, de concretarse el proyecto Temascaltepec, el incremento de los volúmenes que recibiría el sistema Cutzamala no podría utilizarse en su territorio, debido a que no contaba con la infraestructura necesaria y suficiente para recibir y distribuir el agua en sus localidades. Por otro lado, haber intervenido en la defensa de los objetivos del gobierno federal reprimiendo a los pobladores de San Pedro Tenayac tuvo un costo político en lo local y acabó por fortalecer al movimiento social al lograr la reintegración de esos actores locales al CDDHRNC.

En este contexto, el gobierno federal valoró suspender el proyecto. Con ello dejó abierta la posibilidad de realizarlo una vez que el escenario social y político se tornara más favorable: la desactivación y fin del movimiento social en defensa del río Temascaltepec y contra el trasvase de agua a la ZMCM.

Los cuatro años de lucha (1995-1999) de los campesinos de la región contra la ampliación del Sistema Cutzamala implicaron un proceso de aprendizaje del movimiento social como una red de movimientos, así como la obtención de logros diversos en función del conjunto de acciones que emprendieron. El poder alcanzado por CDDHRNC al lograr modificar la composición del campo político permitió que el proyecto fuera suspendido por segunda y última ocasión, situación que se mantiene hasta el momento.

Conclusiones

La estructura y la composición del movimiento social contra el proyecto Temascaltepec se adaptaron a la pluralidad y evolución de los intereses, necesidades, oportunidades, intenciones y demandas de los actores sociales locales, así como a la estrategia del actor gubernamental. En el proceso dejaron de ser los mismos y su intervención en el ritual político generó cambios en su cultura política y sus formas de relación con el Estado.

La intención y acción del Estado de diluir la cohesión de la red de movimientos a partir de la primera suspensión del proyecto fue superada por los actores con la conformación del “Comité para la defensa de los derechos humanos y recursos naturales del Cutzamala”, a partir del reforzamiento de su identidad y de la conservación como demanda única la no ampliación del Sistema Cutzamala.

El éxito del movimiento al lograr una segunda suspensión provisional del proyecto es relevante por sí mismo, pero también porque canalizó la inconformidad y promovió la expresión de grupos con escaso o nulo poder frente al Estado que enfrentaron organizados la discusión y negociación con el Estado.

Las oportunidades políticas que facilitaron el éxito del movimiento fueron la construcción y el mantenimiento de alianzas con organizaciones sociales, académicos solidarios y movimientos sociales regionales, la cobertura de las acciones colectivas del movimiento por los medios de comunicación local y nacional, así como la posición del gobierno del estado, después de la represión del movimiento.

Las acciones del CDDHRNC lograron modificar la composición del campo político, gracias a la estrategia de gestión y negociación del conflicto, así como el agotamiento de las diferentes instancias formales para obtener la respuesta deseada. Esta actitud institucional del movimiento no dejó de lado las acciones colectivas directas las cuales, además de ser parte de un repertorio de acciones convencionales, adquirieron nuevos formatos.

En este sentido, la movilización social fue un recurso político de los actores locales para cuestionar a los distintos niveles de gobierno (estatal y federal, principalmente) sobre sus decisiones y proyectos en la región, y cambiar las relaciones de poder. Ello se desarrolló en un abanico de formas de acción contrastantes (radicales vs negociadoras) por un conjunto de actores congregados en una red de organizaciones con orientaciones y significados plurales, aliados para lograr un objetivo común, a saber, impedir el trasvase del río Temascaltepec.

Literatura Citada

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Notas

³ El conflicto social generado por la ampliación del Sistema Cutzamala y la conformación de una red de organizaciones rurales contra el proyecto Temascaltepec, así como la primera suspensión del mismo en diciembre de 1997 se desarrolla con profundidad en Campos y Ávila (2013a).

⁴ Municipio que, pese a contar con la presa de Valle de Bravo y abundantes recursos hídricos, debe solicitar a la CONAGUA acceso a los mismos, pues el agua se encuentra concesionada para el sistema Cutzamala, lo que restringe su acceso para satisfacer las necesidades locales. El Director del organismo de agua potable y alcantarillado de Valle de Bravo consideró injusto que no obtuvieran reciprocidad de la ZMCM pese al beneficio que le reportaban “… deben tomar esa conciencia para entablar diálogos para que, de alguna manera, Valle de Bravo se vea beneficiado de lo que está aportando, esa enorme cantidad de agua […] en Valle hay una conciencia real sobre la necesidad de implementar acciones para cuidar el agua …] pero en otras partes del país el agua que es recogida en esta zona se desperdicia en grandes cantidades…” (González, 1999: portada).

⁵ Gobernador para el periodo (1999-2005), cargo desde el que entabló una controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el Distrito Federal, en ese entonces gobernado por el Partido de la Revolución Democrática, para solicitar la compensación por el uso del agua que provenía de territorio mexiquense. La demanda era por un total de 25,000 millones de pesos (Reyes, 2007).

⁷ Con el número 61/99.

⁸ El día el 12 de septiembre de 1999, gracias a la presión social, el apoyo brindado por abogados solidarios y el pago de una fianza.