Ferrer Mac-Gregor, Eduardo y Silva García, Fernando, Jurisdicción militar y derechos humanos. El caso Radilla ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Carlos María Pelayo Moller*

México, Porrúa-UNAM, 2011, 634 pp

* Doctorando en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

I

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos es cada vez más influyente en la forma en que se interpretan los derechos en el continente. El instrumento principal de este sistema es la Convención Americana sobre Derechos Humanos también conocida como "Pacto de San José". A la par de este tratado se encuentran diferentes convenciones que complementan el marco normativo del sistema como la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención Belem do Pará", entre otras.

El estudio del Sistema Interamericano de Derechos Humanos no sólo debe incluir la lectura simple y llana de los tratados y convenciones que la conforman, sino que debe ser orientado, principalmente, al estudio y análisis de casos. Aquí es de particular importancia destacar el peso que tienen las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la institución autorizada para llevar a cabo la interpretación de estos instrumentos internacionales en el ámbito interamericano.

El Estado mexicano hasta 2011 ha sido condenado en seis ocasiones por la Corte Interamericana, en todos los casos han sido dictadas medidas de reparación que involucran a una gran diversidad de poderes públicos lo cual impone un reto institucional enorme.

A últimas fechas, estos procesos internacionales que se siguen en el sistema interamericano de derechos humanos han sido acompañados por importantes reformas a nivel interno que están transformado la forma en que son concebidos los derechos humanos en México.

Tal vez el hito más importante es la reciente incorporación del segundo párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que impone la obligación de que "[l]as normas relativas a los derechos humanos se interpret[en] de conformidad con [l]a Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia".

Dicha reforma, ha permitido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el marco de la Consulta a Trámite Expediente Varios 912/2010 relacionada con el caso Rosendo Radilla, tomar criterios por demás vanguardistas que prometen expandir el ámbito de protección de los derechos en México.

En este contexto se encuentra inserta la obra que se comenta, la cual analiza la sentencia del caso Rosendo Radilla y sus implicaciones en el orden jurídico mexicano.

En el libro Jurisdicción militar y derechos humanos. El caso Radilla ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos se examina a fondo uno de los casos con mayor impacto normativo que ha emitido la Corte Interamericana a últimas fechas, el caso relativo a la desaparición de Rosendo Radilla Pacheco a manos del Ejército mexicano en 1974, en el marco de la llamada "guerra sucia".

La obra en su Prólogo ofrece un estudio puntual sobre el desarrollo de la jurisprudencia de la Corte Interamericana en torno a la problemática suscitada por la jurisdicción militar tanto en lo relativo al juzgamiento de civiles por tribunales castrenses, así como por el procesamiento y juzgamiento de personal militar y policial por violaciones a derechos humanos. Dicho apartado de la obra es escrito por el distinguido jurista peruano Diego García Sayán, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Así, García Sayán menciona que si bien "el tema de la jurisdicción militar en su relación con los derechos humanos es complejo y ha suscitado toda suerte de prácticas y enfoques en la historia de las repúblicas latinoamericana", dicha complejidad se ha ido "diluyendo en el plano jurídico a la luz de clarificaciones conceptuales llevadas a cabo en distintos espacios de los países de la región". La sección desarrollada por el presidente de la Corte Interamericana en esta obra es amplia, exhaustiva y rigurosa en el tratamiento del tema, realizando un recorrido pormenorizado de los avances más significativos en esta materia en los últimos 20 años de jurisprudencia. Este prólogo sitúa al lector en el contexto de la jurisprudencia en la que se sustenta el caso Radilla Pacheco, así como otros casos relacionados con la actuación del fuero militar en México, que han sido decididos subsecuentemente. El juez García Sayán culmina con una atinada reflexión respecto a los desafíos que conlleva el papel central que deben jugar los jueces nacionales en la protección de los derechos humanos en general, en lo que respecta al denominado "control difuso de la convencionalidad", tema que posteriormente es abordado con mayor detalle por los autores.

En sus primeros dos apartados la obra nos brinda, por una parte, una reflexión sobre la jurisdicción militar, que lleva naturalmente a describir los hechos y las violaciones encontradas por la Corte IDH en el caso Rosendo Radilla. De esta forma, los autores lanzan desde el comienzo una provocación al afirmar que "[u]na de las características de los países alejados de la democracia, es la concepción teórica y práctica de la jurisdicción militar como una institución pública a prueba de control jurídico...". ¿Es acaso México uno de estos países? Los autores, si bien no responden a esta pregunta sí exponen de forma puntal la existencia de ciertos "resabios" de ese entendimiento autoritario de la esfera castrense, los cuales no son exclusivos de México, ni exclusivos del periodo de la "guerra sucia" pero que llevaron a que se condenara al Estado mexicano en el caso Rosendo Radilla.

Para los autores, el caso Radilla muestra las tensiones aún existentes en la esfera castrense. Estas tensiones de alguna u otra forma ya se habían manifestado desde que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 26/2001 relativa a "las desapariciones forzadas de personas durante la década de los setenta y principios de los ochenta del siglo pasado", la cual a su vez dio origen a la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) que analizó más de 500 expedientes y diversas denuncias. A partir del trabajo de la FEMOSPP se presentó un "Informe Histórico a la Sociedad Mexicana", en el que se señaló precisamente el caso de la desaparición de Rosendo Radilla.

El caso Radilla Pacheco y otros vs. México en la Corte Interamericana de Derechos Humanos aporta importantes elementos respecto a la verdad histórica de la represión gubernamental a través de la desaparición forzada de líderes políticos y sociales en Guerrero durante la guerra sucia, y la falta de acceso a recursos judiciales efectivos por parte de sus familiares para la investigación de los hechos. Además, el caso denota serias falencias en el sistema de justicia mexicano, que por una parte, permite que los jueces militares conozcan de acusaciones que versan sobre violaciones a derechos humanos perpetradas por la misma milicia, y que por otra parte, prevé una inadecuada tipificación del delito de desaparición forzada de personas. En consecuencia, la Corte IDH ordenó varias medidas de reparación de alcance colectivo que son puntualmente comentadas por los autores.

En los capítulos tercero y cuarto, los autores examinan las aportaciones relevantes del caso a los derechos humanos y el impacto del caso en el derecho mexicano respectivamente. Resulta particularmente ilustrativa la sistematización de los principales puntos de derecho del caso explicando cada elemento como si tratase de criterios jurisprudenciales emitidos por un tribunal nacional, lo cual seguramente facilitará su comprensión por parte de abogados mexicanos. En estos puntos los autores explican los criterios más importantes del caso en relación con cuestiones probatorias, desaparición forzada de personas, la jurisdicción militar, la invalidez de la reserva a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas realizada por México y el principio de interpretación de la legislación mexicana a la luz de lo dispuesto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La obra si bien en principio se refiere al Caso Radilla, va más allá al analizar el impacto de la sentencia en el sistema judicial mexicano. Al respecto, resulta por demás interesante la mención y dura crítica que los autores realizan a la decisión por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso Reynalda Morales poco antes de que fuese decidido el caso Radilla. En esa oportunidad, la SCJN afirmó que la víctima del proceso penal carece de "interés jurídico" para promover juicio de amparo contra los actos que reconocen la competencia de la jurisdicción militar en asuntos que versan sobre delitos que no tienen estricta conexión con la disciplina militar o con bienes jurídicos propios del ámbito castrense.

A su vez, los autores abordan con gran precisión lo ocurrido en la primera parte del debate en torno al cumplimiento de la sentencia del caso Radilla en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación los días 31 de agosto, 2, 6 y 7 de septiembre de 2010, discusión que eventualmente prosiguió en julio de 2011. Resulta importante destacar un hecho que por anecdótico no deja de ser importante: según los autores, el entonces ministro presidente de la SCJN Guillermo I. Ortiz Mayagoitia se llegó a enterar de la existencia de la sentencia de la Corte IDH sobre el caso Radilla en la presentación de un libro (de los mismos autores) sobre el caso Castañeda Gutman, una obra escrita en el mismo tenor y con la misma metodología que la que se comenta.

Respecto al tema del control de convencionalidad tal vez la voz más enterada y autorizada sea precisamente Eduardo Ferrer Mac-Gregor, quien en su voto concurrente en su calidad de juez ad hoc en el caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México en la Corte Interamericana esboza una amplía perspectiva respecto a las implicaciones de esta concepción del derecho. En cierto sentido, no es casualidad que los avances doctrinales en materia de control de convencionalidad se den por jueces mexicanos en el sistema interamericano de derechos humanos ya que estas inquietudes provienen de la vocación democrática de promover un Ius constitutinale commune en el continente.

En esta misma línea, cabe decir que el control de convencionalidad con sus diversos matices es el tema de mayor impacto que el Poder Judicial Federal ha discutido en los últimos años, toda vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a la Consulta a Trámite Expediente Varios 912/2010 relacionada con el caso Rosendo Radilla determinó que los juzgadores de todo el país están obligados a verificar que las leyes que se aplican se ajustan a la Constitución federal y a los tratados internacionales sobre derechos humanos, lo que implica el que los jueces deberán llevar a cabo un control difuso de constitucionalidad y convencionalidad.

El libro también incluye una amplia sección de apéndices relacionados con el caso Rosendo Radilla. Entre dichos anexos se pueden encontrar: la sentencia de la Corte IDH en el Caso Rosendo Radilla Pacheco y otros vs. México; la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, junto con la reserva y declaración interpretativa de México a dicha Convención; la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas; la Recomendación 26/2001 de la CNDH sobre las desapariciones forzadas de personas durante la década de los años setenta y principios de los ochenta del siglo pasado, entre otros. Estos anexos proporcionan al lector la posibilidad de profundizar en los aspectos del caso que le hayan resultado de interés.

III

De esta forma, la obra Jurisdicción militar y derechos humanos. El caso Radilla ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es indispensable para entender esta revolución de los derechos que actualmente se encuentra floreciendo en los tribunales mexicanos a partir de las semillas plantadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fruto de la iniciativa y lucha de los familiares de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos en México.

Otra buena razón para consultar la obra es la rigurosidad con la que son tratados los distintos temas y niveles de discusión; esto sin duda se deprende de las amplias y serias trayectorias que ambos autores poseen tanto a nivel académico como dentro del Poder Judicial Federal, lo cual permite al lector obtener una atinada visión de los temas tanto a nivel teórico como práctico.

La obra no pretende cerrar la discusión en torno al tema, sino más bien introducir e informar al lector sobre la situación actual del debate que a gran velocidad se está convirtiendo en un elemento transformador de nuestro sistema jurídico, de ahí que sea una lectura imprescindible para todo aquél interesado en comprender los cambios actuales en materia de derechos humanos en México.