El feminicidio es sólo la punta del iceberg

Margarita Bejarano Celaya*

* Doctora en ciencias sociales por El Colegio de Sonora. Investigadora del Centro de Estudios Multidisciplinarios para el Desarrollo. Correo electrónico: margaritabejarano@hotmail.com

Resumen

Palabras clave: género, violencia, feminicidio, violencia feminicida, instituciones.

Abstract

This article discusses femicide as a continuum of violence that women endure in order to remain within the social order. In this sense, the different types of violence represent mechanisms for maintaining and reproducing the subordination of women under the exercise of male power in different areas. In a context of generalized violence, this article intends to recognize violence against women as a progressive situation that may end with the violent death of the woman, and emphasizes the need to study the phenomenon from the perspective of those who face it, to locate its manifestations and effects in order to prevent femicide.

Keywords: gender, violence, femicide, feminicide violence, institutions.

Introducción

El modelo de vida económico y social utiliza a la violencia como un mecanismo de control eficiente; la que se ejerce contra las mujeres funciona como un código universal, para que ellas no trasgredan el orden social. Tanto la violencia ejercida como su sola amenaza surten en las mujeres el efecto de permanencia en el sitio al que histórica y contextualmente se les ha conferido: la subordinación ante el poder de lo masculino. Además, este mecanismo ha funcionado de manera efectiva y eficiente para lograr su cometido de hacer que las mujeres permanezcan en su lugar, en el espacio privado, en el ambiente doméstico, ahí donde los hombres no ven valor.

La definición más conocida del término feminicidio fue propuesta por Diana Russell (2006b, 58), quien la considera como "el asesinato de mujeres a manos de hombres debido a que son mujeres". Esta aportación trascendió el aspecto teórico y logró constituirse como una acción afirmativa a favor del colectivo femenino, ya que al nombrar así estos asesinatos es más fácil reconocerlos y ubicarlos en el terreno de la política sexual, y rechazar la idea popular de que se trata de un asunto privado o de cuestiones patológicas excepcionales, o de ambas cosas al mismo tiempo. En este artículo se aborda la violencia feminicida desde la perspectiva de que es un continuum de violencias que enfrentan las mujeres y que puede desembocar en su muerte, para trascender el término feminicidio que centra la atención del problema en el asesinato mismo.

Existe todavía una amplia brecha entre las formulaciones conceptuales de las académicas y la posibilidad viable de hacerlas operables en criterios estandarizados, y así avanzar en la investigación empírica de la violencia feminicida; así como en la tipificación con elementos definidos y acreditables de los delitos que conlleva y en la impartición de justicia, por lo que continúa siendo un reto la elaboración más compleja y definida del concepto, para evitar las apreciaciones subjetivas que permiten que permee la impunidad por parte de quienes imparten justicia.

Vale la pena aclarar que la violencia feminicida se refiere a la violencia extrema, que incluye los asesinatos de mujeres o los intentos de hacerlo. Por tanto, en este trabajo se propone transitar del uso del término femicidio, como un acto aislado que coarta el ejercicio de derechos de las mujeres y las priva de la vida, hacia la utilización del de "violencia feminicida", que debe entenderse como la forma extrema de violencia hacia las mujeres y que puede culminar con su muerte profana, aunque no necesariamente. Esto justifica seguir con la construcción teórica del concepto y de los mecanismos metodológicos para adentrarse en su estudio, considerando el entramado institucional y la construcción de poder que subyacen a las relaciones de género, y que sustentan la constante violación de los derechos de las mujeres y la infravaloración de sus vidas.

Este trabajo deriva de un proyecto mayor que se fundamenta en la necesidad de atender la incidencia de violencia hacia las mujeres en el país¹ ya que, de acuerdo con la Encuesta nacional de las dinámicas de las relaciones en el hogar de 2012, en México tres de cada cinco entrevistadas reportaron haber tenido algún incidente violento en su vida, pese al gran esfuerzo que se ha hecho en los últimos años para combatir ese flagelo. Lo anterior justificó la necesidad de explorar las dinámicas de la violencia en sus diferentes expresiones; el proyecto realizado arrojó un diagnóstico general de las violencias que experimentan las mujeres en todos los ámbitos de actuación, por zonas geográficas,² y ofrece así un panorama que debe ser considerado para la orientación de políticas públicas (Riquer y Castro 2012).

El objetivo del artículo es abordar la problemática general de la violencia feminicida, con énfasis en dos aspectos: a) las manifestaciones de la violencia de múltiples y continuas formas en la vida de las mujeres y b) los avances en la tipificación del feminicidio como delito autónomo y los obstáculos en el acceso a la justicia para las víctimas, como parte de la violencia institucional que permite la existencia del fenómeno.

El estudio más amplio combinó métodos cualitativos y cuantitativos, aquí se retomaron algunas de las entrevistas en profundidad a víctimas, así como resultados de grupos focales con personas expertas para estudiar las particularidades de la situación de violencia contra las mujeres en la zona noroeste de México³ (Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y Sonora). Se recogió la información derivada de cuatro entrevistas a sobrevivientes de intento de feminicidio (dos de Sonora, una de Baja California Sur y una de Sinaloa), así como algunos testimonios de personas expertas, de los cuatro estados.

Después de analizar la información proporcionada por todas estas entrevistas, es posible mostrar la yuxtaposición de las múltiples modalidades y tipos en las que se presenta la violencia contra las mujeres, así como la que precede al feminicidio y la de las instituciones, al negar o impedir el acceso a la justicia de las víctimas y sus familiares.

El artículo está dividido en cinco apartados: a) La violencia contra las mujeres: efectivo mecanismo para mantener el orden social; ubica a dicha violencia como un dispositivo que limita el ejercicio de derechos de las mujeres en aras de perpetrar el orden hegemónico androcéntrico, valiéndose en especial de la violencia moral y del habitus para su continuidad; b) El feminicidio como manifestación extrema de la violencia contra las mujeres; discute el uso y significados del término y sus implicaciones; c) El entorno de la violencia feminicida; ofrece algunos datos cuantitativos para dimensionar el problema en la zona de estudio; d) Violencia feminicida: la evidencia; presenta algunos testimonios recogidos en campo, para ubicar las manifestaciones de esta violencia desde la voz de quienes la viven y están en contacto con sus efectos y e) Para continuar la discusión; plantea -más que conclusiones- algunos retos por considerar en el estudio de la violencia feminicida, así como la necesidad urgente de seguir con estas investigaciones para contribuir al conocimiento más detallado del fenómeno.

La violencia contra las mujeres: efectivo mecanismo para mantener el orden social ]]>

La Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer⁴ en su artículo primero define a esta violencia como "todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada". Esto enmarcado en un contexto de relaciones asimétricas, que determinan quién ostenta el poder entre los sexos, por lo que es imposible entender la violencia sin conocer el sistema androcéntrico hegemónico en la sociedad.

La violencia contra las mujeres ha sido una constante en la historia humana, y un mecanismo efectivo mediante el cual se ha mantenido su subordinación ante la supremacía de lo masculino. Para entender esta organización social que pareciera 'natural', pero que es construida de manera violenta, es útil el concepto de habitus, propuesto por Bourdieu, un "sistema de categorías de percepción, pensamiento y acción" (1996, 11); es esa imposición social que prepara a la mujer, durante toda su educación y formación, para encontrar su condición de subordinación natural e incluso deseable. El habitus le genera a la mujer esta disposición "para entrar en el juego por procuración, es decir, en una posición a la vez exterior y subordinada, y a conceder a la preocupación masculina [...] una suerte de atención enternecida y de comprensión confiante generadoras también de un profundo entendimiento de seguridad" (Ibid., 42). Es algo tan obvio, tan somatizado, que ni las propias mujeres lo ven.⁵

En contraparte, es justo el habitus lo que afirma a lo masculino como lo legítimo y superior, es "matriz de todas las percepciones, pensamientos y las acciones del conjunto de los miembros de la sociedad" y es, además, un fundamento indiscutido de la visión androcéntrica de la reproducción biológica y social, "porque se halla situado fuera de las tomas de conciencia y del examen" (Ibid., 23). Es por ello que resulta difícil cuestionar su complejidad y entender la lentitud con que se modifican las relaciones de género. En este sentido, la mal llamada "tolerancia" de muchas mujeres a la violencia de pareja o de cualquier tipo no es más que el "reflejo de una dimensión invisible de la violencia, de una naturalización del fenómeno, que no por ello es menos lasciva" (Segato 2003, 107).

En el sistema androcéntrico, que ordena el comportamiento social, la violencia hacia las mujeres se entiende como un llamado al orden, es el medio a través del cual se deja claro que el poder es ejercicio masculino sobre el cuerpo, los comportamientos, la subjetividad y los derechos de las mujeres (Zúñiga et al. 2012). El mecanismo es tan refinado, que esta violencia contra las mujeres puede adoptar diversas formas e intensidades, pero representa un continuum en la vida de éstas, que no hay ámbito que esté libre de ella; se encuentra tanto en el espacio íntimo y doméstico como en el público, comunitario, educativo, laboral e institucional.

Por sus características, la violencia física es la más visible, pero no necesariamente la de mayor brutalidad e impacto. De acuerdo con Segato (2003), la violencia moral⁶ es el más eficiente de los mecanismos de control social y de reproducción de las desigualdades, pues sostiene que "por su sutileza, carácter difuso y su omnipresencia, su eficacia es máxima en el control de las categorías sociales subordinadas" (Ibid., 114). Es este distintivo de invisibilidad lo que permite ser socialmente aceptada y validada, y por ello es más insidiosa que la física, pues no deja marcas visibles, pero mina la autoestima, la confianza y la capacidad de acción y búsqueda de autonomía de la mujer a quien se le impone.

La violencia feminicida se vale de la violencia moral para generar en torno a la mujer todo un contexto de violencia persistente, progresiva y de múltiples tipos para atentar contra su existencia, por el solo hecho de serlo, en una sociedad en la que lo femenino es subordinado y ese principio moral letal no está a discusión. De modo tal que la legitimidad de la violencia moral permite que sea una estrategia de reproducción del sistema androcéntrico, de dominación masculina. El proceso, señala Segato, se puede entender como:

[... ] una situación de violencia estructural, que se reproduce con cierto automatismo, con invisibilidad y con inercia durante un largo periodo luego de su instauración, tanto en la escala temporal ontogenética de la historia personal a partir de su fundación doméstica en la primera escena, como en la escena filogenética, es decir, del tiempo de la especie, a partir de su fundación mítica secreta (2003, 113).

Es importante enfatizar que la violencia se hace presente para las mujeres, en sus diferentes modalidades y manifestaciones, en todos los ámbitos en que se sitúen sin importar su condición social, económica, étnica o de cohorte. En este sentido, la violencia feminicida debe ser reconocida como un continuum creciente, que acorrala a las mujeres y las pone en riesgo constante de perder la vida,⁷ en el cual el feminicidio es el límite, pero siempre antecedido por una amplia variedad de abusos y de violencia moral.

De acuerdo con lo anterior, el automatismo e invisibilidad con que opera la violencia invita a abordar las subjetividades de los actores sociales que la viven como víctimas o victimarios, para entender la forma en que se ejerce y reproduce. En este sentido, como señalan Zúñiga et al. (2012), se hace necesario regresarles a las víctimas de violencia la capacidad inherente de todo ser humano de ser sujeto. Esta perspectiva se utiliza para adentrarse en el análisis de la violencia feminicida que se vale de la moral para controlar a las mujeres hasta el extremo.

El feminicidio como manifestación extrema de la violencia contra las mujeres

En países de habla hispana se emplea el término feminicidio como la traducción del inglés femicide, palabra utilizada desde hace varios siglos, y cuya acepción actual fue propuesta por Diana Russell en la década de 1970. Ella enfatiza en las motivaciones para el asesinato de mujeres, tales como el odio o el desprecio de los hombres hacia ellas, así como el placer que les implica privarlas de la vida al sentirlas de su propiedad. Por tanto, Russell define feminicidio como "el asesinato de mujeres a manos de hombres debido a que son mujeres" (2006a, 58).

Al nombrar así estos asesinatos de mujeres es más fácil reconocerlos y ubicarlos en el terreno de la política sexual, rechazar la idea popular de que se trata de un asunto de carácter privado o acciones patológicas, o ambas cosas a la vez. Permite colocar las muertes violentas de mujeres en un contexto continuo de violencias a lo largo de sus vidas, en todos los ámbitos, de formas, intensidades o gradaciones distintas, hasta el extremo de privarlas de la vida.

Vale la pena señalar que los asesinatos sexistas van más allá de los crímenes misóginos, ya que también pueden ser cometidos por mujeres en contra de mujeres. El término feminicidio se utiliza para diferenciar aquéllos realizados por varones y que son "motivados por un sentido de tener derecho a ello o superioridad sobre las mujeres, por el placer o deseos sádicos hacia ellas, o por la suposición de propiedad sobre las mujeres" (Ibid. 2006b, 78). Esta definición tiene una connotación política que obliga a indagar en las motivaciones de la privación de la vida, con el fin de hacer visibles las condiciones de subordinación que subyacen entre los sexos, y las desigualdades sociales que enfrentan las mujeres respecto a los varones y que las colocan en constante situación de peligro. Por tanto, es importante destacar que aquí se comparte la visión de Russell y Radford (1992) y difiere de otras y otros investigadores, como Campbell y Runyan (1998), quienes señalan que todos los asesinatos de mujeres son feminicidios, sin importar el motivo o la situación del perpetrador.

En América Latina, y gracias a la aportación de la mexicana Marcela Lagarde, se ha transitado del uso del vocablo femicidio, -como traducción literal del inglés— al de feminicidio, ya que "femicidio puede ser sólo interpretado como el término femenino de homicidio; es decir, como un concepto que especifica el sexo de las víctimas" (2006, 13), pero no aporta información sobre el victimario. Con esto, la autora aclara que el término no se refiere sólo a la descripción de crímenes que cometen asesinos contra mujeres de cualquier edad o condición, sino que existe toda una "construcción social de estos crímenes de odio, culminación de la violencia de género contra las mujeres, así como de la impunidad que los configura" (Ibid.).

De esta manera, Lagarde contribuye al desarrollo del concepto desde el contexto mexicano y, en específico, de lo acontecido en Ciudad Juárez, al señalar que el feminicidio es además un crimen de Estado, ya que éste "no es capaz de garantizar la vida y la seguridad de las mujeres en general, quienes vivimos diversas formas y grados de violencia cotidiana a lo largo de la vida" (Ibid.).

Toledo ahonda en el "elemento impunidad —y por tanto, responsabilidad estatal—" como principal diferenciador entre femicidio y feminicidio (2009, 28). De acuerdo con esta acotación, y con las aportaciones de Lagarde, en este artículo se utiliza la voz feminicidio para referirse a la violencia extrema que se ejerce contra las mujeres y las niñas, que puede desembocar en su asesinato o muerte violenta a manos de varones, ante la inexistencia o ineficacia de un entramado institucional que resguarde el derecho a vivir de todas las mujeres y el acceso a justicia para sus familias.

Monárrez (2000) también divide al feminicidio familiar en íntimo e infantil, apoyada en las aportaciones ya clásicas de Russell, así como de Carcedo y Sagot (2002); la socióloga ofrece una tipología de tres clases de feminicidio: a) el familiar, b) por actividades estereotipadas y c) el sexual sistémico; cada uno puede, a su vez, tener subclasificaciones. En la figura 1 se presenta la tipificación de Monárrez de una manera simplificada, misma que el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) ha retomado para realizar su registro y documentación del fenómeno en México, en un esfuerzo por dimensionarlo y poner a disposición de la ciudadanía y de las propias autoridades información que cubra los aspectos sociales del problema, y contribuir a su entendimiento y solución.

Pese a la riqueza de la tipología expuesta, y su incidencia para identificar y clasificar los asesinatos de mujeres acontecidos en Ciudad Juárez, Chihuahua, y en otras entidades del país, existe todavía una incapacidad para hacerla operable en criterios estandarizados que permitan avanzar en la investigación empírica de los asesinatos de mujeres, en la tipificación con elementos definidos y acreditables del delito y en la impartición de justicia por parte de las autoridades ante estos crímenes de odio.

Es importante señalar que existen otras muertes violentas de mujeres, calificadas de feminicidio, que escapan a la clasificación presentada y cuya identificación, castigo, prevención y erradicación tendrían que ser resultado de un proceso aún más complicado. Se trata del feminicidio encubierto, que Russell (2006b, 85) define como el que "incluye formas encubiertas de asesinar a las mujeres, como [que] se permita su muerte a causa de actitudes o instituciones sociales misóginas. Por ejemplo, en cualquier lugar donde no se reconoce el derecho a ser madre, miles de mujeres mueren cada año debido a abortos mal practicados". Estas muertes innecesarias califican como feminicidios, al igual que las maternas, debido a esterilizaciones forzadas y mal realizadas, el aborto selectivo y otras prácticas discriminatorias, cobijadas por relaciones de subordinación de las mujeres ante los hombres, usos y costumbres, actitudes misóginas y androcéntricas y que, como señala Hom (2006), atienden a un orden social existente que permite "prácticas que provocan la muerte de las mujeres y la devaluación de las vidas de las mujeres" (Ibid., 286). En este caso, la sociedad en conjunto comparte valores reproducidos por un orden androcéntrico establecido, en el cual las mujeres son vistas de manera utilitaria y mantenidas como un factor de reproducción, pero cuyas vidas no tienen valor alguno ni significado social, económico ni simbólico más allá.

Existen muertes violentas de mujeres que escapan a las clasificaciones existentes y que son naturalizadas en la sociedad, pero que pueden ser calificadas de feminicidio, como señala Martínez de la Escalera:

[...] el vocablo feminicidio [es] el recordatorio viviente y perturbador de que la desigualdad de género no es únicamente un ejercicio de dominación sobre el cuerpo de las mujeres sino, lo que es mucho más grave, una singular política de la muerte, que no distingue entre espacios públicos y privados o entre lo individual y lo social. La muerte violenta de mujeres a manos de otros —de la misma manera que la de los animales que representan un punto ciego de la crítica en nuestro país— se considera una muerte natural por razón del elemento sexual, que se alega, interviene de manera decisiva en cada asesinato; la debilidad propia del género femenino o la supuesta finalidad del acto (2010, 9).

Muchas muertes violentas de mujeres se consideran naturales, es decir, corresponden al habitus de invisibilizar la violencia cotidiana que enfrenta la mayoría de las víctimas de feminicidio, a ese mandato que la establece como el medio para ubicarlas en el lugar subordinado que les corresponde en las relaciones asimétricas que viven.⁸

Es importante señalar que en ocasiones —y por diversas razones— el feminicida no logra acabar con la vida de la mujer. Pese a sus intentos por dejar patentada su superioridad sobre la víctima, la mujer logra sobrevivir; sin embargo, la pretensión deja clara la intensión del perpetrador: atentar contra la integridad y la vida de la mujer. Según esta premisa, el intento de feminicidio debe entonces considerarse parte del fenómeno, lo que implica reconocer que se requieren reformas muy importantes en el campo de la procuración de justicia, pero sobre todo son prioridad los efectos indelebles que provoca en la vida de las sobrevivientes y de las personas cercanas. La sobreviviente de un intento feminicida vivirá con secuelas en su salud emocional y física, con miedo constante y con la impotencia de que la justicia no llegue.

El feminicidio y su intento de perpetración tienen implicaciones en el ámbito jurídico y criminológico y, aunque están bien sustentadas desde el estudio social (Monárrez 2000; Russel 2006b; Hom 2006), son difíciles de hacer patentes en su tipificación como delito distinto del homicidio. Además, su entendimiento exige realizar investigación con perspectiva de género; modificar la forma tradicional de impartir justicia, para ubicar el problema como un asunto de relaciones de poder; generar formas de justicia alternativa y garantizar la integridad de las mujeres visibilizando y combatiendo las manifestaciones de violencia en su vida cotidiana.

La tipificación legal del feminicidio es un paso urgente, pero es un reto la elaboración más compleja y definida del concepto para evitar las apreciaciones subjetivas, que permiten que la impunidad permee por parte de quienes imparten justicia o de quienes, con base en creencias misóginas, son corresponsables de que las relaciones de género sean inequitativas y justifican la violencia contra las mujeres -ya sea responsabilizando a las víctimas o justificando a los victimarios—. Como señala Núñez, en el feminicidio intervienen "no sólo las acciones perpetradas sobre el cuerpo de las mujeres para lastimarlo, humillarlo y lacerarlo hasta dejarlo sin vida, sino que se imprime un gran componente formado por significados que no necesariamente están impresos en el asesinato de un hombre contra otro hombre" (2012, 3). Por esta razón, resulta importante ahondar en las motivaciones que llevan a los varones a cometer el feminicidio, y que encuentran complejas y diversas representaciones que en lo particular se cruzan con otros tipos y manifestaciones de violencia, fundadas en relaciones inequitativas de género y estructuras de poder y control, por ello es que también el feminicidio se puede clasificar en varios tipos.

En México, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) establece que la violencia feminicida es:

[... ] la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.

El Estado mexicano concibe la violencia feminicida como un proceso continuo de agresiones o manifestaciones de violencia de diferente tipo e intensidad ascendente, que no necesariamente implica la muerte de la mujer, pero que la coloca en una situación de riesgo latente de afrontar la muerte violenta, ya sea a manos del agresor o bien como resultado directo de la extrema situación en que está inmersa, como suicidio y accidentes fatales a consecuencia del estado físico y emocional de la mujer que encara este tipo de violencia.⁹

Sin embargo, la amplia definición en la ley no se ve reflejada en los sistemas de prevención y atención de la violencia contra las mujeres ni en los procesos de impartición de justicia; la evidencia señala que la violencia feminicida es asociada en la práctica sólo al asesinato, y desconoce el contexto y las implicaciones familiares y sociales que entraña; es decir, minimiza la historia de violencia previa al asesinato o su intento, y evade el proceso posterior que limita el ejercicio de los derechos de las mujeres víctimas y cercanas a ésta, y desemboca en una situación de riesgo y desolación para las familias.

La diferenciación técnica de las modalidades de violencia establece los ámbitos familiar, laboral, docente, comunitario e institucional en que ésta se ejerce como la clave para su distinción, mientras que los tipos de violencia: psicológica, económica, patrimonial, física y sexual destacan los diferentes efectos que la violencia tiene en la vida de las mujeres. La complejidad para entender la violencia feminicida radica en la interrelación de modalidades y tipos de ella que, si en su momento cualquiera de éstos se aborda de manera aislada y sin perspectiva de género, puede desencadenar los efectos más extremos y desembocar en la innecesaria y prevenible muerte de la mujer. Es decir, reconocer la violencia feminicida como un continuum progresivo de violencias y atacarla de forma integral puede evitar el feminicidio. Así lo sugieren los casos que se pudieron documentar, mediante diversas clases de entrevistas a informantes en Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa. Los estereotipos de género están tan imbricados en el personal encargado de garantizar la seguridad de las mujeres, que se muestra ciego ante la evidencia e incluso culpa a las víctimas y sus familias por la violencia que experimentan.

En tanto, las deficiencias de la ley contribuyen a que, como afirma Lagarde, el feminicidio se caracterice por el elemento impunidad, ya que "el Estado no es capaz de garantizar la vida y la seguridad de las mujeres en general, quienes vivimos diversas formas y grados de violencia cotidiana a lo largo de la vida" (2006, 13). En este sentido, la elaboración más compleja y definida del concepto continúa siendo un reto, pero debe buscarse su precisión para evitar las apreciaciones subjetivas que permiten la impunidad por parte de quienes imparten justicia.

Por lo anterior, se hace necesario trascender el uso del término femicidio, como un acto único e inalterable que coarta el ejercicio de derechos de las mujeres y las priva de la vida, hacia la utilización de "violencia feminicida" en su sentido amplio y relacional, mismo que es una forma extrema de violencia hacia las mujeres y que puede culminar con la muerte profana de ellas, pero no necesariamente, por lo que la violencia feminicida debe abarcar también las amenazas de acabar con la vida de la mujer, que encara violencia de cualquier tipo —o la de sus seres cercanos—.

El feminicidio puede reconocerse como un hito en el contexto continuo de violencias a lo largo de la vida de las mujeres, pero no indica el final de la historia violenta, ya que en muchos casos, como en los de las personas sobrevivientes de intento de feminicidio, ese hecho extremo marca el tránsito a una situación de mayor vulnerabilidad y de más violencias articuladas provenientes de diversos actores, no sólo del victimario directo. En este sentido, hablar de violencia feminicida puede ubicar ese proceso en el que la mujer se ve inmersa.

Como señala Alcocer (2012), al referirse a los feminicidios ocurridos en Guerrero, no sólo el asesino dispone de la vida de las mujeres, también lo hace la prensa y los actores sociales e institucionales que juzgan, revictimizan y culpan a las víctimas de violencia feminicida, mientras tienden a exculpar a los asesinos. Es decir, se apropian del cuerpo de la mujer asesinada a través del discurso, pero también de las sobrevivientes de intento de asesinato.

La información recogida en campo, de víctimas sobrevivientes de intento de feminicidio en los cuatro estados mencionados, coincide en que las autoridades permiten que la violencia feminicida continúe, se extienda y cobre cada vez más vidas. La impunidad que rodea a los casos de asesinatos de mujeres es lacerante, pero lo es más conocer la violencia institucional que deja que la feminicida prevalezca, pues las que denuncian violencia no siempre reciben un trato profesional y acorde a lo que la ley establece. Pareciera que las instituciones —o las personas que las representan— buscan probar la resistencia de las mujeres. Los testimonios de las víctimas de violencia feminicida o sobrevivientes de intento de feminicidio señalan, en la mayoría de los casos, que habían acudido a denunciar reiteradamente, pero que las instancias encargadas de su atención y protección minimizaron los hechos y consideraron que se trataba "sólo" de incidentes de violencia de pareja. Se niegan a iniciar procesos por tentativa de asesinato e incluso justifican la actuación violenta del agresor.

En este tenor, es importante la tipificación del feminicidio como delito distinto del homicidio, ya que los asesinatos de mujeres por cuestiones de género operan con una saña muy característica, que buscan enviar un mensaje social de la valía inferior de los cuerpos y las vidas de las mujeres; es un delito diferente. Contar, desde el ámbito jurídico y del Estado de derecho, con herramientas que contravengan ese mensaje de odio es una acción necesaria y urgente ante el aumento y recrudecimiento de la violencia hacia las mujeres; al mismo tiempo, las sanciones del feminicidio deben ser superiores a las de asesinato y se debe garantizar que no queden impunes, para que los agresores vean barreras reales en lugar de incentivos a sus comportamientos criminales.

El entorno de la violencia feminicida

La situación de violencia feminicida en este país es tal que organismos internacionales, que defienden los derechos de las mujeres, han instado en forma reiterada a México a que tipifique el feminicidio como delito agravado e intolerable (Muñoz 2011). Ya 17 estados han realizado reformas al respecto, y algunos lo han hecho de manera incorrecta, pues definen elementos subjetivos para acreditar el delito, y permiten que quienes imparten justicia emitan sus propios juicios de valor, lo cual dificulta su aplicación. De la región estudiada aquí, sólo en Sinaloa y Baja California se ha tipificado el delito, y las penas aprobadas son menores que otras establecidas en estados que tipificaron antes y no se valora el delito en grado de tentativa, lo cual es una omisión grave si se busca combatir de manera efectiva la violencia feminicida, pues las amenazas de muerte que reciben las mujeres no son consideradas y sancionadas como delito grave.

Los datos reportados por la Comisión Especial para Conocer y dar Seguimiento Puntual y Exhaustivo a las Acciones que han emprendido las Autoridades Competentes en relación a los Feminicidios registrados en México y otras instituciones, que participaron en el reporte de 2011, son de los pocos referentes para caracterizar al feminicidio en la zona noroeste. De este reporte y el trabajo continuo del OCNF se desprende que no existe información oficial desagregada por sexo en las instancias encargadas de llevar el registro de las muertes violentas en los estados, ni coordinación entre las que deben hacer padrones desde diferentes áreas, por lo que la comparación entre ellos se hace inoperable e incluso entre fuentes en cada entidad.

Tanto la comisión especial como el OCNF, que han demostrado tener una metodología de seguimiento más ordenada que las instituciones, y que permite destacar algunos elementos para caracterizar a grosso modo la violencia feminicida en las entidades de la región noroeste, destacan que tres de los cuatro estados de la zona se encontraban posicionados entre los diez con mayor incidencia de asesinatos de mujeres en 2009.¹¹ La edad mediana de las víctimas es menor en estos estados que a escala nacional: 30 años o menos, y se encuentran en plena etapa productiva y reproductiva. Resulta imperioso señalar que la tendencia es a que los feminicidios se realicen cada vez con más saña, si se considera la degradación y exposición de los cuerpos y el uso de armas para perpetrar los crímenes, cuando antes éstos se debían principalmente a asfixia o ahorcamiento en el interior de los hogares.

La información sobre feminicidios varía de acuerdo con la fuente, los datos reportados por Híjar et al. (2012) son mayores que los de la comisión citada, en todos los años comparables. Híjar y sus colegas analizan la información de defunciones por homicidio de la Secretaría de Salud, entre 2001 y 2010, y señalan que en la zona noroeste ocurrieron 321 muertes por homicidio en mujeres, 2.14 por ciento del total de la república, y es notorio que en el periodo éstas se incrementaron en 16.2 por ciento.

En cuanto a la información de 2010, que es la más reciente y la que se tuvo disponible al momento de redactar este artículo, la figura 2 presenta los asesinatos de mujeres por entidad. Destacan los municipios con mayor incidencia; en 2010, Baja California y Sinaloa reportaron el mayor número: 117 y 116 respectivamente. De todos los asesinatos ocurridos en la zona noroeste, en Baja California y Sinaloa se concentró 40 por ciento del total, en tanto que en Sonora 17 y en Baja California Sur el restante 3.

En cada entidad, alrededor de cinco municipios concentraron la mayor parte de los asesinatos de mujeres, a excepción también de Baja California Sur donde sucedieron en Los Cabos y La Paz; si bien es cierto que el número reportado en territorio sudcaliforniano es muy bajo, comparado con el resto de estados de la zona noroeste, es importante señalar que de acuerdo con la cifra dada para 2009 por la comisión especial, Híjar et al., informan un incremento de 100 por ciento en un año.

En Baja California hay asesinatos de mujeres en sus cinco municipios, pero en Tijuana el registro es abrumador, ocho de cada diez ocurren ahí. En tanto que en Sinaloa, se aprecia que Culiacán reúne más, alrededor de 38 por ciento. En Sonora, el municipio fronterizo de Nogales concentra 18 por ciento, seguido de Cajeme y Hermosillo con 12 cada uno. Esta información es muy relevante pues, como señalan Monárrez y Flores (2006), la relación entre ciudad y género revela la organización espacial y su efecto en el disfrute de la vida de las mujeres, así como las limitaciones a su existencia y libertad en calidad de seres humanos.

Los testimonios de las víctimas de intento de feminicidio, que se recogieron para este artículo, así como la información recabada en las entrevistas a expertas en la materia revelan lo que se ha venido sosteniendo aquí, que la violencia que enfrentan las mujeres en todos los ámbitos en los que se desenvuelven es multimodal: en la pareja, en la familia, en las instituciones, en la comunidad y en el espacio laboral, de parte de personas muy cercanas, como sus compañeros sentimentales o los padres de sus hijos/as, con los que en muchos casos deben seguir relacionándose -y exponiéndose a más violencia- como se aprecia en el relato siguiente:

[...] por parte de mi pareja [...] él siempre me ha hecho trabajar mucho, me llegaba la semana y nunca veía mi dinero, todo me lo quitaba para irse a tomar. Me golpeaba mucho. Un caso en que una vez se le pasó la mano y me [...] me macheteó la cabeza. [...] Estuve internada tres días y el problema como estamos casados [...] es una persona agresiva que me tiene amenazada. [...]. Llegó a un convenio en que le iba a dar manutención a mis hijos, pero ya son cuatro semanas de que no está trayendo [...] (sobreviviente de intento de feminicidio, Sinaloa).

La trama de la violencia no termina con el acto extremo de asesinar o atentar contra la vida de una mujer, lo que sigue es el tortuoso, largo y costoso proceso de buscar justicia para ellas y sus familias y castigo real para los agresores, en el que las instituciones se encarnan también como agresoras, al carecer de mecanismos funcionales de acceso a la justicia, a la falta de personal capacitado y sensibilizado y no considerar la reposición del daño.

[...] me estaba ahorcando y me quise defender y no [...] me quedaron las marcas en el cuello y a la niña la golpeó, [.], llevaron a un médico, me hicieron todo allí, me hicieron las preguntas todo [...] y no le hicieron nada, me quitó todas las cosas que tenía ahí, entre los dos, porque yo siempre trabajé con él, cuando trabajaba en maquilas [.] y no, no le hicieron nada y aquí también, aquí [...] lo demandé y tampoco, no me hicieron caso y el hecho de yo lo demandaba y como no me creían y luego él me amenazaba, otra vez tenía que volver con él a fuerzas, y luego me decía que yo sí tuviera miedo por mi mamá y porque yo tengo hermanitas: 'si no vuelves conmigo voy a matar a tu familia'[...] (sobreviviente de intento de feminicidio, Sonora).

Las víctimas de violencia feminicidia, ante la falta de apoyo y actuación efectiva de las autoridades, se ven obligadas a continuar en muchos casos viviendo con el agresor, como se aprecia en el testimonio anterior; así pues, este tipo de violencia se cruza con la institucional. El tema de la justicia, su procuración por parte de las instituciones y de la justicia social en general, sigue siendo una asignatura pendiente para las mujeres que hacen frente y sobreviven a situaciones de violencia feminicida, así como para sus familias.

Además, la violencia comunitaria que se erige como elemento legitimador del papel de subordinación de las mujeres y de su condición de no humanas, como planteó una sobreviviente -después de haber sufrido un ataque a martillazos y ser lanzada inconsciente a una letrina y pasar semanas en el hospital-, en su comunidad se rumoraban historias para justificar el atentado:

]]> [...] cuando recién me golpeó decían que porque tenía un amante [...] de hecho eso fue la declaración de él, pero la gente ya que me conoció y todo bien como soy yo, pues nada que ver. Pero sí mucha gente al principio [...] sí decían que me golpearon porque me encontró con mi amante, que me sacó de un campo, o sea, muchas versiones [...] (sobreviviente de intento de feminicidio, Sonora).

No se han puesto en práctica las disposiciones fundamentales de la LGAMVLV, ni las establecidas en las leyes locales, por lo que las mujeres se encuentran en riesgo latente de encarar diversas modalidades y tipos de violencia, incluso para muchas de las que enfrentan la doméstica su vida se pone en peligro, en el lugar que se supone tendría que ser el más seguro. Los vía crucis descritos por las víctimas que denunciaron violencia y afrontaron intentos de asesinato, así como testimonios de los familiares demuestran la falta de mecanismos expeditos para atender el problema, y develan la trama de corrupción que existe en las propias instituciones encargadas de velar por los derechos de las mujeres y las niñas, así como de impartir justicia en general.

Existe una franca desilusión hacia las instituciones por parte de los informantes que colaboraron en la investigación, incluso de servidoras públicas que trabajan en ellas o como agentes del Ministerio Público.¹² En este sentido, las defensoras de los derechos humanos y las activistas por una vida libre de violencia para las mujeres desconfían tanto de las instituciones y la legislación vigente, que se proponen encontrar formas alternativas para atender y combatir la violencia contra las mujeres, sin tomar en cuenta -o dejando de lado- el entramado gubernamental.

Los resultados de la investigación permiten destacar que existen vínculos muy estrechos entre los tipos de violencia. Es difícil encontrar los límites entre una y otra; las diferencias entre las modalidades son poco claras o sus fronteras difusas, incluso en el feminicidio íntimo parecieran ser producto de una argamasa de violencias progresivas, donde la de pareja -o ex pareja- de la víctima es mencionada siempre como el antecedente inmediato. Se encontró también que estas violencias son después reforzadas y perpetradas por el entramado institucional, social, económico y cultural, que parecen funcionar para que la víctima no pueda huir del agresor, independientemente de lo que haga. Por consiguiente, tanto ésta como sus sobrevivientes enfrentan violencias multimodales y en todos los ámbitos en que se desenvuelven.

Por otra parte, se puede afirmar que la cultura de dominación sobre las mujeres está tan arraigada que los agresores no muestran arrepentimiento por privar de la vida a sus víctimas, como señala una experta que trabajó con hombres feminicidas reclusos:

[...] yo les preguntaba que si realmente estaban arrepentidos de lo que cometieron [...] y se arrepienten en parte, solamente por el daño causado para ellos, porque se ven ya también en un lugar sin salida, porque [...] están adultos pues, 40 a 50 años y pues les falta todavía para cumplir la sentencia [...] (informante experta, Sinaloa).

Entonces, ¿cómo combatir una conducta que no es concebida como indeseable o fuera de la norma? Además, si la violencia se sustenta en la actuación colectiva, en el peso que los grupos de poder le dan como forma de reproducir el sistema económico y social actual, en el proceder de autoridades que permiten que suceda, y no actúan en consecuencia y en la sociedad poco sensible a la situación, ¿cómo revertir el sistema y cómo transformar esa idea compartida por los actores sociales e institucionales? Las víctimas de violencia feminicida están solas en la mayoría de los casos, los testimonios recabados demuestran que carecen de redes sociales (como sucede con las trabajadoras jornaleras agrícolas migrantes), que en ocasiones la familia y los amigos desconocen la situación violenta en la que viven y que las instituciones no actúan a tiempo.

La investigación empírica incluyó un estudio hemerográfico que refuerza la hipótesis de que las instituciones no tienen plenamente contabilizado y controlado el fenómeno de la violencia feminicida. Se ubicaron cientos de notas en periódicos de circulación local en Baja California, Sinaloa y Sonora; la información es abrumadora, por la saña que se muestra en las imágenes y en los textos.

Las razones que motivan la violencia son tan inverosímiles como variadas, los agresores son en muchas ocasiones justificados por múltiples argumentos económicos, sociales, personales, de salud y de honor. Además, al acto mismo de violencia y vejación que enfrentan las víctimas se suma el juicio de quienes redactan las notas y los comentarios misóginos de las y los lectores que acceden a esa información vía internet, es decir, como señala Alcocer (2012), son muchos los actores o grupos que se apropian del cuerpo de la mujer asesinada para deificar el hecho y justificarlo, hacerlo parecer como un castigo merecido ante una conducta inapropiada, debido a la insubordinación.

Ser precaria es una condición que las puso en una situación de desventaja, misma que la vinculó con lo desechable y lo dañable, lo que a su vez puede tener un impacto en la forma en cómo son descritas [las víctimas de feminicidio en las notas de prensa]. Las mujeres pobres y marginadas, son las más vulnerables al asesinato, sin embargo, esto no significa que las mujeres de clase media y alta, no sean asesinadas (Alcocer 2012, 3).

 

Para continuar la discusión

Los elementos presentados en este trabajo son evidencia de que la discusión en torno a la violencia feminicida está en ciernes, y que hacerle frente al fenómeno como un problema de estudio genera más dudas y elementos para continuar deconstruyendo y construyendo, desde la voz de quienes lo enfrentan. Es importante para este ejercicio hacer mención de la dificultad para abordar científicamente la violencia feminicida; la complejidad con que se presentan las violencias, de manera interrelacionada, en la vida cotidiana de las mujeres en ocasiones impide reconocerla.

Debido a la delicadeza del problema -lo crudo de los datos y las imágenes que refiere-, este ejercicio implica un fuerte desgaste emocional tanto para informantes como para las investigadoras. Al estudio del feminicidio lo acompañan dificultades y retos interesantes, sin duda; el principal fue cómo abordar un tema tan delicado que abre heridas y mueve fibras muy sensibles para todas las personas involucradas, para después dejarlas sin contención. De forma sorprendente, las víctimas y sus familiares expresaron abiertamente sentirse conformes de participar en este tipo de estudios y de que fueran entrevistadas; para ellas resulta muy positivo que sus experiencias, por trágicas y dolorosas que les resulten, sean visibilizadas y esperan que sirvan para entender cómo y por qué sucede la violencia con el afán de prevenirla, y que otras puedan ser advertidas y no pasen por el mismo trago.

Resulta muy complicado no sentirse comprometida con la situación de estas mujeres y familias, que siguen dando testimonio de fortaleza pese a la impunidad que priva en los casos explorados. La implicación de acercarse a la subjetividad de las víctimas remueve los propios argumentos y concepciones previas de la investigadora sobre el hecho que estudia. El impacto emocional de entrar en la vida de estas personas, remover recuerdos, llamar de nuevo las lágrimas y no darles la certeza de la justicia, de la no repetición, la incapacidad de dar una luz de seguridad y de respeto a sus derechos humanos lleva a cuestionar la utilidad, el alcance y la legitimidad del trabajo que se realiza. Los efectos de la violencia son evidentes en la vida de la víctima, en su forma de expresarse, en los cambios de dinámica vital familiar, en no planear ni sentir garantía por la vida de sus seres queridos.

En este sentido, es importante identificar el término femicidio como un acto que coarta el ejercicio de derechos de las mujeres y las priva de la vida con la permisividad de las autoridades, y reconocer que la "violencia feminicida" es la forma extrema de violencia hacia las mujeres y que puede culminar con la muerte profana de ellas, pero no siempre es así. También abarca las amenazas de acabar con la vida de la mujer, que enfrenta violencia de cualquier tipo -o la de sus seres cercanos-. El feminicidio puede reconocerse como un hito en el contexto continuo de violencias a lo largo de su vida, pero no necesariamente indica el final de la historia violenta, ya que en muchos casos, como en las sobrevivientes de intento de feminicidio -o a las y los deudos de las mismas-, ese hecho extremo marca el tránsito a una situación de mayor vulnerabilidad y de más violencias articuladas.

Por lo anterior, es urgente avanzar en la construcción teórica del concepto y de los mecanismos metodológicos para adentrarse en su estudio considerando el entramado institucional y la construcción de poder, que subyacen a las relaciones de género y sustentan la constante violación de los derechos de las mujeres y la infravaloración de sus vidas, para no revictimizar a las informantes. Hablar de violencia feminicidida como un concepto más abarcador que pueda ayudar a ubicar las posibles implicaciones, causas y efectos en la vida de las mujeres más allá de y previo a un feminicidio, con el fin de prevenir las muertes violentas, no sólo las que ocurren a manos de asesino(s), sino también las que son la última salida a la situación precaria de violencia moral y de opresión de muchas (suicidios, muertes negligentes y accidentes fatales, entre otras).

Por último, es pertinente proponer la intervención interdisciplinaria en las investigaciones científicas sobre la violencia feminicida, para garantizar que tanto los estudiosos como los informantes tengan herramientas para reflexionar y un manejo emocional adecuado de sus propias experiencias. Se sostiene la pertinencia de abordar estos temas desde la perspectiva de los sujetos que viven la violencia, y la necesidad de contención -por parte de profesionales de la psicología-, misma que debiera ser requisito para el diseño de cualquier proyecto de investigación en materia de violencia en general y de la feminicida en particular. Hacer uso de herramientas de investigación-acción, como un instrumento político, puede contribuir a mejorar los procesos de impartición de justicia y a obtener mejores resultados. Los datos presentados y el ritmo de crecimiento del feminicidio en la zona de estudio justifican la atención urgente a la problemática, la necesidad de tipificar el feminicidio como delito agravado y acreditable con penas duras contribuye a inhibirlo, pero la violencia hacia las mujeres debe ser atendida de manera integral, pues el feminicidio es sólo la punta del iceberg, pero bajo él se cimienta una argamasa de violencias que les impiden su ejercicio pleno de derechos.

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Notas

La autora agradece especialmente las aportaciones de la doctora Mercedes Zúñiga Elizalde, para la culminación de este artículo, su lectura acuciosa y comentarios orientaron el resultado final.

¹ "Estudio nacional sobre las fuentes, orígenes y factores que producen y reproducen la violencia contra las mujeres", coordinado por los doctores Florinda Riquer y Roberto Castro, Mercedes Zúñiga Elizalde fue la responsable de la investigación en la zona noroeste.

² Todas las entidades de la república se dividieron en seis zonas: noroeste, noreste, centro, occidente, golfo y sudeste.

³ Como víctimas se consideraron a mujeres que han enfrentado violencia en cualquiera de las modalidades y ámbitos contemplados en el estudio; en específico en lo relativo a violencia feminicida se hicieron varias entrevistas a las sobrevivientes de intento de feminicidio, así como a familiares de las asesinadas. Como expertas en el tema de violencia se incluyó a académicas, que han realizado investigaciones; a profesionistas que atienden, previenen o combaten la violencia directamente y a activistas defensoras de los derechos humanos de las mujeres, que trabajan asuntos de prevención, combate y acompañamiento a víctimas.

⁴ Texto disponible en el sitio del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, ONU: http://www2.ohchr.org/spanish/law/mujer_violencia.htm (6 de junio de 2013).

⁵ No obstante, no es sosegada la resistencia. Existen indicadores de que las mujeres perciben la opresión de varias maneras y en distinta medida, pero siempre con malestar, aunque el habitus juegue la pasada de no significarla como tal. Esta opresión se refleja en las vidas vacías, violentadas, precarias, frustradas, ahogadas de las mujeres que deben asumir su subordinación sin resistir, ya sea por imposición, por propia seguridad o por ignorancia de sus derechos, aun por amor, pero que, como señala Pierre Bourdieu, esto no se puede aliviar a simple fuerza de voluntad.

⁶ La violencia moral es "el conjunto de mecanismos legitimados por la costumbre para garantizar el mantenimiento de los estatus relativos entre los términos de género", es lo que por lo común se denomina violencia psicológica (Segato 2003, 107).

⁷ Atencio (2010) señala que "el feminicidio representa el extremo continuum de terror antifemenino que incluye [...]: violación, tortura, esclavitud sexual (particularmente por prostitución), abuso sexual infantil incestuoso o extra-familiar, golpizas físicas y emocionales, acoso sexual (por teléfono, en las calles, en la oficina y en el aula), mutilación genital (clitoridectomías, escisión, infibulaciones), operaciones ginecológicas innecesarias (histerectomías), heterosexualidad forzada, esterilización forzada, maternidad forzada (por la criminalización de la contracepción y del aborto), psicocirugía, negación de comida para mujeres en algunas culturas, cirugía plástica y otras mutilaciones en nombre del embellecimiento".

⁹ Baja California y Baja California Sur adoptan la misma enunciación de la LGAMVLV en sus legislaciones locales, en tanto que en Sinaloa y Sonora se agrega que la violencia feminicida implica "[...] perturbación social en un territorio determinado o la existencia de un agravio que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres".

¹⁰ Expertas entrevistadas confirmaron que en Baja California Sur los asesinos tienen atenuantes para sus penas en casos de "encontrar in fraganti a la pareja", o bien por "cuestiones de amor [...] que es cuando se llama de locura momentánea", sin embargo, ellas mismas señalaron que esas atenuantes no aplican cuando es la mujer quien asesina, por lo que la ley carece de perspectiva de género.

¹¹ En la zona noroeste, la tasa de asesinatos de mujeres supera a la nacional, que es de 3.4 por cada 100 mil; en Baja California es de 9.8, en Sinaloa de 5.7 y en Sonora de 5.0, excepto en Baja California Sur, donde es de 1.9, pero ocupa el sexto lugar nacional en violaciones sexuales.

¹² En Baja California Sur, por ejemplo, todas las agencias del Ministerio Público que atienden los delitos de competencia de la Subprocuraduría de Atención a la Mujer y al Menor están a cargo de mujeres, pero eso no garantiza que las víctimas no sean violentadas de nuevo por ellas, en lugar de ser atendidas con calidez y calidad en todos los casos.