Migración y desarrollo en México: entre la exportación de fuerza de trabajo y la dependencia de las remesas

Humberto Márquez Covarrubias*

* Doctorado en Estudios del Desarrollo. Universidad Autónoma de Zacatecas.

Correspondencia:
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Recibido en junio de 2006
Revisado en noviembre de 2006

Resumen

Existe un enfoque teórico nuevo de la migración internacional y el desarrollo en México. Más allá de la visión de los organismos internacionales, analiza el papel asignado a las remesas en la precaria estabilidad socioeconómica del país, según el esquema denominado modelo de desarrollo basado en las remesas. En aras de un análisis comprensivo, se revisan tres dimensiones: a) la exportación de fuerza de trabajo barata; b) el papel de la migración laboral en la reestructuración productiva estadounidense y c) la función asignada a las remesas en la economía mexicana. El argumento central es que el desarrollo basado en las remesas agudiza la dependencia de éstas, sin asociarse a mecanismos que promuevan el crecimiento local, regional o nacional.

Abstract

There is a new theoretical approach to international migration and development in Mexico. Beyond the vision of the international organisms, it analyzes the role assigned to migration and remittances within Mexico's precarious socioeconomic stability, according to what is called a remittance–based development model. For the sake of a comprehensive analysis, three dimensions are reviewed: a) the export of cheap labor; b) the role of labor migration in US productive reconstruction, and c) the function assigned to remittances in the Mexican economy. The central argument is that development based upon remittances intensifies the dependence on them, yet is not linked to mechanisms that promote local, regional or national development.

Key words: remittance–based development, labor export, regional economic integration, remittances, international migration, United States–Mexico.

Introducción

Los organismos internacionales, comandados por el Banco Mundial (BM 2005), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID 2000) y la Organización de las Naciones Unidos (ONU 2006), postulan una política de migración y desarrollo que gira en torno al uso de las remesas como instrumento del crecimiento. Empero, al invocar la noción de desarrollo, paradójicamente no se antepone la necesidad de alterar el entramado político e institucional de la globalización neoliberal y del esquema actual de integración económica de América del Norte, mecanismos que explican la agudización del subdesarrollo mexicano y el incremento exponencial del éxodo laboral. En consonancia con esa agenda política, el debate académico en la materia, en su mayoría, se centra en la revisión de las posibilidades de inversión productiva de las remesas como elemento detonador del progreso.

Es necesario elaborar una visión más integral y comprensiva, que considere tres dimensiones analíticas: a) el contexto de la integración económica regional, apuntalada por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ; b) el proceso exportador de fuerza de trabajo y su papel en la reestructuración productiva estadounidense y c) la función asignada a las remesas en la economía mexicana, como parte de la política neoliberal.

Desde esa óptica, el objetivo del presente artículo es elaborar un enfoque analítico nuevo acerca del problema de la migración internacional y el desarrollo en México, para ello se propone el modelo de desarrollo basado en las remesas, deducido de las proposiciones de los organismos internacionales y de las disposiciones del gobierno mexicano sobre el tema. El argumento es que el propósito de este modelo no es promover el crecimiento local, regional o nacional; sus objetivos son políticos más que económicos: auspiciar cierta gobernabilidad local y fomentar la legitimación de la integración económica regional y el esquema neoliberal vigentes. Más aún, se sigue una política adaptativa o inercial, cuyo efecto más notorio es la agudización de la dependencia socioeconómica de las remesas. La clave analítica radica en visualizar al modelo de desarrollo basado en las remesas como un subproducto de la integración económica vigente y del modelo exportador de fuerza de trabajo, que le es consustancial.

La exportación de fuerza de trabajo mexicana

Uno de los rasgos estratégicos de la globalización neoliberal es la conformación de bloques económicos regionales. El de América del Norte está organizado alrededor de los intereses capitalistas de Estados Unidos a fin de alcanzar, entre otros, los siguientes propósitos: a) afrontar la competencia capitalista internacional representada por los otros bloques regionales; b) resarcir su mercado interno y c) afianzar una zona de influencia abastecedora de ganancias, recursos naturales y fuerza de trabajo barata.

En la versión oficial, México adopta un modelo de crecimiento exportador merced al TLCAN.¹ Pero, al analizar el contenido de lo que el país exporta se obtienen resultados interesantes, particularmente si se sigue la pista de los sectores clave: la maquila y la maquila encubierta. Debido al elevado componente importado de ambas actividades —entre 80 y 90 por ciento del valor de las exportaciones— el saldo para México se reduce a la derrama salarial. Lo cual significa que el país no está exportando mercancías, debido a que el insumo nacional agregado en la producción se constriñe al valor de la fuerza de trabajo. En ese sentido, el sector manufacturero más dinámico es en verdad el que exporta fuerza de trabajo indirecta, es decir, aquel cuyos trabajadores no salen del país (Delgado Wise y Márquez 2005, 5). Más aún, si a ésta se le suma la exportación directa de fuerza de trabajo vía emigración laboral, entonces se devela el contenido real de las exportaciones mexicanas. En esa medida se puede caracterizar como modelo exportador de fuerza de trabajo barata (Delgado Wise y Márquez 2005, 4; Delgado Wise y Cypher 2005, 2). Desde esta perspectiva, son tres los mecanismos más dinámicos de la integración económica de México a Estados Unidos, que aluden al trabajo barato, la única ventaja mexicana comparativa:

1. La industria maquiladora, concebida como plantas de ensamble asociadas a procesos productivos internacionalizados, con integración escasa a la economía nacional.

2. La maquila encubierta, referida a plantas manufactureras con procesos productivos relativamente más complejos que la maquila, pero que operan según el mismo sistema de importación temporal, como el sector automotor y electrónico.²

3. La emigración laboral, denota el creciente éxodo de mexicanos al exterior. Es resultado de la estrechez y precarización del mercado laboral mexicano, derivadas de la reestructuración neoliberal implantada desde la década de 1980.

Si bien la emigración mexicana es algo más que centenaria, a raíz de la puesta en práctica del TLCAN se consolidó con un propósito estratégico: abastecer de fuerza de trabajo barata a la economía estadounidense en condiciones de precarización elevada. No en balde durante las últimas tres décadas, la oleada de emigración mexicana se multiplicó 13 veces (Consejo Nacional de Población, CONAPO 2004a). Pero desde 1980 a la fecha, es decir, el periodo neoliberal, la multiplicación ha sido de 15 veces.

Además del proceso de integración económica regional, contribuyen al éxodo laboral el desplome de la dinámica de crecimiento económico y la incapacidad estructural de la economía mexicana, para generar fuentes de empleo nuevas (véase cuadro 1). Durante las últimas tres décadas se tendrían que haber generado en el país 11 millones de puestos laborales formales, que no dejan de representar sin embargo un saldo negativo, ante los 16 millones de plazas necesarias, si se toma en cuenta la demanda ocupacional. Más aún, en la primera década de vigencia del TLCAN, alrededor de 10.6 millones de jóvenes debieron incorporarse al mercado laboral mexicano, pero como apenas se generaron 2.7 millones de empleos nuevos, ahora el rezago es de 7.9, esto sin considerar el atraso histórico. Ese sería de un modo aproximado el tamaño del excedente poblacional, generado en la fase más aguda de la integración económica y de la aplicación de la política neoliberal. En mayor medida, la salida inmediata para la sobrepoblación mexicana es optar por la emigración a Estados Unidos, o bien engrosar las filas de desocupados o de la llamada economía informal.³

Más allá de la cuantificación del flujo migratorio voluminoso, es menester develar el papel de los mexicanos en el mercado laboral estadounidense. En primera instancia, el porcentaje de empleo de la PEA de mexicanos establecidos en Estados Unidos supera en 15 puntos el registrado por la PEA en México. La masa de trabajadores nacidos en México que cuenta con ocupación formal en Estados Unidos es de aproximadamente cinco millones; monto equivalente a una cuarta parte de la población empleada en el sector formal de México. Específicamente, 36.2 por ciento de los inmigrantes de origen mexicano laboran en el sector secundario, mientras que en México sólo lo hace 27.8, según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI 2000).

Históricamente, desde las primeras etapas migratorias hasta la culminación del Programa Bracero (1942–1964), los trabajadores mexicanos laboraban, de manera primordial, en el sector agrícola de Estados Unidos, pero con el tiempo han diversificado su ocupación en la economía. En épocas recientes, según las cifras del Current Population Survey (cps 2003), el mayor contingente se concentra en el comercio (14.7 por ciento); la industria manufacturera (14.6) y la recreación, entretenimiento y servicios alimenticios (13.7) (véase cuadro 2). En este renglón, llama la atención que los contingentes de inmigrantes más recientes, nacidos en México, que han llegado a Estados Unidos, tienen una presencia destacada, sobre la participación ocupacional de la primera y segunda generaciones, en la manufactura (64.8 por ciento), la recreación, entretenimiento y servicios alimenticios (59.4), construcción (65.4) y agropecuario (77.0). Esta situación contrasta con la óptica estereotipada del inmigrante como trabajador agrícola, ya que sólo 13.3 por ciento de los de origen mexicano laboran en el sector primario.⁴

La inserción laboral de mexicanos en Estados Unidos conduce a la precarización y flexibilización; ya que el perfil de la fuerza de trabajo mexicana es joven, abundante, desorganizada, con escolaridad deficiente y barata. Su participación económica es de 64.4 por ciento (79.8 es masculina y 45.2 femenina, esta última en ascenso). La mayor parte destaca por su juventud: promedia 34 años de edad —dos tercios (65.7 por ciento) tiene entre 20 y 39. Este dato es relevante, porque da cuenta de cómo el llamado bono demográfico mexicano está beneficiando en realidad a la acumulación estadounidense, y sus energías no se aprovechan en México para acrecentar las capacidades productivas.

A pesar de que la inserción laboral se ha vuelto más difícil y exigente, pues requiere más calificación, los inmigrantes mexicanos poseen niveles educativos muy bajos, en comparación con los de otras nacionalidades, y con la misma población de origen mexicano nacida en Estados Unidos: 2.2 por ciento de ellos carecen de escolaridad; 60 tiene 12 años cursados o menos; en tanto que sólo 5.5 tiene estudios de licenciatura o posgrado.

Por consiguiente, en Estados Unidos la mayoría de los inmigrantes mexicanos trabaja en puestos de baja calificación y precarización laboral; como operario y obrero se ocupa 28.6 por ciento; en restaurantes, bares y otros servicios 23 y en trabajo de precisión, oficio y compostura 19.1. Por si fuera poco, ellos perciben el menor ingreso anual —en comparación con otros grupos de inmigrantes—, una situación similar a la de los centroamericanos. El ingreso promedio anual de los mexicanos es de 17 167 dólares, casi la mitad del promedio nacional estadounidense, pero muy superior al mexicano. Lo que configura en realidad un seudo sobresalario (Peña 1995, 75), una suerte de espejismo ante el señuelo del diferencial salarial entre México y Estados Unidos, que en el caso de la manufactura es de 1 a 11, según datos de la Organización Internacional del Trabajo (Howard 2004). Debido a factores como la falta de documentos, las desventajas educativas y el desconocimiento del inglés, aunados a los abusos de empleadores y la desprotección de autoridades de Estados Unidos y México, la mayoría de los trabajadores mexicanos tiene empleos inestables e inseguros; muchos son, inevitablemente, de corta duración, además de que a la tercera parte de ellos los ocupan de tiempo parcial. Y si a ello se le suma la baja tasa de sindicalización en el sector (10.5 por ciento), se puede corroborar la magnitud de la desprotección.

Además de la funcionalidad de la exportación indirecta de fuerza de trabajo mexicana, maquila y maquila encubierta, hay dos papeles clave asignados a los trabajadores inmigrantes mexicanos en la reestructuración productiva estadounidense (véase cuadro 3):

1. Uno indirecto, en la producción de bienes–salario (3 5 por ciento de la población ocupada en las ramas de productos alimenticios, bebidas, tabaco y textiles, prendas de vestir e industria del cuero), lo que contribuye al descenso del valor de la fuerza de trabajo en general de aquel país.⁵

Este papel redunda en la procreación de una ventaja comparativa en el contexto de la competencia capitalista internacional.

2. Uno directo, por la vía del incremento ocupacional de inmigrantes mexicanos vinculado directamente a la reestructuración industrial (42.6 por ciento de la población ocupada en las ramas de productos metálicos, maquinaria y equipo e industrias metálicas básicas).

Con todo, el éxodo laboral galopante propicia que el país esté perdiendo uno de sus recursos más valiosos para el proceso de acumulación: la fuerza de trabajo. La exportación directa de ella, es decir, la emigración laboral, implica para México una pérdida creciente de recursos humanos que trae consigo el abandono de actividades productivas, la dilapidación de los costos de formación y reproducción de esa fuerza laboral y, en cierto sentido, el desplazamiento de mano de obra calificada en términos relativos, lo cual también se aprecia como un debilitamiento sensible de la soberanía laboral. Más aún, el desbordamiento de la emigración laboral repercute en una pérdida de riqueza potencial. Según estimaciones de Ruiz Durán (2004, 10), los trabajadores mexicanos contribuyen con 8.1 por ciento al pib estadounidense, y en la misma medida dejan de contribuir con 27.4 por ciento, en la formación del pib mexicano.

Otra arista de la nueva política social: las remesas como instrumento del desarrollo

Además de que el objetivo principal de la integración económica de México a Estados Unidos es coadyuvar al fortalecimiento de la competitividad capitalista de éste último en el concierto internacional, y de fundarse en una serie de relaciones de intercambio desigual, que ensanchan las asimetrías entre ambos países, un aspecto relevante es que no contempla ningún mecanismo para promover el desarrollo de México, y mucho menos ofrece apoyos complementarios a las zonas de emigración alta, proveedoras netas de fuerza de trabajo barata. A diferencia de otros esquemas de integración conocidos, como la Unión Europea, donde sí se contemplan recursos compensatorios para los países subdesarrollados.

Durante la vigencia del modelo exportador de fuerza de trabajo, el flujo de remesas captado por México ha experimentado un auge inusitado.⁶ Entre 1980 y 2005 se incrementó la recepción de remesas 28.5 veces; en 1980 los envíos sumaron apenas una cifra cercana a 700 millones de dólares, y en 2005 alcanzó los 20 mil (véase gráfica 1). La escalada en la recepción de remesas es importante, pues en los años ochenta crecía 12.7 por ciento anual, en los noventa 16 y 30 en la década presente. En 2005, el Banco de México (2006, 166) registró alrededor de 58.7 millones de envíos, con un promedio de 341 dólares. Sin embargo, ese caudal de recursos está atomizado en 1.4 millones de familias, que lo destinan primordialmente al consumo básico. Por ello, México figura como el principal receptor de remesas en el mundo, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU 2004); supera a India y Filipinas.⁷

Debido al caudal de recursos que supone la entrada de remesas, un subproducto conspicuo de la exportación de fuerza de trabajo es el modelo de desarrollo basado en las remesas, impulsado por los organismos internacionales —particularmente el BM (2005), BID (2000) y ONU (2006)—⁸ y los Estados de los países exportadores de trabajadores.

Sin moverse un ápice de la ideología neoliberal, los organismos internacionales enarbolan la idea de que las remesas pueden configurarse como el instrumento o motor del desarrollo, pues suponen que su efecto multiplicador dota a los pobres, en este caso los emigrantes y sus familias, de una especie de poder económico (De Soto 2001; Ratha 2003; Orozco 2003). Empero, para que ese poder aparezca, es insoslayable integrar el caudal de remesas al sistema financiero, a fin de que el efecto multiplicador mencionado se realice mediado por operaciones de ahorro y préstamo, según un supuesto esquema de "democracia financiera", que la participación de la banca privada haría posible, junto a otras organizaciones crediticias menores, como las cooperativas y microfinancieras (Terry y Pedrodv 2006, 8–9).⁹ Sin indagar acerca de las condiciones estructurales y sociales que gravitan en la migración internacional y en la precarización laboral, se limitan a proponer medidas que aceiten el "mercado de remesas", como puede ser la disminución de los costos de transacción para estimular un mayor caudal de remesas. En ese esquema se supone que la intermediación financiera, impulsada por el afán de lucro, asociada a menores costos de transacción, propicia la trasmutación de los emigrantes laborales en emprendedores empresarios, particularmente en sus lugares de origen (Terry y Pedrodv 2006, 9).

Para sintetizar la postura de los organismos internacionales en materia de migración y desarrollo, recurrimos al concepto de modelo de desarrollo basado en las remesas. En este sentido, se entiende por modelo de desarrollo el sistema de principios, objetivos y estrategias que orientan la política de los organismos internacionales y del gobierno mexicano. Los principios del modelo de desarrollo basado en las remesas corresponden al ideario de la nueva política social diseñado por los organismos internacionales y puesto en práctica por los gobiernos latinoamericanos para atenuar en un grado mínimo los estragos socioeconómicos ocasionados por la política neoliberal de ajuste estructural (Veltmeyer 2000, 112). Los principios del modelo de referencia son cuatro:

1. Las remesas constituyen un instrumento o motor del desarrollo en las localidades y regiones emisoras de emigrantes. Se pretende que este recurso incida en el combate a la pobreza de las familias; en el progreso social, a partir de las remesas colectivas invertidas en la obra pública y en el económico local, a través de la inversión de empresarios emergidos de la sociedad emigrante.

2. Los emigrantes son a la vez sujetos y objetos de su propio desarrollo, su participación suple la edificación de una institucionalidad nueva abocada a la promoción del crecimiento. En tal sentido, las políticas públicas pretenden instrumentalizar las remesas, antes que diseñar estrategias para diversificar las fuentes de recursos.

3. El Estado delega en las autoridades regionales y locales —gobiernos de las entidades federativas y municipios— la responsabilidad de promover el desarrollo de las zonas productoras de emigrantes, sin transferir recursos fiscales adicionales o suficientes para activar el crecimiento local y regional: la escala de los recursos públicos tiene su parangón en el aporte imprescindible de remesas.

4. Ante un gobierno disminuido en sus funciones, como reza el neoliberalismo, se promueve la gobernabilidad local mediante la participación de los emigrantes en programas gubernamentales, y la promoción de una captación mayor de remesas familiares, en aras de tejer una estabilidad socioeconómica precaria en los ámbitos territoriales, especializados en la exportación de emigrantes.

Los objetivos del modelo de desarrollo basado en las remesas se avizoran a escala macro y micro. En el primer caso se trata de apuntalar el esquema de integración económica vigente, sin trastocar el modelo exportador de fuerza de trabajo; es decir, opera según la lógica de la gobernabilidad neoliberal, en lo relativo a la gestión del trabajo barato. En el segundo se pretende abonar a la legitimación del neoliberalismo, mediante la confección de una careta de "rostro humano", acorde a los postulados de la política social nueva, que en México se difundieron inicialmente como "liberalismo social", y que hoy inoculan los programas de desarrollo social bajo el paraguas del programa Oportunidades. Lo cual significa que se pretende limar con paliativos los focos rojos generados por la política neoliberal, sin cambiarla. En ambos casos entran en función las remesas como recurso automedicado por la población emigrante, con un aporte complementario mínimo del Estado y los organismos internacionales para promover algunos proyectos de desarrollo, sin que se pretenda trastocar las condiciones socioeconómicas prevalecientes (despoblamiento, insustentabilidad social, deterioro productivo), ni las dinámicas estructurales e institucionales básicas.

Según los principios y objetivos del modelo, la estrategia principal se deriva de atribuirles la responsabilidad del desarrollo a los mismos emigrantes, mediante la canalización de las remesas para cubrir la subsistencia social, la obra pública y la inversión productiva en las localidades y regiones exportadoras de fuerza de trabajo. Esta estrategia opera a través de un eslabonamiento progresivo del uso diferenciado de remesas familiares, colectivas y productivas en programas ad hoc. Descarga al Estado de su responsabilidad en la gestión del desarrollo, y crea la imagen falsa de que las remesas, visualizadas como "un río de oro", son el motor del progreso (Iglesias 2001, 1).

Los programas gubernamentales abocados a cubrir aspectos parciales del fenómeno migratorio mexicano se pueden clasificar en cuatro rubros: inversión de remesas, protección a emigrantes, programas de salud y participación política¹⁰ (véase cuadro 4). Su problema más evidente es que no responden a una estrategia común, sino que están desperdigados según las áreas de las instancias públicas encargadas de instrumentarlas, coordinarlas o promoverlas, es decir, no se trata de una política de Estado, que por definición debe ser integral y a largo plazo.

Por otra parte, los programas todavía están muy limitados para cumplir las tareas del desarrollo, en principio porque no se puede considerar que constituyan una estrategia seria para diversificar la fuente de recursos financieros, productivos, tecnológicos, humanos y de capital para promoverlo, asociado a la participación de los emigrantes y al uso de remesas; una condición necesaria para lograrlo. Así, por ejemplo, el Programa Tres por Uno, el más importante y dinámico de todos, y que conjuga recursos de las tres esferas de gobierno y de los propios emigrantes, apenas movilizó alrededor de 3.24 por ciento de las remesas familiares captadas en 2004; en tanto que el instrumento presuntamente activador del desarrollo económico local, el Programa Invierte en México, aún no ofrece resultados satisfactorios, pues a finales de 2004 se reportaba apenas la implementación de siete microproyectos productivos que pueden ser rentables individualmente, pero no presagian el progreso económico local por sí solos.

El punto nodal es que el modelo de desarrollo basado en las remesas pretende erigirlas como un recurso estratégico, casi único, para la solución de los problemas socioeconómicos de localidades y regiones exportadoras de emigrantes, sin reparar en que dicha estrategia pervierte el concepto mismo de desarrollo (Red Internacional de Migración y Desarrollo, RIMYD 2005). Al no plantear siquiera la renegociación de los términos de la integración económica y la política neoliberal, generadoras de gran parte de los problemas que se pretenden revertir, inevitablemente se hace apología del modelo exportador de fuerza de trabajo como un filón positivo de la llamada globalización, y las expectativas de desarrollo se constriñen a la disponibilidad de recursos de la población emigrante, sin enunciar que siempre serán raquíticos frente a los grandes desafíos que supone un desarrollo generador de mejoras socioeconómicas sustanciales.

Cuando las expectativas de crecimiento se cifran exclusivamente en la contribución de los emigrantes, es decir de las remesas, el modelo resulta a todas luces insustentable. En principio, porque no hay certeza de que la dinámica ascendente en la captación de remesas se vaya a sostener por mucho tiempo,¹¹ y además porque según ese modelo no se aspira a recomponer en modo alguno el estado de cosas generado por la emigración galopante y la falta de desarrollo, como lo supone la paradigmática integración económica México–Estados Unidos. Además, este modelo parece no tomar en cuenta que las remesas, merced a su naturaleza, poseen una lógica salarial abocada a satisfacer la subsistencia familiar, es decir, la formación de fuerza de trabajo emigrante, y que la emergencia de remesas colectivas, por ejemplo, vinculadas a la realización de obras públicas y sociales, y la productiva, dirigida a la creación de micro y pequeñas empresas, conjugan una cuantía de recursos que si bien son importantes para la vida de las localidades y zonas productoras de emigrantes, no alcanzan a constituir un fondo de financiamiento para el desarrollo.

Sin atender verdaderamente a una estrategia de crecimiento, la política migratoria mexicana conjuga un atado de programas inconexos dedicados a cubrir aspectos parciales relacionados más bien con algunos efectos de la emigración. El objetivo del Estado, en consonancia con el modelo exportador de fuerza de trabajo, es garantizar que la emigración cumpla pasivamente su función en el equilibrio macroeconómico y la estabilidad social, sin importar que los problemas de las zonas productoras de emigrantes se exacerben al punto en que la soberanía económica, particularmente la laboral, se haga trizas.

En lugar de desarrollo, se alienta la dependencia socioeconómica de las remesas

De manera recurrente, el influjo de la emigración en los países de origen se presenta en claroscuros. En el caso de la mexicana, suele argumentarse que desencadena efectos negativos y positivos. Entre los primeros, se enumeran la dolarización de las economías locales, la dilapidación de recursos humanos, la tendencia al despoblamiento, el estancamiento productivo y el desarraigo de las generaciones subsecuentes de mexicanos radicados en Estados Unidos. Entre los segundos, el aporte de las remesas a la subsistencia de las familias de los emigrantes, la realización de obras a cargo de las organizaciones trasnacionales integradas por ellos y el uso productivo potencial de las remesas.

Más allá de este balance preliminar, interesa analizar los alcances y limitaciones del modelo de desarrollo basado en las remesas en la transformación de las condiciones materiales y sociales prevalecientes en localidades y regiones exportadoras de emigrantes. Independientemente de su importancia macroeconómica, la posible incidencia de las remesas acontece en el progreso local y, a lo sumo, en el regional. A partir de este supuesto, la noción de desarrollo se refiere al cumplimiento de dos objetivos primordiales: el mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de la población en las zonas exportadoras de emigrantes y los cambios estructurales e institucionales, como condición necesaria para su consecución efectiva.

Con respecto a los cambios estructurales e institucionales, el gobierno mexicano ha mantenido una posición inercial en cuanto a la migración y desarrollo, sin que en algún momento se haya sugerido negociar los términos que orientan el actual esquema de integración económica regional (motor del modelo exportador de fuerza de trabajo), ni su política neoliberal. Ni siquiera el llamado acuerdo migratorio, popularizado en su momento como "la enchilada completa", apuntaba en esa dirección. Por tanto, los programas catalogados dentro de la política de migración y desarrollo, amén de sus limitaciones operativas, inciden poco en el crecimiento, pues están fundados en los preceptos de la política social nueva, cuyo objetivo es apuntalar el modelo neoliberal. En esas circunstancias, en lugar de procurar una política de desarrollo, se profundiza la dependencia inconmensurable del país, sus regiones y localidades de las remesas.

Más allá del pregón oficial, la integración económica, instrumentada por el TLCAN, ha jugado un papel indiscutible como catalizador de los flujos migratorios, al grado de convertir a las remesas en una de las principales fuentes de divisas del país, por tanto es la que registra el crecimiento más consistente, lo cual se hace más visible debido a la pérdida de importancia relativa de otras vías de financiamiento externo, como la inversión extranjera directa (IED) y las exportaciones de la industria maquiladora. Pero, si se remite a la medición aproximada del aporte del modelo exportador de fuerza de trabajo, es decir, la maquila, la maquila encubierta y la emigración laboral, se puede apreciar que se consolida como la fuente principal de divisas del país. El cálculo resulta de sumar el saldo neto de la balanza comercial de la maquiladora y las remesas familiares, para contrastarlo con la Ied y el saldo de la balanza petrolera (véase gráfica 2). En 2004, el saldo neto del modelo exportador de fuerza de trabajo ocupó el primer lugar como fuente neta de divisas, con 35 725 millones de dólares, le sigue el saldo petrolero con 17 830 y en tercer lugar la IED con 16 602. Más que una fortaleza de la economía mexicana, este fenómeno es una clara debilidad, pues evidencia cómo uno de sus pilares es la exportación de fuerza de trabajo barata, sin que ello se traduzca en inversión de capacidades productivas para el país, y en cambio se asiste a la supeditación total a los designios de la economía estadounidense, esto representa una pérdida drástica de soberanía económica, con una dilapidación irrecuperable de los recursos laborales del país.

En el terreno microeconómico, las llamadas remesas colectivas canalizadas a través del Programa Tres por Uno contribuyen a suplementar los programas de obra pública, y las remesas familiares coadyuvan sustancialmente a sufragar los gastos de subsistencia de millones de mexicanos. En ambos casos, se aminora la participación del Estado en las tareas del desarrollo social. Al respecto, por una parte hay una clara correlación inversa entre pobreza e índices de marginación y emigración elevada, por la otra. En ese sentido, la emigración opera de manera involuntaria como un soporte crucial de la política neoliberal, como una suerte de subsidio e incluso le confiere un "rostro humano", y abona a su gobernabilidad. Sin embargo, es un soporte que hace las veces de paliativo, pues está basado en la transferencia de recursos mayormente salariales sin vínculos sólidos con el ahorro, el mejoramiento de la capacidad productiva y el crecimiento económico y sin el acompañamiento de estrategias que diversifiquen las fuentes de acceso a recursos complementarios. Ni local ni regionalmente se crean condiciones materiales para promover el desarrollo, y la dependencia económica actual de las remesas puede conducir al espejismo de una economía–ficción.

Asimismo, la importancia de las remesas en el consumo es vital para mantener en pie una parte significativa del ya de por sí disminuido mercado interno. El grueso de ellas, entre 85 y 90 por ciento, se emplea para cubrir las necesidades básicas de la familia a través del consumo; y un porcentaje residual, de 10 a 15, se destina a la llamada inversión productiva (Lozano 2003, 30;Tuirán 2002, 85; Zárate 2004, 68; Canales 2004, 109). El consumo apuntalado por las remesas se trasmina, a la manera de un efecto multiplicador, en beneficio del mercado local y, hasta cierto punto, de la formación de empresas nuevas; al grado en que se ha estimado que llegan a ejercer un efecto favorable en el crecimiento económico (Muñoz 2006, 52), aunque no hay evidencias de que los efectos multiplicadores recaigan en los hogares receptores ni en la propia localidad, pues se verifica una trasferencia hacia las zonas urbanas, donde se ubican los centros industriales y comerciales (Arroyo y Corvera 2003, 50; Canales 2006, 8). Una forma de estimar la importancia de las remesas, en tanto recurso salarial, es contrastarlas con la masa salarial percibida por los sectores económicos en México (véase gráfica 3). Para 2004, representaba la quinta fuente salarial para el país (187.5 millones de pesos), para igualar, en términos prácticos, en el tercer sitio a los sectores de transporte, almacenaje y comunicaciones (203.0) y al de construcción (197.1). En el primer sitio se ubicaba la industria manufacturera (358.6) y en segundo el comercio, restaurantes y hoteles (347.6). No obstante, la tendencia creciente de las remesas estaría colocando a la emigración laboral en 2005 como la tercera fuente salarial de la economía mexicana, con 218.3 millones de pesos. Por añadidura, existe un par de conexiones entre las remesas familiares con dos sectores asalariados en México: a) con el manufacturero, debido a que una buena parte de sus percepciones (maquila y maquila encubierta) forma parte de lo denominado previamente modelo exportador de fuerza de trabajo barata y b) con la agricultura, silvicultura y pesca, puesto que en el medio rural las remesas y la actividad primaria se engarzan en distintas modalidades de la economía de subsistencia, y explican buena parte de las estrategias de supervivencia social, ante la falta de fomento agropecuario por parte del estado.

En resumen, a la emigración laboral se le ha conferido un papel específico en la economía mexicana: servir de fuente de recursos para la manutención de millones de mexicanos y para suplementar una parte de la obra pública municipal, lo cual aminora una carga presupuestaria al Estado. Sin embargo, esa dinámica en modo alguno puede motejarse como desarrollo, en virtud de que no mejora de manera sustancial las condiciones de vida de la población en general, sólo cumple la función de un salario para los miembros de la familia. Por consiguiente, se puede afirmar que los objetivos básicos del modelo de desarrollo basado en las remesas no son socioeconómicos, sino políticos. Específicamente, se pretende involucrar a los emigrantes y sus recursos, las remesas, para abonar a: a) la gobernabilidad local sin desarrollo, mediante su participación como sujetos responsables de un supuesto crecimiento a través de la canalización de las remesas a la subsistencia familiar, la realización de obra pública y la ejecución de proyectos productivos pequeños, y b) la legitimación política del proceso exportador de fuerza de trabajo, a través de la aprobación de algunas disposiciones, como el voto en el extranjero, pero sin trastocar la institucionalidad ni la política neoliberal en curso.

Conclusiones

Si se ponen en perspectiva los problemas del desarrollo, la emigración mexicana a Estados Unidos no puede analizarse de manera aislada y descontextualizada. No basta con describir la numeralia del éxodo mexicano y de la captación de remesas. Por tanto, en este artículo se presenta una caracterización breve del fenómeno, a partir de la integración económica de América del Norte y del papel que juegan los emigrantes y sus remesas. De esto se puede concluir que:

• El eje más dinámico de la integración económica de México a Estados Unidos es el modelo exportador de fuerza de trabajo barata, a través de tres mecanismos básicos: la maquila, la maquila encubierta y la emigración laboral.

• Los inmigrantes mexicanos contribuyen al proceso de reestructuración productiva estadounidense en la producción de bienes–salario, al rescate de industrias maduras y en menor medida a los sectores de punta.

El aporte de este artículo es la formulación de un enfoque teórico nuevo acerca de la migración y el desarrollo en México, a partir de la política que en la materia han difundido los organismos financieros internacionales. Al efecto, se propone el concepto de modelo de desarrollo basado en las remesas, según el cual están llamadas a cumplir el papel de fuente o instrumento de desarrollo, por tanto, se responsabiliza de él a los emigrantes y sus familias, a través del uso de las remesas merced al efecto multiplicador tentativo de éstas, sin proponer cambios estructurales ni institucionales. La proposición oficial argumenta que las remesas constituyen un mercado, cuya eficiencia depende de la participación del sector financiero, que impulsado por el afán de lucro propiciará la realización del efecto multiplicador. El modelo tiene cuatro principios básicos: a) las remesas son una fuente del desarrollo; b) los emigrantes son sujetos y objetos de su propio desarrollo; c) el Estado delega en el municipio la responsabilidad del desarrollo local, sin dotarlo de recursos suficientes y d) la gobernabilidad local se persigue con un gobierno achicado. En lugar de promover el crecimiento local, entendido como el mejoramiento de las condiciones de vida de la población emigrante y sus familias, el modelo consecuenta objetivos políticos: la gobernabilidad local y la legitimación de la integración neoliberal.

Para generar un modelo alternativo de desarrollo en un entorno de emigración elevada, como en México, se necesita renegociar los términos de la integración económica regional, el papel de la fuerza de trabajo mexicana barata y el modelo de desarrollo nacional, en una lógica diferente a la neoliberal. Sólo así se puede replantear el aporte de los emigrantes al desarrollo local, regional y nacional de México. Una tarea de esta envergadura demanda una agenda de investigación más integral y comprensiva, que analice a profundidad las dimensiones estratégicas de la integración económica, el desarrollo y la migración. Amén de que reclama un debate político serio, en aras de generar una alternativa de progreso para México.

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Notas

¹ Las teorías de la integración económica sobre uniones aduaneras (Viner 1977, 89–102), proteccionismo selectivo (Andic, Andic y Dosser 1977, 655–673) y regionalismo abierto (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, 1994), resultan insuficientes para explicar el papel de la fuerza de trabajo mexicana en la reestructuración productiva estadounidense. De ahí la pertinencia de analizar desde otro mirador el proceso exportador de fuerza de trabajo mexicana barata a la economía de Estados Unidos.

² La maquila y la maquila encubierta comparten dos características importantes: a) carecen prácticamente de encadenamientos productivos, hacia delante y atrás, con el resto del aparato productivo nacional y b) están sometidas a fuertes procesos de precarización laboral con salarios que oscilan, en una relación de 1/10 en la maquila y 1/7 en la maquila encubierta, en comparación con los sueldos manufactureros en Estados Unidos.

³ La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) calcula que 40 por ciento de la población económicamente activa (PEA) mexicana está ubicada en la economía informal, en tanto que en las estadísticas oficiales se consigna que ese sector está conformado por 28 por ciento de la PEA. La diferencia estriba en que la OCDE considera en la economía informal además de los comerciantes ambulantes, a los negocios pequeños y también a los trabajadores que no disponen de seguridad social ni son contribuyentes tributarios (El Financiero, 14 de junio de 2006).

⁴ Es importante dejar asentado un fenómeno por demás singular: la agricultura estadounidense, por influjo de la innovación tecnológica, ha aminorado drásticamente la ocupación de mano de obra (sólo 3.9 por ciento, al tiempo en que los inmigrantes mexicanos casi han copado ese sector, al grado de que se habla de la "mexicanización de la agricultura" y, más recientemente, de su "indigenización" (Durand y Massey 2003, 147).

⁵ Esto sin considerar el hecho de que los bajos salarios percibidos en términos generales por los inmigrantes mexicanos contribuyen al descenso del valor de la fuerza de trabajo estadounidense.

⁷ Sin embargo, otras estimaciones como las del Fondo Monetario Internacional (FMI) y BM relegan a México a la segunda y tercera posición, como receptor mundial de remesas. Esto sin tomar en cuenta que en el país, a últimas fechas, se ha vuelto polémica la veracidad de la medición del monto de remesas familiares percibidas, un capítulo sin resolver.

⁸ A la fecha no existe un consenso internacional sobre la viabilidad de las remesas como instrumento del desarrollo. Mientras que el BID —para el que las remesas son un "río de oro" (Bate 2001)— encabeza esa cruzada, el FMI aduce que las remesas conforman un complemento o sustituto del ingreso laboral, y no un capital apto para la inversión (Chami, Fullenkamp y Jahjah 2005). No obstante, la ONU ha iniciado trabajos para conformar una agenda política internacional de migración y desarrollo, que hace eco de las proclamas financieras de las remesas.

⁹ Además de la funcionalidad financiera de las remesas, los organismos internacionales mencionan otros atributos secundarios, inscritos en la promoción del desarrollo: el financiamiento de inversiones, formación de capital humano, fuente de capital para pequeñas empresas, compra de terrenos o viviendas y reparación de éstas; a su vez se pondera como una fuente confiable de divisas para financiar importaciones, un recurso para solventar desastres naturales y una especie de seguro familiar.

¹⁰ El voto de los mexicanos en el exterior no es propiamente un programa gubernamental. Su aprobación se dio en la Cámara de Diputados, después de un largo regateo con las organizaciones de emigrantes promotoras de la iniciativa, pero la clase política, antes que nada calculaba cómo le afectaría electoralmente si prosperaba la iniciativa (Parra 2005, 100).

¹¹ Como un elemento contra la tendencia ascendente del flujo de remesas, se identifica claramente al cambio en el patrón migratorio según el cual la figura dominante ya no es el emigrante circular, que va y viene, sino el establecido que no va solo, sino acompañado de su familia.

¹² De los 20 mil millones de dólares recibidos como remesas en 2005, 15 por ciento, es decir, 3 mil se gastaron en educación y salud. Esa cantidad —30 mil millones de pesos— equivale al presupuesto del Programa Oportunidades, la estrella de la política neoliberal mexicana, que atiende a 5 millones de hogares y 25 de personas (Delgado Wise, Márquez y García Zamora 2006, 113–114). Así, en ausencia de las remesas, el gobierno mexicano tendría que aumentar significativamente la inversión social para esos rubros.