Contribuciones del ambientalismo a la movilización de la sociedad civil: un modelo interpretativo de la experiencia en la frontera México-Estados Unidos*

Basilio Verduzco Chávez**

** Departamento de Estudios Regionales-INESER. Universidad de Guadalajara. Se le puede enviar correspondencia a Edificio B, Primer Nivel, Núcleo Los Belenes, Av. Parres Arias y Periférico Norte #799, Zapopan, Jal. C. P 45000, tel. 3-656 9622. Correo electrónico: basiliov@beleneserv.uctbel.udg.mx

Recibido en mayo de 2000. ]]> Revisado en noviembre de 2000.

Resumen

En este ensayo se propone un modelo interpretativo de la dinámica mostrada por los grupos ambientalistas de la frontera México-Estados Unidos. El modelo está inspirado en teorías contemporáneas de movimientos sociales y de sociedad civil y rescata dimensiones clave del concepto de ciudadanía que se consideran clave para analizar los avances y limitaciones del movimiento como catalizador de la participación cívica en defensa del medio ambiente. Tomando en cuenta que el movimiento ambientalista de la frontera abarca una gran diversidad de grupos se propone que sus actividades pueden tener dos grandes orientaciones. La primera dirigida a influir directamente en la formulación de política ambiental, y la segunda dirigida a promover la participación ciudadana como un compromiso cívico en sí mismo. Se identifican siete dimensiones en las que el ambientalismo puede hacer contribuciones al fortalecimiento de la sociedad civil: conocimiento del problema, principio de asociación, orientación de acciones individuales, respeto a la comunidad, origen del compromiso con la comunidad, vinculo social institucional, relación con estructuras de poder y tipo de individualismo. El trabajo concluye señalando la importancia de que el movimiento logre evitar el faccionalismo y la apropiación individual de beneficios de la acción colectiva para fortalecer a la sociedad civil.

Palabras clave: ambientalismo fronterizo, ciudadanía, conflictos ambientales, interdependencia ecológica internacional, identidades sociales.

Abstract

A interpretive model of the dynamics shown by the environmentalist groups along the Mexico-United States border is proposed in this essay. Inspired by contemporary theories of social movements and civil society, this model rescues key dimensions of the concept of citizenry considered essential to analyze the progress and limitations of this movement as a catalyst for the participation of citizens who defend the environment. Since the border environmentalist movement includes a great variety de groups, we propose that their activities follow two main directions. The first is aimed at directly influencing the formulation of the environmental policy, and the second is aimed at promoting the participation of citizens as a civic-minded commitment in itself. Seven dimensions are identified in which environmentalists can contribute to strengthening civil society: knowledge of the problem, association principle, direction of individual actions, respect for the community, commitment to the community, institutional social bonds, relation to power structures, and kind of individualism. This works concludes by pointing out the importance of environmentalists avoiding the formation of factions and the appropiation of benefits resulting from colective action in order to strengthen the civil society.

Key words: border environmentalism, citizensry, environmental conflicts, international ecological interdependence, social identities.

Durante la década de los noventa, en la frontera norte de México se gestó una ola de manifestaciones de activismo ambiental en la que participaron individuos, grupos informales y organizaciones que tenían como propósito combatir los estragos ambientales que para entonces se habían acumulado en la mayoría de las ciudades de la región. A un nivel más amplio estos activistas también procuraron salvaguardas ambientales que acompañaran la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) negociado en los primeros años de la década por México, Estados Unidos y Canadá (Barba, 1993). Este movimiento, que en adelante llamaré ambientalismo fronterizo, ha contribuido a que la población tome consciencia de los problemas ambientales y a sembrar el interés por defender derechos individuales y comunales en contra de las decisiones del Estado y del capital. Sin embargo, como lo muestran las citas siguientes, la coexistencia de individuos y grupos con intereses y recursos diversos plantea múltiples dudas sobre la continuidad del movimiento y sobre las contribuciones que dicho movimiento puede hacer para impulsar el dinamismo de la sociedad civil.

Al comentar sobre la experiencia que tuvieron al entrar en contacto con organizaciones o grupos ambientales más amplios, dos activistas mexicanas involucradas en sendos conflictos ambientales ocurridos durante los primeros años de la década de los noventa afirmaron lo siguiente:

En aquellos días se estaba formando el Partido Verde, (Partido Verde Ecologista de México) pero yo no acepté unirme a él. Yo quería un movimiento ecologista abierto e independiente (...) Yo estaba realmente interesada, pero fuimos intimidados. Quienes tenían una meta política dijeron que el gobierno reprimiría el movimiento. Ellos tenían una idea política y nosotros éramos inocentes (...) (Silvia Cantú. Entrevista en Colonia Extensión Las Rusias, Matamoros, Tamaulipas).¹

Un grupo ambientalista vino un día. Vinieron con el logotipo de un partido político y nosotros más bien dijimos que no. Eran miembros del Partido de la Revolución Democrática (PRD), pero ellos eran un grupo ambientalista, el grupo estaba representado por Víctor, de la Corriente Ecologista de Nuevo León, pero él vino ya que el conflicto había iniciado. (Gloria Castillo. Entrevista en Salinas Victoria, Nuevo León).²

Las citas anteriores provienen de dos mujeres que dirigieron la movilización ciudadana en contra de instalaciones contaminantes. En ambos casos se trataba de una movilización vecinal. Los eventos ocurrieron en dos pueblos distantes de la región. Matamoros es una ciudad localizada en la desembocadura de Río Bravo al Golfo de México, y se trata de una ciudad en la que han proliferado las industrias químicas y maquiladoras. Salinas Victoria es un pequeño pueblo localizado unos veinte kilómetros al norte de la Zona Metropolitana de Monterrey. Ambos comentarios muestran las dificultades que tienen los grupos organizados para establecer lazos con las comunidades de base, lo cual revela sus limitaciones para convertirse en catalizadores de la movilización de la sociedad civil en México.

El propósito de este ensayo es proponer un modelo interpretativo de la dinámica mostrada por el ambientalismo fronterizo. El modelo está inspirado en el estudio de la movilización ciudadana en contra de instalaciones contaminantes. En dicho estudio se hicieron entrevistas con líderes de organizaciones y grupos vecinales involucrados en conflictos ambientales, así como un análisis sistemático de controversias ocurridas en los seis estados fronterizos del Norte de México y de la participación de organizaciones civiles en foros de discusión.³

En este modelo se resalta la conveniencia de usar una serie de dimensiones analíticas del concepto de ciudadanía, que se consideran claves para estudiar las limitaciones y los avances logrados por los activistas en sus intentos por activar la participación cívica en la región. Estas son áreas en las que el ambientalismo puede hacer importantes contribuciones a la sociedad civil. Para este efecto se entiende por contribuciones aquellas acciones, prácticas, formas de interacción social, procedimientos organizacionales y estrategias políticas que son alentadas por los grupos que participan en el movimiento y que ayudan a consolidar un modelo de relaciones sociales basadas en el respeto a los derechos ciudadanos de los individuos y en la estabilidad de las comunidades como entidades para la procuración de objetivos sociales compartidos. Se trata de elementos que ayudan a cambiar las relaciones entre la sociedad y el Estado o la economía, así como a crear nuevos significados y orientaciones para las acciones individuales que ponen al movimiento más cerca de los ideales de ciudadanía y de la búsqueda de una sociedad igualitaria y democrática.

Aunque el término puede ser cuestionable dada la heterogeneidad de grupos que operan en la región en cuanto a sus agendas y sus formas de organización, se puede afirmar que en la región fronteriza México-Estados Unidos existen los elementos clave necesarios para la consolidación de un movimiento ambientalista con características específicas. Esto es, un movimiento con una vocación transnacional pero interesado en las manifestaciones regionales y urbanas del deterioro ambiental. La existencia de grupos organizados en la mayoría de las principales ciudades y el constante intercambio entre grupos de ambos lados de la frontera, no sólo muestran que dicho movimiento se encuentra activo, sino que tiene un amplio potencial para hacer innovaciones en las formas de participación y en la identificación de problemas y en el diseño de políticas públicas para resolver problemas ambientales. De acuerdo con los datos del Interhemisferic Resource Center (IRC), una organización que recopila información sobre activistas involucrados en asuntos ambientales, a principios de 1999 había un total de 67 organizaciones cuyo trabajo incluía un claro interés por el medio ambiente de la región fronteriza (cuadro 1).⁴

El ambientalismo fronterizo ha evolucionado en los últimos años en la dirección adecuada para convertirse en una forma específica de movimiento social con formas más o menos definidas para conceptualizar los problemas, y con la capacidad para desarrollar un repertorio de acción adecuado a las condiciones de integración que se observan a nivel internacional. En términos de su organización, algunos de los grupos que participan en este movimiento han sido capaces de sobreponerse a las barreras que representa la frontera internacional y han logrado mantener abiertas líneas de cooperación transfronteriza. De hecho, algunos de ellos han podido desarrollar agendas comunes para abordar los problemas ambientales desde una perspectiva que pone énfasis en la interdependencia ecológica de la región, y que denuncia los costos y las desigualdades producidas por los procesos de desarrollo económico y por el incremento del comercio internacional. Algunos de los grupos de creación más temprana siguen siendo los más fervientes defensores de la necesidad de encontrar soluciones transfronterizas. Estos grupos han aportado los análisis más elaborados de la naturaleza de los problemas regionales así como sugerencias sobre qué es lo que se debería hacer para resolverlos. Entre los grupos más activos durante el debate del TLCAN y en la etapa posterior a su entrada en vigor el 1 de e n e ro de 1994, están Arizona Toxics information y el border Ecology Project de Bisbee Arizona, Bioconservación A.C. de Monterrey, Nuevo León, Enlace Ecológico A. C. de Agua Prieta Sonora, la Environmental Health Coalition de San Diego california, el Movimiento Ecologista de Baja California de Tijuana y Mexicali B.C., el Texas Center for Policy Studies de Austin Texas y a nivel de comunidad se destaca el caso de Amas de Casa de Playas de Tijuana, un grupo que inició actividades para combatir contra la instalación de un incinerador de askareles pero que ha seguido su lucha en asuntos ambientales después de haber ganado esa batalla.

A juzgar por la diversidad de participantes en dos encuentros fronterizos sobre medio ambiente ocurridos en 1998 y 1999, no se puede negar que el ambientalismo fronterizo tiene un potencial para convertirse en un actor importante de la movilización de la sociedad civil. En el encuentro ocurrido en Tijuana en 1999, fue notoria la participación de grupos representando comunidades indígenas, trabajadores agrícolas, habitantes de barrios pobres de las ciudades y grupos de mujeres. En estos encuentros también queda claro que la influencia que tienen los grupos organizados en el debate público es particularmente notoria del lado mexicano, donde la participación ciudadana ha sido históricamente menos activa e independiente que en los Estados Unidos.

Sin embargo, a pesar de la movilización mostrada por los diversos grupos, el movimiento llega al final de la década con una estructura que no cuenta todavía con un alcance amplio a nivel regional. No hay, por ejemplo, un liderazgo que aglutine organizaciones de los 10 estados fronterizos en alguna dirección más o menos clara que contenga objetivos programáticos compartidos por todos los participantes. Tampoco se han registrado esfuerzos duraderos y amplios de formalización de redes de trabajo de impacto regional con agendas a desarrollar en periodos largos. En el estado actual del movimiento, todavía queda por esclarecer hasta qué punto podrá efectivamente contribuir a los diferentes aspectos relacionados con la existencia de una sociedad civil activa. Particularmente, hace falta analizar los avances logrados en la expansión de la responsabilidad cívica como el eje de las movilizaciones sociales en defensa de los derechos ambientales de los ciudadanos. Los reportes académicos y de prensa sugieren que el movimiento empieza a tener éxito en la tarea de acercar a los actores sociales a la discusión de las políticas públicas. Algunos elementos que apuntan en esta dirección son los siguientes:

1. Es claro que la conciencia ambiental en la región ha crecido, en diversas ciudades se han formado grupos de activistas ambientales y grupos de activistas que tenían otras agendas han empezado a usar conceptos de protección ambiental al momento de identificar problemas de desarrollo (Durazo, Kamp y Land, 1993).

2. La cooperación internacional entre los grupos ambientales es un importante canal para el intercambio de experiencias y recursos, y ha sido un factor clave en la emergencia y en el mantenimiento de formas organizadas de acción en el lado mexicano de la frontera.⁵

3. Los grupos ambientales han tenido cierta influencia en las relaciones bilaterales y en el establecimiento de instituciones binacionales enfocadas a la solución de problemas ambientales tales como el Banco de Desarrollo de Norteamérica (BANDAN) y la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza (COCEF).⁶

Algunos observadores y participantes del movimiento han reconocido que el propósito del ambientalismo fronterizo es influir en las decisiones de política para mejorar y proteger el ambiente de la región (Barba, 1993). Este tipo de posiciones asumen que al lograr influir en las políticas públicas, el movimiento también contribuye a lograr metas más amplias relacionadas con el fortalecimiento de las instituciones de la sociedad civil y de la relación de ésta con el Estado. Sin embargo, no sabemos en qué medida se está avanzando en esta dirección y cuáles son los factores que interfieren o facilitan el proceso. Para llenar este hueco analítico, es necesario revisar no sólo los aspectos del movimiento que demuestran su influencia en el proceso de formulación de políticas, sino también su influencia en la construcción de las bases culturales y sociopolíticas de la movilización ciudadana.

Una pregunta importante para el movimiento en la frontera, es si resulta más adecuado mantener una agenda futura concentrada en la tarea de influir en las decisiones de política o, de lo contrario, conviene ampliarla para incluir aspectos orientados a lograr una transformación de la sociedad civil. Este no es solamente un dilema entre buscar metas de largo plazo y metas de corto plazo que requieren decisiones estratégicas en los grupos, como son el uso de recursos y la selección de tácticas. Lo que está en juego es el papel y la identidad del ambientalismo fronterizo como un portador efectivo de la participación ciudadana, y de su capacidad para usar y transformar el terreno proporcionado por una sociedad civil que se encuentra efectivamente dividida por una frontera internacional.

Las funciones del ambientalismo

Una manera de empezar a resolver el dilema anterior es reconocer que el ambientalismo fronterizo, como todo movimiento social, tiene dos funciones importantes qué desempeñar. En este caso, la primera es influir en la políticas públicas orientadas a resolver los problemas ambientales de la región y, la segunda, es crear una identidad de ciudadanía ambiental compartida por los habitantes de la región, independientemente de su lugar de residencia, clase social, o de cualquier otra afiliación a un grupo determinado.⁷ De acuerdo con Cohen y Arato (1992), estas dos funciones representan dos grandes dimensiones en la esfera de la movilización social. La primera función se enfoca a los aspectos políticos del proceso de toma de decisión, mientras que la segunda se enfoca a la orientación de las acciones individuales y en la construcción de significados y representaciones de cómo se relaciona uno mismo con la sociedad.

Desde esta perspectiva, se puede afirmar que en todo momento el movimiento se enfrenta a la disyuntiva de tomar cualquiera de las dos rutas. Si bien teóricamente es posible recorrer ambos caminos en forma simultánea, en la práctica las organizaciones civiles avanzan más rápidamente por alguna de ellas. Lo que conocemos hasta ahora del ambientalismo fronterizo sugiere que los grupos que en él trabajan han avanzado más rápidamente en la ruta de la influencia política. En este sentido, los grupos fronterizos han seguido una tendencia observada por grupos de ambientalistas en el interior de México que han dirigido sus acciones a modificar la atención dada por el gobierno a temas como la tala de bosques, la protección de ecosistemas o la seguridad de instalaciones peligrosas como la planta nuclear de Laguna Verde. Sin embargo, para que el movimiento pueda permanecer como una opción viable para articular la movilización ciudadana en una sociedad abierta, debe lograr avances en ambas direcciones.

La relación entre ambas rutas es compleja pues se trata de rutas que no se excluyen mutuamente. Es decir, los avances en alguna de ellas no son prerequisito para que se puedan tener avances en la otra dirección. Lo anterior resulta más fácil de entender si suponemos que en determinadas circunstancias el juego político permite a un grupo organizado influir en el rumbo de las políticas públicas a pesar de que carece totalmente de principios democráticos en su organización interna. Los esquemas corporativistas que han imperado en México y otros países de América Latina, muestran hasta que punto esta posibilidad llega a ser una realidad que detiene los procesos de democratización.

A partir de los avances que se han logrado en cada ruta se pueden ir trazando las líneas que delimitan los alcances y posibilidades de los grupos de activistas ambientales que operan en la frontera México-Estados Unidos. Los estudios publicados sobre el trabajo que han llevado a cabo estos grupos, muestran que estas dos funciones de alguna manera se han incorporado en la agenda de las diversas organizaciones. En el trabajo de Zabin y Brown (1996) se sugiere que el ambientalismo fronterizo es una colección de grupos u organizaciones cuyo fin principal es influir en las políticas públicas. Esta autora resalta la relación entre las organizaciones no gubernamentales (ONG s) y los grupos sociales a quienes supuestamente benefician o representan, y supone que dicha relación es clave para cambiar las relaciones entre Estado y sociedad. Con base en el análisis de 12 ONGs que trabajan en asuntos ambientales, mismas que son clasificadas como ONGs con una orientación de política pública, se presenta una imagen del activismo ambiental como un movimiento que opera en el reino del desarrollo de políticas, en el cabildeo y en la colección de información. El trabajo de las ONG s es caracterizado como algo que a menudo no tiene lazos directos con los grupos comunitarios o con los pobres, a pesar de que ellas consideren que su trabajo ayuda a dar poder a grupos marginales. Zabin y Brown sugieren que este tipo de ONGs son muy influyentes en la formulación de políticas, algunas de ellas tienen parte de su staff entrando y saliendo de posiciones del gobierno y basan su participación en experiencia técnica y el uso de los medios de comunicación. Asimismo, sugiere que el movimiento ambientalista fronterizo se distingue por contar con personal con la capacidad para formular políticas. Según esta autora se trata de personal que puede concentrar su trabajo en el cabildeo por el derecho a la información (right to know) y en la creación de foros para la planeación binacional, la promoción de mecanismos para el rendimiento de cuentas, y que puede conducir campañas de información en contra de empresas contaminantes, desarrollar proyectos ambientales de pequeña escala y promover la educación en protección ambiental y salud. No obstante, concluye, estas ONG s orientadas a las políticas carecen de una base social debidamente estructurada formada por individuos que apoyen o sepan de los asuntos en los que se involucran y que puedan por lo tanto limitar su influencia política.

En un modelo alternativo para analizar las características del ambientalismo fronterizo como un movimiento influyente en la región, debemos considerar que la sociedad civil es a la vez el terreno y la meta del movimiento social. Esta vertiente analítica se ha explorado poco en los estudios que se han hecho del movimiento en la región ya que los analistas han estado muy atraídos por explicar los avances logrados por el movimiento en el contexto de las discusiones del TLCAN. El modelo analítico que aquí se propone está enfocado en los avances posibles para lograr la expansión de la sociedad civil. La propuesta está inspirada en los trabajos de Cohen y Arato (1992), quienes argumentan que es igualmente relevante mirar a las condiciones que pueden favorecer la influencia de un movimiento en la esfera de la política (the politics of influence) que mirar al ejercicio auto-reflexivo que conduce a la construcción de identidades (the politics of identity). Esta es una distinción muy útil para el estudio de un movimiento social concreto como el ambientalismo fronterizo porque apunta hacia vertientes analíticas que permiten abordar la complejidad del movimiento.

Así, para evaluar el trabajo de los grupos ambientalistas que participan en el movimiento en el campo de la influencia política, es muy relevante conocer los procedimientos como la planeación de reuniones o la elección de líderes, los propósitos especiales, la existencia de una forma de organización burocrática, la capacidad de organizar acciones colectivas y de dirigir esfuerzos que buscan el reconocimiento de un grupo como interlocutor o demandan un mayor poder para un grupo especial; o incluso si existen oportunidades y recursos que actores racionales pueden aprovechar para procurar satisfacer intereses colectivos mediante acciones dirigidas principalmente hacia el Estado.

Desde esta perspectiva podemos decir que el ambientalismo fronterizo ha puesto más atención en la tarea de influir en la esfera política que en la de crear un discurso de identidad al movimiento. Así, por ejemplo, el contexto heterogéneo que crea la existencia de una frontera internacional y de una sociedad civil con dinamismo muy desigual sólo ha sido tomado en cuenta como un factor que constituye una barrera para el logro de metas de política, pero no tanto como un contexto donde la construcción de identidad requiere compromisos y agendas de muy largo plazo. De esta manera los activistas han resaltado el hecho de que se requiere una reforma institucional y organizacional para llegar a ofrecer las soluciones que la crisis ambiental demanda. Pero existe menos claridad sobre cómo acercar las instituciones civiles al ideal de una sociedad democrática. Es decir, una sociedad definida, en los términos de la ciencia política, como aquella donde existe libertad para formar y unirse a organizaciones, libertad de expresión, derecho a votar, derecho a ser elegido para puestos públicos, derecho de los líderes políticos para competir por el apoyo y por votos, la existencia de fuentes alternativas de información, elecciones libres y justas e instituciones que permitan llevar la voz de las comunidades a la toma de decisiones (Seligman, 1992).

Un problema que se observa en las organizaciones ambientalistas de la frontera con relación a la orientación cívica, es que en gran medida no han tenido éxito en la expansión de sus vínculos con las comunidades de base ni relaciones de confianza que puedan establecer redes amplias de trabajo. En las dos reuniones mencionadas anteriormente (Cd. Juárez 1998 y Tijuana 1999), algunos de los grupos con mayor experiencia como el Border Ecology Project de Bisbee, Arizona, y la Environmental Health Coalition de San Diego, mostraron estar trabajando con grupos similares en Sonora y Baja California, pero sus exposiciones mostraron que su penetración con la comunidad es todavía limitada. En general, hay un pequeño número de organizaciones que constituyen el corazón del movimiento y que han logrado mantener su agenda de trabajo, y se han convertido con ello en los principales interlocutores. Problemas como la desconfianza entre diferentes organizaciones y la competencia por obtener recursos también han debilitado seriamente la capacidad del movimiento para crear una identidad cívica que logre atraer a la población.

Otro aspecto que es muy importante para el futuro del movimiento es la existencia de un marco conceptual sólido que pueda otorgar un significado similar a acciones diversas l levadas a cabo por diversos individuos o grupos sin importar si son residentes de una comunidad pobre de la periferia en una ciudad mexicana o si son miembros de clase media de una organización en una próspera ciudad de los Estados Unidos. Esto es un marco conceptual que en términos generales ponga en sintonía a los diversos actores sociales, constituyendo una fuerza transformadora de los procesos de desarrollo en la región.

El problema anterior se origina en la dificultad para resolver de manera coherente la disyuntiva entre lograr objetivos políticos y objetivos cívicos de mayor alcance pero menos evidentes. Si esto no se logra, no es posible determinar cuál debe ser la noción de ciudadanía en torno a la que se trata de construir una identidad para el movimiento y con la que se trata de influir en las políticas públicas.

El enfoque de la sociedad civil pone a los individuos en el centro del movimiento y confía en que orientarán sus acciones hacia el logro de metas sociales. Con ello se considera que la movilización ambiental es una forma de conducir las relaciones sociales. Es decir, la movilización ciudadana es vista como la meta final del movimiento.

En suma, podemos decir que el ambientalismo fronterizo está todavía en el proceso de definir en qué medida es un movimiento de organizaciones con la capacidad de influir en las políticas, y en qué medida es un movimiento que incluya valores, creencias, y acciones simbólicas para crear un modo de orientación universal para las acciones de los actores sociales, quienes pueden, en consecuencia, ejercer plenamente su ciudadanía en términos universales y morales. El elemento clave para el futuro del movimiento son las aportaciones que puede hacer al fortalecimiento de la noción de ciudadanía en el contexto de una sociedad dividida por la frontera internacional.

Ciudadanía y ambientalismo fronterizo

Para los grupos de activistas ambientales que operan en ambos lados de la frontera internacional, el fortalecimiento de la ciudadanía ambiental es una tarea compleja. En la región, las raíces culturales de la ciudadanía no son muy profundas, sobre todo del lado mexicano. Por otra parte, existen problemas para fusionar la identidad político-cultural con la identidad ambiental. La gente difícilmente privilegia su afiliación ambientalista sobre su afiliación nacional. De esta manera, el avance de la participación ciudadana en la discusión de problemas ambientales a lo largo de la región fronteriza es relativamente lento a pesar de la existencia de oportunidades para la acción (De Mello y Luna, 1999). Dos temas que siguen vigentes en relación al ambientalismo fronterizo son, primero, el de los motivos o razones que llevan a un ciudadano a involucrarse en asuntos ambientales; y, segundo, el de la relación entre dicha participación y otros valores y orientaciones asociadas a otras identidades sociales como son el Estado-nación, los partidos políticos, las corporaciones, la familia e, incluso, las prácticas de consumo y las interacciones individuales con otros miembros de la sociedad. La tesis que se propone en este ensayo es que la dificultad para alcanzar niveles más altos de movilización ciudadana y para mejorar la calidad del debate público en asuntos ambientales en la región fronteriza debe de buscarse no sólo en la falta de oportunidades de participación, sino, sobre todo, en cómo se ha desarrollado la ciudadanía en la región y el impacto que tiene la frontera internacional en dicho desarrollo.

En este sentido, podemos decir que el ambientalismo fronterizo representa una semilla para la expresión del ejercicio de la ciudadanía. La existencia de grupos que se mantienen activos revela la existencia de ciudadanos interesados en participar para lograr fines colectivos. Pero el movimiento no puede construir su discurso y organizar sus prácticas ignorando el contexto social y político específico en el que sus posibles seguidores habitan. En el caso de la región fronteriza México-Estados Unidos, este es un escenario donde la participación ciudadana había sido excluida del debate público por décadas y donde las experiencias de movilización tradicionalmente habían ocurrido mediante sistemas clientelistas basados en recompensas y pequeños privilegios.⁸ En este contexto, para ir más allá de la influencia en políticas públicas, la movilización social en favor del medio ambiente tiene que promover una cultura de participación que sea capaz de crear propuestas alternativas no sólo de políticas sino de estilos de participación vis a vis a aquellas ofrecidas por el Estado o por las corporaciones.⁹ Un resultado lógico de la acción organizada de los grupos en este contexto sería la movilización siguiendo las líneas de un discurso de protección ambiental similar al usado en las sociedades industriales avanzadas, pero incorporando el efecto negativo que tiene la existencia de la frontera internacional para el desarrollo de identidades y para la identificación de intereses comunes. La orientación del movimiento en esta dirección solo puede ocurrir en la medida que se fortalece la idea de ciudadanía y que se avanza en la creación de una democracia plural. Pero, ¿cómo podemos saber si el movimiento avanza en esta dirección?

Siguiendo la tradición weberiana de individualismo metodológico, algunos autores más recientes han argumentado que un factor clave para entender el ejercicio de la ciudadanía es la orientación de las acciones individuales. En palabras de Kalberg (1993), esto incluye una variedad de nociones que se refieren al conocimiento y las habilidades políticas, a los sentimientos y orientaciones de valor hacia el sistema político en su conjunto, hacia el yo mismo como participante, hacia los partidos políticos y las elecciones y hacia la burocracia; así como actitudes hacia los propios conciudadanos, expectativas sobre los resultados y desempeño del gobierno, conocimiento del proceso político, actitudes sobre la cooperación y el individualismo, y la orientación respecto a la solución de los problemas. Incorporando otros aspectos como el nivel de incertidumbre que se observa en una sociedad, Nelson (1996) reconoce también que la ciudadanía no es cuestión de procedimiento y roles institucionales, sino un arte facto de la cultura compuesto de actitudes, normas y expectativas moldeadas por experiencias históricas.

Este es un enfoque muy sugerente en tanto que resalta el papel que tienen las fuerzas culturales en el surgimiento de la ciudadanía moderna y en la expansión de la esfera pública. Este enfoque hace énfasis en la importancia de vincular las acciones individuales con las metas comunales, pero también sugiere que esto es algo que no puede ocurrir de la noche a la mañana sino que resulta como parte de un largo proceso de cambio social.

Un elemento central de esta tesis es que la penetración de la esfera pública por parte de nociones de derechos políticos y civiles es sólo una de las posibilidades creadas con la expansión de la esfera pública. En otras palabras, que la expansión no garantiza que los ciudadanos ocuparán los nuevos espacios disponibles para moldear el debate público sino que existen otras opciones viables tales como el fortalecimiento de formas particularistas de afiliación en torno a nociones de clan, etnia o creencias religiosas. La tesis es muy simple en realidad, pero tiene un significado muy poderoso para el futuro de los movimientos sociales como el ambientalismo que se observa en la frontera norte de México.

Si la expansión de la esfera pública no logra romper los particularismos de la familia, el clan o la agrupación étnica o religiosa, la formación de nociones impersonales de derechos ciudadanos no puede ocurrir (Kalberg, 1993). Por eso es que la orientación de las acciones se convierte en el elemento central en un modelo para explorar las posibilidades del ambientalismo fronterizo y sus posibles contribuciones al desarrollo de la sociedad civil. Esta noción nos obliga a pensar las posibilidades de orientación que tiene el movimiento.

La experiencia observada en la frontera durante la última década del siglo XX, sugiere que el movimiento está frente a la opción de seguir dos modelos alternativos. Estos modelos, concebidos como tipos ideales para interpretar la acciones de los actores sociales, permiten encontrar lógica a la diversidad de acciones emprendidas.¹⁰ El primero es un modelo basado en la existencia de grupos de interés que funcionan como los portadores de las demandas individuales. Se trata de grupos de intereses que tienden a excluir la posibilidad de participación ciudadana en múltiples organizaciones. Este es un modelo donde el faccionalismo es una posibilidad muy alta, tanto más si no se logran establecer relaciones de confianza entre los activistas. En el otro extremo se encuentra la opción de un movimiento que tenga como principio la acción cívica basada en el trabajo de ciudadanos activos cuya acción colectiva expresa el avance de la ciudadanía (figura 1). Ambos modelos (grupos de interés y acción cívica) son formas de acción colectiva, sin embargo, aquí se hace la distinción para poner énfasis en las diferencias cualitativas que se pueden dar en la relación entre grupos organizados e individuos, y en la orientación de las acciones en torno a los asuntos ambientales. En el primer caso, la movilización ciudadana es principalmente una manera de fortalecer la influencia que tienen los grupos en el proceso político, mientras que en el modelo de acción cívica el trabajo en asuntos ambientales expresa una responsabilidad cívica creciente y una mayor confianza en las acciones de los demás, de tal manera que la búsqueda de metas comunes se hace en forma organizada.

La distinción entre los dos modelos es relevante porque cada uno presupone diferentes formas de liderazgo y diferentes expectativas en relación con la afiliación y la participación. El modelo de acción cívica toma en cuenta de manera explícita la posibilidad de a filiación a múltiples grupos como una característica central del ambientalismo fronterizo. Como se sugiere en la figura 1, este es un modelo que reconoce la multiplicidad de afiliaciones y de comunidades de intereses a las que los individuos se pueden suscribir en la región fronteriza, mismas que pueden ir desde las más amplias y elusivas pero institucionalizadas formas de identidad como la nacionalidad o la vida religiosa; hasta las menores, informales y menos rígidas nociones de comunidad de lugar que en un contexto fronterizo trascienden la frontera internacional. Esto es lo que algunos han llamado comunidades diferenciadas de geografía, interés y creencia (Kenny, 1996).

Considerando la complejidad de tratar con múltiples estructuras sociales y con las relaciones entre dos estados-nación, la importancia de los grupos ambientales para la construcción de ciudadanía no puede ser ignorada. la experiencia observada durante la década pasada muestra que los grupos son necesarios para garantizar el acceso a la esfera pública, esto es particularmente cierto en el caso de los individuos con menos recursos.¹¹ Pero al mismo tiempo los grupos pueden fallar a la hora de articular las nociones de derechos civiles y, en cambio, dedicarse a perseguir de manera instrumental intereses puramente económicos y políticos que acarreen beneficios para los partidos políticos u otros grupos sociales que excluyen formas universales de participación. En una situación dada, el nivel de desconfianza expresada por los grupos comunitarios de base y por los individuos respecto a las organizaciones más amplias y mejor organizadas podría ser considerada un indicador de la carencia de una cultura cívica universal y de la persistencia de lealtades de grupo basadas en elementos como las diversas formas de liderazgo carismático, o diferentes formas de particularismo o afiliaciones parroquialistas. Como lo sugiere Kalberg, la institucionalización de la ciudadanía sólo ocurre cuando las acciones están orientadas hacia la responsabilidad cívica, la confianza social, el igualitarismo y el individualismo orientado en forma comunal.

Teóricamente las comunidades que avanzan más rápidamente en el proceso de democratización, son aquellas con una estructura organizacional que impide el desarrollo de cualquier forma de orientación autoritaria como medio para buscar metas igualitarias y las que alientan la autoconfianza en la capacidad del individuo para influir en el proceso político. Por esta razón la distinción entre los dos modelos de organización es relevante porque reconoce los límites de autoproclamarse representante de intereses comunales y la importancia que tiene la acción individual para el logro de metas colectivas. Kalberg sintetiza estas limitaciones cuando afirma que:

la ciudadanía moderna no puede ser impuesta por personas bien intencionadas (...). Los intentos de ordenar la creación de ciudadanía desde arriba confrontarán obstáculos severos. Este es especialmente el caso ahí donde hacen falta los portadores sociales fuertes de la responsabilidad cívica y la confianza social que son muy necesarias para romper las lealtades específicas a un grupo (Kalberg, 1993:107).

Este es un problema que también ha sido estudiado en la perspectiva socio-política en la cual los académicos argumentan que la cuestión de la ciudadanía gira en torno al asunto de los derechos individuales y de cómo estos pueden ser incluidos en decisiones de política y ser protegidos de la penetración del Estado y el capital. Desde esta perspectiva, la vertiente denominada nuevos movimientos sociales pone los derechos en el centro del debate. Entre los derechos que los ciudadanos organizados en forma activa pueden defender se encuentran el reconocimiento de derechos de minorías, los derechos de mujeres y el derecho a vivir en un ambiente seguro (Turner, 1993).

Los argumentos anteriores indican que no podemos asomarnos al ambientalismo fronterizo sin considerar el significado de la ciudadanía ambiental como una forma particular de identidad a la que se pueden suscribir los habitantes de la región fronteriza. La identidad ha sido considerada una variable explicativa importante en la formación de demandas sociales en el contexto de la transición mexicana a la democracia, lo que significa que no se trata simplemente de un mero atributo de los actores que influye en su conducta política (Craig, 1990). Desde esta perspectiva, se argumenta que las identidades se construyen en relaciones entre diferentes actores, por lo tanto el concepto también está vinculado a la idea de autonomía de los miembros de un movimiento para determinar cómo se relacionan con la comunidad.

La construcción de identidad y la noción de ciudadanía son dos aspectos de la movilización social que se encuentran entrelazados y que resultan claves en un modelo explicativo de las contribuciones del ambientalismo fronterizo a la sociedad civil. La conciencia ambiental conduce a los individuos a suscribirse a múltiples afiliaciones lo cual a su vez puede moldear la posición de los ciudadanos en otros aspectos sociales y, más importante aún, puede influir en su disposición a participar en el debate de asuntos públicos. Esta integración entre identidad y ciudadanía es reconocida por Mitchell Thomashow cuando afirma que un ciudadano ecológicamente consciente es aquel que:

(...) se hace responsable del lugar en donde vive, entiende la importancia de tomar decisiones colectivas en relación a los comunes, procura contribuir al bien común, se identifica con bioregiones y ecosistemas más que con la institución obsoleta del Estado-nación y con corporaciones transnacionales, considera los impactos amplios de sus acciones, está comprometido con la construcción cooperativa de la comunidad, observa el flujo del poder en formas controversiales, pone atención en la calidad de las relaciones interpersonales en el discurso político, y actúa de acuerdo a sus convicciones (Tomashow, 1995:139).

En esta definición, Tomashow pone correctamente la acción, la construcción de identidad y el compromiso cívico como tres elementos relacionados entre sí que unen a los individuos con los grupos organizados. En esta misma dirección, los estudiosos de la corriente analítica de los nuevos movimientos sociales han explicado que la identidad formada en torno a la noción de protección ambiental tiene una orientación auto-limitativa puesto que trata de hacer innovaciones institucionales y no está construida en torno a líneas de clase o cualquier otro indicador de una afiliación predeterminada (Cohen y Arato, 1992). En esta línea de pensamiento, Munck (1990) comenta que no deberíamos tratar de evaluar la contribución que hacen los movimientos a la extensión de ciudadanía basados en identidades de clase, sino más bien sobre la idea de una sociedad civil más movilizada poniendo énfasis en acciones de abajo hacia arriba, es decir, en un enfoque basado en el papel de los ciudadanos.

Las dimensiones del avance de la ciudadanía ambiental

Dependiendo del desarrollo que logre alcanzar en los años futuros, el ambientalismo fronterizo estará en condiciones de hacer una fuerte contribución al desarrollo del ambientalismo en general como una expresión de la movilización ciudadana dirigida a influir en la formulación de políticas y a la creación de identidades. En este camino, un aspecto que resultará crucial será la manera como los grupos de activistas ambientales se relacionen con las organizaciones políticas que tienen fines electorales. Las prácticas y los objetivos de estas organizaciones y la manera como han tratado de acercarse a los activistas ambientales sugiere que el ambientalismo como movimiento social tiene un mejor futuro si se mantiene en el nivel de la participación cívica y se aleja de la búsqueda de fines políticos concretos y de corto plazo. Ya se sabe que tanto la influencia política como la construcción de identidades, son fines que requieren la participación de individuos para apoyar causas específicas; pero el objetivo es menos instrumental cuando se trata de construir identidades. Incluso, la influencia en el nivel político se puede alcanzar sin que se haya construido una identidad clara. Pero independientemente de cuál sea la meta principal que estén buscando, los ambientalistas deben de procurar alinear su esfuerzo con las acciones de los individuos. En última instancia, la capacidad individual de acción es el elemento central en cualquier esquema de participación. Esta situación ha sido reconocida desde hace mucho por los activistas ambientales de la frontera. En un taller sobre el papel que tienen las ONGS ambientalistas en América del Norte en la tarea de proteger el medio ambiente, uno de los participantes reconoció que nada es mejor que cada ciudadano llegue a ser y se sienta personalmente responsable por el medio ambiente (Bannister, Wirth y Dobell, 1995).

Los grupos ambientalistas influyen en la política cuando pueden mostrar que representan un interés mayor que el del pequeño grupo que efectivamente se moviliza. Esto ocurre cuando muestran que los individuos están dispuestos a participar a través de diferentes medios como son la firma de peticiones, la asistencia a manifestaciones callejeras, o la asistencia a reuniones públicas. Más aún, los grupos pueden usar la incertidumbre sobre el tamaño de la comunidad que representan y sobre la duración de las protestas para influir en una política (Tarrow, 1994). Por otra parte, los grupos pueden crear identidades si la gente suscribe y apoya los significados propuestos por un movimiento y si los individuos cambian sus acciones para orientarlas en la dirección propuesta por el marco conceptual sugerido por los grupos líderes del movimiento. De lo anterior, se infiere que el desarrollo de la ciudadanía ambiental requiere cierta orientación de las acciones de los individuos que participan en el movimiento.

La evaluación de las contribuciones del ambientalismo fronterizo a la sociedad civil, se puede hacer mediante la observación de los avances ocurridos en las siguientes siete dimensiones del concepto de ciudadanía: conocimiento del problema, principio que rige la asociación, orientación de las acciones individuales respecto a la comunidad, el origen de los compromisos con las mejoras comunitarias, el vínculo social institucional, la relación establecida con las estructuras organizativas y el poder, y el tipo de individualismo que fomentan (cuadro 2). El supuesto en el que se basa esta propuesta es que el movimiento ambiental puede apoyar diferentes orientaciones en cada una de estas dimensiones y que al hacerlo no sólo alienta o inhibe la responsabilidad cívica, que es crucial para incrementar la participación y la democratización en la formulación de políticas, sino que además abre el proceso de construcción de nuevas identidades. Las categorías propuestas son, por supuesto, tipos ideales para clasificar la orientación de las acciones concretas que llevan a cabo los grupos organizados, o, incluso, los individuos. Esto significa que en un determinado momento podemos interpretar la acción de un grupo como más cercana a alguna de las orientaciones. En este esquema, los individuos deben decidir si un asunto es relevante para ellos y sus comunidades (identidad) y cómo es que van a actuar para enfrentar el problema y obtener respuestas de los aparatos del Estado y del capital (influencia). En este esquema también se da por hecho que el ambientalismo fronterizo es un movimiento que está en proceso de constitución, pero que ya incluye diferentes formas de participación.

Como se vio al inicio de este ensayo, en el ambientalismo fronterizo coexisten múltiples actores que van desde el individuo preocupado que usa los canales ofrecidos por el Estado para presentar una protesta o para expresar su preocupación acerca de un problema ambiental, hasta el grupo comunitario que se forma temporalmente para combatir una situación y los grupos que cuentan con una organización y una agenda bien estructuradas.

En la figura 1 se sugiere que los grupos o las organizaciones pueden mostrarse ante la comunidad como los portadores de las demandas colectivas y como los constructores de las nuevas identidades. Los individuos constituyen la base del movimiento y el papel del movimiento social es proveer la goma para unir las elecciones individuales, crear el significado para las acciones y abrir las puertas para la transformación de la sociedad civil. El reconocimiento de que el movimiento incluye el trabajo de individuos y de organizaciones es importante para entender los límites y posibilidades que tiene un movimiento social en su contribución para lograr metas democráticas e igualitarias. Las organizaciones juegan a tener una influencia positiva en el logro de dichas metas, pero en determinadas circunstancias también pueden inhibir el logro de las mismas. Como lo han indicado algunos estudiosos, las organizaciones como portadores de las demandas individuales pueden ser también la semilla para incrementar la racionalización, la burocratización y el faccionalismo (Cohen y Rogers, 1992; Achterberg, 1996).

En cada una de las dimensiones incluidas en el cuadro 2 la contribución del movimiento al dinamismo y vitalidad de la sociedad civil puede ser evaluada en términos de sus contribuciones a la construcción de orientaciones específicas en el ejercicio de la ciudadanía. Un escenario es que prevalezca una orientación hacia la influencia y el reconocimiento políticos, pero el escenario más ambicioso en términos de la transformación social es aquel en el que el movimiento contribuye a la creación de un identidad autorreflexiva que permite a los ciudadanos actuar en forma colectiva y que se propone hacer de la participación un fin en sí mismo.¹³

Conocimiento

La ampliación y mejoría del conocimiento individual es una de las contribuciones básicas que un movimiento puede hacer a la construcción de la ciudadanía. Por eso es que la provisión de información a los posibles participantes es casi siempre una de las tareas comunes que llevan a cabo todos los grupos organizados de un movimiento social. De acuerdo con el modelo de democracia asociativa propuesto por Cohen y Rogers, la provisión de información es una de las cuatro funciones de mejoría que pueden desempeñar las asociaciones. El argumento de estos autores es que las asociaciones están bien posicionadas —más cercanas a las necesidades y las percepciones de las comunidades afectadas— para proveer la información que se necesita en la formulación de políticas. Así, ellas pueden argumentar en su favor que al proveer de información contribuyen a satisfacer la norma de la soberanía popular porque una buena información mejora las oportunidades de liberalización ciudadana, facilita la aplicación de decisiones y clarifica los objetos apropiados de la política estatal (Cohen y Rogers, 1992). Esto desde luego no toma en consideración los problemas de burocratización y de representación.

El trabajo en la mejoría del conocimiento es una tarea que puede ser desempeñada a diferentes niveles dependiendo de si el énfasis de las acciones eso no la influencia en las políticas. En un extremo, mediante el uso de propaganda los activistas pueden proveer al público en general de pequeñas pero bien seleccionadas piezas de información con el propósito de moldear la opinión pública e influir en una decisión. En el extremo opuesto, un proceso de educación cívica puede usarse para alentar el aprendizaje social que subyace a la existencia de demandas igualitarias y democráticas. Las asociaciones pueden servir como escuelas para la democracia, de tal forma que los ciudadanos puedan desarrollar su competencia, auto-confianza y otros intereses que no se podrían obtener de otra manera. Las asociaciones son útiles para moldear la conciencia ciudadana porque de acuerdo con Cohen y Rogers, ellas:

(...) promueven el reconocimiento de las normas del proceso democrático, así como equidad y disposición para aceptarlas y mantenerlas como las que fijan el marco básico del argumento político y la cooperación social, cuando menos en la condición en que los demás también las acepten (Cohen y Rogers, 1992:425).

En el caso de la frontera norte, mejorar el conocimiento del público ha sido, en efecto, una de las principales metas del ambientalismo fronterizo. Esto queda muy claro si se toma en cuenta que una de las demandas hechas con mayor insistencia por los diversos grupos es la de incrementar y garantizar el acceso a información relevante sobre situaciones de su interés. Por otro lado, la idea de mejorar la comunicación es una de las estrategias más viejas que han recomen dado algunos de los activistas líderes de la región.¹⁴

Principios de asociación

El concepto moderno de ciudadanía está ligado al desarrollo de valores universales que se oponen a cualquier forma de particularismo como base de la membresía social (Turner, 1993). Un movimiento social que contribuye en esta dirección es aquel que trabaja en el establecimiento de fronteras legales que protegen el espacio para las formas de participación independientes y universales. En este tipo de movimiento, es posible la formación de grupos que defienden visiones universales del mundo que excluyen nociones de supremacía grupal o una membresía exclusionista. En el contexto de la región México-Estados Unidos, el ambientalismo debe entonces alentar visiones universales que se oponen a otro tipo de intereses particulares en torno a los cuales también es posible alentar la participación como son la nacionalidad, la clase, el género o la afiliación partidista. Desde el punto de vista de la contribución que puede hacer el movimiento ambiental fronterizo, las anteriores son orientaciones particulares que se pueden usar en forma exitosa para influir políticas. Pero los grupos que usan este tipo de enfoques tienen menos probabilidades de contribuir a la transformación de la cultura cívica que se necesita para enfrentar los asuntos ambientales en la región.

Orientación comunitaria de las acciones individuales

Otra de las áreas en las que se puede evaluar la contribución del ambientalismo fronterizo en la construcción de la ciudadanía, es la que se refiere a la orientación que los individuos dan a sus acciones cuando actúan de forma colectiva. Los activistas y particularmente los grupos organizados, pueden enfatizar el logro de intereses instrumentales como son beneficios económicos o el reconocimiento político, o bien pueden tratar de orientar las acciones individuales hacia la defensa de los derechos civiles. Esta segunda opción se propone hacer de la asociación y la acción colectiva fines en sí mismos y no meros instrumentos para influir en la política. El interés de alcanzar objetivos instrumentales es por supuesto algo legítimo, cuanto más si la meta es simplemente influir en una política que muestra un sesgo tecnocrático que omite los aspectos sociales de la toma de decisiones pero eso no es suficiente para construir una identidad cívica duradera.

Lo que hace más complejo este asunto es que los grupos organizados y las asociaciones pueden procurar esa meta al mismo tiempo que hacen de la defensa de los derechos civiles una pieza central en su trabajo de movilización ciudadana. Lo anterior es reconocido por los analistas de las ciencias políticas, quienes argumentan que las asociaciones pueden jugar un papel importante en la política de las democracias modernas. Cohen y Rogers (1992) comentan que las asociaciones ayudan a establecer la agenda política, a determinar las opciones de la agenda, a implementar (o impedir la implementación de) esas opciones y a moldear las creencias, preferencias, auto-entendimiento y hábitos de pensamiento y de acción que los individuos traen a las arenas políticas más amplias (Cohen y Rogers, 1992:393) pero debido a que esto es posible, las organizaciones y los grupos que operan en las áreas de formación de agendas, opciones políticas e implementación de políticas también pueden convertirse en una amenaza para las condiciones del orden democrático. En particular, argumentan, existe una amenaza de faccionalismo contra la igualdad política en la medida que las organizaciones confieren un poder tal que algunas clases de ciudadanos pueden estar sobrerepresentados mientras que otros pueden estar subrepresentados.

Origen de los compromisos con las mejoras comunitarias

Otra dimensión de la ciudadanía en la que el ambientalismo fronterizo puede tener una influencia positiva es la de la formación del compromiso asumido con las mejoras a la vida comunitaria. De acuerdo con las propuestas de la escuela culturalista de corte weberiano, en las democracias consolidadas del mundo occidental, particularmente en los Estados Unidos, lo que origina el compromiso con la cooperación para lograr mejoras comunitarias es la obligación moral más que el reconocimiento personal o de grupo. El trabajo voluntario no es percibido como un instrumento que permite manipular a favor de alguien los resultados del trabajo colectivo. Las probabilidades de que esto ocurra son menores cuando los grupos trabajan para influir en decisiones específicas de la esfera política, pues las demandas realizadas por el grupo procuran, aunque sea de manera implícita, que los miembros del grupo sean considerados como miembros merecedores de la sociedad o bien que se reconozca y se alabe la buena voluntad y la solidaridad de miembros destacados de la sociedad.

Para el movimiento ambientalista en general y para el ambientalismo fronterizo, el problema es cómo instituir el principio de obligación moral como base de movilización social. En el caso de la frontera norte de México, la tarea es más difícil aún pues se debe lograr en medio de un proceso de transformación económica que coexiste con una transición de carácter político y con una frontera cultural que coloca a los individuos en mundos separados en términos de los contextos políticos, sociales y económicos en los que ocurre o debe ocurrir la movilización ciudadana. Más aún, el movimiento debe de explicar cuál es el significado de la obligación moral y por qué es relevante para la institucionalización transnacional de la ciudadanía. Atendiendo a esta necesidad, algunos de los grupos ambientalistas de la frontera están tratando de enfrentar este compromiso estableciendo vínculos entre el deterioro ambiental y valores humanos universales como son la protección de la salud pública, particularmente entre niños, y la protección de la biodiversidad.

Aún manteniendo una agenda para influir sobre las políticas, el ambientalismo fronterizo contribuye a la expansión de la obligación moral en la medida que apoya la idea de que todos los intereses deben estar representados en la formulación de políticas y de que las políticas apropiadas para la región solo ocurrirán cuando se abandonen enfoques territorializados que dividen a la sociedad entre merecedores y no merecedores de los beneficios que pueden producir dichas políticas.¹⁵

El desarrollo de la confianza como una institución es una contribución importante que puede hacer el ambientalismo fronterizo para fortalecer el dinamismo de la sociedad civil. El desarrollo de confianza entre los individuos que trabajan en asuntos ambientales es, desde luego, un proceso más complejo que la simple construcción de alianzas estratégicas para influir en el rumbo que toman decisiones específicas. Una vez construida en una institución, la confianza permea las relaciones sociales a un nivel más amplio.

En el contexto de la región fronteriza existen dos grandes tipos de barreras para consolidar la existencia de relaciones de confianza entre los individuos. El primer tipo, son aquellas barreras que tienen que ver con las posibilidades de comunicación entre los individuos y con el uso de siginificados similares para la orientación de las acciones. Esto incluye lo que una acción determinada significa para la relación entre, por una parte, los individuos, y por la otra, las organizaciones, la ley y el Estado. En este tipo de barreras están el lenguaje, las diferencias culturales y los estereotipos acerca de valores y prácticas sociales (Schmidt, 1997), así como el uso de marcos conceptuales para la construcción de historias causales acerca de los problemas ambientales de la frontera. El segundo tipo de barreras es el resultado de las convenciones existentes entre distintos grupos sociales y en la sociedad en su conjunto respecto a las relaciones de poder que incluyen fenómenos como la corrupción, el abuso del poder, la distribución desigual de los costos y los beneficios y el uso de las luchas y los esfuerzos colectivos ajenos para obtener beneficios particulares.

De acuerdo con las experiencias reportadas por distintos grupos, no es muy claro cómo es que, en la práctica, se puede desarrollar la confianza para llegar a ser moneda corriente en la interacción social. Teóricamente el trabajo de los grupos y las asociaciones podría avanzar en esa dirección si se enfocan más a la construcción de discursos universales. De acuerdo con Rosenblum (1994) las asociaciones pueden contribuir al defender intereses y opiniones diversas, mediante el apoyo a pequeñas disposiciones genéricas que van desde un compromiso con el cumplimiento de la ley hasta la disposición a trabajar en la procuración del autocontrol necesario para abstenerse de la violencia y la exhibición pública de falta de respeto, así como el apoyo a otras disposiciones como son la tolerancia, los hábitos de cooperación, la virtud cívica y la preocupación por el bien común. De acuerdo con las prácticas observadas entre los ambientalistas de la frontera, esto significa que quienes forman un grupo deben replantearse el papel del liderazgo, explorar nuevas formas de relacionarse entre sí y promover en la organización el respeto por el trabajo que realizan otras organizaciones evitando la descalificación y el juicio de valor negativo a priori que abona el ambiente de desconfianza que algunos activistas han revelado que existe.

La relación con el poder y las organizaciones

El ambientalismo fronterizo puede contribuir a esta dimensión de la ciudadanía promoviendo el principio de igualdad de responsabilidades entre los participantes del movimiento y cuestionando el poder y las estructuras organizacionales verticales que separan las funciones del líder del trabajo que realizan los individuos. En la medida que el movimiento alienta a los individuos a asumir una responsabilidad compartida como base de la ciudadanía, pone barreras para que se consolide cualquier tipo de liderazgo carismático que conduzca al movimiento a situaciones de autoritarismo o a cualquier otra forma menos democrática de participación. El principio de responsabilidad compartida es también un escudo contra el problema del "gorrón" que de acuerdo con Olson (1965) constituye una amenaza a todo esfuerzo de acción colectiva.

En esta perspectiva las organizaciones ambientales que trabajan en la frontera son consideradas una alternativa que permite canalizar las acciones individuales en busca de metas comunales. Lo que las hace diferentes de otro tipo de organizaciones, como son los partidos políticos, los grupos religiosos o cualquier otro tipo de asociación que se base en una relación clientelar o liderazgo carismático, es que ellas pueden confiar en que los ciudadanos llevarán a cabo sus tareas y asumirán sus responsabilidades. Conviene destacar que no existe, desde el punto de vista teórico, ningún impedimento para que esto se pueda lograr manteniendo una estructura descentralizada del movimiento y facilitando la intervención directa de los individuos y garantizándoles el acceso a recursos sin importar su rol en la sociedad. Para esto es necesario hacer cambios en las relaciones entre los grupos de ambos lados de la frontera¹⁶ y cambios en las bases que determinan la membresía a los grupos. Esto incluye el abandono de esquemas parroquialistas de participación, como los que se observan a nivel barrial o regional.

El individualismo aterrizado en la comunidad

El problema es que esto es algo que debe ocurrir en una sociedad basada en recompensas, por lo que puede conducir a una ruta de individualismo atomizado que procure satisfacer intereses económicos o políticos personales sin que por ello deje de ser una influencia en la formulación de políticas. Por lo tanto el trabajo de las organizaciones ambientalistas debe en principio superar cualquier forma de relación clientelar e ir más allá de la formación de alianzas. La múltiple afiliación a grupos y la revisión autocrítica del trabajo organizado, no deben ser considerados como temas tabú por los liderazgos, sino como medios estratégicos al alcance de los propios individuos comprometidos con la construcción de la ciudadanía.

Conclusión: la construcción de discursos alternativos de protección ambiental

En este ensayo se ha propuesto un modelo analítico para la interpretación de la experiencia de organización del activismo ambiental en la frontera, desde la perspectiva de sus contribuciones al fortalecimiento de la sociedad civil. Para concluir quiero sugerir que el ambientalismo fronterizo se encuentra en la encrucijada en la que tiene que elegir cuál es el discurso de protección ambiental que se debe considerar más adecuado para el contexto de la región fronteriza México-Estados Unidos. La distinción de las funciones del movimiento y la identificación de las dimensiones en las que el movimiento puede contribuir a expandir la noción y el ejercicio de la ciudadanía, fueron hechas para sugerir líneas de evaluación basadas en la experiencia empírica de los activistas ambientales de la región. El supuesto es que en todo caso dichas experiencias están guiadas por discursos alternativos de protección ambiental, y que cada discurso está basado en una noción distinta de ciudadanía que implica formas específicas de participación, y por lo tanto representarutas distintas desde las cuales el movimiento puede hacer aportaciones al dinamismo de la sociedad civil.

En este punto resulta útil recordar algunas de las advertencias que han planteado los científicos sociales al supuesto de que el ambientalismo es por definición una empresa social democrática. De acuerdo con Dobson (1996) existen por lo menos dos grandes contradicciones. La primera es que, en la prisa por encontrar soluciones ambientales, algunos activistas pueden ponerse a favor de formas autoritarias para tomar decisiones. La segunda es que la defensa de la democracia implica también la defensa de procedimientos, mientras que la defensa de la protección ambiental es una defensa de resultados.

El trabajo de las organizaciones intermediarias (grupos de activistas) parece ofrecer una salida a este vericueto político. Aunque el concepto de democracia asociativa no se propuso para explicar las posibilidades de un movimiento social en un contexto internacional, parece que es una vertiente interesante de explorar en la medida que el concepto sugiere una forma en la que el trabajo de los activistas ambientales puede ser vinculado a las metas más amplias de democratización.

La lección más importante que puede emanar del modelo que aquí se propone es que las organizaciones deberían ser empujadas a cumplir su promesa de trabajar por una sociedad más democrática. Esto es trabajar para crear lo que Dobson (1996) llama las precondiciones de la democracia. Cohen y Rogers se quedan cortos en la elaboración de una manera de lograr lo anterior, especialmente en un contexto internacional; sin embargo, sugieren que la democracia asociativa ofrece una posibilidad.¹⁷ La anterior es una proposición interesante porque identifica de manera especifica acciones que deberían tomarse, tales como la mejoría en los sistemas de representación, la consideración seria de los intereses de los otros, o dar más importancia a los grupos como interlocutores del debate público. Lo que está en duda todavía es como lograr lo anterior. Esto es particularmente cierto en una región fronteriza donde la aplicación de instrumentos convencionales puede estar limitada por la existencia misma de la frontera. Algunos elementos para apoyar la democratización del ambientalismo y fortalecer las instituciones de la sociedad son los siguientes:

1. Un mejor sistema de rendición de cuentas de parte de los líderes de los grupos.

]]> 2. La descentralización de la autoridad en las decisiones que toman los grupos.

3. Lograr una mejor representación de las poblaciones afectadas tanto en la afiliación de los grupos como en la toma de decisiones.

4. La institucionalización de las relaciones con los aparatos del Estado a todos los niveles.

5. Garantizar la autonomía de la participación ciudadana.

6. Alentar la cooperación entre grupos.

La experiencia observada en el norte de México durante la década de los noventa sugiere que existen cuando menos cinco elementos que permiten estar optimistas sobre el avance que puede tener este proceso en el futuro. Estos son:

1. El ambientalismo fronterizo ha promovido la idea de que ejercer la ciudadanía es posible aún en las peores circunstancias políticas, económicas y sociales.

2. El crecimiento del ambientalismo no sólo está determinado por la existencia de oportunidades, sino también por la capacidad de los activistas para crear un marco conceptual que puede proveer nuevas orientaciones al ejercicio de la ciudadanía.

3. Los participantes en este movimiento han cuestionado las estructuras de poder sin que ello signifique transformaciones estructurales que no podrían lograrse dadas las tendencias de integración económica mundial. Es decir, han aprendido a trabajar dentro del sistema y no contra de él.

]]> 4. No obstante las limitaciones señaladas anteriormente, las principales organizaciones que participan en este movimiento, como la Environmental Health Coalition con sede en San Diego o el Border Ecology Project de Bisbee, Arizona, han ido aprendiendo a incluir el trabajo de los grupos y poblaciones afectadas por los procesos de toma de decisiones.

5. La mayoría de los grupos han aprendido a usar la comunicación como una forma de influir en la política, y algunos de ellos la han empezado a usar con fines educativos. El uso de materiales de video, el uso del correo electrónico y el internet son actividades que han entrado al repertorio de las organizaciones civiles y ofrecen un amplio potencial para la difusión de conocimientos no sólo de las oportunidades de participación, sino también de los peligros relacionados con los patrones de desarrollo ambiental.

En la práctica, las perspectivas para que el ambientalismo fronterizo pueda contribuir al dinamismo de la sociedad civil mediante cambios en las distintas dimensiones de la noción de ciudadanía, están determinadas por el grado en el que los grupos organizados sean capaces de evitar las tentaciones de faccionalismo típicas en que pueden caer los grupos de interés (Ingram y Dean, 1989). Sobre todo se deben de abolir los mecanismos que permiten a individuos o grupos canalizar los beneficios obtenidos de influir en una política, pues esa práctica representa un obstáculo para que las organizaciones lleguen a ser espacios para el aprendizaje de la participación en una sociedad democrática.

Bibliografía

Achterberg, Wouter (1996), "Sustainability community and democracy", en Brian Doherty y Marius De Geus (eds.), Democracy and green political thought: sustainability rights and citizenship, London, Routledge, pp. 170-187.         [ Links ]

Bannister, Rebecca R.; John D. Wirth y Rod Dobell (1995), The Role of Environmental Non-Governmental Organizations (ENGO´s) in North America'. Report from a Workshop, Santa Fe, The North American Institute.         [ Links ]

Barry, Tom y Beth Sims (1994), The Challenge of Cross Border Environmentalism: The U.S. Mexico Case, Albuquerque, Resource Center.         [ Links ]

Barba Pirez, Regina (1993), "La unión de grupos ambientalistas en el proceso de negociación en el Tratado de Libre Comercio", Frontera Norte, vol. 5, no. 10, pp. 117-132.         [ Links ]

Cohen, Jean L. y Andrew Arato (1992), Civil Society and Political Theory, Cambridge, MIT Press, Ch. 10, pp. 492-563.         [ Links ]

Cohen, Joshua y Joel Rogers (1992), "Secondary Associations y Democratic Governance", Politics and Society, vol. 20, no.4., p p. 393-472.         [ Links ]

Craig, Ann (1990), "Institutional Context and Popular Strategies", en Joe Foweraker y Ann L. Craig (eds.), Popular Movements and Political Change in Mexico, Boulder, Lynne Rienner Pub.         [ Links ]

De Mello, L. María Carmen y Antonio Luna (1999), "Public Participation in the BECC: Lessons from the Acuaférico Project, Nogales Sonora", Journal of Borderlys Studies, vol. XIV, no. 1, Spring, pp. 43-64.         [ Links ]

Dobson, Andrew (1996), "De mocratizing Green Theory: Preconditions and Principles", en Brian Doherty y Marius De Geuss, Democracy and Green Political Thought Sustainability, Rights y Citizenship, London, Routlege, pp. 132-148.         [ Links ]

Durazo, Laura; Dick Kamp, y Geof Land (1993), Environmental and Health Issues in the interior of Mexico: Options for Transnational Safeguards, Tijuana, B.C. y Bisbee, Arizona, Proyecto Fronterizo de Educación Ambiental y Border Ecology Project.         [ Links ]

Girola, Lidia (1985), "Sobre metodología de Max Weber: explicación y comprensión", en Francisco Galván Diaz, Lidia Girola, Virginia Sánchez Rubio y Catherine Nelson (coords.), Max Weber, elementos de sociología, México, Universidad Autónoma de Puebla, Universidad Autónoma Metropolitana Atzcapotzalco.         [ Links ]

Ingram, Helen M. y Mann Dean E. (1989), "Interest Groups and Environmental Policy", en James P Lester (ed.), Environmental Politics y Policy, Durham, Duke University Press, ch. 5, pp. 135-157.         [ Links ]

Kalberg, Stephen (1993), "Cultural Foundations of Modern citizenship", en Bryan S. Turner (ed.), Citizenship y Social Theory, London, Sage Publications, pp. 91-114.         [ Links ]

Kenny, Michael (1996), "Paradoxes of Community", en Brian Doherty y Marius De Geus (eds.), Democracy and Green Political Thought: Sustainability Rights y Citizenship, London, Routledge, pp. 19-35.         [ Links ]

Munck, G. (1990), "Identity and Ambiguity in Democratic Struggles", en Joe Foweraker y Ann L. Craig (eds.), Popular Movements y Political Change in Mexico, Boulder, Lynne Rienner Pub.         [ Links ]

Nelson, Daniel N. (1996), "Civil Society Endangered", Social Research, vol. 63, no. 2, Summer, pp. 344-368.         [ Links ]

Olson, Mancur (1965), The Logic of Collective Action, Cambridge, Harvard University Press.         [ Links ]

Rosenblum, Nancy L. (1994), "Civil Societie: Liberalism and the Moral uses of Pluralism", Social Research, vol. 61, no. 3, Fall, pp. 539-562.         [ Links ]

Seligman, Adam B. (1992), "The Fragile Ethical Vision of Civil Society", en Bryan S.Turner (ed.), Citizenship and Social Theory, London, Sage Publications, pp. 139-161.         [ Links ]

Schmidt, Samuel (1997), "Stereotypes, Culture y Cooperation in the U.S.-Mexican Borderlands", en Paul Ganster, et.al. (eds.), Borders and Border Regions in Europe and North America, San Diego, San Diego University Press, pp. 299-314.         [ Links ]

Schutz, Alfred (1994), On Phenomenology and Social Relations, Chicago, The University of Chicago Press.         [ Links ]

Tarrow, Sydney (1994), Power in Movement: Social Movements, Collective Action and Politics, Cambridge, Cambridge University Press.         [ Links ]

Tomashow, Mitchell (1995), Ecological identity: becoming a reflective environmentalist, Cambridge, MIT Press.         [ Links ]

Turner, Bryan S. (ed.) (1992), "Contemporary Problems in the Theory of Citizenship", en Bryan Turner (ed.), Citizenship and Social Theory, London, Sage Publication, pp. 1-18.         [ Links ]

Varady, Robert G. (ed.) (1992), Final Report Proceedings y Recommendations: The U.S.-Mexico Border Region Under Stress, a Binational Symposium on ideas for Future Research, The Udall Center for Studies in Public Policy, February.         [ Links ]

Zabin, Carol y Andrea Brown (1996), "Community and improving Quality of Life in the Mexican Border Region: an Analysis of NGOs and Grassroots Organizations", NAID Homepage, UCLA.         [ Links ]

Notas

* Reconocimientos: Este trabajo es resultado de un proyecto de investigación que ha contado con el apoyo de la Universidad de Guadalajara, a quien deseo expresar mi agradecimiento. Una beca de la Fundación Ford y el Udall Center me permitió avanzar la investigación sobre el papel de la sociedad civil en la discusión de políticas ambientales. Una versión preliminar de este trabajo fue presentada en el seminario interno del Udall Center For Studies in Public Policy de la Universidad de Arizona, Tucson, en la primavera de 1999. Agradezco los comentarios de los participantes en dicho seminario, particularmente de Robert Varady, Stephen Cornell y Robert Merideth; asimismo agradezco los comentarios de dos evaluadores anónimos y a los estudiantes de posgrado que participaron en el seminario Activismo Internacional y Política Ambiental en la Frontera México-Estados Unidos, ofrecido por el Departamento de Planeación de la Universidad de Arizona, con quienes tuve la oportunidad de compartir algunas de las ideas aquí expresadas y cuyos comentarios contribuyeron a enriquecer este documento.

² Entrevista realizada en 1996. Gloria Castillo encabezó el movimiento contra la ubicación de un relleno sanitario que el Gobierno de Nuevo León pretendía construir para dar servicio a los municipios de la Zona Metropolitana de Monterrey Después de una lucha en la que habitantes de Salinas Victoria mantuvieron un plantón en el sitio seleccionado, el Gobierno del Estado decidió relocalizar el proyecto en un predio más cercano a la ciudad de Monterrey y más alejado de mencionado pueblo.

³ El estudio señalado no tenía la intención de clasificar los grupos de acuerdo con las categorías propuestas en este modelo; es la observación de las regularidades en el comportamiento de actores sociales involucrados y de acciones llevadas a cabo por los grupos, lo que motivó el interés de contar con un modelo explicativo de estos comportamientos. En este sentido, la idea misma de movimiento ambientalista o, mejor aún, de grupos ambientalistas como actores racionales, se deriva del enfoque metodológico de los tipos ideales que permite suponer que estas colectividades son modos de organización que resultan de actores particulares. Así, las acciones de los grupos son en realidad resultado de las acciones de los participantes. Véase, Schutz (1994).

⁴ Ver apéndice con listado de organizaciones incluidas en esta página de Internet. Solo se incluyeron aquellas que mostraban tener un interés en el medio ambiente.

⁵ En esta área se destacan los trabajos de Environmental Health Coalition de San Diego con grupos de activistas de Baja California para luchar en contra de diversos problemas existentes en la región. Otra experiencia interesante es la de la Red Fronteriza de Salud y Ambiente en la que participan grupos de Sonora, Baja California y Arizona, para promover la protección ambiental y la salud pública.

⁶ La Comisión de Cooperación Ecológica fronteriza (COCEF), con sede en Ciudad Juárez, y el Banco de Desarrollo de América del Norte (BANDAN), con sede en San Antonio Texas, son instituciones hermanas establecidas por los Gobiernos de México y Estados Unidos para atender de manera explícita los problemas ambientales en una franja de 100 kilómetros al norte y sur de la frontera internacional. La misión de la COCEF es certificar la contribución ambiental y el nivel de participación ciudadana involucrada en la gestión de proyectos que solicitan financiamiento del BANDAN.

⁷ El uso del concepto de ambientalismo fronterizo no sugiere que empíricamente se pueda identificar a una sola unidad observable. Lo que existe son grupos que desarrollan agendas de acción y llevan a cabo actividades en distintas partes de la región. Estas agendas pueden variar por diversas razones incluyendo aspectos como el estado de las relaciones entre los dos países, los recursos disponibles para la movilización, o la ocurrencia de eventos que motivan un mayor interés entre algunos sectores de la ciudadanía por defender sus derechos y su calidad de vida. Es esta diversidad de contextos de acción y de formas de respuestas lo que hace necesario contar con esquemas que permitan al investigador aproximarse a la orientación que los actores sociales dan a sus acciones.

⁸ Esta es una descripción de las circunstancias observadas en el lado mexicano, donde, hasta 1989, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) había mantenido el total monopolio político al controlar el gobierno federal, los gobiernos estatales y, salvo algunas excepciones, los gobiernos municipales. La experiencia es con los grupos con sede en Estados Unidos, pues ellos surgieron en una democracia más competitiva; sin embargo, también ellos deben enfrentar problemas de faccionalismo de grupos de interés, y en algunos casos la falta de una cultura de participación.

⁹ Un caso que ilustra la diferencia entre tener una agenda cívica independiente y seguir los canales propuestos por el Estado es el mecanismo de participación ciudadana contemplado por la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza (COCER). La responsabilidad de esta agencia es certificar proyectos para que puedan ser apoyados financieramente. La agencia cuenta con consejeros ciudadanos y exige la participación cívica en los proyectos. Sin embargo, tanto los procedimientos para la selección de los consejeros como para la aprobación de proyectos han sido criticados frecuentemente por otros activistas por carecer de claridad y de democracia.

¹⁰ El modelo de tipos ideales es un modelo construido suponiendo que los actores sociales actúan conociendo medios, fines y consecuencias de su obrar, pero siguiendo un modelo que sólo en casos límite se puede dar en la realidad. Es un modelo para hacer imputaciones causales. De acuerdo con Girola (1985), es esta orientación metodológica lo que permite al investigador hacer múltiples tipos ideales de un mismo proceso. Sin embargo la interpretación de acciones a un nivel colectivo presenta múltiples dificultades. Para empezar, como lo señala Schutz (1994), no es tan fácil atribuir el contexto-significado de los actores colectivos como si se tratara del mismo en el que se da la acción de los individuos reales que forman parte de una colectividad (líderes, activistas, etcétera).Asimismo, sería necesario estudiar el sentido exacto, si es que hay alguno, en el cual se puede asignar a una colectividad un contexto-significado subjetivo. (Schutz, 1994:291).

¹² Un hecho ampliamente conocido entre los ambientalistas de la región es que la selección del representante cívico ante la COCEF no ha sido un proceso democrático.

¹³ Empíricamente se pueden usar diferentes aspectos del trabajo de un movimiento para analizar su contribución a la sociedad civil. Esto incluye su estructura organizacional: Esto es la existencia de diferentes tipos de grupos, asociaciones, redes, alianzas, etcétera; los patrones de movilización, los marcos conceptuales que desarrollan durante ciclos de protestas, las formas de comunicación entre los miembros de un grupo o entre los participantes del movimiento.

¹⁴ Véase por ejemplo comentarios de Dick Kamp en el Simposium de Guaymas celebrado en 1991 (Varady, 1992).

¹⁵ Un caso que ilustra este tipo de soluciones son los acuerdos binacionales firmados por México y Estados Unidos, los cuales desde 1983 han insistido en definir un corredor fronterizo de 100 kilómetros al sur y norte de la frontera como el objeto de las políticas binacionales de protección ambiental.

¹⁶ De acuerdo con Mary Kelly del Texas Center for Policy Studies, es incluso necesario cambiar las formas de financiamiento a las organizaciones ambientales, dadas las condiciones de constante incertidumbre económica que se observan en México. Véase Banister, Wirth y Dobell (1995).

¹⁷ El proyecto propuesto por Cohen y Rogers es un tanto limitado puesto que proponen usar herramientas convencionales de política pública como son impuestos, subsidios o sanciones legales aplicadas mediante procedimientos tradicionales de los gobiernos formales. De acuerdo con Achterberg (1996) este incrementalismo tiene severas limitaciones dada la urgencia de los problemas observados en diversos países.