Las prácticas políticas durante los primeros años del radicalismo argentino (1916-1922)

Federico Saettone*

* Politólogo e investigador del Centro Argentino de Etnología Americana (CAEA)/CONICET y profesor de grado y postgrado. f_saettone@hotmail.com.

Fecha de recepción: 11/05/2012. ]]> Fecha de aceptación: 08/11/2012.

Resumen

En este artículo se analizan, desde una perspectiva histórica, las principales decisiones políticas y económicas de Yrigoyen durante su primera presidencia en Argentina. Dichas decisiones pueden ser entendidas en relación a dos grandes desafíos que debió enfrentar el caudillo radical: por un lado, integrar a importantes estratos urbanos de clase media que crecían gracias a los intensos flujos de inmigración europea hacia el país; y por el otro, crear las bases del desarrollo económico nacional. Mientras que el primer desafío fue inseparable del clientelismo político, el segundo quedó atado a un sistema económico agroexportador que marcó el destino de un presidente radical que no pudo -¿no quiso?- emanciparse completamente de las élites conservadoras.

Palabras clave: radicalismo, Yrigoyen, conservadores, terratenientes, federalismo.

Abstract

This article analyses, from a historic perspective., Yrigoyen's main political and economical decisions during his first presidency in Argentina. These decisions can be understood in relation to two important challenges that the radical leader had to face: on the one hand, the integration of an urban middle class that was growing because of the intensive european immigration How in the country; on the other hand, the foundation of the basis for the national economic grow. While the first challenge was inseparable of patronage, the second was tied to an economic system of agricultural exports that marked the destiny of a radical president that couldn't -did not want to?- be emancipated completely from the conservatives elites.

Keywords: radicalism, Yrigoyen, conservatives, landowners, federalism.

En ciencia política y sociología, gran parte de los debates actuales sobre los partidos políticos modernos se concentran en dos importantes dimensiones: la electoral y la organizativa (Cotta, della Porta y Morlino 2001)¹. La primera da cuenta del grado de apoyo que un partido -y por ende sus líderes- reciben de los ciudadanos a través del voto. Dicho apoyo puede variar dependiendo del período temporal o de las diversas áreas o regiones (nación, provincia o municipio) en las que se presentan las candidaturas. Además, el comportamiento electoral permite estudiar cómo interactúan los partidos al interior de un sistema que de acuerdo a la clasificación de Sartori (1980: 158-162), da lugar a dos configuraciones generales: los sistemas de partido "competitivos" (bipartidismo, pluripartidismo, etc.) y sistemas "no competitivos" (partido único y hegemónico).

La segunda dimensión corresponde al grado de participación en el partido (inscritos, activistas, militantes y burócratas, etc.) [Duverger 1987]². De acuerdo al formato de las dos grandes familias de partidos de Europa occidental del siglo XX (socialdemócratas, laboristas y democristianos), el componente más numeroso es el de los afiliados o adherentes, los cuales asumen un rol pasivo, a veces pagan una cuota y participan esporádicamente de la vida interna del partido. Los activistas y militantes son, por definición, el grupo más reducido y su actividad suele estar dirigida no sólo a tareas proselitistas, como así también a la actividad organizativa interna del partido.. Este último grupo forma parte de la categoría de los "políticos profesionales" que incluye a los diputados, senadores, gobernadores, alcaldes, presidente y todo aquel personal que se desempeña en cargos representativos (legislativo o ejecutivo) después de haber sido elegidos bajo una etiqueta partidaria (Katz y Mair 1993: 595-596). Su ubicación en la pirámide de poder del partido los suele colocar en una situación conflictiva con el voluntariado del partido, es decir con los afiliados y adherentes, dado que los primeros, en virtud de los cargos que ejercen, cuentan con más recursos e información que los segundos (Panebianco 1982)³. Al menos en lo que se refiere a las prácticas políticas en los países latinoamericanos, estas relaciones de poder "asimétrico" entre políticos profesionales y no profesionales constituyen uno de los aspectos clave para comprender el clientelismo en los partidos de la región, el cual implica que los líderes ofrecen determinados bienes a los seguidores (favores, dádivas, rentas, puestos públicos, etc.) a cambio de apoyo participativo (del tipo proselitista) y electoral⁴.

En Argentina, el clientelismo ha sido un fenómeno frecuente en la cultura organizativa de los dos grandes partidos que han regido el destino de la nación desde principios del siglo XX: el radicalismo y el peronismo. En este artículo, sin embargo, no se analizará este fenómeno tan complejo y escasamente documentado en el país, sino que la mirada estará puesta en sus implicancias sobre las opciones y cursos de acción política y económica de Hipólito Yrigoyen durante su primera presidencia (1916-1922)⁵. En tal sentido, es importante resaltar que a partir del año que aquél obtuvo la presidencia, Yrigoyen tuvo que enfrentar un doble desafío: por un lado, la necesidad de integrar a importantes sectores urbanos que crecían debido a los intensos flujos de inmigración europea que caracterizaron el período de 1880 a 1930; y por el otro, establecer las bases para el desarrollo económico nacional sin el cual la integración política de dichos sectores no podría completarse (Gallo [h.] y Sigal 1965; Romero et. al.1965; Botana 1988).

Es decir, Yrigoyen enfrentó el dilema entre la modernización y la integración política, en donde esta última cuestión quedó vinculada a la suerte de un país considerado, por entonces, el "granero del mundo"; un país cuya producción estaba fuertemente orientada a la exportación de productos agropecuarios hacia el mercado europeo. Esta estructura económica sin duda moldeó la praxis política de las élites políticas del régimen conservador (1880-1916), que, según Puiggrós (1986), se caracterizaron por ser liberales en lo económico y conservadores en lo político. Sin embargo, a partir de 1916 dichas élites debieron adaptarse a los nuevos tiempos de la "sociedad de masas", como destaca el título de la obra compilada por Di Tella, Germani y Graciarena (1965) en donde el radicalismo aparecía como el primero (y único) partido moderno de Argentina. Como corolario de ello, lejos de recurrir a la fundación de un nuevo partido en condiciones de disputarle los votos al radicalismo -como era de esperarse en una época de países industrializados, gran parte de las élites de entonces optaron por unirse al radicalismo con la condición de que no cuestionara las bases del sistema económico. Como se verá en este artículo, el radicalismo yrigoyenista terminó pagando un precio muy alto a causa de ello, siendo depuesto con el golpe militar de 1930 que dio comienzo a la llamada "década infame"⁶.

Conservadores y radicales

El nacimiento del radicalismo a finales del siglo XIX no deja de estar inmerso en una trama histórica marcada por enfrentamientos civiles y militares entre la provincia de Buenos Aires (la más poblada y de mayor desarrollo económico) y el interior del país. Se luchaba por la supremacía del poder central, un proceso que concluyó con la federalización de la ciudad de Buenos Aires en 1880 que consagró su-consagrando su supremacía y con la elección a la presidencia de la figura emblemática del Gral. Julio A. Roca.

El régimen político inaugurado en 1880, si bien se inspiraba en ideales revolucionarios y positivistas de la Europa del siglo XIX promovidas por prominentes figuras surgidas durante en el período postrosista (1852-1880) como Juan B. Alberdi y Domingo F. Sarmiento-, introdujo una dinámica restrictiva que consagraba las principales magistraturas a una reducida élite supuestamente calificada para ejercer las funciones del gobierno. Este elemento restrictivo reposaba, de acuerdo a la obra Bases de Alberdi, en una sutil diferenciación entre la "república posible" y la "república verdadera". La primera era una suerte de constitución "monárquica en el fondo y republicana en la forma" (Alberdi 1974 [1852]: 72) que, en teoría, debía permitir la transición hacia la segunda. La clave de la transformación descansaría en el inmejorable aporte de la "educación del pueblo operada mediante la acción civilizante de Europa" (Ibid: 72)⁷.

La república posible alberdiana se tradujo en ciertas prácticas políticas que les permitieron a las minorías gobernantes controlar los principales cargos del estado (presidente, gobernadores, legisladores nacionales). Se valían de la manipulación de los votos -en ese tiempo Argentina carecía de un régimen electoral basado en el voto universal, libre y secreto- y del sometimiento de la voluntad ciudadana con el propósito de favorecer a los candidatos impuestos por el gobernante en turno. La máquina política por excelencia que permitió perpetuar el sistema de sucesión presidencial fue el Partido Autonomista Nacional (PAN) [Alonso 2003] que, conforme a la lógica de poder de la época, debía servir para reconciliar las dos vertientes que, por entonces, se venían disputando el poder nacional: la nacionalista de Bartolomé Mitre y la autonomista de Adolfo Alsina.

El desarrollo del radicalismo en este período se identificó con el enigmático estilo de liderazgo de Yrigoyen, caracterizado por el contacto personal "cara a cara", el rechazo a dar discursos públicos ante muchedumbres y sus hábitos de austeridad y de reclusión -que contrastaban con los de la élite política de la época-, lo que le valió el sobrenombre de "el Peludo" (Rock 2001: 66)¹¹. Sirviéndose de este estilo inusual, Yrigoyen logró extender el dominio del partido de la provincia de Buenos Aires hacia el resto del país.

Luego de la promulgación de la ley Sáenz Peña en 1911-1912, que otorgaba formalmente el voto universal, secreto y obligatorio¹², el radicalismo (liderado por Yrigoyen) dio por terminada la política de abstención e intransigencia y empezó a participar en comicios electorales que le dieron importantes victorias electorales en las provincias más ricas y pobladas, como Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. La verdadera prueba electoral sobrevino, sin embargo, con las elecciones del 2 de abril de 1916 en las que, de acuerdo con los datos proporcionados por Fernández (1965), se impuso la candidatura de Yrigoyen-Luna (éste último, hombre del interior, rioja-no) con 339332 votos, siguiéndole en segundo lugar el conservador Rojas (153406 votos), el demócrata-progresista De la Torre en el tercero (123637 votos) y, por último, el socialista Juan B. Justo (52895 votos)¹³.

Dicho lo anterior, cabe preguntarse ¿en qué medida y en qué condiciones el radicalismo pudo llevar a cabo una política dirigida a incorporar las demandas políticas y económicas de las nacientes clases medias urbanas? ¿Con qué grado de éxito?

Hay que recordar que en Argentina, desde fines del siglo XIX, la población urbana crecía exponencialmente debido al flujo de inmigración europea alentada por el ideal sarmientano de "gobernar es poblar", concentrándose principalmente en Buenos Aires, la Capital Federal, y en las provincias del litoral, que absorbieron casi la mitad de los inmigrantes (Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos) [Gallo [h.] y Sigal (1965)]¹⁴.

La concentración de la inmigración en las grandes urbes contribuyó sin duda a desarrollar una clase media urbana vinculada a la renta generada por el modelo agroexportador. Esta renta era producida por la élite terratenientes -catalogadas por los críticos de la época como la "oligarquía terrateniente"- que demandaba capital y productos industriales del exterior, mientras que, en el ámbito doméstico, formaba un sector de servicios administrativos, jurídicos y educativos, que permitió el surgimiento de un importante sector de trabajadores de "cuello blanco" que transformó a la ciudad de Buenos Aires en una especie de pequeño París.

Sin embargo, este esquema de distribución de la renta, como observa Rock (2001), impidió el desarrollo de una clase media interesada en la expansión de la industria nacional. En consecuencia, a movilidad social en Argentina tendió a producirse no tanto en virtud de la capacidad para experimentar o innovar, sino gracias a la riqueza derivada de la exportación de productos agropecuarios.

Paradójicamente, los inmigrantes se integraron en casi todas las esferas sociales (económica, productiva, familiar, etc.), imponiendo valores y costumbres europeas, pero quedaron excluidos de la vida política y, por ende, del acceso a los partidos políticos y al gobierno local¹⁵, poniendo en duda el efecto democratizador del radicalismo y su "representatividad" de la clase media.

Yrigoyen y los terratenientes

Pocos estudiosos han advertido que las mismas raíces del radicalismo provenían de familias terratenientes y que, sin ir más lejos, el mismo Yrigoyen disponía de campos en la provincia de Buenos Aires y de San Luis. Por otro lado, muchos dirigentes que se sumaron a la "causa" radical provenían de familias terratenientes y sus apellidos sobresalían en las nóminas de los órganos de conducción del partido a nivel nacional y provincial. Además de la presencia de aquéllos en los órganos de conducción (principalmente en los comités provinciales), hubo una integración importante de funcionarios y políticos excluidos de los cargos públicos durante los gobiernos conservadores de principios de siglo, a los que luego se sumó una heterogénea coalición integrada por jóvenes universitarios (en su mayoría hijos de familias patricias), comerciantes, artesanos, clérigos, etc.

Una vez que Yrigoyen llegó a la presidencia, la presencia de terratenientes no fue menos significativa. Según los datos reportados en la investigación de Smith (1967), de los 8 ministerios que integraron el gabinete de Yrigoyen, cinco pertenecían a la Sociedad Rural Argentina (SRA), la organización por excelencia que representaba los intereses de los terratenientes ¹⁶. Asimismo, casi todos los legisladores (fueran radicales o conservadores) estaban relacionados con alguna actividad vinculada al campo.

Sin embargo, los terratenientes y los demás sectores del campo no siempre formaron un actor único dentro del radicalismo gobernante, ya que su vínculo se limitaba a trabajar en un mismo sector (el campo) y a compartir un sistema de valores y tradiciones similares. Un ejemplo de ello fue el conflicto entre terratenientes y chacareros por el alza de los precios de los arriendos, los cuales habían registrado en 1912 aumentos del 54% en algunas provincias del litoral y en Buenos Aires, es decir, las áreas más ricas y productivas del país. Esta situación desató el llamado "Grito de Alcorta", la huelga agraria más importante de la época que se extendió por el sur de Santa Fe, el norte de Buenos Aires, el suroeste de Córdoba, Entre Ríos y la Pampa, despertando una dura respuesta del gobierno¹⁷.

La actitud de Yrigoyen frente a los chacareros fue ambivalente. En un inicio se solidarizó con la causa agraria e incluso, una vez que en la presidencia, una de sus primeras iniciativas fue crear un proyecto de ley de colonización agraria, el cual no fue tratado debido a que fue presentado "en sesiones últimas y apresuradas", como se quejaba un legislador del Congreso Nacional. A partir de ello la relación de Yrigoyen con los chacareros fue deteriorándose y pese a algunas otras iniciativas legislativas presentadas por el gobierno¹⁸ no se avanzó hacia una solución real del problema.

Algo parecido sucedió con los ganaderos, el otro sector importante del campo, cuya rentabilidad se había visto afectada por los precios de las carnes que, en aquella época, eran fijados arbitrariamente por un reducido grupo de empresas de refrigeración, en su mayor parte extranjeras, que controlaban el mercado interno y externo¹⁹. Los bajos precios pagados por la carne llevaron a los ganaderos a presionar al gobierno radical para detener la "voracidad" de dichas empresas, a lo que Yrigoyen respondió una vez más con la estrategia de enviar una serie de proyectos de ley al Congreso en donde tampoco lograron su aprobación²⁰.

Además de la relación compleja y problemática del radicalismo con los diversos sectores agroexportadores, el yrigoyenismo carecía de un programa explícito que encaminara al país hacia el desarrollo de la economía nacional aprovechando la coyuntura internacional favorable tras el fin de la Primera Guerra Mundial (1914-1918). La razón principal de ello estribaba en el hecho de que la carne argentina era la principal industria de exportación, junto a los cereales (principalmente trigo y maíz)²¹ y, por lo tanto, la industrialización del país quedó condicionada a la producción agropecuaria.

Otra cuestión en donde se pusieron al descubierto las dificultades del gobierno radical fue la situación relacionada con el ferrocarril. Era necesitaba reorientar su desarrollo a favor de las regiones más remotas del país. Por entonces, Argentina era un país caracterizado por una inmensa llanura en la que la infraestructura ferroviaria, construida y administrada principalmente por el capital británico, convergía en forma de embudo en el puerto de la ciudad de Buenos Aires, desde donde partían los cargamentos con productos agropecuarios hacia el exterior²². En este contexto, una de las principales desventajas de este sistema era el alto costo de las tarifas del transporte. Aunque sin éxito, el gobierno radical intentó llevar a cabo una nacionalización parcial de los ferrocarriles a través de una serie de medidas inconexas, entre las que cabe mencionar la caducidad de las concesiones, la regulación de las tarifas y el intento de crear una sociedad mixta que nunca fue aprobada.

Asimismo, aunado a la problemática del transporte, el gobierno radical tampoco tuvo suerte en sus iniciativas para desarrollar una marina mercante que le proporcionara al país una flota nacional de buques de carga que buscaba bajar los costos de los fletes para los viajes de ultramar. Yrigoyen presentó ocho iniciativas legislativas en la materia que no fueron aprobadas y, hacia el final de su mandato, tuvo que conformarse con una pequeña flota de barcos de carga que estaba lejos de satisfacer las necesidades del comercio exterior del país.

Como ya se explicó, desde un comienzo el gobierno de Yrigoyen se enfrentó a crecientes dificultades tanto en el terreno económico, producto de la dependencia en los mercados externos, como en el político, el cual necesitaba ser reforzado y ampliar la relación con los sectores urbanos. Dicho vínculo se controlaría usando los canales del clientelismo radical, cuya dinámica estuvo condicionada por el fin de la Primera Guerra Mundial y el periodo de posguerra (Horowitz 1999).

En efecto, durante la guerra el país exhibió un paisaje social caracterizado por el aumento del desempleo, la depresión económica y la protesta, lo cual requirió del gobierno radical una primera oleada de medidas legislativas de carácter progresista (reformas agrarias, impuestos a las exportaciones agropecuarias y a los créditos personales, marina mercante, etc.), la mayor parte de las cuales estaban dirigidas atender las demandas de los sectores urbanos y clases medias.

Durante la posguerra, en cambio, se vivió uno de los períodos más prósperos de la Argentina agroexportadora, hasta que el comercio sufrió la crisis de 1930. Fue en este momento cuando el gobierno radical impulsó el gasto público con fines políticos, lo que conllevó, entre otras cosas, a un considerable aumento de los cargos públicos en la ciudad de Buenos Aires (sede de la Capital Federal). Ahí el sistema de comités radicales había llegado a su apogeo en 1929. Este fenómeno, entre otras consecuencias, favoreció el aumento del funcionariado público que alcanzó un total de 100.000 puestos, una cifra que representaba la sexta parte de la población masculina ocupada²³. Por lo tanto, no es de sorprender que en ese tiempo los comités radicales desempeñaran un rol clave en el reclutamiento de personal del sector y, en vistas de ello, se convirtieron en la mayor asociación civil del país. -Solamente en la Buenos Aires el número de afiliados no bajaban de los 50.000 (Rock 2001: 127)²⁴.

Estas prácticas del yrigoyenismo con los sectores urbanos no dejaron de tener consecuencias al interior del partido, llevando al surgimiento de un grupo de radicales críticos de Yrigoyen conocido como los "antipersonalistas" en 1923-24, entre los que se destacaban Leopoldo Melo y Vicente Gallo, entre otras figuras. Se trataba de un grupo encabezado por el ala aristocrática del partido que impugnaba el particular estilo "personalista" de Yrigoyen acusándolo de confundir el "partido" con el "estado", y que no tardaron en unir su causa con los socialistas y los conservadores. Una de las cuestiones que propició esta convergencia, que los yrigoyenistas denominaban el "conturbenio", fue la decisión de Yrigoyen de mantener la política de neutralidad durante la Primera Guerra Mundial. Ésto desencadenó intensas polémicas que llevaron a algunos exponentes radicales, conjuntamente con los conservadores y los socialistas²⁵, a respaldar la corriente "aliadófila" liderada por los conservadores, llegando incluso a votar en el Congreso nacional a favor de un proyecto que declaraba la ruptura de las relaciones con Alemania

Un último aspecto a tener en cuenta sobre el sistema de clientelismo radical era la exclusión de la clase obrera, lo cual fue denunciado en reiteradas oportunidades por los socialistas y empresarios. Esta situación, sin embargo, no significó que el radicalismo desistiera de seducir el voto obrero. Ésto fue especialmente cierto en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores durante las campañas electorales, en donde no faltaron los comités del "pan radical", la "carne radical", la "semilla radical", etc. (Wilmart 1915).

Fuera del contexto de las elecciones, la política de Yrigoyen hacia los obreros estuvo lejos de alcanzar la tan celebrada concepción ética de la vida política. Prevalecieron los prejuicios anti-obreros y anti-inmigrantes disimulados bajo una falsa concepción paternalista de las relaciones entre el Estado y la sociedad. Como parte de esta estrategia de enmascaramiento de la política laboral, Yrigoyen impulsó una serie de iniciativas en el Congreso nacional que, la mayor de las veces, no lograron siquiera su sanción legislativa. Tal fue el caso de las leyes del salario mínimo, el abaratamiento de los artículos de primera necesidad, el pago en moneda nacional, el descanso dominical, el contrato colectivo de trabajo, la conciliación y arbitraje, la prohibición de embargos de sueldos y salarios, el código del trabajo, etc. ²⁶.

A partir de 1918, año que marcó el fin de la Primera Guerra Mundial y un aumento de las exportaciones de los productos primarios (principalmente de carne), la política laboral de Yrigoyen no pudo seguir conteniendo el creciente conflicto social derivado de la inflación y del encarecimiento de las condiciones de vida de la población urbana. Como consecuencia, llegó el fin de la política paternalista de Yrigoyen y se dio inicio a un nuevo capitulo de represión social. El acontecimiento clave que precipitó este giro represivo fue una huelga en los talleres metalúrgicos Vasena en la provincia de Buenos Aires en enero de 1919. El gobierno respondió con el envío de tropas militares, desencadenando una serie de incidentes violentos, recordados como la "semana trágica", que dejaron un lamentable saldo de muertos, heridos y detenidos obreros e inmigrantes (muchos de éstos fueron expulsados del país posteriormente).

La renta petrolera

Esta misión reparadora de los radicales, de acuerdo a Halperin Donghi (2007), debía traducirse en una dinámica parlamentaria caracterizada por el debate libre y racional. Sin embargo, esto no fue posible dado que el yrigoyenismo careció de la mayoría partidista en ambas cámaras del Congreso nacional (Diputados y Senadores)²⁹ frente a los "liberales reformistas" (Zimmermann 1995) (poner aquí cita 27) . En vista de esta situación, lejos de recurrir a acuerdos con la oposición parlamentaria en el marco de un programa legislativo más o menos consensuado, Yrigoyen optó por el mecanismo de la intervención federal -una prerrogativa consagrada en la Constitución nacional de 1853 sólo para situaciones excepcionales de alteración del orden nacional. Esta forma de actuar del presidente se regía tanto por una lógica de control del conflicto intrapartidario, como por una de confrontación política. Conforme a la primera lógica Yrigoyen, se proponía desplazar los últimos bastiones de las "oligarquías provinciales" sobrevivientes, de los cuales provenían muchos de los notables que eran elegidos al Senado y desde allí repercutían en las decisiones del Congreso nacional³⁰. La segunda logica de acción estaba dirigida a controlar las posibles rebeldías y planteamientos de los caudillos provinciales radicales que estaban cada vez más excluidos de los beneficios del clientelismo oficial y terminaban aliándose a los conservadores locales.

Frente a este panorama político-legislativo, Yrigoyen necesitaba cambiar urgentemente la composición de la cámara alta, el último reducto de conservadores y antipersonalistas. De este cambio dependería, entre otras prioridades políticas, la aprobación de una serie de leyes de nacionalización del petróleo, cuya explotación estaba casi exclusivamente en manos de capitales norteamericanos (Kaplan 1972)³¹. Su aprobación representaba, para el radicalismo yrigoyenista, no sólo la primera medida real de desarrollo económico nacional, sino que además le permitiría contar con nuevos recursos fiscales para atender el creciente gasto público sin tener que gravar el consumo o aumentar los impuestos. De haber sido así, habría entrando en conflicto con los sectores económicos que se beneficiaban del sistema agroexportador. En síntesis, con la sanción de estas leyes se escondía la disputa entre la nación y las provincias por la apropiación de los beneficios de las riquezas del suelo nacional, las cuales podían enriquecer sea a las oligarquías provinciales, sea a las clases medias urbanas que votaban por el yrigoyensimo (Rock 2001: 248).

Como no podía ser de otra manera, Yrigoyen se inclinaba hacia estos últimos sectores, para lo que recurrió a la estrategia política de las intervenciones federales para modificar la composición del Senado ante la certeza que en esa cámara no se aprobaría la ley, una empresa que, de todas maneras, fracasó con el golpe de estado del 6 de septiembre de 1930.

La ausencia de pluralismo

Como se vio en los primeros párrafos del presente artículo, la república posible alberdiana fue inseparable del PAN, la máquina política por excelencia que instauró un sistema de control cerrado de sucesión política que funcionó eficientemente por más de tres décadas. La irrupción del radicalismo como partido de gobierno en 1916 parecía, en principio, anticipar el tránsito hacia la república verdadera con la ampliación de la ciudadanía política. Sin embargo, esta situación estuvo lejos de garantizar la plena participación dado que, como se explicó, la población argentina seguía estando conformada mayoritariamente por inmigrantes que no ejercían el derecho al voto. Más allá del debate sobre el impacto político y electoral de la inmigración a partir de 1916 -que aún es materia de investigación, lo que se debe destacar es que dicho proceso de ampliación del voto no estuvo correspondido necesariamente con un mayor pluralismo en Argentina.

El pluralismo puede ser entendido de muchas maneras, pero en este texto no se ahondará en la materia. Basta señalar que, retomando algunas nociones de la literatura sobre los partidos políticos, en los regímenes democráticos occidentales el pluralismo político constituyó uno de los factores más relevantes dado que, en determinadas coyunturas históricas, facilitó el surgimiento y la consolidación de los sistemas pluripartidistas ³². Ahora bien, de acuerdo a la literatura especializada, en Argentina y en gran parte de los países latinoamericanos el pluralismo político no estuvo necesariamente conectado con la emergencia de sistemas de partidos competitivos. Esto explica, en cierta manera, que en Argentina los radicales y, más tarde los peronistas, se vieran a sí mismos primero como movimientos antes que como partidos, lo que los llevó actuar históricamente "negando la idea misma del sistema, al no reconocerse a sí mismos como partes de un todo, sino entendiendo su posición como la única legítima" (Abal Medina y Suárez Cao: 165)³³.

Esto último tuvo consecuencias tanto en lo que atañe a la morfología y al funcionamiento del sistema partidario argentino³⁴, como al comportamiento de las élites políticas. Respecto a esta última, Yrigoyen, aun cuando gozaba de una legitimidad electoral que sus adversarios conservadores nunca tuvieron, no pudo -o no quiso- romper con la cultura política de la república restrictiva por lo que el Congreso nacional se convirtió en el cementerio de sus iniciativas gubernamentales. Por lo tanto, es comprensible que en alguna oportunidad aquél se lamentara de que si bien a partir de 1916 se había logrado reestablecer el orden constitucional y democrático, "faltaban fijar las bases primordiales de su constitución social"³⁵.

El radicalismo no fue un partido político surgido "desde abajo" que se proponía llevar a cabo una revolución democrática y social siguiendo el ejemplo de la democracia social europea³⁶. Fue más bien un desprendimiento del régimen conservador iniciado por la acción de un grupo de dirigentes políticos que ya no encontraban su lugar en un régimen donde las principales magistraturas circulaban en manos de una pequeña élite gobernante conservadora.

La política de abstención e intransigencia sostenida por el yrigoyenismo hasta la reforma electoral de Sáenz Peña, más allá de las implicancias morales y éticas que suelen atribuirle algunos autores (en particular Del Mazo), restringió sus opciones políticas a las proclamas, a la propaganda política y, en última instancia, a la acción armada³⁷. En otras palabras, la política de abstención e intransigencia determinó que el radicalismo sufriera toda clase de divisiones y defecciones, especialmente en los contextos de las elecciones presidenciales, en las cuales la rama más electoralista y oportunista del partido terminaba resignando sus ideales revolucionarios para sumarse al sistema del clientelismo gubernamental.

De acuerdo a lo anterior, se puede hablar de dos lógicas en el radicalismo de los años veinte (Persello 2004): una que tiene que ver con el partido en la oposición, y otra en relación al poder. La primera permitió que los diversos sectores políticos nacionales, provinciales y locales, con intereses y orígenes sociales diversos, se aglutinaran en torno al liderazgo de Yrigoyen y la "causa" contra el régimen. Ésta es, en todo caso, la imagen de un partido cohesionado y disciplinado que nada tenía que envidiarle a los partidos de masa de Europa Occidental. Otra es la lógica del radicalismo en el poder, en la cual, rivalizaban dos concepciones: la que defendían la obra de Yrigoyen, y los que defendían la autonomía del partido amparándose en el carácter impersonal y estatutario de la organización. Esta última solía acusar a la primera de manipulación electoral, fraude y de remplazos masivos de empleados públicos por "agentes de comité".

La parálisis del gobierno radical no se debió a sus desencuentros con las facciones partidarias en el Congreso nacional, como enfatiza la historia convencional del radicalismo, sino a ciertas prácticas inseparables del clientelismo que nunca lograron cortar con el legado conservador y no resistieron el derrumbe del sistema agroexportador con la crisis de 1930 que interrumpió drásticamente una de las coyunturas más prósperas de Argentina.

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Notas

¹ Esta distinción fue elaborada en base al Capítulo 9.

² Esta cuestión es el tema específico del Capítulo 2.

³ El tema de la relación de poder entre líderes, dirigentes y militantes es analizada detalladamente en el Capítulo 2 y 3. Al respecto es importante resaltar que el Panebianco está redefiniendo el enfoque estático sobre la "estructura" de los partidos de Duverger, que según el autor italiano no permite comprender la dinámica "interna" del poder, que se caracteriza por las relaciones desiguales de poder entre los líderes y los militantes, en las cuales los primeros entran en las negociaciones con mayores recursos que los segundos y suelen salir fortalecidos.

⁴ No deja de ser sugestivo que todavía no exista una obra de carácter integral que estudie específicamente el fenómeno del clientelismo en los partidos políticos de América Latina. No obstante ello, el tema está omnipresente, por ejemplo, en los estudios de caso en la obra compilada por Abal Medina & Cavarozzi (2002). También puede mencionarse la obra de Levitsky (2003) sobre el Partido Justicialista, que parte de la perspectiva de análisis de los partidos de Panebianco y estudia el clientelismo en el Justicialismo de acuerdo a la lógica del intercambio político. De hecho, Levitsky señala que a partir de la década de 1990, el Justicialismo pasó de ser un partido de "base laborista" a uno "clientelista" (véase el Capítulo 6).

⁵ Al respecto, existen dos investigaciones sobre el clientelismo en las primeras presidencias radicales. Véase a Rock (1972) y Horowitz (1999).

⁶ El siguiente análisis es de tipo narrativo, basado en bibliografía secundaria.

⁸ Para una descripción destallada de las prácticas políticas y clientelares del régimen conservador remitimos a la obra de Botana (1988) y, especialmente, a la de Rock (2006).

⁹ El primer precedente de la UCR fue el Partido Republicano fundado en ocasión de las elecciones de 1877 por Alem, Hipólito Yrigoyen, Aristóbulo del Valle, Roque Sáenz Peña y otras personalidades del autonomismo bonaerense en protesta por los acuerdos que realizó el mitrismo con el gobierno de Roca. Pese a la corta vida del partido, aquél había nacido con la impronta de presentarse como el "primer partido de principios" que se oponía a los acuerdos en el ceno del PAN por la sucesión presidencial. Tras el éxito del Partido Republicano, sus principales dirigentes (Bernardo de Irigoyen, Alem, De Valle) adhirieron a la Unión Cívica nacida en 1889, que atrajo a jóvenes dirigentes de la Capital Federal y de otras provincias que estaban en desacuerdo con las políticas del presidente Juárez Celman. Después de la grave crisis económica de 1890 y de la renuncia de Juárez Celman, Mitre y Roca llegaron a un acuerdo, con miras a las elecciones de presidenciales de 1892, y dividieron la Unión Cívica entre los seguidores de Mitre (línea nacional) y los seguidores de Alem, que rechazaban todo tipo de "acuerdo" o "pacto". De esta manera fundaron la Unión Cívica "Radical", reafirmándose en los principios que habían inspirado la Unión Cívica y habían legitimado la revolución.

¹⁰ Tras la muerte de Alem en 1896, el radicalismo quedó vinculado al ala intransigente liderada por Hipólito Yrigoyen.

¹¹ En referencia al armadillo (conocido como el "quirquincho" o "mulita"), un animal peludo que suele habitar en cuevas cavadas en la tierra de las Pampas.

¹² La llamada ley Sáenz Peña, aprobada durante la presidencia de Roque Sáenz Peña (de aquí que la ley lleva su nombre), está constituida en realidad por dos leyes: una sancionada el 4 de Julio de 1911, de enrolamiento y padrón militar; y la otra, sancionada el 13 de Febrero de 1912, de sufragio universal y obligatorio.

¹³ Es importante destacar que los conservadores no eran un partido político en un sentido estricto, sino más bien un conjunto de máquinas políticas provinciales con una escasa o nula coordinación. El esfuerzo de reagrupar a los conservadores recayó en Lisandro de la Torre (que había formado parte del grupo de líderes de la Unión Cívica en 1889) que fundó en 1914 el Partido Demócrata Progresista (PDP). Dicho intento fracasó, en buena medida, debido a la rivalidad entre de la Torre y Marcelino Ugarte, líder del partido Conservador de la Provincia de Buenos Aires. El precio de ello fue la derrota de los conservadores en las elecciones presidenciales de 1916 que dio la victoria de Yrigoyen.

¹⁴ Entre 1880 y 1914 arribaron al Río de la Plata a cerca de 4.200.000 personas, de los cuales 2.000.000 eran italianos; 1.400.000 eran españoles; 170.000 eran franceses y 160.000 rusos. Argentina pasó así de 1.800.000 habitantes en 1869, donde el 12% era inmigrantes, a 7.800.000 en 1914, siendo el 30% extranjero. El país, pasó así de cerca de de 1.700.000 habitantes en 1869, a más de 20 millones en 1959, siendo casi una tercera parte extranjeros (Devoto 2003: 247-248).

¹⁵ Sobre esta cuestión véase en particular Germani (1962: Cap. 7) y Botana (1988: Cap. VI).

¹⁶ La SRA concentraba a los principales terratenientes y hacendados que en ese período adquirieron fortunas fantásticas, construían casas señoriales en sus estancias y en la misma ciudad de Buenos Aires ("casas de la ciudad" era el eufemismo), y pasaban varios meses del año en Inglaterra o en Francia (de aquí el dicho que se popularizó en Europa de ser "tan rico como un argentino").

¹⁸ Se trata de los proyectos sobre localización agrícola, adquisición de arpillera, hilo y bolsas; cooperativos agrícolas, juntas arbitrales de trabajo agrícola, defensa de la población trabajadora de los territorios nacionales, código rural para los territorios nacionales, censo ganadero y de tierra pública; prórroga prenda agraria, y patentes de invención agrícola-ganaderas (Etcheropareborda 1951). Ninguno de ellos logró aprobación legislativa.

¹⁹ El conflicto entre ganaderos, terratenientes y empresas de los frigoríficos respondía a que este último actor (en manos de capitales británicos y norteamericanos principalmente) cumplía una función de intermediación en el sistema productivo y, por lo tanto, su beneficio dependía de las diferencias entre los precios del ganado y la venta de la carne. "Comparar tan bajo y vender tan alto como fuese posible" era el lema del negocio. Por otra parte, hay que tener en cuenta que la industria de los frigoríficos monopolizaba el transporte de carnes a través de un sofisticado pool por el que se establecieron "cuotas" de exportación (Smith 1968:48).

²⁰ En realidad fueron sancionadas durante el período presidencial de Marcelo T. de Alvear (19221928), pero no lograron ser implementadas.

²¹ Sin ir más lejos, en el período 1900-1942 la industria de exportación de la carne representaba la mitad de las exportaciones del país.

²² Para 1910, el Reino Unido había invertido cerca de 300 millones de libras esterlinas, de las cuales la mayor parte fue absorbida por los ferrocarriles. Para 1913 se habían construido cerca de 30.000 kilómetros de vías férreas (Rock 2001: 18).

²³ El rasgo más significativo es que eran argentinos nativos, no inmigrantes, los cuales representaban el grueso del sector obrero y los comerciantes.

²⁴ Hacia 1922, en el contexto de elecciones presidenciales (en las que resultaría elegido Marcelo T. de Alvear), Yrigoyen elevó el gasto público y la expansión de la burocracia ampliando los cargos en la ciudad de Buenos Aires de 10.000 a 20.000. Como resultado de ello se generó una deuda flotante que pasó de 94 millones de pesos en 1913 a 875 millones de pesos en 1923 (Rock 2001: 227-228).

²⁵ Entre los legisladores radicales sobresalían los senadores Leopoldo Melo y Martín Torino (ambos serían futuros líderes del "antipersonalismo") y los diputados T. Le Breton (futuro ministro de Marcelo T. de Alvear), E. Mihura, entre otros. Rogelio Araya, presidente del Comité Nacional de la UCR, también votó por la ruptura de las relaciones y la entrada directa a la guerra.

²⁶ Existieron 18 iniciativas legislativas en materia de previsión social y trabajo que no fueron aprobadas en el Congreso durante la primera presidencia de Yrigoyen (cf. Etcheropareborda 1951).

²⁸ Citado en del Mazo (1951: 146).

²⁹ Véase apéndice al final del artículo.

³⁰ Durante la primera presidencia de Yrigoyen (1916-1922) se decretaron 19 intervenciones federales (Quiso decir "intervención" y no "interviniero". ¿A qué se refiere con intervenir?). La intervención federal es un recurso excepcional del gobierno nacional que le permite suspender y/o destituir a uno o más gobernadores de las provincias a fin de "garantir la forma republicana de gobierno", según el artículo 6 de la Constitución Nacional de 1853. Las intervenciones federales deben ser aprobadas por el Congreso Nacional, salvo cuando este último está en receso de verano, durante el cual no sesiona. En este último caso, las decreta el Presidente de la Nación, procediendo inmediatamente a la convocatoria a sesiones especiales en el Congreso Nacional. Justamente, durante la Presidencia de Yrigoyen, la mayor parte de las intervenciones fueron decretadas sin que se convoque inmediatamente al Congreso Nacional. Por otra parte, no es un dato menor que durante esa presidencia se llevaron a cabo prácticamente la mitad de las intervenciones federales del período 1880-1940 (Mustapic 1984: 99).

³¹ La necesidad de aprobar dichas leyes respondía a una serie de cuestiones económicas: el déficit energético que permitiría cubrir el insípido desarrollo de la economía nacional, el atraso en materia de exploración y explotación en relación a otras economías industrializadas; la ausencia de legislación orgánica y de un aparato administrativo; y, por último, la dependencia en el capital extranjero.

³² Sobre esta cuestión véase Lipset y Rokkan (1967) y Sartori (1980).

³³ No es de sorprender que, en base a esta percepción movimentista, Leandro Alem definiera uno de los principales momentos fundacionales del radicalismo como una "concepción ética de la vida política", una "forma institucional de la vida autónoma argentina de la libertad ciudadana y de la soberanía de la nación". Para Yrigoyen el radicalismo adquiere un status de "una religión civil de la Nación, una fraternidad de profesos, un planteamiento anterior y superior a toda simplicidad" (en referencia a los programas y las plataformas electorales) [del Mazo 1951: 7, 16].

³⁴ Véase Cavarozzi y Casullo (2002), Adrogué (1997), De Riz (1986), Di Tella (1998), Grossi y Gritti (1989).

³⁵ Citado en del Mazo (1951: 216).

³⁶ En Argentina el socialismo nació formalmente en 1895 bajo la denominación de "Partido Socialista Obrero", fundado por Juan B. Justo. De acuerdo a éste último, el partido debía consagrar la línea reformista del socialismo europeo basado en el reconocimiento de la política parlamentaria y el impulso del cooperativismo; principios que Justo había absorbido del Partido Socialista belga con el cual mantuvo contacto en su viaje a Europa en 1895. El Partido Socialista Obrero argentino, sin embargo, estuvo lejos de ser un movimiento de masas como el de los países del norte de Europa y tampoco se convirtió en una intelectualidad revolucionaria nacional; en Argentina ese terreno fue ganado por el peronismo a partir de los años 40. Por el contrario, el socialismo argentino se nutrió de ciertos los sectores intelectuales y artísticos, sobre todo de la ciudad de Buenos Aires, de modo que casi todos sus dirigentes tenían una banca parlamentaria nacional.

Información sobre el autor

Federico Saettone. Es Licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires y Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Florencia. Actualmente es investigador en el Centro Argentino de Etnología Americana del CONICET. Asimismo, es profesor de grado y de posgrado. Ha escrito varios artículos sobre el parlamento y partidos políticos de Argentina, además de ser colaborador regular de la revista Metapolítica.