La participación, entre la democracia participativa y la democracia directa. Aportes desde un enfoque psicosocial

The participation. Between participatory democracy and direct democracy. Contributions from the psychosocial approach

Patricia Mariel Sorribas*, Zenaida Garay Reyna**

* Magister en Sociología, Dra. en Psicología. Profesora de Psicología Social y Política, Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Universidad Católica de Córdoba, Argentina. Área de investigación: participación política-acción colectiva. Exbecaria de postgrado del CONICET, la AECID, Fundación Carolina, Red Macrouniversidades. Becaria Posdoctoral de la SECYT-UNC. Correo electrónico: pmsorribas@yahoo.com.ar

Artículo recibido el 5 de noviembre de 2013.
Aceptado el 4 de julio de 2014.

Resumen

En este trabajo se analiza la participación (PP) mediante acciones directas y en instituciones de democracia participativa y directa diseñadas por el Estado municipal y provincial implementadas en Córdoba (Argentina). Los datos se relevaron desde dos muestras poblacionales (N=200 y N=450) durante 2010 mediante encuestas aplicadas a residentes mayores de 18 años. El enfoque adoptado permitió describir la pertenencia a diferentes organizaciones sociales de aquellos ciudadanos que participaron en al menos una de estas instancias participativas; conocer la amplitud e intensidad de la participación, sus dimensiones psicosociales asociadas y conocer cómo se distribuyen estas dimensiones entre quienes participaron y no participaron.

Palabras claves: participación política, eficacia política, confianza política, conocimiento político, presupuesto participativo.

Abstract

Key words: participatory democracy, political participation, political efficacy.

Introducción

Desde mediados de la década de 1970, puede apreciarse la inclusión de la temática de la gobernabilidad en las agendas políticas para el desarrollo de los países centrales en sintonía con la crisis del Estado de Bienestar. En la década siguiente, en los países de América Latina comenzaría una etapa caracterizada por tres procesos: la reestructuración económica como consecuencia del agotamiento fiscal y producto del pago de la deuda externa; el debilitamiento del Estado en su rol de interventor, por ende su crítica y minimización, y las reaperturas democráticas en los países de la región.

En este contexto, se incorpora a la Sociedad Civil bajo un amplio criterio pragmático de participación en el control, diseño y ejecución de políticas públicas. Así, su participación como mecanismo para extender la ciudadanía se ha difundido en América Latina desde la década de 1990 bajo el tópico de la participación ciudadana. En los últimos años, esta noción ha sido apropiada y estimulada desde el propio Estado creando y promoviendo "formas diferenciadas de incorporación de los ciudadanos y asociaciones de la sociedad civil en las deliberaciones públicas" (Avritzer, 2008:3) que intentan garantizar la participación de grupos organizados en función de demandas tanto generales como específicas en agendas, decisiones y políticas. Esto puede entenderse como un mecanismo de control sobre la sociedad y como reaseguro de la implementación de sus políticas. De este modo confluyen proyectos participativos construidos en torno a la profundización y expansión de la democracia participativa, y la permanencia de la lógica neoliberal y la reconfiguración del poder estatal por medio de la sociedad.

Esta promoción desde arriba posee incidencia en términos de autonomía, actores participantes y capacidad de decisión, ya que impone a las organizaciones de la Sociedad Civil y a los individuos exigencias técnicas y burocráticas propias de la lógica estatal y de quienes prestan apoyo financiero y técnico, pudiéndose generar un alejamiento de las propias bases sociales. Esta forma de control social permite asimilar como Sociedad Civil sólo a aquellas organizaciones que sepan amoldarse a estas lógicas y exigencias técnicas, mostrando una "conducta aceptable" (Dagnino, 2006:407). Así, se puede afirmar que estas formas de vinculación representan diferentes combinaciones entre la lógica de la 40 soberanía de la participación ciudadana y lo gubernamental, que permite al Estado actuar resolviendo problemas y atendiendo demandas sin expandir realmente la ciudadanía.

Esta ampliación de la esfera pública, puede ser caracterizada desde un repertorio amplio y heterogéneo de mecanismos institucionales que en la esfera local varían en cuanto diseño, procesos y potencialidades. Al respecto Cunil Grau (1997), distingue en materia de participación ciudadana entre: (1) acción legislativa directa (iniciativa legislativa popular, referendos, plebiscito, revocación de mandato); (2) formulación de intereses particulares en las políticas públicas (cabildos abiertos, consejos consultivos, asambleas ciudadanas) y (3) cogestión en prestación de servicios públicos. Otra tipología de estos mecanismos considera los actores habilitados para participar (colectivos o individuos), el tipo de participación (pasiva, consultiva, deliberativa) y el origen de la activación de la institución participativa. Así, distinguimos entre instituciones. (1) que conllevan: "la deliberación o toma de decisiones abierta a todos los ciudadanos sobre un espectro de temas seleccionado por el gobierno y en un ámbito limitado de intervención (presupuestos participativos)"; (2) de participación ciudadana semi-representativa, con: "la consulta a órganos semi-representativos sobre políticas sectoriales o actuaciones ligadas a subunidades territoriales (consejos vecinales, consejos sectoriales)" y (3) de participación directa a partir de: "una participación autónoma y no controlada por el gobierno, o acción legislativa directa" (Schneider y Welp, 2011:23). Realizar esta distinción nos permite diferenciar entre democracia participativa, deliberativa o directa. La democracia participativa involucra la intervención de los ciudadanos, en forma individual u organizada, en los procesos de toma de decisión de la gestión pública. Implica deliberación y negociación, además de consulta y presupone un resultado abierto. Se la suele diferenciar de la democracia directa que comprende mecanismos que implican fundamentalmente la consulta a los individuos, mediante el voto, para aprobar o rechazar una propuesta que puede ser iniciada por los ciudadanos pero una vez sometida a votación no admite soluciones intermedias (Lissidini, 2011). Mientras la democracia deliberativa importa un modelo normativo que apunta a que los ciudadanos puedan afinar o modificar sus preferencias en un espacio institucional, no implicando de por sí más que un modelo alternativo de democracia. Lo central es que se propicie el intercambio de argumentos, el flujo de comunicación no distorsionada, la atención a las posiciones de los otros y el tiempo necesario para mejorar la calidad de la decisión. Por esto podría ser un complemento o una corrección deliberativa de la democracia representativa.

A estos modelos de democracia, se suman la figura del ombudsman y las audiencias públicas de los funcionarios de gobierno con los ciudadanos que buscan expandir el repertorio de la participación en los procesos de administración y formación de políticas públicas, e incluir un nuevo estilo de "advocacy democracy" que conllevaría el "empoderamiento" de los grupos sociales y de los ciudadanos (Lissidini, 2011:20).

En Argentina, estos rediseños institucionales fueron receptados a nivel nacional, provincial y municipal. Con la reforma de la Constitución Nacional de 1994 se incorporaron mecanismos que buscan favorecer y facilitar la participación ciudadana. Se incorporaron dos formas semi directas de democracia: la Iniciativa Popular y la Consulta Popular. En la provincia de Córdoba desde 2005, en el marco de la Ley de Carta del Ciudadano N° 8835 y la Ley 9235 de Seguridad Pública se regula la participación ciudadana a través de la conformación de Juntas de Participación Ciudadana para la Prevención Integral (JPC) en la ciudad de Córdoba y poblaciones, comunas y municipalidades del interior de la provincia. En la ciudad de Córdoba la sanción de la Carta Orgánica (1995) incorporó institutos de democracia semi directa -Iniciativa, Referéndum, Consulta Popular, Revocatoria de Mandato- y una visión de un municipio descentralizado. Con tal fin se crearon los Centros de Participación Comunal (CPC) y el Consejo Económico Social (art. 149) y las Juntas de Participación Vecinal (JPV) (art. 155/6). Éstas otorgan un papel central a los Centros Vecinales como canales de participación de los vecinos para plantear sus demandas.

El dominio de lo político en la conceptualización y estudio de la participación política

En relación al vínculo entre Estado e individuos podemos comenzar sosteniendo que tras cada manera de comprender, hacer, facilitar o dificultar la implicación de los sujetos hay un determinado sistema de normas y valores que se materializa en formas diversas de pensar la democracia, por ende en distintos diseños institucionales y en variadas formas de acción sociopolíticas de una comunidad. Recíprocamente: "las diversas versiones sobre la democracia y el alcance que debe tener la participación de 42 los ciudadanos, permite la existencia de diferentes interpretaciones de la participación política" (Sabucedo, 1996:85). Así, las prácticas participativas no tienen un carácter universal, ni se presentan del mismo modo en cualquier tiempo y lugar, sino que están íntimamente vinculadas a distintos momentos históricos, sociales y culturales (Delfino y Zubieta, 2010). A su vez, la progresiva desaparición del límite entre "la esfera política y la esfera no-política de la sociedad moderna y el resurgimiento de enfoques tocquevillianos y comunitaristas llevan a una expansión de la participación política mediante actividades cívicas como el voluntariado y el compromiso social" (Van Deth, 2001:6). Por ello, el dominio de la participación política pasó del "no-tan-simple acto de votar en la década de 1940, a casi todas las formas imaginables de la actividad privada a finales del siglo XX y principios del siglo XXI" (Van Deth, 2001:6).

Más allá de esta heterogeneidad respecto de los significados de la democracia y de la participación política también cabe acordar con que la participación se ha extendido en su amplitud. Una de las explicaciones sobre tal expansión del fenómeno reside en que el alcance de las actividades y responsabilidades de los gobiernos se ha ampliado demasiado en las últimas décadas, por ello el dominio y el repertorio de la participación política se expandieron considerablemente. Esto implica que "estas actividades gubernamentales afectan a prácticamente todos los aspectos de la vida social en las sociedades 'avanzadas'" (Van Deth, 2001:4). Mannarini, Legittimo y Taló, (2008:96) afirman que "en los últimos años las diferentes formas de ciudadanía activa han pasado a primer plano, cuestionando la línea que marca el límite entre lo político y lo social, confundiendo los límites establecidos". Sin embargo y a pesar de esta relevancia alcanzada por la sociedad civil y sus manifestaciones, el conocimiento sobre estos procesos participativos no ha llevado a una comprensión más completa y clara sobre sus factores subyacentes.

Esta afectación de la esfera gubernamental sobre casi todos los aspectos de la vida social, sin embargo no implica "cercanía" ni congruencia entre ciudadanos y Estado. Este vínculo que ha sido la base de la asociación entre Estado y democracia (Held, 1993) y que supone la existencia de una relación de simetría o congruencia entre los gobernantes y los destinarios de sus decisiones, ha sido puesta en duda por Lander (1998) al extenderla a la realidad de los Estados periféricos como los de la región. Esta duda cobra más sentido aún en relación a las innovaciones institucionales orientadas a propiciar la participación. Precisamente la justificación de la promoción de la participación ciudadana desde el Estado parte, en muchos casos, del propósito de acercar el Estado a los ciudadanos. Esta argumentación debe enmarcarse en una contextualización que ubica la distancia entre Estado y ciudadanos como parte del proceso histórico reciente en Argentina y en la región. Dicho proceso es demarcado por un orden neoliberal que supuso una reestructuración global del Estado en décadas pasadas, la subordinación de la política a la economía y una práctica política decisionista con su consecuente consolidación de liderazgos personalistas (Svampa, 2005).

Como hemos constatado los procesos históricos de la región y de Argentina en particular, han configurado distancias entre ciudadanos y Estados que más recientemente intentan ser "acortadas" mediante innovaciones en los diseños institucionales que propician una democracia más directa o participativa en el marco de una democracia representativa o indirecta (Eberhardt, 2010). El carácter novedoso de estas instituciones hace que su estudio a nivel poblacional esté aún inexplorado. Consecuentemente, el abordaje de las características sociodemográficas y psicosociales de quienes se vinculan a ellas constituye un primer avance. Por ello corresponde brindar una aproximación a la literatura relativa a los factores explicativos de amplios repertorios participativos en diferentes contextos que nos sirva de guía para nuestro estudio.

Dimensiones psicosociales asociadas a diversos repertorios participativos

La aproximación desde diferentes disciplinas señala la insuficiencia de las categorías sociales (sociodemográficas) para dar cuenta de la PP a lo largo del tiempo y en diferentes contextos sociopolíticos. Esas categorías sociales están mediadas o moduladas por complejas construcciones psicosociales en su relación con las múltiples formas en que se expresa la politización de las personas. Cabe aclarar que no solo los análisis encarados desde la psicología contemplan constructos psicosociales cuando se intenta conocer cuáles son los factores explicativos de la participación política. Antecedentes provenientes desde la sociología política y de la ciencia política también los abordan. Más allá de la disciplina de abordaje, debido a que la PP es un fenómeno eminentemente social no puede ser explicado atendiendo única y exclusivamente a variables de 44 corte individual (Rodríguez, Sabucedo y Costa, 1993). Este punto de partida obliga a ser capaces de analizar los factores que ayudan a configurar la percepción que los sujetos tienen del ámbito de lo político; esos factores que ayudan, en definitiva, a construir un discurso social en torno a cómo es y cómo debería ser la propia realidad política. Cuando las personas muestran tendencia al activismo, las variables individuales dejan de mostrarse relevantes. Entonces son las variables psicosociales y dentro éstas las que tienen un contenido más claramente político, las que resultan más importantes para diferenciar a esas personas (Rodríguez et al., 1993). La naturaleza psicosocial de estas variables reside en que no constituyen disposiciones personales sino que son el reflejo de la percepción que el sujeto desarrolla acerca del ámbito político. Esta percepción se elabora en el marco de la interacción del individuo y el mundo político, personificada esta última instancia por los líderes políticos, los gobiernos, las instituciones, etc. (Rodríguez et al., 1993).

Por otra parte, puestas en comparación con las variables sociodemográficas, las psicosociales cuentan con mayor apoyo respecto de su capacidad explicativa de amplios repertorios de acción política y de su potencialidad para discriminar no sólo entre participantes y no participantes, sino también entre participantes (Anduiza y Bosh, 2005; Chavis y Wandersman, 1990; Mannarini et al., 2008). De todos modos, si bien se reconoce que se han incrementado los estudios que examinan las bases psicológicas de la participación: "hay todavía pocos intentos que se centren en una amplia gama de predisposiciones y cómo éstas se pueden vincular a los diferentes tipos de comportamiento político y de la acción comunitaria" (John, Fieldhouse y Liu, 2011:234). Por ello, se precisan estudios más sistemáticos orientados en tal dirección.

Eficacia Política. La eficacia política es considerada como la creencia subjetiva de un individuo o grupo de poseer capacidades para participar e influir en el curso de los sucesos políticos (Krampen, 2000). Wollman y Stouder (1991) y Franca (1995) sostienen que a mayor especificidad situacional en los sentimientos de eficacia, se obtienen mejores predicciones del comportamiento político. Es decir la actividad política correlaciona mejor con las creencias de eficacia política que con las creencias generales de eficacia en la vida diaria. Es esperable que si varía la definición acerca del dominio de la participación y consecuentemente su repertorio, la relación con la eficacia también varíe. Esto se explica debido a que los juicios que la persona hace acerca de su autoeficacia son específicos a las tareas y a las situaciones en las que se involucra, y las personas las utilizan para referirse a algún tipo de meta o tarea a lograr (Wollman y Stouder, 1991). En relación a mecanismos participativos diseñados desde arriba podemos especificar que la eficacia política de la participación ciudadana, puede ser contemplada desde dos creencias principales: una refiere a la posibilidad de influir de los ciudadanos en los asuntos públicos más allá de los mecanismos electorales y, la satisfacción o insatisfacción de que sus demandas han sido atendidas. Estas dos percepciones, la de poder influir en las decisiones política (eficacia interna) y la de ser escuchado (eficacia externa) se vinculan. Las percepciones negativas conducirían a un clausura participativa (los ciudadanos creen que no pueden influir en las decisiones políticas y que el Estado no lo facilita). Una percepción negativa respecto del accionar del Estado, puede coincidir con la percepción de que los ciudadanos pueden influir, presentándose así un promoción ciudadana de la participación. En cambio, un disimulo participativo, se daría cuando a pesar de que el Estado se esfuerza en abrir la participación, los ciudadanos creen que no pueden influir (Navarro, Cuesta y Font, 2009). Las dos últimas posibilidades, se dan cuando las autoridades expresan la voluntad política para que la ciudadanía se involucre en las decisiones políticas, pero no invierten, ni colocan esfuerzos y recursos, en el diseño de los espacios e instrumentos de participación ciudadana (Ziccardi, 2008), limitando las expectativas de participación.

Conocimiento Político. Este constructo puede ser definido como el nivel de entendimiento que poseen los ciudadanos sobre el funcionamiento político en el cual se encuentran inmersos. El conocimiento político (CP) se diferencia de otros componentes de la PP por ser de carácter objetivo y no subjetivo. Los ciudadanos varían sustancialmente, no sólo en sus niveles de información política, sino también en el contenido de esta información. Siguiendo a Dylko (2010) podemos discriminar los contenidos de la información política movilizante en tres categorías. La información movilizante de tipo identificatoria, relativa a nombres de personas y entidades que los ciudadanos deben conocer para tomar parte efectivamente en política. La información movilizante de localización, relativa al tiempo y lugar de algunas actividades en las que los ciudadanos pueden participar. Y por último, la información movilizante de tipo táctica, sobre modelos comportamentales y sugerencias en cuanto a cómo los ciudadanos pueden participar. Esta diferenciación importa ya que algunos actos podrían depender de un tipo de conocimiento más que de otros (Delli Carpini y Keeter, 1993), más aún en relación a innovaciones institucionales como las analizadas en nuestro estudio.

Confianza política. Este constructo se define como la fe que tienen los ciudadanos en las acciones y la gente que representa al gobierno. La confianza en las instituciones gubernamentales enfatiza la percepción de que el sistema político y las autoridades son responsables por los intereses y demandas del público (Reef y Knoke, 1999). Los hallazgos apoyan la hipótesis que los ciudadanos activos se desarrollan sobre la base de una confianza recíproca entre las personas y las instituciones políticas (Mannarini et al., 2008), y que este tipo de relación se aplica a todos los modos en que los ciudadanos optan por implicarse. Sin embargo resultados controversiales han sido encontrados acerca de la relación entre la confianza percibida y la decisión de jugar un rol en la política. Así, la falta de confianza puede ser el estímulo para que los ciudadanos se involucren para enfrentar las injusticias que se están produciendo a causa de los políticos. En el plano de lo metodológico, reconocemos que mientras que una medida de confianza general parece que muestra un impacto negativo sobre el compromiso político, considerar la confianza en tipos de instituciones específicas agrupadas de acuerdo a su naturaleza y función, hace que un escenario más articulado emerja.

Metodología.

Estudio cuantitativo por encuesta I

Participantes. Se efectuó un muestreo no probabilístico, por cuotas de edad, género y nivel socioeconómico basado en los indicadores establecidos por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC). La muestra quedó conformada por N=200 participantes entre 18 a 65 años (54% de varones y 46% de mujeres). Entre 30-34 años se ubica el 55% de los participantes (media=37 años). El nivel educativo es alto, el 37% con universitario incompleto, el 18% con secundario completo y otro 18% con universitario completo. La mayoría se ubica en un nivel socio-económico Medio-bajo o Bajo-superior (29% cada uno).

Instrumento. Para evaluar la PP se empleó una escala de 38 ítems. Cada uno se evaluó dicotómicamente (0=No; 1=Sí) y a su vez para cada comportamiento realizado se solicitó al encuestado que indicara su valoración en término de importancia (expresividad) y de eficacia (carácter instrumental) mediante una escala de 1 a 5, (1= menor nivel del atributo). Adicionalmente se evaluó la participación estable y/o frecuente en diversas organizaciones sociales. Para cada organización se evaluaron las dimensiones expresivas e instrumentales. En el Gráfico 1 se detallan los ítems seleccionados que permiten evaluar canales más institucionalizados y que hacen a la democracia participativa y directa.

Resultados.

Del total de la muestra (N = 192)¹ el 50.5% participó en al menos una de estas acciones. En relación a la amplitud de la participación asociada a dichas instituciones podemos destacar que la mayoría de los cordobeses (53%) sólo participó mediante 1 acción y un 22% recurrió a 2. De los que participaron mediante una única acción, la mayoría (43%) lo hizo al votar en la Consulta Popular por el contrato del servicio de agua. Quienes votaron en dicha consulta y participaron mediante alguna otra acción, principalmente hicieron llegar sus ideas a referentes políticos (4 casos) o bien participaron de las JPV, la Revocatoria de Mandato o participaron en torno a la Ley de Medios (2 casos cada una).

Luego de la descripción de cuál ha sido la amplitud que adoptó el involucramiento político de los cordobeses con este tipo de acciones, se presentan los resultados sobre el nivel de intensidad que se auto-atribuyen los propios encuestados al valorar cada comportamiento protagonizado en función de dos sub-dimensiones: (1) importancia=compromiso más afectivo, emocional, basada en principios, y (2) eficacia o utilidad=búsqueda de un resultado, acción más de carácter instrumental. Se destaca que la participación en las actividades por la Reforma Política provincial en cuestiones electorales, es la que menor nivel de involucramiento reporta (media=1.5). Contrariamente, el involucramiento en acciones en torno a la sanción de la Ley nacional de Medios alcanzó una media más alta (4.2). Como puede observarse en el Cuadro 1, la participación en el Presupuesto Participativo mayoritariamente se evaluó con Baja importancia y baja eficacia (43%). Por último, las acciones A favor del sector agrario (Res. N° 125) son las que en mayor medida fueron evaluadas tanto con Alta importancia como con Alta eficacia (64.7%).

Finalmente, se procedió a resumir en una única medida el nivel de involucramiento con el conjunto de ítems seleccionados. Se computó el promedio de las valoraciones sobre cada comportamiento efectivamente realizado. Con este procedimiento se observó que la media fue de 2.65. La mayoría (52%) otorgaron bajos valores a su accionar (1 o 2) y un 32% les atribuyó valores altos (entre 4 y 6).

Considerando la valoración de los encuestados sobre su vínculo con las organizaciones, es decir su intensidad, se destaca que (1) las organizaciones sobre cuestiones de género/sexualidad y estudiantiles cuentan con mayor proporción de valoraciones altas en importancia y eficacia; (2) las organizaciones vecinales recibieron una valoración respecto de la importancia entre alta y media y una valoración de la eficacia entre media y baja; (3) las demás organizaciones civiles recibieron una alta valoración en términos de importancia y una valoración entre media y alta de la eficacia.

Estudio cuantitativo por encuesta II

Participantes. Personas mayores de 18 años de la ciudad de Córdoba (Argentina). La muestra (N=450) fue diseñada utilizando la metodología de Probabilidad Proporcional al Tamaño y quedó conformada por un 52% de mujeres y un 48% de varones. La media de edad fue alta (40.5 años) con un modo de 35.5 años. El nivel educativo del encuestado fue mayoritariamente universitario incompleto (24.7%) seguido de secundario completo (22.7%). Las categorías más representativas del nivel educativo del principal sostén del hogar (PSH) han sido secundario completo (22.8%) y universitario completo (21.2%). La mayoría de los hogares (54%) corresponden a un nivel socioeconómico entre medio-bajo y bajo- superior (28% y 26% respectivamente). El 55% de los encuestados reviste en la categoría de ocupados y un 14% se encontraba desocupado.

Procedimiento general. Los datos se produjeron mediante un cuestionario administrado por un encuestador durante los meses de agosto, septiembre y octubre de 2010. En cada hogar -previo consentimiento para responder la encuesta- se encuestó un solo caso correspondiente a un habitante de dicho hogar mayor de 18 años. Se controló el relevamiento por la variable género (cantidad equivalente de mujeres y varones).

Instrumento. Se diseñó un cuestionario para evaluar diferentes variables psicosociales y la PP. En relación a la percepción de Eficacia en Política, se empleó la escala Eficacia Política Participativa (Sorribas, 2012) con 7 ítems evaluados mediante una escala Likert de 6 puntos (a=.71) y se contempló la inclusión de información adicional respecto de algunos mecanismos participativos a fin de colaborar en la interpretación del ítem por parte del encuestado. En otra sección se incluyó la evaluación objetiva acerca del nivel de información política mediante el Indice de Conocimiento Político (Brussino, Sorribas & Medrano, 2008; Sorribas, 2012) de 11 ítems donde cada respuesta sustantiva se puntuó utilizando una escala de 4 posiciones (a=.77) y la evaluación del nivel de confianza mediante la Escala de Confianza Política (Sorribas, 2012) de 14 ítems evaluados con una escala de 6 puntos (a=.89). De estas dos últimas escalas se seleccionaron los ítems relativos a instituciones políticas relativas a la democracia participativa y la democracia directa. Por último, se evaluó la PP mediante 33 ítems y la participación en y la pertenencia a organizaciones sociales. Además de la escala numérica que guiaba la respuesta para valorar la intensidad de la participación, se mostró una gráfica para orientar sobre la lógica de la respuesta que se esperaba. En el presente estudio se analiza un repertorio seleccionado de la escala de 33 ítems².

En relación al segundo estudio el análisis de los ítems seleccionados permitió establecer que el 46% de los encuestados ha participado en este repertorio. De los participantes el 59% lo hizo a través de una única acción, siendo ésta principalmente la relativa a la Consulta Popular seguida de las acciones relativas a la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario. Por otra parte, un 21% participó mediante 2 acciones.

La participación en la Consulta Popular es un mecanismo de democracia directa que en mayor medida ha sido activado por ciudadanos que no participan en otras modalidades institucionalizadas o participativas. Contrariamente la participación en el Presupuesto Participativo en tanto mecanismo de democracia participativa es activado por una minoría de la ciudadanía que tiene una mayor amplitud en sus repertorios participativos. Es decir, participan en él aquellos que además se involucran en otras actividades. Un patrón similar se observó en el caso de otros ítems relativos a temas de agenda política más coyuntural (Reforma Política provincial, Ley nacional de Medios Audiovisuales y Resolución N° 125) y a canales de participación institucionalizada como las Audiencias Públicas Municipales.

Al analizar la amplitud de la PP en el repertorio en relación con la amplitud de la pertenencia a organizaciones observamos que: (1) el 79.3% de los participantes no pertenece a organización alguna; (2) un 18% de los participantes pertenece a 1 organización social; (3) un 6% de los que no han participado mediante el repertorio seleccionado pertenece o participa en 1 o 2 organizaciones sociales.

El análisis de la intensidad de la participación política en este repertorio nos permitió establecer que: (1) en promedio las valoraciones han sido mayoritariamente altas tanto en importancia como efectividad, ya que un 55% de los participantes valoró su participación entre Bastante y Muy importante y útil; (2) un 11.6% valoró su participación con mayor tendencia hacia la utilidad por sobre la importancia; (3) las Audiencias Públicas Municipales y la participación en relación a la sanción de la Ley provincial de Bosques fueron las que recibieron valoraciones más altas tanto en importancia como en eficacia; (4) tanto el Presupuesto Participativo como la Consulta Popular son los mecanismos que reportaron un porcentaje mayor en la categoría "poco útil e importante" (25% y 29% respectivamente).

El estudio por encuestas II permitió el análisis descriptivo de algunas dimensiones psicosociales implicadas en el vínculo que los cordobeses mantienen con estos canales institucionales de participación: nivel de conocimiento, confianza y eficacia atribuida a diferentes instituciones de democracia participativa y directa.

Para un 72% de los encuestados las Audiencias Públicas pueden ser eficaces a condición de la presencia de los medios masivos de comunicación. Es decir que estos actores sociales mediáticos deben hacerse eco de la relevancia de esta institución para que los ciudadanos sientan que pueden alcanzar un mayor control sobre los resultados de la discusión e impactar sobre la toma de decisiones. Al evaluar si estas instituciones "nos solucionan los conflictos por los servicios públicos entre los prestadores, los usuarios y el municipio" observamos que el 57.2% está de acuerdo mientras el 42.8% restante no le atribuye esta capacidad.

Por su parte, en relación a la Iniciativa Popular, la mayoría de los encuestados (53%) acuerda con que sus propios mecanismos organizativos impiden su eficacia. Mientras que un 44% de los participantes sostiene una evaluación contraria a esta afirmación.

El análisis del sentido de eficacia atribuido a las Consultas Populares permitió observar que un 55% de los encuestados acuerda en que esta institución sirve para "controlar y limitar la relación del Estado con las empresas privadas". Por otra parte, un 45% no le atribuye esta capacidad.

Al indagar si los encuestados perciben que las JPV "sólo sirven para apoyar las decisiones del Poder Ejecutivo Municipal" pudimos constatar que el 59% está en desacuerdo con esta evaluación y un 19% acuerda en que fortalecen al Poder Ejecutivo.

Conocimiento Político. Como puede observarse en el Cuadro 6 entre los encuestados el mayor porcentaje de respuestas correctas ser reportó en relación a la localización de las JPV. Las respuestas incorrectas fueron más pronunciadas en relación a los reclamos por falta de matrícula escolar en el sistema público (nivel provincial) y la respuesta No sabe alcanzó su porcentaje más alto en la pregunta abierta sobre ¿Cómo se pide una Audiencia Pública? En todos los indicadores -con excepción de la pregunta por las JPV- los porcentajes de respuestas correctas fueron menores a los de las incorrectas o las No sabe.

A fin de profundizar en el análisis del conocimiento de los ciudadanos respecto de estos canales de participación procedimos a identificar los porcentajes de respuesta No sabe en los indicadores de Eficacia Participativa. Así determinamos que: (1) en la evaluación del Amparo Colectivo solo el 1% dio este tipo de respuestas; (2) en relación a la Iniciativa Popular el 2% y (3) sobre las JPV y su relación con el Poder Ejecutivo Municipal, el 1.4%.

Confianza Política. Como puede observarse en el Cuadro 7 la tendencia general de los encuestados es hacia la desconfianza en las instituciones diseñadas para darles mayor protagonismo en la toma de decisiones y/o control de las gestiones gubernamentales. En todos los indicadores el mayor porcentaje de respuesta se registró entre la poca confianza y la desconfianza. Si consideramos aquellos que más confían, lo hacen mayoritariamente respecto de las JPV (21%) y de la figura del Defensor del Pueblo. Las evaluaciones con menores niveles de confianza se registraron en relación a las respectivas Oficinas Anticorrupción municipal y provincial (43% y 41% respectivamente). Las JPV además de haber recibido la mayor proporción de respuestas que las perciben como confiables, también tuvieron el mayor porcentaje de evaluaciones que las consideraron medianamente confiables (44%).

Por último, con el estudio por encuestas II pudimos dar respuesta a nuestro interrogante acerca de ¿cómo se distribuyen estos factores psicosociales entre quienes participaron en el marco de este repertorio y los que no han participado? De este modo podremos determinar si los niveles reportados en estas variables psicosociales se diferencian de los reportados por los encuestados que no han realizado las acciones seleccionadas en nuestro repertorio participativo. Como puede observarse en el Cuadro 8 las diferencias de las medias de ambos grupos (0=No participa y 1=Sí participa) no son muy marcadas.

A fin de responder a nuestra pregunta sobre la existencia de una diferencia entre quienes participaron mediante al menos una acción de este repertorio (1= Sí) y quienes no participaron (0=No) realizamos un análisis de comparación de medias a través de la Prueba T de Student para muestras independientes. En base a dicho análisis pudimos determinar que: (1) la mayor diferencia significativa entre los dos grupos se registró para la variable Confianza Política en el Defensor del Pueblo; (2) que de cada una de las tres variables solo un ítem permitió diferenciar los grupos (ver Cuadro 10); (3) la Eficacia Participativa evaluada en función de la relación entre JPV (institución de la democracia participativa) y Poder Ejecutivo Municipal (institución de la democracia representativa) ha sido la única dimensión de la eficacia que permitió diferenciar a ambos grupos.

Estos resultados nos permiten establecer que quienes participan en algunas de las acciones del repertorio seleccionado tienen mayor conocimiento específico sobre un mecanismo para canalizar demandas que aquellos que no participan. En segundo término, los participantes cuentan con un nivel mayor de Confianza Política en relación a la institución del Defensor del Pueblo. Por último y de mayor relevancia, quienes participan evalúan que las JPV no operan para apoyar las decisiones del Poder Ejecutivo Municipal. Esto último sumado al nivel de confianza otorgado mayoritariamente (participantes y no participantes) a las JPV constituye un dato de relevancia respecto de la potencialidad para el ejercicio de la democracia participativa que se les atribuye.

Para las demás íyems al no cumplirse el criterio de homogeneidad de las varianzas se procedió a una prueba no paramétrica a fin de establecer si contribuyen a diferenciar los dos grupos. Recurrimos a la prueba para 2 muestras independientes U de Mann-Whitney. En base a este análisis pudimos constatar que el Conocimiento Político -a través de otros 3 ítems- nos permite diferenciar los que participan de los que no participan (ver Cuadro 9).

Discusión general

Como se ha podido evidenciar en los resultados de ambos estudios, la amplitud de la participación es similar tanto en la muestra accidental como en la muestra representativa de la población de la ciudad de Córdoba. En términos generales, la participación de la ciudadanía en el repertorio seleccionado -que incluye dimensiones participativas y directas- es levemente más baja en la muestra representativa (46%). También en términos de amplitud comparten el dato relativo a la cantidad de acciones mayoritariamente efectuada. En ambos casos la mayoría sólo participó mediante una única acción, siendo ésta principalmente el voto en la Consulta Popular de 2007. Lo llamativo de este dato es que muchos de los que votaron en dicha consulta a su vez no han participado mediante otras acciones. Por otra parte, cabe enfatizar también que quienes participan del Presupuesto Participativo cuentan con un repertorio más amplio de participación. En igual sentido se orientan los datos respecto de quienes participaron en las instancias previstas dentro del proceso de Reforma Política provincial, frente a la sanción de la Ley de Medios a nivel nacional y en relación a las Audiencias Públicas. Entonces, los participantes dentro de este repertorio son una proporción baja de la población si no se computa el voto en la Consulta Popular; sin embargo se involucran en muchas acciones con propósitos ajustados a la agenda política provincial o nacional y en instituciones participativas diseñadas desde el Estado.

Respecto de la intensidad de dicho involucramiento se reportaron algunas diferencias entre las muestras. Más precisamente en relación a la tendencia general de la evaluación del involucramiento en términos de importancia/eficacia. Más allá de esta discrepancia cabe aquí enfatizar sobre un dato consistente en ambas muestras. El Presupuesto Participativo ha sido evaluado con bajos niveles de importancia y eficacia. Y en el caso de la muestra representativa en igual sentido se orientaron las atribuciones sobre la Consulta Popular. A la par, en dicha muestra otros ítems recibieron altas valoraciones tanto en importancia como en eficacia. Tal es el caso de las Audiencias Públicas municipales y las acciones frente a la sanción de la Ley provincial de Bosques, la cual implicó un intenso involucramiento de amplios sectores sociales en su elaboración.

En relación al involucramiento en organizaciones sociales, los datos de ambas muestras no son coincidentes. Más preocupante es el resultado de la muestra representativa según la cual el 79% de la población no participa en organización alguna y un 18% participa sólo en 1 organización. A pesar de este dato, también se registró que las organizaciones vecinales fueron en mayor medida evaluadas como importantes y eficaces para los objetivos propuestos por los participantes. A su vez, quienes participan en ellas también en mayor medida informaron que participan en otra organización. Este dato no es menor si consideramos el diseño institucional de las JPV y la dinámica de las Audiencias Públicas municipales donde tienen presencia las organizaciones sociales reconocidas legalmente.

Por último y en relación a las variables psicosociales indagadas, si bien el porcentaje de Conocimiento Político específico es bajo, se pudo constatar que esta variable contribuye a diferenciar entre participantes y no participantes. Quienes han participado mediante el repertorio seleccionado cuentan con mayor información correcta sobre distintos mecanismos de participación. Así, hemos demostrado cómo quienes participan en este repertorio que integra dimensiones de democracia directa y participativa, cuentan con mayores niveles de información tanto del tipo movilizante de localización -relativa al tiempo y lugar de algunas actividades en las que los ciudadanos pueden participar- como del tipo movilizante táctica -relativa a modelos comportamentales y sugerencias en cuanto a cómo los ciudadanos pueden participar. Por otro lado, la Eficacia Política Participativa en términos generales aporta datos alentadores respecto de cómo los ciudadanos creen que funcionan los Amparos Colectivos, las Audiencias Públicas municipales, las Consultas Populares y más precisamente las JPV. Respecto de éstas últimas es mayoritaria la percepción de que no constituyen instituciones cuyo funcionamiento redunde en un fortalecimiento del Poder Ejecutivo municipal y consecuentemente se orienten a fortalecer la democracia representativa. Este sentido de eficacia atribuido se refuerza ya que esta variable contribuye también a diferenciar a quienes participan respecto de quienes no lo hacen.

En el presente trabajo hemos podido avanzar en la identificación de variables que permiten establecer diferencias significativas entre participantes y no participantes en un repertorio que integra dimensiones directas y participativas en el marco más general de una democracia representativa. A su vez, pudimos constatar que las innovaciones metodológicas aplicadas para evaluar las variables psicosociales han sido pertinentes y nos aportan datos de mayor validez ecológica para conocer cómo se vinculan los ciudadanos con diferentes instituciones y mecanismos participativos. En futuras indagaciones se podrá establecer una relación más específica con la dimensión intensidad de la PP en función de los constructos psicosociales ya evaluados.

Con los resultados obtenidos a nivel poblacional pudimos conocer también qué mediaciones operan en la relación entre ciudadanos y Estado para determinar si los primeros efectivamente activan los canales previstos y diseñados por el segundo. Es decir aproximamos una lectura de las dimensiones que median la distancia entre ambos diferenciando los ciudadanos que apuestan por "achicar" esa distancia de aquellos que no lo hacen.

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Notas

² Para mayor detalle ver Gráfico 1.