La discapacidad en México desde la vulnerabilidad social

Disability in Mexico: an interpretation from the social vulnerability point of view

Miguel Ángel Vite Pérez*

* Doctor en sociología por la Universidad de Alicante, España. Correo electrónico: miguel-viteperez@yahoo.com.mx

Artículo recibido el 5 de septiembre de 2011
Aceptado el 5 de octubre de 2012

Resumen

El propósito del artículo es la elaboración de un análisis general de la idea de vulnerabilidad social desde un punto de vista sociológico para explicar la discapacidad como un hecho social. Con ese fin, se utilizaron datos de una encuesta aplicada en algunas empresas privadas y organizaciones civiles que de manera directa o indirecta comparten percepciones sobre la discapacidad. Esta aproximación permitió destacar que la discapacidad no es un problema individual ni generado por la ausencia de una norma o ley; la vulnerabilidad social es resultado del fin de la sociedad del trabajo asalariado y de la pérdida del carácter universal de las protecciones del bienestar estatal.

Palabras clave: vulnerabilidad, desafiliación, discapacidad, trabajo asalariado, integración social.

Abstract

The purpose of this paper is to develop a general discussion of the idea of social vulnerability from a sociological point of view, to explain disability as a social fact. Therefore, it uses data from a survey of private companies and civil organization that directly o indirectly, share perceptions on disability. This allows highlighting disability not as an individual problem or one generated by the absence of regulation or law; but as a result of labor society and loss of universality in welfare state protections.

El objetivo de este artículo es presentar una visión de la discapacidad en México, interpretada como parte de una problemática general. Dicha problemática se conforma por las transformaciones del mercado de trabajo, que en vez de generar situaciones de inclusión ha creado lo contrario, es decir, vulnerabilidad y fragilidad de las relaciones sociales, lo que favorece la multiplicación de las situaciones de exclusión social.

El debate sobre la exclusión/inserción social no ha considerado que la vulnerabilidad es la fase previa de ruptura de los lazos sociales, sobre todo cuando no existen protecciones sociales gestionadas por el sistema estatal de bienestar. Sin embargo, existen grupos sociales que caen más rápidamente en la fase de ruptura de los lazos sociales, lo que desde un punto de vista sociológico se ha llamado desafiliación, como es el caso de las personas que sufren algún tipo de discapacidad.

En consecuencia, a pesar del reconocimiento de sus derechos, las condiciones de vida de los grupos discapacitados no han mejorado porque en México el mercado de trabajo se encuentra dominado por actividades económicas terciarias e informales, donde las protecciones sociales están ausentes o tienen una presencia débil, caracterizadas por su baja productividad y sus bajos salarios.

Por tal motivo, desde un punto de vista general, la condición de asalariado no significa la superación de la precariedad laboral. En otras palabras, la situación de pobreza e incertidumbre es generalizada para amplios grupos sociales debido a que las políticas económicas neoliberales han separado el estatus de asalariado indefinido y la seguridad social garantizada por el Estado y considerada, a su vez, en las sociedades modernas y democráticas como derechos sociales de la ciudadanía.

En una situación de precariedad laboral, los programas de inserción social de las personas que sufren algún tipo de discapacidad, resultan problemáticos porque la condición de trabajador no garantiza la protección ante las inseguridades creadas por la economía de mercado, como el desempleo y el subempleo, la enfermedad, la vejez, etcétera.

Los programas de inserción social, en mayor o menor grado, han generado una situación de vulnerabilidad permanente porque no tienen la capacidad para trasladar a la mayoría de las personas vulnerables a la zona de prosperidad y seguridad, que se ha reducido en los últimos años.

El artículo se divide en cinco partes: en la primera se presentan los conceptos teóricos que ayudan a comprender el significado de la vulnerabilidad y desafiliación en las sociedades modernas, que serán de utilidad en el análisis de algunos resultados del estudio de campo; en la segunda parte, la nota metodológica explicita que la realidad social es una construcción colectiva que permite elaborar las representaciones de sí misma, si bien asumidas individualmente, explicadas por la existencia de significados compartidos; el contenido de la tercera parte está formado por algunas de las opiniones de los representantes de empresas privadas acerca de la posibilidad de contratar trabajadores con discapacidad; en el cuarto apartado se presentan los principales problemas que enfrentan las organizaciones sociales, llamadas también tercer sector, en la atención de las personas que sufren algún tipo de discapacidad, en la búsqueda de su inserción en el mercado de trabajo mexicano; en la última parte, se incluyen las consideraciones finales, donde se argumenta que la discapacidad, a pesar de su estatuto de pleno derecho, no crea de manera automática las condiciones materiales para acceder a un mejor nivel de vida.

El trabajo asalariado indefinido cobró importancia por el desarrollo de protecciones sociales gestionadas mediante un sistema de bienestar estatal. Esto fue posible por la transformación de la condición de asalariado en un estatuto de derecho, es decir, los derechos sociales lo protegían de los inconvenientes derivados de la marcha de la economía capitalista, como el desempleo, la enfermedad y los accidentes laborales (Castel, 2004c). La seguridad social fue considerada condición para el desarrollo de las capacidades físicas e intelectuales del individuo, lo que finalmente lo transformaba en un ciudadano con derechos (Castel y Haroche, 2003: 19).

En consecuencia, la seguridad social permite que los miembros de una sociedad estén protegidos con base en redes estrechas de dependencias e interdependencias. Sin embargo, la inseguridad interna proviene de la vulnerabilidad generada por la aparición de una situación de debilitamiento de los lazos o vínculos de interdependencias, que convierte al asalariado en desempleado; en esta situación, las protecciones sociales se encuentran ausentes, lo que favorece la precariedad y la pobreza (Autés, 2004: 15-16).

En las sociedades modernas existe una tensión entre la igualdad formal derivada de la ley y las desigualdades reales, que tienen su origen en la distribución de las oportunidades materiales realizadas a través del mercado y de las políticas públicas (Durand Ponte, 2010: 25). Algunas consecuencias negativas creadas por la desigualdad real se han atendido mediante la configuración de un sistema de protección social vinculado con la llamada sociedad del trabajo. En otras palabras, los objetivos del pleno empleo significaron la generalización o universalización de los derechos sociales, cuya tarea fue casi exclusiva del Estado (Offe, 1992: 66-67). De este modo, quedó definida la ciudadanía social, que en las sociedades democráticas, fue parte de un proceso acumulativo, articulado con la vigencia previa de los derechos políticos y civiles (Boudon, 1981: 170-173).

Entonces, el responsable de garantizar los mínimos básicos de protección social para los ciudadanos fue el Estado de bienestar, caracterizado, desde un punto de vista general, por su capacidad de desmercantilización. Es decir, prestaba un servicio como asunto de derecho sin que el beneficiado acudiera al mercado (Esping-Andersen, 1993: 37-41). Pero las crisis económicas de los últimos 40 años han obligado a los Estados nación, en mayor o menor medida, a adoptar políticas económicas neoliberales favorables a la desregulación de las actividades empresariales y al uso frecuente de su capacidad de mercantilización, para que una parte de los servicios prestados a los ciudadanos deje de ser un derecho y se convierta en una mercancía (Iglesias, 2006). La prestación de algunos de los servicios estatales convertidos en mercancías por parte de las empresas privadas niega los derechos sociales y favorece la generalización de la precariedad de los desempleados y subempleados. Así, deja de lado su carácter universal al convertir la política social en una política compensatoria y focalizada, como sucedió en América Latina en los años noventa del siglo XX (CEPAL, 1995: 14).

La generalización de la precariedad de los desempleados y subempleados ha provocado el uso común del término exclusión o marginación para referirse a su situación, sin considerar que son resultado de un proceso de ruptura de las ligas establecidas entre el trabajo y las protecciones sociales estatales (Castel, 2004b: 19-27). Desde un punto de vista sociológico, la exclusión social no es un estado, sino un proceso; por tanto, es más adecuado emplear el término desafiliación, que se refiere a la ruptura de redes, lazos, vínculos con los colectivos que protegían a sus miembros de los riesgos y peligros provenientes de la economía de mercado (Castel, 1997: 42-43). La desafiliación sería la última parte del proceso que sufre un desempleado o subempleado. Antes estaría en una amplia franja de vulnerabilidad, caracterizada por la precariedad material o pobreza, donde las protecciones sociales están ausentes o son focalizadas, en convivencia con una reducida franja de trabajadores integrados a la economía de mercado y que gozan de la mayoría de sus ventajas (Castel, 1995: 31-32). El fin de la sociedad del trabajo ha significado la precariedad salarial y la negación de los derechos sociales a través de los mecanismos de mercado y de la política social focalizada (Cohen, 2007: 11-21).

Ante la situación descrita, los problemas de integración social se generalizan. Para atender a los individuos que los sufren, se han conformado dispositivos que buscan que la inserción deje de ser una fase transitoria, porque la economía informal o sumergida solamente reproduce situaciones de subsistencia marginal, mientras que la economía criminal es lucrativa pero debilita los cimientos de la sociedad.

Sin embargo, estos dispositivos son de doble naturaleza. Por un lado, el llamado tercer sector, conocido también como sociedad civil, abarca un universo amplio de actividades no lucrativas, y tiene una importancia que radica en que es un sector donde los individuos pueden adquirir conocimientos y habilidades que les ayuden a crear vínculos con el orden social (Rifkin, 2010: 38). Por otra parte está el reconocer un estatuto de pleno derecho a las personas que sufren algún tipo de precariedad, y en algunos casos alguna discapacidad (Roche, 2004: 121).

En el caso mexicano, las desigualdades sociales se han multiplicado, responden a diferentes causas: desempleo, bajos salarios, género, preferencia sexual, creencias religiosas, discapacidad (Donzelot, 2003: 132-133). Sin embargo, los mecanismos o dispositivos de inserción social utilizados por el Estado mexicano han sido definidos por la política social focalizada (Arteaga Basurto, 2001), frente a la crisis del empleo formal que ha resultado favorable al crecimiento de las actividades económicas informales (Puyana y Romero, 2009: 52-53). Al mismo tiempo, las acciones organizadas de la sociedad civil se han transformado en otro dispositivo de integración social (Verduzco, 2006). El otro dispositivo ha sido la norma o ley, es decir, el reconocimiento del estatuto de derecho para los grupos sociales que sufren desventajas sociales, como fue el caso de los discapacitados amparados en la Ley General de las Personas con Discapacidad, publicada en 2005.

En consecuencia, los colectivos que sufren algún tipo de discapacidad se encuentran en una situación de vulnerabilidad, lo que significa que están más cerca de la desafiliación, a pesar de la existencia de una política social focalizada. Sobre todo, porque la crisis del mercado de trabajo, ha provocado una condición de excepción debido a que la ley tiene problemas para su aplicación y vigencia como parte de la normalidad social y termina por reproducir una ciudadanía incompleta para los discapacitados (Durand Ponte, 2010: 29).

Nota metodológica

En el análisis se consideró que el concepto de vulnerabilidad permite interpretar la naturaleza de la discapacidad, sobre todo porque es una creación de significados realizados de manera social, es decir, no es atribuible a un solo individuo (Gergen y Gergen, 2011: 9). Por tanto, las representaciones y significados del mundo son resultado de las relaciones sociales y, en consecuencia, lo que se considera real es una construcción en la que participan diferentes grupos sociales (Gergen y Gergen, 2011: 12-13). Sin embargo, desde un punto de vista individual, la persona que suscribe una creencia o decide acerca de una acción procede por la existencia de un marco de significados compartidos y, por ende, su naturaleza es social (Goffman, 2006). En otras palabras, las razones de la acción social están basadas en representaciones compartidas y expresadas mediante el lenguaje (Boudon, 2010: 129-131).

La realidad social son las condiciones externas que permiten a los individuos poner en práctica sus procesos cognitivos para la elaboración o transmisión de una representación sobre la misma (Abric, 2004: 11-13). Al mismo tiempo, la externalización de las acciones sociales permite no solo su repetición, sino su habituación, es decir, su institucionalización (Berger y Luckmann, 1998: 66-75). Por otro lado, la integración social significa valores compartidos, así como las normas jurídicas y políticas que responden, desde un punto de vista sociológico, a una integración sistémica configurada por el ajuste de los diversos sistemas que conforman a las sociedades (Outhwaite, 2008: 34). En suma, la sociedad es una realidad objetiva, pero subjetiva cuando los individuos son conscientes de ella, por un lado, y por otro, cuando la conciencia individual es resultado de la construcción social (Outhwaite, 2008: 55).

La observación de hechos particulares permite el análisis de la sociedad porque encuentra algunas de sus regularidades que ayudan a la elaboración de explicaciones sobre el funcionamiento general de la sociedad (Aguilar Gil, 2010: 143-146).

Por eso, los entrevistados forman parte de una sociedad que ha favorecido la construcción de una representación sobre la vulnerabilidad y la discapacidad, pero desde dos lógicas: la de la empresa privada y la de la beneficencia, asumida por las organizaciones civiles de atención a las personas con discapacidad. Por eso, el estudio no se justifica de manera estadística (Lago, 2008), sino porque la representación social de la discapacidad es compartida por los entrevistados que la consideran un problema de reconocimiento de derechos o de falta de oportunidades laborales.

Empresa privada y discapacidad

A partir de la década de los noventa del siglo pasado, la economía mexicana ha transitado de la predominancia de un sector industrial a la hegemonía del sector de comercio y servicios, que no es ajeno a los problemas de la precariedad laboral (Garza, 2006). Por tal motivo, encontramos que las empresas encuestadas y que han contratado a personal con algún tipo de discapacidad realizan actividades terciarias (cuadro 1).

El número de personas con discapacidad contratadas por empresas particulares es muy reducido, lo que significa que la inserción social por medio de este dispositivo es limitada. Al mismo tiempo, la inserción derivada del reconocimiento de derechos es incompleta, sobre todo, por la falta de un empleo ordinario que demande los servicios del discapacitado y le otorgue salarios que permitan mejorar su calidad de vida.

En la gráfica 1 se puede observar de manera desagregada el tipo de empresas que han reclutado personal que sufre discapacidad; en el caso mexicano, se trata de empresas de reducido tamaño con una importante heterogeneidad en su organización productiva. Se caracterizan, además, por un uso intensivo de mano de obra, por su carencia de tecnología de punta y porque abastecen a un mercado de bajos ingresos cuya población no compra en los grandes negocios (Salas, 2006: 98)

Otra consideración a destacar es que en las empresas de servicios y comercio el personal no suele pasar de los 50 trabajadores; además, su mayor concentración se localiza en la zona central del país, lo que refuerza las disparidades regionales (Salas, 2006: 106).

Algunas de las actividades terciarias, como la de los restaurantes y hoteles, así como la preparación de alimentos en la calle reciben salarios bajos debido a que los miembros de la familia realizan actividades no remuneradas para el negocio, cuyo propietario tiene un parentesco con ellos.

En suma, se reproduce la dualidad exclusión/inserción debido a que se asume que el problema de la discapacidad es una desventaja social que se puede resolver mediante la integración de los individuos que la sufren al mercado de trabajo; no se considera que el problema se caracteriza por la generalización de actividades económicas informales de baja productividad y con bajos salarios (Zapata, 2005: 99-100).

Por otro lado, los empleadores de personal con discapacidad por lo general desconocen la existencia de incentivos gubernamentales para las empresas que contratan a ese tipo de trabajadores. Esto significa que en México existe un estado de excepción porque en la zona de la vulnerabilidad social la ley no tiene vigencia ni se aplica, lo que reproduce una ciudadanía precaria (Durand Ponte, 2010: 36). Aunque algunos de los encargados de las empresas señalaron que conocían la existencia del incentivo fiscal gubernamental, esto no quiere decir que lo utilicen, debido a que visualizan desventajas que no alcanzan a convertirse en beneficios (ver cuadro 2), lo que también refuerza las situaciones de excepción.

La idea de excepción no solamente significa la existencia de deficiencias en la aplicación de las normas o las leyes, sino que hace referencia al funcionamiento parcial del orden socioeconómico que reproduce las situaciones de injusticia social. Por eso, cuando algunos de los encuestados manifestaron su disposición a contratar trabajadores con discapacidad, se trató más de un buen deseo porque no existe un sustento material; el discapacitado es visto más como un costo mayor para la empresa que como un beneficio, pues se considera que para contratarlo deben realizar cambios en la infraestructura física del negocio (cuadro 3).

En el cuadro 3 se pude observar que de las 15 empresas encuestadas, 14 manifestaron que cuentan con actividades que pueden ser desempeñadas por las personas con discapacidad; sin embargo, no lo hacen debido a dos motivos: no están dispuestos a introducir los cambios materiales necesarios en sus empresas para adecuarlos a las necesidades de los discapacitados; tampoco están dispuestos a vincularse con las organizaciones civiles que proporcionan algún tipo de asistencia a los discapacitados para su reclutamiento como empleados.

Lo anterior manifiesta la existencia de una fragmentación social favorable a la producción y reproducción de la vulnerabilidad, en la que no se han podido construir redes entre las organizaciones que crean solidaridad y las organizaciones empresariales orientadas por el lucro. La fragmentación social niega la condición de ciudadanía de grandes franjas de la población mexicana, lo que resulta particularmente grave para las personas que sufren algún tipo de discriminación física y socioeconómica (Zermeño, 1996: 23-28).

En la gráfica 2 se puede ver que las empresas de servicios son las que presentan mejor disposición para la contratación de personal con discapacidad, lo que desde otra perspectiva significa que se ha convertido en una opción para disminuir el desempleo abierto, incluyendo a las personas con discapacidad.

Sin embargo, la influencia del colectivo de los discapacitados puede resultar limitada debido a que en la percepción de los empleadores constituyen un costo que puede afectar a las utilidades por los cambios físicos requeridos para adecuar el lugar de trabajo al tipo de discapacidad. En esta situación, la presencia del Estado y de las organizaciones civiles se considera limitada o incluso inexistente porque no existen lazos de colaboración con las empresas.

El tercer sector y la discapacidad

Después de la crisis de la sociedad del trabajo, el tercer sector, identificado con las diversas organizaciones de la sociedad civil, se ha considerado como un sector que debe realizar dos tareas fundamentales: dar asistencia social para los que sufren alguna desventaja social y proporcionar algún tipo de capacitación para la inserción laboral, asumiendo la ideología del capital humano que sostiene que el conocimiento de los trabajadores es la base del desarrollo de una economía nacional globalizada (Montaño, 2005). Esta propuesta ha sido criticada porque se considera que el fortalecimiento del tercer sector ha ocurrido a expensas del Estado, es decir, resultado de la transferencia de sus funciones sociales sustantivas a organizaciones sociales que otorgan servicios a grupos que sufren la pobreza y la exclusión de manera focalizada (Montaño, 2005: 25).

Pero, sin ánimo de crear una polémica, se puede afirmar que el tercer sector desempeña actividades sin propósito de lucro, con lo que se rescata el carácter desmercantilizador de la prestación de un servicio considerado como derecho ciudadano. Lo criticable es que su radio de acción es fragmentado y limitado, con lo que se niega el carácter universal que tenía el sistema de bienestar estatal (Castel, 2004a: 55-57). Sobre todo, en un contexto social donde el reconocimiento legal del estado de desventaja social no garantiza la inclusión social ni la superación de la vulnerabilidad, como sucede en México.

En las sociedades modernas, la tensión entre la igualdad formal y la desigualdad social se ha manejado a través de las funciones o protecciones sociales estatales, lo que si bien no erradica la pobreza, sí ayuda a disminuir su potencial destructor de los lazos sociales, al impedir que el área de vulnerabilidad se extienda a una mayor cantidad de individuos (Navarro, 2008).

Por otro lado, el tercer sector se orienta por los valores de la solidaridad voluntaria y local, la autoayuda y la ayuda mutua, que no se puede considerar como un sustituto de los derechos sociales, aunque algunos neoliberales han intentado verlo de ese modo (Montaño, 2005: 38). A pesar de esas limitaciones, el tercer sector desempeña un papel importante en sociedades periféricas o subdesarrolladas porque la ayuda social estatal es fragmentada y, en consecuencia, no ha alcanzado la condición de un derecho ciudadano vigente que se refleje en el mejoramiento de la calidad de vida de los individuos que sufren vulnerabilidad.

De las 20 organizaciones civiles entrevistadas dedicadas a la atención de personas con discapacidad, 12 no conocían los centros del Programa de Oportunidades para el Empleo a través de la Tecnología en las Américas, conocidos como centros poeta, mientras, que ocho sí sabían sobre ellos. Esto significa que falta una integración de esfuerzos entre organizaciones civiles y estatales para superar la fragmentación que impide una expansión de los beneficios hacia grupos más amplios.

Aunque el cuadro 4 solamente incluye los nombres de 10 organizaciones civiles de atención a la discapacidad, ilustra que algunas no conocen los dispositivos paralelos que pueden ayudar a realizar sus tareas de una manera más eficaz.

Por otro lado, las organizaciones sociales entrevistadas tienen una capacidad reducida para colocar en un empleo remunerado a los discapacitados que atienden. En el cuadro 5 se puede observar que solamente siete organizaciones civiles han podido colocar a algunos de los discapacitados que reciben su atención.

Solamente el Centro de Rehabilitación de la ciudad de Tijuana ha logrado colocar en el mercado de trabajo a 10 personas, seguido por la Fundación Dime, con cinco, y por la Confederación Mexicana de Organizaciones en Favor de la Persona con Discapacidad Intelectual (Confe), con tres individuos. Esto quiere decir que su capacidad de incidir en la construcción de soluciones para atender el problema del desempleo entre las personas con discapacidad es baja, aunque representativa de una situación donde priva un estado de excepción que favorece la expansión de la vulnerabilidad social.

Con respecto a la modalidad de contratación, el cuadro 5 indica que a pesar de que las personas con discapacidad cuenten con un empleo remunerado, la vulnerabilidad no se ha superado. Sobre todo, porque no se cuenta de manera temporal con algunas de las protecciones sociales, como la sanidad.

De acuerdo con el cuadro 6, la modalidad de contratación más frecuente es por honorarios 10 casos), seguida por la de contrato (seis casos) y, en tercer lugar, la contratación informal (cinco casos); las otras dos no revisten importancia; sin embargo, una de ellas forma parte de la forma de contratación flexible.

Las diversas formas de contratación flexible de trabajadores discapacitados son parte de la tendencia general expresada en la disminución del costo salarial, lo que se acompaña de la disminución de la protección social. Esto ha resultado positivo para la reproducción de la vulnerabilidad y la desafiliación de grandes contingentes de población, que en el caso de los discapacitados los coloca más cerca de la desafiliación (Boltanski y Chiapello, 2002).

Por otro lado, en la grafica 4, que refiere al nivel socioeconómico de las personas con discapacidad atendidas por las diferentes organizaciones civiles, se observa que este oscila entre la pobreza y los bajos ingresos. Este hecho se convierte en evidencia de la precariedad material que sufren los discapacitados, y que los coloca en una situación de supervivencia, la cual significa también ausencia de protecciones sociales de parte de las instituciones de bienestar estatal, lo que indica que la vulnerabilidad se ha generalizado para este colectivo mexicano.

Por su parte, las organizaciones civiles que atienden a personas con discapacidad han establecido que el principal medio de integración o inserción social es el mercado de trabajo. Y para lograr un empleo deben tener capacitación en habilidades y conocimientos demandados por los empleadores. Esto quiere decir que lo más importante es obtener una fuente de ingresos, sin importar su monto ni si existe la seguridad social. Sin embargo, la precariedad laboral es consecuencia de los bajos ingresos y de la focalización de los programas sociales, que se han concebido como asistencia social, desplazando la noción de servicios prestados como derechos sociales.

Otro problema es que la presencia gubernamental en la instrucción de los programas de capacitación laboral es limitada y busca que las diversas organizaciones civiles amplíen el número de acciones a favor de los que sufren las consecuencias negativas de la vulnerabilidad. No se considera la posibilidad de articular esfuerzos para cumplir metas de desarrollo social.

En el cuadro 7 se puede observar que las organizaciones civiles que atienden a personas con discapacidad han visualizado que los cursos y talleres son parte de los programas de integración laboral. Aunque no cuenten con un programa de inserción laboral, sus cursos han sido identificados con ese propósito porque se considera que la capacitación es una condición previa para conseguir un empleo.

Consideraciones finales

La construcción social de la discapacidad está ligada a la percepción que tienen las organizaciones civiles sobre las potencialidades conferidas al empleo remunerado para la solución del problema de la vulnerabilidad. De este modo, se considera que la discapacidad es un problema de exclusión social que podría resolverse a través de dos mecanismos de inserción social: el reconocimiento legal y la organización de cursos de capacitación para adquirir algunas habilidades que puedan transformar a los discapacitados en trabajadores ante la debilidad de la protección social estatal.

Por otro lado, el universo de la vulnerabilidad se ha ampliado: ya no se compone solamente de desempleados y subempleados, sino que está conformado por una diversidad de sujetos afectados por la multiplicación de los diferentes tipos de desigualdad social, entre los que se encuentran los discapacitados.

En el caso de México, el reconocimiento del estatuto legal de la discapacidad no ha favorecido la integración social porque el trabajo asalariado forma parte de la zona de la vulnerabilidad; sobre todo, por su precariedad, que se manifiesta en los bajos salarios y la ausencia de seguridad social estatal. En esa medida, se ha constituido una nueva forma de exclusión social, que en realidad es una desafiliación porque las actividades de los organismos de la sociedad civil no han logrado fortalecer redes sociales que estructuren la protección social necesaria para impedir que la pobreza y la miseria provoquen la vulnerabilidad de los colectivos con discapacidad.

Lo que se necesita es que el trabajo asalariado recupere su doble estatuto: como parte de los derechos sociales y como productor de solidaridad, lo que significa que su capacidad de inserción se refleje en mejores niveles de vida.

Sin embargo, las actividades desarrolladas por las organizaciones civiles para atender a las personas con discapacidad son de valía, en el sentido de que han construido sus propios dispositivos para buscar de alguna manera la inserción social.

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