Régimen político y límite a la acción colectiva: el caso de Santiago del Estero, Argentina¹

Political regime and limit to collective action: The case of Santiago del Estero, Argentina

Homero Saltalamacchia* y María Isabel Silveti**

* Doctor en Ciencia Política, profesor-investigador del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Correo electrónico: <hsaltalamacchia@gmail.com>.

Artículo recibido el 22 de febrero
aceptado el 24 de junio de 2011

Resumen

Este artículo analiza un movimiento social, generado por personas y organizaciones marginales de la estructura socioeconómica y política, que ocurrió en Santiago de Estero, Argentina, así como sus limitaciones. Comienza con una descripción de las características peculiares del sistema de relaciones que organizan a la provincia, régimen en el que las instituciones republicano-democráticas son sostenidas y resignificadas por una intrincada red de intercambio de favores que atraviesa todos los niveles de la estratificación social y contribuye a conformar una manera de estabilidad específica. La descripción de los avatares de dicho movimiento ha permitido identificar elementos importantes para pensar que: a) dadas las características del régimen, las formas posibles de oposición a la élite dominante o a alguna de sus acciones pueden ser fácilmente controladas mediante operaciones transformistas o gatopardistas, y b) la cultura política predominante en las diferentes esferas y estratos de la sociedad permiten y promueven la reproducción de dicho sistema, al menos mientras las condiciones que lo hacen posible no se vean alteradas por procesos nacionales, cuyo análisis excede las pretensiones de este texto.

Palabras clave: clientelismo, patrimonialismo, sistema de intercambio de favores, juarismo.

This article analyzes a social movement generated by people and organizations excluded from the social-economic and political structure, in Santiago del Estero, Argentina, as also its limitations. It begins with a description of the peculiar characteristics of the social relation system that organizes the province; a regime in which the democratic-republican institutions are upheld and resignified by a complex favor exchange network that permeates across all social strata and contributes to some kind of specific stability. The description of the movements avatars allows identification of important elements that lead to believe: a) given the regime's characteristic, the possible opposition schemes may be easily controlled by means of transformistic operations; and b) dominant culture among different strata and spheres of society allow and foster such a system's reproduction, at least while the conditions that make it feasible are not altered by national processes, which's analysis exceeds this articles pretensions.

Key words: patronage system, patrimonialism, system of exchanging favors, juarismo.

Introducción

En este análisis no se pretende ejemplificar ni refutar teorías generales; por el contrario, al ser el producto de siete años de entrevistas, de observación participante² y de análisis de sus resultados, muchas de las presunciones desde las cuales se partió quedaron analíticamente limitadas o desmentidas, razón por la cual el objetivo se restringe a presentar uno de los temas que han entretenido nuestra reflexión y cuyo interés puede trascender las fronteras de nuestro objeto específico de estudio.³ Ojalá esas reflexiones, junto a otras de casos análogos, puedan ir desbrozando el camino de una teorización que permita guiar futuras investigaciones sobre temas similares.⁴

El contexto general del análisis es el de las características de los gobiernos subnacionales de una de las provincias más empobrecidas de Argentina y de la posibilidad que en ellos tienen las expresiones públicas de protesta. Entre quienes han participado en este proyecto hay la convicción de que resultan útiles para este caso imágenes teóricas como ''democracias delegativas'' u otras, propias de las teorías de las transiciones a la democracia (O'Donnell, Schmitter y Whitehead, 1988, entre otros). Justamente, lo que aquí se tratará de mostrar, desde uno de sus ángulos posibles, es la íntima sincretización que existe entre las formas republicano-democráticas y un régimen de intercambio de favores que alcanza a toda la población, aunque en cada escalón cuentan con poderes de regateo y suertes diversas. Como se verá, algo peculiar del caso que se analiza en este artículo es que, en la mayor parte de su despliegue, los actores del movimiento -familiares de las víctimas que iniciaron el movimiento y militantes y organizaciones que lo conformaron- por diversas razones no estaban incorporados plenamente a ese régimen de intercambio de favores, lo que en gran parte hizo posible que actuaran del modo en que lo hicieron. Esa marginalidad inicial no fue obstáculo para el logro de algunos de sus objetivos, pero sí para que ese éxito fuese embrión de sociedad civil, ya que, a cambio de constituirlos en gérmenes de organizaciones no gubernamentales autónomas, el éxito permitió y alentó a gran parte de los líderes y militantes para incorporarse de una u otra forma a dicho régimen aislando al resto, restableciendo el orden que parecían destinados a romper.

El detonante de la reflexión es un movimiento de protesta por el asesinato de dos mujeres en una localidad de la ciudad de Santiago del Estero, Argentina. El hecho ocurrió en el momento en que tanto en la provincia Santiago del Estero como en toda la República Argentina se vivían momentos de transición, que fue parte de la estructura de oportunidades que dieron forma específica al despliegue de los hechos. Pero no ocurrió bajo la modalidad de una estructura que de por sí produjese efectos determinantes lineales. En este, como en todo otro proceso de transición política, la estructura de oportunidades y restricciones no es simple ni se ofrece como un efecto de succión que hace indispensable que ocurra algún evento ni que ocurra de un modo específico. Como veremos, el movimiento de protesta en cuestión se fue haciendo en el andar, y fue ese mismo andar el que permitió crear y aprovechar las estructuras de oportunidades y restricciones dentro de las que se fue estructurando. Hay que tener en cuenta que, en algunos casos, esas estructuras ni siquiera fueron siempre visibles para los participantes sino hasta mucho después de acaecido uno u otro acontecimiento y que, en otros, como en toda acción, los participantes debieron elegir y no siempre lo hicieron en el mismo sentido.

Ahora bien, pese a que el movimiento de protesta será expuesto con cierto detenimiento, lo que se debe destacar es que el eje del análisis no es ese movimiento en sí mismo;⁵ de lo que se trata es de estudiar la relación que ocurrió entre los avatares de dicho movimiento y el régimen cultural-económico-político-social dentro del cual este se desplegó. Esta relación, junto a otras percepciones obtenidas durante la investigación de la que forma parte este estudio nos ha permitido reconocer en este movimiento el lugar en el que pudieron detectarse importantes manifestaciones sobre la constitución de la sociabilidad santiagueña. Por esta razón el movimiento puede pensarse como un estímulo cuyas respuestas son de gran utilidad en el análisis del sistema en su conjunto.

Por último, es importante aclarar que en si bien la lectura de otros trabajos podría dar contexto a la narración, estos documentos no siempre están al alcance de los lectores, por lo que en este artículo se ha procurado reducir el monto de la información a lo estrictamente necesario para la comprensión del asunto que nos proponemos poner en consideración.

El régimen⁶ socioeconómico y político santiagueño

En la provincia argentina de Santiago del Estero las formas republicanas nunca fueron alteradas por movimientos internos que expresasen, con cierta autonomía, la protesta social.⁷ Por el contrario, en los dos únicos casos en los que ocurrieron protestas masivas estas formaron parte de estrategias de integrantes de la élite política.⁸

La paradoja solo es aparente, pues por encima de lo que las leyes y la Constitución dictaban, lo que impedía tanto la existencia de organizaciones sociales autónomas como la independencia y el control entre poderes, era un régimen en el que el intercambio de favores fue siempre capaz de establecer una red de instituciones formales e informales preparadas para resignificar en forma prácticamente absoluta el valor de las instituciones republicanas y las acciones que en ella apareciesen.

Resignificación, es importante tenerlo en cuenta, que si bien dio lugar a discursos de denuncia, estos siempre se limitaron a indicar que el gobierno de turno era el que producía desvíos en la normalidad democrático-republicana; pero esos discursos nunca cuestionaron al régimen cultural-económico-político-social que hacía posible la reiteración de esas formas de gobierno. En tales circunstancias, de un modo u otro, la larga historia provincial hizo posible que, al menos desde los años cuarenta, los gobiernos provinciales actuaran en el seno de un modelo económico social que facilitó que tuvieran el cuasi monopolio de la calidad de empleador, el monopolio de contratos y concesiones de obras y servicios públicos -principal actividad económica ''privada''-, el monopolio para otorgar jubilaciones de privilegio -una forma de intercambio con sectores medios- y el cuasi monopolio de la distribución de planes sociales, que si bien era compartida por el Estado nacional, su autonomía de la injerencia del gobierno provincial en su gestión era relativa, dado que los ejecutores de los planes sociales nacionales eran empleados del gobierno provincial o estaban ligados a él por la red de intercambio de favores.

Esos monopolios y cuasi monopolios daban lugar a decisivos recursos de poder controlados en primer lugar por el titular del Poder Ejecutivo provincial y sus allegados, y que luego se distribuían siguiendo diferentes caminos descendentes hacia los titulares de los gobiernos locales y sus respectivos allegados. Recursos que manejados en forma patrimonial, constituían la base del sistema de intercambio de favores sobre la que siempre se asentó la legitimidad de ejercicio de todos y cada uno de los escalones del gobierno, tanto en sus tres poderes como en los diversos escalones de la burocracia. Por ese motivo, durante un largo periodo convivieron en forma íntimamente entrelazada las instituciones republicano-democráticas -que se expresaban principalmente en los actores electorales- y el citado intercambio de favores. Fue una estructuración sincrética que entre otras razones históricas, puede comprenderse mejor si se recuerda la relación entre gobierno y capacidad de administración de recursos. Es decir, la apropiación y manejo patrimonial de esos recursos que facilitan: a) una estructura partidaria confundida con la estatal que permite y alienta los compromisos y el intercambio de favores personales entre los miembros de los tres poderes, borrando todo esbozo de control horizontal entre los mismos; b) un control casi completo de los medios de comunicación afianzado por acuerdos de élite y por el gasto en propaganda y anuncios oficiales; c) un sistema de cooptación, delaciones, represión policial y persecuciones judiciales que inhibieron cualquier crítica proveniente de los excluidos del sistema, o incluidos en él de forma subordinada, y d) una legitimidad-de-origen sustentada por actos electorales y una legitimación-de-desempeño asentada en la capacidad de regular y satisfacer demandas que se articulan íntimamente, pues siempre son organizadas y ''transportadas'' por una compleja red de dirigentes, amigos y correligionarios hacia los organismos correspondientes y desde ellos a los diferentes estratos de la población.

Esta estructura permitió la conformación identitaria de los actores que, en tanto que en ella siempre fueron socializados,⁹ la actuaban ''naturalmente'' y la reproducían en todos y cada uno de sus actos cotidianos.¹⁰ Comprensión que, autonomizando nuestro imaginario de cualquier alusión a una mera democracia imperfecta, nos ha llevado a entender los acontecimientos estudiados como parte de un régimen cultural-económico-político-social que no es posible comprender utilizando distinciones del tipo público/privado, gobierno/sociedad u otras por el estilo, a la que no solamente nos acostumbra la literatura predominante sino, incluso, nuestras vivencias en otras provincias, como Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Fe; provincias en las que, pese a sus hibridaciones, esas distinciones son efectivas en la vida cotidiana y en el quehacer político. Aunque, y esto es parte importante de la cuestión, así como a nosotros, como investigadores, nos fue -y aún nos sigue siendo- difícil dejar de lado esas categorías usuales, ellas también forman parte de los sectores más o menos cultos de la sociedad santiagueña. A tal punto, que lo antes indicado no es obstáculo para que esos actores por fuerza de la inercia y la necesidad de participar de una república federal y republicana, utilicen en toda ocasión los conceptos sociedad civil, sociedad, clientelismo y otros por el estilo¹¹. Esto permite entender por qué, formalmente, tanto en el discurso de los actores como en la organización institucional pueden encontrarse rasgos que no son muy diferentes a los proclamados por las doctrinas republicano-democráticas.

Así, fundada en esas combinaciones, se produce una organización social, cultural, económica y política que proponemos describir como un abigarrado conjunto de cadenas -y redes de cadenas- cuyos eslabones son más poderosos, reducidos e interconectados a medida que llegamos a su extremo superior. En este extremo reina una élite patrimonialista,¹² cuyas familias obtienen sus ingresos, directa o indirectamente, de las operaciones gubernamentales, y que mediante la amistad y el intercambio de favores que las unifican cuidan celosamente la estabilidad de las redes en que están insertas o en las que pueden llegar a insertarse. Es en ese contexto que, producto del abigarrado sistema de intercambio de favores y el carácter ''público'' de sus recursos de poder, se produce como efecto que la estratificación social, respecto a los modelos clásicos, cobre rasgos singulares en sus modos tanto de reproducción como de interacción. Por ello es que -aun a sabiendas de que no es frecuente en los análisis sociopolíticos-esperamos que ''la imagen reticular'' tenga la virtud de evocar un sistema relaciones en el cual, sin romper con las jerarquías económico-sociales, todos establecen dependencias mutuas. Estas dependencias se reproducen y ponen a prueba en el transcurso del tiempo y crean un sistema fáctico -en tanto no regulado por leyes escritas de obligaciones mutuas, dentro del cual se conforman las identidades. Es preciso mostrar al lector, con el detalle que un artículo de estas características permite, el cuadro de relaciones resultante porque no es ajeno al modo en que se desplegó el movimiento objeto de este análisis.¹³

Como ya se dijo, la vigencia formal proclamada en cada acto público y en los comentarios e informaciones de la prensa provincial hacen que, aun cuando conocida en los hechos, la red de intercambio de favores no se relacione en el discurso cotidiano con la estructura del régimen frente al cual aparecen, en el mejor de los casos, como desvíos particulares. Esta forma de comprender dichas relaciones hace del intercambio de favores una presencia intrascendente en la configuración mental de los ciudadanos, que las actúan sin tomar conciencia de sus significados. Por esta razón es totalmente comprensible que en las conversaciones, entrevistas y artículos periodísticos el denominado clientelismo se utilice como un epíteto descalificador. En efecto, en cada una de las acusaciones que se cruzan entre sí los adversarios políticos, la acusación está presente de uno u otro modo; pero en ningún caso, dado que ''los peces no conocen nada del agua en la que habitan'', la alusión al clientelismo es asumida como forma de existencia de las relaciones sociales provinciales. Por el contrario, el que acusa al otro de clientelismo no solo crítica ese formato de relaciones sino, por el mismo hecho de utilizarlo como adjetivación negativa, se constituye performativamente en ajeno a dicha práctica, que por lo tanto no es reconocida como parte de la configuración de relaciones de la que forman parte. Así, para cualquiera, en el peor de los casos, la caracterización global de las relaciones santiagueñas es la de una democracia imperfecta. Mientras que cada actor actúa como si sus prácticas se ajustaran al respeto de los derechos ciudadanos, subentendiendo la vigencia de las normas sancionadas por la Constitución y, con ellas, la clara y bien garantizada separación entre lo público y lo privado, etcétera. Respetos y separaciones entre la esfera de lo público que, insistimos, no existen en las prácticas cotidianas, en las que la lógica jurídica por lo regular es instrumentada y violentada en su letra o en su espíritu por la participación de los miembros de los tres poderes en el intercambio de favores que articula el régimen.¹⁴ Se puede ejemplificar lo anterior en algunos de los siguientes casos.

1. En los liderazgos barriales, a cargo de captar las necesidades de la población cercana y gestionar su satisfacción. En esta tarea algunos habitantes del lugar reúnen vocación, militancia y modo de satisfacer las propias necesidades psicosociales y económicas a través de integrarse, junto con sus vecinos, en la base de las cadenas de intercambio de favores en la que el trueque de favores por votos es solamente una de sus manifestaciones (Vommaro, 2007 y 2009).

3. En las prácticas electorales (Schnyder y Godoy, 2006; Silveti y Salera, 2001; Silveti y equipo CICYT-UNSE, 2003; Silveti et al., 2004; Silveti, 2002, 2004, 2006a, 2009).

4. Incluso puede sorpresivamente reafirmarse en las conversaciones en las que el dueño de un negocio suspende la atención a su clientela habitual para responder a un llamado en el que se le solicita que ponga a disposición de determinado dirigente alguno de los recursos de su patrimonio comercial, artesanal o personal.

5. También se manifiesta en las conversaciones que se pueden escuchar en organismos no gubernamentales barriales, en unidades básicas o comités partidarios, en una charla banal en un bar o en una casa particular, entre personas de clase media o alta.

Esas y otras manifestaciones, en las que sería forzado introducir la distinción público-privado y sus homólogas, obedecen a una legalidad mucho más efectiva que aquella sancionada por la Constitución, ya que es la que tiene verdadera capacidad para disciplinar. En este contexto, tampoco el acto electoral puede ser pensado con las categorías de la democracia republicana -ni siquiera en sus postulados elitistas-, pues su lógica está absolutamente marcada por las redes, a las que antes se hizo referencia. Lo electoral deja de ser un mecanismo de ''representación ciudadana'' para convertirse en un mecanismo por medio del cual se dirimen las luchas por el control legítimo de los recursos gubernamentales; una técnica adecuada a la forma de circulación de élites propias de la hibridación antes señalada.

Es preciso mostrar este cuadro al lector con el detalle que un artículo de estas características permite, porque no es ajeno al modo como se desplegó el movimiento al que se refiere este texto. Ha sido justamente la fortaleza hegemónica de ese régimen lo que permitió que, al menos hasta hoy, se ejerciera el poder sin grandes crisis, dado que todos o casi todos los que participan del régimen conciben sus intereses y luchan por ellos desde el interior de su lógica y no están dispuestos a romper con ella, en tanto forma parte de las identidades en las que se han socializado. Este rasgo será de gran importancia para la comprensión del movimiento social analizado aquí, ya que dicha protesta fue el primer desafío que enfrentó un gobierno santiagueño desde los márgenes del sistema descrito, lo que puso en peligro su fortaleza. El modo de su desmoronamiento fue producto de ese carácter del régimen, que le permitió incorporar¹⁵ a gran parte de sus dirigentes y participantes, al mismo tiempo que desconcertó al resto.

El juarismo¹⁶

En ese contexto de patrimonialismo y sostenimiento de las formas republicanas, una de las figuras más conocidas, representativas y capaces de imprimir un estilo propio por sus dotes de caudillo fue Carlos Juárez. En 1949, cuando era aún muy joven, fue elegido gobernador y fue desde ese momento una figura importante y de inevitable consideración hasta su derrocamiento. Con intermitencias, fue cinco veces gobernador y, en otras tantas, senador nacional. Durante los gobiernos de facto mantuvo su influencia a través de establecer alianzas locales, en particular, aunque no de manera exclusiva, por intermedio de un grupo de origen demócrata cristiano, uno de cuyos más prominentes representantes ejerció la gobernación durante las dos últimas dictaduras. Por esta razón se convirtió en un ''emblema de poder'' de tal fuerza que casi todos los analistas de la política santiagueña tendieron -y muchos aún tienden- a adjudicarle a su personal e indiscutible carisma los rasgos de un sistema que han sido y siguen siendo mucho más resistentes que su propia capacidad de mantenerse en el gobierno y aun que la de mantenerse con vida.

Decir lo anterior no implica negar que Juárez -quien junto a su esposa dominó el panorama político en la época en que se produjo el movimiento de protesta que nos ocupa- llegó a exacerbar en grado extremo algunos de aquellos rasgos, al menos en lo que respecta a:

1. Los acuerdos entre los partidos y sus miembros en pro de repartir el poder político y económico entre los integrantes de las élites patrimonialistas, así aludidos por basar sus ingresos económicos y sus poder y prestigio político en la capacidad de manipular los ingresos gubernamentales.

2. El clientelismo de las clases media y baja, asegurado por el monopolio estatal casi total en la provisión de empleo y planes sociales, que siempre fue usufructuado política, social y económicamente por los miembros de las élites.

3. Las alianzas que unían los intereses de los diferentes sectores de la élite política y económica.

4. Las inversiones que hacían los gobiernos para la publicidad de sus actos y los acuerdos de hecho sobre otras muchas cuestiones.

5. El control de los medios de comunicación, en los que solo ocasionalmente se permitía la aparición de algunas voces críticas.

6. El control de la selección y pago a los proveedores de servicios al Estado.

7. La voluntad para operar el nombramiento de los miembros del Poder Judicial.

8. El reparto clientelar de las obras públicas y servicios al gobierno y tierras fiscales.

9. El uso discrecional de las tierras fiscales y los montes naturales y apropiación o explotación que se permitía a quienes apoyaban al gobierno o a algunos de los miembros de este.

11. El control partidista sobre el bloque mayoritario de legisladores.

12. Un sistema de cooptación, delaciones, represión policial y persecuciones judiciales que impedía -e impide aún- en los hechos, las prácticas disidentes en la mayoría de los casos.

13. Las reformas a la Constitución, que permitían manipular los tiempos políticos.

14. La represión, directa o indirecta, de protestas que pudiesen amenazar abiertamente su liderazgo.

15. En los últimos años, apoyado por el Poder Legislativo, la manipulación del calendario electoral, con el propósito de facilitar el triunfo de los candidatos propios.¹⁷

Por lo tanto, no es de poner en duda que sus rasgos carismáticos y su intensa vocación de poder¹⁸ reforzaron el régimen de intercambio de favores del que hablamos. Sin embargo, al mismo tiempo, no hubiesen podido mantenerse sin que rigiera la estructura global en la que él existió aun cuando no ejercía el gobierno. En realidad, fue ese régimen de intercambio de favores y dependencias mutuas de desigual jerarquía lo que hizo posible que, aun perteneciendo a partidos diferentes y encarnando conflictos por asegurar mejores ubicaciones en los distintos escalones del gobierno provincial o municipal, todos o casi todos compartiesen un mismo modo de concebir la acción política (Silveti, 2007).¹⁹ Esto es significativo.

El juarismo en su último periodo

En esa época, la mayoría de los partidos de la oposición pocas veces llegaban a ofrecer resistencias sostenidas respecto de esas arbitrariedades; algunos se mantenían en silencio en la mayoría de los casos, debido a sus reiterados compromisos con el partido gobernante en la provincia -sobre todo a partir de 1995 y con mayor intensidad luego de 2001-, gracias a los cuales compartían zonas de influencia. Esto resultó en un reparto peculiarmente notable pues el Partido Justicialista juarista prácticamente se abstenía de competir seriamente por el control de los gobiernos municipales de Santiago del Estero y La Banda, ejercidos por los candidatos de la Unión Cívica Radical o de alguna de sus fracciones (Silveti et al., 2004: 4). Esto muestra que las élites sabían compartir áreas de influencia sin destruirse mutuamente. En otros casos -los menos, por cierto- la dirigencia partidaria escasamente disponía de prensa para expresar sus resistencias.

Las marchas

Las denominadas ''marchas por la verdad y la justicia'' iniciaron al poco tiempo de haberse descubierto los restos de dos mujeres, Patricia Villalba y Leyla Bshier Nazar, desaparecidas pocos días antes, en distintas fechas.²¹ Sus restos se encontraron, uno descuartizado y el otro con muestras de tortura, apenas ocultos entre matorrales en un paraje denominado La Dársena, no demasiado alejado de zonas pobladas de la ciudad de La Banda. Por esta razón al hecho se le conoció popularmente como ''El doble crimen de La Dársena''.

Vamos pues a la descripción del movimiento, que presentamos a través de los rasgos asumidos en las cuatro etapas²² que es posible diferenciar en el transcurso que fue desde sus comienzos hasta su desmembramiento y derrota final; al menos si se considera el éxito o derrota del movimiento en relación con el objetivo que le diera origen. La primera de esas etapas se inició en febrero de 2003, apenas aparecieron los cuerpos de Patricia y Leyla. Las marchas se repitieron regularmente durante 70 semanas en las que se pueden distinguir dos etapas principales, auge y decadencia, que coincidió con la intervención federal a la provincia. Luego de dicha intervención, el grupo que continuó movilizado en pro de los objetivos iniciales se redujo drásticamente (se mantuvieron algunos familiares de una de las víctimas y otros militantes que acompañaron a esa familia desde los comienzos de su incorporación a la protesta). Sus dificultades y el dudoso juicio con el que el gobierno provincial dio fin formal al evento, enmarcaron la cuarta etapa.

La primera etapa

Ese tipo de asesinatos no era una novedad en la historia santiagueña, como tampoco lo era que esos hechos quedaran sin la correspondiente atención judicial. Por ende, la primera reacción de la población no se diferenció de la de otras ocasiones: comentar las noticias sin ninguna esperanza de que aparecieran los autores de los crímenes. Por eso, los rumores sobre el asunto, más que augurar una reacción, le daban al hecho un carácter de déja vu, pues el crimen se atribuía a los denominados ''hijos del poder'', razón suficiente para que nadie pensara en reclamar justicia con probabilidades de éxito.²³ Pero justamente fue eso lo que en esta ocasión no sucedió y fue la ruptura de esa tradición una de las razones que torna importante el tema de este artículo relativo al margen de posibilidad de que se produzcan cambios debido a la movilización popular.

Para denunciar el asesinato de su hija y su disposición a luchar por el esclarecimiento del mismo, el padre de Leyla Bshier Nazar, Younes Bshier, un hombre viudo, decidió permanecer de pie cada semana en una esquina de la plaza central denominada Libertad, en compañía de familiares de quien fuera su esposa.

Al comienzo, a diferencia de la familia Bshier, los integrantes de la familia Villalba²⁵ no pensaron en movilizarse pues, como luego habrían de narrarlo, participaban del fatalismo santiagueño respecto a las escasas posibilidades de alcanzar justicia.²⁶ Sin embargo, el lazo que la madre de Patricia, Olga Villalba, y su familia mantenían con los miembros de la Pastoral Social de la Parroquia La Sallette, ubicada a pocas cuadras de su casa en la ciudad de La Banda, permitió que los miembros de dicha organización establecieran contacto con ella y que, primero un sacerdote de origen estadounidense y luego uno de sus integrantes laicos,²⁷ se transformaran en consejeros y guías hasta lograr que ella y sus familiares superaran la primera reacción de aislamiento y se decidieran a demandar que la justicia interviniera eficazmente para aclarar los crímenes.

De ese modo, las organizaciones católicas, con el obispo incluido, fueron las primeras instituciones en dar apoyo a las marchas. Por esta razón vale caracterizarlas, pero sobre todo porque su acción será diferente a la que luego observarán otras organizaciones a las que se aludirá más adelante.

La Pastoral Social y las Comunidades Eclesiales de Base son organizaciones que incluyen sacerdotes, laicos religiosos y, en ciertos momentos, a la propia cúpula de la Diócesis de Santiago del Estero de la Iglesia católica. A ellas se suma la Secretaría Diocesana para los Derechos Humanos,²⁸ que colabora con la población, sobre todo en el campo de actividad que su nombre indica.²⁹ Las referidas organizaciones se habían fortalecido notablemente a partir del inicio de los años noventa, en el periodo inaugurado por el entonces obispo de Santiago del Estero, Gerardo Sueldo,³⁰ quien conforme a tradición de los llamados curas del tercer mundo, se caracterizó por su fuerte vocación por la justicia social y su valiente disposición a enfrentar el poder de Juárez.

Aún durante su vida y más todavía luego de su muerte, la mayor parte de esas organizaciones se habían dedicado a tareas asistenciales hacia los miembros de la parroquia a la que cada una de ellas pertenecía y, en el mejor de los casos, a crear líderes o personas capacitadas para resolver algunos de los problemas asociados a la pobreza o indigencia. Pero algunas de ellas, sin abandonar esta actividad, se fueron distinguiendo dentro del grupo original por el mayor grado de politización incluido en su accionar, lo que los llevó a enfrentar al gobierno. El señor Alarcón³¹ comenzó su relación con la familia Villalba porque militaba en la Pastoral, aun cuando no fuese creyente. Su indignación y su vocación militante lo convirtieron en el líder principal del movimiento. Aunque pocos fueron los recursos económicos y organizativos que recibió de las comunidades católicas, siguió en relación con ellas durante todo el curso de los acontecimientos, aun cuando dejó de participar en sus reuniones para dedicarse exclusivamente a las tareas de dirección. Su aliento incidió de forma contundente en la participación de la señora Olga Villalba, madre de Patricia, quien con el tiempo se transformó en una lideresa de gran empuje.

A partir de esa incorporación, las marchas no solo ampliaron sus adherentes sino que se consolidaron organizativamente. Durante los meses de marzo y abril de 2003, siguientes al del crimen, el plantón de Younes Bshier se convirtió en una sucesión de marchas en las que todos los viernes sus integrantes -que al principio apenas redondeaban unas 30 personas, entre las que se contaban los familiares de las víctimas, algunas integrantes de las Madres del Dolor y miembros de agrupaciones de derechos humanos, principalmente del Obispado de Santiago del Estero- pedían justicia caminando alrededor de la Plaza. La militancia que no terminaba ahí, pues durante la semana los familiares, los dirigentes ya citados y otros colaboradores se repartían el trabajo de gestionar ante las autoridades policiales y judiciales que el caso fuese tomado como correspondía. Durante este periodo, esas acciones solo consiguieron someter a sus gestores a agotadoras e infructuosas esperas en los tribunales o la despiadada burla de los integrantes de los cuerpos policiales. Ni siquiera impidieron que la movilización siguiera chocando contra la activa indiferencia de los medios de comunicación locales, los miembros de los tres poderes y, salvo poquísimas excepciones, de toda la élite política. La influencia del cambio en la situación nacional no había impactado aún en la política santiagueña, pues el presidente de la nación, Néstor Kirchner, tenía poca fuerza dentro de su partido, que permanecía bajo la hegemonía de las viejas élites, comandadas por el expresidente Eduardo Duhalde.

Convencido de que en la provincia nada podrían lograr, el señor Bshier arriesgó una nueva jugada para llevar el caso ante autoridades nacionales en la capital federal. Fue una acción audaz por tres razones: por una parte, según indican los testimonios recogidos, Bshier no era una persona cuyo capital cultural le permitiera manejarse en el ámbito de las relaciones políticas nacionales, como pretendía; además, no contaba con recursos económicos propios³² suficientes como para pagar viaje y estadía; por último, hasta donde hoy se sabe, tampoco tenía las relaciones políticas o sociales que le garantizaran que sería atendido. Sin embargo, tal como lo relata Silveti (2006b: 184):

Una vez allí, casi sin dinero ni nombres clave a los que recurrir, se puso en campaña para, muy trabajosamente, lograr contactos que apoyasen sus gestiones; hasta que, finalmente, a través de un legislador santiagueño del Movimiento Cívico y Social-Afirmación para una República Igualitaria (Mociso-ARI), se conectó con la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación, consiguiendo que sus miembros escuchasen el relato de lo sucedido. Éxito que, poco más tarde, se incrementó cuando obtuvo un improvisado diálogo con periodistas [...] a partir de que se publicó una nota sobre tales acontecimientos.

Estos éxitos no fueron seguidos de una mayor colaboración de las autoridades nacionales, por varias razones:

1. Los cambios en el gobierno federal eran muy recientes y el gobierno era aún electoralmente débil, pues había sido votado por una mayoría muy escasa de electores.

2. Una debilidad incrementada por el escaso apoyo al interior de su propio partido, motivo por el cual gran parte de los miembros de su gobierno impulsaban alianzas con los viejos miembros de la élite

3. El gobernador Juárez había apoyado la candidatura de Néstor Kirchner.

4. Los asesinatos de dos muchachas de bajos recursos eran apenas un desgraciado episodio que se sumaba a los cientos de asesinatos ocurridos a lo largo y ancho del país y se sumaba a las dificultades que los miembros del Poder Judicial nacional y otros integrantes de la burocracia, desde sus diferentes niveles tenían para colaborar eficazmente en ese tipo de casos.

5. Muchos de los analistas políticos de los dos grandes periódicos de circulación nacional pusieron el grito en el cielo ante la posibilidad de que se reabrieran los juicios a los militares responsables de muertes, robos y secuestros ilegales ocurridos durante el denominado Proceso de Reorganización Nacional.

Todo lo anterior contribuyó a que en el periodo los esfuerzos del Ejecutivo nacional se volcasen principalmente a asegurar su propio poder de decisión política.

Así pues, durante esta primera etapa, el crecimiento fue lento y lleno de dificultades, solo superadas por dos propósitos: el primero, enunciado por el nombre con que el movimiento se autodenominó, ''Movilización por la justicia y esclarecimiento del doble crimen'', y el segundo, la esperanza, alentada por su principal animador, el señor Alarcón, exdirigente cordobés y el grupo más politizado de los activistas católicos, ser fundamento de una posible generación de instituciones que generaran conciencia en las propias capacidades de la gente para gestionar sus problemas sin la dependencia del Estado. O, como lo sintetizó Alarcón en una entrevista: ''... nosotros planteábamos 'participación de la gente' y el juarismo planteaba 'no a la participación de la gente'...''.

... bueno, nosotros siempre estamos en contacto [.] era un contacto anterior, entonces teníamos los teléfonos, sabíamos a qué hora podíamos llamarnos, más o menos cuál era la dinámica de trabajo de unos y otros, en qué lugares podíamos reunirnos [.] en 2000 tuvimos mucho trabajo, más o menos hasta mitad de año. Luego, un poco por diversas razones, sobre todo de índole política, ehhh! por la presión del gobierno de Carlos Juárez, por la presión del poder económico provincial, no es que nos desactivaron sino que, bueno, teníamos que ocuparnos de un juicio que teníamos sobre nuestras espaldas y, bueno, entonces dejamos de reunirnos continuamente [...]

Fue en esa coyuntura de relativo debilitamiento de sus capacidades de acción cuando, al terminar una de sus reuniones, vieron pasar cerca de ellos la marcha que habitualmente hacían los miembros del movimiento de protesta y se incorporaron espontáneamente a ellas: ''Y bueno, nos comunicamos con los familiares de las víctimas, tanto con el Sr. Bshier, como el matrimonio Villalba y ellos estuvieron totalmente de acuerdo de que comenzáramos a participar''.

El hecho es digno de una consideración por separado, pues puede considerarse que con el triunfo de la línea impulsada por estas y otras organizaciones se inicia la segunda etapa del movimiento. Pero antes de pasar a esa segunda etapa conviene, a los propósitos de este artículo, enfatizar en algunos rasgos que, a nuestro entender, marcaron a las marchas en sus posibilidades iniciales y en uno de sus lances definitivos.

Los primeros actores no estaban insertos en la trama de intercambio de favores por tres razones que hacen a los perfiles de cada uno de ellos:

1. Bshier era un migrante que aún no se había incorporado totalmente a las pautas culturales del lugar, aunque sí lo había hecho una de sus familiares que, justamente por pertenecer a una de las organizaciones del Partido Justicialista dirigido por Juárez, debió abandonar la protesta.

2. Los Villalba, tanto por razones ideológicas como por el tipo de trabajo autónomo del padre de Patricia, eran ajenos a esa trama.

3. Tanto por razones ideológicas, como por su carácter de trabajador autónomo, un militante de antigua raigambre marxista como Alarcón, no estaba socializado en las prácticas culturales dominantes en la provincia.

]]> 4. Las organizaciones eclesiásticas, influenciadas por la teología de la liberación, rechazaban activamente dichas prácticas y tendían a construir organizaciones autónomas. Al mismo tiempo, en todos los casos, aunque con matices y razones diferentes, su protesta iba contra la ausencia de justicia en el caso del doble crimen y, desde esa preocupación eran antagonistas al juarismo y a todas sus prácticas.

Sin embargo, la capacidad operativa de todos se limitaba a la voluntad y capacidad de relación demostrada por el señor Bshier, la experiencia y vocación de servicio invertida en el movimiento por el señor Alarcón y la prédica de algunos sacerdotes. Faltaban otros recursos, como lugares de reunión, relaciones con otras organizaciones y experiencia organizativa.

La segunda etapa

La segunda etapa comenzó cerca del cuarto mes, cuando sucedía la marcha número 16. Su principal característica fue una renovada masificación que despertó esperanzas -tal como lo manifestaron los entrevistados y pudo captarse por medio de la observación participante-, pero en tanto el crecimiento en gran medida, fue efecto de la incorporación de las organizaciones antes aludidas, esas nuevas incorporaciones también acarrearon condicionamientos antes inexistentes. Dichas condicionantes serán sintetizados hacia el final de la narración de esta etapa, pues para su mejor comprensión, es importante caracterizar a las organizaciones que fortalecieron el accionar de la protesta.

Las organizaciones opositoras preexistentes³⁴

Pese a lo adverso de las condiciones en que se desempeñaban, durante muchos años existieron organizaciones que se manifestaban abiertamente en contra del gobierno de Juárez. Entre esas organizaciones de oposición y resistencia pueden citarse a las siguientes, por su mayor notoriedad y participación en los hechos analizados:

En el campo gremial la acción política contestataria siempre fue de difícil concreción en Santiago del Estero, debido a la relación existente a lo largo de muchos años, entre los dirigentes gremiales y los miembros de las élites políticas y económicas. Sin embargo, esa norma tuvo las siguientes excepciones: Círculo Santiagueño de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Cisadems), Círculo de Prensa de Santiago del Estero, Central de Trabajadores Argentinos de Santiago del Estero, Asociación de Trabajadores del Estado, Asociación Sindical de Empleados Judiciales, y Asociación de Extensionistas Rurales de Santiago del Estero.³⁵ Cada una a su manera, estas organizaciones siempre contaron con una dirigencia dispuesta no solo a luchar por los intereses gremiales sino también contra los atropellos políticos autoritarios, poniendo en juego su combatividad en distintos acontecimientos, al punto de que se convirtieron en el símbolo, en el campo sindical, de la oposición posible.

En el campo de la lucha por los derechos humanos -contra el gatillo fácil y la inacción judicial- la principal organización era la Asociación Madres del Dolor, que se reunía con frecuencia para protestar contra las violaciones sufridas por sus parientes, principalmente a causa de la acción policial.³⁶ Esta organización era, hasta ese momento, aunque limitada en el número de sus adherentes confesos, un símbolo que había corporizado la denuncia más directa contra toda violación de los derechos civiles, como parte de los derechos humanos, de la población santiagueña junto con la Asociación Permanente por los Derechos Humanos.

En el campo de las organizaciones profesionales y empresariales la defensa de derechos corporativos siempre estuvo limitada por el poder del gobierno para conceder, quitar o dificultar el desempeño de los miembros de la clase empresarial. Sin embargo, esto no impidió que la Federación de Profesionales Universitarios de Santiago del Estero (FEPUSE) junto a la asistencia a sus miembros y la permanente vigilancia de los derechos corporativos, se fuera constituyendo en una organización con mucha influencia en la opinión pública, sobre todo de clase media. Ese papel también fue desempeñado por otras organizaciones, como la Cámara de Comercio e Industria, la Federación Vecinalista de Santiago del Estero y la Cámara Hotelera, cuyos miembros habían sido ofendidos de un modo u otro por la manipulación de las concesiones y exigencias del gobierno juarista.

En distintos momentos, esas organizaciones se sumaron a las marchas que contaron además con la participación de actores culturales locales y estudiantes de secundaria, así como universitarios. En este contexto, el fin de la primera etapa fue seguido por un movimiento que cada semana cobraba mayor masividad, lo que amplió significativamente sus medios de difusión. Cada organización, a su modo, movilizó sus recursos y mancomunadamente sumaron una fuerza militante dispuesta a trabajar y a difundir noticias, así como su experiencia organizativa, sus locales para reuniones, máquinas de escribir, computadoras, recursos de internet, contactos a nivel nacional, entre otros recursos. Por entonces, el medio privilegiado para dichas acciones de propaganda fueron las radios comunitarias locales y los contactos logrados por medio de redes interpersonales e incluso contactos con medios de información nacionales, cuya eficacia se incrementó más adelante.

De allí que pueda decirse desde esta perspectiva, que fueron sus participantes y organizadores los que hicieron de esas acciones un acontecimiento cuyo peso les permitió: incrementar la visibilidad de la protesta hasta en las principales esferas del gobierno nacional; obtener un cambio de orientación, al menos parcial, de la prensa —primero de la nacional y luego de los medios locales no comunitarios— y proveer otros recursos básicos a los que hacen referencia Charles Tilly (1990: 167) y Tarrow (1997: 164) al describir los elementos que posibilitan una acción social colectiva. La provisión de recursos al mismo tiempo, les dio mayor capacidad de injerencia en el curso de las marchas, como se irá viendo.

Desde esta perspectiva es interesante destacar lo que una dirigente gremial que participó en los acontecimientos relatados cuenta:

... nos empezamos a reunir y es así como pusimos a disposición de esta causa a toda nuestra gente, en el buen sentido de la palabra: afiliados, asociados, amigos, familiares, etcétera [.] porque esto iba más allá de la protesta de cada uno de los sectores que participábamos y hasta, aunque fuera doloroso, más allá de las dos muertes.³⁸

Este último señalamiento sintetiza una diferencia con el modo en que los integrantes de las marchas entendieron sus objetivos en la primera etapa.

Dada la vocación de las organizaciones preexistentes, el ''nosotros'' que desde entonces pudo reunir a participantes y simpatizantes fue construido gracias a largos debates que dieron por resultado una asociación paradigmática entre la demanda de justicia por el doble crimen de La Dársena y el propósito de derrocar al gobierno juarista. Pero ese ''nosotros'' implicó también tensiones debido a que el enemigo de estas organizaciones no era el Poder Judicial, ni su objetivo principal el logro de una investigación y un juicio legítimo respecto al doble crimen, según lo exige el derecho: el enemigo eran ''los Juárez''. Sobre este último tema, Alarcón narró:

... nosotros cambiamos sobre la marcha algunas cosas. Al principio queríamos, hablamos de que queríamos la intervención del Poder Judicial, yo estaba convencido de eso en un primer momento. Estaba convencido como una estrategia para empezar, es decir, con un Poder Judicial que lo intervenga la nación, que podamos empezar con profundidad [...] de ahí los podés meter en cana a todos juntos. En eso, en general muy poca gente nos acompañó, sobre todo los grupos, y hablaban de toda la intervención en toda la provincia y después dijimos, bueno si todo el mundo quiere la intervención en la provincia, bueno, vamos a pedir la intervención en toda la provincia, pero no sé si te acordás, nosotros todo el discurso en un primer momento era la intervención al Poder Judicial.

1. Imputar a Musa Azar, jefe de la policía ''brava'', causante de innumerables atropellos y cuyo nombre aparecía ligado a sospechas de la participación de importantes personajes, al menos en el encubrimiento de los asesinatos.

2. Investigar a Carlos Pololo Anahuate, diputado provincial, candidato a diputado nacional en 2003 y reconocido dirigente juarista de la rama de la juventud, al que también se consideraba presunto implicado.

El cambio de demandas habría de culminar más tarde en que se pasara de la demanda de intervención al Poder Judicial provincial a la exigencia de intervención federal a la provincia.

Así, mediando la segunda etapa con esas u otras consignas parecidas, la convocatoria fue creciendo y como manifestación de ello puede citarse la marcha del viernes 6 de junio, realizada con pancartas y en la oscuridad, debido a que la compañía eléctrica, como sucedió en muchas otras marchas, cortó el flujo eléctrico en esas horas sin aclarar nunca por qué eso sucedía solamente en la zona central de la capital. Al respecto, una dirigente gremial de activa participación en la organización nos relató:

... se apagaban las luces para que uno no pudiera enchufar aparatos eléctricos. O sea, esa fue la actitud del entonces intendente capitalino Zamora, durante toda su gestión. Toda su gestión [...] nosotros utilizábamos la luz de la Catedral porque, como dije anteriormente, teníamos todo el apoyo de monseñor Maccarone, obispo de ese entonces, y bueno, no, no había luces, así, ¡así! [...] No había una respuesta lógica. Simplemente no había luces. No había luces.

Sin embargo, no fue obstáculo para que en las siguientes marchas se reuniesen cerca de mil personas y personalidades nacionales de relevancia como los padres³⁹ de Sebastián Bordón, de María Soledad, de Natalia Melmman, de Miguel Bru y Raúl Sabhag, que abanderaban causas similares, así como el hermano del fallecido obispo Sueldo, y que luego se integraran Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz, y Marta Pelloni, famosa por el caso ya citado de María Soledad. Al mismo tiempo, crecieron las adhesiones por escrito de otras organizaciones nacionales. Las marchas, por otra parte, siempre contaron con la expresa adhesión del obispo Maccarone, titular de la Diócesis de Santiago del Estero, quien en varias misas oró públicamente por las víctimas acompañado de la feligresía. El crecimiento también implicó la adhesión manifiesta de organizaciones políticas nacionales, como ocurrió, por ejemplo, en la marcha del viernes 26 de junio, en la que se integraron representantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación, su presidenta, Marcela Bordenave de Argentinos por una República de Iguales y Atilio Tazziolli del Frente País Solidario (Frepaso), quienes, en declaraciones públicas, no descartaron la necesidad de intervenir al Poder Judicial, dada su evidente renuencia a conducir una investigación seria y por su clara dependencia del Poder Ejecutivo provincial. Al mismo tiempo, los secretarios de Justicia y Derechos Humanos de la nación, Pablo Lanusse y Eduardo Luis Duhalde, entregaron ante la Comisión de Derechos Humanos de Diputados un informe⁴⁰ sobre la situación judicial y policial de Santiago del Estero que documentaba gravísimas y reiteradas violaciones a los derechos humanos. El informe concluía recomendando al órgano legislativo la intervención del Poder Judicial de la provincia.

En ese contexto, los organizadores decidieron incrementar el área de influencia propagandística de sus acciones cambiando el punto de partida de las marchas, que desde entonces se trasladó a la ciudad de La Banda,⁴¹ en cuya periferia fueron encontrados los restos de las dos jóvenes asesinadas y en la que vivió Patricia Villalba junto a su familia. Esta decisión, por supuesto, aumentó la visibilidad y posibilidad de impacto sobre sectores más amplios de la población, ya que el recorrido desde entonces fue mucho más extenso y pasaba cerca de barrios cuyos habitantes no habían presenciado previamente la protesta. El día que comenzó el nuevo recorrido marcharon aproximadamente tres mil personas,⁴² mientras que, a la misma hora, se realizaron marchas en las principales ciudades de la provincia, como Fernández y Añatuya, gracias a la acción de organizadores locales que, como ocurriera con las antes citadas, comenzaron a ver en la movilización una expresión de la lucha cercana a la que ellos habían llevado adelante durante mucho tiempo.

A diferencia de otras provincias, las actividades culturales y conmemoraciones históricas no habían sido frecuentes en Santiago. Pero en esta ocasión, con mayor o menor empeño, ningún santiagueño podía dejar pasar ese día sin festejar, ya que el aniversario recordaba a todos los habitantes de la nación que en Argentina, Santiago del Estero poseía la alcurnia de ''madre de ciudades''. A esto se agregaba que, en dicho festejo, la gobernadora —esposa de Juárez— tendría ocasión de mostrar su liderazgo.

La marcha ocurrió gracias al decidido compromiso con la causa del obispo Maccarone, quien conociendo la historia de atentados y asesinatos que segaron la vida de otros pastores, no podía ignorar que su participación no solo ponía en juego su vida sino que implicaba a la Iglesia católica en un tipo de lucha que a la jerarquía eclesiástica argentina,⁴³ íntimamente ligada a las élites tradicionales, no le place jugar.⁴⁴

La marcha comenzó el día 25 en la ciudad de La Banda y se dirigió hacia el atrio de la Catedral en la plaza central de la ciudad de Santiago, encabezada por el obispo Maccarone y 50 sacerdotes vestidos con túnicas blancas. Al acercarse a ella, la oscuridad de la plaza era rota únicamente por la amplia iluminación de la sede episcopal, que brillaba con todo el esplendor de sus luces, lo que incrementaba la emotividad de las escenas que se fueron sucediendo y que culminaron cuando el obispo Maccarone, separándose de la columna, se dirigió al altar, desde donde ofició la misa en conmemoración del aniversario.

Llegado el momento del sermón, tanto los que pudieron encontrar lugar en el interior del edificio sagrado como quienes se quedaron afuera por falta de espacio, escucharon las palabras del obispo por medio de altoparlantes que obtenían corriente eléctrica desde el interior de la misma catedral. Así, todos pudieron experimentar en cuerpo propio el impacto de las palabras con que el obispo de Santiago renovó la denuncia de la injusticia que permitió desde los tres poderes del Estado, que se conformara una barrera premeditada para impedir el esclarecimiento de los crímenes que ocasionaron la protesta y de muchos otros atropellos semejantes.⁴⁵

Dado el impacto del acto, para pocos era viable la permanencia de la gobernadora en su cargo. El realineamientos en el seno de la élite santiagueña se reflejó visiblemente en que su principal periódico, El Liberal,⁴⁶ le dedicó media página a reseñar el acto, reconociendo que la magnitud de la concurrencia había rondado las 15 000 personas. La noticia, como era de esperar, se regó por todo el país debido a la intensa cobertura realizada por los medios masivos de comunicación. El Liberal y su tono señalaban claramente el explícito realineamiento público de miembros de gran peso de la élite provinciana; sin embargo, ninguno de ellos tuvo participación directa en los actos.

Ciertamente, la cifra de asistencia indica no solo la importancia del acto sino, al mismo tiempo, que en su momento de mayor adhesión y demostración el número de participantes fue limitado. Sobre todo si se considera que en el conurbado de Santiago del Estero y La Banda habitaban cerca de 400 000 personas, según el Censo 2001 (INDEC, 2001). No es ajeno el hecho de que esta fue la primera vez que alguien se atrevía a enfrentar al gobierno. Sin embargo, el tipo de control que el sistema de intercambio de favores permitía ejercer a los miembros de los partidos gobernantes en la provincia y en los municipios de La Banda y Santiago del Estero quedaba incólume, ya que si bien algunos políticos —en general marginales en sus propios partidos y no siempre bien vistos por los integrantes del movimiento— participaron en varias de las últimas marchas, no menos cierto es que para nada se conmovió la postura oficial de los partidos políticos provinciales de mayor peso, que nunca se sumaron a estas acciones ni las avalaron. Los más conspicuos miembros de la élite local, aun con sus contradicciones y estrategias diferenciadas para gestionar el inevitable proceso de transición pos-Juárez, nunca vieron con simpatía los reclamos de ejercicio efectivo de los derechos civiles y políticos, y menos que se cuestionara el desempeño del Poder Judicial, que fue la primera de las demandas de los manifestantes. Por el contrario, la intervención federal a la provincia era para ellos un escenario más favorable, dado que permitiría que el eje del juego político se instalara en la provincia; en ese campo de juego, la vigencia del régimen de intercambio de favores, la eventual permanencia de los antiguos cuadros burocráticos y las alianzas que los miembros de la élite mantenían con importantes sectores del gobierno⁴⁷ permitiría controlar los cambios. Y, a la postre, fue lo que ocurrió.

Así pues, los miembros de la élite y sus respectivos contactos nacionales se incorporaron muy activa y abiertamente desde ese momento al juego de la coyuntura. El realinamiento marca el momento en el que puede darse por terminada la segunda etapa del movimiento. En la tercera etapa, los dados se habían lanzado, debido a lo cual esta se caracterizó menos por lo que sucedía en las marchas —que de todos modos continuaron— que por el modo como ocurriría el desenlace de las mismas. Pero antes de pasar adelante, conviene hacer una síntesis de lo ocurrido hasta el momento.

En la segunda etapa hay un cambio en la composición y en el peso relativo de los actores. Más allá de la variación en la disponibilidad de recursos, de la que ya hemos hablado, en el comienzo de esta etapa lo notable es que ya no tenemos solo a los familiares de las víctimas y sus acompañantes originales. Ahora son todos los ofendidos por el gobernador y su esposa, sobre todo en los últimos años. Estos actores, no ponen el acento en la justicia por el doble crimen de La Dársena, sino en el cambio del elenco gobernante hasta ese momento, al que atribuyen la exclusiva responsabilidad del mal gobierno.

Estas características y el peso que daban a sus acciones los recursos aportados, cambiaron el eje de la protesta y explican que luego, cuando ocurre la intervención, sus respectivas incorporaciones al nuevo gobierno expresaran la creencia en un nuevo comienzo posible. Fue justamente la invisibilización del régimen de favores como factor principal de la conformación social santiagueña lo que desarmó cualquier posible atención a eventuales cambios gatopardistas.

Tercera etapa

Como venía sucediendo hacia el final de la etapa anterior, el gobierno nacional manifestaba una ambivalencia cuyo origen puede situarse en las luchas ocasionadas por diferencias tanto en las alianzas como en las posiciones políticas existentes en su seno. No solo debido al juego político antes esbozado sino también por dos razones que se agregaban. Por una parte, el gobierno central esperaba que en la provincia se dieran las condiciones para que uno u otro tipo de intervención no terminara en un rotundo fracaso, algo que ya había ocurrido con la intervención del gobierno federal en 1993 y que terminó fortaleciendo a Carlos Juárez, lo que generó en la mayor parte de los santiagueños una opinión muy desfavorable. Por la otra, porque en tanto que Santiago del Estero no era la única provincia en la que sucedían prácticas similares, el gobierno sufría las presiones de los representantes de los gobiernos provinciales que temían que los hechos que ocurrían en Santiago del Estero provocaran algo así como un efecto dominó.⁴⁸ Esas circunstancias alargaron la toma de decisión, como también el trazo de una estrategia clara sobre el tema. Y esa postergación de decisiones permitió recomponer estrategias de diferentes sectores del partido gobernante y aun de la oposición política.

Los movimientos e indefiniciones aunque tendieron a disminuir la euforia vigente en la segunda etapa -debido a discusiones sobre si lo conveniente era la intervención exclusiva al Poder Judicial provincial o a todo el gobierno- no impidieron que las marchas continuaran. En efecto, aun con la dificultad de enfrentar el tórrido verano santiagueño, que poco incita a las caminatas, las marchas continuaron todos los viernes.

Así fue que la marcha coincidente con la celebración de la Navidad colmó las expectativas de los organizadores. Y lo mismo ocurrió con la manifestación convocada en pleno enero por el Cisadems en contra de las posibles medidas restrictivas y la privatización del Instituto de Obra Social del Empleado Provincial (IOSEP). Una entrevistada de la dirigencia del Cisadems, recordó:

Seguramente por la fecha, no por otra razón, retomó la cantidad y el empuje de las anteriores [se refiere a la marcha de la Navidad]. Luego, por la parsimonia quizá propia de las vacaciones, en enero un poco decaen las marchas y aprovecha el poder político juntamente con el poder económico para llamar a una sesión en la Cámara de Diputados. Me acuerdo que fue un 5 de enero. O sea, que entre el 25 de diciembre y el 5 de enero, no tenemos ni 15 días. Sin embargo, ellos habrían estado aparentemente urdiendo alguna cuestión por cuanto el 5 de enero llamaron a sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados para aprobar una ley de [.] un proyecto de ley de reordenamiento de nuestra obra social provincial, el IOSEP.

No hubo, pues, a fines del 2003 y comienzos del 2004, descanso de ninguna de las partes. Mientras seguían las marchas y actos, las filas de la élite eran ya por entonces claramente conducidas por uno de los principales beneficiarios económicos del último periodo del gobierno de Juárez, cuya riqueza se acumuló de modo exponencial, lo que le permitió fundar un gran emporio económico a partir de sus conexiones con los tres poderes del gobierno comandado por Carlos Juárez en su etapa de mayor debilidad personal, debido a su edad. Entre otras acciones, la recomposición se expresó en el campo económico, en el apresurado reordenamiento del IOSEP -que implicaba la privatización de una empresa que podía producir dividendos seguros e inmensos- y en el campo de la lucha por la conformación de la opinión pública, por una diversificada y activa campaña alrededor del doble crimen, que tendía a desvincular totalmente a los miembros de la élite de las sospechas iniciales.⁴⁹

Así, las marchas continuaron con todos los focos puestos sobre los crímenes policiales del periodo juarista. En el mes del primer aniversario del doble crimen se logró un acto multitudinario, al que se sumaron quienes habían dirigido la investigación sobre el régimen juarista ordenada por el gobierno nacional, Eduardo Luis Duhalde y Pablo Lanusse, y otras personalidades políticas de los partidos políticos nacionales. Por su parte, periódicos, radios y televisoras nacionales , durante febrero y marzo continuaron refiriéndose continuamente a Santiago y su drama.

Producida al fin la intervención federal el 30 de marzo de 2004, se concretó un acto en el que una gran cantidad de asociaciones pudieron congregar una multitud antes no igualada y en la que difundieron un comunicado de 20 puntos, con un diagnóstico de cuáles debían ser las primeras disposiciones de la intervención para asegurar la democratización de Santiago del Estero. El manifiesto estaba dirigido a los miembros del gobierno interventor y fue entregado a Pablo Lanusse en la casa de gobierno por Olga Villalba mientras una multitud esperaba en la Plaza Libertad. Luego, dicho manifiesto fue leído por altoparlantes desde la vereda de la Catedral, ante el aplauso general a cada uno de los 20 puntos. Para los Villalba y quienes los acompañaban, ese fue el momento culminante, que pronto inauguró su aislamiento. El triunfo era de otros.

Luego de ese acto, el protagonismo público de las organizaciones sociales se fue diluyendo paulatinamente por varias razones. Por una parte, porque muchos de los dirigentes y militantes de las agrupaciones que respaldaron las marchas se integraron al gobierno de la intervención, ya que para ellos -como anticipamos- el objetivo de derrocar a los Juárez se había logrado; por esa razón, era el momento de integrarse al nuevo gobierno. No hemos encontrado, hasta el momento de redactar este artículo, pruebas de que existiera en ese momento, o más tarde, la percepción de que el cambio de gobierno no significaba ni pretendía significar un cambio de régimen. Por tales razones las marchas se discontinuaron y la protesta quedó reducida a las acciones del grupo inicial, en medio no solo de la indiferencia, sino incluso del distanciamiento activo de los militantes de la segunda etapa, con pocas excepciones no institucionales.

Cuarta etapa: el olvido de ''la verdad y la justicia''

Tal como afirma Mariana Godoy (2009b) en un trabajo ya citado, Pablo Lanusse, el gobernador interventor, adjuntó al libreto de su gobierno solo en parte el diagnóstico que podía leerse en el informe firmado conjuntamente con el secretario de Derechos Humanos Eduardo L. Duhalde, fundamentalmente el referido a desmontar el denominado aparato represivo del gobierno. Al mismo tiempo, apoyado por el gobierno nacional, ejecutó y permitió la ejecución de planes sociales. En cambio, nada hizo para desmontar la estructura del poder económico, pese a que esos aspectos formaban parte del informe citado. Como dice Godoy (2009b): ''Al analizar la relación entre el Gobierno Provincial y los Grupos Económicos el informe se detiene en los fuertes vínculos entre el círculo gobernante y un grupo económico, cuya 'cabeza' sería Néstor Carlos Ick, detallando una prolongada lista de empresas bajo su propiedad y de los convenios con los que el estado provincial las beneficiaba abiertamente''.

Esa selectividad no puede atribuirse de lleno a la voluntad propia del nuevo gobierno, aunque en conversación con uno de los integrantes de su grupo más cercano se conoció que tampoco había determinación en ese sentido, pues según la opinión de esa persona la propuesta de la intervención era desarmar el aparato juarista, entendiendo por ello casi exclusivamente desarticular la ya golpeada dirección del mismo ejercida por el jefe de inteligencia, Musa Azar. Pero, sobre todo, la selectividad e incluso la falta de dirección clara de sus acciones en otros aspectos se debió a la conformación del gobierno de la intervención y a la febril operación de los miembros de la élite para controlar el modo en que la gestión de la intervención afectaría sus intereses.

Desde este último punto de vista sobre la conformación del gobierno de la intervención puede afirmarse, por una parte, que estaba cruzada por una serie de conflictos sobre el modo en que debía encararse la gestión, ya que cada uno de los ministros asignados respondía a un par del nivel nacional y, en algunos casos, directamente a la esfera de influencia del aún poderoso expresidente Eduardo Duhalde.⁵⁰ Por otro lado, había una significativa diferencia entre funcionarios, percibida por nosotros y por la mayoría de nuestros entrevistados de la época. Según estos, Lanusse era honesto aunque políticamente inexperto, en particular en la esfera de la política partidaria, rasgos positivos y exactamente inversos a los atribuibles a los restantes funcionarios de la primera línea y de los cuadros intermedios⁵¹ que conformaron el gobierno.

Las diferencias fueron volcando el tablero hacia el lado de quienes desde un principio se dedicaron a estructurar un armado político que mantuviera el sistema de privilegios, concesiones e intercambio de favores preexistente. Esta armazón, además fue favorecida por una decisión política que condicionó más aún la estructura de oportunidades y constricciones del gobierno: no se intervinieron las intendencias, de tal modo que los ejecutivos municipales conservaron su poder político territorial y, por ende, sus prácticas habituales.

Dada la correlación de fuerzas, el régimen preexistente permaneció intacto y buena parte de los dirigentes de las organizaciones pasaron a conformar nuevas redes de intercambio de favores en las que esta vez se incluyeron algunos sectores que antes habían sido marginados por Juárez. Por otra parte, desde el punto de vista político, luego de un fuerte fraccionamiento en el seno del Partido Justicialista, la provincia se caracterizó por la presencia de partidos y facciones, y varios intentos de rearticulación.⁵² Más tarde todo había de terminar en un proceso electoral que dio fin a la intervención federal y culminó con una inédita votación en la que el candidato triunfante, articulando a la mayor parte de la dirigencia político-económica y social (Silveti, 2006b), acumuló el 46,48 % de los votos (Tow, 2005).⁵³ Este triunfo, junto a otras manifestaciones, permite afirmar que luego de la crisis la articulación de actores ha dado lugar a un gobierno que aún hoy, lejos de debilitarse, ha consolidado su poder gracias al crecimiento global de la economía argentina y, por ende, al incremento de los ingresos tanto por los planes de construcción nacionales en infraestructura y por los planes sociales como por el incremento de la coparticipación federal.

La real culminación de la protesta contra el doble crimen de La Dársena

En el ya aludido sincretismo entre las instituciones republicanas y las redes de intercambio de favores, lo que no se incluía en los diagnósticos predominantes es que el intercambio de favores precediese y fuese algo independiente del accionar del caudillo. Para la mayoría, dichas redes eran efecto de su gobierno y desaparecerían con él. Así, la intervención daba fin a una época. Por otra parte, según emergía del discurso público de la intervención, esto efectivamente sería así y en su accionar la justicia volvería a su cauce tanto como la efectiva división de poderes. Así, el nuevo ambiente parecía haber creado las condiciones para que la acción legal siguiera el curso dictado por la ley, sin necesidad de apoyarse en actos públicos de reclamo. El espejismo que depositó en Juárez la factoría exclusiva del autoritarismo gubernamental hizo desaparecer lo que, hasta entonces, había reunido a las diferentes agrupaciones por encima de sus diferencias ideológicas. Pero la realidad fue contundente. El gozo del triunfo acompañado de una fuerte carga de ''realismo político'' hizo que los antiguos miembros de las marchas reivindicaran la necesidad de defender y utilizar lo ganado para mejorar la situación de la población, y dio lugar a que los principales dirigentes de la primera etapa fuesen políticamente aislados y duramente castigados. Se dieron dos tipos de reacciones en momentos diferentes, por lo que seguiremos la narración en esa temporalidad sucesiva.

Tal como afirmamos al comienzo de este artículo, un rasgo de gran importancia que distingue a quienes participaron en las marchas de protesta, en relación con quienes no participaron -más allá de cuáles fueron sus sentimientos entonces- era el hecho de que participaran o no del sistema de intercambio de favores antes caracterizado. Sin entrar en detalles que aunque sumamente interesantes para un análisis más detallado serían excesivos para este artículo, puede decirse que entre quienes siguieron con la protesta -Younes Bshier se había apartado meses antes y nunca volvió- se encontraban exclusivamente la familia Villalba, el señor Alarcón y algunos miembros de la Iglesia. Pero su accionar se encontró con la indiferencia de los demás miembros de la protesta y la total renuencia de los abogados locales a asumir la defensa. Hubo que recurrir a dos abogados cordobeses, quienes poco pudieron hace frente al muy enredado proceso judicial y una acción que en gran parte estaba decidida de antemano. Esto no significó que el juicio se interrumpiera, lo que hubiese sido poco oportuno dado el perfil de los nuevos gobiernos. Sí significó, en cambio, que en el proceso se abandonara la posible intervención de personajes ligados a la élite y que el juicio se dirigiera a dar por concluida la cuestión mediante una decisión que desde tiempo atrás era previsible.

A fines de junio de 2008, cuatro años después de concluida la protesta, con diferentes grados de responsabilidad fueron condenados los siguientes procesados: Musa Azar, a prisión perpetua como instigador y cabeza visible de una ''asociación ilícita''; junto con él, recibieron la misma pena a cadena perpetua los policías Jorge Pablo Gómez, Francisco Daniel Mattar y Héctor Bautista Albarracín, imputados como partícipes primarios. José Patricio Lludgar fue condenado a 22 años de cárcel por ''homicidio simple''. Al mismo tiempo, fueron absueltos de culpa y cargo los otros 11 imputados: Musa Antonio Azar Cejas, hijo de Musa Azar, y su madre, Marta Noemí Cejas, así como Daniel Silvestre Rivero, Mario Leopoldo Corvalán, Carlos Alfredo Anahuate, Javier Humberto Juárez, Ramón Alberto Palacios, Eduardo Antonio Abdala, Daniel Eduardo Moukarzel, Diego Pablo Sonzoni y Luis Roberto Cejas. ¿Se hizo justicia? Esa es la duda que persiste. Puesto que se ignora la verdad de lo que realmente sucedió, simplemente cabe mencionar que a ninguno de los que recibieron condena, le significó cambios en su situación. Por una parte, Musa Azar y los policías Jorge Pablo Gómez, Francisco Daniel Mattar y Héctor Bautista Albarracín ya habían sido sentenciados tiempo antes por la muerte del ganadero Oscar Edmundo Seggiaro, por lo que las nuevas sentencias solo afectaron a José Patricio Lludgar.

Lo que, en cambio, no arrojó ninguna duda respecto a quiénes triunfaron y quiénes perdieron fue el desenlace posterior. En agosto de 2005 el obispo Maccarone fue objeto de una celada: fue filmado mientras efectuaba acercamientos de tipo homosexual con un hombre mayor de edad, quien supuestamente hizo posible la filmación. Casi de inmediato esa filmación fue retransmitida en programas del Canal 7 -propiedad de la corporación económica que se fortaleció en años anteriores hasta lograr casi autonomía económica respecto del gobierno provincial-, lo que dio lugar no solo a una campaña de desprestigio público del obispo, sino que hizo posible su destitución por parte de la jerarquía eclesiástica, que a diferencia de otras ocasiones similares, e incluso de situaciones más comprometedoras de la moral cristiana en las que se vieron involucrados obispos y sacerdotes, no defendió al obispo Maccarone. El obispo que lo sustituyó tenía un perfil netamente contrario a las iniciativas del obispo Maccarone. Por su parte, el rector de la Universidad Católica de Santiago del Estero, que había facilitado ampliamente las investigaciones que sustentaron el Informe Santiago del Estero (2003), fue destituido de su cargo por la justicia, luego de espinosos conflictos entre grupos internos que se disputaban la conducción de la Universidad. Estos castigos ejemplares dificultan escribir sobre algunos de los aspectos de la gestión de las élites de la provincia, aun hoy.

Conclusiones

En la primera sección de este artículo se buscó sintetizar algunos de los principales rasgos de la organización social santiagueña. Pese a lo apretado de la síntesis, esperamos haber transmitido lo que para nosotros constituye el rasgo principal de dicha organización: la existencia de una compleja red de intercambio de favores que logra resignificar tanto la estructura republicano-democrática que formalmente rige en la provincia, como la propia estratificación social. Producto de esa red de intercambio de favores, no solo se diluye la separación entre lo público y lo privado; también la propia organización política se asemeja a una pugna por lograr que la legitimidad de ejercicio -la capacidad de articulación de acción en la trama de intercambio de favores- se convierta en legitimidad institucional en un campo en el que los conflictos terminan por resolverse de acuerdo con el monto de recursos movilizados por cada miembro de la red. Dada esa estructura, la principal ruptura que puede darse es entre quienes forman parte de la red de intercambio ya caracterizada y quienes por una u otra razón han quedado excluidos de ella.

Por las limitaciones de espacio de este artículo no cabe el examen de las diversas maneras en que el régimen actuó sobre cada uno de los participantes del movimiento. En líneas generales se puede, en cambio, trazar el corte entre dos actitudes frente al mismo problema. Caído el gobierno de Juárez, la mayoría de los miembros de las organizaciones preexistentes que dieron cuerpo a las marchas durante la segunda y tercera etapa, se integraron al régimen. Sus dirigentes pasaron a formar parte de una ampliación de las élites y del reacomodo coyuntural en su seno. Aceptaron los costos de dejar aislado el tema del doble crimen de La Dársena, pues este había sido desde siempre en un tema urticante para cierta fracción de la vieja élite. Una de las familias dejó las marchas, supuestamente incorporada en el intercambio de favores por uno de los miembros de la élite y sus aliados. Únicamente la familia Villalba mantuvo las aspiraciones del primer momento. Aislada de toda ayuda, se enfrentó a un Poder Judicial dispuesto a finalizar el tema con el cierre de las indagaciones y la sentencia un castigo redundante para un conjunto de delincuentes ya antes procesados por delitos similares. El resultado fue que el juicio y las acciones ligadas a él perdieron su razón de ser , lo que se logró con la fuerza y elegancia que provee el monopolio de los recursos de poder. Así, se dio fin al único movimiento de protesta habido en la provincia, con un claro fortalecimiento de la unidad de las élites y su relegitimación.

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Fuentes

1. Entrevistas:

]]> a) con dirigentes de las organizaciones de la sociedad civil que participaron de la organización de las marchas y con otros participantes.

b) a dirigentes de las organizaciones de la sociedad civil que no participaron en las marchas y a dirigentes políticos de diferentes particos.

c) a Olga Villalba.

2. Siete años de observación participante, más la experiencia de uno de los autores, oriundo y habitante de dicha ciudad.

3. Revisión de periódicos provinciales y nacionales.

4. Páginas digitales:

a) Santiago al día. Diario digital, disponible en: <www.santiagoaldia.com.ar>.

b) Gobernadores de la provincia de Santiago del Estero, 1898 a 2002, disponible en: <http://www.oni.escuelas.edu.ar/2002/ santiago_del_estero/madre-de-ciudades/gober.htm>.

c) Cámara de Diputados de la nación Argentina. Reunión núm 4, 3ª Sesión Ordinaria del 31 de marzo de 2004.

6. INDEC 2003 ''Mapa de necesidades básicas insatisfechas 2001'', en Aquí se cuenta, Revista Informativa del Censo 2001, núm. 7.

7. INDEC 1997 ''Acerca del método utilizado para la medición de la pobreza en Argentina'', documento de la Dirección Nacional de Encuestas de Hogares del INDEC, Argentina.

8. INDEC 1994 ''Mapas de la pobreza en la Argentina'', documento de trabajo, núm. 4. Argentina.

9. Informe de la Asociación de Periodistas de la Nación (2004).

10. Foodfirst Information & Action Network, 2003, Informe de la FIAN International Secretariat, Alemania.

11. Universidad Católica de Santiago del Estero (2003). Cátedra Abierta Santiago del Estero. Documento de trabajo núm. 3 (integra los documentos de avance 1 y 2).

Notas

¹ Este artículo forma parte de las investigaciones del Proyecto PAY-PAE 2004 (ANPCYT).

³Acerca del modo en que concebimos la investigación cualitativa y su relación con ''lo teórico'', ver Saltalamacchia (2008a). Para una crítica del modelo nomológico deductivo hegemónico y una reivindicación de la importancia de los estudios de caso en la construcción de teoría pensada como capital desde el cual comprender lo ocurrido y generar conjeturas que hagan posibles nuevas investigaciones, ver Saltalamacchia (2011).

⁴Entendiendo por teoría del objeto no tanto la adecuación mayor o menor a lo dicho por otros autores, sino, sobre todo, el modo en que se presenta y elabora el problema-objetivo de este artículo.

⁵ Para mayores detalles acerca de él, ver Silveti et al. (2004); Saltalamacchia (2008b) y Saltalamacchia y Silveti (2009).

⁶Entendido aquí como el conjunto de normas o reglas que dirigen o gobiernan una cosa, o que definen la administración de un estado o de una entidad. Esta definición pretende evitar las limitaciones con las que se ha definido en los tratados políticos más habituales.

⁷En cambio, sí lo fueron por reiteradas intervenciones federales. La suma de todas esas intervenciones hace que Santiago sea la provincia del país que ha sido intervenida en más ocasiones, lo que ha contribuido a que el régimen electoral no rija, ni tampoco lo hagan las formas republicanas de gobierno en forma continuada. Sobre la estructura socioeconómica de Santiago del Estero, que hace a las condiciones de posibilidad del régimen comentado, ver el Anexo al final de este artículo.

⁸Ver Silveti etal. (2004); Silveti (2006a).

⁹Las formaciones sociopolíticas previas, con un predominio absoluto de la gran propiedad terrateniente y de la mano de obra semiservil, ni siquiera ameritaban que el intercambio de favores fuera más allá de las élites.

¹⁰Dicha conformación consuetudinaria y actitudinal muy arraigada es visible en las varias de las entrevistas realizadas, pero sobre todo en la observación sobre prácticas cotidianas de todo tipo, cuyo comentario extendería este artículo en demasía.

¹¹Vigencia que también -es importante insistir en esta cuestión- es posible encontrar en las representaciones divulgadas y en gran medida aceptadas por la población con educación formal media y alta e incluso en los partidos de la oposición más radical.

¹³ Carácter ambivalente que es puesto en discusión por Saltalamacchia (2009).

¹⁴ La literatura sobre el tema (entre otros, Elster, 1987 y Prezeworsky, 1987) tiende a encarar el asunto desde un punto de vista de intercambios racionales entre actores, sin indicar que esta forma parte de sus identidades (actitudes preconscientes o racionalizadas afectivamente). Para una crítica a esa concepción de la ''elección racional'', ver Pizzorno (1984).

¹⁵ No utilizamos la palabra cooptar, pues más allá de su significado literal, según la Real Academia, en política connota implicación vergonzante, en la que la incorporación implica ruptura con los principios éticos.

¹⁶ Sobre el juarismo, un trabajo seminal es el de Salas (2002).

¹⁷Parte de esta información puede obtenerse en Salas (2002) e Informe Santiago del Estero (2003).

¹⁸Respecto de esa vocación, es interesante hacer notar que ni en el momento de su muerte, ni en los juicios a los que fue sometido luego de la intervención a la provincia, se le ha acusado de hacer una fortuna aprovechando su poder político.

¹⁹Por el que sus integrantes suelen asegurar una rotación en la que pocos son despojados de cargos (aunque pueda variar su importancia) por más que en la pugna hayan resultado perdedores.

²⁰Dichos enroques fueron provocados por disidencias en el seno del partido oficial, debido a que pocos días después de que este asumiera la gobernación los Juárez acusaron de deslealtad al gobernador, lo que dio comienzo a una serie de ''castigos ejemplares'' hacia otros funcionarios, asunto que fue mostrando la crisis en la que se debatía el liderazgo juarista.

²¹''El 18 de febrero aparecen los cuerpos en un descampado ubicado en las afueras de La Banda (La Dársena). Leyla Bshier Nazar, de 22 años, tenía el cuerpo completamente destrozado, y apareció después de 22 días de búsqueda. Sus familiares la encontraron de casualidad, cuando la policía seguía las pistas de Patricia Villalba, la otra joven de 25 años que llevaba un día de desaparecida'', en Página/12, mayo de 2003.

²³ En estas circunstancias, el rumor es una modalidad de interacción que en este tipo de sociedades cumple, entre otras, la función de reemplazar la información no provista por los medios de comunicación. A la vez, como sostiene Ana María Gorosito, ''a diferencia del chisme, estallido que puede evaporarse y caer en el olvido, el rumor [...] sostiene al chisme en el aire [...] le da forma y estructura fija, le otorga consentimiento y credibilidad, lo convierte, en fin, en verdad revelada e incuestionable''. Véase en el Prólogo de Fasano (2006: 4).

²⁴En los hechos ese auxilio, si bien existió en opinión de un entrevistado, que fue uno de los más activos organizadores, nunca fue de importancia notable. Pero eso no se sabía en aquel momento.

²⁵Se trata de Patricia Villalba, cuyo asesinato aparentemente se debió a que por casualidad había escuchado algunas informaciones comprometedoras sobre quién, dónde o cómo había ocurrido el asesinato de Leyla.

²⁶Testimonio personal recogido en una de las entrevistas.

²⁷Cordobés que llegó a Santiago hacia 1978, huyendo a las persecuciones de la dictadura militar.

²⁸Fue creada por el obispo Gerardo Sueldo en 1997 junto con una oficina de asesoramiento jurídico para pobres e indigentes que se encontraran ante una situación de conflicto y, más tarde, sostenida activamente por el obispo Juan Carlos Maccarone. En ambos periodos se aportaron denuncias de desaparición de personas, asesinato, tortura y violencia policial. Cabe mencionar que el Poder Judicial y la policía fueron las instituciones más denunciadas.

²⁹También en Santiago del Estero (pero lejos de la ciudad y con una problemática que, si bien no es menos dramática, sí es muy diferente) eran y son notables las organizaciones campesinas (o con dirigentes puestos al servicio de la causa de esas poblaciones) como el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase) y la Mesa Provincial de la Tierra.

³⁰Quien murió en un accidente cuyas causas aún son oscuras.

³¹Dirigente político sindical que llegó a Santiago del Estero huyendo de la represión puesta en marcha por los dirigentes del Proceso de reorganización nacional.

³³ Ya en el 2000, el proceso de unificación entre las organizaciones que se oponían al juarismo había comenzado a dar como fruto un intento de unificación de fuerzas mediante la creación de un espacio de encuentro, discusión y organización de acciones conjuntas. Se trataba del Foro de Entidades Intermedias que se conformó a finales de 2001. Allí, según manifiesta una de sus integrantes, ''participaban casi las mismas instituciones o asociaciones que después participaron de la marcha: FEPUSE, Judiciales, Círculo de Prensa, Cámara Hotelera, Cisadems, Mocase, ASDR. También, al comienzo, la Liga de Amas de Casa y la Cámara de Comercio. Más tarde, las Madres del Dolor''. Pero ese intento no prosperó en razón de que, como reacción a un manifiesto en contra del gobierno y de sus apoyos económicos, un grupo empresarial presentó un juicio contra ellos por calumnias e injurias que, al contar con la protección del Poder Judicial, amenazó con hacer pagar a los firmantes sumas muy elevadas por daños y perjuicios.

³⁴Para mayor información sobre estas organizaciones —además de lo consignado en este artículo—, tal como su origen y trayectoria, así como las razones por las que decidieron incorporarse a las marchas y el momento en que lo hicieron, ver en anexo Silveti et al., 2004: 26).

³⁵Respecto de su estructuración, un entrevistado perteneciente a esa organización nos informó que son ruralistas propietarios. Se trata de una organización de lucha, que tiene relación con el Instituto de Cultura Popular, la Mesa de Tierras y un vínculo estrecho con el Mocase.

³⁶Para una excelente referencia sobre las Madres, ver Únzaga (2009).

³⁷ Un entrevistado que participó activamente de la organización explicó así esos apoyos: ''Y, bueno, porque veían que [... ] no estaban de acuerdo con lo que estaba pasando es evidente, lo que pasa es que había, ahora nos hemos olvidado, pero había tantas peleas entre ellos, porque hoy en día estaba un tipo acá, mañana no está más, era el tendal nomás de resentidos y en política esos después cuando pasan la factura, la pasan con todo''. Conflictos que son comunes a otras movilizaciones, tal como lo muestra Tilly (1990: 169).

³⁸ Gracias a los contactos que cada uno de los dirigentes tenía con militantes de otras provincias se consiguió el apoyo activo de las Madres de Plaza de Mayo, dirigentes de otras agrupaciones de lucha por los derechos humanos y de protesta contra el ''gatillo fácil'' de diversos movimientos piqueteros y de algunas organizaciones políticas. A su vez, estas incorporaciones contribuyeron a retroalimentar la participación de la ciudadanía santiagueña, al menos de aquella parte de la población que podía hacerlo gracias a que no dependía de puestos o dádivas del gobierno.

³⁹ Quienes en el reclamo por la muerte de sus hijos víctimas del ''gatillo fácil'' o la inacción judicial habían hecho de sus vidas el testimonio de lucha por la búsqueda de justicia.

⁴⁰El Informe Santiago del Estero tuvo 54 páginas y se acompañó por 13 cajas de denuncias. Fue presentado al Poder Ejecutivo por Pablo Lanusse y Eduardo Luis Duhalde en octubre de 2003, tras su visita a la provincia en el mes anterior, y recogió expresiones y datos de las entidades mencionadas, de la Secretaría Diocesana por los Derechos Humanos de la provincia, la Universidad Católica de Santiago, periódicos de la sección local de Madres del Dolor, entre otros. Es un documento paradigmático no solo por su valor documental, sino porque desde otra lectura, allí está contenido por completo el relato del gobierno interventor sobre el régimen juarista (Godoy, 2009a).

⁴¹Separada de Santiago por el Río Dulce pero que, en los hechos, conforman una misma unidad urbana.

⁴³Lo heroico de ese acto quedó demostrado en septiembre de 2005, cuando actores con poderosos recursos técnicos y absoluto dominio de los medios de comunicación le tendieron una celada al obispo para desprestigiarlo, sin que la jerarquía eclesiástica hiciera nada por defenderlo: Debido a ello, el obispo se vio obligado a renunciar a su cargo e irse del país.

⁴⁴Como veremos, la venganza de los miembros de la élite por ese apoyo fue fatal para él; al final de la tercera etapa, pocos lo defendieron de modo simbólico y nadie de manera efectiva.

⁴⁵Una activa organizadora manifestó: ''Fue la marcha más importante porque se vino mucha gente caminando desde La Banda, nosotros los esperamos, digamos, cerca del entonces peaje y vinimos caminando. Había un equipo de sonido muy importante, mucho más que el de las otras veces. Incluso la iglesia había acomodado, digamos, la misa, en distinto horariocomo para que no fuera a interrumpir la marcha. Y como de costumbre, al entonces intendente Zamora tuvimos que solicitarle que diera luz a esa hora''.

⁴⁶ Diario que pertenece a miembros de la élite económico-política. A la luz de los acontecimientos políticos posteriores, su interés por difundir noticias sobre las marchas despierta interrogantes tales como: ¿cuál sería su beneficio en función de los proyectos de reemplazo del juarismo?, ¿qué lugares les cupo a sus dueños en la ''nueva estructuración'' del poder santiagueño? Estas dudas se apoyan en los relatos de los entrevistados, como una que expresó: ''Lógicamente, el rol de la prensa fue importante, porque en esa época la prensa en su totalidad, con excepción de Canal 7 y Radio Panorama, pero toda la otra prensa, especialmente El Liberal y Radio Exclusiva y el canal y la radio de la UCSE [Universidad Católica de Santiago del Estero]en esa época, estaban de acuerdo con el motivo de la protesta. Entonces, los espacios en los medios de comunicación eran fáciles de conseguir, digamos. No había ningún tipo de resquemor''.

⁴⁷ Que obedecían al liderazgo del por entonces no totalmente desplazado líder del Partido Justicialista, Eduardo Duhalde, que si bien no había logrado controlar al titular del Ejecutivo nacional, guardaba un importante ascendiente en muchos miembros del gobierno y de un factor de poder hasta entonces muy importante: los jefes de los gobiernos municipales de la provincia de Buenos Aires, con inmenso poder electoral.

⁴⁸ De hecho, en la provincia de San Luis varias asociaciones iniciaron una protesta, también con la demanda de intervención por flagrantes atropellos a la estructura republicana, que rápidamente fue sofocada.

⁴⁹ Por citar solo una de esas ''movidas'' cabe recordar cómo desde el Canal 7 de Santiago del Estero, hacia fines de 2003 comenzó una escalada en la que, con ''avances'' durante la semana, se anunciaba un programa en el que se divulgaría la solución a la que llegara Enrique Prueger, perito forense jujeño, muy poco conocido, que fue contratado para participar en la causa, dirigiendo las excavaciones. La solución divulgada mostró su claro propósito de desvincular de toda sospecha a los ''hijos del poder''.

⁵⁰Homónimo del ya por entonces secretario de Derechos Humanos de la nación, pero de historiales políticos, dentro del peronismo, antitéticos en todos los aspectos analíticos posibles.

⁵¹Muchos entrevistados manifestaron que la honestidad, una significativa trayectoria en política y la formación profesional eran rasgos imprescindibles para trabajar en un espacio altamente convulsionado y con poderes fácticos y formales muy consolidados, pero insuficientes para lograr los propósitos. Esta ambigüedad, en los casos de entrevistados que participaban de algún modo de la gestión de gobierno, los ponía en una situación de gran ambivalencia moral y práctica.

⁵³El proceso electoral tuvo como peculiaridad, múltiples reacomodos políticos, con quiebres y alianzas que agudizaron el desdibujamiento de las fronteras partidarias tradicionales. Tal como se constituyó el escenario político, el triunfo del Frente Cívico (FC) en octubre era previsible meses antes de la elección, por la fortaleza que se había logrado a través de la construcción de alianzas tanto provinciales como nacionales, anteriores y posteriores a la elección. De tal manera, resultaba difícil quebrantar su predominio. Los resultados exhiben un significativa superioridad del fc, liderado por la Unión Cívica Radical, que obtuvo el 71.05% de los votos positivos y, como contracara, la desafección ciudadana visualizada en una abstención del 48.18% del total del padrón.