Rumbo a Los Pinos en el 2006. Los candidatos y los partidos en el espacio público

Citlali Villafranco Robles*

Adrián Gimate-Welsh, coord. México, UAM-I/Miguel Ángel Porrúa, 2009, 299 pp.

* Integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Licenciada y maestra en Ciencias Políticas por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Correo electrónico: <villafrancoc@hotmail.com>.

El cambio político ocurrido en México en los últimos 30 años tuvo una de sus más importantes manifestaciones en materia electoral. Los principales movimientos opositores al régimen priista se fortalecieron durante las décadas de los setenta y ochenta, incorporándose al espacio electoral. Esta modificación de la correlación de fuerzas políticas generó una presión para reformar las normas electorales, de modo que la competencia se desarrollara en condiciones que permitieran que cualquiera de los partidos contendientes pudiera ganar en el caso elemental de que fuera el que más votos hubiera recibido. La demanda opositora puede sintetizarse en la existencia de condiciones de equidad. Derivado de este objetivo, los partidos políticos y las organizaciones ciudadanas generaron un proceso constante de reformas que se plantearon la construcción de esas condiciones jurídicas y políticas para la competencia electoral.

Con la reforma electoral de 1996 se buscó garantizar la equidad en los procesos electorales por dos vías: establecer una autoridad autónoma encargada de vigilar el desarrollo de los procesos electorales y precisar las condiciones en las cuales los partidos políticos accederían al financiamiento público y a las prerrogativas. Para el primer caso, se estableció que las fracciones parlamentarias de la Cámara de Diputados nombraran consejeros electorales ciudadanos,¹ lo que incorporaba las diferentes visiones del país en el órgano encargado de administrar los procesos electorales.

Diez años después, la confianza y legitimidad construidas en torno al espacio electoral se rompieron. El libro Rumbo a Los Pinos en el 2006 se ocupa del análisis de ese momento crítico del sistema político: el proceso electoral de 2006. La relevancia de este libro se puede resumir en dos aspectos: primero, se ocupa de analizar diferentes ámbitos de este proceso con enfoques metodológicos que alumbran espacios poco explorados de la elección de 2006. Los 10 autores que participan en este libro abordan temas que trascienden la discusión acerca de los resultados electorales, pues se centran en las cuestiones estructurales que explican la incertidumbre alrededor de esos resultados. El segundo punto a destacar es que la obra contribuye no sólo a explicar los problemas de la coyuntura de 2006, sino que da elementos de análisis del proceso de cambio político en México. Estos mismos problemas los enfrentamos de nuevo en la elección intermedia de 2009 y, en caso de no corregirse, se agudizarán en el proceso electoral de 2012. De esta manera, el libro trasciende el momento del que se ocupa, pues analiza problemas del sistema político que entorpecen el proceso de consolidación y ampliación democrática.

Para funcionar, la democracia requiere de partidos políticos. De los problemas organizacionales que enfrentaron estos organismos se ocupan Ricardo Espinoza, Rocío Díaz, y Juan Pablo Navarrete, en el capítulo "PAN, PRD y PRI en la lucha por el poder presidencial de 2006". En este trabajo, que analiza los procesos de selección interna para candidatos a la Presidencia en esos partidos, los autores advierten que la división interna que genera la disputa por la candidatura presidencial puede reducir las posibilidades de éxito en la elección constitucional. El ejemplo de esta dificultad se dio en ese entonces en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el cual no se pudo cohesionar después de las violentas pugnas entre Roberto Madrazo y Elba Esther Gordillo. Una situación contraria ocurrió en el Partido Acción Nacional (PAN), que a pesar de la pugna entre Santiago Creel y Felipe Calderón, con una adecuada estructura organizacional y el trabajo de la dirigencia partidista pudo unirse en torno a la candidatura del ganador y enfrentar con éxito la elección. El Partido de la Revolución Democrática (PRD) no enfrentó problemas de unidad, pues la figura de Andrés Manuel López Obrador, cuya candidatura no se cuestionó, evitó las pugnas internas y la división.

De las dificultades que origina un mal diseño organizacional y la necesidad de reglas claras para solucionar los conflictos internos de los partidos políticos se encarga Guadalupe Pacheco en su texto "La heterogeneidad organizativa del PRI y la elección de su candidato presidencial 150 en 2005". La autora concluye que el mal diseño organizacional y la falta de reglas son elementos que contribuyen a explicar la caída del PRI, que se ubicó en el tercer lugar de las preferencias ciudadanas.

De ambos trabajos se deduce que la elección del candidato presidencial debilita a los partidos políticos y que un partido cohesionado tiene mejores posibilidades de éxito en las elecciones constitucionales. Esta conclusión lleva a la siguiente pregunta: ¿cómo tendrían que definir los partidos políticos su estructura interna para ser democráticos y al mismo tiempo estar cohesionados? Dada la premisa sobre la cohesión y las posibilidades de éxito, ¿cuáles serán los escenarios en los que se enfrentarán los tres partidos mayoritarios en la elección de 2012?

Otro problema estructural del que se ocupa este libro es el de la relación entre representantes y representados y de la rendición de cuentas. Adrián Gimate-Welsh, en el capítulo "Construcción de la agenda política en 2006. Los candidatos Andrés Manuel López Obrador, Felipe Calderón y Roberto Madrazo", analiza las dificultades para hacer efectiva la representación y, sobre todo, la rendición de cuentas. A partir de la propuesta de Adam Przeworski y Susan Stokes, la conclusión del autor es contundente: en México la representación-mandato se incumple. Dos razones explican la dificultad en el ejercicio de la evaluación ciudadana: la información tendenciosa y manipuladora difundida por los medios de comunicación, y el diseño institucional del sistema electoral y de los partidos políticos, que en los últimos años ha generado gobiernos divididos, donde la formación de coaliciones tiende a dispersar la responsabilidad.

Álvaro López estudia el fenómeno de los gobiernos divididos en el capítulo "Entre la parálisis y el consenso. Los partidos y la formación de la agenda legislativa", donde sostiene que el gobierno dividido es uno de los rasgos de la normalidad democrática en México. Para apoyar esta afirmación recurre a los resultados de las elecciones para la conformación del Congreso de la Unión y presidente de la República; señala, entonces, que aun en los casos de elecciones concurrentes el partido del Ejecutivo Federal no ha obtenido una mayoría legislativa, por lo que varios presidentes se han visto obligados a negociar con una legislatura multipartidista. El autor confronta a quienes señalan que un efecto negativo de los gobiernos divididos es la parálisis legislativa, pues, indica, "en las legislaturas LVII, LVIII y LIX el volumen absoluto de leyes y decretos se ha incrementado". Durante el periodo de 1997 a 2006, "la legislatura ha aumentado su poder proactivo" mientras que el Ejecutivo "dejó de ser el actor principal en el proceso de fijación de la agenda y el Congreso comienza a operar como un centro de poder autónomo". En términos democráticos, el resultado de estas acciones muestra claroscuros: favorables para la división de poderes y la productividad legislativa, pero complicados cuando el Ejecutivo presenta las iniciativas de reformas estructurales.

El tercer tema del que se ocupa este libro es el papel de los medios de comunicación durante los procesos electorales. Javier Esteinou, en su trabajo "Los medios electrónicos de difusión colectivos y la transformación de la política en México a principios del siglo XX", apunta la interesante tesis de que la transición a la democracia en México se puede observar en materia electoral, en la transparencia e incluso en los derechos ciudadanos, lo cual no ha ocurrido en materia de medios de comunicación. Más aún, en este lapso, los medios de comunicación electrónicos "se han convertido en el primer poder ideológico que existe en nuestra sociedad". Esta posición hegemónica se explica por la concentración duopólica de la industria, lo que ha dado lugar a tres efectos perniciosos para la democracia: en primer lugar, la falta de espacios públicos en los que se puedan expresar ciudadanos, organizaciones y movimientos, los cuales ven restringidas sus posibilidades de ejercer el derecho de expresión, pues no cuentan con los canales adecuados para este ejercicio; en segundo término, la libertad de expresión se convierte en un derecho que sólo pueden ejercer los propietarios de los medios de comunicación; por último, los propietarios de los medios de comunicación ejercen su derecho de expresión mediante la información que emiten y que va de acuerdo con sus preferencias e intereses, con lo cual restringen el derecho a la información de los ciudadanos. La solución que propone Esteinou radica en recuperar los medios electrónicos para servir al interés público y permitir que los ciudadanos y sus organizaciones tengan medios de comunicación.

El cuarto tema de esta obra se refiere a las reglas electorales que definen la disputa por el poder. José Woldenberg, en el capítulo "La próxima reforma electoral", escrito después del conflicto postelectoral de 2006, señala los elementos que se deben redefinir para mejorar las condiciones de la competencia electoral y el desempeño del sistema político. Uno central es la función de los medios de comunicación electrónicos en los procesos electorales.

En esta última relación, medios de comunicación y reforma electoral, está uno de los problemas más serios que afecta a las democracias contemporáneas, pues repercute no sólo en el desarrollo de los procesos electorales, sino también en las estructuras de los partidos políticos y limita, o cuando menos redefine, las posibilidades de representación ciudadana y de rendición de cuentas. La importancia de los medios de comunicación ha llevado a diversos autores a puntualizar la necesidad de replantear algunas de las categorías indispensables para la democracia, y a postular que es necesario repensarlas para una situación en la que los medios de comunicación electrónica constituyen el gran poder.

La reforma constitucional de 2007 incorporó gran parte de los elementos que Woldenberg señala en su texto; sin embargo, la primera aplicación de ellos en 2009 no logró corregir los problemas estructurales que analizan los autores de este libro. En particular, queda claro que esa reforma no dio los resultados esperados en el ámbito de los medios de comunicación. Por supuesto, sí hubo consecuencias positivas, aunque menores; por ejemplo, la reducción de los montos de financiamiento asignados a los partidos políticos y el aumento de las posibilidades de fiscalización de la autoridad electoral. Sin embargo, lo central durante el proceso electoral de 2009 fue que los actores políticos incurrieron en actividades que alteraron la equidad, esencialmente a través de la relación que establecieron algunos partidos políticos con los medios de comunicación electrónicos y de las acciones propias de estos últimos.

La falta de confianza en los resultados electorales que se expresó durante el proceso electoral de 2006 y la dificultad para regular la competencia política en la campaña electoral de 2009 constituyen la mejor muestra de la necesidad de continuar con el estudio de los procesos electorales a fin de contar con mejores elementos explicativos. Para este propósito resulta útil la lectura de Rumbo a Los Pinos en el 2006.

Notas

¹Hasta entonces el presidente del Instituto Federal Electoral era un funcionario de la Secretaría de Gobernación.