El poder popular y la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. APPO, 2006*

The popular power and the Popular Assembly of Peoples of Oaxaca, APPO, 2006

Armando Rendón Corona**

** Doctor en ciencia política, profesor–investigador del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Correo electrónico: <jrendona@hotmail.com>

Artículo recibido el 13 de junio de 2007
Aceptado el 25 de abril de 2008

Resumen

Este trabajo forma parte de una investigación más amplia sobre el conflicto social en el estado de Oaxaca, que se ha delimitado para el año 2006, propiamente de junio a diciembre, etapa en la que se condensan procesos de conflictos anteriores. El proyecto original reconstruye el proceso día a día, sobre la base de una cronología que recoge los acontecimientos más significativos para nuestro propósito; ahí se analiza el cuadro de contendientes y el juego de acciones y reacciones que conforman el proceso de conflicto.

Palabras clave: poder popular, APPO, Oaxaca, asambleas.

Abstracts

This essay is part of a wider main research on the social conflict in Oaxaca, Mexico, in 2006, strictly speaking from June to December, a period that condenses previous social process. The original project reconstructs the day to day process, by way of a chronology following the events specific to ours purposes, in it we analyze the chart of contenders and the action-reaction scheme that shape's the conflict process.

Introducción

La finalidad de este artículo es reconstruir la noción de poder popular (PP) que han venido elaborando en Oaxaca desde tiempo atrás diversos actores políticos. Esta noción condensa el programa de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y es una formulación de las culturas originarias. Digo reconstruir porque el propósito es ante todo descriptivo, ordenador de una abigarrada diversidad de opiniones de los actores. No es una teoría ni una ideología sistemática, tampoco es el producto desarrollado por un intelectual ni por un grupo de ideólogos; es, más bien, un clima que arraiga como las ideas fuerza, según la expresión de H. Bergson. Nace de una crisis profunda de la sociedad local que fue tocando todas las dimensiones de la vida, pero, visto en perspectiva, este conflicto es sólo un momento de un largo proceso que se extiende hacia atrás y hacia delante en el tiempo.

Las fuentes documentales sobre el tema que aquí se aborda son escasas, pese a que en su momento se produjeron muchos testimonios y proposiciones relativos a las coyunturas. En el periodo estudiado se vertieron reflexiones y estudios en foros que atrajeron a numerosos intelectuales, quienes deliberaron sobre la historia y la cultura oaxaqueñas, acerca de las grandes carencias y la ominosa presencia del Plan Puebla–Panamá; en fin, sobre una gama de dimensiones de la vida social que son sujetos de cambio. No obstante, en torno a la noción de PP se dispone de escasos documentos, elaborados por organizaciones más que por pensadores individuales. La argumentación es sobre todo oral y se expresó en todas las lenguas autóctonas, se difundió a través de las radios comunitarias y de los nueve medios de comunicación tomados por la APPO, así como en innumerables asambleas y concentraciones populares de todo tipo y tamaño.

Este documento se construye con una pequeña parte de esas expresiones: documentos, volantes, grabaciones, filmaciones, prensa local, entrevistas y recolección de datos en trabajo de campo. La información propiamente sobre el PP que aquí se presenta proviene de documentos elaborados expresamente para el debate programático, y de las discusiones y testimonios recogidos de manera directa durante el congreso fundador de la APPO, que tuvo lugar en noviembre de 2006.

La cuestión de la dualidad de poder

Durante las discusiones en el seno de la APPO, los conceptos gobierno paralelo, cogobierno, dualidad de poder, PP, contrapoder, poder alternativo y otros similares se usaron como sinónimos, aunque en realidad, pueden significar distintas cosas.

La dualidad de poder supone la coexistencia contradictoria de dos poderes. Durante el desarrollo del conflicto oaxaqueño se discutieron dos salidas al poder dual: puede derivar en la sustitución de un sistema por otro, o bien llegar a un compromiso entre las fuerzas detentadoras de poder.

La segunda posibilidad se produce con la confrontación de dos poderes sostenidos por fuerzas distintas en situaciones revolucionarias o de crisis sistémica, es decir, una contradicción excluyente. Los ejemplos históricos más recordados son la Comuna de París en 1871 y los sóviets en la Rusia en 1905 y 1917.¹ Un cambio sin retorno, no una conciliación de términos.

En la segunda revolución rusa, de octubre de 1917, el gobierno provisional se encontraba en posesión de los órganos de poder de un Estado en crisis, frente a un gobierno paralelo formado por los sóviets que representaban a la mayoría del pueblo. Los bolcheviques reconocieron la dualidad de poder como un hecho revolucionario no constitucional que surge de la ruptura del equilibrio social y de la incapacidad del Estado para hacerse obedecer. Las fuerzas que se oponen son incompatibles y buscan eliminar al contrario, dependiendo del desarrollo de la relación de fuerzas durante el curso del catastrófico conflicto. Se produce una dualidad de poder en la medida en que una de esas fuerzas podría llegar a vencer a la contraria por medio de la guerra civil y la guerra internacional. Esta situación fue denominada por Gramsci equilibrio catastrófico.

En una crisis que no tiene características revolucionarias sino de evolución democrática, cuando la sociedad admite la pluralidad de fuerzas y cuenta con mecanismos institucionales de solución del conflicto se puede llegar a un equilibrio histórico de larga duración.

La dialéctica de la dualidad de poder durante la crisis se puede reconocer por la disolución del poder estatal, su fragmentación en múltiples factores de poder que van perdiendo su centro articulador, mientras, del otro lado, un nuevo bloque social en formación va superando la dispersión y construyendo una centralidad orgánica. Difícilmente se puede hablar de contrapoder cuando se ha reunido una multitud inorgánica y fortuita, incoherente en cuanto a sus objetivos y conducción. Si junto a la impugnación hay una subversión del poder establecido, se puede reconocer la aparición de un contrapoder, embrionario mientras se descompone la relación de subordinación entre dominantes y dominados, y en tanto madura el nuevo poder hacia una fuerza social coherente, dotada de un grado de centralidad, y dispuesta a confrontar al poder establecido, que va emplazando sus propias instituciones y autoridad.

En el caso de Oaxaca se puede plantear la hipótesis de que la sustitución completa de un sistema por otro no es posible mientras la relación de fuerzas no cambie el sistema político nacional. No obstante, el Estado no podrá suprimir una voluntad social mayoritaria de cambio y tendrá que incorporar transformaciones sustanciales en el marco del sistema vigente, es decir, la coexistencia de dos fuerzas políticas contrarias crea una dualidad en la que ninguna de ellas puede eliminar a la otra (por más que el gobierno estatal se lo haya propuesto). De ser así, es lógico preguntarse qué efecto tendrá la consolidación de la democracia social regional sobre la democratización del sistema político mexicano.

Los conceptos de PP y dualidad de poder están presentes en el movimiento social oaxaqueño, forman parte del lenguaje común y aluden a una realidad a la vez dolorosa y esperanzadora. Se trata de un movimiento de profundidad histórica regional que ha pasado ya por varias etapas y que ha conocido momentos de plenitud, sin que la feroz represión desatada en su contra haya decidido en definitiva su futuro. El significado de esas nociones es todavía impreciso por la diversidad de los actores y los intereses en juego; sin embargo, es algo que cada sector social comprometido practica a su manera, en tanto se va formando una base identitaria común.

En la mixtura de culturas originarias y urbanas, la APPO afirma el principio comunitario, es decir, la recuperación de una forma de relación social conservada históricamente por las comunidades de los 16 grupos étnicos. El intercambio entre la cultura ancestral y las urbanas modernas (sindical, vecinal, partidaria, de las organizaciones no gubernamentales, ONG) está produciendo interpretaciones a veces vagas y contradictorias, pero no podría ser de otra manera en un intenso proceso de experimentación de democracia directa.

El propósito de este ensayo es reunir diversos planteamientos en torno a la toma del espacio público por sectores de la sociedad oaxaqueña, en un movimiento envolvente de la vida social, que se expande de manera desigual e incorpora nuevos actores, nuevas esferas de interés público y nuevas formas de participación de las colectividades y personas. A diferencia de los movimientos sociales reivindicativos, este movimiento de resistencia civil es directamente político en la medida en que se aboca a lograr cambio de la clase política y de sus estructuras de dominación, e impugna las jerarquías sociales y su modelo cultural dominante; en fin, en la medida en que busca una vía propia de superación de la exclusión, la desigualdad y la injusticia. Se propone la construcción de un orden social democrático del que se carece desde la ocupación colonial europea hace ya más de cinco siglos.

La aparición de esta alternativa representó un desafío al orden establecido puesto, que se constituyó como un poder social paralelo. A ello se debió que la clase dominante y los gobiernos estatal y federal reaccionaran con rabia inaudita, con la pretensión de suprimir el proceso mediante el terrorismo de Estado desatado en tres oleadas, cuyo punto más alto fue la escalada de violencia del 25 de noviembre de 2006 —cuando intervino la Policía Federal Preventiva— y los días siguientes, lo que si bien causó un gran debilitamiento a la APPO, no la destruyó.

Los significados del poder popular en el primer congreso de la APPO

El Primer Congreso de la APPO se llevó a cabo en noviembre de 2006, casi cinco meses después de haberse convocado por primera vez una asamblea ampliamente representativa, en junio del 2006. En ese lapso se practicó intensamente el asambleísmo en los ámbitos urbano y rural, y se generó una creciente radicalización de sus reivindicaciones, que pasaron de las demandas gremiales del magisterio al desconocimiento del gobernador, y después de todos los poderes públicos estatales hasta convertirse, en un sentido profundo, en la impugnación del orden social.

La población se adueñó de la capital del estado y de muchas localidades; el gobierno desapareció de las calles de la ciudad, a no ser por las incursiones de los escuadrones de la muerte; el espacio público fue tomado por diversos grupos pertenecientes o no a organizaciones, pero vinculados con la APPO. En cosa de semanas, amplios sectores sociales reconocieron la autoridad de la APPO, a la que no cesaban de incorporarse nuevos grupos y asambleas, aunque no faltaron algunos que se rehusaron a ingresar por desconfianza a las pretensiones de hegemonía de algunas organizaciones y personalidades.

Este parlamento social maduró lo suficiente como para dotarse de una estructura, un programa y una dirección estable. Fue entonces que la APPO apareció claramente como una alternativa de poder. Para afirmar que la organización llegó a un punto de madurez, habría que tomar en cuenta muchos factores, pero aquí podemos referirnos a la formación de una conciencia colectiva sobre la necesidad de un cambio en el orden social mediante la invención de alternativas concretas, o, más bien, una mezcla de reivindicaciones inmediatas junto a metas que se vislumbraban a largo plazo. Sobresale el hecho de que los más de 800 delegados al primer Congreso (y otros tantos observadores llegados de todas partes), asumieron el papel de partícipes de un órgano de poder y de gobierno capaz de tomar decisiones eficaces y de dirigir el combate por el poder.

La creación de la APPO respondió a la necesidad de coordinar a los diversos actores y dotarse de un programa que amalgamara propuestas generales y particulares, es decir, representó el principio de centralidad de un bloque social, requisito indispensable para constituirse como una fuerza alternativa a los poderes concentrados del Estado y de la economía.

En el congreso estaban presentes todas las corrientes de izquierda, algunas ligadas a facciones del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Partido Convergencia, sin que los partidos participaran como tales; incluso acudieron personajes identificados con camarillas de la clase política. Junto a ellos había numerosos delegados sin filiación política: grupos de ciudadanos activistas, delegados de las asambleas de barrio o de colonia, de las ONG (se contaron 65 de ellas) y de las barricadas. En esta etapa, debido a cierto retraimiento de la dirección de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), el mayor peso se concentró en el bloque de pueblos originarios. En el congreso, hasta las más pequeñas organizaciones pudieron hacerse oír con la misma consideración que las más grandes. No se concluía un tema hasta que todos los oradores hablaran, sin restricciones.

El debate tomó un curso más propositivo que la mera denuncia; fueron cientos los oradores que hicieron propuestas específicas y generales, de modo que la relatoría no podía hacerse más que como listados de demandas e ideas. Logramos registrar muchas de ellas y también conversamos con delegados para conocer sus opiniones sobre tal o cual punto. Además, algunas corrientes políticas con trayectorias ideológicas muy definidas presentaron documentos. Otros delegados sin adscripción también expusieron ideas innovadoras. Así que cuando hablamos de ideología, en este contexto debemos hacerlo en plural.

Con esta información heterogénea nos proponemos situar el problema mediante un esquema de los temas que se debatieron, a fin de darle cierta coherencia a la diversidad de proposiciones prácticas, teóricas o ideológicas; es decir, a un conjunto de elementos de distinta procedencia y profundidad. Nos pareció, pues, apropiado, limitarnos a una sistematización empírica de las percepciones más o menos generalizadas y compartidas en el momento mismo de fabricación de una mentalidad colectiva.

Todos los participantes hablaron del PP como algo sabido, pero que debía afirmarse públicamente. Para algunos, el pueblo son las comunidades, los pueblos son las etnias.² Ésta es una acepción limitada al mundo indígena, pero otras abarcan al mundo urbano. En un plano más doctrinario, un orador demandó adoptar el lema de "poder obrero, campesino y popular". Un participante más pidió que el pp se considerara como un principio definitorio dentro de la Declaración de Principios. Otro más, sostuvo que el vocablo popular debía estar en todos los ámbitos: económico, social, cultural y en los demás espacios sociales. El lema que resume la estrategia y esperanzas de este movimiento social organizado es "Todo el poder al pueblo", coreado en las manifestaciones, escrito en las pancartas, pintado en las bardas y que rubrica los documentos y discursos.

Las aplicaciones de esta idea fuerza van en todas direcciones. Para un delegado significaba que la APPO debía convertirse en un consejo de gobierno, con todos sus departamentos y fideicomisos; otro habló de crear una junta de buen gobierno, emulando los autogobiernos zapatistas en Chiapas. El Consejo Estatal tenía que representar a toda la sociedad y por eso debía constituirse como gobierno popular paralelo, en tanto no desaparecieran los poderes legales. Aquí hay ambigüedad en el uso del concepto, ya que algunas veces se utiliza en el sentido jurídico de desaparición de poderes, según el cual la declaratoria de desaparición corre a cargo de una autoridad superior, el Senado, lo que implica que el restablecimiento de esos poderes del Estado debe ajustarse a los procedimientos institucionales, mismos que estaban siendo impugnados. Pero también se usaba la frase con el significado de desconocimiento de las autoridades y hasta del sistema de dominación. Claro está que, llegado el caso, se hubiera tenido que enfrentar esa realidad política, reconocer el sistema institucional. También se sobreentiende que se reconstituiría la administración pública, pero no bajo la determinación del Poder Ejecutivo, sino de la APPO, como lo muestra la propuesta de que fuera el PP el que regulara los salarios de los altos funcionarios.

Los participantes concibieron a la APPO como un poder distinto al institucional–legal, que debe ser institucionalizado, para lo cual se requiere convocar a un congreso constituyente que dicte una nueva Constitución estatal³ (el objetivo de un constituyente nacional se incluyó más tarde, al conformarse la APPM). De ser así, tendría que incorporarse la normatividad del parlamento comunitario, como un delegado definió a la APPO. Otra intervención la consideró un espacio deliberativo para plantear problemas y buscar soluciones conjuntas. Una delegada llamó al nuevo orden una "república de muchas comunas". Otra definición más estrecha decía: "la APPO es una asamblea de los pueblos originarios".

Se expresó la opinión generalizada de que todas las instituciones están en crisis, no se les cree y no se debe creer más en ellas; no se trata de reformarlas sino de crear instituciones que las reemplacen y reconozcan en primera instancia a las instituciones comunitarias. Algunos sostuvieron que las instituciones autoritarias debían desaparecer y en su lugar construirse el PP. Alguien señaló: ningún partido ni el gobierno "van a mirar por nosotros". Otro orador lo definió así: "el gobierno [legal] es de unos cuantos, para mí, [en cambio], el gobierno es el pueblo". La discusión en la Mesa 3, cuyo tema era La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, abundó sobre el hecho de que los gobiernos carecen de legitimidad y ningún partido que gane las elecciones representa los intereses de la mayoría del pueblo. El llamado a no creer en las instituciones de la democracia formal se aplica también a los sindicatos corporativos charros, porque tampoco cumplen con la democracia representativa.

Así, la APPO se considera a sí misma como una entidad independiente del Estado y de los partidos políticos; en consecuencia, al ser un movimiento popular, no debe adoptar un esquema de organización rígido como el de los partidos.⁴ Esta posición fue compartida incluso por aquellos que militan en partidos de izquierda, puesto que nadie pone en duda el principio de autonomía. Una postura que tiene amplia aceptación es el rechazo a los partidos por considerarlos parte de las instituciones que deben desaparecer. En esta línea se propuso que sea el pueblo quien nombre a los representantes, que estarían obligados a consultar al pueblo antes de tomar decisiones; otro orador secundó proponiendo que se postularan candidaturas independientes emanadas del pueblo; uno más añadió que, al no haber diputados y senadores de partido, las curules se repartieran a los sectores sociales, como obreros, amas de casa, etcétera. Es difícil saber si hay una opinión mayoritaria antipartidos, pero lo cierto es que se les hicieron serias acusaciones de nepotismo y traición a la base, entre otros vicios, sin que nadie las desmintiera.

En el fondo no es el principio abstracto de la representación social y política lo que se impugna, sino un régimen concreto: la degenerada forma de dominio de los representantes políticos y sociales en el sistema político mexicano. En la estructura piramidal de las asambleas de la APPO existe el principio representativo, pero con un significado auténtico, en el que los representantes no constituyen una esfera aparte, sino que están subordinados a la base. Entendemos que se rechaza el modelo de dominación existente, pero no el principio funcional de la representación.

Gracias a la cultura comunitaria y asamblearia, la idea del autogobierno se integró a la vida cotidiana de los diversos grupos sociales y, a partir de una fundada desconfianza, la reflexión sobre cómo controlar a los dirigentes de las organizaciones sociales, a las autoridades municipales y tradicionales y, sobre todo, al gobernador.

Entre las instituciones oficiales que sería necesario transformar están las que tienen una función represiva. En especial, se demandó rehacer el sistema de justicia y penitenciario e impedir la corrupción del ministerio público, tema particularmente sensible después de una larga historia de represión. Otra iniciativa que resultaba natural era sustituir a los cuerpos policíacos por una vigilancia colectiva. De esto había antecedentes, el primero de ellos referido a la sustitución de la Policía Magisterial de Oaxaca (Pomo), como consecuencia de la represión ejercida el 14 de junio de 2006, por una policía comunitaria, cosa que se venía practicando en la capital y en otras comunidades regidas por los usos y costumbres, donde la seguridad pública está a cargo de topiles (vigilantes) de barrio, que dieron lugar a los comités de vigilancia ("para cuidarnos nosotros mismos").

La discusión estaba impregnada de los apremios de la lucha cotidiana contra el gobierno, en la que figuraban en la primera línea de combate las asambleas de barricada, expresión directa del PP. En consecuencia, a nadie extrañó que un delegado propusiera construir la dualidad de poder a través de colocar barricadas en todas las oficinas del gobierno. Esto se puede entender en dos sentidos: uno, bloquear el funcionamiento de la administración estatal; y dos, desarrollar asambleas de base en la administración pública. Otro delegado sugirió que la sede de la APPO fuera el palacio de gobierno –que tiempo atrás había sido abandonado por Ulises Ruiz y convertido en museo–, algo que no se pensaba como mera acción táctica sino como consecuencia de un nuevo poder que se constituye en gobierno.

Durante los debates, Hugo Hiriart, académico de la UNAM invitado, retomó la cuestión de la incipiente formación de identidad política de la APPO que, en su opinión, trata de construir un poder sin partidos políticos de por medio, un PP que representa a un bloque histórico; las barricadas son la síntesis de ese PP. El orador tenía presente la idea de la sustitución de un sistema político por otro, como ha ocurrido en las grandes crisis, y que la tradición de la izquierda siempre remite al paradigma de la Revolución rusa de 1917, donde se halla la solución histórica de la contradicción entre el viejo orden y el nuevo bloque popular. ⁵

En el caso que nos ocupa, lo que se dirime es la sustitución de un régimen autoritario por uno democrático; de modo más preciso, por una especie de democracia social que surge de manera natural de la cultura comunitaria ancestral de los pueblos oaxaqueños. Hizo hincapié en esta solución original al referirse al sentido comunitario de la unión popular en el que todos se saben dirigentes y sin caudillos, porque la militancia es una necesidad social profunda. Son los pueblos reunidos en asamblea los que construyen los derechos sociales. No obstante, previno contra la manipulación del significado de lo comunitario practicado por el asistencialismo del gobierno y de las ONG.

Hubo consenso en torno a la necesidad de recuperar las formas ancestrales de organización y a partir de ellas emprender una nueva forma de hacer política. Por eso se insistió en que se reconozca la autonomía y libre determinación de las comunidades indígenas y que se revaloren el plurilingüismo, el tequio (ese trabajo liberado del mercado, según la expresión de Hugo Hiriart) y la guelaguetza (que significa solidaridad en la comunidad, cooperación).

En el mismo sentido, un representante de la asamblea de Pochutla argumentó que las instituciones occidentales son un fracaso porque son excluyentes. En cambio, la democracia mesoamericana sería el modelo de organización a seguir, porque son, desde la familia hasta el consejo de ancianos, instituciones propias. Asimismo, se dijo que los grupos de poder, la democracia de partidos, "nos han hecho perder la identidad comunitaria", razón por la cual hay que deslindarse de tal sistema; es más, a esa democracia (la representativa) es a la que se aplica la frase "mandar obedeciendo": puesto que la democracia comunitaria es ajena al mando, esa frase debería quitarse de los principios. No obstante, al final del congreso se aprobó adoptar el principio de mandar obedeciendo. ⁶

El nuevo orden social que conciben los miembros de la APPO está lleno de interrogantes. Por ejemplo, un delegado preguntaba: ¿qué sistema reemplazará al capitalismo?, a lo cual, en su turno, un representante del Frente Popular Revolucionario (FPR) contestó con la solicitud de que se declarara como objetivo máximo el socialismo.

La democracia asamblearia

Desde el primer momento de su integración, la APPO tomó una forma de organización democrática y horizontal, adoptada en las asambleas de las colonias y comunidades, barrios y barricadas, sindicatos y organizaciones sociales. Entre los atributos de la asamblea deliberativa están, además de la toma de decisiones de manera colectiva, el reconocimiento del pluralismo cultural y el consenso como procedimiento.

De ahí que durante el Congreso se hicieran numerosas intervenciones redundantes en las que se resaltaron los principios que debían caracterizar a la organización. Por ejemplo, la agrupación de comunidades Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca (OIDHO) insistió en rechazar las estructuras verticales. En este movimiento, dijeron sus integrantes, la dirección debería ser colectiva y horizontal; el Consejo Estatal, órgano de dirección, no tendría un presidente. De esta manera se evita que algunos hagan carrera política a costa del movimiento;⁷ asimismo, se preserva el carácter colectivo de la autoridad cuando se da por sentado que se actuará contra el caudillismo y el culto a la personalidad.⁸

Se aclaró repetidamente que el consenso es contrario a la votación, es decir, el procedimiento de mayoría que caracteriza a la democracia occidental; la votación de acuerdos por mayoría sería un retroceso hacia las prácticas partidarias que distorsionan los acuerdos porque los grupos quieren ganar votos y delegados. En cambio, en las asambleas comunitarias no se toma en cuenta el número: se discute hasta que todos estén convencidos.

Así pues, el principio básico que todos aceptaron es que la asamblea es la máxima autoridad, pero resultaba evidente que todavía había que trabajar por su expansión. Así lo hizo ver un delegado al señalar que aún eran insuficientes las asambleas y debía seguirse promoviendo en los barrios y en todos los sectores. Según explicó un participante, el pueblo fue el que organizó las barricadas, no la APPO, pero el pueblo no está organizado; en cambio, en el Congreso sólo estaban las organizaciones. Esta crítica muestra la existencia de un debate sobre la representatividad de la APPO, pero aquí lo que interesa es resaltar que las asambleas no son creación del órgano de dirección; por el contrario, la APPO es la suma de gran parte de ellas, las que a su vez expresan sólo a una parte del pueblo.

La democracia asamblearia es una institución abierta a la participación de todos quienes quieran hacerlo, es la forma de democracia directa que aspira a ser de inclusión universal de la población distribuida en el territorio, en las actividades económicas, culturales, y de los excluidos de todo, como los niños de la calle, que tenían su propio sector al lado de otros siete. Es la forma del PP, una fórmula de gran profundidad que la izquierda partidaria no ha comprendido.

Entre muchos miembros de la APPO se concibe esta estructura como un modelo político alternativo que rebasa las fronteras del estado; se le ve como el modelo para crear las asambleas populares a escala nacional. Por ejemplo, el profesor Erangelio Mendoza, ex secretario general de la sección 22 del SNTE, afirmó que el PP era un proyecto estatal y nacional; en el mismo sentido, otro delegado propuso impulsar la construcción de la Asamblea Popular de los Pueblos de México. Esta iniciativa fue aprobada por el congreso en el plan de acción; la empresa se inició dos semanas después con la concurrencia inicial de ocho asambleas populares de otros tantos estados.

Tres versiones del poder popular

Los argumentos que giran en torno a los conceptos de dualidad de poderes y PP no son nuevos en el movimiento social oaxaqueño, pero ahora han dejado de ser una tesis para encarnar una realidad concreta. Antes que ser una idea que se anticipa, es una conceptualización de lo que ha sido una práctica, aunque dispersa y localizada sectorialmente.

Con el fin de dar una muestra de cómo se viene procesando esta conceptualización, presentamos las versiones elaboradas por tres organizaciones representativas: el Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (Codep), OIDHO y el FPR Estas organizaciones son agregaciones de grupos de base, de cuyo tipo se cuentan no pocos en el estado de Oaxaca. Son organizaciones sociales que sostienen proyectos políticos, o corrientes políticas que tienen influencia en organizaciones sectoriales, es decir, influyen en comunidades indígenas lo mismo que en sindicatos, entre estudiantes y mujeres y demás sectores y grupos de población. Las dos primeras son declaradamente partidarias del PP, en tanto que el FPR tiene una idea muy diferente, de inspiración bolchevique, puesto que está ligado al Partido Comunista de México (PCM) Marxista–Leninista, creado en 1988. Incorporamos aquí sus ideas no sólo porque es influyente sino también para contrastar una idea original con otra que viene de un pasado ya superado. Hay otras corrientes que comparten la idea del PP, pero es más lo que verbalizan que lo que escriben, y eso dificulta la tarea de darle seguimiento a su elaboración.

El Codep es una de las organizaciones locales que han adoptado el PP y la dualidad de poderes como concepción central. Enseguida presentamos una paráfrasis de sus tesis (Codep, 2006: 1).

La premisa es que las mayorías están excluidas del ejercicio del poder; la burocracia y los ricos sólo permiten a los trabajadores hacer política en los marcos del sistema, "dentro de los partidos políticos, cuando hay elecciones y dentro de la legalidad". "Los mecanismos de representación social de la democracia burguesa, como son el régimen de partidos políticos, el parlamento y los procesos electorales, están diseñados para concentrar el poder político en unas cuantas familias..." (Codep, 2006: 1).

Contra ese sistema, afirma el documento, el movimiento popular ha creado otro poder que emerge de la crisis del régimen, con nuevas instituciones que incluyen distintas formas de organización y de gobierno, y que se contrapone al poder de los ricos. Mientras el uno se fortalece, el otro se desgasta, es una dinámica en la que "se acumulan fuerzas suficientes para garantizar la toma del poder político por los trabajadores y sus aliados" (Codep, 2006: 2). De aplicarse literalmente este planteamiento al curso del movimiento social oaxaqueño, habría elementos para pensar lo contrario: que la acumulación de fuerzas es variable e incluso que tiene retrocesos.

Sin embargo, podemos entender que la dualidad de poder tiene una función coyuntural, que es producto de la crisis y apunta a un periodo en el que coexiste la democracia representativa propiamente dicha junto con la democracia directa que va tomando impulso hasta lograr el reemplazo de la primera. El problema que suscita el planteamiento anterior es si se debe suponer que es posible prescindir de los mecanismos que implica la democracia representativa, o si se trata más bien de remplazar un régimen elitista en el que la democracia es un simulacro. La respuesta es ambigua, pero se deduce que la oposición radical entre ambos sistemas se mantendrá hasta que llegue el momento en que el nuevo sistema se imponga, y con en él la forma de democracia directa subordine a la representativa.

El argumento distintivo del momento actual reside en que se propone avanzar la lucha a un nivel superior de lo que es un mero movimiento social reivindicativo. Ya no se trata de crear un frente o una coordinadora tradicionales, sino una organización "para ser gobierno", en forma distinta y paralela a la oficial, "en el entendido que no podemos, en estos momentos, tener todo el gobierno en nuestras manos" (Codep, 2006: 1).

El PP se concibe como un proceso progresivo de crecimiento y sustitución, que sigue una estrategia de acumulación de fuerzas en la cual se desarrolla la conciencia, la vocación de poder y se aprende a "ser gobierno sin intermediarios". Así pues, esta concepción reúne en una misma estrategia de desarrollo del poder alternativo, la expansión en la estructura social, en el poder institucional y en el territorio.

El concepto de espacio se usa para referirse a tres dimensiones interrelacionadas del conflicto, entre las cuales el Codep sólo se ocupa de una, la territorial. Esas dimensiones son: 1) la estructura institucional (gobiernos, partidos, Poder Legislativo local y federal); 2) la estructura social (clases, mundos indígena, urbano, laboral, asociativo), y 3) el ámbito geográfico o territorial (regiones, comunidades, colonias).

El espacio institucional es un campo en disputa; por ejemplo, grupos locales tomaron decenas de alcaldías en las que destituyeron a los gobiernos o instalaron gobiernos paralelos; en muchos municipios gobernados según los usos y costumbres, las asambleas comunitarias disciplinaron a los presidentes municipales. Si bien los diputados locales de todos los partidos estaban subordinados al gobernador, y la legislatura se renovaría apenas en 2007, en las elecciones federales del 2006 la APPO llamó a no votar por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ni por el Partido

Acción Nacional (PAN), y esa convocatoria les hizo perder casi todas las curules a esos dos partidos, lo que terminó por beneficiar al PRD. En la elección legislativa estatal del 2007, una parte de la APPO llamó a no votar por ninguno de los tres partidos y el resultado fue que el PRI ganó todo.

La dimensión territorial es clave por dos razones: una, la disputa por la hegemonía política en las regiones del estado, y dos, el desarrollo desigual del movimiento de resistencia. Volviendo a la estrategia territorial del Codep, vemos que el concepto de territorio delimita un espacio físico que debe expandirse: una calle, un cerro, una comunidad o colonia, un municipio, e incluso varios estados. En ese territorio se realizan las asambleas y acciones mediante una lucha de posiciones (Codep, 2006: 5–6). Es de hacer notar que esta forma de lucha evoca la noción gramsciana de guerra de posiciones (de trincheras) en el sentido geográfico, a la manera de territorios liberados.

Merece un comentario aparte la referencia a la posibilidad de establecer el PP en varios estados, lo cual requiere reflexionar sobre el modelo único o múltiple de PP. Es cierto que el PP es una modalidad de la democracia local, tema de un debate global desde hace dos décadas. Es por eso que se discute qué es lo generalizable y qué es lo específico del PP. En el documento que comentamos se muestra que el PP no se reduce a una visión localista; sin embargo, el planteamiento está impregnado de la cultura oaxaqueña, de ahí que sólo sea comparable con algunas regiones con alta densidad de población indígena. En todo caso, ése no es un problema que se plantee en el documento.

La dualidad de poder se logra cuando "la fuerza del pueblo es capaz de constituirse en gobierno o en un gobierno paralelo o hacer actos de gobierno y comienza a construir sus propios espacios económicos, políticos, culturales, educativos, recreativos". Es decir, creando una nueva economía, una nueva forma de hacer política y de hacer gobierno, nueva cultura, en fin, una nueva institucionalidad. Estas formas se contraponen a las de los grupos de poder dominantes, y reúnen en su ámbito, de hecho, una parte considerable de "poder y territorio". Una parte de la sociedad se asume como PP, aprende a ser gobierno y a ejercer el poder desde abajo. Puesto que el poder del pueblo "ya no puede ser destruido" (argumento que merece ser matizado), conviven en lucha dos poderes en equilibrio, "hasta que uno de los dos logra acumular la fuerza suficiente para derrotar a su contrario" (Codep, 2006: 2–3).

Según el Codep, la dualidad de poder no pretende sólo un cambio en la estructura del poder, que tendrá que darse, pero a consecuencia del cambio en las relaciones sociales de dominación mediante un entramado de poder social:

El PP es el ejercicio de la autoridad y el dominio de las clases explotadas, convirtiéndose en un poder alternativo y anticapitalista que surge en la lucha radical del pueblo, en el momento en que éstas alcanzan un nivel tal de organización, conciencia y combatividad que le permite imponer condiciones, crear nuevas instituciones conforme a los intereses del pueblo y ejercer libremente decisiones; es por tanto la negación del régimen político institucional y del propio sistema capitalista.

El PP "lo constituyen todas las instancias de poder del pueblo que prefiguren la estructura del nuevo Estado...", son "formas embrionarias de representación y participación democrática del pueblo en ejercicio del poder". Lo embrionario puede entenderse como la etapa formativa, y entonces habrá que suponer una siguiente etapa de consolidación en la que haría falta ejercer la hegemonía en todo el territorio, en toda la estructura social y en la estructura de poder. Pero desde esta primera etapa quedan delineadas características sustantivas del nuevo régimen, que se mencionan enseguida.

Puede discutirse el exceso de confianza en la suficiencia de la vía propuesta para poner fin al capitalismo, cosa mucho más compleja; pero lo que resulta más interesante es la búsqueda de alternativas, por ejemplo, oponer a la economía mercantil una economía solidaria. El poder dual propone una nueva economía, diferente y paralela a la capitalista, que genere sus propios recursos materiales y económicos, con proyectos económicos colectivos y cooperativas, que sean sustentables, con trabajo colectivo y distribución equitativa, sin que unos pocos se beneficien del trabajo de muchos, lo que es fuente de la desigualdad y pobreza.

Una economía paralela significa la coexistencia contradictoria de dos sistemas, donde la economía social frena o equilibra el dominio absoluto del capitalismo. Lo mismo ocurriría en otros campos, el PP tendría que crear nuevas instituciones políticas, entre las que se mencionan las propias instancias de decisión, la aprobación de leyes propias, la elección de las autoridades por el pueblo, tribunales propios, y una organización propia de la producción, comercialización y consumo. Así, al tiempo que se va creando el nuevo poder anticapitalista, se desestructura gradualmente el poder capitalista.

En consecuencia, el Codep afirma que el PP impulsa una cultura popular que rescata las tradiciones y costumbres positivas. Se propone cambiar los planes y programas de estudio, modificar los contenidos para una educación científica, teórico–práctica, útil para la comunidad, que lleve el germen de la conciencia crítica y transformadora, así como dar prioridad a la educación comunitaria y a la difusión de la teoría del PP.

El PP significa "implantar nuevos valores de solidaridad, libertad e igualdad al seno de las organizaciones del pueblo", así como métodos democráticos de representación y ejercicio de la autoridad entre el pueblo; por tanto, nuevas instituciones y nuevas formas de hacer política.

La nueva institucionalidad política se basa en asambleas representativas en varios niveles: estatal, municipios libres, zonas autónomas, gobiernos paralelos o populares (en referencia a las docenas de municipios tomados por la población donde los gobiernos del PRI fueron expulsados). Estas asambleas o consejos de representación de campesinos, indígenas, colonos, etcétera, son los que constituyen sus gobiernos locales.

Entre las prácticas participativas que resalta el PP están: el debate de las pautas a seguir; la ejecución, supervisión y control de los acuerdos; la doble función de la representación, ya que ésta y la gestión recaen en los mismos órganos. Dicho en otros términos, unifica la decisión y la ejecución, así como la participación directa y la representación. La democracia participativa también es un método para la elección de representantes, ya sea de manera directa (referida a los usos y costumbres comunitarios) o por voto universal, directo y secreto, bajo los principios de revocabilidad y renovación, lo cual presupone una democracia representativa pero más condicionada.

En cuanto poder paralelo, éste se distingue por su carácter ciudadano–comunitario, que para preservarse exige ser una organización independiente, autónoma y autogestiva. Presupone, afirma el Codep, un alto grado de unión y organización permanente de la población para el trabajo colectivo, el tequio; para hacer cooperativas de producción, de servicios y de comercio; para vigilar los territorios y para tomar decisiones en asambleas. Para conseguir esa unión y cooperación, la organización tendrá que ser flexible, sin dogmatismos y abierta a todas las formas de lucha posibles. Aunque esto último no queda explicitado en el documento.

La dualidad del autogobierno también se daría en el plano normativo. "En nuestros territorios [el PP] aprueba normas y reglas de vida, de convivencia, contra la delincuencia, la drogadicción, el alcoholismo, la prepotencia, el individualismo, el egoísmo, la falta de compañerismo, el conformismo, etcétera". Para ello, el requisito es que dicha normatividad sea producto del consenso entre los pobladores. No obstante, reconocen que la sustitución de la legalidad burguesa vendrá "cuando tengamos un parlamento propio o hegemonizado por el PP..." (Codep, 2006: 6–7).

Teóricamente, la admisión de leyes por consenso social se considera el estado ideal del orden democrático; en el caso oaxaqueño, este consenso es una realidad cotidiana en la vida de muchas comunidades. Es congruente con esta democracia la exigencia de crear una administración de justicia propia ejercida por autoridades tradicionales en los territorios bajo su influencia, así como la recuperación de la policía comunitaria (los topiles) (Codep, 2006: 7). La viabilidad de este argumento radica en que el derecho consuetudinario indígena ha sobrevivido a la dominación colonial y al Estado nacional. Por eso no es ninguna quimera el planteamiento que ha hecho la APPO de que la nueva institucionalidad quede garantizada en una nueva constitución local. En el movimiento democrático nacional, ha ganado terreno una idea semejante: la de llegar a crear un congreso constituyente que elabore una nueva constitución política.

Finalmente, cabe reflexionar sobre la tesis de que todas estas transformaciones que encarna el PP constituyen una revolución, en el sentido de que "es un proceso de cambio en la manera de pensar y de actuar de los individuos, desde los aspectos más simples de su vida, hasta aquellos que tienen que ver con el comportamiento y organización de la sociedad" (Codep, 2006: 4). Habrá que agregar que para su consecución se ha optado por la acción no violenta y la resistencia activa.

En este diseño del pp encontramos problemas sin esclarecer, entre las que destaca la cuestión del papel de la economía capitalista, sobre todo tratándose de economías de escala. Tampoco pone a discusión el hecho de que Oaxaca no es independiente del país y, por lo tanto, ¿qué tan lejos se le dejará llegar a un sistema local de PP?

Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca

Otra versión del P fue la expuesta por la OIDHO, un organismo que representa a un sector de indígenas en condición precaria, el cual sostiene la idea central de la democracia directa ejercida por las comunidades y las organizaciones de base, y se propone reordenar la sociedad conforme a la cultura indígena tradicional concebida como anticapitalista (OIDHO, 2006).

Impugna radicalmente al sistema de dominación política, económica y cultural, de manera que deja atrás una tradición de reivindicaciones parciales que nunca resolvió los problemas de fondo. Caracteriza al movimiento oaxaqueño como una lucha popular no sólo contra un tirano, el gobernador Ulises Ruiz, sino contra "todo un sistema", con sus estructuras políticas, económicas y culturales de dominación que ha declarado la "guerra de baja intensidad" porque "nos resistimos a entregar todas nuestras riquezas a unos cuantos [y] sólo quedar como modernos esclavos en los nuevos centros de explotación". Declaran que: "Hoy nadie nos puede engañar que todavía queda algo de bondad o justicia en los que nos gobiernan.".

Es una concepción de tipo emancipatorio, como las que recorren la región andina sudamericana, a partir de la recuperación de su identidad sociohistórica. Hace responsable de esa situación de sometimiento no sólo a los poderosos:

... sino también lo somos nosotros los oprimidos, que hemos dejado por muchos años, décadas, que quienes hoy nos tienen en la ignominia sigan ahí, es decir muchas veces hemos elegido a nuestros propios verdugos, o hemos vendido nuestra dignidad por un plato de lentejas y han utilizado nuestra pobreza para darnos sólo migajas, viviendo nuestros pueblos durante demasiados años en el sistema de limosna (OIDHO, 2006: 1–3).

Ahora, sostienen, la clase en el poder difama y criminaliza a la APPO porque "ya no nos prestamos a sus estrategias de cooptación, no nos doblegamos con ofrecimientos económicos ni amenazas de represión" (OIDHO, 2006: 1–3).

Afirman que el movimiento actual no es un estallido espontáneo, no se inició el 22 de mayo ni el 14 de junio de 2006 (momentos iniciales del conflicto magisterial), sino que es una lucha "preparada de mil formas por un gran número de pueblos y organizaciones". La causa inmediata fue:

La embestida brutal del desgobierno de Ulises Ruiz [que] inició contra los pueblos indígenas organizados. Los presos políticos de la Coordinadora Oaxaqueña Magonista Popular Antineoliberal (COMPA) y de la Promotora–Oaxaca, incluyendo los presos de nuestra organización OIDHO, fueron 60 las primeras víctimas de los métodos fascistas de este régimen. Aquí sólo queremos recordar los criminales e impunes ataques armados de autoridades priistas y cuerpos policíacos contra tequios, asambleas comunitarias y organizaciones locales en Santiago Xanica, San Miguel Panixtlahuaca y Santiago Cuixtla; otras organizaciones recordarán hechos nefastos (OIDHO, 2006: 1–3).

Explican que el 22 de mayo "iniciamos el plantón no sólo el magisterio, sino las organizaciones de la Promotora–Oaxaca, de la cual forma parte la sección 22" (OIDHO, 2006: 1–3).

El movimiento social se explica como la rebelión dada en una situación límite de violencia ejercida por el poder, pero caracterizan su estrategia de resistencia comunitaria como no violenta: "somos pacíficos pero no pasivos, somos plurales y autónomos, pero unidos, somos bases, no líderes ni vanguardias. Combinamos siglos de experiencia organizativa indígena con estrategias de los movimientos sociales modernos" (OIDHO, 2006: 3).

De acuerdo con esta organización, el cambio de las relaciones económicas sólo podrá darse si se generan proyectos económicos autogestivos propios, para lo cual se requiere arrancarle el poder a los actuales gobernantes y "lograr una profunda transformación política, económica y social". Vemos que, a diferencia del planteamiento del Codep, no piensan en un proceso progresivo de construcción de un contrapoder económico, sino a condición de cambiar a los gobernantes. Pero aquí hay un razonamiento ambiguo, puesto que para deshacerse del impedimento que representa la estructura de dominación encarnada por los gobernantes, se requiere de la construcción del PP.

A nosotros, hombres y mujeres de OIDHO, indígenas, campesinos y colonos de los lugares más marginados del estado, no nos interesa el poder de los "puestos"; ni siquiera el "poder popular" si fuera para establecer nuevas vanguardias y encumbrar nuevos líderes. Lo único que nos interesa es construir desde abajo y a la izquierda el poder organizativo y colectivo de los pueblos de Oaxaca, autónomos en sus decisiones, pero unidos en su lucha, que es la lucha de todos y todas quienes hemos decidido liberarnos de la esclavitud del siglo 21 (OIDHO, 2006: 6).

Para defender sus recursos naturales y culturales, "ninguna organización, comunidad, sindicato, etcétera, debe enfrentar en forma aislada, ya que se pretende aislarnos y destruir nuestro movimiento" (OIDHO, 2006: 6).

La OIDHO postula el camino largo, pero el único seguro, de funcionamiento de la democracia directa; es decir, la adopción de decisiones por los grupos de base y los acuerdos de los representantes mediante una nueva consulta a la base. No se trata de una solución coyuntural de operación organizativa, sino de un sistema duradero. Proponen que el desarrollo de la organización, en una fecha determinada:

...celebre una reunión local de la APPO, después una reunión municipal, después una distrital o regional, hasta volver nuevamente a un encuentro estatal de la APPO. [...] Recordemos siempre que nuestros tiempos no son los tiempos del sistema ni del gobierno, tampoco nuestras prácticas, trabajemos pues desde abajo y a la izquierda (OIDHO, 2006: 3–4).

La radicalidad del sistema de democracia directa es una reacción contra las élites concentradoras del poder, lo cual es un problema histórico en el sistema social y político mexicano. De ahí que declaren que la APPO y su Consejo no deben servir de trampolines para hacer carreras políticas dentro de las instituciones, que no hay cabida para los que quieren aprovecharse de luchas que no dieron ni para imponer ideologías o vías partidistas y liderazgos.

La ética política y la nueva forma de hacer política que proponen se basa en:

... el colectivo para la toma de decisiones y representantes legítimos para la ejecución de las mismas. Tenemos que crear todas las condiciones y estructuras para que quienes quieran utilizar nuestro movimiento para sus intereses no puedan hacerlo, porque las instancias (asambleas de base) evitarán cualquier utilización del movimiento. Debemos tomar en cuenta que estamos construyendo una estructura, y pensamos que la asamblea estatal del magisterio es una buena experiencia de la cual podemos aprender, perfeccionémosla, quitándole su verticalidad y retomando milenarias y nuevas formas libertarias y autónomas de organización (OIDHO, 2006: 4).

La alusión a la forma democrática de operar de la sección 22 del SNTE se refiere al procedimiento de consulta a la base, por el cual las unidades de base debaten sobre algún tema, luego la dirección estatal resuelve y somete la decisión final a una nueva consulta a la base. Éste es el procedimiento que distingue a la democracia semidirecta o plebiscitaria. A este principio de funcionamiento se agrega otro que es debatido en la actualidad en la ciencia política como indispensable para la democracia moderna: el diálogo argumentativo y los acuerdos por consenso, o sea, la democracia consensual.

La práctica asambleísta consiste en que "todos debemos ser escuchados, no podemos construir si no es mediante consensos, consenso no significa votar y mayoritear, significa buscar una solución con la que todos puedan estar de acuerdo. Nuestro programa debe ser lograr que nunca más se tomen decisiones sin consultar al pueblo" (OIDHO, 2006: 5). Este método contrarresta la influencia de los grupos y partidos políticos y las divisiones que acompañan a dicha influencia. Naturalmente, no es más que la recuperación de los modos de funcionamiento de las comunidades indígenas y no la introducción de alguna ideología.

El documento de la OIDHO no presenta una concepción desarrollada del nuevo sistema político, pero sí apunta algunas medidas contra la concentración del poder político que es propio del sistema institucional. Propone eliminar el culto a la personalidad, especialmente en los casos del presidente de la República y de los gobernadores, desmitificando esas figuras. Esos cargos recaerían: "en una instancia colectiva elegida cada tres o seis años; en este último caso, la presidencia del colectivo de seis personas sería rotativa por un periodo de un año; el salario sería el necesario para vivir en la medianía, el salario de los seis juntos sería el que gana el gobernador actual". Para ése y otros cambios, proponen reunir un congreso constituyente que elabore una nueva Constitución estatal (OIDHO, 2006: 5).

En suma, la OIDHO considera que el movimiento social oaxaqueño es antisistémico, una resistencia civil que va más allá de una causa particular, toda vez que se propone la sustitución de un sistema por otro. Pero lo observa desde su perspectiva de pueblos originarios y no contempla todo el espectro social no comunitario; por tanto, de sus planteamientos están ausentes las cuestiones de la sociedad moderna, tales como el trabajo asalariado, las economías de escala (electricidad, transporte, turismo) y los diversos elementos de la economía globalizada implicados en el Plan Puebla–Panamá, precisamente el que se propone los despojos contra los que se levanta la resistencia.

No obstante, es patente la voluntad no sólo de resistir sino de cambiar un sistema histórico de opresión con el propósito de conservar un sistema social comunitario y al mismo tiempo hacerlo compatible con un sistema moderno que podría llamarse social, no capitalista. Al sistema político dominante, oponen la democracia asamblearia o PP, y así constituyen un afluente del nuevo paradigma del PP que, como se muestra, no es una concepción teórica sistemática, sino un orden social que proviene de las culturas originarias y se transforma en programa en la actualidad.

La dualidad de poder según el Frente Popular Revolucionario

El FPR, vinculado al PCM, es una organización influyente en el movimiento popular oaxaqueño por su calidad de agregado de organizaciones y por su presencia como corriente dentro de organizaciones como la sección 22 del SNTE y, naturalmente, en la APPO. A diferencia de otras corrientes, tiene una activa producción de publicaciones que difunden sus apreciaciones de la coyuntura e ideología; sin embargo, contamos con poco material acerca del tema que nos ocupa, quizá por efecto de su deslinde de la corriente que se hace llamar del poder popular. Podemos darnos una idea de sus posturas al respecto a partir de los planteamientos expresados en un balance sobre el primer congreso de la APPO que difundieron a través de su órgano de información (Vanguardia Proletaria, 2006).⁹ La diferencia más importante que encontramos con respecto a las concepciones antes expuestas radica en el énfasis en el cambio revolucionario, inspirado en el modelo de los sóviets y la estrategia bolchevique de toma del poder.

Impugnan la falta de legitimidad de todas las instituciones burguesas, desde los poderes locales hasta los tres poderes de la Unión, que sirven a los intereses de los monopolios capitalistas. En lo que se refiere al gobierno estatal, bajo control del PRI pero protegido por el gobierno federal en manos del PAN, sostienen que ha derivado en el fascismo, en un régimen represivo que ha institucionalizado el terrorismo de Estado, con la pretensión de someter mediante el miedo al movimiento popular encabezado por la APPO. Este régimen, sostiene el FPR, ha emprendido una guerra contra los trabajadores.

Los partidos propiamente dichos forman parte del sistema político, es decir, pertenecen al campo adversario. Resulta un tanto paradójico que al estar ligado el FPR a un partido político, el PCM, que no descarta el empleo táctico de la vía electoral, haga suyo el resolutivo del Congreso de la APPO, en el que se estipula que la APPO no se convertirá en un partido electoral y en consecuencia prohíbe que haya dirigentes de partidos políticos electorales en el Consejo Estatal. Se trata de un acto de lealtad hacia la APPO, como también lo es que reconocieran la recomendación dirigida a las organizaciones políticas y sindicales de "romper con el sectarismo, el protagonismo y la obcecación ideológica que impide construir unitariamente consensos". Ambos reconocimientos son significativos si se toma en cuenta que las nuevas formas de hacer política han posibilitado superar en muchas ocasiones vicios que por largo tiempo obstruían la unidad. Naturalmente que esto es un reto para el propio FPR por tratarse de una organización dotada de una ideología muy definida.

Según su evaluación, lejos de amedrentarse, las masas pobres de Oaxaca se radicalizan y luchan contra la clase dominante, por lo que ya no es posible encontrar una solución política; interpretamos esta última como una negociación del cambio de personal del gobierno, que dejaría en pie el régimen político. La ruptura con el régimen es irreversible; entonces, el objetivo se condensa en el derrocamiento de Ulises Ruiz, demanda "que no es renunciable ni negociable".

La estrategia del FPR, a tono con la opinión más extendida en aquel momento entre los integrantes de la Asamblea, agrupó los asuntos en tres puntos: la organización de los sectores sociales o grupos de interés; la deliberación sobre las necesidades colectivas a concretar en el programa de demandas; y la constitución del poder dual.

El FPR le atribuye una función política a la APPO, sin abandonar su carácter de espacio de la sociedad civil. Declara a la APPO como una asamblea amplia, incluyente, antineoliberal y antiimperialista; es una asamblea representativa de todas las regiones y sectores organizados, y su forma de tomar decisiones es colectiva. Al Consejo Estatal se le equipara con un "estado mayor que planifica, organiza, dirige y vigila el funcionamiento de la organización en el estado".

A partir del supuesto de que las organizaciones populares se concentran en la APPO, su misión es integrar una plataforma política y programática "que desarrolle una línea democrática y revolucionaria, que mantenga y eleve su autoridad, influencia y movilización entre las masas explotadas. Tiene la gran tarea de construir asambleas populares en todo el estado, así como la de recoger y desarrollar las demandas económicas, sociales y políticas del pueblo". Al igual que las otras corrientes, el FPR sostiene que la organización parte de los pequeños núcleos de ciudadanos en rancherías, comunidades, colonias, barrios y demás sectores.

Según nuestro esquema, su concepción de dualidad de poder se inscribe dentro del modelo que postula la sustitución de un sistema social por otro, en cuyo tránsito han de coexistir dos sistemas de poder, o sea, la dualidad corresponde a una etapa transitoria. La forma de acción es directa, con medidas de autodefensa. Es, pues, una noción distinta al modelo de cogobierno, más propio de un compromiso histórico que de una situación de conflicto catastrófico. Según sus propios términos:

Hoy la APPO tiene que sintetizar las aspiraciones populares, de ser gobierno, debe convertirse en un instrumento del pueblo para sus intereses inmediatos y de largo plazo. Debe preparar al pueblo para escenarios de mayor confrontación. Las barricadas tienen que pasar a otra forma más elevada de organización como los comités de defensa proletaria o popular, que mantengan la forma de autodefensa, que le dé seguridad al movimiento (Vanguardia Proletaria, 2006).

La meta principal que le aconsejan fijarse a la APPO es constituirse en "una alternativa real de poder proletario y popular en Oaxaca ante la perplejidad de la oligarquía financiera, los ricos del país y las trasnacionales que no acaban de entender lo que pasa abajo". En suma, la Comuna de Oaxaca deberá permanecer "después de la caída del tirano, y deberá consolidarse como la primera fuerza política en el estado por encima del PRI". Dos supuestos son claros: primero, que la APPO representa un poder paralelo frente a las fuerzas que sostienen al régimen y que seguirán existiendo después de un cambio de gobernantes; segundo, que la asamblea representativa será el centro de la nueva institucionalidad.

Más allá de lo drástico de las formas de lucha empleadas para contrarrestar la violencia del Estado, se reconoce una salida democrática instituyente –a la cual se debe dedicar el mayor esfuerzo–, expresada en la consigna: "démosle al pueblo su papel soberano". La APPO, como asamblea representativa permanente que expresa el PP, tendrá que ser institucionalizada dentro de un nuevo orden constitucional. "Debe encarnar en un gobierno provisional que convoque a una asamblea constituyente democrática y popular a nivel estatal, abocada a redactar una nueva Constitución que establezca un régimen democrático y popular en Oaxaca". Tal constitución deberá ser "la síntesis de los intereses de la clase obrera y el campesinado pobre", aunque deja algún lugar a "otros sectores progresistas y democráticos antineoliberales". La base social de la nueva institucionalidad es el frente único de todos estos sectores, depositarios de la soberanía popular. Para el FPR es posible llegar a esa meta, pues da por hecho la consolidación de la APPO a partir de su primer congreso, y una correlación de fuerzas favorable, en espera de "la próxima revolución proletaria en México" (Vanguardia Proletaria, 2006).

Dado que el FPR insiste en considerar que la nueva institucionalidad corresponde a una etapa de transición, se da por entendido que las fuerzas del antiguo régimen no pueden ser suprimidas en lo inmediato y tendrán que coexistir en tensión constante con las nuevas, por tanto, en una dualidad de poder. Una forma transitoria en tanto llega algo que no se sabe bien a bien qué es, a menos que se piense en el comunismo de tipo soviético. Además, esta sociología es problemática, no tanto por la supuesta proximidad como por el carácter de clase del movimiento social ahora y después. La noción de pueblo pobre, incluidos los grupos étnicos, no acaba por cuadrar con el concepto de proletariado, que en realidad es una parte pequeña dentro de ese pueblo. Si se le quiere ver como vanguardia, habría que señalar que la parte organizada en sindicatos de los asalariados se ocupa principalmente en los servicios (turismo y sector público), en el que el sector predominante es el magisterial, que efectivamente desempeña el papel de vanguardia, aunque no así otros sindicatos. Asumen como proletario lo que no lo es, y actualizan una idea de vanguardia proletaria que desde hace mucho tiempo ha quedado rebasada.

Conclusión

Las opiniones reseñadas muestran la extendida opinión en el seno de la APPO de que el movimiento social que estalló en 2006 no fue espontáneo, sino la culminación de un proceso anterior de resistencias a un régimen tiránico que rebasó los límites soportables y que no conoce otra forma de imponerse que no sea la violencia. El conflicto social desembocó en una verdadera rebelión popular, que adoptó de inmediato formas de acción colectiva que evocaron para muchos militantes las imágenes de la Comuna de París de 1871 y de los sóviets rusos de 1917. El movimiento obedece a causas mediatas e inmediatas que encadenaron las reivindicaciones parciales a un programa de cambios profundos al sistema social, y en ellas se mezclan ánimos reformistas y revolucionarios. De la articulación de ambas dinámicas surge la praxis del PP.

La noción de PP en las tres versiones expuestas y en la mentalidad de los asambleístas a que nos hemos referido son bastante coincidentes en lo que se refiere al carácter de la democracia directa y a la naturaleza de la APPO. Se asume ésta como un conjunto representativo de amplios sectores sociales, que de algún modo se han involucrado, la APPO reúne a la parte activa de la mayoría social, más que un principio abstracto de representación universal de la población.

La democracia social se caracteriza porque las decisiones son colectivas, tomadas en asamblea; los dirigentes están sujetos al mandato de la base y su legitimidad deriva de la elección auténticamente libre. Delimita su esfera declarando su autonomía frente a los poderes dominantes, pero también hacia su interior, como autodeterminación de cada grupo de base frente a otras instancias. Por lo menos en la etapa que se analizó para este trabajo, el principio organizativo es antijerárquico, por tanto horizontal, que vale para toda la pirámide de integración y representación.

La APPO se trata de la construcción progresiva de un poder social mediante la unidad de todas las fuerzas compatibles que existen en la estructura social oaxaqueña; de ahí la importancia que se da al pluralismo. La presión del régimen obligó a una amplia unificación de todos los elementos, pequeños y grandes, para salir del aislamiento de las comunidades y organizaciones, particularidad que pone en tensión al movimiento en su conjunto.

La democracia así practicada se abre paso, con dificultades, entre los mecanismos de dominación establecidos, especialmente en las comunidades indígenas, como la obediencia pasiva a los caciques, el clientelismo institucional y la represión. Por encima de todo, el movimiento evidencia el deliberado propósito de reinventar la auténtica democracia directa, la comunalidad como principio articulador del orden social, de una economía autogestiva para contender con el poder capitalista, de la multiculturalidad como vía de la emancipación de los pueblos originarios. El PP no pretende solamente desintegrar el poder oligárquico: busca un nuevo pacto social desde el momento en que reclama crear una nueva Constitución, no sólo local sino también nacional.

Este modelo es alternativo al elitismo porque en él el sujeto siempre es la colectividad, lo cual impide la habitual separación e independencia de los dirigentes, a su vez, fuente de la dominación por parte de minorías. Neutraliza los mecanismos de reproducción de las élites por la vía de hacer carrera política a costa de la representación y por la de privatización de las instancias dirigentes. La profunda desconfianza hacia la burocratización de los líderes se manifiesta en propuestas como la de eliminar el culto a la personalidad de los gobernantes, la reducción del periodo de mandato y el ejecutivo colegiado y rotativo. En general, para evitar la cristalización de los dirigentes se propone su renovación constante. Podrá discutirse la factibilidad técnica o la conveniencia de cada una de estas medidas, pero en sustancia reflejan la intención de quitarle autoridad e independencia al nivel dirigente.

La filosofía política contemporánea debate sobre la democracia deliberativa basada en la relación dialógica, argumentativa, entre los sujetos, lo cual es una práctica acostumbrada en las comunidades indígenas: escucharse mutuamente con respeto y deliberar colectivamente para llegar a acuerdos por consenso y no por mayoría. La asamblea es el medio deliberativo por excelencia, pero el intercambio de opiniones se amplificó como nunca se había visto cuando los ciudadanos tomaron varias estaciones de radio comerciales y las radios comunitarias se pusieron al servicio de la comunicación social. Los mítines y concentraciones también contribuyeron al diálogo entre los participantes heterogéneos. En la cultura local la comunicación es predominantemente oral y simbólica; de ahí la importancia de la plática, de la información que circula de boca a oreja, en la formación de la opinión pública. Todo esto intervino en la profunda politización del movimiento (en el sentido de aprendizaje colectivo de los significados de la política). Todas estas expresiones son las que dan vida a esa teoría de la democracia deliberativa.

Sin un proceso de conciencia social, de adquisición de una identidad, no se entendería la construcción de ese sistema de poder popular que está en discusión práctica y teórica. Sistema sin contornos bien delimitados, donde el lenguaje es polisémico, sus estructuras inestables y la participación ciudadana amagada por el miedo. Puesto que se presenta como una alternativa histórica al país, es de tomar en serio su conocimiento.

Bibliografía

Codep. 2006 "Poder popular y dualidad de poderes", en Memorias de la Asamblea, Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo, noviembre.         [ Links ]

OIDHO. 2006 "Propuestas para el Congreso Constitutivo de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), Oaxaca, 10–12 de noviembre 2006", Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca, 9 de noviembre.         [ Links ]

Vanguardia Proletaria. 2006 Órgano informativo del Partido Comunista de México (Marxista–Leninista), núm. 212, segunda quincena de noviembre.         [ Links ]

Notas

* Este trabajo es una exposición de sucesos, entrevistas e investigación de campo del autor.

¹ Paráfrasis de un artículo de Pedro Miguel (2006: 40).

² Definición proporcionada por Juan, un maestro bilingüe de la región de Tuxtepec.

⁴ Acotaciones a la relatoría de la Mesa 3, La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca.

⁵ Alocución de Hugo Hiriart durante el Primer Congreso.

⁶ El debate se retomó cuando la plenaria del congreso discutió la relatoría de la Mesa 2 sobre la Reforma del Estado.

⁷ Varias intervenciones aludieron, sin mencionar nombres, a personajes presentes; por ejemplo, "hay gente que está llegando con intención de colarse después de cinco meses de lucha".

⁸ El asunto fue retomado al discutir la relatoría de la Mesa 3, La Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca.

⁹ En otra parte de esta investigación se desarrolla el pensamiento de esta organización con más amplitud.