The satellite technological innovation for crime prevention in the State of Mexico

Raúl Horacio Arenas Valdés**

** Profesor en el Centro de Investigación en Ciencias Jurídicas, Justicia Penal y Seguridad Pública de la Universidad Autónoma del Estado de México, México (rhav59@hotmail.com).

* Recibido: 26 de julio de 2012. ]]> Aceptado: 14 de agosto de 2012.

Resumen

La relevancia que tiene la tecnología ha logrado ser canalizada en una investigación que se enfoca en el fortalecimiento e implementación de los mecanismos tecnológicos satelitales en materia de seguridad pública, considerando el fin único de lograr los objetivos que plantea el Sistema Nacional de Seguridad Pública y generar un instrumento jurídico que permita su uso para la prevención del delito en el Estado de México.

Palabras Clave: Tecnología, prevención, delito, coordinación, seguridad.

Abstract

The relevance of technology has to be channeled into research focused on the strengthening and implementation of satellite technology mechanisms in public security, considering the sole purpose of achieving the goals presented by the National Public Security System and generate an instrument legal enough to be used for crime prevention in the State of Mexico.

Key words: Technology, prevention, crime, coordination, security.

La seguridad, según sea el caso, se puede tomar en diversos sentidos, dependiendo del campo o área al que se haga referencia. Este término, visto desde una óptica general, va a tener la finalidad de encauzar la conducta del hombre para así hacer posible la convivencia entre la sociedad y se encargará de la protección del mismo, garantizando el orden social; es decir, se puede entender como un objetivo y un fin al que el hombre aspira constantemente como una necesidad primaria, y va enfocado —como ya se mencionó— a la certidumbre, garantía, seguro, salvaguarda, amparo o protección.

Por otro lado, el término público es un adjetivo que hace referencia a aquel o aquello que resulta notorio, manifiesto, sabido o visto por todos; también es aquello perteneciente a toda la sociedad o común del pueblo. Sin embargo, para efectos de esta investigación, lo público tiene su aplicabilidad dentro de lo potestativo, la jurisdicción y la autoridad para hacer una cosa perteneciente a todo el pueblo, visto o sabido por todos.

La seguridad pública ha sido considerada a lo largo de la historia de México por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y respecto a ella se han realizado varias reformas que han sido de trascendencia para esta materia en particular, así como para la materia de derecho penal y demás ciencias afines que se relacionan estrechamente con ésta. Por mencionar algunas, en la reforma al artículo 21 constitucional del 31 de diciembre de 1994 se encuentra un fundamento sobre la función de la seguridad pública dentro del Estado, en específico en las fracciones V y VI del citado artículo, que a la letra dice:

[...] La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones policiales se regirá por los principios de legalidad, eficacia, profesionalismo y honradez. La Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios se coordinarán en los términos que la ley señala para establecer un sistema nacional de seguridad pública [...].²

Con dicha reforma al artículo 21 constitucional, en 1995 se crea la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esta Ley iba encauzada, como su nombre lo dice, a la coordinación entre los tres niveles de gobierno por medio de normas básicas, principios, materias, instancias y diversos instrumentos; además determinaba la constitución del Consejo Nacional de Seguridad Pública como órgano superior de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, estableciendo un secretario ejecutivo al que se le atribuyeron funciones específicas para lograr los fines de dicha Ley.

Respecto de la seguridad pública en el derecho positivo mexicano, José Antonio González Fernández menciona que los valores tutelados por dicho derecho son "la vida, la integridad, y los derechos de las personas, así como las libertades, el orden y la paz públicos [...] donde la seguridad trata de salvaguardar el orden público que es imprescindible para lograr la paz social".³ De acuerdo con el pensamiento de este autor, se debe otorgar una mayor participación a la ciudadanía y menciona una trilogía muy interesante que es la de policía-justicia-prisión, misma que a pesar de ser aplicada por mucho tiempo, considera que no ha sido eficiente, por lo que la participación de los ciudadanos en materia de seguridad pública constituiría un apoyo tanto para las instituciones policiales como para los órganos judiciales en la prevención del delito. Se puede mencionar otra variante de la seguridad, que a pesar de ser un concepto relacionado con la primera parte de esta investigación, se sitúa en este punto al constituir una parte importante del mismo; se trata de la seguridad ciudadana. Se entiende por seguridad ciudadana la acción integrada que desarrolla el Estado, con la colaboración de la ciudadanía, destinada a asegurar su convivencia pacífica, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos. Del mismo modo, contribuir a la prevención de la comisión de delitos y faltas.

Una de las tareas más importantes que tiene un Estado es evitar que se cometan actos ilícitos que pudieran perjudicar o transgredir la armonía dentro de su sociedad; lográndose esta armonía se conseguiría el orden público y la paz social que toda sociedad reclama. En este sentido, el orden público es considerado como un valor tutelado tradicionalmente por la función estatal de seguridad, que mediante los servidores públicos y las obligaciones conferidas a éstos, salvaguarda el respeto a la vida, la integridad, los derechos y libertades de las personas.

Tradicionalmente se ha definido el concepto de paz pública como la coexistencia pacífica, armónica y civilizada de los ciudadanos, bajo la soberanía del Estado y del derecho. También se le ha asimilado al orden público, como desenvolvimiento regular de la vida en sociedad. Sin duda, la paz pública es la expresión del clima de tranquilidad pública que normalmente debe imperar en una sociedad organizada. La paz pública se encuentra en un marco jurídico en donde la seguridad pública en conjunto "concibe las bases del ejercicio de las potencialidades humanas en la sociedad misma, pues determina condiciones para la subsistencia de la igualdad jurídica"⁴ y determina el crecimiento del desarrollo individual y de la convivencia eficaz de las comunidades y de sus integrantes.

Una de las preocupaciones reiteradas de la sociedad es también el sistema de administración e impartición de justicia, por lo que dada la prioridad de este órgano, la ciudadanía demanda que su ejercicio esté fundado en la reestructuración, especialización, actualización, profesionalización y equipamiento de las instituciones y personal, con sujeción a la ley y en el respeto a los derechos humanos. Por lo tanto, se puede denotar que existe una latente relación entre seguridad pública y administración de justicia, ya que se requiere de una mayor y mejor participación de las instituciones, mediante las acciones de fortalecer, eficientar y honorabilizar la administración de justicia. Es necesario garantizar la plena ejecución de las resoluciones jurisdiccionales, así como otorgar una mejor preparación e identidad a los jueces, agentes del Ministerio Público y auxiliares en general de la administración pública.

La procuración de justicia consiste en representar a la sociedad, defender derechos y ejercer acción penal contra quienes transgreden el orden jurídico, cuando así lo dispone la ley.

El órgano jurisdiccional encargado de la procuración de justicia sería en este caso la Procuraduría General de Justicia, a través de sus diversas instituciones y principalmente a través del Ministerio Público, donde los funcionarios que están a cargo deben velar por el respeto a la ley, con el apoyo de la policía judicial.

La situación que se vive actualmente en el país exige la modernización tanto del sistema de seguridad pública como del de procuración e impartición de justicia, precisamente mediante la creación de nuevas instituciones que sean eficientes y que se encuentren respaldadas por nuevas leyes que se adecuen a las circunstancias, para que de esta forma se puedan justificar las acciones de las autoridades respecto a la defensa de la integridad, seguridad, paz pública y garantía de hacer justicia, hechos que toda la ciudadanía reclama por su bienestar.

Hoy en el país se ha creado una serie de cuerpos e instituciones que tratan a toda costa de combatir la situación actual; algunas de éstas se han generado con base en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que se ha venido modificando. Es el caso de la Agencia Federal de Investigación (AFI), que

[...] fue creada por un decreto ejecutivo, publicado el 1 de noviembre de 2001 en el Diario Oficial de la Federación, con la función de ser un auxiliar del Ministerio Público de la Federación en la procuración de justicia y el combate de los delitos del orden federal. La AFI se conforma en el marco de una reestructuración orgánica de la Procuraduría General de la República, que da cumplimiento a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2000-2006 en materia de procuración de justicia.⁶

Esta Agencia forma parte de la estructura que conforma a las instituciones que se encargan de administrar y procurar la justicia a los ciudadanos que conforman la nación, claro está que en el entendido de sus competencias y atribuciones.

Por su parte, el Plan Nacional de Desarrollo, respecto de la procuración de justicia, menciona lo siguiente: México necesita leyes que ayuden a perseguir y encarcelar a los delincuentes, para que los encargados de hacer valer el Estado de derecho actúen con firmeza y con honradez, sin permitir que ningún acto ilícito quede en la impunidad. Es impostergable la modernización del sistema de seguridad pública, de procuración e impartición de justicia, mediante instituciones más eficientes y leyes más adecuadas.

Esta función de prevención y vigilancia, en principio, la realizan los cuerpos policiacos, interviniendo en la persecución del delito y en el mantenimiento del orden; a su vez, se van a encontrar respaldados por la participación ciudadana, por medio de una intervención más activa y haciendo conciencia y difusión en la denuncia y en la colaboración con las instituciones policiales. A partir de la publicación de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública se le ha dado mayor importancia a esta figura de la participación ciudadana, con el fin de que se cree un marco de corresponsabilidad con los cuerpos policiales para hacer frente al delito y disminuir los índices de delincuencia que se presentan en el Estado y en el país.

En otro tenor, se dice que la profesionalización policiaca es "el arte o la técnica de la policía para la protección de la seguridad ciudadana, la paz social y la tranquilidad pública; este es el valor que se le puede dar a la acción policiaca (profesionalización de los cuerpos de seguridad)".⁷ Pues el brindar la seguridad y la paz a la ciudadanía, aparte de ser una obligación policial, se ha convertido en el objetivo encaminado hacia una formación académica que dé identidad a los cuerpos policiacos, ya que en eso consiste su labor: en brindar seguridad a la ciudadanía.

Por otra parte, Carlos Oronoz Santana menciona que "la profesionalización de la policía es esencial, pues resulta necesario recabar información que pudiera [resultar] fundamental para configurar un delito del cual se tenga conocimiento",⁸ es por ello que a los cuerpos policiacos se les otorgan facultades para realizar la función que se les atribuye,puesto que ellos son los que intervienen directamente en estos hechos, así, una policía bien preparada podrá brindar una mejor seguridad.

Es complicado hablar hoy en día de lo que significa verdaderamente la profesionalización policiaca, pues se muestra en la actualidad una desprofesionalización de los cuerpos policiacos y militares, donde lejos de ganar la confianza de la ciudadanía, la han perdido, ya que no se sabe ahora de quién se debe cuidar uno más, si de los delincuentes o de los policías, o quién resulta más peligroso, si uno u otro.

En ese sentido, la profesionalización es el proceso permanente y progresivo de formación y capacitación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública, que se integra por las etapas de formación inicial, actualización y especialización para adquirir o desarrollar al máximo las competencias, conocimientos, capacidades y habilidades de los integrantes de las instituciones de seguridad pública, y cuyos objetivos consisten en que las actividades de las corporaciones policiales, de procuración de justicia y de seguridad y custodia, se realicen por servidores públicos que, estando debidamente capacitados en relación con las funciones propias de su cargo, por vocación, las realicen con especial dedicación y aplicación, con interés y afecto, logrando así la eficacia de la actividad estatal de brindar seguridad pública.

Por lo tanto, se debe puntualizar que

[...] la profesionalización de las corporaciones policiales constituye una conditio sine qua non para resolver los retos planteados, por el que parece inconcebible el avance de la delincuencia y el descanso en las instituciones encargadas de garantizar el orden jurídico, como de las encargadas de procurar y administrar justicia, que han desembocado en los excesos de auto justicia por comunidades hartas de tal estado de cosas, azucaradas por elementos con intereses bastardos, embozados frente a la incapacidad de respuesta o falta de voluntad para atender adecuadamente la conflictiva social, pues la profesionalización de los cuerpos policiales se articula con otros elementos que concurren en el alcance de soluciones con una visión de completitud.⁹

Es por ello que surge la idea de profesionalizar a los cuerpos policiacos, teniendo como principales bases de la profesión policiaca, el honrar a la institución que lo forma y a la sociedad a la cual va a proteger.

El fortalecimiento de la actuación policial debe ser entendido como el con-junto de procedimientos que los habilitará para el buen desempeño de las funciones asignadas en el campo, el cual representa un área que significará un aporte invaluable a las acciones de prevención del delito que realiza la policía.

Para lograr lo anterior se implementa un curso-taller que comprende tres grandes temas:

El primero pretende poner al día a los policías preventivos respecto a los temas jurídicos más importantes, que se han modificado a partir de la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y al nuevo modelo policial a seguir, la cual pone especial importancia en la profesionalización de la policía a través de un sistema que sustenta el desarrollo de la carrera policial; señala nuevas atribuciones en las facultades de la función policial, como lo es la investigación preventiva; y delinea con mayor amplitud las atribuciones, deberes y obligaciones de los integrantes de las corporaciones policiacas de los tres órdenes de gobierno, fundamentado en los principios constitucionales de actuación, lo que representa un código ético más fortalecido para la actuación policial, apegado a la ley y con respeto a los derechos humanos.

El segundo tema explica dos tareas básicas de los policías preventivos en el marco de las labores de prevención, y específicamente de vialidad, la cual queda señalada en la nueva Ley General ya referida, y por ello pretende sistematizar las prácticas cotidianas de la intervención policial con respecto a hechos de tránsito y en el robo de vehículos y su identificación, delito que representa un problema grave para las autoridades estatales y municipales y de agravio a los ciudadanos en sus bienes patrimoniales. En ambos subtemas se describe el procedimiento de la actuación policial orientada a la contención y disminución de ese delito.

Y por último, en el tercer tema se describen los aspectos metodológicos para la obtención de información, destacando la técnica de la entrevista y la elaboración del parte informativo. Sobre ambos procesos se sustenta en gran medida el tratamiento de la información: en el primero para obtenerla, y en el segundo para registrarla y procesarla en bases de datos y posteriormente darla a conocer a los mandos y a los tomadores de decisiones para plantear y aplicar las estrategias operativas que tiendan a la prevención y disminución de las problemáticas delictivas identificadas.¹⁰

Dicha estrategia o curso policiaco trata de llenar el hueco que existía anteriormente respecto de la actuación de los policías en campo; ahora se trata de capacitar al policía, hacerlo más profesional y ético para que con la construcción de una identidad policiaca moral y cívicamente firme, logre velar por los intereses de la ciudadanía, siendo éste uno de los fines primordiales del programa SUBSEMUN, que atiende al método de aprendizaje y profesionalización de los cuerpos policiacos.

Es importante mencionar que en México la carrera policial no existía como tal, a diferencia de otros países, en los que la policía tiene una formación de carrera profesional, como por ejemplo "la escuela de investigaciones policiales de Chile, donde los integrantes de la policía tienen una formación de cinco años, de los cuales tres son en aula, un año de prácticas y un año más de especialidad en alguna área de investigación criminal".¹¹

La carrera policial, en consecuencia, comprende el grado policial, la antigüedad, las insignias, condecoraciones, estímulos y reconocimientos obtenidos, el resultado de los procesos de promoción, así como el registro de las corrientes disciplinarias y sanciones que en su caso haya acumulado el integrante.

Sin embargo, la situación que viven hoy día los elementos policiacos en el país resulta realmente indigna, pues una buena parte de la ciudadanía no los tiene en el mejor concepto; quizá esto se debe a la vivencia que se da en cada particular o al fuerte ataque que han recibido los elementos por parte de los medios de comunicación, aunado al hecho de que las condiciones laborales no incentivan a formar parte de los cuerpos policiacos. Por lo tanto, para que verdaderamente las personas deseen ser policías se requieren más recursos y dignificación policiaca, ya que es lo menos que se tiene, lo que provoca que haya menos elementos.

Por ello, es de suma importancia tomar en cuenta el sistema por el cual se rige la policía mexicana, así como nuestro sistema penal y el modo en el que llevan a cabo la administración y procuración de justicia; luego entonces, es importante señalar que

[...] una de las preocupaciones reiteradas del Estado es también el sistema de impartición y administración de justicia, por lo que dada la prioridad de este órgano, la ciudadanía demanda que su ejercicio esté fundado en la reestructuración, especialización, actualización, profesionalización, y equipamiento de nuestras instituciones y personal, con sujeción en la ley y respeto de los derechos humanos.¹²

Lamentablemente, con algunas excepciones, entre las cuales se encuentra desde luego la policía federal, ser policía en México todavía significa tener un empleo muy mal remunerado, altamente riesgoso y con un estigma social negativo. Por lo que hoy en día, perfilar la policía mexicana es de máxima prioridad para el Estado, pues como ya se mencionó, tanto la ciudadanía como las instituciones policiacas demandan un ejercicio que esté fundado en estos principios rectores, para lograr con ello la reestructuración, la profesionalización y la dignificación de todos estos cuerpos, quienes no sólo velan por la seguridad pública del país, sino también por los derechos humanos que visten a cada ciudadano.

Como refiere Octavio A. Orellana, "la policía preventiva como la ministerial señalan claramente la actuación de las instituciones de seguridad pública, que se regirá por los principios básicos"¹³ (legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y honradez).

Se sabe que esta dignificación se ha buscado durante el paso de los distintos gobiernos. Cabe resaltar que esto no es nada fácil, pues requiere de la evaluación de varios elementos que no son sencillos de abordar; el proceso es largo, arduo y costoso, pero también juega uno de los papeles con mayor preponderancia en el interés político y social dentro del país.

Por ello, como dice Efrén Ramírez,

[...] es indispensable que en el campo de la ética los aspirantes a policías incluyan en su formación los más nobles valores y conocimientos con el propósito de adquirir conciencia de solidaridad y empatía hacia los grupos más desprotegidos y vulnerables de la sociedad, pues los policías, quienes son los que brindan protección a la sociedad, deben tener considerable ética y valores que se vean aplicados en el servicio a su comunidad.¹⁴

Para dignificar a los cuerpos de policía del Estado mexicano se ha comenzado a trabajar en un perfil profesional diferente bajo los principios de la confianza, la disciplina y la lealtad, que será la base mediante la cual se transformará a los cuerpos policiacos en acreditables, se reclute y forme a los nuevos cadetes y se logre profesionalizar al 100% de los elementos de la policía, y para lograrlo se debe realizar en los siguientes ejes:

— Incentivos al desempeño.

— Servicio de carrera dentro de la institución.

— Programas permanentes de capacitación.

— Reforzar la calidad educativa y el cuerpo docente de la academia de policía, incorporando profesores con nivel de maestría y doctorado.

— Fortalecer las capacidades de inteligencia y operativas.

— Adquirir equipos y tecnologías de punta, tales como nuevos sistemas de reconocimiento de placas de automóviles con reporte de robo y esquemas de comunicación eficaces para una pronta atención a los reportes de auxilio de la población.

]]> — Nuevos uniformes.

Es preciso entender que, en la actualidad, la realidad mexicana está cambiando, quizá a paso lento pero constante, quizá con el interés de una minoría dentro de los cuerpos policiacos y también quizá con el desfavorecido valor de una pequeña parte de la sociedad, pero se hace y se procura. Dicho lo anterior, Félix Blázquez González comenta al respecto que "el cuerpo nacional como es la policía se dignifica como un instituto armado de naturaleza civil, fiel a su tradición de defensa en cumplimiento de las misiones, protegiendo el libre ejercicio de los derechos y libertades".¹⁵

Siendo precisamente la fidelidad a su tradición de defensa y el cumplimiento a su deber el que se pretende preservar, pues este hecho es el que salvaguarda los derechos y libertades de la sociedad. Visto desde otra óptica, se busca la "dedicación profesional, que lleven a cabo sus funciones con dedicación, debiendo intervenir siempre, en cualquier tiempo y lugar, se hallen o no en servicio, en defensa de la ley y de la seguridad ciudadana".¹⁶

Además, es importante recalcar que la honradez policiaca fue, es y será de suma importancia para lograr los objetivos que se ha planteado el Estado; la población reclama y exige respuestas positivas a sus necesidades en materia de seguridad pública y sin duda pretende y quiere confiar en una figura digna de su confianza, en un policía que sea su amigo y no su enemigo, en el cual vea reflejado apoyo y respeto en los momentos en que la ciudadanía se lo demande.

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, en su estrategia 5.1, propone fortalecer la coordinación y cooperación entre los tres órdenes de gobierno para combatir la delincuencia; menciona que la mayor incidencia de delitos corresponde a los del orden común, cuya prevención y castigo están a cargo de las autoridades locales. Lo anterior genera que con un sentido de urgencia se proponga reunir esfuerzos con los gobiernos de los estados y los municipios para llevar a cabo tan complicada tarea.

Dicha corresponsabilidad, se dice, es la clave para enfrentar con eficacia y contundencia a la criminalidad. En el marco de un auténtico federalismo, se dice además que se deberá establecer una colaboración intensa entre los órdenes de gobierno para dar al Sistema Nacional de Seguridad Pública la dimensión y proyección que motivaron su creación. Pero dónde queda lo que se mencionó respecto a que se deben establecer los mecanismos de coordinación efectiva con las autoridades de las entidades federativas y de los municipios.

Es necesario subrayar que las facultades de la policía federal y estatal derivan de la distribución de competencias contenidas en la Constitución, pero no están definidas explícitamente. Adicionalmente, el artículo 115 constitucional otorga a los municipios funciones originarias en materia de policía, entre las que se encuentran la prevención municipal (policía y buen gobierno), tránsito y seguridad pública en el ámbito municipal. Luego entonces, dicho artículo, en su fracción III, indica que la seguridad pública se cumple en los términos del artículo 21, donde cabe mencionar los siguientes tipos de interpretaciones:

Flexible: La ley general del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece los casos y condiciones en que las policías municipales intervienen en cuestiones de seguridad pública.

Rígida: Actividades de seguridad pública iguales para todas las policías en función de todas sus competencias (federales y estatales) y la ley se encarga de establecer las formas de coordinación.

]]> El mando de la policía: corresponde al presidente municipal y excepcionalmente al gobernador.

No pueden existir autoridades intermedias entre ayuntamientos y gobiernos estatales.¹⁷

En el caso de la seguridad pública, las materias de coordinación de las autoridades federales, estatales y municipales, en la atención de situaciones y problemas que los requieran, están establecidas en el artículo 10 de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y dichas materias son las siguientes:

1) Instrumentación de sistemas para mejorar el desempeño de los miembros de las instituciones policiales.

2) Modernización tecnológica de las instituciones de seguridad pública.

3) Propuestas de aplicación de recursos para la seguridad pública.

4) Sistematización de todo tipo de información sobre seguridad pública.

5) Acciones policiales conjuntas.

6) Control de los servicios privados de seguridad.

]]> 7) Relaciones con la comunidad.

8) Las necesarias para incrementar la eficacia de las medidas tendentes a alcanzar los fines de la seguridad pública.

La Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reglamentaria del artículo 21 constitucional, establece fundamentos para que tenga lugar la aplicación —en todo el país— de una política nacional de seguridad pública que, de manera integral, atienda la necesaria coordinación de estrategias y acciones para incrementar la capacidad del Estado mexicano de brindar seguridad pública a la población.

Una debida coordinación implica armonía y sinergia en el ejercicio de las facultades que tiene asignada cada autoridad responsable en el ámbito de la seguridad pública, así como el despliegue de esfuerzos estratégicos adicionales dentro del marco de acción de todas las instancias constitucionales de gobierno. Por lo tanto, como parte de la coordinación interinstitucional entre los tres órdenes de gobierno para abatir la delincuencia y bajar los índices delictivos, se impulsaron los mecanismos que permite la legislación actual para lograr acuerdos integrales a efecto de diseñar y poner en marcha estrategias y esquemas de operación para prevenir el delito y combatir la delincuencia, principalmente la ligada al narcotráfico y al narcomenudeo.

Es necesario puntualizar que el 22 de agosto de 2005 se llevó a cabo la IX Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, en la que se aprobó el Acuerdo Nacional para un México Seguro,¹⁸ cuyos objetivos primordiales son: combatir frontalmente la delincuencia organizada; desarticular redes de impunidad y complicidad; depurar y profesionalizar a las policías estatales y municipales, y detonar cambios estructurales en apoyo a las autoridades estatales y municipales en las tareas de seguridad pública. Se cuenta con la participación de policías federales, estatales y municipales, y con el apoyo del ejército y de la armada de México. En materia de tecnología se establece la competencia compartida de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, para la operación y desarrollo de bases de datos criminalísticas, del personal de las instituciones de seguridad pública y demás acciones tendentes a cumplir los objetivos de la seguridad pública.

Actualmente, se están impulsando iniciativas orientadas tanto a la prevención como al control del delito, con un importante énfasis en el apoyo en las tecnologías, que le permitan optimizar los recursos disponibles en función de sus objetivos estratégicos. Por lo tanto, es fundamental, para garantizar el funcionamiento y la eficacia del sistema, generar mecanismos adecuados de control interno y externo. Éstos deberán incorporar sistemas de registros públicos y confiables que den cuenta de la gestión y el accionar de las policías, que sean cuantificables y permitan la evaluación no sólo de la efectividad de las estrategias de control del delito, sino también de otros ámbitos relevantes como la legitimidad de las actuaciones policiales.

En este sentido, se hace prioritario el desarrollo de capacidades de investigación, análisis, procesamiento y generación de información de inteligencia, apoyado con herramientas tecnológicas para la integración y explotación de bases de datos, a partir de las cuales se efectúe el análisis de gabinete necesario que genere las líneas de investigación que coadyuven con el Ministerio Público en las labores de investigación y de persecución del delito.

Por lo que resulta importante dentro de la tarea de la prevención del delito que se genere la base de datos que permita llevar a cabo un seguimiento respecto de los índices delictivos y de la georreferenciación de los mismos, para que con ello se visualicen los lugares a los que se les debe poner mayor atención. Para ello es necesaria una investigación rigurosa, apoyada no solamente de los policías locales o estatales, sino también de los federales y de la comunidad en general; en algunos otros casos ha resultado preponderante la participación de los medios de comunicación, ya que éstos generan presión en las autoridades y en sus resultados en el combate a la delincuencia.

Octavio Orellana dice al respecto que:

]]> [...] la policía requiere tener las condiciones materiales optimas, debe estar dotada del equipo, vehículo, armas, etcétera, que son necesarios para llevar a cabo una labor eficiente. Constantemente aparecen en la prensa y en las instituciones las quejas sobre los elementos policiacos, pues algunos no están en condiciones óptimas, además de agregar el estado físico que también repercute en su labor.¹⁹

Entonces, la modernización es el proceso de actualización y redefinición de los modelos y esquemas normativos, operativos, organizacionales y tecnológicos que fundamentan la actuación de los cuerpos policiales y la administración de los centros de prevención y readaptación social, a fin de que sus elementos cuenten con los recursos y herramientas necesarios para lograr un desempeño que materialice los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, a fin de recuperar la confianza ciudadana.

De esta forma se entiende que los materiales de tecnología aportados tendrán especial manejo y control dentro de las investigaciones de las instituciones o agencias pertinentes, lo que sugiere una especialización y/o profesionalización; de esta manera, y con este tipo de equipos tecnológicos, seguramente podrán determinar la causa de los hechos que les competen, no sólo para el combate a la delincuencia, sino también para la prevención del delito.

Por lo que la ciencia y la tecnología son un instrumento necesario en la mejora y modernización, pues resultan muy importantes para la averiguación y la prevención de los hechos delictivos. Un punto crucial es el referente a la intervención de las líneas telefónicas, pues resultan ser éstas un medio por el cual también se cometen actos delictivos, aunado a que la tecnología actual-mente permite portar teléfonos móviles y hacer cambio de chips en el momento que se desee, sin regulación alguna de la telefonía celular para la prevención de extorsiones o secuestros exprés, que hoy no se tiene, y en el cual se lleva un registro del cambio de chips que sufre un teléfono móvil en pro de la seguridad ciudadana.

Además se debe mencionar que la implementación de la tecnología dentro del quehacer policiaco resulta en ofrecer mejores herramientas o equipos de trabajo al policía para salvaguardar los intereses públicos en materia de seguridad pública; por otra parte, las nuevas tecnologías de la comunicación y la información son la expresión de un movimiento desde la sociedad disciplinaria a la sociedad de control, generando así un orden social distinto.

Para tal efecto, es necesario que todas las corporaciones policiales realicen cambios a su marco normativo, reajusten su estructura orgánico-funcional, desarrollen e implanten el servicio profesional de carrera policial, renueven sus equipos de trabajo en cuanto a vehículos, armamento, comunicación y uniformes, desarrollando paralelamente un programa de mejoramiento e imagen institucional; lo cual también implica la unificación y sistematización de protocolos de actuación, metodologías y procedimientos de operación que sustentan la planeación, ejecución y evaluación de las acciones de vigilancia y protección ciudadana, así como de recopilación, análisis y explotación de la información criminal. Todo con el propósito de garantizar la efectividad operativa de las tareas de prevención e investigación, y desarrollar operaciones policiales conjuntas.

Hay que resaltar que en México se implementa la seguridad vía satelital en contra del robo de automóviles y casa habitación, pero éste es sólo un servicio meramente privado, por lo que en el presente proyecto se pretende que se haga en coordinación con las autoridades municipales y que sirva para la localización de vehículos robados y/o recuperados, para la intervención de teléfonos celulares y el rediseño de un sistema de control en los mismos para la prevención de posibles extorsiones, amenazas y secuestros.

Hoy se está trabajando en el desarrollo de la citada tecnología por parte de empresas privadas, con costos directos para los usuarios, pero se pretende que se haga extensivo el beneficio a la población en general; quizá esto se logre con la intervención estatal o de los tres órdenes de gobierno, alcanzando así la coordinación para la instalación de equipos satelitales, apoyados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para facilitar que las disposiciones en materia de usos de satélites se puedan modificar y se permita un acceso pleno para la prevención y combate a la delincuencia en el territorio mexiquense, siendo éste uno de los objetivos primarios del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En la actualidad, es posible que con la instalación de equipos satelitales (GPS y móviles) se pueda lograr la coordinación deseada con la policía municipal y estatal; sin embargo, no es todo lo que se debe tomar en cuenta, pues de igual importancia es la capacitación digital y/o computacional tendente a la profesionalización que debe darse en las corporaciones policiacas, en la cual se contemple la comprensión total de la navegación en la Red-Web-Internet, para que de este modo, la innovación, diseño e implementación de los sistemas tecnológicos y la coordinación de la seguridad pública municipal con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, permita disminuir, prevenir y combatir la delincuencia que hoy acecha a la población.

Resulta ahora que la tecnología también repercute en los sistemas de las sociedades, los cuales son vistos como el marco selectivo de regularización del riesgo posible y sus efectos sociales. En el ámbito policiaco se muestra una enorme preocupación, pues las corporaciones se encuentran atrapadas en la toma de decisiones de los ejecutivos dentro de los tres órdenes de gobierno, en donde se genera un ambiente caracterizado por la pluralidad de expectativas que difícilmente se pueden conciliar, ya que existen como barreras los intereses particulares y partidistas sobre el interés general de la ciudadanía.

La tecnología ha avanzado tanto que si bien es fuente de progreso, sin control ni previsiones, compromete el futuro del planeta al contribuir a la contaminación en sus distintos niveles, que van desde el ambiental, el económico, el cultural y el social, del cual se desprende el factor seguridad pública, pues es de interés social.

Las nuevas tecnologías, y en especial las de la rama informática, posibilitan al hombre —indistintamente de su condición—, mediante el empleo de estas herramientas construidas artificialmente, el abrir un mundo sin fronteras a través del uso de computadoras, que incorporaron servicios como Internet, donde el conocimiento y la interacción humana superan las distancias.

Es así como desde finales del siglo pasado la informática revolucionó nuevamente el campo de la tecnología, donde el avance tecnológico tuvo un gran logro con la creación del microchip (circuito cerrado, sobre todo microprocesadores, usados en electrodomésticos, computadoras o teléfonos celulares). Esta tecnología tan moderna permite y crea productos que se renuevan constantemente, por la aparición de modelos cada vez más sofisticados.

Este tipo de tecnología a su vez permite que se realicen seguimientos de prevención y combate a la delincuencia, ya que tienen mecanismos estrechamente ligados con la tecnología informática (chips), donde el avance tecnológico genera un gran logro al permitir que por medio de estos elementos se generen microprocesadores que tienen cabida en la implementación de alarmas de seguridad y seguimiento satelital dentro de automóviles, comercios, circuitos cerrados, en computadoras de escritorio y de mano, o en los teléfonos celulares hoy denominados Smartphone o teléfonos inteligentes, por la capacidad de acceso que tienen a los sistemas de inteligencia tecnológica dentro de la Red o el ciberespacio.

El acercamiento y la comprensión de las tecnologías hoy hacen posible el uso de la tecnología satelital en diferentes rubros de la sociedad y de los servicios que presta el gobierno para la misma; se permite la localización de una calle a través del GPS o por medio de Google Maps, o el relevamiento de imágenes que se generan a diario a través de los distintos tipos de satélites y con los cuales se toman decisiones económicas, políticas o de la vida diaria, como pueden ser las imágenes que se utilizan para la predicción del clima o que se pueden utilizar para georreferenciar una zona delictiva o de conflicto.

Además, por medio de la tecnología satelital se genera la transmisión de voz y datos, como la Internet y los pronósticos meteorológicos; están también los medios usados para atender la "seguridad nacional" por las secretarías de Defensa y Marina, Procuraduría General de la República (PGR), Policía Federal Preventiva (PFP) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional. La suspensión de algunas de estas funciones, o de todas, trastocaría la operación del país.

Por ello surge la idea de una alfabetización digital o informática, ya que ésta se encuentra en el acceso universal a la infraestructura tecnológica, la cual tiene un valor preponderante en el quehacer policiaco, donde cada vez más se reconoce la importancia del factor humano y de la necesidad de conectar redes para la prevención y combate al delito y/o a la delincuencia organizada.

Es así como el estudio de la computación/informática no es únicamente para personas técnicas ni especializadas en la computación, tampoco para los matemáticos e ingenieros encargados de construir las computadoras. El conocimiento en computación debe formar parte de la cultura universal de la actual y futura sociedad en general, para administradores de empresas, profesionales, empresarios, investigadores, profesores, estudiantes, policías, hasta las empleadas del servicio doméstico, por cuanto ahora ya existen los hornos de microondas, congeladores electrónicos, apartamentos inteligentes. Hoy en día, aun se puede hablar del analfabetismo informático, lo cual es preocupante para el buen y mejor funcionamiento de la estructura social, política, tecnológica y cultural de la humanidad.

Además, es preciso que se genere una continua actualización de las aplicaciones informáticas que las corporaciones policiacas utilicen para la realización de sus tareas en la prevención y combate a la delincuencia, ya sea en el ámbito de la investigación o en el campo. Por lo anterior, los administradores del sistema deberían estar al tanto de todas las noticias publicadas sobre las lagunas de seguridad detectadas en el sistema operativo y en las aplicaciones instaladas y utilizadas, para poder de este modo reaccionar con rapidez y generar los procedimientos que sean necesarios para la actualización de nuevas versiones del software y hardware, o la instalación de parches del fabricante que subsanen dichas lagunas de seguridad conocidas.

Es así como por medio de la instalación de computadoras y con el conocimiento de la informática se puede prevenir y combatir la delincuencia, implementando con ello la ciencia y la tecnología a la que hacemos alusión, con la finalidad de reducir los índices delictivos. Por ello, el gobierno federal está instaurando el curso para policías investigadores y de inteligencia, para tener personal científicamente capacitado y combatir frontalmente a la delincuencia.

Hoy la tecnología muestra otras alternativas y herramientas que se pueden implementar en el servicio a la seguridad pública, las cuales mejorarán sustancialmente el proceso en la prevención y combate a la delincuencia; tomándolas en cuenta se podrá iniciar una modernización y un fortalecimiento en las tareas que realizan los cuerpos policiacos.

Derivado de la administración del presidente Felipe Calderón y de las exigencias sociales que se presentan en la actualidad, se implementó un programa que tiene la finalidad de poner un alto al crimen y a la inseguridad pública que se vive en nuestro país; es así como el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, desarrolló mecanismos tecnológicos que permitieran renovar y modernizar la acción policiaca.

Así surge un eje estratégico para el ejercicio de la citada acción, llamado "Plataforma México", el cual se pone en marcha siguiendo dos vertientes que pretenden la actualización de la infraestructura tecnológica, el fortalecimiento de la Red Nacional de Telecomunicaciones y el Sistema Nacional de Información, donde se destaca el Sistema Único de Información Criminal.

Plataforma México se creó por disposición del Consejo Nacional de Seguridad Pública en el año 2007 con el fin de combatir y prevenir el delito y con ello garantizar la protección de la ciudadanía.

Con ello, Plataforma México toma un concepto tecnológico avanzado de telecomunicaciones y sistemas de información, que integra todas las bases de datos relativas a la seguridad pública con el fin de contar con todos los elementos de información, con los cuales las instancias policiacas y de procuración de justicia del país lleven a cabo las actividades de prevención y combate al delito, mediante metodologías y sistemas homologados.

Además, busca la participación de todos, la atención especializada y profesional soportada por instrumentos científicos y técnicos para la prevención del delito, investigación eficiente y persecución eficaz de los ilícitos bajo el mando y conducción del Ministerio Público y la participación y vigilancia ciudadana.

En México contamos con un Dispositivo Móvil de Consulta PDA, que es una computadora que sirve para acceder a la base de datos nacional denominada Plataforma México, en la que se puede revisar una amplia gama de datos que ayudan en materia de seguridad pública, en la administración y procuración de justicia y en la prevención y combate a la delincuencia.

Además, en la Red o Web podemos utilizar un sistema de seguridad denominado SSL (Secure Sockets Layer), que no es más que una tecnología diseñada para crear canales de comunicación confidenciales y seguros, la cual establece una conexión protegida entre el sitio Web y el navegador de la persona que lo visita, de forma que toda la información transmitida esté cifrada.

Conclusiones

Primera. Hoy en día resulta importante advertir sobre la relevancia que tiene la tecnología en la prevención y combate a la criminalidad, donde la innovación de la tecnología satelital es sólo uno de tantos medios de los que podemos echar mano, como herramienta para llevar a cabo la tarea de la seguridad pública.

Segunda. La seguridad pública, medio para evitar la violencia, controlar el ejercicio de la fuerza o el poder y medio que sienta las bases de una convivencia civilizada, resulta ser el mejor espectro anhelado por toda sociedad y Estado que se jacta de ser moderno; aún más cuando se refiere a la prevención del delito.

Tercera. Claro es que los efectos más visibles de fallas o deficiencias en la gobernabilidad de un Estado-nación son aquellos que afectan el orden y la paz social, actos que son agresores por el incremento de la criminalidad, medida no sólo a través de un mayor número de fenómenos delictivos, sino, principalmente, por un uso reiterado de la violencia.

Cuarta. El Sistema Nacional de Seguridad Pública se vio obligado a replantear la política criminal, basada en los estamentos de la prevención criminológica, generando como resultado programas altamente definidos en la prevención del citado fenómeno; en ellos se describe una serie de sistemas de iniciación y percepción del problema, en donde se investiga, estudia, ejecuta y se obtiene un resultado y evaluación, para de esta forma determinar una acción en la prevención y combate a la delincuencia.

Quinta. La seguridad, como un sinónimo de paz y tranquilidad de la vida de los ciudadanos, es un elemento de vital importancia en la salvaguarda del resto de los derechos humanos, posicionándose así como el objetivo principal de un Estado; de allí la importancia que se le da dentro de los estudios del derecho.

Sexta. Los policías son participantes primarios y personajes determinantes en la tarea de la seguridad pública, quienes tienen como fin llevar a cabo las medidas preventivas correspondientes en situaciones particulares, donde se comprenden las tareas de aprehender y castigar a los ladrones, y con ello, a su vez, el restituir lo que ha sido vulnerado, creando una de las nociones básicas y más importantes de toda sociedad: la justicia; además de cumplimentar otro tipo de operaciones ordinarias, consistentes en mantener el orden, vigilar las necesidades comunes de los ciudadanos y dar providencias para impedir cuanto pueda el disturbio de la tranquilidad.

Séptima. Es el Estado quien ejerce un medio de control de la sociedad, y es éste quien se encarga de impartir justicia e imponer las penas necesarias en pro de la seguridad pública, valiéndose de mecanismos diversos para lograr sus objetivos.

Octava. Resulta necesario proporcionar a los ciudadanos de los municipios una orientación para la implementación de mecanismos tecnológicos que permitan la prevención y combate del delito, generar la cooperación entre las tres competencias de gobierno, con la iniciativa privada, con organizaciones no gubernamentales, comunidades empresariales y la misma sociedad civil, y reformar las disposiciones normativas federales, estatales y, en su caso, municipales a fin de reducir los índices delictivos.

Notas

¹ ORELLANA WIARCO, OCTAVIO ALBERTO. Seguridad pública: profesionalización de los policías, Porrúa, México, 2010, p. 65.         [ Links ]

² ORTIZ ORTIZ, SERAFÍN. Función policial y seguridad pública, McGraw-Hill, México, 1998, pp. 30-31.         [ Links ]

³ GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, JOSÉ ANTONIO. "Valores tutelados por la seguridad pública en el derecho positivo mexicano", en GARCÍA RAMÍREZ, SERGIO (coord.). Los valores en el derecho mexicano. Una aproximación, UNAM, México, 1997, disponible en: biblio.juridicas.unam.mx/libros/13/1374/13.pdf [Citado: 30. Marzo. 2012]         [ Links ].

⁴ TORRERO CRUZ, LUIS CARLOS, Seguridad pública, Trillas, México, 2008, p. 101.         [ Links ]

⁵ PEÑALOZA, PEDRO JOSÉ, Seguridad pública, Porrúa, México, 2006, p. 19.         [ Links ]

⁶ Véase BERGMAN, MARCELO et al. Seguridad pública y Estado de México. Análisis de algunas iniciativas, México, 2011, p. 79.         [ Links ]

⁷ HIDALGO MURILLO, JOSÉ DANIEL. La etapa de investigación en el sistema procesal penal acusatorio mexicano, Porrúa, México, 2011, p. 13.         [ Links ]

⁸ Cfr. ORONOZ SANTANA, CARLOS M. Tratado del juicio oral, PACJ, México, 2009, p. 40.         [ Links ]

⁹ PEÑALOZA, JOSÉ PEDRO, op. cit., p. 77.

¹⁰ Academia Regional de Occidente, Curso policiaco [En línea]. Disponible en: www.arspo.gob.mx/fichas/2011/enero/ficha_fortalecimiento.pdf [Citado: 3. Abril. 2012]         [ Links ].

¹¹ MALDONADO SÁNCHEZ, ISABEL. La policía en el sistema penal acusatorio, UBIJUS, México, 2011, p. 56.         [ Links ]

¹² MARTÍNEZ GARNELO, JESÚS. Sistema nacional de seguridad pública, Porrúa, México, 1999, p. 618.         [ Links ]

¹³ ORELLANA WIARCO, OCTAVIO A. op. cit., p. 79.

¹⁴ Cfr. RAMÍREZ RAMÍREZ, EFRÉN. Los derechos humanos en la formación de la policía judicial. Manual de capacitación, Porrúa, México, 2009, p. 19.         [ Links ]

¹⁵ BLÁZQUEZ GONZÁLEZ, FÉLIX. La policía judicial, Tecnos, Madrid, 1998, p. 26.         [ Links ]

¹⁶ Cfr. BARBERÁ ANTÓN, FRANCISCO. Táctica policial, Tirant lo Blanch, Valencia, 2006, p. 20.         [ Links ]

¹⁷ Informe de gobierno del licenciado Felipe Calderón Hinojosa, disponible en: biblioteca.itam.mx/docs/infgob05/informe%20escrito/M328-366.pdf [Citado: 25. Mayo. 2012]         [ Links ].

¹⁸ Cfr. Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, disponible en: http://www.morelos.gob.mx/10consejosp/files/quinta.pdf [Citado: 31. Septiembre. 2012]         [ Links ].

¹⁹ Cfr. ORELLANA WIARCO, OCTAVIO A. op. cit., pp. 84-85.

Información sobre el autor

Licenciado y maestro en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Doctorante en el Instituto de Estudios Legislativos de la Cámara de Diputados del Estado de México en Coordinación con la Universidad de la Habana, Cuba. En la Universidad de Castilla, La Mancha, España, se especializó en Investigación y Prueba dentro del Proceso Penal. Se ha desempeñado como secretario y agente del Ministerio Público en la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. En 2001 obtuvo el Premio Nacional de Administración Pública. Actualmente es profesor-investigador de tiempo completo en el Centro de Investigación en Ciencias Jurídicas, Justicia Penal y Seguridad Pública de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM).