Condiciones residenciales de los inmigrantes en Andalucía, España

Residential Conditions of Immigrants in Andalusia (Spain)

Ángeles Arjona Garrido^*, Juan Carlos Checa^** y Francisco Checa Olmos^***

* Doctora en antropología social por Universidad de Almería. Profesora asociada de la Universidad La Cañada de San Juan Urbano, España. Dirección electrónica: arjona@ual.es

*** Doctor en antropología social por la Universidad de Almería. Profesor titular de la Universidad de Almería. Dirección electrónica: fcheca@ual.es

Fecha de recepción: 15 de noviembre de 2010.
Fecha de aprobación: 30 de mayo de 2013.

Resumen

Este trabajo analiza las condiciones residenciales de los inmigrados en Andalucía. Tomando como referencia los conceptos de habitar y de vivienda digna medimos la situación a partir de los indicadores de estabilidad, adecuación, habitabilidad y accesibilidad. Los datos se obtienen de la aplicación de una encuesta en 1 738 viviendas y el registro experto de las condiciones de las viviendas. Los resultados muestran una situación residencial deficiente, que afecta en forma diferente en función del origen del inmigrado.

Palabras clave: Andalucía, inmigrantes, adecuación, accesibilidad, estabilidad, habitabilidad.

This paper analyzes the residential conditions of immigrants in Spain. Drawing on the concepts of living and housing measure the situation from the indicators of stability, adaptation, livability and accessibility. Data were obtained from the application of a 1738 housing survey and registration of expert housing conditions. The results show a poor housing situation, which affected differently depending on the origin of immigrants.

Key words: Andalusia, Immigrants, Adequacy, Accessibility, Stability, Habitability.

INTRODUCCIÓN

La comunidad autónoma andaluza, como el resto del territorio español, se ha convertido en una zona de recepción de inmigrantes; las características que conforman este nuevo destino son: uno, se trata de un proceso reciente pero muy intenso, con un vertiginoso incremento de población foránea en pocos años; dos, alta concentración geográfica —que deviene, fundamentalmente, de las necesidades del mercado de trabajo (véase Arjona, 2006) y la predilección por las zonas costeras—. O lo que es igual, la comunidad autónoma andaluza se convierte en un polo de atracción de inmigrados debido, por un lado, a la necesidad de mano de obra en la agricultura intensiva de las provincias de Almería y Huelva y en la agricultura de aceituna de las provincias de Jaén y Córdoba, fundamentalmente. De igual modo, el aumento en la construcción de viviendas ha sido un gran nicho de inserción laboral de los inmigrados. Y, por último, el sector servicios, bien como respuesta a las necesidades de un mercado laboral asentado en el turismo, especialmente en todas las ciudades y municipios costeros de Andalucía, bien para abastecer a compatriotas a partir de la aparición de una economía étnica; o para cubrir los puestos de trabajo que crean los servicios de proximidad de españoles: cuidado de ancianos y niños y limpieza doméstica. Y, tres, representación dispar de los grupos: de los países pobres vienen directamente a trabajar y son, mayoritariamente, hombres jóvenes; de los países ricos son jubilados convertidos en turistas permanentes —braceros de sol y playa—.

En consecuencia, en cuestión de una década el colectivo extranjero ha aumentado su presencia notoriamente en Andalucía: si en el año 2001 había en Andalucía 164 145 extranjeros —el 2.2% de la población—; en la actualidad la cifra asciende a 675 180, lo que supone 8.1% de la población. Sin embargo, la incorporación de Andalucía al campo migratorio global¹ (Castles y Miller, 1998) en forma de contexto receptor de inmigrantes no ha significado que la inserción de los inmigrados se haya producido de manera satisfactoria; más bien lo contrario: existe cierta dosis de segregación étnica y, sobre todo, deficientes condiciones de habitación y servicios que acentúan las desigualdades entre los diferentes colectivos (Pareja-Eastaway, 2009; Arbaci y Malheiros, 2010).

En este sentido, resolver el problema de la vivienda es una cuestión fundamental para cualquier Estado, dado que las diferencias son siempre abismales entre quienes pueden acceder a una vivienda y quienes no. No es una novedad afirmar que en España —también en Andalucía—, en la actualidad hay un excedente notorio de viviendas; o lo que es igual, encontramos una de las bolsas de viviendas infrautilizadas y vacías más grandes de todos los países de la Unión Europea (UE); algunas cifras hablan de que hay un millón de viviendas para vender/alquilar. Más aún, es preciso resaltar que el relator sobre el Derecho a una Vivienda Adecuada Miloon Kothari, nombrado por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, señala que:

Se llega a la conclusión de que España atraviesa una crisis de vivienda debido a diferentes factores, tanto en materia de alquiler como de compra, las dificultades para soportar los gastos generados por la vivienda (Affordability) son un problema de primer orden para un vasto número de personas que vive en España. Los programas de vivienda actuales no permiten satisfacer las necesidades de entre un 20% y un 25% de la población con menos ingresos. Además, [...] la especulación y los beneficios generados por el mercado inmobiliario han conducido a una corrupción a gran escala (Vicente, 2009: 23).

MÉTODOS Y DATOS

Una investigación con este objetivo precisa del uso y aplicación de diferentes técnicas de investigación.² Ahora bien, las limitaciones de espacio hacen que para este trabajo presentemos, sobre todo, los resultados obtenidos de la aplicación de una encuesta, la cual nos sirve como instrumento de medida para evaluar las condiciones residenciales de los inmigrantes en Andalucía.

La elección de Andalucía como lugar de estudio se debió a diferentes motivos: primero, por ser la cuarta comunidad autónoma en número de inmigrantes, tras Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana. Segundo, a pesar de la crisis económica, y a diferencia de otras comunidades, no ha dejado de crecer el número de inmigrantes, por lo que las necesidades residenciales, cada vez, son mayores. Tercero, por la variedad de asentamientos que existen, que están muy vinculados a las distintas estructuras económicas de los lugares. Y, cuarto, a la diversidad de orígenes de la población, puesto que se supera, con creces, la centena de nacionalidades. De otro lado, por inmigrantes entendemos a aquellos que proceden de África (excepto Sudáfrica), América (excepto EUA y Canadá) y Europa del Este. Esto es, inmigrantes económicos procedentes de países que podríamos denominar como pobres o en vías de desarrollo.

En la selección de los lugares donde se realiza la investigación tuvimos en cuenta varios criterios: en primer lugar, y a partir del Padrón de Habitantes, por un lado, el número de inmigrados y, por otro, la proporción que representan en la ciudad. En segundo lugar, las ciudades o municipios que en el Decreto 2/2001 son considerados como municipios de alta movilidad laboral (véase Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 15, de 6 de febrero de 2001). Por tanto, la muestra se extrae a partir del número de inmigrantes empadronados en estos lugares. El muestreo lo realizamos por cuotas con afijación proporcional, atendiendo al origen y la ubicación de las viviendas —diseminado o núcleo urbano—.

Los puntos de muestreo en los núcleos urbanos los realizamos en las secciones con mayor densidad y concentración de inmigrados, desde donde se establecieron rutas aleatorias hasta cubrir las cuotas. Para los diseminados nos valieron las fotos aéreas y dividimos los términos municipales en cuadrículas de kilómetros cuadrados; los puntos de muestreo se realizaron allí donde la concentración de disperso era mayor y buscamos los alojamientos más próximos a las cuatro esquinas del cuadrado. Pero, al buscar información con ambas estrategias, se descubrió que muchos emplazamientos no están registrados como vivienda en el padrón municipal correspondiente, o que bien no aparecían en las fotos áreas: nos referimos a almacenes de aperos, chabolas o casas semiderruidas, que, lógicamente, también contabilizamos. De manera que al final encuestamos a 1 738 inmigrados y fueron registradas las mismas viviendas.

En ningún caso el cuestionario se realizó en un ámbito que no fuera el residencial. Es más, en 75% de las ocasiones fuimos observadores directos de la vivienda; en el resto de los casos, la información fue obtenida en la puerta del alojamiento. A la vez que nos apoyamos en la opinión de varios arquitectos y aparejadores, que nos ayudaron y resolvieron diversos elementos técnicos de la habitabilidad. Además, tras la finalización del trabajo de campo, a 10% de los inmigrados (elegidos al azar) que accedieron a darnos un teléfono de contacto se les llamó, para volver a plantear algunas de las preguntas que considerábamos clave, como medida de calidad de la información obtenida.

La valoración de la vivienda como digna, atendiendo a sus indicadores, fue definida de la siguiente manera: la estabilidad se precisa por régimen de tenencia, existencia de contratos y movilidad residencial. En la adecuación se analiza el acceso a la vivienda, las características y equipamientos del entorno, el hacinamiento o la satisfacción residencial. La habitabilidad es evaluada a partir del estado del suelo, cubierta, paredes, electricidad, agua caliente, calefacción y electrodomésticos básicos como el frigorífico, la lavadora y la televisión. Por último, en la accesibilidad tenemos en cuenta, por un lado, el gasto realizado en materia de vivienda —alquiler o préstamos—, desalojos por falta de pago o cortes de suministros de luz y agua; por otro, la capacidad de endeudamiento de los moradores —tomando como umbral una inversión de 35% de los ingresos—.

En este apartado medimos la calidad residencial —vivienda digna— de los inmigrados, teniendo en cuenta los diferentes indicadores citados.

Respecto a la estabilidad se observa que el alquiler es el régimen más habitual (66.6%); aún es pronto para acceder a una vivienda en propiedad, en colectivos poco asentados y cuyo poder adquisitivo no es alto; le sigue la cesión (14%) —resultado de sumar los tres tipos posibles (empresa, familiares o amigos y administración pública)—; vive en régimen de propiedad 13,4% y, por último, 5% habita en alojamientos ocupados. Por provincias, los propietarios destacan en Jaén, y Córdoba, el alquiler en Málaga, Granada y Sevilla, la cesión en Almería, Huelva y Jaén, y la ocupación en Almería.

Evidentemente, tanto la cesión como la ocupación provocan gran inestabilidad: la primera está estrechamente vinculada con el empleador, a saber: es el propietario quien cede el alojamiento a los inmigrantes que se emplean en sus empresas (este sistema abunda sobre todo en las zonas agrícolas). De ahí que este tipo de inserción residencial destaque entre las provincias de Almería, Huelva y Jaén. Por otro lado, la ocupación es la máxima expresión de la inestabilidad, por dos razones: primera, por ser lugares inhóspitos que, en la medida de sus posibilidades, cualquier persona tenderá a abandonar lo más rápido posible; segunda, depende del deseo de desalojo de sus propietarios. Y, por supuesto, en ningún caso existe un contrato escrito al que recurrir.

La propiedad y el alquiler son las formas de incorporación residencial más estables, aunque para el caso del alquiler, en ciertas ocasiones tampoco existe contrato que regule la estancia. Las provincias andaluzas menos vinculadas al empleo en la agricultura tienen mayor incidencia en contratos escritos (destacan los casos de Málaga, Sevilla y Granada); por el contrario, donde no existe ninguna forma de contrato destacan las de empleo agrícola, sobre todo, Huelva.

De este modo, si cuantificamos la inestabilidad residencial como el resultado de sumar los porcentajes de alojamientos ocupados, cedidos y en alquiler, con contratos escritos de menos de un año, comprobamos que ésta afecta a 59.1% de los inmigrados.

De manera general, para España, el Colectivo loé (2005) cifraba los propietarios inmigrantes en 12.9%, y en alquiler 77.6%, datos muy parecidos a las resultados en Andalucía. Sin embargo, en la Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI) (2007) los inmigrantes propietarios de viviendas, en España, ascienden a 32.7%, y de inquilinos a 47.5%. En cualquier caso, el régimen más repetido es el de alquiler, situación que difiere de lo que ocurre con la población nacional, puesto que 80% es propietaria, según Eurostat.

Otro elemento a medir en la inestabilidad es la movilidad residencial, en este sentido, en Andalucía encontramos que la mayoría de los inmigrados encuestados cambiaron de residencia entre dos y cuatro ocasiones. Incluso en Jaén o Sevilla, más de 3% de los inmigrados ha residido en más de seis alojamientos diferentes (tabla 2). Los latinoamericanos son el colectivo que más movimiento ha tenido en este sentido: 37.7% ha cambiado dos veces de casa, 16.8%, tres.

Cabe señalar que la movilidad residencial no equivale a una mejora en las condiciones y en la calidad de vida de los moradores, ya que ésta se produce en los lugares más degradados. Esta situación se hace más patente en las provincias agrícolas y, en menor grado, entre las capitales de provincia. De igual modo, la mejora residencial, fruto de la movilidad, es más común entre los latinoamericanos y los europeos del este, de manera que los africanos quedan reducidos a ámbitos residenciales que presentan las mayores carencias.

En cuanto al segundo aspecto —la adecuación—, se comprueba que la ubicación de los alojamientos de inmigrados en Andalucía se produce mayoritariamente en núcleos urbanos (véanse Checa y Olmos, Checa y Arjona, 2009). Aunque este dato esconde una gran diversidad, en cuanto a la provincia de inserción y al colectivo de referencia. De manera que quienes se insertan laboralmente en las zonas agrícolas —Almería, Huelva y Jaén—, el grueso principal de la población africana, reside en diseminados, frente a los europeos del este o los latinoamericanos, que ocupan en menor medida este contexto. Incluso dentro de esos entornos existen grandes desigualdades; así, mientras que 16% de los africanos en Roquetas de Mar vive en diseminado, en Níjar lo hace 90%. De igual modo, la tipología de alojamientos habitados por los inmigrados es múltiple, tanto en núcleos urbanos como en diseminados. Así, dentro de los pueblos y ciudades podemos encontrar a inmigrados residiendo en pisos, casas independientes, cocheras, locales comerciales, huecos de escalera, terrazas de edificios, etcétera; y en zonas dispersas tendremos pequeños cortijos, almacenes de aperos y productos fitosanitarios, chabolas, coches abandonados, etcétera.

Por tanto, consideramos, de entrada, como residencias inadecuadas aquellas que no cumplen con los mínimos necesarios para el desarrollo correcto y adecuado de sus moradores, no sólo en cuanto a su función de cubrir de las inclemencias del tiempo, sino también de su desarrollo vital. Dicho de otro modo, son lugares impropios e inadecuados los almacenes, las chabolas o cocheras, etcétera.

Además, tendremos en cuenta otras variables que definen la adecuación. En primer lugar, el acceso a las residencias. De tal forma que para llegar a cualquier alojamiento sus habitantes o visitantes no deben correr el riesgo de ser atropellados o sufrir lesiones. Para el ámbito andaluz, 68.4% tiene un acceso adecuado —rodado y peatonal—. Sin embargo, es inadecuado si la entrada a los alojamientos se produce con accesos exclusivamente rodados, sin aceras, o a través de caminos o veredas entre las explotaciones agrícolas, lo cual viene acompañado, normalmente, de ausencia de iluminación y señalización. Estas deficiencias ocasionan numerosos atropellos a personas inmigradas que transitan por esos parajes.

En segundo lugar, otro factor que define la adecuación residencial es el hacinamiento. Medir el hacinamiento que se produce en una residencia conlleva analizar el número de personas que viven en el hogar y el espacio de que disponen. No obstante, sabemos que su definición depende del momento histórico que tomemos como referencia y de los estándares definidos para la ocasión. Nosotros tendremos en cuenta: primero, que no exceda la ratio de 1.25 personas por dormitorio. Y, segundo, que cada sujeto disponga de un espacio —contando los lugares comunes— de 15 m².

En cuanto al primer criterio, la media para Andalucía es de 2.2 personas inmigradas por habitación, que se eleva a 2.9 en los diseminados. De tal forma que sólo 28% de los casos cumple con lo recomendado. Si el cálculo se basa en el número de metros disponibles, encontramos que la media es de 16; o lo que es igual, 45.4% de los inmigrados disponen en su vivienda de menos de 15 m². En ambas formas, la población africana muestra las mayores tasas de hacinamiento, especialmente en las provincias de Almería y Huelva.

En cualquier caso, el hacinamiento se produce tanto en aquellas casas en régimen de alquiler, como de cesión y ocupación, incluso de propiedad. La razón más esgrimida es la del ahorro. Y en todas las modalidades, el hacinamiento afecta más a los magrebíes y subsaharianos que a los europeos del este o los latinoamericanos.

Si comparamos estos datos con los mostrados en el resto de España, se comprueba que, según el Colectivo loé (2005), 19.2% de los inmigrantes disponen de menos de 10 m^2, y 60.8% comparte habitación. Incluso más, según la ENI, 17% de los inmigrados habita viviendas con menos de 60 m². Sin embargo, cuando comparamos estas cifras con las obtenidas para la población española comprobamos que existen diferencias importantes. De este modo, según el censo de 2001, el tamaño medio de las viviendas ocupadas por los españoles era de 97.1 m², frente a los 87 m² de los africanos, y con una densidad poblacional menor, ya que no existe un hacinamiento superior a 1.2 personas por habitación.

Además, si analizamos esta cuestión por zonas de procedencia de los inmigrados, descubrimos que la inadecuación de los equipamientos afecta de manera más acentuada a los magrebíes y subsaharianos. En el trabajo de campo se revela que esto sucede debido, principalmente, a las mayores dificultades de acceso que tienen los africanos, frente a europeos del este y latinoamericanos, para insertarse residencialmente en áreas mejor equipadas, más céntricas y con una mayor calidad de vida.

Por último, la adecuación residencial la definen las propias personas. Para nuestro caso, 12% declara estar muy satisfecho y 38.6% satisfecho. Sin embargo, 49.4% declara insatisfacción (poco o nada satisfecho). Una vez más, Jaén y Almería son las provincias con mayores dosis de insatisfacción. Atendiendo al origen, los latinoamericanos (65%) y los europeos del este (59,8%) se encuentran satisfechos y muy satisfechos con su alojamiento.

Los argumentos que justifican este grado de insatisfacción son: primero, las condiciones de habitabilidad de la vivienda y las deficientes condiciones de los caminos/calles para acceder a ellas. Segundo, lo poco adecuadas que son para un desarrollo vital normal, como el hacinamiento y las distancias que han de recorrer para realizar las actividades diarias, como ir a la compra, al médico, a los bancos. Tercero, el elevado costo económico de la vivienda, con respecto a sus calidades y los ingresos obtenidos. En resumen, 75% de los inmigrados en Andalucía habitan en alojamientos donde se da algún indicador de inadecuación, 53% con dos, y 30% con tres.

En tercer lugar, nos referimos a la habitabilidad de las viviendas, convertido en el elemento por excelencia para la definición de una vivienda digna.

De la calidad de la construcción depende la seguridad de los ciudadanos, de tal forma que una vivienda con condiciones deficientes en la cubierta, paredes o suelos pone en grave peligro la vida de sus habitantes. La cubierta de los alojamientos de los inmigrados, en general, está en buen estado; por ejemplo, en 76.9% de los casos no existen goteras. Por su lado, las paredes presentan mal estado en 13.1% de los casos. En cuanto a la solería, 17.4% no está ensolado o tiene graves deficiencias: por ejemplo, no hay baldosas en todas las estancias o están en mal estado. De igual modo, la habitabilidad de la vivienda queda definida por la existencia del servicio de agua potable —y caliente— o de electricidad: en los inmigrados de Andalucía, 84.6% de sus residencias tiene agua potable, 79.8% agua caliente y 90.9% electricidad.

Ahora bien, cuando se comparan algunas de estas cifras con las obtenidas por los inmigrantes en otros lugares de España o por los propios autóctonos, encontramos que las diferencias son muy elevadas. Así, la ENI (2007) sostiene que sólo 0.7% de los inmigrados no tiene agua caliente y 0.3% agua corriente o el 0.2% electricidad. También el trabajo de Ioé (2005) cifra las anteriores ausencias sólo para 4% de la población inmigrada. De otro lado, en los autóctonos la carencia de agua o electricidad es casi inexistente; realidad presente sólo en algunos núcleos chabolistas de las periferias de las grandes ciudades. Por tanto, esta situación se produce en exclusiva entre inmigrados asentados en los municipios de agricultura intensiva y extensiva de Andalucía.

En definitiva, teniendo en cuenta estos y otros indicadores, tales como separación de habitáculos, integración de baño y cocina dentro de la vivienda, etc., clasificamos a las viviendas como habitable, reforma general —necesitan mejoras o dotación de más de tres de los indicadores anteriores—, reforma parcial —necesitan mejorar uno o dos aspectos— e infravivienda.

El cuarto y último indicador que define la dignidad de una vivienda es su accesibilidad económica, o lo que es igual, su inversión monetaria.

Los ingresos medios de los inmigrados se sitúan en 780 euros mensuales. Por su lado, el coste medio de la vivienda en propiedad es de 61.237 euros, con un pago mensual hipotecario de 406 euros y con una duración de 22 años. Esto es, más de la mitad de los ingresos van destinados, exclusivamente, al pago de la vivienda, a los que se deben sumar los gastos de luz, agua, comunidad, basura, etc. Esto indica que los inmigrados que compraron una vivienda emplean en ella 75% de sus ingresos. No obstante, en las viviendas en propiedad el aporte a la economía doméstica es múltiple; además del sueldo del cabeza de familia hay otros miembros familiares que trabajan, de tal forma que el gasto en vivienda se reduce a 31% de los ingresos. Además, en otras ocasiones, existe la multipropiedad; esto es, adquieren el inmueble entre varias personas, generalmente familiares o compatriotas de una misma ciudad. Por otro lado, el costo medio de los alquileres es de 407 euros, ahora bien, el gasto mensual por persona asciende a 237 euros al mes (incluidos gastos comunes de comunidad, luz, agua, etc.), lo que equivale a 30% de sus ingresos. Por tanto, para ambos casos, la media de ingresos en materia residencial está muy próxima o supera el máximo recomendado (35% de los ingresos totales del grupo doméstico).

De igual modo, la presión económica del pago del alojamiento provoca falta de pago en los recibos de luz y agua, de manera que 44.9% de los inmigrados, en algún momento, no han podido hacer frente a las facturas a tiempo, pagando posteriormente el recargo o el nuevo enganche. Además, 40.7% de los inmigrados han tenido incluso dificultades para comprar comida, achacándolo, en todos los casos, a los bajos salarios y al alto costo de la vivienda.

Una vez más, las situaciones más dramáticas las encontramos en los municipios agrícolas. La temporalidad, la flexibilidad y los bajos salarios de sus mercados de trabajo reducen de manera importante la capacidad de endeudamiento.

En consecuencia, el alojamiento es el principal gasto que tienen los inmigrados, que tratan de reducirlo con diferentes estrategias: multipropiedad, alquiler de las viviendas más baratas (aunque sean las más deterioradas), hacinamiento, etc. Evidentemente, esta realidad limita otros derechos fundamentales y deseables por cualquier persona, como son el reagrupamiento familiar, la intimidad, la adecuación, etcétera.

En definitiva, 60% de los inmigrados asentados en los municipios de alta movilidad de Andalucía tiene o ha tenido de manera reciente problemas económicos derivados del costo residencial (falta de pago de hipoteca o alquiler, recibos, etc.), incluso habiendo recurrido al hacinamiento u otras estrategias. Sin olvidar que, además, los alojamientos presentan deficiencias en habitabilidad, estabilidad y adecuación. De nuevo, la situación es más dramática para los colectivos de africanos.

Si estos datos parciales los comparamos con los mostrados por Ioé (2005), para los inmigrantes instalados en otras comunidades se comprueba que son superiores, puesto que la media de gasto es de 573 euros para los propietarios y 492 euros para los que residen en alquiler. Sin embargo, el endeudamiento de los nacionales en materia residencial es mayor, puesto que se gastaron, según la encuesta de presupuestos familiares, 871 euros de media en 2011. Si bien es cierto que la capacidad de endeudamiento de los españoles también es mayor que la de los inmigrados.

La concepción tradicional del problema de la vivienda definida básicamente como un desequilibrio entre lo necesitado y lo producido, sin tener en cuenta la relación o integración entre la vivienda y la estructura social (Kemeny, 1992). No será hasta la década de los ochenta del siglo pasado y a partir de la consideración de la vivienda como una necesidad esencial (Cortés, 1995; Martínez y Leal, 2008) cuando las condiciones se constituyen realmente como un elemento fundamental y definidor de la calidad de vida de los ocupantes. Por eso, una ciudad integradora y una vivienda digna son dimensiones fundamentales para la integración y la convivencia (Lemnaski y Saff, 2010).

Tal y como lo muestran los datos, el alojamiento de los inmigrados en Andalucía dista bastante de acercarse a los cánones estandarizados de vivienda digna, puesto que la gran mayoría de los inmigrantes reside en régimen de alquiler o en una vivienda cedida; el índice de propiedad es aún muy escaso, a diferencia de lo que ocurre con los autóctonos. Esta situación provoca una gran inestabilidad, dado que es el propietario quien decide que las personas continúen o no habitando su vivienda, pues al respecto la ausencia de contratos escritos es la tónica dominante.

Son dos los motivos fundamentales que explican esta diferencia: por un lado, los distintos mercados de trabajo donde se emplean los inmigrados y, por otro, los segmentos que ocupan en esos mercados. O lo que es igual, los inmigrados se insertan en mercados laborales que están sujetos a una alta temporalidad, irregularidad, flexibilidad y etnicidad, características propias del mercado secundario (véase Gualda, 2007). Esto se traduce, entre otras cosas, en bajos salarios e inestabilidad laboral. Como consecuencia, la capacidad de endeudamiento es reducida e impide acceder a la compra de casas o pisos. Más aún, dentro de los propios colectivos de inmigrados hay diferencias salariales significativas, sobre todo para los subsaharianos, el grupo que menos ingresos obtiene con sus empleos, puesto que éstos se emplean fundamentalmente en la agricultura intensiva, mientras que los latinos o europeos además de esas actividades se insertan en el sector servicios o en la construcción.

Además, a lo anterior se une la circunstancia de la movilidad residencial, sobre todo por razones de trabajo. Esto es, la alta flexibilidad de los mercados laborales fomenta que los trabajadores cambien permanentemente de empleo o empleador, a lo que acompaña, en la mayoría de las ocasiones, un cambio de vivienda.

La tipología de los alojamientos que ocupan los inmigrados es múltiple, tanto en los núcleos urbanos como en los diseminados, si bien dentro de ambos espacios se puede encontrar como vivienda una cochera, un local comercial, terrazas de edificios, un almacén de productos o coches abandonados, entre otros; por tanto, se deben clasificar como infraviviendas. Además, y muy especialmente en dichas zonas de diseminados, los accesos a las mismas son muy complicados e inexistentes las infraestructuras, los equipamientos urbanos, el alcantarillado público y la recolección diaria de basura. En cualquier caso y para ambos modelos residenciales, urbanos y diseminado, el hacinamiento es también una circunstancia palpable. En consecuencia, una vez más, la provincia de Almería aparece a la cabeza de Andalucía en viviendas inadecuadas, con menos equipamientos y de mayor hacinamiento, mientras que en Málaga, Córdoba y Sevilla se encuentran las de mejores condiciones. Los africanos —magrebíes y subsaharianos— son el colectivo que, en mayor número, habita en diseminado.

Respecto a la habitabilidad de las viviendas se observa que más de la mitad está en perfecto estado y 23% necesita de alguna reforma, pero 15% se puede calificar de infravivienda. Almería vuelve a ser la provincia que mayor número de éstas presenta, Málaga la que menos; los africanos son quienes sufren las peores condiciones de habitabilidad.

De manera general, el mercado residencial de los municipios donde se insertan los inmigrantes extracomunitarios está altamente segmentado a partir de la nacionalidad o lugar de procedencia. De esta forma encontramos un mercado residencial de primera o segunda mano, con buenas condiciones y situados en áreas de alta deseabilidad, controlado por inmobiliarias y constructoras y dirigido a la población nacional. También existe otro mercado de viviendas de segunda, o sucesivas manos, con un estado de conservación con deficiencias, controlado casi exclusivamente por propietarios individuales y "destinado a inmigrantes", aunque ciertas inmobiliarias también trabajan en este mercado, debido a los grandes beneficios y la alta demanda en todo el territorio andaluz.

La incorporación residencial de los inmigrados depende fundamentalmente de las estrategias de arrendamiento y venta de los propietarios (Colectivo Ioé, 2005; Checa, 2007). En la actualidad existe un sub-mercado de la vivienda para inmigrantes. Éstos están circunscritos, en forma casi obligada, a un mercado bien diseñado para ellos y que corresponde a unas zonas, edificios o casas, dentro de los distintos municipios y ciudades. Los inmigrantes reviven una parte del mercado inmobiliario residual y de rentabilidad nula. Las familias especulan con sus viviendas, muchas de ellas en estado casi ruinoso, a la vez que a los propietarios les permite acceder a otra vivienda o a mejorar su nivel de vida. De aquí que, aunque los autóctonos gastan, de manera general, más en materia residencial que los inmigrantes, éstos pagan más que los españoles por casas con similares características, tanto en alquiler como en adquisición. No se debe olvidar, como resaltamos anteriormente, que apenas hay españoles viviendo en alojamientos que presenten grandes deficiencias en materia de equipamientos e infraestructuras. Y cuando así ocurre, el precio invertido es menor, primero, por que sobre ellos no recae el peso de la discriminación; segundo, los españoles no presentan el mismo grado de hacinamiento que los inmigrados, situación que aprovechan los propietarios de viviendas para pedir más dinero a éstos. De ahí que en muchos casos se den situaciones de multipropiedad o subarrendamiento.

En consecuencia, esta separación selectiva se justifica en una serie de emociones y rasgos atribuidos, fundamentados en estereotipos y prejuicios sobre los diferentes colectivos (Semyonov, Glikman y Krysan, 2007; Semyonov y Glikman, 2009). Dicho de otro modo, se considera que los inmigrados generan inseguridad, son violentos y machistas, sucios, etc. Además, estas emociones y rasgos actúan como práctica preventiva para no convertir su vecindario en una zona de transición, que a buen seguro reducirá el valor de sus viviendas (véanse Yinger, 1995; Asociación Pro-Vivienda, 2000). Por ello, cuando los inquilinos son españoles sobre ellos recae, principalmente, sólo una justificación económica. Además, esta estrategia discriminadora tiene también una base económica, ya que los propietarios de esas viviendas obtienen grandes beneficios alquilando o vendiendo unas viviendas que pocos autóctonos quieren comprar o alquilar, por su antigüedad, su deterioro o ubicación.

Incluso cuando el mercado es muy amplio las inmobiliarias participan en la discriminación; interponen obstáculos, con base en las preferencias de los propietarios, que dejan en sus manos la venta o alquiler de sus viviendas (Martínez, 1998). De tal modo que cuando los inmigrantes se acercan a las inmobiliarias para alquilar o comprar sus ofertas residenciales, si el piso está en una zona de reconocido prestigio, la empresa le responde que "ya ha sido vendido/alquilado", inclusive le informan que "el propietario busca otro tipo de cliente".

Durante la realización del trabajo de campo muchas inmobiliarias afirmaron que, a pesar de ser los inmigrantes los clientes más numerosos, existe una doble política: por un lado, la del cliente nacional o del mundo de altos ingresos; por otro, la de los inmigrantes, a quienes se les reduce la oferta de residencias a determinadas áreas. Según ellos, los propietarios hacen mucho hincapié en esta situación, ya que tienen gran presión de sus vecinos por el posible deterioro económico del edificio, la manzana o el barrio. No obstante, recientemente y a raíz de la crisis económica, la situación residencial para algunos inmigrados se está invirtiendo, puesto que los propietarios nacionales que compraron una vivienda como inversión no discriminan atendiendo al origen a la hora de vender o alquilar debido a la reducción drástica de la demanda; de ahí que vendan o alquilen a cualquier demandante solvente. Contrariamente a lo que ocurría, puesto que la demanda era tan amplia que podían "elegir" al comprador, teniendo en cuenta su origen. Ahora bien, esta situación proporcionará mejoras a corto y mediano plazo a los inmigrados solventes; esto es, aquellos que conserven sus puestos de trabajo podrán realizar una movilidad residencial con mejores condiciones habitacionales. Pero las tasas de paro de los inmigrantes en Andalucía superan ya 40%, lo que reduce su capacidad de endeudamiento y, por ende, su inversión en materia residencial; o lo que es igual, la movilidad residencial de gran parte de la población inmigrada camina hacia viviendas de menor calidad y menor precio. Más aún, y como lo comprobamos, las peores situaciones las padece el colectivo africano, las cuales a corto plazo se agravarán, puesto que los parados de larga duración alcanzan 71.4 por ciento.

Por último, respecto a la disponibilidad económica para encontrar un domicilio, tanto en régimen de propiedad como de alquiler, se sitúa en la media nacional; es decir, cada familia ha de endeudarse actualmente en más 35% de sus ingresos para poder acceder a una vivienda, siendo también el principal gasto que deben asumir, porcentaje, como señalamos, que se incrementará en los próximos años. Más concretamente, en las zonas de empleo agrícola la capacidad de endeudamiento es mucho menor dada la temporalidad y la flexibilidad en el mercado de trabajo, los salarios, a su vez, son mucho más bajos que en el resto de las profesiones; por ello pueden gastar menos y se produce un mayor grado de hacinamiento, ocupación de infraviviendas y dispersión en diseminados. Incluso, esta situación queda explicada por las prácticas económicas transnacionales —envío de remesas— de los inmigrantes.

En síntesis, la situación residencial de los inmigrados en Andalucía presenta características singulares que los diferencian de la población autóctona y de otros inmigrados asentados en diversos lugares de la geografía nacional. Más aún, las peores situaciones se pueden encontrar en los municipios de agricultura intensiva de Almería y Huelva y, en especial, entre el colectivo de los africanos.

Pero, ¿cuál ha sido el papel de las administraciones en todo este entramado? En Andalucía la situación residencial de los inmigrados se empieza a cuestionar tras el conflicto étnico de El Ejido de febrero de 2000 (véanse, entre otros, Defensor del Pueblo Andaluz, 2001; Checa, Arjona y Checa y Olmos, 2010).

La primera solución propuesta para paliar la situación fue la de instalar casas prefabricadas³ diseminadas. Los módulos denominados ECO-6 tienen una superficie de 13.8 m², y un costo monetario por unidad superior a los 18000 euros, incluyendo también los módulos de cocina y baño, que iban aparte. Se emplazaron 42 módulos en propiedades privadas, puesto que el Ayuntamiento de El Ejido declaró no disponer de suelo público para tal fin. Entre los argumentos que se utilizaron para optar por este modelo residencial fue el de ceder un alojamiento más digno que el de partida y más cerca del trabajo. Pero ante esto cabe preguntarse: ¿vivir seis u ocho personas en unos escasos 13 metros cuadrados es digno?

Tras esta visibilización, también el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprueba el Decreto 2/2001, de 9 de enero, en el marco del III Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 1999-2002, por el que se regulan y convocan ayudas a la promoción de viviendas en alquiler destinadas a alojar a trabajadores temporales en municipios de alta movilidad laboral, actuación que se mantiene en los planes posteriores. Para la realización de estas promociones se prevé que la Administración General del Estado conceda una subvención equivalente a 15% del precio máximo al que hubieran podido venderse las viviendas, y que otra subvención de igual cuantía sea concedida por la Administración de la Junta de Andalucía con cargo a sus presupuestos.⁴ Pero en este decreto, inicialmente, sólo se recogía la posibilidad de otorgar ayudas con motivo de la nueva construcción de viviendas y alojamientos, siempre y cuando se destinen al alquiler. Los resultados de la aplicación de esas medidas son dispares e insuficientes. Así, por ejemplo, en la provincia de Almería, donde las necesidades son más manifiestas, sólo un empresario se acogió a estas medidas. Tanto las administraciones públicas como las empresas se escudan en el agravio comparativo y otros en la rentabilidad. Sin embargo, en las provincias de Jaén, Huelva y Córdoba han proliferado albergues temporales.

Por su parte, las declaraciones de los responsables políticos en el ámbito local sostienen que el problema lo deben resolver las administraciones regional y nacional, e incluso la Unión Europea, puesto que son sus competencias. En conclusión, las medidas son insuficientes.

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NOTAS

¹ Los resultados proceden del proyecto: Vivienda, discriminación y segregación espacial de los inmigrados en Andalucía (referencia BSO2003-06497).

² Con un carácter cualitativo también se utilizó la técnica de la observación directa intensiva. Además, la fotografía nos permitió dar relevancia a objetos, que con frecuencia la ciencia califica de insignificantes (véase Bourdieu, 1979); por ello, se llevó a cabo un registro fotográfico de 75% de las viviendas visitadas.

³ La política de módulos no es exclusiva de Almería; en los campos freseros de Huelva también se instalan.

⁴ Algunas administraciones locales en la provincia de Huelva y Jaén están construyendo albergues. Sin embargo, en Almería ningún ayuntamiento se ha acogido a dicha medida, argumentando "agravios comparativos" (sic).

INFORMACIÓN SOBRE LOS AUTORES:

Juan Carlos Checa Olmos. Profesor titular de la Universidad La Cañada de San Urbano, 04120, Almería, España. Doctor en sociología por la Universidad de Almería. Temas de investigación: segregación residencial, mercados de trabajo, salud e inmigración. Autor y coautor de ocho libros, entre los que destacan, La diferenciación residencial: conceptos y modelos para su compresión (2006) y Viviendo juntos-aparte. Correo electrónico: jcheca@ual.es

Francisco Checa Olmos. Doctor en antropología social por la Universidad de Almería. Profesor titular de Universidad. Áreas de investigación de interés: inmigración y discursos políticos, integración social, salud e inmigración. Autor y coautor de diversos libros, entre los que destacan Labradores, pastores y mineros en el Marquesado del Zenete. Una monografía antropológica sobre Lanteira (1820-1960), Mapa de la inmigración en Almería. Necesidades y recursos. También ha publicado artículos en revistas nacionales e internacionales, tales como, Arbor, Convergencia, Scripta Nova, Sociología. Correo electrónico: fcheca@ual.es