Reflexiones sobre el poder destituyente de los movimientos sociales en América Latina

Reflections on the Destitution Capacity of Social Movements in Latin America

Victoria Darling*

* Profesora e investigadora de la Universidade Federal da Integracão Latinoamericana, en Brasil. Correo electrónico: victodarling@yahoo.com.ar

Fecha de recepción: 22 de marzo de 2010
Fecha de aprobación: 3 de febrero de 2012

Resumen

El presente artículo problematiza la presencia de movimientos sociales de nuevo tipo en América Latina a lo largo de la última década. A partir de un breve análisis del ciclo de protestas que se inicia a partir del 2000 con la incorporación a la dinámica movimentista de sectores políticos antes postergados, se analiza la "dimensión destituyente" de la conflictividad social. Se consideran tres casos en los que colectivos organizados colaboran en la destitución de presidentes constitucionales, democráticamente electos: Argentina en 2001, en Ecuador en 2000 y 2005; y en Bolivia en 2003 y 2005. Para visualizar el derrotero de los sucesos que conducen a la acefalía de estos regímenes políticos, se recupera la dinámica de reivindicación, los contenidos de los reclamos manifiestos, así como el proyecto delineado en expectativas que los colectivos movilizados enarbolan. Ahora bien, si por un lado se considera el nivel analítico correspondiente al movimiento social, por otro, se aborda la configuración del discurso de la "democracia gobernable" a la luz de la crítica a un Informe clave que desenfunda la perspectiva del PNUD (2008) en relación al tema. Postular la maravillosa y a su vez temida capacidad de transformación que el poder popular contiene, implica hacer referencia a la capacidad de movimiento inherente al orden democrático. En ese sentido, en el marco de análisis orientado a recuperar el estudio de los mecanismos de dominación y la lógica de las prácticas de los sujetos sociales, se toma en consideración la crisis que atraviesa la forma-democracia en términos institucionales en la Región cuestionando el paradigma dominante y visibilizando las formas democráticas en que los movimientos sociales latinoamericanos estallan.

Palabras clave: movimientos sociales, ciclo de protesta, capacidad destituyente, América Latina, democracia.

Abstract

Over recent years, various social movements staged events of magnitude assertive in Latin America, considering the cases of Ecuador, Argentina and Bolivia. In this article we analyze the main dimensions of these groups, to deepen later on their destitution capacity. This research is located within the study-oriented analysis of the social practices logic. Along the argument we note that the role and deployment of these intermittent motions of the twenty-first century in addition to their innovative actions have highlighted the need to build new interpretive maps for sociological analysis. In conclusion, we postulate that the latent consciousness of people's power seems to be the key for a better reading of the need to transform the democratic praxis.

A lo largo de los últimos años, diferentes movimientos sociales protagonizaron sucesos reivindicativos de nuevo tipo en América Latina. Las revueltas acontecidas han sido de gran magnitud a lo largo del presente siglo, contando entre los casos más significativos las manifestaciones sociales que derribaron gobiernos constitucionales, como el caso de Ecuador en 2000 y 2005, Argentina en 2001 y, Bolivia en 2003 y 2005. Además, han sido reiteradas las multitudinarias movilizaciones en Venezuela, Paraguay, Chile y Perú, a las que se agrega Brasil con reclamos especialmente vinculados al sector agrario. Tomando los casos más destacados —y mencionando los sucesos de mayor impacto—, no pueden desconocerse el movimiento que se gestó en Guatemala en rechazo al presidente constitucional en 2010 y las intensas acciones del movimiento de resistencia hondureño, consecuencia del golpe de Estado perpetrado hacia finales de junio del mismo año. Finalmente, el 2011 es atravesado por renovadas protestas de los estudiantes chilenos en reclamo por una educación pública gratuita de calidad, por demandas indígenas en Bolivia consecuencia del "gasolinazo" y por la no consulta a indígenas en la deliberación de sus propios asuntos, como es la construcción de una carretera en su territorio. Además, en México se esparcen reclamos contra las políticas implementadas por el gobierno federal, en aras de garantizar los derechos básicos, justicia y paz, además de seguridad ciudadana.

En particular, acercándonos al tema que nos interesa, mucho se ha escrito sobre las características novedosas de los movimientos sociales de este nuevo siglo, que se destacaron en contextos signados por crisis económicas, sociales, políticas —e incluso culturales— derivadas del modelo esencialmente neoliberal que primó durante las últimas décadas.¹ Entonces, la literatura más reciente frecuentemente subraya como características sobresalientes la conformación pluriclasista de estos movimientos, su lucha por la defensa de la autonomía, su novedoso vínculo de apropiación con el territorio en el que se encuentran, y en términos generales, el expreso rechazo al actual sistema de representación que restringe la praxis democrática a un juego delegativo con escasas pretensiones reales de participación popular. Vale decir además, alimentando la tesis de la originalidad de los procesos políticos latinoamericanos de los últimos años, que en la mayoría de los casos las referencias concernientes a los patrones distintivos de estos movimientos señalan al año 2000 como referente cronológico de un nuevo ciclo de protesta.²

Es preciso destacar que el protagonismo y despliegue intermitente de los movimientos sociales de la Región, además de la llamada de atención sobre sus novedosas formas de organización y manifestación, ha evidenciado la necesidad de construir nuevos mapas interpretativos para el análisis sociológico. De hecho, la vertiginosidad de transformaciones en el campo ha contribuido a gestar una línea de investigaciones que se alimenta de nuevas formas de abordaje disciplinar incluso en el trabajo empírico sobre estas experiencias. Aún así, la suma de investigaciones orientadas a la lectura de los sucesos políticos conflictivos del último tiempo ha devenido en una miríada de enfoques y propuestas teóricas acerca de los diferentes modos de leer a las organizaciones sociales en acción, que enriquece su comprensión y, a su vez, complejiza el análisis.

Ahora bien, aún cuando las características comunes de los actores sociales que se despliegan en el escenario reivindicativo de este nuevo siglo sintetizan aspiraciones y luchas compartidas, resulta particularmente interesante orientar una reflexión fundada a una dimensión distintiva que coloque la lente tanto sobre las reales como sobre las potenciales capacidades disruptivas de estos movimientos que pugnan el escenario político regional. Se trata de la dimensión destituyente y, a la vez, instituyente propia de estos colectivos. En ese sentido, el presente artículo estará orientado a dilucidar la construcción de dicha capacidad destituyente en el marco de tiempos que anteceden y suceden a las crisis que la evidencian. Para este fin, se traduce el trabajo de campo realizado en un análisis que atraviesa la realidad social a partir de la "crisis" como método de construcción de conocimiento (Zavaleta, 1983). Esto implica deshilvanar la trama conflictiva a partir de un suceso crítico que en nuestro caso es la destitución presidencial. Los casos que recuperamos son el movimiento de El Alto Boliviano, en su experiencia de 2003; la Conaie en Ecuador, haciendo hincapié en la crisis de 2005 y la experiencia del Movimiento Teresa Rodríguez en Florencio Varela, en Buenos Aires.

Lo cierto es que desde 2001 —pero tendiendo un posible puente analítico hacia los años que suceden— existen en diferentes países de América Latina sucesos contestatarios que cuestionan firmemente los valores y prácticas sobre las que se sustentaban los gobiernos de turno, desafiando y presionando a los presidentes en ejercicio —electos democráticamente acorde a sus mecanismos constitucionales— hasta lograr su destitución. Los casos críticos mencionados son exponentes de este derrotero.

Esta potencial capacidad o "renovado poder latente" en sociedades como las latinoamericanas, plantea dilemas que requieren nuevos y alternativos análisis. Las formas de apropiación de la política por parte de sectores que hasta entonces se veían distanciados de reales posibilidades de participación es parte de este debate. Asimismo, la relación entre gobiernos —constituidos al calor de los proyectos sostenidos por los movimientos que le dieron apoyo— sugiere una línea dilemática en proceso de desarrollo.

Y vale una aclaración importante a este punto. El planteo que desarrollamos se ubica en el marco de análisis orientado a recuperar el estudio de los mecanismos de dominación y la lógica de las prácticas de los sujetos sociales (Bourdieu, 2009 [1980]). Consideramos que un ángulo imprescindible en la construcción de conocimiento —por su amplitud, profundidad y nivel de veracidad— son las prácticas sociales, reconociendo que la construcción sociohistórica es siempre resultado de procesos complejos en interacción. Las posibles y diversas formas de acercamiento y construcción del objeto de estudio apuntan a sustentar la existencia de un eje estructurador central de la realidad social, cristalizado en conflictos manifiestos en espacio-tiempo determinado. De aquí que creamos que para comprender, dar cuenta y explicar cualquier problemática del campo social no pueda dejarse de lado la consideración del trinomio realidad social-sujeto-conflicto, en virtud de que cada uno de estos elementos es inherente y constitutivo a la dinámica social.

Existe, dentro de la comunidad académica, un consenso establecido respecto de la pertinencia metodológica de situar el surgimiento de un nuevo ciclo de protesta o la aparición de Movimientos de Resistencia en América Latina, hacia comienzos de siglo XXI.

Las razones que con este fin explicativo se aducen refieren al fin de los gobiernos neoliberales que dieron impulso a las reformas estructurales, así como a la culminación de la década del '90 en tanto escenario, tiempo y espacio signado eminentemente por la oleada neoliberal y su posterior crisis hegemónica (Oliver, 2007: 4). Aquello que contribuimos en argumentar a este punto es que, efectivamente, consideramos que el ciclo está dado no sólo por las características de los movimientos en sí, su actividad, repertorios de lucha y objetivos, sino también por su relación con el contexto general de la región.

Si bien es claro que diferentes formas de lucha se expresaban activamente en los años '90, la ubicación del 2000 como referente de transformación de los modos que la movilización asume, implica reconocer que se da un crecimiento de los hechos conflictivos a la vez que se produce la emergencia y consolidación de nuevos movimientos sociales. Estos convergieron en diferentes procesos de confrontación que, alcanzando una amplia significación nacional, conllevaron a la caída de gobiernos, la apertura de profundas crisis políticas o el fracaso de iniciativas de carácter neoliberal. (Seoane y Nacci, 2007: 95) Sustentando esta idea, según un análisis del Observatorio Social de América Latina, en 19 países de la región latinoamericana a lo largo del 2000 y hasta el 2002 se dio un crecimiento de los hechos de conflicto relevados, del orden de más del 180%. En términos analíticos, según la misma fuente, por la magnitud regional que alcanza, por las características que presenta, y por su perdurabilidad, el incremento de la conflictividad social a principio de siglo, da cuenta de la aparición de un nuevo ciclo de protesta social que, inscribiéndose en el campo de fuerzas resultante de las regresivas transformaciones estructurales forjadas por la implantación del neoliberalismo, emerge como contestación (Seoane, Taddei y Algranati, 2006: 230).

¿Pero quiénes constituyen el colectivo "movimientos sociales" al cual hacemos referencia? Luego de un recuento minucioso, podemos afirmar que los actores que se ponen en evidencia a lo largo de la presente década en movilizaciones variadas son Movimientos Rurales, Campesinos e Indígenas, Movimiento de trabajadores Sin tierra, movimientos de desocupados, trabajadores del Estado, estudiantes, organizaciones sindicales, sectores urbanos empobrecidos, ecologistas, movimientos de mujeres, colectivos anti-globalización hegemónica y organismos no gubernamentales. El denominador común que permite analizarlos conjuntamente en un mismo período —y como parte de un mismo ciclo de lucha— es su acción contestataria contra las medidas neoliberales identificadas, en su mayoría, como la apuesta política de los gobiernos durante la década de los años '90.

Ahora bien, con el paso del tiempo hay mayor conciencia acerca del nuevo "sujeto social" que resiste. Su lucha se constituye a partir de una sociedad civil llena de particularidades como la fragmentación social, el desempleo masivo, la exclusión, la informalidad (Oliver, 2007: 7). Se trata de un sujeto social y político de la acción colectiva que prácticamente se constituye en la lucha, por medio de coaliciones amplias y que tiene como base el fenómeno de la desintegración social provocada por las políticas del neoliberalismo. Entonces, se trata de un sujeto constituido por muchos sujetos: los sindicalizados, los desempleados, los pobladores, los excluidos, las clases medias pauperizadas, los trabajadores de la burocracia, entre otros.

Por esto, el carácter diverso de estos colectivos da cuenta de cierta dispersión de la conflictividad. No obstante, la complejidad de los movimientos no significa que el conflicto esencial propio del capitalismo —la puja entre capital y trabajo— se haya desgranado en otros múltiples conflictos de diferente escala, sino que la demanda por trabajo "digno", la lucha por mejores condiciones de empleo y por justa remuneración continúan siendo reclamos presentes y, de hecho, cada vez más reiterados.

Recuperando el contenido de las demandas que primó a lo largo de la presente década —con el fin de contribuir a un análisis diagnóstico preliminar de las luchas del siglo que atravesamos— vale decir que son sin duda los agravios de las políticas neoliberales las que ven multiplicados los reclamos en acción. Las demandas más importantes a lo largo de la última década se orientaron a la reapropiación social del espacio público (en sus diferentes escenarios), el reparto o legalización de tierras, la reivindicación de derechos indígenas, reclamos por inseguridad ciudadana, demandas de justicia hacia el Estado represivo, reivindicación de derechos políticos, sociales, culturales y económicos, reivindicación contra la globalización excluyente, lucha contra la desocupación y las políticas públicas ineficientes derivadas de esta situación, demandas de condonación de la deuda externa de los países económicamente dependientes y demandas contra la cristalización de tratados de libre comercio (Darling, 2008).

Los movimientos sociales latinoamericanos de la última década no se presentan como portadores de proyectos históricos previamente diseñados, sino que fueron configurándose en torno a realidades concretas y locales. A diferencia de una consideración frecuentemente reiterada, es pertinente aclarar que desde este punto de vista semejantes manifestaciones no son una expresión normal de las demandas y derechos de sectores amplios de la sociedad encauzados a través de los canales institucionales, sino la expresión de una parte de la sociedad en situación de crisis. Esta aclaración permite entrever que la manifestación del conflicto se da bajo un bloqueo de los canales institucionales existentes para la atención de sus necesidades de expresión y procesamiento de demandas.

En esta misma línea, los agravios parecieran condecirse incluso con las formas particulares de organización que desarrollan quienes se manifiestan. Existen características distintivas que los movimientos sociales latinoamericanos han asumido en su proceso de conformación y desarrollo, que ya analizados en profundidad por la sociología regional, permiten presentar un paneo descriptivo clarificador. De hecho, algunos ejes aglutinadores destacados de lucha a lo largo de los últimos años pueden ser sintetizados en un franco cuestionamiento al sistema de representación, manifiesto en demandas generalizadas de autonomía organizativa respecto del sistema político, encontrando en la apropiación original del territorio una clave de resistencia.

SOBRE EL PODER POPULAR LATENTE: SUS USOS Y POTENCIALIDADES

El proceso multifactorial de firme cuestionamiento a las políticas neoliberales —en el marco de las crisis económicas que atravesaron la mayor parte de los países de la Región y en la apuesta por profundizar el modelo— se tradujo en una oleada de levantamientos populares que en diversos y numerosos casos, llegaron a transformarse en procesos de presión para la cristalización de derrocamientos presidenciales.

Desde el inicio de siglo, se ha vivido casi una decena de sucesos críticos que afectaron el modo de entender la dinámica democrática en la región. Lejos de constituirse un paisaje en el que el proceso de consolidación democrática avanza y se cristaliza, nuevos desafíos políticos y cuestionamientos sociales emergieron violentamente sobre la necesidad de realizar transformaciones refundacionales. Perú en 2000, Argentina en 2001, Venezuela en 2002, Bolivia en 2003 y 2005, Ecuador en 2000 y 2005, y, Honduras en 2009 son los casos que exponen esta tendencia. De las ocho situaciones críticas enumeradas, siete concluyeron con la caída de los presidentes de turno considerando a Fujimori en Perú, De la Rúa en Argentina, Sánchez de Losada y Mesa en Bolivia, Mahuad y Gutiérrez en Ecuador, y Zelaya en Honduras. Ya sea porque la legislatura los destituyó o porque renunciaron, los cargos presidenciales sufrieron un llano decapite.

En particular, Perú resulta llamativo por el caso de corrupción que envolvió al primer mandatario después de diez años de gobierno; Venezuela no deja de sorprender por el intento de golpe de Estado contra el presidente Chávez que culminó en fracaso por presión popular; y el reciente caso de Honduras despunta incertidumbre debido a la vigente resistencia popular y el apoyo regional al presidente depuesto. A estas situaciones se suman otras que en la misma tendencia —pero con distintos resultados— resultaron críticas a lo largo de la década. Nicaragua hacia finales de 2004, Honduras en 2005 y Guatemala meses atrás, manifestaron diferentes formas de desestabilización política cercanas a esta tendencia crítica, cristalizada en movilizaciones sociales de envergadura.

No obstante, los casos que se vuelven de especial interés resultan de la selección de aquellas crisis que, a causa de la presión de movilizaciones sociales, por su fuerza e impacto, generaron la definitiva renuncia o abandono del cargo del presidente electo. En esta línea, existe un factor distintivo de los sucesos políticos críticos que contemplamos, que vale la pena explicitar. En Bolivia, Argentina y Ecuador, en los años constatados las crisis de gobierno no generaron una disolución del parlamento, ni menos aún la supresión de la democracia mínima, formal o electoral. Un nuevo planteo crítico desnuda la certeza que, la democracia electoral puede ser interrumpida y nuevamente reinstalada con reformulaciones por orden-presión popular.

De aquí que la consideración generalizada sea que el ciudadano puede salir a la calle toda vez que su gobierno no esté demostrando coherencia con las promesas realizadas. Esto no implica la opción de cancelar la democracia o interrumpirla, menos aún de recurrir al apoyo de las fuerzas armadas; se trata en primera instancia de reconocer que las formas institucionales contemporáneas que trabajan sobre los problemas sociales no alcanzan a dar cuenta de las demandas ciudadanas y estas, por acción deben ser respetadas.

Lo interesante en este punto, alzando la lente hacia el conjunto de la región, es que a lo largo de este siglo los sectores populares de América Latina presentan dificultades para sostener los procesos políticos encausados por sus gobiernos. Más aún, un cuerpo considerable de ciudadanos encuestados afirma que:

los presidentes que parecen tener cierto grado de blindaje [frente al derrocamiento por movilización popular] son sólo aquellos que han producido bienes políticos (con esto refieren a las reformas políticas distanciadas de todo tipo de resultado económico). Tal es el caso de Lula y Lagos en 2005. El caso de Chávez simboliza según este estudio, el mismo fenómeno, lo que resulta significativo para la legitimidad de la presidencia. Incluso, como derivación, leemos que la presidencia per se juega un rol primordial al producir legitimidad por encima de otras instituciones tradicionales, inherentes a la democracia (Latinobarómetro, 2005: 9).

la alta participación política señalada por los encuestados en cuanto a asistir a manifestaciones como actividad política convencional llama la atención en Bolivia, donde se señala que un 11% está dispuesto a realizar actividades políticas no convencionales e ilegales. Se trata de una población que está movilizada mas allá de la ley y de las convenciones (Latinobarómetro, 2005: 35).

En una síntesis provisoria, nos atrevemos a afirmar que los datos recopilados sobre este particular hacia los primeros años del siglo apuntan a sustentar que la democracia tiene su flaqueza en la representación política. La presidencia y el voto parecieran ser los dos únicos elementos reconocidos socialmente del juego democrático, que alimentan y sostienen la legitimidad del sistema político. Entretanto, otros elementos de la política —las instituciones— se encontrarían postergadas y por momentos intermitentes, firmemente cuestionadas.

De este modo, no resulta incoherente con la plena conciencia que "las sociedades no son caóticas", el clima efervescente que habilita la consideración de los derrocamientos por presión popular como sucesos posibles y efectivamente explicables en un contexto de exacerbación de contradicciones, como ha ocurrido en Argentina en 2001, en Ecuador en 2000 y 2005 y en Bolivia en 2003 y 2005.

Ahora bien, una síntesis de cada caso indicaría la presencia de atributos comunes compartidos y, a su vez, el señalamiento de diferencias fructíferas en los procesos políticos destituyentes encarados. Para este fin, se vuelve necesario recuperar un marco analítico referencial de cada caso que exponga las razones contextuales evidentes de la participación popular masiva en los procesos críticos que ponen en jaque la forma de ejercicio del poder vigente. Este trabajo ha sido realizado en base a un recuento hemerográfico y a un trabajo de campo realizado en 2010 en Bolivia, Ecuador y Argentina, con una extensión que supera las posibilidades de este artículo. Entonces, en modo sintético, relatamos algunas pistas que estimulan la problematización de los hallazgos.

SOBRE CÁNTICOS, RENUNCIAS EN PAPEL Y CASAS DE GOBIERNO VACÍAS

Las movilizaciones acontecidas en Ecuador, Bolivia y Argentina, dan cuenta tanto de la activación de sociedades atentas, críticas e informadas, como de sujetos que a través de la organización política lograron manifestarse en respuesta a años y, en algunos casos, siglos de agravio. Si bien los sucesos que acontecen en el ámbito popular desafían el orden vigente, debemos señalar el rol que la rearticulación dentro de la cúpula de poder —elites— ocupa. Más allá del escenario rupturista que prefiguraron las organizaciones sociales, quienes en la mayoría de los casos orientaron la solución final a la crisis del sistema político en clave institucional, fueron los miembros del llamado stablishment. En cuatro de los cinco casos que brevemente analizamos, la reestructuración de la dominación ocurrió desconociendo las demandas populares que iniciaron los movimientos sociales.

Es posible considerar la existencia dos polos de poder, de dos crisis distintas que se solapan y niegan, que se invisibilizan mutuamente. Por un lado, el poder popular, que se organiza y aglutina en demandas generalmente asociadas al mejoramiento de sus condiciones de vida. Por el otro, un debate dentro del stablishment que persigue intereses particulares tradicionales, susceptibles de ser concretados por medios diferentes: un nuevo gobierno, por ejemplo. En este sentido, vale la pena observar cómo, a lo largo de los últimos años, en el fuerte cuestionamiento a las políticas neoliberales, los sectores dominantes —que cristalizan su poder en los negocios realizados fundamentalmente en los '90, los cuales se volvieron internacionales en la mayoría de los casos—, se colocan "sobre", se solapan y parasitan las fuerzas populares (Tapia, 2003) amalgamando discursos y aparentes objetivos de transformación, pero aventajándose de los resultados que éstas logran.

El sistema de dominación inserto en el Estado, la fuente de conflicto de intereses —hasta 2005, en base a los sucesos relevados— no cambia estructuralmente. Sin embargo, cambian los actores, las figuras, los nombres que forman parte del juego y parecen conducirlo. Creemos que sucede de este modo la reestructuración del poder que signa el periodo de análisis. El año 2006 marca un parteaguas que distancia diferentes coyunturas. Son las voces de las organizaciones populares que siguen trabajando post derrocamientos quienes marcan una transformación que complejiza la lectura y, por supuesto, el escenario.

INGOBERNABILIDAD Y CRISIS POLÍTICA. APUNTES SOBRE EL DISCURSO DOMINANTE

Los sucesos reivindicativos fueron, en su mayoría, considerados procesos propios de un clima de ingobernabilidad democrática en la región; que para su resolución requería, desde el punto de vista oficial, la construcción de mejores y más acertadas opciones político-institucionales. La idea que está de fondo a esta perspectiva dominante es que la política y las instituciones de la democracia habrán de procesar, tarde o temprano, los cambios que vienen experimentando las sociedades latinoamericanas. Aumentar las capacidades de gestión como guía de posibles cambios mejoraría así los problemas asociados a la representación política y la canalización de demandas.

Según el informe del Proyecto análisis político y escenarios de corto y mediano plazo para fortalecer la gobernabilidad democrática en América Latina, del PNUD (2008), la variedad de problemas que atraviesan los países de la región pueden ser sintetizados en dos líneas críticas que afectan la gobernabilidad. por un lado, problemas político-institucionales —que incluyen crisis institucionales, límites del sistema de representación, crisis políticas carencias de liderazgo e inseguridad jurídica— y, por otro lado, problemas de pobreza e inequidad.

En relación al primer cuerpo de problemas, la consideración es que la crisis que vive la región supone transformaciones que vinculen la vertiginosidad de los cambios sociales con los cambios de tipo institucional. Esto implicaría "aumentar el poder democrático" relegitimando los procesos del régimen, descartando "formas conspirativas de hacer política". En ese sentido, la propuesta sobre este particular consiste en incrementar la capacidad de gestión de los conflictos mejorando la calidad de la representación y la participación ciudadanas, y a la vez, mejorando las competencias técnico-políticas de los decisores (ver Calderón, 2008: 16). Desde este punto de vista, actuar institucionalmente ante las crisis alimenta el comportamiento democrático y facilita la elaboración y el éxito de las políticas públicas.

En relación al segundo cuerpo de problemas inherentes al clima de ingobernabilidad regional de los últimos años, el informe del PNUD considera que la mayor diferenciación social ha afectado la calidad de las formas de reproducción social. Entonces, frente a la desigualdad y pobreza manifiestas, la idea de igualdad política supuesta en el concepto de ciudadanía se vuelve problemática. De este modo se evidencia aquello que desde los años 80, tiempos de transición a la democracia, se suponía, "la democracia por sí misma no garantiza una convergencia hacia la igualdad social, más bien es el resultado de la acción individual y colectiva de una determinada sociedad" (ibid.).

Ahora bien, argumentando a favor de una lectura compleja que condimente y ponga en cuestión la sola lectura de las crisis a partir de la interpretación del mejoramiento institucional o sobre los factores que contribuyen a incrementar el número de hogares pobres, vale considerar otras posibles explicaciones del concepto de crisis, del cual se sucede toda posible racionalización de los acontecimientos. En todo caso, cada diagnóstico encuentra su resolución explicativa sustentándose en algunos determinados factores y no en otros. En virtud de este particular, un alternativo —y no por ello novedoso concepto de crisis— puede contribuir a una lectura diferente de aquello que acontecimientos violentos, disruptivos y caóticos exponen.

René Zavaleta considera que la crisis es un momento creativo por naturaleza. Un momento crítico, situación privilegiada para observar la desnudez de los acontecimientos y, en ellos, los roles que los diferentes actores intervinientes juegan. Desde este punto de vista, la crisis es un método de conocimiento. A partir de los síntomas de descomposición de las formas políticas se puede a rastrear el momento de articulación de aquello que se está descomponiendo. De la crisis y descomposición "se va al momento constitutivo. De ahí se recorre todo el camino que lleva a la crisis como punto de partida de indagación (...) no hay un modelo teleológico subyacente en fases sucesivas de desarrollo a partir de las cuales se ordenan los hechos históricos" (Tapia en Aguiluz y De los Ríos, 2003).

Incluso, más allá de una posible discusión sobre la potencialidad revolucionaria que aquí radica, (Gómez Leyton, 2009) postular la maravillosa y a su vez temida capacidad de transformación que el poder popular contiene, implica hacer referencia a la capacidad de movimiento inherente al orden democrático. poder destituyente y gobernabilidad democrática se han vuelto casi conceptos antagónicos. Movimiento del régimen democrático y transformación de las prácticas organizativas se han convertido en procesos diferenciales. La democracia organizativa de las organizaciones sociales parece no tener nada que ver con la democracia formal, sustantiva, mínima, manifiesta en la puesta en práctica del régimen político de gobierno. Cambio institucional y reclamo de mayor participación, entonces, se muestran como entidades opuestas, cuasi-abstractas.

De aquí que la contribución central de estas reflexiones radique en recuperar el sentido, en la apuesta por resemantizar la noción de poder destituyente. ¿Cómo considerar que el poder constituyente de la democracia se encuentra estático, definido y requiere de herramientas que sólo le den estabilidad?

La conciencia sobre el poder popular latente, del todo ilimitado, extensible, perdurable, móvil, subversivo no constitutivo del orden establecido, pareciera ser la clave para una lectura que, sin dejar de mirar el posible mejoramiento de la construcción de la democracia, dé de nuevo las cartas en la determinación de quiénes juegan y quiénes orientan los objetivos de juego. El poder parece estar distribuyéndose de manera alternativa; es sólo cuestión de colocarse en el mejor lugar desde el cual poder analizarlo.

EL FUTURO ANTICIPADO EN EL PRESENTE: LAS EXPECTATIVAS

¿Qué experiencias, valores y elecciones ponderan quienes participan movilizándose? ¿De qué modo "el futuro se anticipa el presente como expectativa"? La emancipación consiste en un "cambio de estado" en la configuración social a lo largo de la cual la sociedad recupera su posibilidad de decidir de manera no delegativa sobre los asuntos públicos y donde paulatinamente se inhibe el predominio del valor sobre las personas, generalizándose otro modo de relación social que descansa en el despliegue del valor de uso de las cosas, a partir de su reapropiación por las personas libremente asociadas para sus fines autónomos (Gutiérrez Aguilar, 2008: 23). Esto implica una valoración de los propios actos que se involucran en dinámicas colectivas que a su vez generan una transformación en la subjetivación de la propia realidad.

La emancipación no implica para nuestros protagonistas, actores de la realidad social, un cambio de estado de cosas existentes "afuera", en la correlación de fuerzas solamente, sino antes —y de manera más coherente— un cambio en el modo de concebir dicha realidad, de insertarse en ella y actuar para transformarla. Hacemos referencia a un paso previo, a una sucesión de hechos que decantan en el propio sujeto conduciendo a su propia transformación como emergente de la praxis política colectiva. La liberación es ante todo subjetiva.

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NOTAS

¹ Para surcar algunas contribuciones teórico-analíticas convergentes, ver: Rozé, Nuñez y Murillo, 2005; Cerutti Gulberg y Mondragón González, 2006; Mirza, 2006; Seoane y Nacci, 2007; Dri (Comp), 2008; Levy y Gianatelli (Comps), 2008; Svampa, 2008; Análisis del periodo de Revistas OSAL 1-22, 2000-2007.

² Un análisis extendido sobre este particular puede encontrarse en: Darling, 2008.

INFORMACIÓN SOBRE EL AUTOR:

Victoria Darling. Doctora en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Sociología. Ha sido premiada por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales por el proyecto "La investigación social como sustento de utopías. El derrotero del pensamiento crítico en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la UNAM" en el marco del concurso: Actualidad del pensamiento crítico de América Latina y el Caribe. Sus líneas de investigación son: movimientos sociales en América Latina y Construcción de pensamiento crítico en la región. Profesora investigadora en la Universidad Federal de Integración Latinoamericana (UNILA), Brasil.