Partidos y medios: retos de la democracia

José Woldenberg*

Sermeño Á. y Serret E. (coordinadores), Tensiones políticas de la modernidad. Retos y perspectivas de la democracia contemporánea. México: Miguel Ángel Porrúa/Universidad Autónoma Metropolitana–Azcapotzalco, 2008, pp. 265.

I

II

No se requiere ser sociólogo o politólogo para constatar el malestar que generan los partidos políticos. Basta salir a la calle e intercambiar opiniones sobre el tema, casi al azar, para darse cuenta de la mala opinión que desatan. Ya no digamos si uno se asoma a la radio o la televisión e incluso la prensa: en esos espacios, casi por inercia, los locutores y comentaristas reproducen una serie de epítetos negativos contra el conjunto de los partidos. Ahora bien, si se quiere rebasar esa dimensión, pues ahí están las encuestas que en su momento realizaron por separado la Secretaría de Gobernación y el Instituto Federal Electoral, y en el caso de América Latina, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, para certificar el poco aprecio que los partidos reciben no sólo en nuestro país, sino también en el resto de los países latinoamericanos.

¿Pero esa percepción —se pregunta Esperanza Palma, y con razón— que expresa "el deterioro de la relación entre los ciudadanos y los partidos... y el declive de las identidades partidistas", puede considerarse como una crisis de los partidos o de la representación?, o "¿es más conveniente hablar de la crisis de aceptación de los partidos e incluso de antipartidismo?"

A algunos, el aparente matiz les puede parecer insustancial o incluso retórico, pero no lo es, porque los partidos no han dejado de cumplir un papel central en los sistemas democráticos, al mismo tiempo que viven envueltos por una desafección muy extendida entre los ciudadanos.

Quienes hablan de crisis de los partidos —nos dice Esperanza Palma— ponen sobre la mesa distintos argumentos:

a) los llamados "nuevos movimientos sociales", aquellos cuya expresión se da por fuera de las estructuras partidistas: estudiantiles, ecologistas, feministas, homosexuales, pacifistas, etcétera. Ellos "han desdibujado la geometría izquierda/derecha" y repercuten en que "las identidades sociales sean más complejas".

b) "el declive en la confianza en los partidos". Se trata de un fenómeno universal. No sólo en América Latina, sino en Estados Unidos, Canadá o Japón, se ha medido ese fenómeno, lo que acarrea "la caída en la dentificación con los partidos", "el descenso en la participación electoral y en el número de miembros de los partidos". Todo ello lleva a subrayar "que los partidos han perdido terreno de manera sustancial en la estructuración de identidades políticas...".

]]> c) la imagen de los políticos, los temas de campaña y la propia agenda política ya no son fijadas tanto por los partidos, sino por los medios masivos de comunicación.

Todos esos fenómenos son ciertos. Inciden en el cuadro general de la política y por supuesto en el rol de los partidos. Ningún analista debería cerrar los ojos ante ellos. Pero, los partidos siguen siendo insustituibles en democracia por lo que hace casi 60 años descubrió Maurice Duverger: porque no hay elecciones y vida parlamentaria que no genere partidos. O como dice Esperanza Palma: "siguen siendo centrales en la vida democrática".

Palma plantea con claridad que no son los partidos sino quizá un tipo específico el que se encuentra en crisis (el partido de masas). De hecho, encuentra distintos tipos de partidos, algunos orientados más hacia funciones de gobierno o parlamentarias, que combinan diferentes estrategias; que se articulan o no con las plataformas de los movimientos sociales; impulsores y usufructuarios de procesos de transición a la democracia; y en países como el nuestro, donde la geometría izquierda–derecha resulta significativa, ordenan lo fundamental del debate público.

Pero más allá de las diversas tipologías que puedan hacerse sobre los partidos, hay funciones que ninguna otra organización cumple como ellos: a) integradores y canalizadores de demandas; b) agregadores de intereses; c) agentes de representación; d) referentes electorales; e) creadores de legitimidad democrática; f) organizadores de la vida parlamentaria, y súmele usted.

Pero, como apunta Esperanza, si bien son "agentes centrales del proceso de toma de decisiones" institucionales, no deberíamos minus–valuar la profunda crisis de confianza en torno a ellos. Y sobre todo los nutrientes de la misma, a saber: "la conducta de las élites partidistas, el mayor escrutinio público y el discurso antipartidista".

Si a ello le sumamos los dilemas y tensiones que tienen que enfrentar, el círculo de las dificultades tiende a cerrarse. La "tensión entre la representación de una parte de la sociedad y el interés general"; la disciplina de partido o la dependencia de los electores; la profesionalización obligada de la política (dada la división social del trabajo) y la escisión del resto de los mortales (y lo que ello significa); el financiamiento de los partidos enfrentado a un público cada vez más vigilante y exigente, y las tensiones derivadas de los mecanismos de selección de sus propios dirigentes y candidatos.

Pero, como afirma Esperanza Palma, ni aún el antipartidismo más extremo podrá, por el momento, negar que los partidos siguen cumpliendo cuatro funciones claves: son "a) formadores de la clase política, b) dadores de sentido y orden a la competencia electoral, c) activadores de identidades y clivajes sociales, y d) mediadores entre la ciudadanía y las instituciones".

De tal suerte que el aprecio o desprecio social en buena medida dependerá de lo que ellos mismos hagan o dejen de hacer. Pero también del acompañamiento social en el que se vean inmersos: estoy pensando en el papel de la escuela y los medios, porque los valores y percepciones sociales en buena medida dependen también de esas dos instituciones claves.

III

Gutiérrez nos recuerda aquel 10 de octubre de 2002, cuando fueron publicados "el decreto relativo al pago de impuestos 'en especie' de los concesionarios y el Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión". Se trató sin duda de una medida regresiva, de un tributo que pagaba el gobierno a los concesionarios, de una muestra del poder de los medios.

De ese momento en adelante, la contribución en tiempo de los concesionarios sería notablemente menor, y además sería el mismo para materiales grabados del Poder Ejecutivo, dejando fuera al resto de los poderes. "Antes, el tiempo a disposición del Ejecutivo en cada canal y emisora era de 180 minutos diarios, mientras que las nuevas disposiciones lo reducían a 18 minutos en televisión y 35 en radio". Antes, se trataba de tiempos de Estado, ahora de tiempos del Ejecutivo.

Se trató de una "negociación" en la que sólo una de las partes ganaba —los concesionarios de los medios—, mientras la otra cedía. ¿No resultaba pertinente en esa coyuntura —máxime que se habían celebrado audiencias varias sobre el tema en el Congreso— buscar una reglamentación completa que incluyera los compromisos de las radiodifusoras y las televisoras?

Creo que Roberto Gutiérrez extrae las conclusiones del caso: fuimos testigos de unos "estilos de negociación no democráticos" (opacos, sorpresivos, inconvenientes), del temor del gobierno y los partidos a enemistarse con un poder fáctico cada vez más influyente, y "de la falta de visión acerca de los efectos sociales y políticos" del modelo de comunicación existente. En una afortunada síntesis que describe una desafortunada realidad: "de la subordinación del interés público y del debilitamiento del Estado frente a los poderes fácticos".

Luego, a fines de 2005, el Congreso aprobó reformas a las leyes federales de Radio y Televisión y a la de Telecomunicaciones. La operación legislativa venía a favorecer, dice Roberto, "al duopolio... al concederle privilegios en torno al acceso, distribución y uso de nuevas tecnologías", al tiempo que se dejaba de atender a/y legislar sobre los medios públicos, culturales o comunitarios.

La novedad, sin embargo, es que un grupo importante de senadores impugnó ante la Corte la inconstitucionalidad de varias disposiciones aprobadas, y más novedoso y promisorio resultó que la Corte les concediera la razón en relación a un buen número de sus reclamos. (Por cierto, en el texto de Gutiérrez ya no se atiende dicha resolución). (Y por cierto también, hasta la fecha el Congreso no ha legislado en consonancia a la resolución de la Corte).

Como bien dice Roberto Gutiérrez, en buena medida las posibilidades de una consolidación democrática en nuestro país pasa por lo que suceda con los medios masivos de comunicación. En los próximos meses y años, seremos testigos de si un poder fáctico puede más que las instituciones estatales o si éstas son capaces de regular al primero.

El poder mediático debe contribuir a la coexistencia y recreación de la pluralidad política y al asentamiento de los valores y principios democráticos, y ello no será posible si "no existe un marco procedimental que regule de manera efectiva su comportamiento y determine sus responsabilidades". Como nos recuerda Roberto Gutiérrez, citando a Jorge Carpizo: "los poderes no suelen autocontrolarse (y por ello) es indispensable la regulación jurídica".

Al leer el texto de Roberto, recordé la propuesta que la Asociación Mexicana de Derecho a la Información encabezada por Javier Corral ha desarrollado en la materia. Y creo que ésta puede convertirse en una buena guía para construir un sistema de comunicación social a la altura de un país moderno, plural y democrático. Aquí sólo recuerdo algunos de sus postulados: a) considerar a la radio y la televisión como un servicio público, b) el espectro radioeléctrico es y debe seguir siendo propiedad de la nación, c) una sola ley debe regular a la radio y la televisión y las telecomunicaciones, d) debe existir un órgano regulador autónomo, con atribuciones suficientes y responsabilidades precisas, e) debe garantizarse el derecho de réplica, f) deben respetarse la integridad de los contenidos, y g) deben fortalecerse y promoverse los medios públicos.