Teorías de la democracia: debates actuales

Theories of democracy: current debates

Jessica Baños*

* Universidad Autónoma de Madrid. Correo electrónico: <jessicabannos@yahoo.com>.

El artículo aborda algunos debates actuales dentro de la Teoría de la Democracia poniendo de relieve elementos distintivos de los modelos de democracia liberal, participativa, deliberativa y radical, pero no con la intención de mostrarlos como modelos alternativos a la democracia liberal, sino como modelos que sirvan a la reflexión sobre cómo complementar y mejorar las deficiencias de nuestras democracias actuales.

Palabras clave: Teorías de la democracia, participación, deliberación, esfera pública.

Abstract

This article takes on some current debates within the theory of democracy, highlighting various elements of participatory, deliberative and radical democracy, but not with the intention of presenting them as alternatives to liberal democracy, rather as models that serve to reflect about how to complement and improve contemporary democratic models.

Key words: Theories of democracy, participation, deliberation, public sphere, public sector.

Fecha de recepción: 15/11/2005
Fecha de aceptación: 16/01/2006

INTRODUCCIÓN

La democracia moderna es una condensación de elementos republicanos, liberales y democráticos que conforman toda una serie de instituciones políticas complejas. Sus orígenes se remontan al republicanismo clásico y la experiencia de las Repúblicas italianas de la Edad Media y del Renacimiento, al liberalismo, a la construcción del gobierno representativo del siglo XVIII y a la Grecia Antigua (Dahl, 1993). Sin embargo, debido a este cúmulo de tradiciones teóricas e históricas que alimentaron la democracia de nuestros días, los debates respecto de lo que debe constituir el ideal normativo de la democracia han estado siempre presentes en el pensamiento político y no parece que estos debates vayan a cesar. En cada momento histórico, existen distintas corrientes de pensamiento que van imprimiendo nuevos temas a partir de las nuevas experiencias y de las nuevas interrogantes que buscan resolverse.

Esta introducción sirve para contextualizar los debates políticos del presente en el seno de la teoría democrática. Como en el pasado, los debates actuales buscan dar respuestas a los problemas políticos que se presentan en las democracias de la actualidad y la pregunta que subyace es, por lo regular, ¿cómo mejorar la calidad de las democracias actuales?; ¿cómo democratizar más la democracia?

En este contexto, están a discusión las ideas en torno a algunos modelos normativos de democracia: democracia liberal, democracia participativa, democracia deliberativa y democracia radical. La intención de este artículo será abordar sucintamente algunas de las características de cada uno de estos modelos, pero no con el objetivo de mostrarlos como modelos alternativos autosuficientes y excluyentes a la democracia liberal, sino como modelos que bien pueden servir para la reflexión sobre cómo corregir las deficiencias de nuestras democracias actuales.

LA DEMOCRACIA LIBERAL: ORÍGENES Y FUNDAMENTOS

Los distintos orígenes republicanos, liberales y democráticos de la democracia liberal hacen de ésta un sistema con principios e instituciones básicas complejas difícilmente identificables mediante la descripción de un solo modelo. Cada modelo y justificación histórica de la democracia liberal ha atendido a ciertos fines y preocupaciones históricas específicas que ha dado como resultado la exaltación de distintos fines y prioridades en diferentes momentos históricos. Ello ha generado un buen número de confusiones respecto de cómo debe entenderse el modelo de democracia liberal y, muy particularmente, la comprensión normativa sobre cómo se articula en él la voluntad popular, pues la articulación de la voluntad popular en la democracia liberal se realiza de una manera compleja mediante una serie de instituciones políticas, que incluyen no solamente la representación política, sino también una serie de mecanismos y límites al poder como la división de poderes, el Estado de Derecho, los derechos y libertades individuales y un asociacionismo pluralista.

Cuando Madison y Los Federalistas justificaban en el siglo XVIII las ventajas de la democracia representativa lo hacían, efectivamente, por oposición a la democracia directa y dando prioridad a los argumentos liberales y republicanos de la democracia. Frente a la degeneración en la que habían caído las democracias antiguas debido a la eterna lucha entre las dos facciones fundamentales de la sociedad (la facción de los ricos y la facción de los pobres) y tomando en cuenta la revisión del republicanismo clásico que hiciera Montesquieu, Madison afirmaba que el sistema representativo era un sistema novedoso que no sólo permitía elevar el tamaño de la democracia a grandes territorios y poblaciones, sino también que resultaba ser un sistema mejor que la democracia directa. Esta nueva forma de gobierno a la que evitaron llamar "democracia" y que, en su lugar, denominaron "república" suponía encontrar remedios republicanos a los excesos y desviaciones de la democracia directa de la asamblea.

En principio, se suponía que la elección de representantes mediante elecciones imparciales y frecuentes permitiría elegir a los mejores miembros de la sociedad y a los ciudadanos más aptos para la tarea legislativa. Por otro lado, se consideraba que la toma de decisiones en el seno del poder legislativo permitiría aislar a los representantes de la política de los intereses y de las facciones. Para Madison, el efecto de la delegación del poder en los representantes sería el de refinar y ampliar las opiniones públicas pasándolas por la deliberación en el parlamento. Creía que la gran ventaja de la representación era que, mediante la capacidad de discutir y deliberar los asuntos públicos, los representantes podían alejarse de consideraciones parciales y facciosas y adoptar las mejores decisiones en favor del interés común (El Federalista, núm. 10).

Extrayendo las ideas de Montesquieu sobre la división de poderes, los Federalistas habían asumido que concentrar todo el poder en un solo órgano de gobierno o en un solo sector de la sociedad podía derivar fácilmente en el abuso del mismo. Montesquieu realizó una revisión de la tradición republicana clásica partiendo de las dificultades para encontrar una república virtuosa, buscando inspiración en la Inglaterra de su tiempo y proponiendo un modelo que mantiene algunos elementos republicanos, pero supeditados a un modelo liberal (García Guitián, 1998). Muy influyente en su pensamiento fueron las preocupaciones del republicanismo clásico en el sentido de Aristóteles, Cicerón o Polibio, respecto de que el mejor sistema de gobierno lo constituye un gobierno mixto donde se equilibren mutuamente los distintos sectores de la sociedad.¹ Propuso así una serie de arreglos institucionales para que el poder se divida y se controle y equilibre mutuamente y pensaba que ésta era la mejor forma de controlar el poder y garantizar la protección de los derechos básicos de los individuos.

Montesquieu pensaba que la separación de poderes no sólo proporcionaría una garantía contra el monopolio del poder por una parte del gobierno, sino que implantaría, como pone de relieve Arendt, una especie de mecanismo que generaría constantemente poder en el seno de las instituciones y que serviría para que los poderes se contrapesaran y equilibraran mutuamente (Arendt, 1988: 155). La idea era que cuando los parlamentos tienen el contrapeso de una separación de poderes, el resultado sería una disgregación del poder cuya pretensión sería la de evitar una concentración del mismo, pero que al mismo tiempo no implicaba restar o eliminar el poder que necesariamente debía tener cada uno de ellos, es decir, debía ser entendido como un medio para contrarrestar y equilibrar el poder mediante el propio poder que surge e irradia desde las distintas instituciones políticas. Como afirmaba Montesquieu en su famosa frase de Del espíritu de las leyes: "Para que no se pueda abusar del poder es preciso que el poder frene al poder".

Estos elementos influirían enormemente en las consideraciones de los constituyentes norteamericanos y su comprensión republicana–liberal del gobierno representativo y las instituciones políticas. Así, consideraban que el poder debía dividirse en tres órganos distintos —ejecutivo, legislativo, judicial— y en un sistema federal que sirvieran como contrapesos y equilibrios ante cualquier intento de abuso y extralimitación por parte de alguno de los poderes.

Por ello, aún en este primer momento de elaboración de la democracia liberal, el sistema representativo no significaba delegar el poder a los representantes parlamentarios para que éstos tomaran todas las decisiones y construyeran la voluntad popular de acuerdo con sus propios deseos o consideraciones. El poder legislativo y la articulación de la voluntad popular estaban a su vez construidos y limitados por la división de poderes, la Constitución y la legalidad, el consentimiento de los ciudadanos y los derechos y libertades civiles y políticos de éstos. El control al poder y la legalidad han sido claros elementos donde el republicanismo y el liberalismo coincidieron.

Por otro lado, no hay que dejar de lado la importancia que tiene el sistema de derechos proveniente de la veta liberal desde las primeras construcciones normativas de la democracia representativa en la construcción de la voluntad popular, pues los derechos políticos podían ser utilizados por los ciudadanos cuando el poder afectara sus intereses y derechos individuales. Surgido en oposición a la monarquía absoluta y en el contexto de las guerras de religión, el liberalismo otorga una importancia fundamental al control del poder de los gobernantes por medio del establecimiento de límites a la injerencia del poder en los derechos naturales de los individuos. En este sentido, Locke destacaba la importancia de que el poder supremo representado por el poder legislativo tuviera una serie de mecanismos de control y respetara los derechos y libertades inalienables sobre la vida y las libertades de las personas, así como la afirmación de que toda autoridad legítima debe ejecutarse bajo el consentimiento del pueblo y la exigencia de que se gobierne conforme a la ley (Locke, 1996). Los ciudadanos, mediante los derechos de expresión, asociación y reunión podían dejar oír su voz frente al poder para limitar los abusos que llegaran a ser cometidos. La posibilidad de voto de los ciudadanos en procesos electorales frecuentes, permitía castigar a aquellos representantes que hubieran perdido la confianza de los ciudadanos. Pero además de ello, un pluralismo asociativo en la sociedad, como señalaría posteriormente Tocqueville, era el mejor remedio contra el absolutismo.

En este sentido, va haciéndose claro cómo si bien en este primer momento de la democracia liberal se priorizan elementos liberales y republicanos en el diseño de las instituciones políticas, al mismo tiempo la construcción de la voluntad popular se hace mucho más compleja que la mera delegación del poder en los representantes, como muchos autores han sugerido al evaluar la democracia liberal moderna (Rousseau, 1969; Manin, 1998). Las preocupaciones liberales y republicanas que estuvieron detrás de los Federalistas condujeron a adoptar mecanismos de control y contrapeso que limitaban la conformación de dicha voluntad popular, pretendiendo imponer incentivos y restricciones para que dichas decisiones se tomaran de manera virtuosa y en favor del interés común.

Por ello, como nos dice Dahl (1993), la construcción de la voluntad popular en la democracia liberal se traslada de la construcción realizada en las asambleas antiguas por vía directa de todos los ciudadanos a una construcción compleja a través de una serie de instituciones políticas. Una cuestión que, además, resultaría sustancial como mecanismo para controlar el poder, evitar el absolutismo y proteger los derechos individuales.

Aún así, este primer momento fundador de la democracia liberal sí puede caracterizarse como elitista, en tanto que la ciudadanía y los derechos políticos y de sufragio estaban aún restringidos a un selecto número de ciudadanos —los propietarios—, además de que se defendía la esclavitud y se trataba de un sistema que pretendía que en los distintos órganos de gobierno una elite electa, compuesta por ciudadanos virtuosos, tomara las decisiones fundamentales. Al mismo tiempo, dado que se pretendía desligar a los representantes y gobernantes de las facciones y grupos políticos, no se pensaba que la participación directa de los ciudadanos fuera deseable.

Sin embargo, estas limitaciones elitistas en la democracia liberal fueron cambiando con el transcurso del tiempo al ir cambiando el contexto histórico, sin que ello a su vez implicara que la democracia liberal se deshiciera de sus importantes y prudentes elementos liberales y republicanos de contención al abuso del poder y los excesos despóticos de los gobernantes.

Por otro lado, con Mill, también apreciamos a un defensor del gobierno representativo como promotor del ejercicio activo de los derechos y las libertades políticas de los ciudadanos, principalmente porque consideraba que la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos les permitía desarrollar las facultades morales y las virtudes cívicas. De acuerdo con Mill, el seguimiento de las discusiones en el parlamento por parte de los ciudadanos debía contribuir a su educación cívica, pues la labor correcta de una asamblea representativa no consistía solamente en legislar, sino en vigilar y controlar al gobierno, poner sus actos en conocimiento del público, exponer y justificar todos los que se consideren dudosos, etcétera. Así, el parlamento debía cumplir además del poder legislativo otra función: "convertirse en el Comité de Agravios de la Nación" y en su "congreso de opiniones" —"una arena donde no sólo la opinión general del país, sino la de cada sección de él y, de ser posible, la de cada individuo eminente, se deja escuchar con toda su fuerza y se apresta a decisiones" (Mill, 1985: 108–109).

Con los argumentos de Mill, el carácter elitista en la elaboración de la voluntad popular va tomando nuevos elementos que pueden conectar con la idea de la evolución de una opinión pública y una ciudadanía participativa que ejerce más activamente sus derechos y libertades. Sin embargo, dado que Mill aún defendía ciertas limitaciones a la igualdad del sufragio universal, todavía hasta el sigloXIX, la teoría de la democracia liberal será de un carácter eminentemente elitista.

Tras la extensión del sufragio y el surgimiento de los partidos políticos, fueron adoptándose nuevas justificaciones para la representación y fueron introduciéndose nuevos elementos más democráticos dentro de la teoría de la democracia liberal. Los partidos políticos surgieron por primera vez en el siglo XIX y se extendieron a lo largo del siglo XX. Se crearon como derivación de facciones que existían en los parlamentos y fueron extendiéndose al mismo tiempo que se amplió el sufragio a los obreros (Sartori, 1980). Ello daría lugar a una nueva concepción sobre la elaboración de la voluntad popular que sería ahora canalizada desde la sociedad por medio de los partidos. El partido que obtuviera la mayoría podía implementar los programas de acción por los que un grupo mayoritario de ciudadanos le había votado. En los sistemas parlamentarios, dos o varios partidos podían también entrar en coalición y adoptar programas comunes de acción. Esto imprimió un nuevo sesgo a la articulación de la voluntad popular realizada en los parlamentos, donde la dinámica de la articulación por medio de las mayorías, los partidos y la agregación de intereses terminó imponiéndose.

Hemos visto que J. S. Mill justificó el gobierno representativo porque permitía la participación de todos contribuyendo a mejorar la información y aptitudes de la ciudadanía. Y aunque Mill terminó justificando todavía algunas restricciones elitistas al sufragio universal, también proporcionó los argumentos para defender la importancia de la igualdad política y de ciudadanía; esto es, que la igualdad política es necesaria para que toda persona pueda defender sus intereses en la esfera pública y que todo ciudadano tiene la misma capacidad para gobernar.

Así, a raíz de la ampliación del sufragio y de la obtención del derecho por parte de todos los ciudadanos para ocupar cargos públicos, así como de otros eventos como el surgimiento de los sindicatos obreros, lo fundamental se convierte en que los intereses estén representados en el parlamento; un parlamento que deja de ser intrínsecamente elitista y cuyos elementos pueden provenir ahora de los distintos sectores de la sociedad. Una cuestión que se vuelve esencial, por ejemplo, para organizaciones políticas sindicales.

En ese tránsito, cambia la visión sobre la voluntad popular. Una visión unitaria, monista u organicista de la voluntad popular o del "bien común" se vuelve anacrónica y cede su lugar al principio de las mayorías. Como señala Dahl (1993), entre las consecuencias de la transformación de la democracia en los siglos XVIII y XIX, es que si previamente, en la antigüedad, las luchas y conflictos se consideraban destructivos para las democracias, ahora y en congruencia con las transformaciones de la modernidad, los conflictos y las luchas políticas pasan a ser algo normal, inevitable y hasta conveniente y la creencia antigua del "bien común" se volvió más difícil de sustentar.²

Con la modernidad, había llegado también el pluralismo de posiciones políticas y de visiones del mundo. Con la industrialización había también sobrevenido la división del trabajo y la especialización de funciones. Así, surgen sociedades modernas, dinámicas y pluralistas caracterizadas por una dispersión de los recursos políticos como el dinero, el conocimiento, la posición social y el acceso a las organizaciones, asociaciones y posiciones de influencia sobre todo en los campos económico, científico, educativo y cultural. Con ello, se difunde el poder, la influencia, la autoridad y el control entre una variedad de individuos, grupos, asociaciones y organizaciones restándolo a cualquier centro único (Dahl, 1993: 301–302). Y diversos grupos de individuos se perciben mutuamente como similares en derechos y oportunidades, o también respecto a ciertos intereses.

Ante este nuevo cuerpo de ciudadanos heterogéneos, se vuelve difícil saber cuál es el bien de todos y cobran nueva relevancia los partidos y el principio de las mayorías de la democracia liberal que, combinado con un pluralismo social y asociativo, ayudaría a que se tomasen en consideración de una manera más equitativa los intereses de los distintos públicos. Como señala Kelsen:

]]> Es patente que el individuo aislado carece por completo de existencia política positiva por no poder ejercer ninguna influencia efectiva en la formación de la voluntad del Estado y que, por consiguiente, la democracia sólo es posible cuando los individuos se reúnen en organizaciones definidas para diversos fines políticos de tal manera que entre el individuo y el Estado se interpongan aquellas colectividades que agrupan en forma de partidos las voluntades políticas coincidentes de los individuos. (Kelsen, 1977: 37)

Ante este nuevo escenario, el principio de las mayorías y la negociación parlamentaria a través de los partidos políticos se vuelven esenciales. Se comienza a considerar que el gobierno de las mayorías es lo más cercano al principio de la autodeterminación política de los ciudadanos y que la sumisión a la voluntad de la mayoría se aproxima lo más posible a la idea de libertad como autodeterminación en la democracia moderna, pues las mayorías no se justificarían solamente por su mayor peso en votos, sino porque significaría hacer libres al mayor número de hombres (Kelsen, 1977: 42).

A su vez, en un parlamento con representación por medio de los partidos políticos, todo el procedimiento parlamentario con sus controversias, discursos y réplicas se vuelve fundamental, pues tiende a la consecución de transacciones y conduce a que nos acerquemos a una idea más pluralista que organicista respecto a la voluntad popular. Al quedar agrupados en sectores la totalidad de los ciudadanos, brota la posibilidad de deliberación, negociación y acuerdo para la formación de la voluntad colectiva por medio de la conformación de las mayorías, en la deliberación entre mayorías y minorías, y en la posibilidad del surgimiento de posibles alianzas.

Lo esencial, en cualquier caso, es que esta forma de comprender la articulación de la voluntad popular por medio de los partidos no es ilimitada en el modelo de democracia liberal. Existen limitaciones impuestas, como vimos, bajo el principio de la división de poderes, el Estado de derecho, los derechos y también bajo un pluralismo asociativo creciente en sociedades modernas. Bajo este principio de las mayorías así entendido y limitado por una sociedad y unas instituciones desde donde emerge poder y acción es que se comprende en toda su dimensión la introducción de nuevos elementos democráticos dentro de la democracia liberal. Precisamente en el momento en que el pueblo influye en el proceso de elección de las decisiones se manifiesta la diferencia entre este pueblo y el pueblo como masa sometido a las normas. Y la participación en la formación de la voluntad colectiva se vuelve el contenido esencial del ejercicio de los derechos políticos, habiendo diversas vías o cauces institucionales para ello: los partidos, los sindicatos, las asociaciones, los comités, etcétera.

Ello no significará que en la sociedad dejen de existir diferencias de poder económico y asociativo que terminarían generando desigualdades de influencia política, muchas veces hasta formas verdaderamente inequitativas, pero se vuelve posible a diferencia de otros regímenes políticos ganar presencia mediante la organización y las asociaciones. Ya Alexis de Tocqueville (1963) había argumentado que para garantizar que el bien del mayor número fuera tenido en cuenta en sistemas de gran tamaño eran imprescindibles las asociaciones. Éstas, junto con gobiernos democráticos locales que contemplaran la participación directa de los ciudadanos, contribuirían a permitir que se prestara una consideración más equitativa a los intereses de todos.

Pero mediante el análisis de las mayorías es notorio también que un elemento democrático agregado a la democracia liberal y que permite ganar influencia mediante el procedimiento de sumar intereses y llevarlos a la representación son los partidos políticos. La presión sobre y la participación en los partidos es fundamental para insertar los intereses en la agenda del gobierno. Como en la sociedad siempre habrá una diferencia entre las asociaciones que influyen e imprimen dirección a la forma de la voluntad colectiva y los que obedecen la influencia de otros, los partidos políticos que reúnen a ciudadanos afines pueden garantizar una influencia más eficaz a quienes no tienen la misma voz. La democracia liberal en su veta más democrática parece requerir, necesaria e inevitablemente, partidos políticos. Pero esos partidos no podrán a su vez llevar adecuadamente una agregación equitativa de todos los intereses si no es bajo un amplio asociacionismo y una amplia participación por parte de los ciudadanos.

DEFICIENCIAS DE LA DEMOCRACIA LIBERAL Y NUEVAS TEORÍAS DE LA DEMOCRACIA: DEMOCRACIA PARTICIPATIVA, DELIBERATIVA Y RADICAL

A pesar de la solidez de la tradición de pensamiento de la democracia liberal, las democracias reales presentan problemas y numerosos vicios que han llevado a una búsqueda constante por mejorarla y potenciar sus elementos más democráticos. Entre las grandes deficiencias que se encuentran en los regímenes democráticos está indudablemente la actuación de los partidos políticos que, sujetos a la dinámica de los intereses y combinados con una franca apatía por parte de amplios sectores de la ciudadanía, han devenido en la imposibilidad para afectar intereses enquistados o desigualdades sociales profundas. Así, han quedado sin ser consideradas voces diversas de la sociedad, especialmente aquellas de los grupos más marginados.

Estos problemas, sentidos con mayor intensidad en democracias de reciente establecimiento, han puesto de relieve que dejar la política únicamente a los partidos y a los representantes lleva a que los intereses de éstos se enquisten y se cartelicen de espaldas a la sociedad. Por esta razón, desde los años sesenta presenciamos un debate alimentado por una multiplicidad de reflexiones teóricas que buscan democratizar aún más la democracia, así como encontrar elementos que corrijan sus deficiencias.

Como señala Held (2001), la democracia participativa no se presenta como una alternativa radical a la democracia liberal, sino que pretende complementarla. Su interés fundamental es aumentar la participación de los ciudadanos como un mecanismo para contrapesar el poder de los gobernantes y para que sean tomados en cuenta intereses previamente denostados y voces marginadas de la sociedad.

Debido a ello, los demócratas participativos rechazan entender la política como una cuestión de intereses y consideran que los partidos no deben secuestrar la política. Esta cuestión, de acuerdo con autores como Pateman (1970), tiene serias consecuencias sobre la ciudadanía. Al anclar a los ciudadanos sólo a sus intereses, se les estaría incapacitando para pensar en términos de interés común y de mutualidad. Por otro lado, consideran que las instituciones representativas, sin la participación continua de los ciudadanos, son insuficientes para garantizar que las decisiones políticas se alejen de la voluntad de los ciudadanos o que tiendan hacia los grandes intereses económicos o geopolíticos (Barber, 1984).

Frente a ello, los autores participativos han antepuesto una visión de la política como forma de vida y como una forma de aprender a vivir comunalmente. Descansa en la idea de que debe buscarse un mayor autogobierno de los ciudadanos, menos unidos por intereses que por una actitud cívica, que sean capaces de tener propósitos comunes, juicio político y acción mutua.

La primera virtud de la participación que pusieron de relieve los autores participativos era que ésta contribuye a educar cívicamente al ciudadano, enseñándolo a conocer los problemas comunes y a pensar en términos públicos y de mutualidad por medio de la deliberación. También, rescatando posiciones de la tradición de autores como Jefferson o Tocqueville, señalaban la importancia de contrarrestar el poder de los gobernantes mediante una amplia participación de la sociedad en la política. Para todo ello, los demócratas participativos llamaban a construir una sociedad densa y poblada de asociaciones y mecanismos para la participación directa, sobre todo a nivel local, así como democratizar los mecanismos de intermediación entre la sociedad y las instituciones políticas. Asimismo se proponían nuevos mecanismos y espacios para la participación en la toma de decisiones, como consejos de pueblo, de barrio, de trabajadores, consejos regionales y nacionales comunicados por sistemas televisivos, así como espacios para exigir la rendición de cuentas a los representantes (Pateman, 1970; Macpherson, 1982; Barber, 1984).

Sin embargo, a pesar de los importantes avances que se han venido mostrando en las democracias con la incorporación de mecanismos para la participación directa, especialmente a nivel local, la democracia participativa se mostró como un modelo insuficiente para atender las cuestiones más amplias del terreno nacional. Los defensores del modelo de democracia participativa en los años setenta y ochenta no ponían mucha atención a cómo encajar dichas propuestas con las instituciones clásicas de la democracia liberal como los canales de intermediación social y la representación. De ahí que la democracia participativa haya enfrentado problemas para modificar las dinámicas de poder más amplias o que haya dado luz solamente a la mejora de la participación a nivel local.

Así, desde los años noventa presenciamos nuevos intentos desde la teoría política por contrarrestar las dinámicas de intereses de las democracias liberales y mejorar tanto la competencia cívica de los ciudadanos, como la consideración equitativa de los distintos intereses. Con las propuestas bajo el dote de "democracia deliberativa", se desarrolla un modelo de democracia que pretende incorporar muchas preocupaciones de los autores participativos y articular dichas preocupaciones con el modelo de democracia liberal. Ello se hace con la intención de dotar de su propia importancia a las instituciones y procedimientos clásicos de la democracia liberal —cuestión a la que fueron reacios los autores participativos—, pero al mismo tiempo haciendo explícitas las posibilidades de complementarla con una noción fuerte de la ciudadanía, del espacio público y de la opinión pública tomando muchos elementos del republicanismo cívico y de la importancia del asociacionismo y la participación.

Los demócratas deliberativos proponen una reconstrucción de la teoría de la democracia liberal fomentando sus posibilidades discursivas. No se trata de una teoría alternativa a la democracia liberal, sino que busca una mejor instrumentalización de los derechos políticos y de las instituciones de la democracia liberal por medio del espacio público y del principio liberal de publicidad que ha estado siempre presente en el liberalismo, pero que ha sido poco desarrollado (Habermas, 1998).

La premisa básica de los autores deliberativos es que, para ser legítimas, las decisiones políticas de obligado cumplimiento deben pasar por procesos justificativos y deliberativos frente a la opinión pública. El concepto de deliberación hace referencia a exigencias de proveer razones públicas que justifiquen las decisiones de modo que, para que una decisión pública sea legítima, debe pasar previamente por el debate en el espacio público y la esfera de la opinión pública, ambos conectados con una sociedad plural, dinámica y marcada por redes de asociaciones, que pueda reflejar las distintas voces de la sociedad (Gutmann, 2004; Habermas, 1998; Cohen, 1997). En ese sentido, este modelo busca superar tanto la lógica del puro interés en política, como la autonomización del proceso político por parte de las elites de los partidos y de las instituciones, así como establecer que toda decisión pase previamente por su justificación y transformación ante la opinión pública. Por otro lado, se argumenta que bien puede ser un modelo que contribuya a mejorar la competencia ciudadana, en tanto que el seguimiento de los debates en el espacio público contribuirían a la educación política de los ciudadanos y su transformación cívica, así como a mejorar las condiciones del autogobierno.

Jürgen Habermas, el teórico que más seriamente ha puesto las bases de la democracia deliberativa, se ha propuesto reconstruir la teoría de la democracia liberal para llevarla a ser entendida como una teoría discursiva del proceso de formación de la voluntad popular que discurre por las instituciones democráticas, pero que se alimenta continuamente del espacio público y de la opinión pública (Habermas, 1998). El derecho en la democracia liberal, más que ser antidemocrático, vendría a constituir una serie de derechos e instituciones que pueden ser instrumentalizados con el fin de ser un complejo de relaciones para determinar la forma en la que los ciudadanos se autogobiernan. Pero ello sólo podría ser entendido si se mira al poder y a las instituciones como en Arendt, contrario a coerción, dominación o violencia y como ejercicio de comprensión comunicativa y acuerdo que se establece entre ciudadanos para la acción mutua, como cuando Arendt señalaba: "el poder brota de la capacidad humana, no de actuar o hacer algo, sino de concertarse con los demás para actuar de común acuerdo con ellos" (Arendt, 1973: 137).

En esta versión, la voluntad popular se forma dentro de las instituciones tradicionales de la democracia liberal, mediante elecciones políticas, competencia partidista, división de poderes, etcétera. Sin embargo, la posibilidad de accionar los derechos y de "actuar concertadamente" en el espacio público teniendo resonancia en las deliberaciones de los partidos, los parlamentos y las instituciones democráticas es lo que permite que éstas no se autonomicen y que permanezcan sensibles a la sociedad.

Los derechos fundamentales aclararían la conexión interna entre derechos y soberanía popular, pues como nos dice Habermas, "el principio democrático se debe al entrelazamiento del 'principio de discurso' con la forma jurídica de los derechos reconocidos y de las instituciones y procedimientos de la democracia" (Habermas, 1998: 187). Ahí donde están reconocidos los derechos políticos y existe una sociedad organizada democráticamente a través de partidos, elecciones, competencia, instituciones políticas y un espacio público cargado de redes de asociaciones y medios de comunicación plurales, las acciones en el espacio público tienen resonancia en las prácticas discursivas de la opinión pública, hasta alcanzar influencia en las discusiones de los parlamentos, los partidos políticos y las instituciones políticas.

"La praxis de la autodeterminación de los ciudadanos" queda, así, institucionalizada en la democracia deliberativa "como formación de la opinión en el espacio público político, como participación política dentro y fuera de los partidos, como participación en los procesos electorales, en la deliberación y en la toma de decisiones de los Parlamentos" (Habermas, 1998: 202). Y esto sería así, porque a través del espacio público puede establecerse una relación comunicativa entre toda esta serie de instituciones, los medios de comunicación y la opinión pública. Una relación que no sucedería en forma de "cara a cara" como comúnmente presuponen los autores participativos, sino que puede construirse simbólica y comunicativamente cuando los ciudadanos que actúan, deliberan y exigen logran implantar sus opiniones en la opinión pública hasta que éstas tienen resonancia, a través de las redes de asociaciones de la sociedad civil, en los medios de comunicación, en la opinión pública más amplia y en las propias deliberaciones institucionales.

Por esta misma razón, en la democracia deliberativa se exige también una comprensión del sistema representativo en términos más adecuados a la teoría del discurso y se recuperan los orígenes madisonianos de una concepción deliberativa de la representación. En este modelo, los diputados son elegidos normalmente por sufragio libre, secreto e igual y se llega a la representación por medio de los partidos políticos. Pero, al votar, no se estaría transfiriendo a los representantes un mandato, ni un mandato imperativo, sino un mandato para negociar compromisos; es decir, un mandato para que los representantes deliberen, negocien y lleguen a acuerdos (Habermas, 1998; Young, 2000).

Si los diputados son elegidos como participantes en discursos efectuados de forma representativa, la elección no tiene directamente el significado de una delegación de poderes o una delegación de la voluntad. La concertación política de intereses y la equitativa ponderación y arreglo entre ellos exigiría la elección de representantes a los que se encarga la tarea de llegar a compromisos. Y el ideal sería que el modo de elección provea una representación y agregación equitativas de las constelaciones de intereses y preferencias que existen y se manifiestan socialmente.

Es decir, los discursos efectuados representativamente sólo podrían satisfacer esta condición de una consideración más equitativa de los diversos intereses, si permanecen permeables, sensibles y abiertos a incitaciones, temas, razones e información que les fluyan del espacio público estructurado a su vez discursivamente. Un espacio público, como señala Habermas, próximo a la base y pluralista.

Con ello, en el modelo deliberativo se rescatan las concepciones originales del gobierno representativo pensadas por Madison y Los Federalistas, que ponían el acento en la importancia del aspecto deliberativo de la representación y se presenta una relación entre parlamento y espacio público nueva, que debe ser permeable y abierta a la interrelación con una sociedad participativa y una esfera pública plural. Pero también, al ser una representación que tiene por motivo la capacidad para deliberar, escuchar y llegar a compromisos, "la formación de la opinión y la voluntad solo puede tener esa esperada racionalidad para las decisiones si dentro de los organismos parlamentarios las deliberaciones no discurren bajo premisas que le vengan dadas o impuestas de antemano ideológicamente" (Habermas, 1998: 610). Es decir, si la deliberación exige el replanteamiento de los asuntos a la luz de la discusión, el debate y la argumentación, entonces los representantes se muestran dispuestos a variar sus puntos de vista iniciales, lo mismo que la sociedad.

Con el modelo deliberativo no solo se aspiraría a que el sistema político absorba las demandas que vienen de la sociedad, sino a una discusión mutuamente transformadora entre gobernantes y gobernados, y entre la propia sociedad. Por ello, la capacidad de escuchar y de tomar en cuenta los puntos de vista ajenos tanto como los propios; es decir, la capacidad para actuar y escuchar en reciprocidad, es clave para alcanzar las posibilidades que ofrece la deliberación (Gutmann, 2004).

Con todo, hay diversos puntos débiles que han sido señalados sobre la democracia deliberativa. Se argumenta que ésta deja sin abordar cuestiones de exclusión de colectivos cuyas demandas vayan más allá de los límites de los derechos y las instituciones de la democracia liberal y que, en su excesiva pretensión de alcanzar consensos, pierde de vista la necesidad de tomar en consideración la inevitabilidad del conflicto subyacente en la sociedad (Mouffe, 1999).

En este grupo se alzan desde aquellos defensores de una democracia radical que se oponen a la democracia deliberativa porque consideran que ésta impone límites a la incorporación de demandas en su pretendida búsqueda de consenso (Mouffe, 1999), hasta quienes desde visiones más moderadas buscan la inclusión a través de reformas institucionales a la democracia liberal, por ejemplo, a través de mecanismos de representación colectiva para mujeres, minorías culturales, etcétera (Phillips, 1995; Young, 2000; Kymlicka, 1996).

En esta segunda veta, más ligada a las posiciones multiculturalistas y de género, el modelo de democracia radical buscaría una mayor implicación del Estado, mediante políticas que se destinen a superar la desigualdad de oportunidades y la dominación cultural y se busca generar cohesión, solidaridad y redistribución como mecanismos necesarios para una mejor inclusión y consideración de los intereses de los grupos desfavorecidos de la sociedad. La pretensión más importante sería generar condiciones de igualdad de participación y, por lo anteriormente dicho, es un modelo congruente tanto con los objetivos de la democracia deliberativa como con los de la democracia liberal.

Sin embargo, en su veta más radical, agonista, en este modelo teórico de democracia se defienden la inevitabilidad de la dimensión conflictiva de la política y se busca una expresión agonista de las diferencias, como premisa transformadora de la sociedad. Para algunos de sus exponentes, como Chantal Mouffe (1999), la identidad del sujeto es transformada continuamente en la dinámica agonista del conflicto y la exposición ante diferentes opiniones políticas. Debido a ello, el conflicto político no sólo es ineludible sino también deseable como medio que permite transformar las identidades y las formas de comprensión colectiva.

Sin embargo, en esta excesiva preocupación por el conflicto, los demócratas agonistas olvidan que esa expresión debe decantar en ciertos acuerdos para que las diferencias puedan ser procesadas por el sistema político, por lo que la necesaria transformación de los puntos de vista iniciales será un elemento irrenunciable en toda búsqueda por superar el conflicto político, tanto como la necesidad de su procesamiento social y político, cuestión defendida por los demócratas deliberativos.

Por esta razón, si bien los defensores de la democracia radical, agonista, a veces se distancian de la democracia deliberativa, su modelo no es tan distinto al modelo deliberativo de democracia, siempre y cuando se acepte que esa inevitabilidad y deseabilidad del conflicto debe derivar en la transformación colectiva de los sujetos políticos hasta alcanzar consensos o mayorías que permitan procesar dicho conflicto y alcanzar decisiones de obligado cumplimiento. Los demócratas deliberativos no sólo argumentan la necesidad de que estén presentes todas las voces diversas y plurales de la sociedad y los movimientos sociales, sino que existe la preocupación porque estas voces sean procesadas por el sistema institucional y político. Esta es la razón que subyace a la búsqueda por alcanzar consensos.

Por otro lado, los límites impuestos por parte de los autores liberales o deliberativos a las demandas de acomodación democrática —como no otorgar el poder a líderes que hablan en nombre de su comunidad como un todo homogéneo, o que toda representación de grupo deba abrirse a mecanismos deliberativos y participativos, así como la aceptación de los derechos y las instituciones democráticas como mecanismos que permiten la libertad democrática, la autonomía y la libertad personal, y la deliberación— son necesarios para impedir que el sistema democrático se avasalle a sí mismo.

Así, si bien las propuestas comprendidas dentro de la democracia radical, en su veta multicultural o agonista, y la democracia deliberativa pueden servir muy bien como modelos teóricos de reflexión para mejorar la democracia liberal, hay que tener siempre presente la importancia de mantener aquellos mecanismos, libertades e instituciones democráticos básicos sin los cuales no hay democracia posible.

CONCLUSIÓN

El artículo en su primera parte aborda la descripción del modelo liberal como un modelo complejo de instituciones políticas que incluyen la representación, el Estado de Derecho, la legalidad, los partidos políticos, los derechos políticos y las libertades, todos ellos provenientes tanto de la tradición liberal como de la republicana y cuyos principios hacen de la democracia liberal un sistema sólido ante algunos problemas clásicos y también contemporáneos de la historia y la teoría política. Es un modelo que debido a que incorpora valores adjudicados tanto al liberalismo como al republicanismo, si es bien entendido, puede mostrar muchas posibilidades que incorpora la propia democracia para profundizarse.

Sin embargo, debido a que este modelo visto en su práctica real también presenta problemas, es interesante reflexionar en torno a las propuestas que ponen de relieve otros modelos normativos de democracia, como los modelos participativo, deliberativo o radical. Sin tomarlos acríticamente o como modelos que supongan una alternativa radical a la democracia liberal, existen propuestas interesantes para mejorar la práctica de las democracias liberales. Del modelo participativo es importante comprender la aportación que a la democracia liberal realizan ciudadanos más participativos y comprometidos con lo público, y que no dejen que los partidos y las instituciones sean el único locus de la política. Sin dicha participación y compromiso por parte de los ciudadanos, las instituciones y los partidos pueden enquistarse de cara a la sociedad. Pero a pesar de la importancia que representó la entrada de este modelo en la teoría democrática, dejó dos problemas irresueltos: por una parte, su aplicación solo a escala local y no nacional; por la otra, su reacia actitud hacia la representación.

En los últimos años, el modelo deliberativo ha pretendido así subsanar ambas deficiencias, retomando a su vez la importancia de contar con sociedades participativas. Con éste se ponen de relieve las posibilidades de utilizar el espacio público como mecanismo de intercomunicación entre la sociedad y las instituciones políticas, particularmente la representación, para así mejorar el autogobierno democrático. Una de las pretensiones básicas del modelo deliberativo es que, renovando la comprensión deliberativa de la representación pensada por Madison, la opinión pública y los temas e información que vayan apareciendo en el espacio público, tengan efectos en las deliberaciones institucionales. La autodeterminación política quedaría entonces establecida por los medios tradicionales de la democracia liberal, pero alimentada y potenciada por las posibilidades del espacio público. Asimismo, para que esto tenga lugar, la representación es pensada de manera deliberativa y no en la forma de las preferencias pre–políticas; es decir, los representantes deben variar sus preferencias iniciales a la luz del debate, la justificación y la argumentación que se suceden tanto en consideración a la propia dinámica parlamentaria como a los temas que fluyen del espacio público y de la esfera de la opinión pública.

La democracia deliberativa es una de las propuestas más interesantes para profundizar la práctica democrática. Ha recibido ciertas críticas, por ejemplo de los exponentes de la democracia radical, quienes ponen de relieve la necesidad de una mayor inclusividad en el espacio público, así como una dimensión inevitablemente conflictiva en el mismo. Sin embargo, si bien con ello se aporta aún más a una comprensión adecuada de la democracia deliberativa y la necesidad de la inclusión, la reflexión final realizada en este artículo aborda la necesidad de que estas propuestas no pretendan modificar los elementos constitutivos de la democracia, pues la democracia radical en su versión agonista parte muchas veces de una crítica radical a la democracia liberal y a la democracia deliberativa y no toma en cuenta que la complejidad de sus instituciones y procedimientos son necesarios tanto para controlar el poder, como para organizar un gobierno democrático. Por ello, aquí se considera de especial importancia que más que buscar modelos alternativos, las teorías de la democracia sirvan para reflexionar sobre formas de profundizar la democracia, cuidando que no se promuevan fórmulas excesivamente conflictivas y que apunten hacia su avasallamiento.

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NOTAS

¹ El republicanismo clásico fue crítico de la democracia griega en vista de las degeneraciones a la que ésta conducía, por lo que se favorecía el establecimiento de un gobierno mixto donde los distintos sectores de la sociedad debían gobernar tratando de alcanzar la armonía.

² Los Federalistas habían también criticado la visión de la voluntad popular de una manera unitaria u organicista. Sin embargo pretendían que a través de la deliberación se llegaría a un consenso que trascendiera los intereses de grupo.