La quiebra técnica de Petróleos Mexicanos. Perspectivas para remontar su crisis

Pemex Technical Bankruptcy. Means to Overcome Crisis

Roberto Morales Martínez

Presidente de Prospectiva Económica y Social, S. C. Correo electrónico: prospectivaes@prodigy.net.mx

Resumen

Petróleos Mexicanos está en situación de quiebra técnica. En 2003 su patrimonio cayó 93% y su pasivo total aumentó cuatro veces (a precios de 1993). De 1990 a 2003 sus rendimientos netos antes de impuestos se elevaron 57% y su carga fiscal creció 115%. Pemex no dispone de una adecuada base de capital ni de suficiente dinámica para sostener una sana expansión de sus operaciones. Es indispensable modificar su régimen fiscal, dotar al organismo de autonomía de gestión y restructurar e incrementar su capital.

Abstract

Petróleos Mexicanos experience technical bankruptcy. In 2003 its corporate assets fall down 93 percent, and its total liabilities increased four times (at 1993 prices). From 1990 to 2003 Pemex net yields before taxes expanded 57 percent, while its fiscal burden grew 11 5 percent. The company lacks an adequate capital base and dynamism to maintain a solid expansion of its operations. It is indispensable to change its tax regime, give it autonomy of administration, and restructure and increase its capital.

JEL classification: G31, H23, Q32, Q48.

Introducción

Petróleos Mexicanos es la empresa más importante de México, es la sexta productora de petróleo crudo en escala mundial, hasta hace poco ocupaba el decimotercero lugar en reservas probadas de crudo, el noveno en la producción de gas natural y el decimocuarto en capacidad de destilación primaria. Además, aporta casi 34% de los ingresos fiscales totales del gobierno federal.

A pesar del destacadísimo papel de Pemex en la vida nacional desde 1938, el organismo se encuentra al borde de la quiebra. Con todo y que se trata de una empresa altamente rentable y con elevada capacidad de pagos, las pérdidas ficticias a las que se le ha obligado la han conducido a reducir de manera dramática su patrimonio y a contraer deudas absolutamente desproporcionadas. El régimen fiscal que soporta y la ausencia de propuestas imaginativas de reforma para adecuar su operación a los tiempos actuales, ha instalado al organismo en un marasmo inquietante y en un proceso de deterioro progresivo.

Con base en las memorias de labores, los anuarios estadísticos y el informe de resultados financieros de Petróleos Mexicanos, se analizaron los estados de resultados económicos y los balances del organismo en los últimos 14 años en dos planos: a precios corrientes y a precios constantes (véase el Anexo). El resultado del análisis y la propuesta de reformas a Pemex, se presentan en las siguientes páginas. Agradezco profundamente las críticas y sugerencias de David Ibarra y Flavio Perezgasga, las cuales fueron determinantes para mejorar el contenido y enfoque de este trabajo.

Evolución y situación actual

El régimen fiscal de Petróleos Mexicanos lo tiene inmerso en una situación de quiebra técnica. A pesar de que los rendimientos antes de impuestos representaron, en términos reales,¹ un promedio de 57% de sus ingresos por venta en los últimos 14 años, su patrimonio se redujo 93% en ese lapso, mientras que el pasivo total aumentó tres veces. Como resultado de semejante distorsión económica y financiera, el costo financiero neto creció seis veces y las relaciones que califican la liquidez se vieron afectadas: en 1990 el organismo disponía de 1.85 pesos de activo circulante por cada peso de pasivos a corto plazo; en 2003 esa relación se ubicó en 1.25 pesos. La relación entre activos fijos y deuda a largo plazo pone de relieve el efecto de una política fiscal que ha debilitado enormemente al organismo: en 1990 disponía de 5.29 pesos de propiedades fijas por cada peso de deuda a largo plazo; en 2003 la relación fue de 81 centavos de activo fijo por cada peso de pasivo a largo plazo.

Los acreedores se están convirtiendo rápidamente en los dueños de Pemex, lo cual se confirma cuando se relaciona el patrimonio con el pasivo total y éste con el activo total: en 1990, a precios constantes, el organismo tenía un patrimonio de 157 000 millones de pesos contra una deuda total de 47 000 millones; en 2003 el patrimonio es de apenas 11 000 millones y el pasivo total de 194 000 millones; en 1990 el pasivo representaba 23% del activo total y en 2003 se ubicó en 95%. En términos reales las propiedades o los activos totales de Pemex se mantienen estancados: en 1990 eran de 204.5 miles de millones de pesos y en 2003 de 204.9 miles de millones (véase el cuadro 1). La suma de los activos prácticamente permaneció sin cambio, pero su composición resulta preocupante: el activo circulante creció 54%, mientras que el activo fijo (plantas, equipos, edificios, etcétera) disminuyó 25% en términos reales en el lapso de 14 años.

Pemex es una entidad paraestatal altamente rentable: de 1990 a 2003 obtuvo 877 000 millones de rendimientos antes de impuestos y generó 109 000 millones de dólares netos (exportaciones menos importaciones). Los ingresos totales se incrementaron 78%, las ventas internas crecieron 134% y las exportaciones 32%. Sin embargo, los costos y gastos de operación registraron un crecimiento relativo mayor que las ventas: en total aumentaron 94%, destacando el crecimiento al doble de los gastos de administración y en seis veces el costo financiero. A pesar de ello, el rendimiento antes de impuestos en 2003 representó 54% de los ingresos totales. De otro lado, el organismo pagó 884 000 millones de impuestos en ese lapso, de los cuales erogó 52% entre 1998 y 2003. Como se señaló, en 2003 el rendimiento antes de impuestos representó 54% de los ingresos, pero el fisco se apropio de 61% del importe de las ventas totales. De 1990 a 2003 los impuestos se incrementaron 2.15 veces (véase el cuadro 2). Los últimos tres años del gobierno de Zedillo y los tres primeros de Fox se caracterizaron por la mayor exacción fiscal a Pemex, por el u aumento desmedido de sus pasivos y por el deterioro alarmante de su patrimonio.

Así como en los años sesenta y setenta mediante el mecanismo de encaje legal se colocó deuda interna del gobierno federal en el sistema bancário para financiar los déficit del gasto público, en un marco que hacía compatible el incremento incesante del gasto gubernamental con la estabilidad de precios y el tipo de cambio, en la actualidad y, desde hace varios años, los ingresos de Pemex le han permitido al gobierno federal enfrentar faltantes en ingresos ordinarios, diferir, una y otra vez, las acciones que debieran conducir a una verdadera reforma fiscal, y posponer su responsabilidad para elevar la eficiencia de la recaudación tributaria. En el ámbito internacional, México tiene una de las tasas más bajas de captación fiscal respecto del PIB.

Hasta ahora, los ingresos cautivos de Pemex han sido determinantes para no gravar proporcionalmente los ingresos y el patrimonio de quienes más tienen; asimismo, han constituido una referencia constante para impulsar intentos de gravar alimentos y medicinas, en tanto que dicha política facilita la recaudación, pero, al mismo tiempo, favorece la inequidad tributaria.

La mayor producción de los campos desarrollados en los años setenta, sobre todo los de la región marina noreste —donde se ubica Cantarell—, la imposibilidad de financiar nuevas inversiones con excedentes económicos propios y la voracidad recaudatoria de Hacienda, han conducido a la empresa petrolera nacional a reducir de una manera extraordinaria su patrimonio y a contratar una deuda descomunal.

Los resultados económicos y financieros del organismo permiten señalar que existe una política deliberada para reducir la importancia estratégica de Pemex, y se utiliza la táctica ideológica de presentar ante el pueblo como necesaria o imprescindible la participación de inversionistas particulares en la urgente recuperación del organismo, así como de culpar al Congreso de no votar favorablemente las llamadas reformas estructurales.

La realidad es que la Secretaría de Hacienda en aras de mantener equilibrios macroeconómicos internos y de cumplir al pie de la letra con los postulados centrales del llamado Consenso de Washington, se ha apropiado íntegramente del excedente económico que produce la operación de Pemex, le ha reducido su capacidad de pago, forzado a contraer pasivos elevadísimos, obligado a incurrir en grandes pérdidas artificiales e impuesto una drástica disminución de su patrimonio.

Las acciones del gobierno federal respecto al organismo, han conducido a que, en términos físicos, Pemex se mantenga prácticamente como hace 14 años, con retrocesos en algunos de sus activos, con pequeños aumentos en otros o con reducciones drásticas en la operación de ciertas áreas, como la petroquímica. La caída del valor a precios constantes del activo fijo así lo acredita.

Los pozos en explotación se redujeron de 4 863 en 1991 a 4 590 en 2002. La región marina suroeste redujo su producción de 665 000 barriles diarios en 1991 a 452 000 en 2002, la región sur bajó de 665 000 a 498 000 y la región norte de 99 000 a 75 000. El crecimiento de la producción de la región marina noreste que pasó de 1 289 a 2 152 miles de barriles diarios en los años extremos, es el que ha sostenido la mayor demanda interna y externa, junto con el incremento de la productividad por pozo que pasó de 738 a 900 barriles diarios en los años que se comparan. Cabe destacar que Cantarell aporta 59% de la producción total de petróleo crudo; tal concentración en un solo yacimiento implica un considerable riesgo estratégico.

Como resultado de la mayor producción de crudo y de la demanda en ascenso del sector eléctrico e industrial, la producción de gas natural en 1991 alcanzó 3 634 mmpcd y en 2002 aumentó a 4 423 mmpcd. Desde 1990 existen las mismas seis refinerías. La capacidad de proceso de crudo y líquidos se redujo de 1 321 miles de barriles diarios en 1991 a 1 245 en 2002 y la elaboración de productos petrolíferos pasó de 1 329 a 1 262 miles de barriles diarios en los años extremos. La elaboración de gasolinas se redujo de 413.9 miles de barriles diarios en 1991 a 398.2 en 2002. En contraste, la importación de productos petrolíferos aumentó de 1 1 28 millones de dólares en 1991 a 2 485.1 en 2002, es decir, un crecimiento de 120%. En 2002 la importación de gasolina ascendió a 1 181 millones de dólares. La elaboración de petroquímicos en refinerías cayó de 1 553 a 690.6 miles de toneladas.

El abandono de la petroquímica plantea dos cuestiones preocupantes: a) la suma de la capacidad instalada de los nueve complejos petroquímicos se mantuvo prácticamente sin cambio de 11 879 miles de toneladas en 1991 a 11 531 en 2002, y b) la producción total cayó de manera radical: en 1991 los complejos elaboraron un total de 13 11 7 000 toneladas y 5 889 000 en 2002, una caída de 55%. Esto indica la existencia de altos niveles de capacidad ociosa y que la ruptura de cadenas productivas seguramente lleva consigo un elevado costo de oportunidad.

Entre 1991 y 2002 los productos derivados del metano se abatieron de 6 537 miles de toneladas a 1 663; los derivados del etano más o menos mantuvieron su oferta de 2 967 a 2 309 miles de toneladas, en tanto los aromáticos y derivados disminuyeron de 1 758 000 a 670 000 toneladas; el propileno y derivados cayeron de 445 a 115 miles de toneladas.

En 1991 la producción de gas seco fue de 2 459 miles de millones de pies cúbicos diarios y en 2002 de 2 916. En 1991 la capacidad de las plantas endulzadoras de gas amargo era de 3 329 mmpcd y en 2002 subió a 4 173 mmpcd. En los mismos años la capacidad de las plantas criogénicas recuperadoras de licuables fue de 3 329 y de 4 559 mmpcd, respectivamente.

La nula capacidad de inversión proveniente de excedentes económicos propios retrasa peligrosamente la modernización de refinerías y la construcción de al menos una y la ampliación de un tren de refinación en la de Salina Cruz; urge replantear con talento el problema de la petroquímica y ofrecer soluciones imaginativas a la costosísima capacidad instalada ociosa. En fin, se requiere repensar a profundidad, con responsabilidad y compromiso político y social, el papel de Petróleos Mexicanos en los próximos 15 o 20 años.

Pero no se trata, o no podría tratarse, de emprender un ejercicio aislado. La energía está fuertemente vinculada con la sociedad, la economía, la hacienda pública y los mercados internacionales y, por tanto, requiere de una visión estratégica de Estado. De entrada será necesario cambiar el enfoque neoliberal que se ha impuesto al organismo y sustituirlo gradual e inteligentemente por una política que al tiempo que convierta a Pemex en una palanca para el desarrollo económico y social del país, permita el rescate pleno de la soberanía sobre los recursos naturales, imprima mayor eficiencia a su operación y mejore los resultados de esa fundamental empresa pública.

Se trata de un problema crucial: en las actuales circunstancias, por razones de rezago en el cumplimiento de sus responsabilidades, la hacienda pública no puede renunciar a los recursos que provienen de la renta petrolera, pero tampoco Pemex puede caer, como está a punto de suceder, en la insolvencia y en una quiebra real. Es preciso conciliar las necesidades hacendarías con la reconstrucción institucional de Pemex, definir estrategias de ambas partes, buscar arribar a la convergencia de intereses y establecer acuerdos.

Por encima de convicciones políticas y de posiciones ideológicas, es urgente rescatar a la industria petrolera. El primer paso debería ser en torno al cambio del régimen tributario y renegociar plazos, garantías y costos de la deuda. El régimen fiscal podría consistir en la puesta en práctica de modalidades especiales respecto del impuesto sobre la renta, fijar impuestos al valor agregado de la producción, establecer controles impositivos sobre la base de costos marginales, formular una tributación especial a partir de cuotas predeterminadas de producción o venta, establecer la garantía de un determinado monto de impuestos y la posibilidad de que a partir de la obligación fiscal que se establezca, las acciones marginales de exploración, desarrollo y producción se sujeten a tasas de tributación diferentes, etcétera. El resultado final de la reforma del régimen fiscal de Pemex debería referirse a la generación de excedentes propios que le permitan financiar inversiones estratégicas, aumentar sus ingresos, recuperar capacidad de pago y restaurar su patrimonio, al tiempo que garantice los ingresos proporcionales que precisa el erario público.

Propuesta de reforma de Pemex

La situación financiera de Pemex no sólo la ha afectado en tanto empresa pública, sino también en la manera como se percibe al país en el exterior, habida cuenta que su participación en el financiamiento del gasto público sigue siendo esencial. Por ello, sanear Pemex se reflejará en un mejor desempeño de la economía y en el ritmo de creación de empleos del país.

Es posible destrabar la capacidad de crecimiento de Pemex y eliminar los obstáculos que impiden se desempeñe como consorcio mundial. Hace falta la decisión política para impulsar los cambios y convencer al Congreso y a la población de que ha llegado el tiempo de renovar la función de Pemex como uno de los pivotes básicos del desarrollo económico del país.

La autonomía de gestión implica que no se incluya a Pemex en el presupuesto federal y que se le permita tomar las decisiones de una empresa inserta en la compleja concurrencia internacional. No se plantea que se renuncie a considerarla como propiedad de la nación; se trata de otorgarle la facultad de operar de manera independiente, con criterios de eficiencia y rentabilidad. Sólo así se podrá comparar en sus índices de desempeño, eficiencia y productividad, con las mejores empresas petroleras del mundo.

Habrá que definir y precisar los convenios y modalidades de las nuevas vinculaciones entre Pemex y la hacienda pública. Pronto, los ingresos fiscales que aporte el organismo, en vez de mermar, se acrecentarán en virtud del incremento de actividades, regalías acordadas y dividendos que se deriven de las mayores utilidades en consonancia con su expansión y formas de operación más eficientes.

Pemex se beneficiará por la agilidad que adquirirá en la toma de decisiones, traducida en reducción de costos y mejores resultados, al no estar sujeta a trámites o autorizaciones largas, costosas e innecesarias. Eso mismo mejorará su capacidad de reacción en los mercados mundiales y la colocará en una mejor posición competitiva frente a otros gigantes petroleros. A la empresa se le evaluaría y juzgaría por resultados, en vez de someterla a escrutinios parciales y complejos de sus múltiples operaciones. El Consejo de Administración y sus comisiones vigilarían el cumplimiento y perfeccionamiento de la nueva normatividad.

Restructurar e incrementar el capital de Pemex

Pemex no cuenta con una base adecuada de capital y con suficiente dinámica para sostener de manera sana la expansión de sus operaciones o el servicio de la deuda contraída. El hecho quedó de manifiesto recientemente cuando una de las empresas calificadoras de riesgo modificó y redujo la clasificación de la deuda de la empresa. Con ello no sólo se afecta la capacidad de Pemex para contratar empréstitos en condiciones atractivas, sino se demerita la apreciación del riesgo soberano del país, dada la importancia de la empresa en la economía y en las finanzas públicas. Hay aquí un elemento, entre otros muchos, que explican el deterioro reciente de la cotización externa del peso.

Resulta entonces imprescindible aumentar el grado de capitalización de Pemex; sin embargo esta medida tropieza con la incapacidad actual del gobierno para inyectar recursos a la empresa, dados sus también bajos niveles de recaudación fiscal. El círculo vicioso sólo se podrá romper si se excluye a Pemex del presupuesto, se le concede autonomía de gestión y se restructura la composición de su capital en dos tipos de series:

Serie A: suscritas únicamente por el gobierno federal y con el derecho único e irrenunciable a la administración de la empresa.

]]> Serie B: colocadas entre el gran público inversionista, nacional e internacional.

Las proporciones entre ambos tipos de acciones podrán variar conforme a los planes de crecimiento de la empresa y la disponibilidad de recursos de la Federación, así como a la situación y liquidez de los mercados bursátiles internos o externos. Sin embargo, lo que no cambiará será el derecho irrenunciable del gobierno mexicano, suscriptor de la Serie A, de nombrar y remover a la administración de Pemex, así como cuidar a través del Consejo de Administración que la empresa opere con eficiencia y bajo la égida del interés nacional. Se trata de un esquema semejante al adoptado por Telmex, la empresa privada más grande del país.

El registro previo de las acciones de la empresa en los mercados bursátiles le impondrá la obligación de abrir su manejo a esos mercados. Ello garantizará el manejo probo y apropiado de la empresa en salvaguarda de los derechos de los inversionistas. Una vez capitalizado Pemex, podrá mejorar su calificación crediticia, obtener bajas tasas de interés y ampliar su capacidad de endeudamiento. Ello evitará recurrir a esquemas como los Pidiregas, que son costosos y poco transparentes. Al propio tiempo, la deuda de Pemex dejará de gravitar en los candados del crédito público convenidos con los organismos financieros internacionales. Una vez colocadas las acciones Serie B en los mercados libres, será imposible modificar el régimen de propiedad de los títulos emitidos. Así, se pondrá coto a los temores de privatización de Pemex y, sobre todo, a su posible extranjerización. Cabe advertir que el atractivo petrolero para los consorcios extranjeros es el de captar sus enormes rentas que, en principio, debieran beneficiar en exclusiva a la nación.

No se ignora la necesidad de satisfacer una larga lista de prerrequ¡sitos: modificación de disposiciones legales; campañas de divulgación para demostrar que la nueva estructura de capital obedece a la necesidad de modernizar a Pemex, adaptarlo a la competencia internacional, dotarla de mayor eficiencia y facilitar su crecimiento. Asimismo, habría que convenir los acuerdos de pago de regalías, régimen fiscal y de dividendos y distribución de utilidades con la Federación, a fin de que el erario público reciba montos adecuados de ingreso de origen petrolero sin menoscabo de la expansión razonable de Pemex y de la protección de los tenedores de la Serie B. En suma, la autonomía de gestión —con la separación del presupuesto nacional— la adopción de una nueva estructura de capital y la instrumentación de modernos convenios de reciprocidad con la Federación, mejorarán de manera notable las capacidades de crecimiento de Pemex y su contribución a la economía del país.

Nota

¹ Para facilitar el análisis, la serie que comprende los estados financieros a precios corrientes entre 1990 y 2003 se deflactó con el índice de precios implícito en el PIB para expresar los datos a precios constantes de 1993.

Información sobre el autor

Roberto Morales Martínez. Contador por la Escuela Bancaria y Comercial e ingeniero industrial por el Centro Industrial de Productividad. En el ámbito docente se ha desempeñado como profesor de la Facultad de Economía de la UNAM, de la CEPAL, de la antigua Escuela de Agricultura de Chapingo y del CEMLA. En su vida profesional ha desempeñado diversos encargos de alta responsabilidad como Subdirector de Planeación y Coordinación y Subdirector Técnico Administrativo en Petróleos Mexicanos, Subdirector General Administrativo en el Instituto Mexicano del Seguro Social, Gerente de Estudios Económicos y Organización de la Comisión Federal de Electricidad, Presidente del Consejo de Administración del periódico La Jornada y Director General de Mexpetrol Argentina en Buenos Aires y Neuquen en Argentina. En la actualidad es Presidente de Prospectiva Económica y Social.