Juan Carlos Calleros Alarcón^**. The Unfinished Transition to Democracy in Latin America

Aldo Adrián Martínez Hernández*

Routledge. 2009.

* Estudiante del Doctorado en Procesos Políticos Contemporáneos, Universidad de Salamanca, España. Correo electrónico: aldoadrianmaher@live.com.mx

Las sociedades de América Latina han experimentado un largo proceso de transiciones de regímenes autoritarios a gobiernos civiles democráticos. El efecto de la tercera ola democratizadora —llamado así a los procesos de transición política en América Latina durante 1980-1990— ha traído a debate si estos mismos procesos de transición democrática en América Latina se han consolidado. Lo anterior, no sólo en términos liberal-procedimentales, sino también en relación a la consolidación institucional y soporte estructural de la democracia.

El libro The Unfinished Transition to Democracy in Latin America, de Juan Carlos Calleros, propone reforzar la idea de que los procesos de consolidación democrática en América Latina son un esfuerzo inacabado en los países de la región. Lo anterior, según Calleros, es a causa de la aplicación del estado de derecho, la cual según su análisis es desigual y representa una línea de falla severa en las democracias electorales de América Latina. El propósito del autor, es el estudio de la relación entre el desarrollo político democrático y el poder judicial, observando a éste último como la institución más importante para la aplicación del estado de derecho y el desarrollo democrático. Para ello, el autor analiza y explora la relación entre la democracia y el estado de derecho en América Latina mediante un estudio comparativo, en donde encontramos a los doce países de la región: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Venezuela y Uruguay.

El libro está dividido en ocho capítulos. El primero de ellos, "Democracy and the Rule of law: A Theoretical Framework", explora los conceptos de estado de derecho y democracia liberal. Lo anterior se circunscribe como un marco conceptual útil para la observación del impacto de los significados de las normas jurídicas en la constitución de las democracias liberales. En este sentido, la estructuración del análisis se fundamenta en "parámetros" para la construcción de la relación entre el estado de derecho y la democracia, lo cual cobra sentido en el estudio de las democracias contemporáneas, ya que para el autor, son dos elementos indisociables para identificar y analizar una democracia en América Latina. Cabe señalar que Calleros somete a juicio varios de los elementos que intervienen en la relación entre el soporte formal y empírico de la democracia en Latinoamérica. Claro está que estos elementos tienen que ver con los fundamentos filosóficos últimos de la representación democrática y la libertad. Esta tensión, como Calleros la llama, entre democracia y libertad, tiene que ver con las condiciones que la democracia prevé para su funcionamiento, es decir, la democracia es un elemento necesario para el establecimiento de leyes que respeten los derechos individuales, pero que en esencia es insuficiente para garantizar un estado de derecho. Es en este contexto, en el que inician los argumentos principales del autor.

Bajo estas condiciones, el segundo capítulo, "The (Un) Rule of Law in Latin America: A Weak Arena of Democratic Consolidation", nos dice que las graves fallas en el proceso judicial en América Latina son todavía incompatibles con el debido proceso de ley a pesar de una tradición judicial amplia en América Latina. Ya que desde hace tiempo existen grandes áreas donde la aplicación de la ley no ha podido ser instaurada en forma consistente. En este contexto, el Poder Judicial no es un actor político suficientemente fuerte, debido a la dependencia política al poder ejecutivo y en concreto, por la presencia política militar que no rinde cuentas públicas en la mayoría de los países.

Siendo así, en el tercer capítulo, "Judicial Reforms in LatinAmerica: Towards More Independent, Efficient and Impartial Judiciaries in theRegion", Calleros realiza un esfuerzo empírico de dicho comportamiento por medio de la identificación de la profundidad de las reformas judiciales adoptadas en once de los doce casos –excepto Costa Rica, que no ha implementado una reforma judicial— en donde es reconocible que la tendencia de estas reformas durante los años noventa han sido parte de la reforma política de los Estados, esto es, dentro de un contexto de democratización y reformas económicas de gran alcance. A pesar de ello, la coordinación entre los actores políticos y los reformadores sociales ha sido insuficiente para la aplicación de la nueva dinámica, reformadora, en la relación Estado-sociedad. Estas ineficiencias se refieren directamente a la falta de información sobre las nuevas realidades de la política judicial y por lo tanto las nuevas estructuras de la política democrática liberal, que van reforzando la idea de sociedades limitadas por las nuevas acciones del sistema político. Por un lado, por la nula aplicación efectiva de mecanismos de difusión de las reformas judiciales, y por otro lado, por la falta de modernización del capital humano e infraestructura de la labor judicial, que pueda ir consolidando la dinámica del establecimiento de la justicia en América Latina.

Aunado a lo anterior, en el cuarto capítulo, "Assessing Judicial Independence in Latin America during the 1990s", se evalúa el grado de independencia política concedida a los poderes judiciales de la región en comparación con los estándares internacionales. El autor expone las diferencias en los procesos de independencia judicial entre los países. Es decir, identificando por un lado, países que fueron capaces de mantener cierta independencia ante los otros dos poderes (ejecutivo y legislativo), durante los procesos de democratización y movimientos de reforma judicial, como en el caso de Costa Rica, Uruguay y Chile. En otros casos, como el de Bolivia, Colombia, Ecuador, México, Paraguay y Venezuela, el autor nos comenta que hay evidencia de una cierta tendencia a la subordinación con imposiciones y presiones de los poderes legislativo y ejecutivo al poder judicial. Con esto, se da un proceso de identificación de un poder de independencia y autonomía disminuido por parte del poder judicial ante los otros dos poderes. Esto nos dice al autor, afecta la protección de los derechos humanos y la creación efectiva de las instituciones democráticas de autogobierno y la efectiva separación de poderes.

El quinto, "The Judiciary's Capacity to check the Executive in Latin America during the 1990s", y sexto capítulo, "The Judiciary's Capacity to Bring the Military to account in Latin America", analizan la capacidad del poder judicial para ser un contrapeso efectivo y evaluar las acciones del poder ejecutivo y las fuerzas armadas. Estos dos capítulos nos describen que el poder judicial no es el verdadero equilibrio del poder como supone el modelo liberal de la democracia. Esto es un patrón claro de América Latina, en donde el poder judicial es un socio débil que ha surgido en las nuevas democracias —con la única excepción de Costa Rica—. Esto es debido principalmente a dos razones, por un lado, porque se identifica la correlación entre la modificación normativa que marcan las reformas del poder judicial y por otro lado, por la falta de precisión de estas reformas. Es decir, una vez precisadas las funciones del poder judicial no es identificada correctamente la independencia real de este poder, ante el poder al ejecutivo. Dándonos como resultado la falta de rendición de cuentas del ejecutivo y el débil papel político del poder judicial.

El autor llega a la conclusión de que sólo la división real de poderes y una verdadera revisión de las acciones ejecutivas de los gobiernos, podrían medianamente sostener el proceso de consolidación democrática en América Latina. Finalmente, el autor señala que la falta de responsabilidad militar y el uso del mismo por parte de los gobiernos de América Latina es motivo de preocupación para la consolidación de un sistema judicial democrático. Ya que a pesar de la existencia de políticas judiciales a favor de la protección de derechos civiles y humanos, la falta de control de las instituciones militares producen violaciones graves a dichas prerrogativas sociales e individuales.

El capítulo séptimo, "Judicial Systems Ability to Protect Human Rights in the New Democracies of Latin America", analiza la capacidad del sistema judicial para proteger los derechos civiles y políticos, revelando limitaciones significativas incluso en el periodo de transición postautoritaria. En estos casos podemos observar que en América Latina los países han tenido largos períodos de violaciones a los derechos humanos. Sin embargo y debido también a los procesos de transición democrática en estos países, podemos decir que el cambio de la aplicación de la ley ha llevado a estas nuevas democracias, a la creación de nuevas instituciones como el ombudsman y los organismos internacionales de derechos humanos, que han disminuido el abuso a los derechos fundamentales de las sociedades latinoamericanas.

En suma, este libro examina la evolución política del poder judicial y su capacidad para contribuir al proceso de consolidación democrática en América Latina durante la década de 1990. Calleros analiza la independencia, imparcialidad, fuerza política y eficacia del poder judicial. La conclusión final para el autor, es la persistencia de los sistemas judiciales débiles en la práctica para ser un contrapeso real frente a otras ramas de gobierno, incluyendo el ejecutivo y las fuerzas armadas. Manifestando con ello, su incapacidad e ineficiencia en la protección plena de los derechos humanos y en la garantía de la aplicación del debido proceso de ley. Agravando con ello, problemas tales como la corrupción, largos procesos judiciales, tanto de los casos como de sus juicios, hacinamiento de las cárceles, elusión de las leyes y la vulnerabilidad personal de jueces. Todo esto provoca y hace notar que el poder judicial es el poder menos evolucionado de los tres poderes del Estado en las transiciones democráticas de América Latina.

En cierto sentido, la propuesta de Calleros podría sostener el agotamiento del pensamiento liberal en las democracias latinoamericanas, debido a la tensión entre consolidación procedimental de la democracia y la satisfacción e implementación del estado de derecho. Como lo muestra el autor, lo anterior, tiene efectos directos sobre el proceso de constitución de las democracias latinoamericanas. Por un lado, por la ineficiente separación de poderes que es el foco de atención para el republicanismo en América Latina. Y, por otro lado, en contra posición a los procesos políticos de los países analizados, la administración de justicia y el respeto de los derechos individuales son elementos que, al parecer, son incompatibles con la idea liberal de la democracia.

Cabe señalar que este texto es ideal para los estudiosos de la transición democrática en América Latina, la observación y análisis de la división republicana de poderes y el proceso político del estado de derecho en democracias nacientes. Por otra parte, otra importante vena que el texto nos arroja es la observación y la discusión de los derechos humanos y la aplicación de la justicia en América Latina. Esto es relevante porque la compresión y debate de las transiciones democráticas bajo la dinámica del desarrollo y consolidación de las democracias electoral liberales pudieran ser analizadas a partir de la observación de la administración de justicia y la defensa del estado de derecho, que para este caso pareciera ser el sello distintivo de la obra.

Nota

** Juan Carlos Calleros Alarcón tiene los títulos de Doctor en Política Comparada y Master en Política y Gobierno en América Latina por la Universidad de Essex, Inglaterra. Licenciado en Relaciones Internacionales por El Colegio de México. Ha sido profesor de en diversas instituciones académicas, entre las que destacan la Universidad de las Américas, Universidad Anáhuac del Sur, Tecnológico de Monterrey, Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente en la Universidad del Valle de México y en la Universidad Iberoamericana. Es Subdirector del Centro de Estudios Migratorios del Instituto Nacional de Migración.