Trabajadores agrícolas y subjetividad en California

Agricultural Workers and Subjectivity in California

Florencio Posadas Segura

Universidad Autónoma de Sinaloa. Correo electrónico: posadas@uas.edu.mx

Resumen

En este trabajo se explora el problema de la subjetividad de los trabajadores agrícolas, partiendo de la hipótesis de que éstos consideran malas sus condiciones de vida y de trabajo. Mediante el trabajo de campo se demostraron sus conocimientos y opiniones sobre su situación laboral y existencial en el Valle de San Joaquín California durante 2007 y 2008. Se descubrió que la visión del trabajador agrícola está basada en la subjetivación y reinterpretación de sus circunstancias objetivas de trabajo y de vida. Se concluyó que los trabajadores agrícolas opinan que sus condiciones son pésimas porque sus derechos laborales, sociales y humanos no se reconocen o respetan, la crisis económica, social y política de Estados Unidos les perjudica y el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (TLCAN) sólo podría beneficiarles con una reforma migratoria.

Palabras clave: trabajadores agrícolas, subjetividad, condiciones de vida y trabajo, California, México.

Abstract

This paper explores the problem of the subjectivity of agricultural workers, based on the hypothesis that they regard their living and working conditions as poor. Fieldwork was used to show their knowledge and opinions on their working and living situation in the San Joaquin Valley, California in 2007 and 2008. It was found that agricultural workers' views are based on the subjectivity and reinterpretation of their objective working and living circumstances. It was concluded that agricultural workers say that their conditions are appalling because their labor, social and human rights are not recognized or respected; the U.S. economic, social and political crisis is detrimental to them and the Free Trade Agreement between Mexico, the United States and Canada (NAFTA) could only benefit them through an immigration reform.

Keywords: agricultural workers, subjectivity, living and working conditions, California, Mexico.

Introducción

Y en los ojos de los hambrientos hay una ira creciente.
En las almas de las personas las uvas de la ira se están llenando...
John Steinbeck (1995)

En el presente estudio se plantea la hipótesis de que los trabajadores agrícolas perciben sus condiciones de vida y de trabajo como lamentables, porque no se reconocen ni respetan sus derechos laborales, sociales y humanos. En este proceso subjetivo conocen, valoran, diferencian, razonan y comunican sus vínculos con las estructuras económicas, jurídicas, sociales, políticas y culturales. Lo anterior hace que la relación entre sujeto y objeto de los obreros agrícolas se posicione frente a su realidad laboral y existencial, empezando con la relación social de producción entre trabajadores asalariados y empresarios agrícolas, caracterizadas por ser relaciones de explotación y subordinación entre polos opuestos: trabajo asalariado y capital (Besserer, 1999; De la Garza, 1993; Durand y Cuéllar, 1989; Kearney y Nagengast, 1989; Kearney, 1999; Zemelman, 1987, 1991; Fox, 2005, 2006; Sayavedra, Strochlic y García, 2008; Posadas, 2005, 2009; Posadas, Sager y Sager, 2010).

En la relación entre sujeto y objeto, es decir entre individuos y estructuras, el trabajador agrícola da significación a los conflictos en la estructura a través de su visión del mundo, la mediación entre estructura y acción colectiva es subjetiva y está dada por la subjetividad del propio sujeto. Es posible hablar de estructuras en diversos niveles: las relaciones sociales, la cultura y la personalidad. Así como las relaciones económicas, jurídicas, políticas, sociales y culturales estructuradas, pertinentes para el análisis del trabajador agrícola, son distintas para cada uno de ellos. Lo que se destaca es la subjetividad como fenómeno colectivo de los sujetos y sus vínculos con las subjetividades individuales, sin ser la primera simple sumatoria de la segunda, sino un nivel diferente de pensar lo social.

Es conveniente hablar de posibles campos parcialmente estructurados que se movilizan en el proceso subjetivo. En particular, la subjetividad del trabajador agrícola está relacionada con la conformación de una identidad, voluntad y decisión colectiva para la acción, previa a los movimientos sociales de los actores determinados territorial y temporalmente, en los que se reconoce a un mismo oponente en la figura del empresario rural y del Estado. Se establece una situación de conflicto con ambas y se esboza un proyecto alternativo al de los opositores. El reconocimiento de adversarios, conflictos y proyectos se da en diferentes niveles de especificidad y totalidad, la diferencia de niveles remite a su trascendencia (De la Garza, 1993).

Algunos de los campos parcialmente estructurados que se ponen en juego en el proceso subjetivo son los siguientes: a) El campo del conocimiento. Los trabajadores agrícolas, conocen o saben sus derechos laborales, sociales, políticos y culturales fundamentales, así como la violación o respeto de los mismos, y b) el campo del razonamiento cotidiano o de la epistemología del sentido común. Los sujetos sienten que son beneficiados o perjudicados por la crisis económica, política y social, así como algunas políticas de gobierno de importancia relacionadas con ellos.

Los trabajadores agrícolas revelan su propia subjetividad conociendo, valorando, diferenciando, razonando, comunicando e identificando su posición y relación con otros sujetos en las estructuras económicas, jurídicas, sociales, políticas y culturales en medio de un conflicto social en contra de los empleadores agrícolas y el Estado, debido a la solución de sus reivindicaciones más sentidas. En el proceso de manifestación de las percepciones sobre sus condiciones de vida y trabajo por parte de los sujetos trabajadores agrícolas, se manifiestan también las posiciones coincidentes o discrepantes declaradas por los principales sujetos sindicales, migrantes, indígenas, empresariales, gubernamentales, de la sociedad civil y académicos involucrados en la problemática de los trabajadores agrícolas.

Antecedentes

Un breve repaso de la cuestión migratoria de los trabajadores agrícolas en California, durante las últimas tres décadas, nos revela que desde fines de los ochenta la migración ilegal de México a Estados Unidos vinculaba estructuralmente la economía rural de México con la economía agrícola de California y que el problema migratorio cada vez es más grave. Las redes de migración eran el mecanismo fundamental que relacionaba a los hogares rurales de México con los empresarios agrícolas en Estados Unidos (Taylor, 1989). Con el incremento de la migración e inmigración surgían poblaciones transnacionales (Kearney y Nagengast, 1989) y la población migrante mexicana en California cada vez más reflejaba la diversidad étnica de la sociedad mexicana (Fox, 2006).

El concepto de transnacionalismo mantiene su vigencia si se considera la disminución de la migración y el aumento de la inmigración, pues ha cambiado el papel de los lugares de origen y destino del circuito transnacional. Para los trabajadores rurales asalariados, California había cobrado mayor importancia que sus lugares de origen (Zabin, 1993; Alarcón, 1997; Kresge, 2007).

El incremento de la migración e inmigración ilegal responde a una mayor inversión de capital en fuerza de trabajo asalariada, y a una menor en medios de producción (Napasintuwong y Emerson, 2006). Los granjeros prefieren trabajadores extranjeros, pues no están protegidos por las mismas leyes que los domésticos. Los cálculos económicos positivos a la economía de Estados Unidos favorecen la migración e inmigración legal e ilegal (Levine, 2009).

Así mismo, desde los años sesenta los trabajadores agrícolas mexicanos inmigrantes en California y el sudoeste de Estados Unidos, se rebelaron contra las injustas condiciones de trabajo y contratación. Dirigidos por César Chávez, se declararon en huelga y organizaron un boicot nacional a las uvas, organizándose en todo el país (Zinn, 2008). La lucha de la United Farm Workers (UFW) fue fundamental para comprender la política en las zonas rurales de California (Cruz y Ávila, 1989). Sin embargo, aún en la década de 1990 muchos trabajadores agrícolas desconocían sus derechos y no creían poder ejercerlos efectivamente hasta que una organización eficaz se pudiera construir (Villarejo, 1992; Villarejo y Runsten, 1993).

La investigación del período eficaz de la UFW contra competidores ineficaces, permitió comprender su propia ineficacia posterior (Ganz, 2000). Si bien los sindicatos representaban la corriente más multirracial de la sociedad civil estadounidense (Fox, 2005), de 600 a 800 000 trabajadores asalariados que hay en las granjas de California, menos de 20 000 (2.5 %) están protegidos por contratos colectivos de trabajo (Martin, 2012).

Los cambios en la estructura laboral de las granjas incrementaron el empleo de Contratistas de Trabajo Agrícola (FLC por su nombre en inglés) en California, donde las relaciones laborales eran muy arcaicas (Villarejo, 1989; De Janvry, 1989). Entre 2003 y 2004, 37 por ciento de los trabajadores agrícolas fueron contratados por FLC (Aguirre International, 2005); para 2002 era 45 por ciento, según el Departamento de Desarrollo y Empleo. En pleno siglo XXI, las injustas condiciones de contratación seguían siendo una realidad; los contratistas estaban en todo California, operaba en el Valle de San Joaquín una mayoría de 59 por ciento (Mines, 2006). Según estimaciones de agrupaciones de granjeros, los contratistas controlan en promedio 73 por ciento de toda la mano de obra agrícola en California (Cunha, entrevista, 2008). De la misma manera, se ha demostrado que existe un estrecho lazo entre los contratistas de trabajo agrícola y las malas condiciones laborales (Mines, Nichols y Runsten, 2010).

En la década de 1980 no se respetaba entre los trabajadores del campo en California la ley laboral agrícola sino que predominaba la violación a los derechos laborales y a las condiciones de trabajo, tales como el salario mínimo y los descansos en la jornada de trabajo. En la agricultura de California existía un excedente de mano de obra importante, correlacionado con una disminución en las tasas de salarios (Villarejo, 1992; Villarejo y Runsten, 1993).

Consecuentemente, el problema de la inseguridad laboral afectaba las condiciones de vida y la salud de los trabajadores. La mayoría de las enfermedades causadas por pesticidas no eran tratadas (Barnet, 1989) y el sentido común, asociado al de indignación permitía a los trabajadores agrícolas saber sus difíciles condiciones de trabajo y de vida (Wright, 2005).

Falta de seguro de salud, ineficacia o total falta de programas de ayuda para satisfacer sus necesidades y las pocas visitas a los proveedores de salud, demostraban una falla en el sistema de salud de Estados Unidos para los trabajadores agrícolas contratados (Villarejo et al., 2000). El acceso a servicios de salud era un grave problema para los trabajadores rurales, especialmente para los indígenas y los no autorizados, ilegales o indocumentados (Mines, Mullenax y Saca, 2001).

Entre 2003 y 2004, nueve por ciento de los trabajadores agrícolas de California había sufrido un problema de salud importante en su vida: diabetes, presión arterial alta, tuberculosis, enfermedades del corazón, infección del tracto urinario, asma, riesgo elevado de leucemia y cáncer de estómago, de cuello uterino y del útero en las mujeres. La mayoría (70 %) no tenían seguro de salud (Aguirre International, 2005). Entre 2006 y 2007, sólo 34 por ciento de los adultos de las familias de trabajadores agrícolas en Fresno visitaron al dentista el año anterior. La mayoría (66 %) carecían de seguro dental y casi la mitad (46 %) tenían caries no tratadas (Finlayson et al., 2010).

Hacia finales de la primera década del siglo XXI, en siete regiones del Valle de San Joaquín en California (incluido Fresno, Merced y Kern), los indicadores de salud de los trabajadores agrícolas latinos eran peores que las de trabajadores no-agrícolas latinos (Sayavedra, Strochlic y García, 2008), así como los trabajadores indígenas estaban en situación de marcada desventaja en cuanto a la obtención de asistencia médica en California (Mines, Nichols y Runsten, 2010).

Desde el siglo pasado, las deplorables condiciones de vivienda, así como la falta de acceso a la misma, eran otros de los más graves problemas de los trabajadores agrícolas. Las viviendas con las que contaban no entraban en la contabilidad de las poblaciones sin techo,¹ así como tampoco las que carecían de dirección postal por ubicarse en los patios traseros de las viviendas registradas lo cual las convertía en invisibles (Sherman et al., 1997). Las condiciones de vivienda en el norte de Tulare, vinculadas con otros factores, conformaban una mezcla social explosiva (Saca et al., 2003).

Las viviendas de la mayor parte de los trabajadores agrícolas de California, entre 2003 y 2004, eran la casa familiar (62 %), otro tipo de vivienda (29 %), departamentos (6 %), casas móviles (2 %) y dormitorios o barracas en dúplex o tríplex (1 %) (Aguirre International, 2005). En el siglo XXI, la mayoría de los indígenas vivían en hacinamiento extremo en departamentos, casas o tráileres de renta (Mines, Nichols y Runsten, 2010).

También, desde la década de los ochenta ya se enfatizaba la pobreza rural en California relacionada con accidentes de trabajo, agricultura a gran escala, viviendas precarias, atención médica limitada y educación deficiente (Gwinn et al., 1989). De la misma manera, la pobreza rural correspondía a las áreas de crecimiento económico y no a las zonas de crisis económica (Palerm, 1991).

A mediados de este siglo, 30 por ciento de los trabajadores rurales usaban los programas sociales gubernamentales de combate a la pobreza y el servicio más utilizado era el seguro de desempleo (37 %) (Aguirre International, 2005). Se ratificaba así el problema de la pobreza entre los trabajadores agrícolas latinos predominantemente mexicanos en California (Sayavedra, Strochlic y García, 2008).

En suma, las investigaciones de tres décadas han dado cuenta del empeoramiento objetivo de las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores agrícolas. Para ello se han estudiado y hecho mediciones sobre los temas de migración, contratación, trabajo, salario y seguridad laboral, así como sobre las difíciles condiciones de vida de los trabajadores agrícolas en los tópicos de salud, vivienda y educación, y sobre los grandes problemas nacionales derivados de la crisis económica, social y política, especialmente la migración y la pobreza.

Esporádicamente, algunas investigaciones han negado la capacidad de conocimiento de los trabajadores agrícolas, mientras otros estudios han reivindicado su sentido común para percibir sus condiciones de vida y trabajo (Villarejo, 1992; Villarejo y Runsten, 1993; Wright, 2005). Ciertamente y de manera destacada, se han explorado las vivencias subjetivas de los trabajadores agrícolas migrantes, examinando las percepciones de sus condiciones de vida, empleo y servicios sociales en el norte de California, contrastando con lo que dejaron en México (Meza, 2010). En esa dirección, habría que resaltar los trabajos sistemáticos de una década en Uruguay sobre la subjetividad del trabajador agrícola, definido como lo que los trabajadores sienten sobre su empleo en términos de satisfacción laboral. Por ejemplo, un trabajador precario no sólo es el que está en la precariedad (medida según indicadores objetivos), sino también aquel que se siente precario (Carámbula y Piñeiro, 2010; Piñeiro, 2011).

Lo que los investigadores en ciencias sociales y especialmente en sociología política y laboral necesitan rescatar, es el problema de la subjetividad de los trabajadores agrícolas en el Valle de San Joaquín, entendida como su percepción de las condiciones objetivas de trabajo y de vida a las que están vinculados.

Un concepto pertinente de subjetividad colectiva o social es aquel definido como proceso de articulación de significados, relacionado con las formas de dar sentido y desarrollar acciones. Trata de vincular con la cultura entendida como significados acumulados y propone una noción de configuración teórica subjetiva, así como la posibilidad de asimilaciones de elementos subjetivos cognitivos, valorativos, estéticos y emotivos combinados en formas discursivas y de razonamiento (De la Garza, 1993, 2001; Zemelman, 1992, 1997; Retamozo, 2006, 2009, 2012; Durand y Cuéllar, 1989).

Metodología

La perspectiva reconstruccionista propone una apropiación de las contribuciones del constructivismo y un desarrollo consecuente, a la hora de pensar los modos de construcción de teorías, datos y proyectos de investigación (Retamozo, 2012). Considerando las técnicas de investigación que se han centrado en el problema del sentido y la preocupación por codificar las observaciones con métodos estadísticos, se eligió la entrevista estructurada y la entrevista etnográfica semiestructrurada como idóneas para registrar las expresiones subjetivas u opiniones de los trabajadores agrícolas, y de los principales actores sobre las condiciones de vida y trabajo de los primeros.

La información empírica del presente artículo se apoya en resultados originales de la investigación de campo y las observaciones llevadas a cabo por el equipo de investigación en el Valle de San Joaquín, California del 27 de enero al 17 de febrero de 2007 y en octubre de 2008. Se basa en 99 entrevistas estructuradas con preguntas cerradas y semiabiertas que captan la percepción subjetiva de los trabajadores agrícolas sobre sus condiciones de trabajo y de vida (Holguín y Hayasi, 1993; Yamane, 1980; Retamozo, 2012). Además, 45 entrevistas en profundidad (con 10 líderes laborales, migrantes e indígenas, 10 patronales, 10 gubernamentales, siete civiles y ocho académicos en California) exploran sus opiniones sobre las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores agrícolas (Aceves, 1993; Hammer y Wildavsky, 1990; Retamozo, 2012).

En ese sentido, el método operacional de campo consistió fundamentalmente en cuestionar y entrevistar, tanto a una muestra de trabajadores agrícolas asalariados en el primer caso, como a líderes de los diferentes actores sociales involucrados en la problemática de los trabajadores agrícolas, siguiendo el método de la "bola de nieve" y de las redes sociales, en el segundo caso.

Para tal efecto, se diseñó una encuesta semiabierta con 200 preguntas y además una entrevista semiestructurada con 43 preguntas y final abierto, que tenía en cuenta los conceptos notables y variables a investigar sobre condiciones de trabajo y de vida. La parte abierta del estudio buscó capturar las respuestas cualitativas, mismas que en general no se logran con la parte cerrada. Con ello se intentó ir al fondo del problema del pensar y sentir de los trabajadores agrícolas con la comparación acabada y sistematizada. En correspondencia con sus objetivos, en este artículo sólo se presentan las preguntas y respuestas más representativas y sintéticas de las percepciones de los trabajadores agrícolas y de los diferentes actores en temas tales como migración, contratación, salario, días de descanso, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, protección laboral, antigüedad, salud, educación, vivienda, seguridad social, derechos humanos, así como situación económica, política y social.

Entre 700 000 y 800 000 trabajadores agrícolas migrantes y no migrantes, ciudadanos, residentes y sin autorización, documentados e indocumentados laboraban en California, y de ese total más de 50 por ciento se concentraba en siete condados del Valle de San Joaquín, al sur del Valle Central (Villarejo et al., 2000; Mines, 2006; Mines, Nichols y Runsten, 2010; Martin, 2012).

Enero y febrero son dos de los meses de menor actividad agrícola de los trabajadores asalariados, aunque las proporciones entre los picos de mayor actividad laboral y sus respectivas caídas fluctúan entre las menores (como el caso del Condado de Tulare, donde la proporción mínima es de 1.5 por cada trabajador) y las fluctuaciones mayores (como el ejemplo del Condado de San Joaquín, que tiene una proporción de dos por uno, entre los puntos máximo y mínimo).

Por lo que se refiere al lugar de residencia, los trabajadores estaban divididos entre los locales que residían en el Valle de San Joaquín y los migrantes temporales y permanentes, pendulares y circulares.² Ellos vivían en campamentos, en las granjas y en los barrios compuestos por los trabajadores agrícolas en pueblos y ciudades.

Para la aplicación de la encuesta entre trabajadores agrícolas, el equipo de investigación visitó 27 lugares diferentes, aplicando un total de 99 cuestionarios útiles.³ En el período inmediatamente anterior a la aplicación de la encuesta, una severa helada había causado graves daños a la actividad agropecuaria, dejando sin empleo a miles de trabajadores agrícolas, especialmente en los cultivos de cítricos. Entonces se aprovechó para encuestar a los jornaleros agrícolas en buena medida desempleados, en diversos lugares tales como lavanderías públicas, almacenes de víveres en los barrios, parques públicos, mercados al aire libre y campamentos, así como en casas, departamentos y cuartos ubicados en las zonas rurales, pueblos y ciudades.

Los cuestionarios fueron convenientemente distribuidos en el Valle de San Joaquín, de norte a sur desde Stockton hasta Bakersfield, incluyendo los condados de San Joaquín (30), Stanislaus (31), Merced (32), Madera (48), Fresno (33), Tulare (49) y Kern (55), mismos que figuran en el siguiente mapa.

Resultados

Condiciones de trabajo y contratación

En el contexto en el cual los trabajadores percibían su precariedad contractual, los granjeros se amparaban bajo el imperio de las leyes federales o estatales, se arrogaban la propia representación de los trabajadores y las opciones de contratarlos directa o indirectamente a través de contratistas. Manuel Cunha, presidente de la Liga de Rancheros de Nissei, decía lo que sentía de manera clara:

El empresario más grande y que da más trabajo a los trabajadores agrícolas son los contratistas porque ellos pueden movilizarse de granjero a granjero. El contratista puede recoger pasas acá y pasas allá en diferentes granjas. Puede hacer la poda aquí, arreglar las pipas de regar, tractorear y también trabajar en el empaque: ellos controlan un promedio de 73 por ciento de toda la mano de obra agrícola en California. El granjero no sabe si los trabajadores son legales o ilegales porque están contratados por el contratista y la ley les prohíbe preguntarle al contratista (Cunha, entrevista, 2008).

Coincidiendo con la apreciación anterior, Irene Smith, granjera del condado de Fresno, aseguraba que "los trabajadores agrícolas no necesitan organizarse en un sindicato porque están trabajando muy a gusto y los granjeros les pagan bien y los tratan muy bien. Ahora sólo tengo dos mayordomos y ellos contratan a la gente que necesitan para los trabajos de poda y pizca con contratistas que le hacen todo el trabajo, y ya no tengo nada que ver con los trabajadores" (Smith, entrevista, 2008).

La frágil membresía de los trabajadores agrícolas asociada en un sindicato y probablemente con un contrato colectivo, está fuera de duda. Arturo Rodríguez, presidente de la United Farm Workers (UFW), observaba una militancia modesta: "Ahorita tenemos unos 27 000 miembros. Pero nuestro trabajo es mucho más grande. Porque no sólo trabajamos con ellos" (Rodríguez, entrevista, 2007).

La ley laboral agrícola contaba con una serie de impugnaciones, vetos y candados aprobados en los últimos años con los gobiernos republicanos que han obstaculizado el avance de la contratación y sindicalización, tal y como veía la dirigente histórica de los trabajadores agrícolas Dolores Huerta: "El derecho que la gente tiene de organizarse en sindicatos existe en California por ley: no se ha avanzado porque tuvimos gobernadores republicanos" (Huerta, entrevista, 2007).

Líderes académicos como Gaspar Rivera Salgado del Center for Labor Research and Education-UCLA, decían que no había libertad sindical, ni contratación colectiva, dado que sus manifestaciones eran muy débiles: "Los trabajadores agrícolas legalmente no tienen derecho a nivel nacional a la contratación colectiva. Los contratos colectivos son pocos y muy modestos y la gran mayoría del millón de trabajadores agrícolas de California no está sindicalizada" (Rivera, entrevista, 2007).

Condiciones de trabajo y derechos laborales

En sentido contrario al sentir de la mayoría trabajadora, el dirigente empresarial Manuel Cunha, apreciaba que todos los trabajadores agrícolas en California tenían derechos plenos. Sus ingresos salariales eran muy buenos y los abusos laborales eran cometidos entre ellos mismos: "Los trabajadores agrícolas ganan entre 8 y 10 dólares la hora y lo que ganan aquí en un mes, en México lo hacen en un año, si tienen trabajo. Los abusos contra los inmigrantes los cometen los propios inmigrantes" (Cunha, entrevista, 2008).

Desde el conocimiento de los actores gubernamentales, en California existían muchos derechos de los trabajadores agrícolas y cada vez eran mayores. No obstante, también estaban relacionados con la condición migratoria del trabajador. Hugo Calvillo, funcionario agropecuario en el Valle Central de California, señalaba que: "La UFW se ha encargado de incrementar los derechos de los trabajadores y abogar por el campesino. Y dependiendo del estatus del trabajador, tienen una vivienda del dueño que la están pagando o que la están rentando, por lo regular" (Calvillo, entrevista, 2008).

Frank Zapalac, Jefe de la Policía de Woodlake, Tulare, afirmó que hay abusos de los derechos laborales de los trabajadores agrícolas: "Los anglosajones contratan con los contratistas laborales, y como casi todo el tiempo son hispanos, ellos son los que abusan de los trabajadores" (Zapalac, entrevista, 2008).

No todo el tiempo se respetan los derechos laborales de los trabajadores agrícolas, afirmó Frances Ortiz, ex alcalde de Woodlake, Tulare: "Porque la gente que trabaja en el campo muchas veces tiene miedo de perder el trabajo y no se ponen a 'echar bronca' con los mayordomos" (Ortiz, entrevista, 2008).

En algunos lugares se respetaban los derechos laborales de los trabajadores y en otros no, confirmó Antonia Ramírez, mayordoma en Selma, Fresno: "Si hace mucho calor, el mismo supervisor de la compañía va cuadrilla por cuadrilla y les dice que se vayan al pasito, tomen agua y tengan mucho cuidado, no sea que se vayan a enfermar, porque no quieren que se enfermen. Pero en otras compañías son más exigentes y ha habido trabajadores muertos" (Ramírez, entrevista, 2008).

Lo que prevalecía eran las violaciones a los derechos laborales de los trabajadores agrícolas. Desde la apreciación de destacadas activistas sociales como Lali Moheno:

Aquí hay muchos patrones y mayordomos malos con la gente. Ganan muy poco dinero, no tienen beneficio, no tienen aseguranza. No tienen nada y luego el poquito dinero que ganan, el contratista que les da los raites les cobra de 6 a 10 dólares por día y los llevan a las tiendas donde a ellos les dan comisión por todo lo que se vende y los llevan a las que son muy caras: ahí compran sus paquetes de sodas, cervezas y comida. El año pasado hubo mucha gente que se envenenó con los pesticidas. Miren a un campesino de aquí del condado de Tulare, un trabajador de 40 años: está muy cansado y estresado por el trabajo. Está todo negro y percudido de la cara por los pesticidas y el sol (Moheno, entrevista, 2008).

De nueva cuenta se planteó la contradicción que existía entre una ley laboral agrícola que podría beneficiar a los trabajadores (así como su falta de aplicación por la oposición patronal) y la complicidad de las agencias estatales, fundamentalmente entre los trabajadores agrícolas sin autorización oficial de trabajo, también denominados indocumentados o ilegales. La organizadora Dolores Huerta señaló que: "El sindicato ha pasado muchas leyes en favor de los trabajadores. Pero la gente tiene miedo declarar si no les pagan el sueldo mínimo. El problema es que la gente tiene miedo, porque los patrones los denuncian" (Huerta, entrevista, 2007).

Siguiendo con la reflexión anterior, Leonel Flores, Coordinador de la Coalición para los Derechos de los Inmigrantes del Valle Central y Activista de la Unión de Ex-Braceros e Inmigrantes del Valle, concibió la falta de responsabilidad de un Estado que no hacía lo necesario para aplicar la ley laboral agrícola que supuestamente protegía a los trabajadores del campo, causando graves consecuencias como la falta de respeto a dicha ley, en cuanto a salario mínimo, transporte, agua y servicios sanitarios: "Hay lugares donde no se paga el salario mínimo, no se respeta el que tengan baños, agua y transportación" (Flores, entrevista, 2007).

Luis Magaña, coordinador general de la Organización de Trabajadores Agrícolas Valle Central de California, opinión que las violaciones a la ley laboral agrícola eran generalizadas en el campo e inevitables. Desde esta perspectiva, la falta de agua fría para los trabajadores en temporada de calor, el escamoteo de descansos escalonados en la jornada de trabajo, el despojo salarial y los accidentes laborales eran comunes, destacando la figura patronal de los contratistas y a estos factores se sumaba la falta de voluntad política del Estado para garantizar la aplicación de la ley: "Los derechos laborales, no hay forma de que se hagan respetar. En condiciones de trabajo, el tener agua fría para los trabajadores. No se respetan a los trabajadores horas de descanso y no les pagan las horas completas. Ha habido muchos accidentes de trabajo y la gente teme reportarlos o no sabe a quién reclamarle porque el contratista desapareció" (Magaña, entrevista, 2007).

El dirigente académico Gaspar Rivera Salgado señaló que no se respetaba la ley laboral agrícola entre los trabajadores rurales:

Es muy prevalente la violación a los derechos laborales y a las condiciones de trabajo. Un ejemplo es la violación a la ley del sueldo mínimo. Cuando pagan por pieza, pueden no llegar a pagar el salario mínimo (7.50 dólares por hora en California en 2007), cuando legalmente están obligados a pagar la cantidad que sea mayor por hora o por pieza. Los descansos por quince minutos cada dos horas, a la sombra y con agua fría, los patrones no los respetan (Rivera, entrevista, 2007).

 

Condiciones de vida y derechos sociales

Así mismo, a la pregunta: ¿Qué tanto se respetan sus derechos a la seguridad social? 11 (11 %) trabajadores agrícolas sentían que mucho, 71 (72 %) poco, 13 (13 %) nada y cuatro (4 %) no contestaron. El 89 por ciento de los trabajadores agrícolas opinó que sus derechos sociales en materia de salud, vivienda y educación, se respetan poco o nada. En contraste, 11 por ciento de los asalariados agrícolas creían que se respetaban mucho, atendiendo respuestas efectivas.

El trabajo en el campo era uno de los sectores en donde menos prestaciones sociales había, de acuerdo con las leyes laborales agrícolas federales y estatales. Incluso el dirigente empresarial Manuel Cunha reconoció la falta de cobertura legal en vivienda y servicios de salud, aunque lo justificaba en términos de costos de producción argumentando que no sería rentable para los patrones otorgar esas prestaciones, pues los sacaría de la competencia internacional: "La agricultura no es sustentable para proveer de vivienda a los trabajadores. Tampoco damos cuidado médico. Menos de dos por ciento de todos los rancheros dan un poquito. El costo es muy caro y no podemos decirle a Walmart que son 10 dólares por una caja de duraznos, porque Walmart va a decir: "Yo puedo comprar las de chile por cuatro dólares" (Cunha, entrevista, 2008).

La fortaleza de los derechos de los trabajadores dependía de quién fuera el gobierno en turno, según la opinión de la lideresa Lali Moheno:

Antes, los trabajadores llegaban y nadie les preguntaba nada. Estaban recibiendo los derechos sociales. Podían entrar a cualquier escuela, a cualquier agencia. Ahora, hasta acusan a todos los mexicanos de ser terroristas. A los indocumentados no los dejan entrar a las escuelas, luego los levantan o los reportan a la migración. Está muy difícil, ya no pueden conseguir muchas cosas: ni empleo, ni desempleo [seguro de] ni nada (Moheno, entrevista, 2008).

En ese sentido y desde la perspectiva de los protagonistas principales, el guía Leoncio Vázquez juzgó como grave la situación que vivían los inmigrantes mexicanos, indígenas o mestizos, víctimas por igual de discriminación y falta de derechos sociales como servicios de salud y derechos humanos: "En cuanto a servicios sociales, como de salud, es una gran desventaja para los indígenas acceder a esos servicios. Nos referimos a los inmigrantes mexicanos en general, sin importar que sean indígenas o no: sus derechos son pisoteados" (Vázquez, entrevista, 2007).

Sin embargo, la aguda problemática no era exclusiva de los inmigrantes, indocumentados e indígenas, sino que se extendía a casi todos los trabajadores agrícolas. En el campo, los patrones explotadores no respetaban los derechos de los trabajadores: salarios, condiciones de trabajo, seguro médico y pensión. Según la opinión de Arturo Rodríguez, defensor de los derechos de los trabajadores agrícolas: "Todos saben la situación del trabajador agrícola y del inmigrante. Aquí sólo los explotan y toman ventaja de ellos. Los sueldos no son buenos, las condiciones están muy mal, no hay beneficios del seguro médico o de pensión. Los derechos laborales, sociales y humanos casi no se respetan" (Rodríguez, entrevista, 2007).

Por su parte, la lideresa Dolores Huerta precisó que la mano de obra de los indocumentados sufría por la falta de derechos y beneficios sociales. No obstante, eran preferidos por los patrones y contratistas. Paradójicamente, los verdaderamente discriminados, hostigados y hasta convertidos en prisioneros eran los ciudadanos y residentes negros y blancos, especialmente los mexicoestadounidenses y negros:

Los que sufren son los que no tienen papeles porque ellos no están cubiertos y van a la emergencia donde no les piden documentos. En el campo hay un porcentaje muy grande de indocumentados porque los patrones saben que si ocupan ciudadanos o residentes tienen que pagarles beneficios (seguro social, desempleo, incapacidad). Por eso, usan los contratistas para que les hagan el trabajo sucio. A los patrones les interesa que los trabajadores sean indocumentados y discriminan a los mexicoamericanos, a los ciudadanos y residentes, a los negros y blancos. Por eso tenemos las cárceles llenas de muchachos en California, más que en cualquier otro estado: 50 por ciento son mexicanos y negros. Con ocupar indocumentados los patrones se ahorran un montón de dinero (Huerta, entrevista, 2007).

A lo anterior se suman los abusos sexuales de trabajadoras agrícolas y la discriminación de los indígenas en México y Estados Unidos para completar el cuadro de la dramática situación en la cual se encontraban los trabajadores agrícolas. De acuerdo con la explicación del líder Leonel Flores:

Los derechos laborales son débiles y muy pocos, que no le garantizan al trabajador el acceso a la vivienda, a la salud y a los derechos básicos del ser humano. La mujer ha sido la más castigada en el trabajo del campo. Por su condición de sexo muchas veces es abusada por los rancheros o por los supervisores en los empaques y campos agrícolas. Los derechos humanos son respetados siempre y cuando sean visibles a los medios de comunicación. La comunidad indígena sufre discriminación como ocurre en México. Pero, a veces los mismos mexicanos somos más racistas que los anglos (Flores, entrevista, 2007).

A la falta de respeto a los derechos sociales de acceso a vivienda, servicios de salud y educación, se suma la violación flagrante a los derechos humanos fundamentales, incluido el de la libertad misma, pues los trabajadores agrícolas son sometidos a una especie de semiesclavitud. El dirigente Luis Magaña explica:

Los programas de vivienda y médicos son para trabajadores agrícolas documentados que son muy pocos y siguen excluyendo mucho a la mayoría de los trabajadores. La gran mayoría de los jornaleros rentan departamentos y viven ahí hasta veinte personas. Los derechos humanos no se respetan, porque hay casos de gente que se ha lastimado en accidentes de trabajo y no han encontrado apoyo médico, por lo que han tenido que regresar a México. No hay interés en la educación de los trabajadores agrícolas. Aquí no hay nada de derechos, puro trabajo. Los contratistas tienen campamentos y conexiones con Oregón y Washington para trasladarlos. Los tienen aislados y controlados y violan sus derechos básicos de vivienda, comida y horas de trabajo. Desde ahí hay una violación a su libertad: están libres pero no están libres (Magaña, entrevista, 2007).

En resumen, algunos guías académicos especialistas en el tema, como Gaspar Rivera Salgado, observaron que el acceso a la salud y atención médica representaba un grave problema para los trabajadores agrícolas, sobre todo para los indígenas y los llamados trabajadores del campo no autorizados, ilegales o indocumentados: "El trabajo del campo es el peor pagado, el más duro y donde hay menos prestaciones. Es donde entra la gente indocumentada y más vulnerable. En el Valle Central hay un problema enorme de falta de atención médica y acceso a servicios de salud para los inmigrantes e indígenas" (Rivera, entrevista, 2007).

Grandes problemas nacionales

Sobre su relación con la economía de Estados Unidos, 65 (66 %) trabajadores agrícolas sentían que les afectaba la situación económica que vivían en Estados Unidos en 2007, 19 (19 %) asalariados del campo creían que no les perjudicaba y 15 (15 %) no respondieron. Prevalecieron los trabajadores que se sentían afectados por la crisis económica, con más de 75 por ciento. En contraposición, menos de 25 por ciento de los trabajadores encuestados no sentían ser afectados por la crisis, si se toman en cuenta respuestas efectivas.

En relación con la manera de razonar sobre la política y la sociedad de Estados Unidos, 56 (57 %) trabajadores agrícolas sintieron que les afectaba la situación política y social, 29 (29 %) no sentían perjuicio alguno y 14 (14 %) no respondieron. La mayoría de los trabajadores encuestados se percibieron perjudicados por la situación política y social, sumando 66 por ciento. En oposición a 34 por ciento de trabajadores agrícolas que no sentían ser afectados, con base en las respuestas efectivas.

En el presente trabajo se descubrió que la percepción del trabajador agrícola es subjetivación y reinterpretación de sus pésimas condiciones de trabajo y de vida. Quizá el mayor hallazgo y resultado inesperado haya sido descubrir que un grupo social con los más elevados índices de analfabetismo absoluto (25 %) y funcional (hasta cuarto grado de escolaridad) tenga la capacidad de conocer, saber o sentir el lugar que ocupa en las estructuras económicas, sociales y políticas trasnacionales. La conclusión es que los trabajadores agrícolas perciben que sus condiciones de vida y trabajo son muy malas porque sus derechos laborales, sociales y humanos no se reconocen o respetan en los campos de California. Perciben que les perjudica la crisis económica, social y política en Estados Unidos y que el TLCAN solamente les podría beneficiar con una transformación migratoria.

El estudio sobre las condiciones de vida y laborales de los trabajadores agrícolas tiene dos componentes: objetivos y subjetivos. Los elementos objetivos se abordaron de manera sintética, en la sección "Antecedentes" del presente artículo. En efecto, durante las tres últimas décadas las investigaciones científicas sociales en California han indagado, documentado y medido objetivamente el empeoramiento de las condiciones de trabajo de los trabajadores agrícolas: las difíciles condiciones de vida en los rubros de salud, vivienda y educación, la crisis económica, social y política en Estados Unidos, el TLCAN y sus consecuencias sobre la población trabajadora agrícola.

En relación con los elementos subjetivos que se mencionan en el presente trabajo, ciertamente existen indagaciones que se han acercado al tema de la subjetividad de los trabajadores agrícolas desde la perspectiva económica, sociológica o política para examinar los vínculos subjetivos del sujeto con su realidad externa. Algunas han planteado que muchos trabajadores agrícolas no están al tanto de sus derechos como trabajadores estadounidenses (Villarejo, 1992; Villarejo y Runsten, 1993). Otras han reivindicado que el sentido común y de indignación permite a los trabajadores agrícolas conocer sus difíciles condiciones de trabajo y de vida (Wright, 2005). Cabría reconocer también que se han efectuado estudios sobre las percepciones de los trabajadores agrícolas con relación a sus condiciones de vida, empleo y servicios sociales en el norte de California, así como sobre condiciones de empleo en Uruguay (Meza, 2010, Carámbula y Piñeiro, 2010; Piñeiro, 2011).

Pero lo que no se había destacado suficientemente es lo que los trabajadores agrícolas del Valle de San Joaquín piensan o sienten sobre su relación obrero/patrón y su percepción sobre el incumplimiento de sus derechos laborales, sociales y humanos, así como la manera como experimentan los problemas económicos, sociales y políticos nacionales e internacionales que les afectan.

En conclusión, los trabajadores agrícolas en el Valle de San Joaquín, California perciben que sus condiciones de vida y trabajo son malas, con base en el conocimiento del poco o nulo respeto que se tiene hacia sus derechos laborales. Saben también del escaso o inexistente respeto al conjunto global de sus derechos (seguridad social, salud, vivienda y educación). Razonaron sobre los perjuicios que les provocaron las crisis económica, social y política de 2007, así como sobre los beneficios que les podría generar el TLCAN con una reforma migratoria integral.

Las diversas opiniones de los actores involucrados (empresariales, gubernamentales, sindicales, indígenas y migrantes, civiles y académicos) también exteriorizan sus percepciones subjetivas en torno de las condiciones de trabajo y contratación de los trabajadores agrícolas. Con diversos matices coincidían en la falta de libertad sindical y contratación colectiva, pues sus expresiones eran muy precarias y predominaba el sistema de intermediación de los contratistas.

Contrario a la opinión de los dirigentes granjeros y a un sector gubernamental, entre la mayoría de los actores predominaba la percepción de que la ley laboral agrícola no se reconocía o se aplicaba, justamente por la oposición patronal y la complicidad gubernamental, de tal manera que la violación a los derechos laborales y las condiciones de trabajo eran generalizadas y hasta inevitables.

La aplicación de la ley laboral en materia social fue prácticamente inexistente, ante la irresponsabilidad del Estado y el despotismo de compañías, rancheros, contratistas, enganchadores, supervisores y mayordomos. La propia ley tenía limitaciones muy grandes reconocidas por los granjeros, al no proteger los derechos a vivienda, salud, educación y los derechos humanos de la clase trabajadora, especialmente de indocumentados, indígenas y mujeres, pero también de los trabajadores documentados, chicanos, afroamericanos y anglosajones.

A diferencia de las investigaciones que han sugerido que los trabajadores agrícolas son incapaces de conocer, saber, razonar, percibir o sentir los problemas económicos y sociales que les aquejan, y en concordancia con los estudios que reivindican lo contrario, el caso de San Joaquín demuestra que la mayoría de los trabajadores agrícolas perciben que su situación laboral y existencial es muy mala, pues tienen conocimiento del poco o nulo respeto a sus derechos laborales y al conjunto de sus derechos sociales y humanos por parte de los empresarios rurales y el Estado. Así mismo, entre los sujetos trabajadores agrícolas predomina el razonamiento cotidiano sobre lo negativo o lo positivo, en relación con temas de importancia transnacional que los involucran, particularmente, en torno de los perjuicios de la crisis económica, social y política en Estados Unidos y los hipotéticos beneficios del TLCAN con una reforma migratoria integral.

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Notas

¹ Poblaciones de trabajadores agrícolas que carecen de un lugar permanente para residir y se ven obligados a vivir a la intemperie, ya sea en la calle, los portales de las viviendas, las cuevas, bajo los árboles o temporalmente en albergues.

² En el contexto del presente trabajo se considera trabajador migrante pendular al que tiene residencia permanente en el lugar de origen y residencia temporal en un solo lugar de trabajo. Mientras que el migrante circular no necesariamente tiene residencia permanente en su lugar de origen, y cuenta con residencia temporal en dos o más lugares de trabajo. Puede ser trabajador temporal o permanente.

³ El tamaño de la muestra de trabajadores encuestados de 96, se decidió de acuerdo a la fórmula, indicada para estimar proporciones y porcentajes en poblaciones finitas (Holguín y Hayasi, 1993). Además, consultando las tablas de "Límites y precisión de confidencia especificados para cantidades muestrales cuando la muestra se da en porcentajes" (Yamane, 1980), en la que se observa que para un tamaño de población de 20 000 hasta infinito casos, el tamaño de la muestra debe ser de 100 casos, se determinó en 100 el tamaño de la muestra de trabajadores agrícolas encuestados.

FLORENCIO POSADAS SEGURA es doctor en ciencias sociales, relaciones de poder y cultura política por la UAM-X, maestro en ciencias sociales por la Flacso-México y licenciado en antropología social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH-INAH). Es miembro del SNI. Entre sus publicaciones destaca su libro Movimientos sociales de los trabajadores agrícolas asalariados en el Noroeste de México (1970-1995) (Editorial UAS, 2005) que ha sido considerada como la investigación más completa y acuciosa sobre los asalariados del campo en el noroeste de México. Publicó en coautoría el artículo "Agricultural Workers in Mexico and the United States", en Journal of Workplace Rights (vol. 14, núm. 4, 2009). En 2012, realizó una estancia de investigación en El Centro de Salud Trasnacional del Departamento de Estudios Chicanos de la University of California, en Davis, en donde redactó un extenso reporte de investigación sobre los trabajadores agrícolas en el Valle de San Joaquín, California.