Violencia política y protesta social en la Argentina de fin de siglo. Un estudio aplicado a los cortes de ruta

Political Violence and Social Protest in Argentina at the end of the century. A study applied to the road blockades

Matías Artese*

* Investigador Asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), y del Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, UBA. mat_artese@hotmail.com.

Fecha de recepción: 22 de febrero de 2011
Fecha de aceptación: 24 de enero de 2012

Resumen

En el presente artículo pretendemos analizar las características principales de las manifestaciones y reclamos que abarcaron el ciclo de protestas durante la segunda mitad de la década de 1990 en Argentina, y las circunstancias en las que se aplicó la violencia estatal como modo de resolución del conflicto. Puntualmente nos referiremos a los cortes de ruta, una de las principales metodologías utilizadas en los reclamos por objetivos económico-sociales. Por último, como propuesta de explicación a la implementación discriminada de la violencia institucional en estos hechos, nos referiremos a algunos rasgos del proceso de criminalización de la protesta, el cual se extiende a través de otros ciclos de protesta posteriores al que aquí analizamos.

Palabras clave: cortes de ruta, violencia institucional, criminalización de la protesta, discurso.

Abstract

In this article we will analyze the main characteristics of the manifestations and claims in the cycle of protests during the second half of the decade of 1990 in Argentina, and the circumstances in which state violence was used as a means of resolution conflict. We will refer to the road blockades, one of the main methodologies used in claims with economic and social objectives. Will focus on the analysis of the subjects who staged those collective actions of protest, their main objectives and the circumstances in which it was applied repressive policies. Finally, as a explanation about the implementation of a discriminated institutional violence in these cases, we will refer to certain features of the process of criminalization of protest, which extends through other cycles of protest after we discuss here.

Introducción

¿Por qué detenernos en la protesta social y en la aplicación de la violencia estatal en la historia reciente? La Argentina de fines del siglo XX estuvo caracterizada por un Estado que lejos de no intervenir en los lineamientos económicos, resguardó el laissez faire de los sectores económica y políticamente dominantes que pregonaron el libre mercado como paradigma económico. Ese escenario abrió las puertas a un ciclo de protestas y manifestaciones que implicó uno de los momentos más álgidos de luchas en los últimos veinte años en la historia del país. Dentro de ese ciclo, nos referiremos a aquellas manifestaciones que registraron altas magnitudes de enfrentamiento, es decir, aquellos casos en los que la violencia institucional —en consonancia con el disciplinamiento de la violencia económica— dejó como saldo la muerte de manifestantes y cientos de personas heridas y detenidas-procesadas.

Los casos en los que intervino la violencia institucional, sin embargo, se dieron en contadas ocasiones, específicamente en algunos de los cortes de ruta a lo largo de la década de 1990. El objetivo será, entonces, revisar esta metodología de protesta y los casos puntuales en los que se aplicó la represión como recurso político, a la luz de los sujetos que la impulsaron y sus objetivos principales de reclamo. En este punto prestaremos especial atención a algunos elementos ideológicos que expresaron, a través del discurso, la intensificación del enfrentamiento. Esos discursos constituyen hoy el registro empírico del proceso de criminalización de la protesta, soporte ideológico que opera en coexistencia a la aplicación de la represión.

La composición social de los cortes de ruta

La drástica reestructuración de la economía argentina a inicios de la década de 1990 y el fuerte impulso dado a las políticas de flexibilización laboral propias del "neoliberalismo" generaron en poco tiempo que se incrementaran los niveles de productividad de la fuerza de trabajo ocupada y, consecuentemente, se engrosaran las franjas de la población sobrante. En pocos años las tasas de desocupación y subocupación que rondaban entre 8% y 9% de la población económicamente activa en 1990, saltaron a 18% y 12% respectivamente en 1995; y mientras que 29% de las personas se mantenían bajo el nivel de pobreza en 1991, diez años más tarde la marca subiría a 35% (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos). Así el fin de siglo en Argentina se presentó con las reglas fundamentales de un modelo de acumulación que, como define Borón (2000: 128), "cuando 'funciona bien' genera desocupación [...] y niveles crecientes de pobreza, desigualdad y polarización social y empobrecimiento".

En este marco, miles de protestas comenzaron a registrarse en el país con una gran frecuencia. En lo que consideramos un análisis concreto de la protesta durante la década de 1990 tomamos el trabajo de Cotarelo e Iñigo Carrera (2004), en el que contabilizan un total de 7,643 hechos en el periodo 1993-2001. Allí distinguen tres momentos con diversos grados de movilización de quienes protagonizan ese ciclo de protesta:¹

Esta metodología fue considerada un "repertorio novedoso" de acción colectiva (Auyero, 2002 y 2003; Svampa y Pereyra, 2005) y el eje de consolidación de identidades colectivas nuevas y de convergencia de un heterogéneo conglomerado de actores sociales (Schuster y Pereyra, 2001; Giarraca y Bidaseca, 2001; Massetti 2004). Fue adoptada por decenas de movimientos de trabajadores desocupados (MTD) en todo el país, que a fines de la década de 1990 confluyeron en un complejo y abarcativo Movimiento Piquetero. Así se denominó a la organización —en el ámbito mayormente urbano— de las fracciones más contestatarias del movimiento obrero desocupado. Políticamente, en el Movimiento Piquetero convergen raíces ideológicas diversas (desde el peronismo hasta la izquierda trotskista), y desde allí se impulsaron una no menos diversa cantidad de objetivos que iban desde el reclamo por planes de trabajo y recursos para microemprendimientos hasta la militancia por un cambio social a largo plazo. Su punto de mayor expansión fue a inicios de 2000, producto de un proceso de organización política y del progresivo aumento en la cantidad de sus integrantes.

Si bien no podríamos afirmar que el piquete o corte de rutas y caminos se trata de una herramienta estrictamente nueva,⁴ es posible hallar elementos particulares en los cortes de ruta desplegados durante la década de 1990 en Argentina: resurgieron como la herramienta central en una serie de luchas defensivas de las condiciones de vida, por la recuperación del trabajo y de bienes materiales básicos para la supervivencia. En tal sentido, el carácter "novedoso" del piquete radica no en el método en sí mismo, sino en la dinámica que adopta en una coyuntura política y económica distinta: se utilizó sistemáticamente como tribuna de difusión de demandas, con la intención no de paralizar la producción de un establecimiento, sino de interrumpir la circulación de personas y mercaderías sentando un posicionamiento territorial en distintas localidades del país. En algunos casos los cortes de ruta fueron dispositivos de enfrentamiento en puebladas que se mantuvieron por varios días y que involucraron a decenas de miles de personas. Principalmente en aquellas ciudades en las cuales la reforma del Estado (el conjunto de medidas que llevaron a la adquisición del patrimonio público por parte de capitales privados nacionales y extranjeros) generó altísimas tasas de desocupación que hicieron estragos en las economías regionales.

Atendiendo a lo dicho, veamos la evolución de este tipo de protesta distinguiendo dos variables: a) la incidencia de objetivos de tipo económico en los reclamos y b) la movilización de trabajadores ocupados y desocupados:

Como se observa, este tipo de protestas se acrecienta al ritmo de la crisis económica general, siendo los objetivos de corte económico y salarial los predominantes en el transcurso de los años. Se trata de reclamos salariales, por puestos de empleo y por subsidios al desempleo, por planes de trabajo y planes alimentarios, en contra de despidos, del ajuste, del trabajo no registrado legalmente o contra la flexibilización laboral. Al mismo tiempo, el aumento en la frecuencia de los cortes se vincula indefectiblemente a la progresiva consolidación del Movimiento Piquetero, el cual asienta definitivamente este método de lucha como estrategia de reclamo.

Si bien los reclamos laborales y económicos prácticamente abarcan la totalidad de objetivos en el lapso 1996-1998 y siguen ocupando la gran mayoría en los años siguientes, progresivamente se han ido integrando otros objetivos. Es en 2001 cuando esta característica se da con mayor fuerza: los cortes de ruta fueron impulsados por sujetos que reclamaban por la refinanciación de deudas contraídas principalmente con empresas financieras, reclamos referidos a la educación pública, por la liberación de presos políticos, en contra de la represión, para evitar desalojos de viviendas tomadas, etc. Aunque estos reclamos tienen un trasfondo evidentemente político y económico inseparable de la crisis económica de esos años, los separamos para contrastarlos con los reclamos que estrictamente pueden ser considerados salariales, laborales y económicos, es decir, directamente vinculados a las condiciones de existencia.

En cuanto a los sujetos que impulsaron los reclamos, los trabajadores ocupados y desocupados aumentan su participación de manera casi directamente proporcional al total de acciones realizadas en el periodo seleccionado, que toca un pico en el año 2001 con más de 1,000 cortes registrados. Es justamente en ese año cuando se registró la mayor distancia entre los cortes realizados por asalariados y aquellos en los cuales participan otros sectores: provenientes de la pequeña burguesía urbana, estudiantes, productores agrarios, jubilados. Así y todo, participan trabajadores en 72% del total de cortes registrados ese año.

Por otra parte, la participación de trabajadores ocupados en este tipo de protestas tuvo un grado significativo, lejos de lo que podría suponerse a priori sobre el protagonismo de los movimientos de trabajadores desocupados y del Movimiento Piquetero. A lo largo de todo el periodo seleccionado su participación promedió 27 % del total de cortes de ruta. En 1996 fueron 13 hechos de un total de 29 (44%), llegando a participar en 37% de los cortes registrados todavía en el año 2000. En 2002, en plena crisis económica y con los indicadores de desocupación en su marca más alta, es cuando se registra la menor participación de asalariados ocupados con 18 % del total de cortes.

La merma del total de los cortes comienza en 2002 y suponemos que se combinan tres elementos para que ello ocurriera, de carácter coercitivo/disciplinatorio: 1) la represión aplicada durante la insurrección popular de diciembre de 2001 en la cual se registran cerca de 40 muertes y centenares de heridos y detenidos en todo el país, 2) la política estatal de mayor control a las organizaciones piqueteras más radicalizadas, cuyo momento de mayor expresión se vivió con la conocida "Masacre de Avellaneda" en junio de 2002⁵, y 3) como consecuencia de este último suceso, el proceso de retroceso y fractura de un importante sector del arco de organizaciones populares. Detengámonos entonces en la intervención de la violencia institucional en este tipo de protestas.

La respuesta estatal

Muchas de las protestas tienen resoluciones pacíficas luego de que sus objetivos son atendidos por los agentes de gobierno y resueltos en plazos que varían dependiendo de la viabilidad de esos objetivos que se reclaman, de los actores involucrados y de la capacidad de gestión. Otras decaen o se extinguen luego de que los manifestantes son ignorados deliberadamente, con el objetivo de desgastar los reclamos que el poder político presupone inviables. Otro tipo de respuestas es la represión, cuando además de considerarse inconducentes los objetivos que se reclaman, se coloca en un lugar de peligrosidad relativa a los sujetos que las impulsan. En este último camino se halla una parte de las manifestaciones signadas por el corte de rutas, quizás uno de los epicentros de las políticas represivas durante la década de 1990.

Muchas de las protestas dominadas por esta metodología que fueron reprimidas dejaron un saldo de centenares de detenidos/procesados, heridos y hasta manifestantes muertos. El principal argumento que esgrimieron los gobiernos fue que ese tipo de protestas coartaban no sólo la libertad de los ciudadanos, sino que también interrumpían el circuito comercial nacional e internacional de mercancías, perjudicando el normal desenvolvimiento de la economía.⁶

Sin embargo no es esa metodología la que hace determinante que una protesta finalice en represión. De hecho las protestas que finalizaron con enfrentamientos físicos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad no fueron la mayoría dentro de los miles de hechos registrados durante el periodo de definitiva instalación de las medidas económicas "neoliberales". Si nos ubicamos nuevamente en el periodo comprendido entre enero de 1996 y diciembre de 2002, apenas 5.8 % de las protestas fueron reprimidas, de un total de 10,650. Si tomamos sólo aquellas que incluyeron cortes de ruta la proporción aún es menor, con 3.4 % de enfrentamientos en un total de 2,723 cortes de ruta en el mismo periodo. Es decir, los choques entre manifestantes y fuerzas de seguridad no fueron el común denominador en las protestas, evidentemente.

Entonces, ¿cuáles fueron los factores determinantes para que sólo un porcentaje tan bajo de manifestaciones haya registrado enfrentamientos? Para introducirnos en ese punto retomamos el estudio sobre la violencia colectiva realizado por Charles Tilly (2007: 41-49). Allí el autor diferencia acciones que pueden ser toleradas o prohibidas según el grado de democracia de los regímenes y de acuerdo con la capacidad de gobierno y de control sobre la población. A partir de estas premisas distingue los regímenes democráticos con capacidad alta o baja, y los no democráticos con la misma variación de capacidad: en los regímenes democráticos de capacidad baja se toleran una cantidad mayor de actuaciones y se prohíben o reprimen una cantidad menor, comparados a los regímenes autoritarios, desde ya. Una de las modalidades que describe en torno a la violencia institucional es la específica de las manifestaciones: aquellos reclamos que comienzan siendo pacíficos y que en un porcentaje mínimo terminan en choques violentos son las negociaciones rotas (Tilly, 2007: 195-206), concentraciones que en un principio cuentan con la "tolerancia" y que implicaban cierto acuerdo con las autoridades hasta que el mismo es fracturado.

Por su parte, y también sobre las formas que adquieren las acciones colectivas de protesta, Sydney Tarrow (1997: 183-195) contempla: 1. Las acciones violentas, que son las más antiguas y relativamente fáciles de realizar puesto que implican una menor organización —aunque para el autor son menos efectivas ya que desatan procesos represivos—;⁷ 2. Las acciones organizadas y convencionales, generalmente no violentas y de grandes proporciones en donde se reúnen multitudes con estrechos lazos de solidaridad, como las huelgas o manifestaciones pacíficas con objetivos económicos; y 3. Por último menciona las acciones colectivas disruptivas, que se basan fundamentalmente en la generación de incertidumbre hacia las élites, es decir, no son violentas pero pueden llegar a serlo y se mantienen en un lapso poco determinado de tiempo en el que se emplean mecanismos de manifestación poco convencionales.

Si seguimos las tipologías hechas por ambos autores, podríamos sugerir que los cortes de ruta conformaron una acción de protesta disruptiva que por su frecuencia y expansión fueron convirtiéndose con el transcurso del tiempo en un tipo de manifestación organizada convencional. En circunstancias muy específicas esas manifestaciones en principio pacíficas implicaron un momento de negociación rota con el poder político, por lo cual finalizaron en represión.

De modo similar al gráfico anterior, al contabilizar los cortes de calles y rutas reprimidos también sobresale el año 2001. Además de incluir la mayor cantidad de hechos, se registra un arco heterogéneo de sujetos que los llevaron a cabo con una mayor diversidad de objetivos: protestas contra la llegada de pobres en diversos barrios de la ciudad, por la libertad de presos y procesados políticos, en contra del desalojo de viviendas o en contra de aumento de precios de productos o servicios. Es decir que la acción represiva se expandió a diversos reclamos en un periodo en el cual la crisis económica y política llegó a su punto culminante.

Fuera de 2001, la represión año a año ha sido efectuada prácticamente en su totalidad sobre trabajadores ocupados y desocupados que elevaron reclamos salariales, laborales y otros de corte económico que, como señalamos más arriba, incluyen reclamos por subsidios al desempleo, por planes de trabajo y planes alimentarios. Representan más de 70% de las acciones de protesta durante todo el periodo, y en los años 1998, 1999, 2000 y 2002 representan el total.

Podríamos decir que esta situación responde a una tendencia estadística: con cortes de ruta llevados a cabo mayormente por asalariados con objetivos económicos (gráfico 1), los que fueron reprimidos en su mayoría también poseían esas características. Los picos represivos coinciden con los años en los que se desataron altas intensidades de enfrentamientos, en 1997, 2000 y 2001; en las provincias de Neuquén y Salta entre otras; casos en los que se registraron manifestantes muertos como consecuencia de la represión.⁸ En 1997 sobresalen, además de las protestas reprimidas en Neuquén (un total de 10), otras realizadas en provincias como Santa Fe, Salta o en la Capital Federal y sus alrededores.

Recapitulando, vemos que el esquema de conflicto en las protestas plasmadas mediante el corte de rutas estuvo protagonizado por asalariados ocupados y desocupados en reclamo por objetivos directamente vinculados a la crisis económico-política (gráfico1), características también predominantes en aquellos cortes que fueron reprimidos (gráfico 2).

Represión y criminalización de la protesta. Proyección en el nuevo siglo

Sin embargo, y como mencionamos más arriba, la inmensa mayoría de los cortes de ruta que no fueron reprimidos reunieron a protagonistas y objetivos con características similares a los que sí lo fueron. ¿Qué variables intervinieron en los casos en que se aplicó la violencia institucional? Una hipótesis es que la represión se ejerció sobre aquellos sujetos y organizaciones con menos lazos de negociación con los gobiernos —provincial o nacional— de turno, y que conformaron un esquema de alianzas con otras fracciones sociales que se tornaron "intolerables" para el poder político, representando cierta "peligrosidad".

En otros estudios (Artese, 2010, 2009 a y b) se ha verificado que en los cortes de ruta con altas intensidades represivas ocurridos en los años 1997, 1999, 2000, 2001 y 2002 se registraron vejaciones, violación de domicilios, torturas, amedrentamientos, amenazas, simulacros de fusilamiento. Simultáneamente se registró una producción discursiva que tuvo por objetivo denostar moral y políticamente a los manifestantes y sus acciones de protesta. Se difundieron mensajes que rescataban imágenes referidas a la lucha antisubversiva, basada en la caracterización de algunos manifestantes como infiltrados políticos (siempre vinculados a agrupaciones políticas de izquierda),⁹ al tiempo que se calificó a los reclamos como ilegítimos, ilegales o delictivos. En esos casos la violencia física se perpetró junto a una violencia del lenguaje (Žižek, 2009), basada en la construcción de identidades y sentidos de un otro peligroso que eventualmente se tornó merecedor de castigo.

Desde ya, no podríamos plantear una relación causal entre la producción simbólica alrededor de los cortes de ruta y la manera en que éstos fueron reprimidos. Sin embargo, aquella estigmatización de tipo moral, política e ideológica puede ser tenida en cuenta para entender por qué para los sectores política y económicamente dominantes algunas protestas muy específicas fueron plausibles de ser reprimidas. Notablemente, las caracterizaciones que circularon antes, durante y después de los cortes de ruta con altas intensidades de enfrentamiento (es decir, aquellos que dejaron como saldo manifestantes muertos, heridos y detenidos), estuvieron acordes con esa clase de acciones represivas: las acusaciones sobre infiltración política y las caracterizaciones negativas sobre las ideologías de izquierda acompañaron una violencia con rasgos de represión antisubversiva. Esquema discursivo y político que estuvo presente en otras etapas de la historia política en las que el conflicto social también adoptó altas intensidades de enfrentamiento, particularmente durante la década de 1970 previamente a la dictadura militar iniciada en 1976. Es decir que la sociogénesis de ese tipo de caracterizaciones debemos buscarla en un conocimiento ideológico anterior, en un "ser social" producto de una historia de enfrentamientos precedentes.¹⁰

De modo que en las protestas con enfrentamientos violentos se difundió una producción discursiva que colocó a los manifestantes como no ciudadanos por un periodo determinado de tiempo y que, junto a una red de justificaciones de esa violencia, probablemente tuvo la intención de generar un consenso represivo en el resto de la población. Así, luego de que los cortes de ruta se constituyeran a través de los años como una de las herramientas prominentes de las luchas populares, la terminología "piquetero" (relativo a los piquetes o barricadas) terminó por instalarse en pocos años como sinónimo de vandalismo, infiltración política o reclamos injustificados. Ese imaginario ha influenciado en el escenario, distinto por cierto, del conflicto social en el inicio del nuevo siglo. Ensayemos la hipótesis con algunos casos.

A partir de 2003 se abre un ciclo expansivo de la economía con una consecuente disminución relativa en los índices de desocupación, tanto en el sector informal como en el formal. Ese reordenamiento en las condiciones materiales de producción y reproducción del capital generó, consecuentemente, una reconfiguración en la composición social del conflicto en comparación con los años precedentes: el esquema retornó a una figura más "clásica", principalmente mediante paros y huelgas. En una rápida revisión podemos decir que a partir de 2002 las protestas llevadas a cabo por trabajadores desocupados fue decreciendo paulatinamente: de un total de 1,825 hechos realizados por asalariados en 2002 los desocupados estuvieron presentes en 44.2 % de los casos; mientras que en 2007 esa marca baja abrumadora-mente hasta representar 2% en el total de 1,210 protestas. En cuanto a la metodología de manifestación, el corte de rutas y caminos significó 29% dentro del total de protestas realizadas en 2002 (unas 3,444), mientras que en 2007 dicho dispositivo de protesta estuvo presente en 17.5% del total de 2,496 casos efectuados ese año.¹¹ En contrapartida, la participación sindical y de trabajadores ocupados ha ido creciendo: mientras que en 2002 los sindicatos intervinieron en 18.8% de las protestas, en 2007 lo hicieron en 44.6%. Por su parte, los trabajadores ocupados intervinieron en 39% del total de protestas realizadas por asalariados en 2002, mientras que en 2007 lo hicieron en 96.4% de los casos (PIMSA, 2007: 233-237).¹²

¿Qué lugar ha ocupado la violencia institucional en el conflicto social durante este periodo más reciente? Aunque las protestas fueron menos reprimidas en comparación con la década de 1990, también existieron determinados hechos que fueron "inaceptables" para el poder político. En los casos reprimidos que registraron altas magnitudes de enfrentamiento, también se produjo una difusión discursiva que estigmatizó política, moral o ideológicamente a los protagonistas de los reclamos.

En abril de 2006 durante una huelga de trabajadores del subterráneo de Buenos Aires por reclamos salariales, el Ministerio del Interior movilizó a efectivos de la Policía Federal que realizaron un desalojo violento de los manifestantes que interrumpían la circulación de trenes. El conflicto se extendió por el surgimiento de un gremio alternativo al sindicato tradicional, la Unión Tranviaria Automotor, y en mayo de 2007 los dirigentes de dicho gremio alternativo —pertenecientes a listas de izquierda— fueron objeto de singulares acusaciones: "[es necesario] mano firme y sancionar a estos grupos que extorsionan al Gobierno. El Partido Obrero (de extracción trotskista), que en otros momentos paralizaron el [hospital de niños] Garrahan y extorsionan todos los días a la democracia" (Ministro de Salud Ginés González García, diario Página 12, 18-05-07). En noviembre de 2009, un nuevo repunte del conflicto motivó que el secretario adjunto de la Confederación Argentina del Trabajo (CGT) califique a la comisión interna de trabajadores como la "zurda loca que manejan desde afuera", refiriéndose con ese eufemismo a los trabajadores de izquierda (diario Clarín, 12-11-2009).

En abril de 2007 en la provincia norpatagónica de Neuquén, una protesta de maestros nuevamente terminó en represión con el saldo de un docente asesinado por las fuerzas de seguridad provinciales. Tras la muerte del maestro Carlos Fuentealba se publicó: "sabemos que hay activistas que están [...] ofreciendo 50 pesos y comida para venir esta anoche a hacer desmanes en el centro" (Jorge Sobisch, gobernador de Neuquén, Diario La Mañana del Sur, 6-4-2007). Durante todo el conflicto se produjeron caracterizaciones sobre lo excesivo, intransigente e ilegítimo de la protesta, sobre la violencia que implicó la interrupción del tránsito y, una vez más, sobre el carácter foráneo de "gente que no parece ser docente" (Diarios Río Negro y La mañana del Sur, del 30-3-07 al 6-04-07).

En septiembre de 2008 una protesta de usuarios de trenes que derivó en la quema de ocho vagones, nuevamente generó acusaciones que vincularon lo delictivo con las ideologías de izquierda. Se aseguró que los desmanes fueron producto de un "sabotaje, un atentado [...] una situación armada y premeditada por militantes del Partido Obrero" (Ministro de Interior Florencio Randazzo y el Ministro de Justicia y Seguridad Aníbal Fernández, diario Clarín, 5-09-08). Las acusaciones también involucraron a activistas del Movimiento Socialista de los Trabajadores y fueron difundidas sin ningún tipo de pruebas, inmediatamente después de los hechos.

En septiembre de 2009 una parte de los operarios de la filial argentina de la fábrica norteamericana de alimentos Kraft entró en conflicto con la empresa a raíz del despido de 160 trabajadores. La protesta, efectuada mediante el corte de autopistas además de sucesivos paros, derivó en una represión que terminó con decenas de heridos y 65 trabajadores detenidos y procesados. Luego de los hechos, el juez que ordenó la represión declaró que la protesta de los trabajadores se convirtió en "en un actuar violento y arbitrario" (Juez de Garantías Ricardo Costa, diario Clarín, 25-09-2009); mientras que el líder de la CGT Hugo Moyano advirtió que las comisiones internas de los trabajadores se "politizaron y comienza a intervenir la ultraizquierda" (diario La Nación, 22-09-2009).

Consideraciones finales

La protesta social de fin de siglo XX en Argentina se ha presentado como un campo de superficie cambiante, a tal punto que los métodos, objetivos y protagonistas de los episodios que dieron forma al ciclo eventualmente son caratulados como nuevos. Sin embargo, encontramos una novedad relativa si nos detenemos en el núcleo del problema: la protesta estuvo protagonizada por fracciones asalariadas con objetivos económicos en un marco de imposición de un patrón económico y social excluyente. Una parte de los reclamos se llevaron a cabo mediante el corte de rutas y caminos, y dentro de éstos, una fracción fue objeto de la violencia estatal.

La tendencia que sobresale en aquellas protestas en las que se registraron enfrentamientos es que fueron protagonizadas por sectores subordinados que se convirtieron en inadmisibles para el poder político, que apeló a una potencial "peligrosidad" representada en el perfil ideológico de los manifestantes que tornaron las acciones como indefectiblemente negativas. La concordancia entre niveles de mayor violencia física y estigmatización ideológico-política se dio mayormente en protestas que se sostuvieron durante periodos más extensos, como las "puebladas" realizadas en distintas provincias del país que duraron varios días y hasta incluso semanas. O en las protestas impulsadas por sujetos que conformaron grados progresivos de organización política, como lo fue el Movimiento Piquetero. Es decir, momentos en los que las fracciones subordinadas de la sociedad experimentaron una paulatina organización política y dejaron de presentarse como "cuerpos dóciles".¹³ En las antípodas de este escenario, los cortes de calles y rutas impulsados por fracciones de la pequeña burguesía no parecieron representar un marco político peligroso, aunque los métodos y los recursos utilizados sean los mismos e incluso mucho más profundos.

Este es un factor necesario para entender tanto las protestas reprimidas en la década de 1990 como las acontecidas con la reestructuración económica posterior a 2003. Así, los conflictos sindicales surgidos en la última década —que no alcanzaron los grados de violencia y la frecuencia que sí tuvieron en años precedentes— exhiben una concordancia entre represión política y las caracterizaciones negativas sobre quienes reclamaban.

De modo que el plano simbólico se presenta como una de las llaves que permitirían elucidar las razones de la aplicación discriminada de la violencia institucional. Vale decir que el discurso del orden opera incluso cuando no existe el uso de la fuerza en forma directa, pero se evidenció cualitativa y cuantitativamente mucho más en esos momentos, al estigmatizar ideológica, moral y políticamente a los sujetos sobre los cuales se aplicó una acción represiva.

Así, lo que hoy conocemos como criminalización de la protesta —o el conjunto de características perniciosas sobre los sujetos que protagonizaron una parte de los reclamos— puede ser entendida como un proceso permanente que se acentúa en determinados momentos y que al mismo tiempo rescata elementos ideológicos latentes que se construyeron a lo largo de una historia de confrontaciones que exceden a las protestas en sí mismas. Puede ser rastreada en aquellos casos que fueron intervenidos con la violencia estatal y, a su vez, permite avanzar en el conocimiento de las características que reúnen las manifestaciones que estuvieron sujetas a políticas represivas.

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Notas

1. Los autores se basan no en la cantidad de hechos de protesta por periodo sino en el grado de alianzas de los sectores asalariados con otras fracciones sociales, es decir, su grado de unidad o aislamiento (Iñigo Carrera, y Cotarelo, 2000: 173-183). Siguiendo ese análisis, en el primer periodo se registra un alza de hechos marcado por la consolidación de acciones y agrupaciones de los sectores asalariados. En el segundo prevalecen las acciones impulsadas por fracciones de la pequeña burguesía; y en el tercer periodo, nuevamente ascendente, se destaca el desarrollo del Movimiento Piquetero como manifestación del proceso de organización de los sectores asalariados.

2. Su alcance trascendió tanto a los sectores que originalmente adoptaron esta herramienta de manifestación, como el periodo de mayor presencia, que es el que aquí trabajamos. El puente internacional "San Martín" sobre el río Uruguay une la ciudad argentina de Gualeguaychú y la uruguaya Fray Bentos, y fue interrumpido en 2006 por más de tres años en repudio a la instalación de una fábrica finlandesa de pasta celulosa emplazada en el margen uruguayo. Esa interrupción del tránsito de personas y mercaderías fue impulsada por organizaciones ambientalistas, cámaras de comerciantes y empresariales e inclusive por funcionarios políticos locales. Otro ejemplo aconteció durante la primera mitad de 2008, cuando miles de cortes de ruta fueron desplegados por productores agrícolas en protesta contra el gobierno por la retención fiscal de un porcentaje del volumen de divisas generadas por la exportación de granos. La acción del Estado en este tipo de protestas estuvo en las antípodas de la acción desplegada en los episodios que trataremos en este artículo. Diferencia condicionada —suponemos— por los sujetos que protagonizaron esas protestas, por sus alianzas con otras fracciones sociales y por los objetivos que impulsaron.

3. Un informe del año 2002 elaborado por el Centro de Estudios Nueva Mayoría arroja datos similares. Los cortes de ruta contabilizados en 1997 fueron 140, pasando a ser 51 en 1998. A partir de allí fue en constante crecimiento: 252 en 1999, 514 en 2000, 1383 en 2001 y 1609 hasta el mes de junio de 2002 (diario La Nación, 28-06-2002). Un aumento de la frecuencia de más de 1000% en menos de cinco años.

4. La barricada o piquete se registra en las rebeliones y revoluciones proletarias a lo largo y ancho de la Europa del siglo XIX. También estuvo presente a lo largo de la historia del conflicto social en Argentina del siglo XX con gran presencia en las revueltas populares de fines de I960 y comienzos de 1970 conocidas con el sufijo "azo": Cordobazo, Rosariazo, Tucumanazo, etcétera.

5. Así se denominó a la represión acontecida en la localidad bonaerense de Avellaneda, a escasos kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Allí confluyeron las fracciones más contestatarias del Movimiento Piquetero en una jornada que finalizó con la intervención de diversas fuerzas de seguridad que enfrentaron a las columnas de manifestantes y dejaron como saldo luego de la represión a dos jóvenes militantes muertos, además de decenas de heridos con balas de plomo y decenas de detenidos-procesados.

6. La función coercitiva del Estado se evidencia en estos casos como regente del I modelo económico. Al respecto Meiksins Wood (2000: 55) señala que "no es el capital en sí, sino el Estado, el que se hace cargo del conflicto de clases cuando intermitentemente rebasa los muros y adopta una forma más violenta. El poder del capital generalmente permanece en segundo plano; y cuando el dominio de clases se hace sentir como una fuerza coercitiva directa y personal, surge la apariencia de un Estado 'autónomo' y 'neutral'."

7. Se refiere a revueltas durante ciclos de protesta, sin introducirse en los procesos revolucionarios en los cuales la violencia no sólo puede ser efectiva y organizada, sino que incluso puede abrir un periodo de cambio de estructuras políticas, sociales y económicas.

8. Es menester mencionar que en las ciudades de Cutral Có y Plaza Huincul (Neuquén) y General Mosconi y Tartagal (Salta) existen grandes yacimientos de petróleo y gas. La empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) aglutinaba gran parte de la masa obrera de dichas regiones y, luego de ser privatizada a inicios de la década de 1990 y de ser reestructurada en su planta laboral, generó que se acrecentaran las tasas de desocupación a niveles nunca vividos con anterioridad. Son ciudades en las que justamente comenzó a conformarse el Movimiento Piquetero y donde se dieron algunas de las protestas de más alta intensidad.

10. Más allá de la primera mitad de la década de 1970, una de las etapas de mayor confrontación política y social en Argentina, podríamos referirnos a la represión de obreros conocida como la "Semana Trágica" en enero de 1919, de la cual todavía se desconoce la cantidad de muertos que hubo. En esa ocasión se desató un verdadero pogromo (del ruso pogróm: matanza, masacre) contra la colectividad judía en Buenos Aires, y también operó una estigmatización ideológica y étnico-cultural que justificó la acción de bandas armadas que expoliaron sinagogas y bienes de inmigrantes judíos en gran parte provenientes de Rusia, fuertemente vinculados a la revolución bolchevique y a ideologías apátridas.

11. Según un estudio de la consultora Nueva Mayoría, el año 2009 registró un aumento en dicha metodología con 2,050 interrupciones del tránsito en los primeros nueve meses del año. Se ubica por detrás de 2008, con 5,608, y 2002, con 2,336 (diario La Nación, 1-10-2009).

12. Muchas de esas protestas realizadas por trabajadores ocupados se plasmaron nuevamente mediante el corte de rutas, establecido en el nuevo siglo como una de las herramientas más populares de manifestación.

13. En su obra Vigilar y castigar, Foucault (1989: 142) señala que los dispositivos de control minucioso del cuerpo en la modernidad "fabrican" sujetos disciplinados. Se podría pensar que durante los procesos de conflictividad social algunos de los términos que Foucault describe acerca de la disciplina sobre los cuerpos sometidos, se invierten. Ante un amotinamiento o rebelión social se disminuyen las fuerzas del cuerpo en términos económicos de utilidad y productividad, y se aumentan esas mismas fuerzas en términos políticos de desobediencia.