La resistencia política en México: reflexiones sobre sindicalismo, movimientos sociales y el instrumento de la convergencia

The political opposition in Mexico: reflections on trade unionism, social movements and the instrument of convergence

Jaime Torres Guillén*

* Licenciado en Letras por la Universidad de Guadalajara. Maestro en Filosofía Social por el ITESO. Profesor del Instituto de Formación Filosófica Intercongregacional de México y director de la revista Piezas, en diálogo filosofía y ciencias humanas. Actualmente es candidato a doctor en ciencias sociales por el CIESAS-Occidente. torresguillen@hotmail.com.

Fecha de recepción: 15 de abril de 2010
Fecha de aceptación: 11 de mayo de 2011

Resumen

El siguiente artículo pretende mostrar al lector que en México, la lucha política e ideológica es y ha sido muy rica en experiencias. Aunque en los últimos años se ha intentado invisibilizar y en ciertos momentos se ha criminalizado la lucha sindical y social, ésta no ha dejado de mantenerse en la resistencia ante los poderes fácticos. El trabajo muestra de manera muy sintética, el desarrollo histórico por el que el sindicalismo mexicano ha pasado frente al poder estatal y patronal. En cuanto a los movimientos sociales, da cuenta de su teorización y diversidad, especialmente bajo la categoría polisémica y poco clara de sociedad civil.

Palabras clave: sindicalismo, movimientos sociales, sociedad civil, convergencia, México.

Abstract

The following article tries to show the reader that in Mexico, the ideological and political struggle is and has been very rich in experiences. Although in the last years, some attempts have been made to make invisible and at certain moments the trade union and social struggle has been criminalized, it carries on standing against the extraparlamentary political powers. The work shows in a very synthetic way the historical development through which Mexican trade unionism has passed as opposed to the state and patronal power. As for the social movements, it reports its theorizing and diversity, especially under the polysemic and little clear category of civil society. The argument is kept that the social movements in Mexico have been the product of the reactivation of the civil society against the authoritarian political society. Deep in the essay, it is proposed to think about the convergence instrument with which the trade unions and the different civil institutions could stand against the political and economic crisis into which the project of the present-day government, ally of the patronal and ecclesiastic elite, has plunged the country.

I. El papel histórico del sindicalismo en México

En la segunda mitad del siglo XIX el sindicalismo mexicano comenzó su gesta. El movimiento obrero en la época porfirista, aunque fue modesto, opuso resistencia a la situación de miseria, desigualdad y marginación política que cundía en la época. Ya a principios del siglo XX es muy conocida la historia que hunde la raíz en el movimiento sindical en el país, a saber, la huelga de Cananea en 1906 y de Río Blanco en 1907 respectivamente. El papel del Partido Liberal Mexicano fundado, entre muchos otros, por Ricardo Flores Magón, fue decisivo en estas huelgas (González Guerra, 2006: 19).

Posteriormente la fundación de la Casa del Obrero Mundial en 1912 y la creación del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) en 1914, aparecen en la historia del sindicalismo mexicano como una muestra de la combatividad y fuerza que el movimiento obrero, sindical y de los trabajadores en general, representa en la historia de México. Pero si de combatividad y estoicismo político se trata:

La década de los treinta del siglo pasado fue crucial para el país y para el movimiento sindical. La crisis económica que estalló en todo el sistema capitalista a partir de 1929 y que se prolongó hasta bien entrada la década, también afectó a México, de manera que los trabajadores reaccionaron con acciones y movilizaciones para resarcir la pérdida del poder adquisitivo, de sus salarios, pero además, invocando la Ley Federal del Trabajo de 1931, empezaron a exigir la firma de contratos colectivos en las empresas y la sindicalización de los trabajadores, de manera que en varios sectores se llevaron procesos de unidad que culminaron con la constitución de sindicatos nacionales como el ferrocarrilero en 1933, el minero metalúrgico en 1934, el petrolero en 1935 y la Confederación de Trabajadores de México en 1936 (González Guerra, 2006: 24).

Voces dentro y fuera del gobierno pedían mano dura contra estos movimientos de los trabajadores. Sin embargo, en esos momentos la fortaleza del movimiento sindical estaba a todas luces muy por encima de la percepción que ahora se tiene de los mismos.

Por ese entonces, el llamado a la unidad y la alianza que se llevó a cabo durante el Congreso Nacional de Unificación Obrera y Campesina convocado por el Comité Nacional de Defensa Proletaria en el mes de febrero de 1936, fue crucial para esta fortaleza. Los nombres de personajes entrañables del movimiento obrero y sindical como lo fueron Valentín Campa y Vicente Lombardo Toledano representan una gloria para las luchas democráticas del sindicalismo en México (González Guerra, 2006).

Por su parte los callistas, el gobierno de Lázaro Cárdenas (1934-1940), empresarios, banqueros y la jerarquía católica, también tejieron alianzas para detener la correlación de fuerzas que se gestaba en la lucha de clases a favor del movimiento sindical (León, 1985). En este aspecto —tal y como Jorge Alonso lo afirma en su análisis sobre las élites y clases sociales en el periodo formativo del México moderno (1925-1945) (Alonso, 1976)—, fue a través del aliciente a la inversión que la élite política del país tejió alianzas con la burguesía y sus élites (comercial, industrial y financiera) y comenzó a desplazar a la élite terrateniente. El efecto fue que la industrialización se genera en concreto (Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos, Nacional Financiera) no sólo bajo un control de los medios de producción, sino también por medio de la neutralización de la lucha de clases.

Ahora bien, la burguesía mexicana como clase llega a consolidarse en el periodo de Ávila Camacho debido, principalmente, a la alianza de la élite política con la élite industrial, además de la conversión de los militares en empresarios y de la conformación de una élite de líderes obreros y campesinos ya corporativizados. De hecho la burguesía también se organiza en la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco), la Confederación Patronal de la Republica Mexicana (Coparmex) y la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), principalmente, para generar fuerza frente a la élite política con la intención de que el Estado beneficie a la iniciativa privada y para defenderse jurídica y coercitivamente de cualquier praxis obrera.

Pero una década más tarde el movimiento sindical se reanima. En 1958 recobran fuerza los ferrocarrileros, maestros, universitarios, petroleros, telegrafistas, contra viento y marea: la crisis de la agricultura nacional, disminución de la producción, baja de salarios y cláusula de exclusión en la Ley Federal del Trabajo (Semo, 1982).

Los nombres de Othón Salazar y Demetrio Vallejo circularon por aquella época como símbolo de la resistencia y la dignidad trabajadora. Sin embargo, la derrota del sindicalismo democrático y combativo está documentada (González Guerra, 2006: 32; Carr, 1996: 212-223). "La burocracia sindical oficial fue la gran vencedora. Las fuerzas desatadas en 1958 la habían puesto ciertamente en entredicho" (Semo, 1982: 61), pero el nacionalismo revolucionario ya inyectado en el sindicalismo y su idea de controlar el movimiento, alcanzó su cenit y en la década de 1960 el "charrismo" hegemonizó indisputadamente al movimiento sindical" (Semo, 1982).

Ante este hecho, el gobierno utilizó a las instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) para dar pruebas de su cumplimiento revolucionario en lo que respecta a las prestaciones sociales y así neutralizar la lucha de clases con semejante mediación corporativa. Para revelar la lucha sindical vinieron las clases medias que tuvieron su mayor relevancia en el movimiento estudiantil de 1968 (González Guerra, 2006: 32; Semo, 1982: 61).

En los años setenta y ochenta, respectivamente, a pesar del sindicalismo oficial, las huelgas obreras y de otros sectores continuaron (Basurto, 1989: 58-62): la del Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana en 1971; en ese mismo año, el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la UNAM; las luchas de "los trabajadores minero metalúrgicos en 1975 en la Fundidora de Monterrey, por violaciones al contrato colectivo de trabajo y en 1976-1977, en Altos Hornos de México, en Coahuila, por la democratización sindical y mejoras en la contratación colectiva" (González Guerra, 2006: 35) en 1984 se continuó con la huelga que organizaron los trabajadores de la refresquera Pascual y la de los trabajadores de Aceros Chihuahua, así como la de Volkswagen en 1987, entre otras. Pero es importante señalar que "las luchas que se dan en estos años son en su mayoría de carácter defensivo, en especial contra la pérdida del poder adquisitivo del salario, los topes salariales, violaciones a los contratos colectivos, los reajustes de personal y las políticas y reformas antisociales del gobierno" (González Guerra, 2006: 37).

Como es bien sabido, en el inicio del gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000) la crisis económica afectó a la mayoría de la población mexicana. Era el auge de las políticas neoliberales y el fin momentáneo del régimen priista. La fórmula presidencialista del régimen era sencilla: llamar a un nuevo pacto social principalmente con los sectores productivos dirigidos por las cúpulas empresariales y sindicales. "El pacto se logró, sin embargo tres organizaciones sindicales se negaron: el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la Confederación Obrera Revolucionaria (COR)" (González Guerra, 2006: 39).

Por ese tiempo en que la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) vio la luz en 1997, la avanzada de Zedillo procuró minar los sindicatos reformando la Ley del IMSS, creando la Administración de Fondos para el Retiro (Afores), impulsando —sin lograrlo— las reformas laboral, eléctrica y energética.

No fue hasta el sexenio foxista (2000-2006) en que la movilización de los sindicatos se reactivó ante la oleada neoliberal de la política del gobierno en turno. Los propósitos de esa política, especialmente en el rubro de lo laboral, fueron impulsados por la representación de Carlos Abascal, entonces secretario del Trabajo. Básicamente la idea se centraba en reformar la Ley Federal del Trabajo, privatizar la seguridad social y los fondos de pensiones, eliminar los contratos colectivos de trabajo y el derecho a la huelga, así como replantear la relación del sindicalismo corporativo con el Estado para mantener los topes salariales y retroalimentar la retórica de la llamada "nueva cultura laboral" (Ortega, 2006: 238).

Bajo la lógica de mantener la tasa de ganancia para la élite empresarial, la política laboral foxista buscaba flexibilizar las relaciones obrero-patrón a través de la precarización del mercado del trabajo (Ortega, 2006: 285), concretamente: desocupando puestos de trabajo, ampliando las funciones para un mismo empleado, reduciendo las indemnizaciones por despido, dificultando el derecho a huelga, corrompiendo a los líderes sindicales o apoyando o promoviendo sindicatos "blancos", todo para que estas acciones produjeran a su vez inestabilidad en el empleo y los sindicatos estuvieran en condiciones de negociar dicha iniciativa.

Así, los electricistas se opusieron a la reforma de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que permite concesiones a particulares para generar y vender energía eléctrica; los trabajadores afiliados al IMSS resistieron ante la ofensiva del gobierno por privatizar el sistema de pensiones y jubilaciones aunque sin tener éxito, sin embargo un buen número de trabajadores afiliados al ISSSTE continúan en su lucha mediante miles de amparos promovidos en contra de la nueva Ley del ISSSTE del 2 de abril de 2007, a pesar que en 2009 la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que la pensión que deben recibir los trabajadores inscritos al ISSSTE sería con base en la cantidad que la dependencia para la cual laboran pagó como cuota y no con base en el sueldo nominal del empleado. Esta resolución se basó, principalmente, en el hecho de que darles la razón a los trabajadores provocaría un problema financiero que impediría al ISSSTE cubrir las pensiones y las prestaciones correspondientes.²

Para muchos especialistas esta resolución jurídica estuvo sustentada en el argumento del ISSSTE que sostiene carecer de recursos económicos para pagar las pensiones a las que era condenado por los tribunales. A primera vista la institución, al no recibir las cuotas correctas, genera un déficit en sus recursos financieros. Pero al parecer el punto de la controversia no era ése sino corregir el incumplimiento de la ley, es decir, la contienda era si el problema se corregía "castigando a los servidores públicos impidiéndoles el derecho a reclamar ante ese instituto sus pensiones correctas u obligar al gobierno federal a pagar integralmente las cuotas en términos de ley. Se optó por el primer camino, en contravención a los principios que rigen nuestra legislación laboral".³

Otro rubro de la activación sindical recientemente fue el de la autonomía de los sindicatos y la defensa del contrato colectivo. El ejemplo de este último caso lo representa la lucha de los trabajadores de Euzkadi quienes al no aceptar el "proyecto de productividad" de la empresa basado en las políticas neoliberales, iniciaron una larga lucha sindical que habría de durar del 16 de diciembre de 2001 al 7 de enero de 2005, con el triunfo de los trabajadores al convertirse en copropietarios organizados como empresa cooperativa (Ortega, 2006: 297-298).

Con respecto a este mismo tema de la autonomía sindical, la disputa que se da al interior del Congreso del Trabajo (CT) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en el 2006 con la toma de nota al líder del Sindicato Ferrocarrilero, Víctor Flores Morales, para que permanezca en la presidencia del CT, grupos disidentes piden que se reconozca a Isaías González Cuevas como presidente del CT y a Napoleón Gómez Urrutia como vicepresidente del mismo organismo. Esto desata la furia gubernamental y la STPS desconoce a Gómez Urrutia como líder del sindicato minero. Hay una fractura: unos apoyan a la STPS y otros al CT reconociendo a Gómez Urrutia como líder de los mineros. El resultado es la creación del Frente Nacional por la Unidad y la Autonomía Sindicales (FNUAS).

La última embestida contra la lucha, la democracia y la autonomía sindical la realizó militarmente el actual Presidente de México, Felipe Calderón en contubernio con los partidos políticos, la burguesía y la población desinformada el sábado 10 de octubre del 2009, en contra del SME liquidando Luz y Fuerza del Centro (LyFC). A pesar de la parafernalia mediática, los argumentos de Calderón secundados por todos los medios de comunicación electrónicos y la mayoría impresos, se fueron derrumbando uno por uno.

Por ejemplo, que la empresa estaba en una situación económica deplorable era de suyo conocido por el gobierno. Se sabía desde sexenios anteriores. La pregunta aquí es si tal situación dependió del SME o del dueño, es decir el Estado quien era el que otorgaba los puestos a los 71 principales mandos; el que les pagaba 1 millón 400 mil pesos anuales; el que tenía la obligación de "modernizar" la empresa; el que ponía las tarifas a la energía y el que compraba un cierto porcentaje de energía a CFE a un precio alto, para luego pasarle la factura al consumidor.

La responsabilidad de la deficiencia de la empresa fue facturada al sindicato por una razón simple: era uno de los sindicatos que podía ofrecer resistencia a los proyectos privatizadores de la energía eléctrica y el negocio de la fibra óptica en ciernes.⁴

El gobierno de Felipe Calderón, sin mediación política alguna, vio agotadas las "vías institucionales" de negociación, pacto, alianza con los grupos y movimientos disidentes de este tipo. Y es que, a diferencia del PRI, el Partido Acción Nacional (PAN) nunca se ha interesado por la lucha sindical, ni por las grandes organizaciones de masas (Córdova, 1986: 44, 48); ante esta incapacidad política era necesario aplicar la "razón de Estado", es decir la violencia militar. ¿Por qué con el SME y no contra lo que queda del corporativismo sindical? Es muy probable que una de las razones haya sido la de visualizar la tradición combativa y el símbolo de lucha obrera que representa este sindicato, capaz de reavivar la resistencia del sector trabajador.

Todas las glorias y batallas de los sindicatos en México se pierden de vista ante el desprestigio que ocasiona el que algunos líderes acumulen riquezas a costa del Estado y el trabajador. La corrupción es y ha sido una constante en la historia del sindicalismo. También las prácticas antidemocráticas, el corporativismo y la falta de pluralismo político dentro de los gremios.

El que en décadas pasadas la lucha sindical fuera la columna de resistencia del pueblo trabajador y el movimiento obrero, ha perdido vigencia. El movimiento sindical también sufre su crisis, principalmente porque a falta de reproducción de cuadros políticamente formados, ha olvidado la historia y los principios sociales, éticos y políticos que le dieron origen.

Por otro lado, los cambios tecnológicos provocados por la llamada sociedad del conocimiento y ante la nueva organización del trabajo (ocupación de tiempo parcial, desempleo en áreas industriales y aumento en el sector de los servicios, reformas laborales, feminización de la fuerza de trabajo, migraciones, procesos de integración comercial) (González, 2006: 408-409) los sindicatos no han sabido del todo responder a tal situación con nuevas formas de organización y acción, plurales, democráticas, alternas e imaginativas.

Las relaciones clientelares y corruptas de los sindicatos heredadas de la cultura priista sólo sirven a las élites políticas y económicas del país. El sindicalismo mexicano necesita deshacerse de esta herencia y buscar alternativas estudiando las experiencias pasadas, pero también tejiendo alianzas a nivel global para aprender de otros movimientos y fortalecer los contrapesos frente a los poderes fácticos y el sistema capitalista.

Para ello se necesita preguntarse en serio si las organizaciones que integran el CT, la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y los grandes sindicatos nacionales están dispuestos a practicar una democracia interna, promover el pluralismo político, formar e informar políticamente a sus bases, plantearse un proyecto de nación y mantener una moral y solidaridad como valores en pro de la defensa y el bienestar de los agremiados.

También, al menos a corto plazo, se necesita que los sindicatos mexicanos independientes y democráticos se planteen una convergencia ante la fragmentación por la que sufren actualmente. En ella se tendrá que elaborar un plan de acción que se oponga a las medidas (pactos, alianzas, negociaciones clientelares) gubernamentales para calmar el reclamo social. Se deberá retomar la lucha por la autonomía sindical, contra las reformas privatizadoras de la seguridad social y los recursos energéticos del país.

Sin una plataforma política que no olvide la historia del movimiento obrero y al trabajador mexicano, que democratice sus prácticas, que defienda el empleo digno y el salario decoroso, la equidad de género, la defensa de las garantías constitucionales en materia de trabajo y los derechos humanos laborales, los sindicatos mexicanos no podrán ser actores colectivos en los que los ciudadanos conscientes y los movimientos sociales puedan confiar para hacer una convergencia con la cual se enfrente históricamente a la élite política que hoy acapara el poder y a la clase dominante capitalista local y extranjera que continúa beneficiándose del estado de cosas actual.

III. Los movimientos sociales y su teorización

En otro lugar he dicho que en el terreno del conflicto político contemporáneo los actores⁵ no son las clases, sino los movimientos sociales, las asociaciones, los frentes cívicos, los colectivos (Torres Guillén, 2008). Aunque no se niega la persistencia del conflicto de clase como contradicción propia del sistema capitalista, esta dialéctica social ha sido neutralizada de tal manera que no es fácil reconocerla en la práctica. Parece ser que en el escenario del conflicto social actual, la sociedad civil como nuevo sujeto colectivo,⁶ aunque no muy bien definido, ha estado reclamando el paso de los asuntos públicos que monopoliza el Estado al campo de la sociedad para la democratización de la vida. Frente al viejo dilema de reforma o revolución, parece que la lucha de la sociedad civil se vuelve emergente en los países democráticos o que aspiran a democratizar sus relaciones sociales.

Comprender qué es la sociedad civil es un problema del siglo XXI al que se debe seguir de cerca, como se hizo en su momento con las revoluciones o las reformas. El siglo XXI en torno a la sociedad civil deberá ser el siglo que se preocupe por los espacios y contenidos de los derechos individuales, las libertades y asociaciones voluntarias, la cohesión social, el desarrollo y las posibilidades de vida alternas al capitalismo. Por eso habrá que insistir en su teorización.

Pero no hay que perder de vista que el concepto de sociedad civil es una categoría desarrollada en la filosofía política moderna, en donde se implican la existencia simultánea de tres niveles de realidad: el sistema jurídico (derechos civiles, políticos y sociales institucionalizados), una red de movimientos sociales y asociaciones civiles diversas, tanto en los social como en lo político, y una cultura de la tolerancia y de la crítica (Olvera, 2004: 23-24). De la noción de sociedad diferenciada del Estado que se desarrolló en la Ilustración desde Locke y Montesquieu o la identificación de aquella con éste tal y como lo hicieron Rousseau y Kant, resultó la concepción de sociedad civil opuesta al Estado, cuyos componentes serían los individuos autónomos formalmente iguales y depositarios de derecho (Cohen, 2000: 118). De aquí parte Hegel para tratar de sintetizar el ethos antiguo con el de la libertad moderna del individuo (Cohen, 2000: 120-144).

Si tratamos de esquematizar la tesis hegeliana de la sociedad civil, veremos que apunta a una serie de bifurcaciones debido a su potencial teórico y filosófico. Por ejemplo, para Hegel la vida ética como síntesis está compuesta de familia, sociedad civil y Estado. En las dos primeras se conjuga un sistema de necesidades, de trabajo y estamentos; es particular. En el Estado como corporación se realiza la libertad concreta de los individuos, es la segunda familia de éstos y ahí nace la burocracia servidora de lo público.

En este sentido la sociedad política fue concebida, en un principio, al lado de la sociedad civil. Los sistemas políticos se construyeron a la par de la sociedad y el Estado vinculó sus lazos para que la sociedad participara políticamente en la vida pública.

Pero este es sólo el aspecto teórico. En la práctica habría que ver hasta dónde se cumplió todo ello. Para el caso contemporáneo, y especialmente en América Latina, sólo se podría hablar de la existencia de sociedad civil desde su concepción moderna, en países que transitan, tienden o son democráticos. En los casos donde existe dictadura o autoritarismo extremo, la articulación de las redes, colectivos y asociaciones se torna difícil.

Precisamente este fenómeno del autoritarismo de Estado fue lo que detonó el debate contemporáneo sobre la sociedad civil. Ante la falta de vínculo entre la sociedad política con la ciudadanía, el renacimiento contemporáneo de la idea de sociedad civil se ubica en tres momentos históricos, a saber: "las luchas contra el totalitarismo socialista en Europa del Este; la resistencia contra las dictaduras militares en América del Sur; y, el surgimiento y desarrollo de los 'nuevos' movimientos sociales en Occidente" (Olvera, 2003: 24).

En México, este fenómeno de la sociedad civil comenzó a partir de las movilizaciones antiautoritarias gestadas en 1968 con el movimiento estudiantil, en 1988 con la creación del Frente Democrático Nacional (FDN), en 1994 con el alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y culminó con las elecciones del año 2000.

Sin embargo, ante la centralidad de la lucha política por sacar al PRI de la Presidencia de la República, se perdieron de vista otras formas de praxis social que no estaban interesadas sólo en los aspectos electorales del poder, ni en la autonomía y autolimitación política que reclamó para sí la llamada sociedad civil, sino en la posibilidad de cambiar el sistema de producción económico y político, la posibilidad de tomar el poder por la lucha combinada (cívica y armada) y la opción de crear formas de vida alternas al capitalismo mediante el replanteamiento del Estado hegemonizado por las clases dominantes.

Jorge Alonso, en su texto "Aproximaciones a los movimientos sociales", nos plantea que éstos pueden entenderse:

a) Como potencialidades nacientes con tendencias a institucionalizarse.

b) Como movilización voluntaria de hombres y mujeres en torno a una causa.

c) Como procesos y redes.

d) Como un sistema organizado de instituciones, procedimientos y protagonistas mediante lo cual se hacen escuchar las fuerzas sociales.

e) Como universos de sentido y la formación identidades.

Es claro que ante tanta diversidad, así como sucede con la categoría de la sociedad civil, dentro de los estudios sobre los movimientos sociales aparecen con frecuencia las ambigüedades y contradicciones sobre todo al querer buscar leyes rígidas que puedan hacer predicciones sobre las acciones humanas. Por ello, es necesario estar en continua revisión ante un fenómeno tan complejo. Basados en el análisis comparativo de Jorge Alonso, hacemos una síntesis de esta teorización.

Teniendo en cuenta lo antes dicho, Alan Touraine (Touraine, 2002: 231-241) define al movimiento social como "una acción colectiva que produce identidad y está orientada a la implementación de valores culturales centrales contra los intereses e influencia de un enemigo definido en términos de relaciones de poder". Aunque este autor ha modificado en los últimos años su posición respecto al tema, sostiene que los movimientos sociales de la sociedad industrial ya han sido reemplazados por una nueva movilidad más cultural que social. La lucha de clases ha desaparecido. Es decir, para el sociólogo francés las categorías culturales han sustituido a las sociales y la idea de sociedad, por la de sujeto. Todo esto se debe a que el despliegue de las subjetividades se ha privilegiado en las nuevas sociedades postindustriales, de tal manera que, si la globalización neoliberal lanza una ofensiva, ésta es repelida en su mayoría por movimientos culturales, los cuales reivindican el desarrollo subjetivo más que el conflicto de clase.

V. El concepto de Boaventura de Sousa Santos

Ante la posición de Touraine, Boaventura de Sousa Santos (Santos, 2000; 2001: 177-184; 2003; 2009), invita a cambiar la mirada (ante el imperialismo cultural y el epistemicidio) y tratar de teorizar desde el Sur. Para este sociólogo es cierto que han aparecido nuevas formas de opresión que sobrepasan las relaciones de producción; que con el aislamiento del movimiento obrero se facilitó el surgimiento de nuevos sujetos sociales y de nuevas prácticas de movilización social; que ahora los protagonistas no son las clases, etcétera. Sin embargo, también habrá que reconocer que existen grupos sociales que en su lucha tratan de universalizar sus intereses y no tanto su subjetividad. En todo caso hay una multidimensionalidad de movimientos difícil de explicar desde una teoría, pero no podemos afirmar que lo nuevo de éstos sea la subjetividad. Puede haber movimientos culturales y personalistas pero siguen teniendo un carácter social.

Boaventura de Sousa Santos pide ampliar la mirada en torno a la autonomía y la comunidad de estos movimientos. Además, frente a la pluralidad de los mismos, se pueden hacer combinaciones con el ánimo de comprender su estructura. Por ejemplo:

a) Ciudadanías sin subjetividad ni emancipación (grupos que reclaman garantías consagradas en las constituciones, al margen de su cultura o estilo de vida y sin derrocar ningún poder fáctico).

b) Subjetividad sin ciudadanía ni emancipación (grupos que reclaman respeto a su cultura o estilos de vida, sin poner a consideración ningún derecho otorgado por el Estado o el cambio social)

c) Emancipación sin ciudadanía ni subjetividad (grupos que apelan a la transformación social, dejando de lado las constituciones del Estado y la cultura propia)

]]> d) Emancipación con ciudadanía pero sin subjetividad (grupos que apelan a la transformación social desde las garantías constitucionales del Estado, dejando de lado su cultura y estilo de vida propio).

e) Emancipación con subjetividad pero sin ciudadanía (grupos que buscan el cambio social desde su cultura y estilos de vida, sin tomar en cuenta las garantías constitucionales del estado)

VI. Las investigaciones en América Latina

En los trabajos sobre el tema en el continente americano, el debate está centrado de manera diversa. A. Negri (2002) privilegia el concepto de Multitud al concebirlo como una red no jerárquica, la multitud viene a remplazar al proletariado; J. Holloway (2002) centra su atención en lo que denomina Antipoder con la intención de evitar reproducir las prácticas del Estado dentro de los movimientos sociales; para R. Gutiérrez (2006) la Lucha desordenada es una categoría que busca comprender cómo el desorden del orden convencional lo lleva a cabo el movimiento espontáneo; por su parte Raúl Zibechi (2007) concibe a los movimientos sociales como Sociedades en movimiento, se trata de desplegar la lucha desde abajo y desde la vida cotidiana, sin líderes ni caudillos.

Pero, por otro lado, desde la percepción de Atilio Borón (2004), Rossana Rossanda (2007), Samir Amin (2007), los conceptos que mejor explican a los movimientos sociales son las clases sociales y capas populares. Frente a éstos, las anteriores ideas son románticas, discursos de moda, percepciones sesgadas y fantásticas que se acercan demasiado al ideal de la plenitud de la comunidad perdida; más que ello, se necesita potenciar la fuerza de las clases para oponerse contundentemente al capital, tomar el poder y organizar lo desorganizado. Además cualquier organización social no está exenta de perversiones, traiciones, derrotas y errores estratégicos y tácticos.

Ante ello Pablo González Casanova expresa que como "los movimientos antisistémicos" no encuentran la clase en sí y para sí que apareció en el capitalismo clásico, sino que tienen que ver con subclases que al mismo tiempo se plantean soluciones a los problemas de los pobres entre los pobres, y ratifican la necesidad y urgencia de una fuerza o bloque plural en lo ideológico, lo religioso y en las políticas del corto plazo, se torna necesario luchar por:

[...] la autonomía de las organizaciones, por la autonomía de la conciencia, la moral y la disciplina. [Ésta] se libra necesariamente en sindicatos, partidos, pueblos, centros de trabajo, escuelas y universidades. Se complementa —tras la toma del poder o para la toma del poder— con experiencias en órganos de poder popular, en comités de defensa, en sistemas de cogobierno, de participación, cogestión y autogestión [...] (González Casanova, 1982: 24).

La categoría de lo popular es teorizada por González Casanova desde los años ochenta, para dar cuenta de que la lucha en América Latina contra los poderes fácticos, el Estado represor, las dictaduras, el capitalismo como sistema, no es ya hegemonizada por la clase obrera, "sino por una categoría más vasta y contradictoria como es el pueblo" (González Casanova, 1982: 36). Las experiencias en Cuba, Chile, El Salvador, Nicaragua, hacen pensar que la historia de los movimientos sociales en América Latina se articulan más en torno a la idea de lucha popular, bajo políticas de alianza, programas de largo y corto plazo, bajo la dirección de un frente, coalición, organizaciones políticas y revolucionarias.

VII. Los movimientos sociales en México

Tomando en cuenta la teorización de los movimientos sociales y la manera de abordarlos, habría que insistir que en México éstos no han sido homogéneos y que han resultado principalmente del distanciamiento que la sociedad política ha llevado a cabo con respecto a la sociedad civil. Además, la mayoría de ellos son la respuesta que se ha dado a las prácticas antidemocráticas que el Estado a través de sus distintos gobiernos (priístas, panistas y perredistas). Sobre este último punto, no está de más insistir en la advertencia de que no todo los "organismos" que estén en contra del Estado o alguna política de éste se pueden considerar parte de esta categoría. En principio porque se tendría que cuidar si en realidad se pertenece a un movimiento (sea de izquierda, derecha o "centro") surgido de la población bajo un problema social específico, o simplemente una Organización No Gubernamental (ÜNG) financiada por los organismos trasnacionales para torpedear la legitimidad de los Estados y así anunciar su "adelgazamiento".

Por otro lado, hay que entender que movimientos sociales los hay con intereses diversos e historias diferentes (Cadena, 2004; Olvera, 2003). Por ejemplo la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio (RMALC) creada especialmente como respuesta a la integración económica y de libre comercio de México con Estados Unidos y Canadá; Alianza Cívica fundada en 1994 con en objetivo de vigilar y defender el voto en las elecciones de ese entonces, sumándose a lo que hacía Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia (CÜCD); la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIÜAC) que lucha por los derechos sociales, económicos, culturales y políticos de los trabajadores del campo y la ciudad desde 1975; o el Barzón, que activa la movilización de un sector de la pequeña sociedad agraria, que lucha contra los efectos de la crisis de crédito provocada por la caída económica de 1995.

También se pueden identificar por su capacidad organizativa a nivel local, nacional y a pesar de sus derrotas, mantenerse en la resistencia como el Frente Zapatista de Liberación Nacional (FZLN) derivado de la lucha política principalmente indígena del EZLN, el cual buscaba conjuntar variados intereses políticos que promovieran una nueva constitución y alternativa de país. Por otra parte, nacida en junio de 2006, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPÜ) que logró aglutinar 365 organizaciones sociales, ayuntamientos populares y sindicatos con una demanda única: la salida del gobernador Ulises Ruiz del estado, es una de las más importantes experiencias organizativas del movimiento social en México. Por su parte el Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) en San Salvador Atenco, que también tiene su mayor gesta heroica y derrota en 2006, logró detener la construcción del aeropuerto proyectado por el ex presidente Vicente Fox.

Las estrategias de los movimientos sociales pueden ser defensivas u ofensivas. El primer caso lo ejemplifican bien las movilizaciones en torno a la construcción de las presas la Parota en Guerrero y el Zapotillo en Jalisco (afectando a los pueblos Temacapulín, Palmarejo y Acacico), respectivamente. En ambos casos, las personas resisten ante el objetivo de desplazarlos de sus tierras, pueblos y comunidades. En el segundo, el EZLN, ante la disolución del FZLN en 2005, llama a una ofensiva zapatista, pacífica y civil por la humanidad y contra el capitalismo, a través de la formación de La otra campaña.

Pero los movimientos sociales incluyen también a organismos ciudadanos de diversas latitudes políticas, ideológicas y plurales, que se preocupan por aspectos sociales específicos como la seguridad pública, la sexualidad o la movilidad urbana. Para el primer aspecto, México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) nacido en 1997, producto del llamado de particulares, en especial la señora Josefina Ricaño quien había padecido el secuestro y asesinato en su familia, es un caso; o en temas de género y sexualidad, Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), asociación civil que trabaja por el bienestar y la salud de mujeres y jóvenes en el marco de la defensa y promoción de los derechos humanos, la justicia social y la democracia, al margen del discurso e institucionalidad eclesial, es un ejemplo. A nivel local, en Jalisco se reconoce a movimientos sociales que surgen de problemáticas ecológicas, de autonomía indígena o movilidad urbana, como es el caso de Ciudad para Todos, el Movimiento Indígena de Mezcala o Un Salto de Vida.

Ante la diversidad de colectivos, organismos civiles, frentes que buscan cambios sociales ya sea coyunturales o profundos y de estructura, es indispensable reflexionar en los horizontes que podrían conjugar voluntades y acciones que se opongan al sistema actual de explotación y dominio. Para esto y ante la dificultad que puede resultar la explicación del fenómeno de los movimientos sociales, Jorge Alonso (Alonso, s/f, a) menciona algunas pistas que podrían ayudar a ubicar la nomenclatura con que se están formando los mismos:⁸

Primero: habrá que estar atentos a las condiciones de la emergencia de los movimientos, a su desarrollo y proceso. Conviene profundizar en elementos como sentirse con otros, actuar con otros, compartir experiencias, defenderse de agravios, enfrentar adversidades y hostilidades, defender derechos, conjurar intereses particulares con colectivos, tejer redes sociales, producir identidades y plantearse transformaciones.

Tercero: hay que estar atentos a la diversidad y a la multidimensionalidad. Sobre todo debemos saber escuchar lo que dicen los movimientos de sí mismos, y descubrir cuáles alianzas establecen y por qué lo hacen. Se deben buscar definiciones, pero hay que evitar las reificaciones.

Cuarto: no se puede olvidar que los movimientos exitosos siguen siendo los que logran conjuntar el descontento difuso por medio de convergencias, organicidades, combinaciones y diseños viables de alternativas.

Quinto: no hay que olvidar que no existe un solo poder, sino muchos, y no hay un centro del poder.

Sexto: hay que atreverse a pensar. No hay que refugiarse en hacer una y otra vez lo acostumbrado. Los movimientos populares, los actores emergentes, la construcción de nuevas subjetividades nos mandan la señal de que hay que repensar tanto la realidad como sus interpretaciones.

VIII. Alianzas estratégicas y convergencia política en México

En México, el año 1988 marcó un hito en la historia de los movimientos sociales del país (Tamayo, 1993). Ese año se experimentó un reacomodo en la manera de entender los procesos electorales, la articulación entre partidos políticos y las fuerzas sociales progresistas. La candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas generó una variante inesperada en ese entonces. Las movilizaciones populares encontraron en el neocardenismo un lugar para unir esfuerzos y estrategias para terminar con lo que se había convertido en el partido del Estado: el PRI. La convergencia de estudiantes, amas de casa, campesinos, sindicalistas, obreros, movimientos urbanos, en torno a este nuevo momento histórico representó una posibilidad de alianza para apoyar lo que más tarde sería el Frente Democrático Nacional (FDN).

Aunque se conoce bien el desenlace de esta coyuntura política del país —fraude electoral salinista, creación del Partido de la Revolución Democrática (PRD), desarticulación de la base social—, la experiencia tiene todavía mucho que enseñarnos ante las actuales circunstancias de crisis política. Como bien lo indica Jaime Tamayo, con este movimiento nacional se reactivaron las luchas civiles por la democracia, se fracturó el corporativismo sindical, se articularon alianzas intra e intersectoriales, se transitó de las demandas locales y parciales a demandas nacionales y se experimentó la práctica política en condiciones de pluralidad ideológica. Este último punto es fundamental para pensar la posibilidad de construir las alianzas dentro de las convergencias de los movimientos sociales.

En este sentido, Jorge Alonso reflexiona en "Las convergencias, instrumento de los movimientos sociales" (Alonso, s/f, b), que éstas se inscriben en un proceso donde ya no se puede postular a un actor privilegiado del cambio, sino una calidoscópica panoplia de agentes; y en vez de un resultado único de tipo universal y homogenizador, hay una distribución más amplia de efectos. Podríamos decir que "las convergencias incluyen a ese conjunto de sujetos plurales que van coincidiendo, que se van identificando, que van planteando una meta común de transformación. Se trata de una nueva masa que supera la dispersión, la fragmentación, y la expresión meramente espontánea con innovadoras formas orgánicas de nuevo tipo" (Alonso, s/f, b).

La clave de esta forma de organización radica en el respeto de las autonomías concurrentes en la cooperación. Es importante señalar que dentro de la percepción que se tiene de las convergencias, éstas son "en cierta medida una apuesta, y no están exentas de la incertidumbre" (Alonso, s/f, b). Como sus acciones son multidimensionales, dentro de ellas habita una gran cantidad de representaciones sociales las cuales van combinando diferentes planos y reconocimientos mutuos de sus integrantes en las distintas fases, en los momentos de expresión, de soterramiento e hibernación.

El momento que se experimentó en 1988 sería un buen punto de partida para estudiar los aciertos y errores que sucedieron en aquella época. Sería también un modelo histórico de lucha social para comprender cómo la convergencia, la alianza, la negociación entre los movimientos sociales primero, y los partidos políticos posteriormente, puede ser una realidad en la arena del conflicto social.

El instrumento de la convergencia conjugada con las reflexiones sobre las tareas nacionales puede ser un punto de partida que logre unificar los distintos momentos por los que atraviesa el sindicalismo y los movimientos sociales en México.

Consideraciones finales

En los últimos meses hemos sido testigos de una de las etapas políticas y económicas más significativas del futuro de la vida nacional. Me refiero al golpe militar, político y mediático que se le propinó al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), por un lado; y por otro, las medidas para mantener la tasa de ganancia de la burguesía tanto nacional como extranjera en medio de una crisis mundial sin conflictos sociales: el alza al Impuesto al Valor Agregado (IVA), al Impuesto Sobre la Renta (ISR) y al consumo en general.

Ambos hechos, aunque parezcan coyunturales, corresponden más bien a la correlación de fuerzas que se ha dinamizado, en parte, por la falta de legitimidad del sistema de partidos de Estado frente a una población indiferente a la llamada "democracia electoral", a la pauperización de la denominada vagamente "clase media" y a la radicalización de los movimientos y organizaciones sociales que no ven en la actual situación del país una salida negociada a sus demandas básicas.

La falta de "equilibrio político" o "paz social" que los dueños del capital siempre añoran con la llegada de algún partido en el poder del Estado, ha generado desajustes en la dinámica social. Algunos de estos desequilibrios están a la vista con la crisis económica y la recesión, desempleo, inflación, altas tasas de interés, disminución del gasto público, topes salariales; crisis política: falta de legitimidad del gobierno en turno, aumento del abstencionismo y el fenómeno del voto nulo, poca confiabilidad en el sistema de partidos y en los partidos mismos, des-ciudadanización del Instituto Federal Electoral (IFE) y radicalización de los movimientos sociales.

Estos fenómenos hay que observarlos bajo la óptica de la "mediana duración". Por ejemplo, la crisis económica en México no es producto directo del "calentamiento de la economía norteamericana" o la "crisis de los mercados". Es resultado de la política económica iniciada con Miguel de la Madrid en los años ochenta, bajo el dogma del libre mercado y continuada con mayor acento en los gobiernos de Carlos Salinas (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000) y Vicente Fox (2000-2006). El liberalismo económico demostró, al paso de las décadas, que la receta neoliberal (reducción del gasto público, privatización de los bienes nacionales, neutralización del Estado como rector de la economía) fue un éxito para el mercado y sus dueños, mas no para el pueblo.

También habrá que ver la crisis política bajo la lupa histórica. Desde la reforma electoral de 1977, el sistema de partidos de Estado supo leer, por un lado, que las masas desorganizadas pero molestas por los golpes económicos y políticos del "gobierno", podrían ser, aun con su desorganización, un peligro para la legitimidad del PRI, puesto que al no participar en la elecciones, la abstención aumentaba considerablemente y si no tenían canales institucionales dónde manifestar su enojo, podrían ser presa fácil de movimientos radicales; y por otro, que los partidos de oposición de cualquier geografía política y los movimientos sindicales-sociales agrupados en torno a demandas específicas, debían ser orientados hacia las vías institucionales de participación política, para reducir su beligerancia y garantizar el control de sus acciones.

Se planteó entonces la reforma política de López Portillo, que significó, por un lado formalmente, el propósito de ampliar las libertades políticas y, en consecuencia, la mayor participación de la ciudadanía en la cosa pública. Por otro lado, constituyó el esfuerzo gubernamental por recuperar el apoyo necesario para mantener la legitimidad de la representación política, en términos de liberalismo, y renovar las formas de control político ejercido principalmente sobre las clases trabajadoras... [la reforma] aspiraba a salvar los límites democráticos del desarrollo capitalista mexicano en los marcos mundiales del capitalismo (Rodríguez Araujo, 1981: 49).

La idea era mantener la tasa de ganancia y la acumulación capitalista de la burguesía nacional y foránea, al mismo tiempo que se mantenía a la oposición en el terreno legal de la lucha política, pero sin ninguna posibilidad de cambio social.

Con la llegada de Miguel de la Madrid, la crisis de la ideología del PRI se agudiza. El discurso neoliberal se hace más patente. Las fuerzas populares se debilitan frente a la política privatizadora, la apertura a la alternancia de partidos posibilita el pasar de un sistema de partido del Estado a otro con "partidos del Estado", lo cual implicaría un colapso de las alianzas de clases anteriores. Es cierto que a partir de aquí y siendo fiel a la reforma de 1977 se hacen concesiones sociales y se flexibiliza el reconocimiento de triunfos electorales de algunos municipios y posteriormente en estados de la República, pero sin ningún cambio significativo en la esfera del poder económico. Lo que sí cambia es el discurso: el lenguaje popular, nacionalista y revolucionario, cede al lenguaje neoconservador tecnocrático, laico y católico para la reestructuración de los aparatos del Estado.

La reforma electoral de 1977 permitió la formación de un gran frente cardenista en el año 1988, pero éste fue incapaz de salirse de las "vías institucionales" que el sistema de partidos le había marcado y perdió ilegalmente la Presidencia a la República. Posteriormente, las mentadas "vías institucionales" impulsadas por las reformas de 1986, de 1989-1990, y de 1993 (Córdova Vianello, 2009) parecieron agotarse. Como es ya sabido, en 1994 surgió el EZLN. Se intentó convencer a los rebeldes de que la "vía pacífica", es decir, la legitimidad del sistema de partidos de Estado era el camino para dirimir las diferencias. Los zapatistas, desconfiados, aceptaron un diálogo que mostró, una vez más, que la reforma mencionada había sido desenmascarada en sus intenciones reales.

Las reformas electorales continuaron (1994 y 1996) hasta que el PRI perdió la Presidencia. El fervor por la alternancia duró feliz hasta que Vicente Fox, una vez en la Presidencia, desilusionó a la mayoría de sus votantes y a la población. Con la llegada del PAN al poder político, la correlación de fuerzas cambió.

Fragmentado el movimiento social opositor en varios frentes (guerrilla, partidos de "oposición", movimientos populares, movimiento obrero) pero ya sin el control clientelar, cuando menos entre los zapatistas, el movimiento de Atenco, la APPO en Oaxaca, los maestros y electricistas disidentes, el partido de Estado administrado ahora por el PAN, buscó de nuevo legitimar su gobierno mediante las prácticas que aprendió del PRI: se alió con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), el sindicato de Petróleos Mexicanos (Pemex), y reforzó con poco éxito el aparato clientelar mediante los programas Oportunidades y Procampo; también permitió la creación de nuevos partidos que pudieran equilibrar su "gestión" y apoyaran sus decisiones.

Pero la legitimidad no llegó. El desafuero contra Andrés Manuel López Obrador, las campañas del miedo contra éste, las elecciones polémicas de 2006, la violencia desatada contra los habitantes de Atenco, la crisis postelectoral, la represión contra la APPO, la violación de los derechos humanos por parte de militares en la "guerra contra el narcotráfico", el descontento de la población en general por la crisis económica y el fracaso del PAN en las elecciones recientes, llevaron a Felipe Calderón y a sus aliados a la conclusión de que no podían esperar a que la lucha de clases perdiera la mediatización que el PRI había construido a base de corporativismo, retórica nacionalista y represión selectiva. Por esta razón se han empeñado en criminalizar cualquier protesta social.

• Terminar con la herencia política de corrupción, clientelismo y exclusión al interior de los sindicatos y organizaciones sociales.

• Buscar los mecanismos que permitan converger en sus intereses y posturas ideológicas diversas en una tarea nacional más amplia que sus demandas particulares.

• Plantearse tareas a corto y mediano plazo en diferentes rubros (salud, educación, autonomía sindical, ganar espacios públicos, defensa del voto) que permitan ir ensayando formas alternativas de acción política conjuntas a nivel nacional.

• Mantener la confianza en los procesos electorales como una vía de acceso a formas cada vez más democráticas de las instituciones políticas y de gobierno del país, además de valorar la posibilidad de alianza coyuntural con alguna fuerza política partidista, si las circunstancias y condiciones lo permiten.

• Aprender de las experiencias pasadas, sobre todo de aquellas que han permitido el diálogo, la tolerancia y la democracia al interior de un frente, coalición o coordinadora para plantearse la toma del poder y cambiar el proyecto de nación hacia una que sea más democrática, libre, soberana y equitativa.

Estos retos se antojan irremediablemente difíciles. Sin embargo, es necesario planteárselos como formas alternas y siempre en retrospectiva histórica para que la utopía se vaya apareciendo cada vez más como una posibilidad real. Sin una imaginación sociológica, dialéctica e histórica de este tipo, la crisis actual de nuestro país se percibe terriblemente obscura. El autor de este trabajo tiene la convicción de que las transformaciones sociales no sólo se dan en las calles o en el conflicto directo, también es necesario teorizar y reflexionar sobre las prácticas políticas del pueblo que dirigirán los rumbos del país en los próximos años. Es indispensable establecer "puentes y políticas de acercamiento entre quienes hacen los análisis sociales y quienes los amplían y ponen en práctica" (González Casanova, 2002: 13). Sólo teniendo en cuenta ello, el fantasma del purismo, la intolerancia ideológica y la antidemocracia, no será motivo para evitar una gran acción colectiva nacional que sea capaz de terminar con el modelo de país que generaron la oligarquía económica y política de México.

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Notas

1. Coordinadora Intersindical Primero de Mayo (CIPM), Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (SITUAM), Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Frente Nacional de Resistencia contra la Privatización de la Industria Eléctrica (FNRCPIE), Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Centro Nacional de Promoción Social (Cenpros), Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), Congreso Nacional Indígena (CNI), entre otros.

2. Cfr. La Jornada, sábado 28 de marzo de 2009, p. 10.

4. Cfr. Proceso, edición 1719, 2009.

5. Me refiero a quienes participan en el campo político bajo una demanda específica organizados en grupos, asociaciones vecinales u organizaciones cívicas, exigiendo solamente la resolución de su demanda. Son actores en el sentido en que personifican un ente social que gestiona un beneficio para sí, frente al Estado. 6. Tomo el término "sujeto colectivo" para especificar las potencialidades cognitivas, políticas y éticas que tienen quienes participan en la gestión política frente al Estado, sobre todo en el sentido de que son capaces de transformar su entorno.

7. Esto permite evitar la trampa de la ofensiva semántica de los grupos dominantes, como el Banco Mundial (BM), para los cuales ampliar el espacio de la sociedad civil significa restringir el lugar del Estado, o también en la ingenuidad de muchas ONG para las cuales la sociedad civil es el conjunto de todos los que quieren el "bien de la humanidad".

8. También consúltense las propuestas de Pablo González Casanova (González Casanova, 2002: 25-30).