Los retos de la democracia mexicana: una ciudadanía sin discriminación

The challenges of the Mexican democracy: a citizenship without discrimination

Ma. Aidé Hernández García*

* Profesora-Investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. maaaide@yahoo.com, maaaide@hotmail.com.

Fecha de recepción: 05 de febrero de 2010
Fecha de aceptación: 13 de marzo de 2010

Resumen

Este artículo se propone exponer cómo el ejercicio pleno de la ciudadanía necesita no sólo de derechos garantizados legalmente, sino también de una cultura de la no discriminación. A partir de dos premisas: la primera es que para que el ciudadano pueda ser activo en la política necesita de derechos que le garanticen su pleno desarrollo, empero, los derechos no tienen que ser iguales para todos los ciudadanos, pues hay una gran diversidad social y cultural, por lo que se propone la existencia de derechos diferenciados. La segunda premisa es apuntar que estos derechos ciudadanos no se pueden ejercer ampliamente si existe una cultura de la discriminación, pues aunque haya leyes que favorezcan al desarrollo de una ciudadanía plena, si la sociedad excluye a ciertos grupos los está condenando no sólo a la pobreza sino también a tener una baja autoestima y una concepción de inferioridad, actitud que los lleva a no considerarse sujetos de derecho.

Palabras clave: discriminación, ciudadanía, pluralidad.

Abstract

This article proposes explaining how the total exercise of citizenship needs not only legally guaranteed rights, but also a non-discrimination culture. From two premises: The first one is that for the citizen to be active in politics, he needs rights that guarantee his total development, however, the rights do not have to be equal for all the citizens, since there is a great social and cultural diversity, reason why the existence of differentiated rights is proposed. The second premise is to note down that this civil law cannot be exercised widely if there is a culture of discrimination, because although there are laws that favor the development of a full citizenship, if society excludes certain groups it is condemning them not only to poverty but also to have a low self-esteem and a conception of inferiority, attitude that takes them to consider themselves as non legal persons.

El propósito de este trabajo es exponer que el desarrollo de una ciudadanía plena no sólo tiene que ver con la existencia de derechos, sino también de una cultura de la no discriminación. La tradición liberal reconoce a un ciudadano como aquel que tiene derechos y obligaciones al interior de una comunidad determinada. Para que el ciudadano ejerza estos derechos no es suficiente su legislación, es necesario una cultura¹ de respeto a la diferencia. Cuando un sector de la sociedad considera que los demás, o un grupo social en particular, no merecen los mismos derechos que ellos, en la vida cotidiana coartarán sus derechos —a pesar de que existan en la ley—; pero además, por la condición de exclusión de estos ciudadanos, ellos mismos no se considerarán sujetos de derecho.

Por tanto, este artículo parte de dos supuestos. El primero, que para garantizar una ciudadanía plena no sólo es suficiente la generación y promulgación de leyes, sino también la formación de una cultura de la no discriminación que ayude a que dichas leyes se cumplan y se respeten en la vida cotidiana. El segundo, que en México hay una amplia cultura de discriminación que no permite, en primer lugar, que las leyes que existen para el desarrollo de la ciudadanía sean efectivas para todos, y en segundo lugar, que esta cultura no ayuda a la promulgación de leyes necesarias para lograr una ciudadanía plena de diversos sectores de la sociedad, tales como mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, indígenas y ciudadanos no heterosexuales.

Cuando hablamos de una ciudadanía plena nos referimos a que los derechos ciudadanos —hay que aclarar, tal como lo hace Will Kymlicka, que los derechos no tienen que ser iguales para todos los ciudadanos, pues hay grupos que necesitan derechos específicos o diferenciados—, puedan ser ejercidos ampliamente por los ciudadanos sin distinción de clase social, edad, sexo, preferencia sexual, ingreso económico o color de piel.

Un ciudadano pleno es fundamental para lograr la consolidación de una democracia, la cual necesita de un ciudadano que participe activamente en la política y de manera autónoma e informada. Dichas características se logran si el ciudadano goza de sus derechos, entre ellos podemos citar la educación y el ingreso, por poner un ejemplo. Si el ciudadano no cuenta con educación es muy difícil que tenga el capital cultural que le permitan leer y entender las noticias, y si tampoco le alcanza el dinero para comprar libros, revistas o periódicos, será imposible que esté informado. Por ello la calidad de la democracia depende de la de sus ciudadanos.

Para cumplir con los objetivos antes planteados, el artículo se dividirá en tres apartados. En el primero se discutirá con dos de las teorías más influyentes sobre ciudadanía, de tal forma que argumentemos cómo han sido relegados de la discusión fenómenos culturales como la discriminación. En segundo lugar, se expondrá la definición de discriminación y su influencia en el desarrollo de una ciudadanía plena. En tercero se analizará el caso mexicano, por lo que se mostrará, a partir de trabajos cualitativos y cuantitativos, la discriminación que hay hacia diversos sectores sociales, tales como: las mujeres, los adultos mayores, los discapacitados, los indígenas y los no heterosexuales.²

Ciudadanía y su construcción teórica

En el tema de la ciudadanía existen dos perspectivas teóricas que han destacado en las ciencias sociales, la que proporciona T. Marshall y la de Will Kymlicka. Ambas propuestas se centraron en la pregunta qué derechos necesitan los ciudadanos para lograr las condiciones fundamentales para su desarrollo; no obstante, en este trabajo consideramos que no sólo los derechos son importantes para el fortalecimiento ciudadano sino también una cultural que los respalde para que logren su desarrollo pleno.

El autor de Ciudadanía y clase social, preocupado por la pobreza que observó en Inglaterra a principios del siglo pasado, se preguntó qué tipo de derechos debe tener un ciudadano para desenvolverse plenamente en una sociedad en la que existen clases sociales. La respuesta que ofreció es que el Estado debe garantizar a todos sus ciudadanos tres tipos de derechos: civiles, políticos y sociales.

El elemento civil contempla los derechos necesarios para la libertad de la persona: expresión, pensamiento, religión, propiedad, justicia y de establecer contratos válidos. El elemento político incluye el derecho a participar en el ejercicio del poder político como miembro de un cuerpo investido de autoridad política o como elector de sus miembros. Mientras que el elemento social abarca desde el derecho a la seguridad y a un mínimo bienestar económico hasta el de compartir plenamente la herencia social y vivir la vida de un ser civilizado conforme a los estándares predominantes en la sociedad (Marshall, 1950: 23).

Marshall deja a un lado la discusión de si el ciudadano debe ser muy participativo o no en la política,³ para centrarse en qué derechos necesita este ciudadano en caso de que quiera participar. Marshall apunta que el Estado debe garantizar que el ciudadano tenga las condiciones sociales, económicas y legales propicias para que pueda desarrollarse como tal y pueda participar, si así lo desea, no sólo en la política sino también en otros ámbitos de la vida social. En otras palabras, el autor considera que si al individuo no se le otorgan derechos como libertad de expresión, pensamiento, religión, educación y trabajo, difícilmente tendrá el hábito y las condiciones para debatir y participar en la política.

Autores como Almond y Verba (1963) fortalecen esta propuesta y concluyen que para que un ciudadano pueda ser participativo en la política debe tener condiciones sociales y económicas tales como educación e ingreso; pero además de estas características este individuo, a lo largo de su vida, debió de haber tenido la libertad de pensamiento y de expresión en diversos ámbitos de su vida, tal como la familia, la escuela, las asociaciones, el trabajo; si el ciudadano halló estas características, seguramente cuando tenga que participar en la política en su vida adulta, lo hará de manera natural. Pero si este ciudadano nunca ha participado y expresado sus ideas, y además no tiene educación ni trabajo, es muy probable que se muestre pasivo y desinteresado en la política. Por ende, el ejercicio de los derechos políticos es un escalón alto, para llegar al cual primero hay que pasar por los derechos sociales y civiles.

En este trabajo destacaremos dos críticas importantes a la propuesta de Marshall. La primera es que asume que si los derechos (sociales, civiles y políticos) están garantizados legalmente, se cumplirán y harán posible un ciudadano pleno, pero ¿qué sucede cuando en una sociedad hay una gran discriminación hacia determinados grupos a los cuales no se les cree merecedores de dichos derechos? ¿Se respetarán los derechos otorgados por la ley?

La segunda crítica es que el autor presupone que todos los individuos tienen los mismos intereses y necesidades, no repara en que existe una pluralidad social y cultural y, por ello, propone los mismos derechos para todos. Al respecto, Chantal Mouffe apunta que "una comunidad política democrática moderna no puede organizarse en torno a una sola idea sustantiva de bien común" (1997: 229), para esta autora una concepción de ciudadanía no debe sacrificar la libertad por la igualdad. En este tenor, Iris Marion Young deja ver que la diversidad debe ser el punto de partida para la formación de una ciudadanía: "la diferenciación en grupos es un proceso inevitable y deseable en las sociedades modernas" (1989: 261). Empero, el autor que articula esta crítica en una teoría moderna de ciudadanía es Will Kymlicka.⁴

Este autor señala que Marshall pretendía con su propuesta atenuar la diferencia de clases, sin embargo, cuando a la diversidad social se le otorgan los mismos derechos, lo único que se genera es una mayor desigualdad económica; por ello, deja ver que la solución para lograr mejores condiciones para el desarrollo ciudadano son los derechos diferenciados.

Hay que aclarar que Kymlicka de ninguna forma pretende acabar con los derechos que propone Marshall, lo que apunta es que estos derechos no tienen que ser rígidos; por ejemplo, si la educación pretende enriquecer la pluralidad cultural no debe ser impartida de igual forma para todos, sería conveniente que se enseñara en diferentes idiomas o dialectos, con especificaciones particulares dependiendo del grupo del que se trate. En otros casos, habrá ciertos sectores que necesiten condiciones especiales para su desarrollo, tal como la aprobación de ejidos o una legislación laboral específica, por mencionar algunos casos. En otras palabras, lo que está señalando Kymlicka es que los derechos fundamentales que propone Marshall no necesariamente tienen que ser los mismos para todos y en las mismas condiciones, ya que en una sociedad existen diversos grupos con diferentes necesidades.

Para Kymlicka es fundamental concebir que las sociedades son plurales. Ya no es posible hablar de la existencia de un Estado-nación, pues los países no se componen de una sola cultura sino de varias; es decir, el Estado es multicultural, por ello los derechos ciudadanos deben recuperar dicha pluralidad social. Para el autor de Ciudadanía multicultural las sociedades presentan principalmente tres tipos de culturas:

1. Minorías nacionales, que son grupos potencialmente autogobernados y que son resultado de la colonización, la conquista o la confederación de comunidades nacionales.

2. Grupos étnicos, que son inmigrantes que han abandonado su comunidad nacional para incorporarse a otra sociedad determinada.

3. Nuevos movimientos sociales, es decir, grupos sociales como movimientos gay, mujeres, pobres, incapacitados y demás grupos minoritarios que existen en la sociedad nacional o en un grupo étnico (Kymlicka, 1996: 32-37).

El autor apunta que los derechos para fortalecer este multiculturalismo deben ser diferenciados y propone tres categorías:

El primero es el de autogobierno, el mecanismo para lograrlo es la existencia de un federalismo que garantice (institucional y legalmente) que las minorías nacionales puedan estar concentradas territorialmente y puedan formar las leyes que les permitan seguir desarrollándose con sus particularidades culturales.

El segundo es el derecho poliétnico, el cual consiste en leyes especiales que ayuden a la integración de las minorías en el conjunto de la sociedad, sin dejar su herencia étnica; un ejemplo que usa el autor es el de los judíos ortodoxos en Estados Unidos, quienes han reivindicado el derecho a vestir la yamulka durante el servicio militar.

Por último propone los derechos especiales de representación, es decir mecanismos institucionales para que los grupos étnicos puedan estar representados en los distintos órganos de representación, para que así ellos mismos puedan velar por sus necesidades e intereses (Kymlicka, 1996: 46-55).

Para Kymlicka, los derechos diferenciados podrán fortalecer una sociedad plural y democrática; empero, ¿qué pasa cuando en una sociedad no hay el reconocimiento a la diferencia y se intenta desaparecerla? En este panorama, ¿podrán existir los derechos diferenciados?, y si existen, ¿podrán garantizar una ciudadanía plena? Al igual que Marshall, Kymlicka nunca considera que la cultura pueda ser una barrera para garantizar el fortalecimiento de los derechos diferenciados, da por sentado que los ciudadanos aceptan la diferencia y quieren enriquecerla, pero no siempre es así.

En este contexto es fundamental subrayar el hecho de que la cultura no siempre ayuda al fortalecimiento de la diversidad y menos aún abona a favor de la vida democrática. Rasgos culturales como la discriminación pueden ser una gran barrera para el fortalecimiento de una ciudadanía plural, principalmente, desde dos perspectivas:

1. Si la sociedad no reconoce la identidad del otro, habrá mucha resistencia para generar los derechos que fortalezcan la diferencia.

2. Si por alguna razón el gobierno logra implementar este tipo de derechos, éstos enfrentarán dos desafíos: que los afectados no los utilicen pues no creen que los merecen, y si finalmente deciden utilizarlos, la sociedad pondrá barreras para que no puedan ser sujetos de derecho.

En consecuencia, la discriminación no permite la generación o la garantía de los derechos ciudadanos que fortalezcan la pluralidad cultural.⁵ De acuerdo a este contexto cultural, habría que preguntarse qué tipo de ciudadanía podría fortalecerse en una sociedad en donde la discriminación es la forma común de relacionarse.

Discriminación

En una sociedad democrática las relaciones cotidianas deben estar basadas en el reconocimiento a la diferencia. Este reconocimiento puede ser entendido como el principio que reivindica las diferencias propias a condición de reconocer, respetar y defender las identidades⁶ ajenas. En este sentido, cuando se da el reconocimiento a la diferencia se están sentando las bases para ésta pueda florecer y generar una sociedad en donde las leyes se cumplan para garantizar una democracia plural.

Si en una sociedad se niega el reconocimiento a la diferencia y los grupos sociales le muestran a un individuo o a un grupo social un cuadro limitativo, degradante o despreciable de sí mismo, es seguro que las relaciones sociales no se llevarán en un clima de respeto a la diversidad cultural; por el contrario, se generarán fenómenos como la discriminación que llevan, entre otros factores, a que las leyes se usen discrecionalmente: a favor de unos y en contra de otros. En este tipo de contextos los grupos minoritarios no tienen esperanza de crecer y fortalecerse, y sí muchas probabilidades de ser excluidos.

La discriminación se puede entender como una conducta, culturalmente fundada y socialmente extendida, "de desprecio contra una persona o grupo de personas sobre la base de un prejuicio negativo relacionado con una desventaja inmerecida, y que tiene por efecto (intencional o no) dañar sus derechos y libertades fundamentales" (Rodríguez, 2006: 8).

En este sentido, la discriminación no permite el florecimiento de la diversidad y limita la posibilidad de competir en igualdad de circunstancias. En consecuencia, la no discriminación no viene de la mano con la igualdad sino con la pluralidad, esto es con el florecimiento de la diferencia. Lo anterior nos lleva a proponer que una ciudadanía plena debe ir acompañada del reconocimiento a la diferencia y de una cultura de la no discriminación.

Cuando en una sociedad existe discriminación, tal como en el caso mexicano, las leyes no son suficientes para construir una ciudadanía plena. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos⁷ en su artículo primero apunta:

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

A pesar de este ordenamiento legal, en México existe una gran discriminación, la cual mantiene en exclusión y pobreza a quien la padece. A continuación analizaremos dicho fenómeno, así como las repercusiones que tiene en la construcción de una ciudadanía plena.

Discriminación en México

Este apartado pretende dos objetivos. En primer lugar, describir que en México hay una gran discriminación hacia diversos sectores de la sociedad, tales como: mujeres, adultos mayores, discapacitados, población indígena y personas con preferencia no heterosexual.

En segundo lugar, apuntar que los derechos que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por un lado, son insuficientes para el desarrollo pleno de dichos sectores de la sociedad, y, por el otro, que muchos de los derechos otorgados no se respetan. En este sentido, la discriminación ocasiona que los individuos no se consideren sujetos de derecho, que no crean que pueden usarlos y exigirlos, pues hay un deterioro de su autoestima y una concepción de inferioridad respecto a los demás sectores.

En México hay una fuerte discriminación hacia el género femenino, su mayor expresión es la cultura machista que predomina entre los mexicanos. El "machismo" se puede definir como una serie de códigos culturales y conductas que exaltan el papel del hombre sobre la mujer, por lo mismo se genera "un ideal masculino que hace hincapié en la dominación sobre las mujeres, la competencia entre los hombres, la exhibición de agresividad, la sexualidad depredadora y el doble juego" (Connell, 1993: 31). Esta creencia es una construcción social que se aprende desde la casa, continúa en la escuela, en el trabajo y en cualquier otro ámbito de la vida social, y se transmite de generación en generación. En México el machismo está tan arraigado en la cultura que en ocasiones no nos damos cuenta que estamos inmersos en él.

Como se puede observar, en esta construcción cultural el personaje central es el hombre, el cual a través de su vida tiene que seguir una serie de comportamientos que le van a ayudar a reconocerse ante los demás como tal; entre ellos destaca el hecho de que no puede dejar ver sus sentimientos, siempre debe ocultarlos y mostrarse fuerte frente a cualquier adversidad, no debe llorar y mucho menos pedir perdón; debe ser agresivo, físicamente hablando, por lo que si práctica deportes éstos deben de poner a prueba esta condición; además entre más mujeres tenga, más hombre es; en el hogar, su papel en la familia es el de proveer mientras que el de su esposa es atenderlo y de estar atenta de sus necesidades sin importar cuáles sean éstas⁸ (Castañeda, 2007).

Además de estas características, Octavio Paz en su libro clásico El laberinto de la soledad, señala que en el imaginario colectivo el hombre —al cual el autor llama "macho"— nunca debe rajarse y debe ser "chingón". Para el mexicano el que se raja "es de poco fiar, deja ver que es incapaz de afrontar los peligros como se debe: se trata de un traidor" (Paz, 2002: 165), como consecuencia un "verdadero hombre jamás se raja". Ser chingón no implica virilidad sino agresividad, es una palabra que implica violencia, pues donde hay un chingón hay un chingado, en consecuencia, la vida cotidiana se convierte en una posibilidad de chingar y de ser chingado, en otras palabras, de violentar, de agandallar, de castigar, de ofender y, lo que es peor —como el hombre no se raja—, debe soportar humillaciones y maltratos pues lo que está aprueba es su hombría. En esta visión, la mujer es vista como inferior ya que, indiscutiblemente, es la chingada y la que se raja.

Entonces, en el machismo en México la mujer se construye en contraparte al hombre: ella debe ser callada y recada; como es débil, le está permitido mostrar sus sentimientos y llorar; su papel como esposa es hacerse cargo de los quehaceres de la casa y vivir para satisfacer a su marido, al cual debe aceptar tal como es, por ende, cuando se llegue a dar cuenta de la infidelidad debe comprenderlo, jamás desafiarlo o ponerlo en evidencia; el papel de cuidado de los hijos le corresponde a ella; si no cumple con este papel es estigmatizada como una "mala mujer", por lo que se puede justificar los malos tratos del marido (Castañeda; 2007). Este estereotipo no deja ver una igualdad entre géneros; al contrario, hay una clara desigualdad, en donde la mujer es inferior al hombre.⁹ Esto a pesar de que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo cuarto apunta que: "El varón y la mujer son iguales ante la ley".¹⁰

Entonces, en México existe una clara discriminación hacia el género femenino, la cual se puede observar en la Encuesta Nacional sobre la Discriminación en México (END) (Székely, 2007). En dicha encuesta, paradójicamente 84% dijo respetar a la mujer que decida ser madre soltera, 90% opinó que negar el empleo a una mujer embarazada es una violación a sus derechos humanos y casi 100% afirmó que resulta injustificable que un hombre golpee a una mujer. De manera paralela a este discurso, uno de cada cuatro pediría un examen de embarazo a una mujer antes de decidir darle empleo, uno de cada tres opina que es normal que los hombres ganen más que las mujeres y prácticamente uno de cada cuatro mexicanos está de acuerdo con que muchas mujeres son violadas porque provocan a los hombres. Estos elementos son rasgos claros de una concepción de desigualdad de géneros.

En esta encuesta también se observa que las mujeres encuestadas apuntan que los espacios donde perciben una mayor discriminación son en el trabajo y en el hogar. En esta última esfera, según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2003,¹¹ 35% de las mujeres de quince años y más reportó haber sufrido violencia emocional por parte de su cónyuge durante los últimos 12 meses previos al momento de la encuesta, 27% de las mujeres señaló haber sufrido violencia económica, 9% violencia física y 8% violencia sexual. Estos tipos de violencia dejan ver la falta de derechos reales de la mujer en México, pues, en primer lugar no en todos los estados de la República están tipificados estos tipos de violencia; en segundo lugar, a pesar de que hay un castigo legal, principalmente para la violencia física, ésta sigue presente y habría que aclarar que las cifras pueden ser más altas pues la mujeres no siempre denuncian el maltrato y la violencia a las que son expuestas, ya que están tan inmersas en ellas que o ya se acostumbraron o creen que la vida es así.

Los datos sobre la violencia contra las mujeres muestran que está lejos de desaparecer en el corto plazo. De acuerdo con la misma encuesta, hasta 80% de las mujeres en México han sido violentadas alguna vez en su vida; mientras que el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio reportó mil catorce homicidios dolosos contra mujeres¹² del 1° de enero de 2007 al 31 de julio de 2008 en 13 estados del país.

La discriminación hacia las mujeres también se observa en la educación y en el ingreso salarial. Las tasas de analfabetismo son de 11% para mujeres y 7% para hombres.¹³ En cuanto a la brecha salarial, de acuerdo con cifras del INEGI, 29% de las mujeres que realizan un trabajo remunerado recibe entre uno o dos salarios mínimos mensuales como pago, en tanto que sólo 22% de los hombres están en esa situación y 11% de hombres perciben más de cinco salarios mínimos mensuales, mientras que sólo 7% de las mujeres tiene el mismo ingreso.¹⁴ Entonces, es claro que en la actualidad las mujeres perciben menos salario que los hombres. Lo anterior pasa aunque la Constitución señala que hombres y mujeres son iguales ante la ley y que ambos tienen el mismo derecho a la educación y al trabajo.

Lo antes expuesto muestra que en México es común un trato desigual hacia las mujeres, el cual se observa de manera cotidiana en cada una de las relaciones sociales que tienen los mexicanos. Marta Torres, en su artículo "Género y discriminación" (2005), nos ilustra con un relato de esta discriminación:

Una mujer profesionista trabaja en una empresa —pública, privada o social— en el horario generalizado de nueve a seis. En las juntas de dirección, tanto el jefe como los compañeros esperan —ya ni siquiera tienen que pedirlo— que ella sirva el café o el agua, que tome nota de las discusiones y acuerdos para después enviar una minuta, y que conteste el teléfono. Cuando alguien le dijo "no dejes que te traten como secretaria" se dio cuenta de dos cosas: la primera era que la totalidad de las secretarias eran mujeres, y la segunda menos obvia, que ellas tampoco tendrían por qué servir café. En este espacio laboral ya no se solicitaban análisis clínicos de ingravidez, pero tampoco se contrataba a mujeres embarazadas; se exigía excelente presentación, pero no se hacían explícitos los criterios para evaluarla y, por último, a las secretarias y recepcionistas se les exigía ser menores de 25 años en el momento de su ingreso... Esa misma mujer tiene que salir a la hora en punto porque su día de trabajo no acaba a las seis. Hay algunas otras responsabilidades: hacer las compras de víveres, preparar la cena, revisar las tareas de los hijos... y... atender al marido (Torres, 2005: 71).

Torres dejó la historia en este punto, empero consideramos que podría concluir de la siguiente forma:

[...] Cuando llega el marido y se percata que en la casa hay desorden y que "su mujer" no le hace caso, pues está apurada terminando los quehaceres domésticos y con las tareas de los hijos, entonces le dice: "todavía no acabas", pues qué "has hecho", "por qué no te organizas mejor", en algunas ocasiones la mujer discute y los hijos no sólo ven el maltrato emocional, sino que llegan a ver y a padecer la violencia física.

Esta historia está lejos de desaparecer de la vida diaria de los mexicanos, toda vez que la mayoría de nosotros ha sido partícipe de esta realidad de manera directa o indirecta, sin importar el nivel de estudio y/o nivel económico; y, lo que es peor, la seguimos reproduciendo; por lo mismo, habría que reflexionar si en México los ciudadanos somos iguales en la vida cotidiana, o si hay ciudadanos de primera y de segunda categoría.

En la cultura mexicana el rol de la mujer ante el hombre es de subordinación, lo que ocasiona un sentido de inferioridad de sí misma. Cuando este estereotipo se ha interiorizado, aunque existan leyes que garanticen los derechos de la mujer, éstas no serán utilizadas en defensa de la igualdad de género, ya que, en general, la mexicana no se concibe como un igual ante el hombre, por ende no ejerce como sujeto de derecho; y de hacerlo, muchas veces las instancias gubernamentales no se encuentran preparadas para ayudarlas.¹⁵ Ante esta discriminación que hay en México contra las mujeres, nos cuestionamos cómo puedan ellas lograr una ciudadanía plena, si culturalmente no les está permitido.

Adultos mayores

Otro de los grupos que sufre mayor discriminación en México es el de los adultos mayores. Esta situación responde a que en el imaginario colectivo se asocia a este sector con improductividad, ineficiencia y enfermedad (Conapred, 2004), en consecuencia, es frecuente que se les llegue a considerar una carga familiar y/o social.

Aunque se carece de información sobre la discriminación a este grupo, según el Inapam, en 2002 se presentaron 18 mil denuncias por violación de derechos ante los ministerios públicos en toda la República (cifra que se duplicó en un año, pues en 2001 se habían reportado 9 mil).¹⁷ Sin embargo, instituciones como la Conapred consideran que el número puede ser mayor debido a que los adultos mayores generalmente no denuncian los abusos, lo cual puede ser consecuencia de que creen que nadie les pondría atención, se sienten muy discriminados y cuando traspasan este límite cultural se enfrentan a la falta de capacitación de las autoridades sobre las sanciones que se deben aplicar (Conapred, 2004).

Parte de la discriminación hacia este sector se puede observar en la END: 88% de los adultos mayores se sienten discriminados; y tres de cada cuatro adultos consideran que una persona de edad mayor tiene pocas o nulas posibilidades de mejorar sus condiciones de vida debido a su edad. No obstante, uno de los datos más sorprendentes es el grado de internalización de la discriminación: por ejemplo, 41% de los encuestados afirma que es justo ser discriminado por su familia. Esta situación cultural y psicológica lleva a que los adultos mayores no sientan que sus derechos deben ser respetados, por ende, se dejan humillar, violentar. En pocas palabras, sus derechos no son asumidos ni por los otros ni por ellos mismos.

El problema se agudiza cuando el adulto mayor padece alguna discapacidad.¹⁸ Y peor aún cuando es mujer (Conapred, 2004). La estigmatización que pesa sobre el adulto mayor en México hace que dicho sector sea uno de los más excluidos, no sólo económica sino socialmente. Este fenómeno no sólo los lleva a la pobreza sino a la depresión y baja autoestima. Con lo antes señalado, es claro que resulta imposible una ciudadanía plena, pues no son ciudadanos iguales, se les maltrata, se les priva de una vida digna, muchos de ellos no tienen derechos a la salud pública y tampoco cuentan con ingresos:

Tengo 93 años, nunca me casé y siempre trabajé en casa, desde muy joven cuide de mi papá y de mi hermana —mi mamá murió cuando nací—, ellos ya murieron, ahora ya no tengo familia. Actualmente no tengo ingresos, pues yo fui costurera desde los 18 años, me iba muy bien, pero ahora mis manos y mi vista ya no me dejan trabajar, ya no puedo. No tengo un ingreso, no tengo familia; una de mis primas lejanas me deja vivir en un cuarto arriba de su casa, pero no me da ni un taco... dice que me conforme con el cuarto. Yo todos los días espero que alguien me socorra, y bueno siempre hay buenas personas, y un café y un taco de frijoles no me falta. Sólo pido que Dios se acuerde de mí lo más pronto posible, pues ya me duele todo y la familia con la que vivo me humilla mucho.¹⁹

Infortunadamente, en México hay un gran porcentaje de personas de la tercera edad que no tienen ingresos fijos, no saben leer, están enfermos y no cuentan con seguro social. De acuerdo con el Instituto Nacional de la Personas Adultas Mayores (Inapam), sólo 25% de los adultos mayores cuenta con recursos suficientes para enfrentar la vejez. Alrededor de 90% de los adultos mayores vive con sus familiares y 10% de ellos carece de apoyo institucional o individual (Conapred, 2004: 14). Las condiciones económicas y sociales en las que vive un gran porcentaje de este sector de la sociedad hacen que reflexionemos si estos ciudadanos son plenos y si pueden —y les interesa— fortalecer la democracia.

Personas con discapacidad

El expresidente de la Conapred, Gilberto Rincón Gallardo²⁰ promovió la utilización del término personas con discapacidad, en sustitución de expresiones como capacidades diferentes, ya que "...es un neologismo que no define la discapacidad y que resulta erróneo porque todos tenemos capacidades diferentes" (Maciel, 2008: 16). De acuerdo con lo afirmado por Rincón Gallardo, en este trabajo las denominaremos personas con discapacidad.

En la END, 41% de los mexicanos encuestados declaró que las personas con discapacidad no trabajan tan bien como las demás, y uno de cada tres está de acuerdo en que en las escuelas donde hay muchos niños con discapacidad disminuye la calidad de la enseñanza. Estos datos dejan ver claramente el estigma de "carga social" que hay en los mexicanos hacia este grupo social. Lo anterior trae como consecuencia que los discapacitados no sean considerados como ciudadanos con igualdad de derechos y de obligaciones. Esto es verdaderamente grave para una democracia que defiende la pluralidad como uno de sus valores fundamentales. Por tanto, es claro que en México el problema "de los discapacitados no es su discapacidad, que bien puede ser vista como un rasgo más de la diversidad de la vida, sino la incapacidad de la sociedad a entender, aceptar y tolerar la diferencia y la otredad" (Maciel, 2008: 80).

Como consecuencia, también la END mostró que 94% de los discapacitados encuestados se sienten discriminados. Este resultado coincide con los resultados del trabajo cualitativo que realizó Maciel González (2008), en donde —con base en grupos de enfoque—muestra cómo la sociedad mexicana discrimina a los discapacitados al no brindarles las mismas oportunidades y no respetar su diferencia; asimismo, cómo las instituciones no están preparadas para trabajar con ellos, además de que no generan condiciones para su desarrollo, no hay ni solidaridad ni ayuda de los demás. Para ejemplificar esta situación mostramos algunos de los puntos de vista de los entrevistados por Maciel:

• "El trabajo para una persona con discapacidad es imposible, todo está reducido a las labores artesanales".

• "Nadie cede el lugar en un transporte público".

• "Casi nunca se respetan los lugares de estacionamiento para las personas con discapacidad. Muchos elevadores no permiten la entrada de sillas de ruedas, el acceso a un lugar siempre es muy complicado".

• "El único transporte con acceso a personas con discapacidad es el metrobús, pero queda hasta Insurgentes".

• "Son pocos los lugares en el metro que pueden dar acceso a una persona con discapacidad".

• "El maestro de educación física reprobó a mi hijo por faltas, porque cuando pasaba lista nunca dijo 'presente'. Mi hijo es autista".

]]> • "Las escuelas son espacios en donde los alumnos con discapacidad no tienen cabida, por la falta de conocimiento de las autoridades y de los maestros, o algunas veces por la falta de voluntad de ayudar a estos niños, de hacer un esfuerzo para trabajar con ellos en el salón de clase o en sus demás actividades".

• Una señora mencionó que su hijo fue "diagnosticado" con síndrome de Down: "Al nacer mi hijo los doctores me dijeron: 'No se preocupe, señora, su hijo tiene pocas esperanzas de vida, estimamos que a los tres años se liberará del problema'".

• "Después de los 18 años no hay opciones ni vida para los discapacitados. Y aunque la hubiera, a esa edad ya hay atrofia emocional".

• "En México la discapacidad es una enfermedad".

La estigmatización y los prejuicios frente a dicho sector hacen que la sociedad mexicana no los reconozca como ciudadanos diferentes pero con igualdad de condiciones, lo cual genera actitudes de inequidad en la vida cotidiana; por lo mismo, el que ellos no vayan a la escuela o no tengan un trabajo es normal para los mexicanos, pues son discapacitados. Con una cultura de la discriminación, los derechos básicos que otorga la Constitución —escuela, trabajo, libertad de expresión— son limitados en la vida cotidiana, además de que en México la mayoría de los estados carecen de leyes especiales para su desarrollo (Maciel, 2008).

Indígenas

En México la palabra "indio" puede llegar a ser un calificativo negativo, que denota inferioridad. Esta percepción se arrastra desde la época de la conquista, en la cual los españoles nombraron a los habitantes de las tierras conquistadas de América como "indios".²¹ Debido a que fueron los vencidos, la mayoría de las veces se les trató como esclavos, es decir como seres inferiores que habían nacido para trabajar. Esta actitud de menosprecio hacia el indio continuó y perduró a través de los años; incluso, en ciertos momentos se fortaleció, tal es el caso del periodo de Santa Anna o el de Porfirio Díaz (Paulat, 1972).

La percepción de inferioridad cuando se habla de un indio continúa. Para conocerla no hay que buscar mucho, en primer lugar podemos apuntar que en México los indígenas son los más pobres de la sociedad. El informe de la Conapo de 2001 demuestra que las entidades federativas del país con mayor proporción de población indígena presentan los Índices de Desarrollo Humano (IDH) más bajos. Dicha condición de pobreza es consecuencia de la poca y mala educación²² a la que accede este grupo, lo cual viene aparejado con trabajos mal remunerados y una gran explotación; uno de estos casos son los jornaleros agrícolas migrantes que hay en México²³ y es muy preocupante, además, el tema de los niños.

Los niños jornaleros agrícolas migrantes trabajan desde cortas edades, algunos desde los tres años.²⁴ En este punto hay que recordar que la Constitución, en su artículo 123,²⁵ prohíbe en forma expresa que trabajen los menores de 14 años. La violación a los derechos fundamentales de los niños jornaleros es grave, pues debido al trabajo que realizan no acceden a una educación básica que pueda formarlos y que les permita continuar sus estudios.²⁶ Entonces, a un niño indígena que no tenga educación ni una buena alimentación se le está condenando a la pobreza, pues como diría Amartya Sen (1987) no tiene oportunidades reales para salir de ella. A continuación, algunos fragmentos de entrevistas profundas a maestros, jefes de cuadrillas y a niños jornaleros:

En el campo pues más que nada a estas alturas de la temporada a cortar tomate, el chile con el apoyo de los padres, los niños más chicos entre 6 y 8 años. Ya de los 9 años hacia arriba, ellos solos ya conocen bien el oficio y ellos solos recosen las labores del campo, incluso pues llevar la cubeta llena de tomate, de chile, de berenjena; ellos solos las acarrean a las batangas donde depositan toda la hortaliza que van cortando (Jefa de cuadrilla) (Reyes, 2003: 28).

Bueno pues en su físico niños muy alegres y a la vez tristes porque todo el tiempo andan de acá para allá, no tienen un lugar estable donde vivir, su inteligencia sí se les desarrolla pero a algunos se les dificulta, pues se interesan más por el trabajo, ya que dicen que ellos no vienen a estudiar, vienen a trabajar. Los papás casi no se preocupan por la educación (profesora de campo agrícola) (Reyes; 2003: 33).

—¿Faltan a la escuela?

—Yo, a veces

—¿Por qué faltaban?

—Porque mis papás no estaban, iba a lavar trastes... porque los acompañaba al campo (niños jornaleros agrícolas) (Reyes; 2003: 37).

Cuando estos niños alcancen la mayoría de edad seguramente serán pobres y no tendrán educación. Muchos de ellos no sabrán ni leer ni escribir, lo cual nos lleva a cuestionarnos si un ciudadano con estas características fortalece a la democracia. Pero el problema de este sector de la sociedad no sólo es la niñez, los jornaleros agrícolas migrantes adultos trabajan en condiciones muy precarias, no tienen seguro social, ni prestaciones, ni garantías laborales (Rodríguez, 2007), condiciones que están garantizadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 123,²⁷ pero que en la vida real no se cumplen.

La discriminación social hacia el indígena abarca desde el color de su piel y su lengua, hasta su forma de vestir y de vivir; cada uno de estos rasgos es violentado en la vida cotidiana, y se les condena a trabajos de campo mal pagados con una sobre-explotación que no les permite salir del círculo vicioso en el que se encuentran. Tal es el caso de los jornaleros agrícolas migrantes.

Esta violencia se refleja en expresiones coloquiales como "¡Qué indio eres!", frase agresiva que es una de las peores ofensas que un mexicano le puede inferir a otro mexicano, pues éste lo que menos quiere es parecerse a un indio o tener uno de los rasgos que lo caracterizan.

Lo anterior explica por qué en la misma encuesta 40% dijo estar dispuesto a organizarse con otras personas para solicitar que no permitan a un grupo de indígenas establecerse cerca de su comunidad; esta actitud deja ver una gran discriminación hacia dicho sector. En este sentido, la cultura se convierte en una de las barreras más importante en la lucha por el respeto a la igualdad entre ciudadanos, reconociendo la diferencia. En México grupos como los indígenas, en la mayoría de los casos, no ha accedido a los derechos fundamentales establecidos por la Carta Magna: educación, trabajo, salud; en estas condiciones, hablar de una ciudadanía plena o multicultural es un discurso vacío.

Esta discriminación explica por qué 91% de los encuestados indígenas declaró sentirse excluido de la sociedad; 90% de ellos consideró tener menos oportunidades para conseguir trabajo que el resto de la población; y tres de cada cuatro pensaron tener menos oportunidades para ir a la escuela que el resto de las personas. Esta marcada discriminación hacia este sector permanece a pesar de que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo segundo, apunta que se impulsará el desarrollo de este sector en un marco de respeto a la pluriculturalidad; para lograr esto, se destacan, entre otros factores: el desarrollo regional de las zonas indígenas, mejorar las condiciones de vida, garantizar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe, asegurar el acceso a los servicios de salud.²⁸ Entonces, según lo descrito hasta aquí, dicho artículo se violenta cotidianamente. Ni el gobierno ni el ciudadano común lo respetan. Lo peor es que los indígenas, debido a la ignorancia y a la pobreza en la que están sumergidos, no se saben sujetos de derechos e ignoran cómo exigirlos.

De lo anterior se desprende que cuando se asume que no eres igual al otro —pero además no tienes las condiciones de desarrollo del otro—, aunque haya leyes que estipulen el respeto a la diferencia, este ciudadano no cuenta con dichos derechos, no cree en ellos y no sabe como exigirlos, por lo mismo, mucho menos creerá que puede luchar por más.

Los ciudadanos no heterosexuales

En México el conglomerado de los grupos de la diversidad sexual se autodenomina "la red LGBT", cuyas siglas incluyen la participación de mujeres lesbianas (L), hombres gay (G), personas bisexuales (B) y personas transexuales, travestis y transgéneros (T) (Flores, 1996: 6). La discriminación que sufre este sector es clara y visible. Este casi nulo reconocimiento en parte se debe a la concepción machista que priva en la sociedad mexicana, así como a la rigidez cultural para concebir el rol masculino y femenino.

Esta discriminación llega a tener tintes violentos: desde agresiones físicas hasta la muerte. Según el Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, hasta 2000 se habían cometido 213 crímenes de odio relacionados con la orientación sexual de las víctimas en toda la República Mexicana, con lo cual México ocupaba el segundo lugar en el continente por este tipo de agresiones (Flores, 1996: 8).

En una encuesta que levantó el Instituto Federal Electoral en 1999, a la pregunta sobre qué tan dispuestos estarían las personas entrevistadas a que en su casa vivieran personas de otra raza, de otra religión, de ideas políticas distintas, homosexuales y enfermos de sida, 66.5% (el más elevado) respondió que no en el caso de los homosexuales.²⁹ Estos datos se fortalecen con los de la END, en donde cinco de cada diez personas no estarían dispuestas a permitir que en su casa viviera un homosexual.

La discriminación a este sector inicia en la familia. Uno de los documentos de trabajo de la Conapred títulado "Estudio sobre la diversidad sexual y los retos de la igualdad y la inclusión", documenta la exclusión familiar que viven los no heterosexuales:

A muchas compañeras les ha pasado, que la familia cuando se entera que son lesbianas [...] les dicen "hubiera preferido que fueras puta" (...), mejor drogadicta, mejor borracha, mejor lo que sea, menos lesbiana, mejor te mueres que ser lesbiana, porque así ya no enfrento a una sociedad que me va a decir: "Ahí va la mamá de la lesbiana; prefiero mejor verte muerta" (Flores, 2006: 99).

La agresión a dicho sector no sólo proviene de personas extrañas o lejanas a la familia sino también de vínculos cercanos. Hay, entonces, dos caminos para enfrentar esta discriminación. En primer lugar, el temor de perder los amigos, la familia, el trabajo o la vivienda, así como el miedo a la exclusión, a la pobreza, a la prisión o al tratamiento psiquiátrico forzado, mantiene a la gran mayoría de las lesbianas y los homosexuales en silencio, obligándolos a vivir en la simulación o a llevar una doble vida, con toda la presión (Conapred; 2004). En segundo lugar, dejar visible su personalidad y enfrentarse a la violencia social y, lo peor, acostumbrarse a ella no sólo en su familia sino también en otras esferas de su vida, tal como en el trabajo:

A mí mismo me tocó. Yo trabajé en la clínica para niños con problemas y cuando empecé a participar públicamente en la marcha del orgullo, en las manifestaciones en contra de la violencia contra la mujer y estas cosas, empezó a salir mi imagen en diarios y demás. La dirección de la clínica no me dijo nada, pero de tener un horario de las 6 de la mañana a las 7 de la noche con una hora escasa para comer al mediodía, de repente apareció una semana mi horario de trabajo con una terapia a las siete de la mañana, a las once, a la una, a las dos de la tarde, inexplicablemente disminuyó. Claro que como yo era el más antiguo de la empresa y había capacitado a todo el personal de rehabilitación, de terapia, pues los compañeros de contabilidad se sintieron cuestionados y fueron citados por la dirección de la institución a una junta en donde les explicaron que me estaban tratando de orillar para que yo renunciara y no manchara la imagen de la institución por mi orientación sexual y mi compromiso social ante esta orientación (Flores; 2006, 101).

Lo antes señalado explica por qué en la END, 95% de la población encuestada no heterosexual apuntó que la discriminación es intensa: dos de cada tres siente que no se han respetado sus derechos de manera sistemática por sus preferencias; más de la mitad afirma sentirse rechazado por la sociedad; prácticamente la mitad manifiesta que el trato que reciben por parte de la gente es de rechazo, falta de respeto y descortesía; 72% cree tener menores oportunidades para conseguir trabajo que el resto de las personas; y 75% afirma haber obtenido un salario menor por realizar un trabajo similar al que desempeña otra persona.

Hay que subrayar que el problema con este grupo de personas no sólo es cultural sino también legal, las leyes en México no han evolucionado para que este sector pueda ser protegido y logre desarrollar una ciudadana plena, tal como lo apunta Kymlicka. En este tema hay que destacar que el reconocimiento legal de las parejas homosexuales impide que puedan solicitar un crédito con los ingresos de ambos, que puedan postularse como beneficiarios del seguro médico y que puedan contar con los mismos derechos sociales y patrimoniales que las parejas heterosexuales. Asimismo, la homosexualidad o la bisexualidad pueden hacer que un padre pierda la custodia de sus hijos o sea causal de divorcio (Flores, 2006: 102). La siguiente entrevista profunda deja ver la falta de derechos diferenciados para el desarrollo de este grupo de personas:

Al ser una persona transexual, como la transexualidad no está reconocida, sigue siendo vista como una preferencia fetichista de la homosexualidad. No se comprenden los problemas que tenemos. Si una persona transexual ya con procesos de hormonación es detenida por alguna causa y es metida a la cárcel, automáticamente la meten a una prisión por sus genitales. Entonces, imagínate una persona que ya tenga una apariencia de mujer, que ya se haya modificado la cara, que haya tenido ya senos, ¿que la metan a una cárcel de hombres? [...]. Además del riesgo que corre ahí, le quitan el proceso hormonal en seguida, ¿Qué es lo que pasa entonces?, tu cuerpo ya está funcionando con una dosis de hormona y se la cortas, lo desbalanceas, y la hormona masculina que está siendo controlada se descontrola; provoca cánceres y todo esto, además de que te cortan el cabello y todo eso, es volver a esta persona a la fuerza a un estadio que ya se superó, es una violación completamente a sus derechos humanos [...] Entonces lo que estamos pidiendo es que una vez que se reconozca la transexualidad, a una persona transexual en prisión se le respete su derecho a su acceso del tratamiento hormonal como una persona que tenga diabetes, como una persona que tenga cáncer o cualquier otra cuestión (Flores, 2006: 103).

Hay que resaltar que las leyes no han avanzado, entre otras razones, como respuesta a los prejuicios de la sociedad mexicana. La cultura de la discriminación lleva a que este sector sea presa de una gran exclusión, condición que les veda el acceso a una ciudadanía plena en sus vidas cotidianas.

Conclusión

El debate actual de ciudadanía se da alrededor de la propuesta de Kymlicka, quien plantea que para lograr el desarrollo de las democracias modernas es necesario el fortalecimiento de una ciudadanía multicultural; sin embargo en México, a pesar de las exigencias teóricas, el ciudadano no está listo para respetar la diferencia cultural, y contrario a este presupuesto teórico presenta una alta discriminación hacia diversos grupos sociales. Este fenómeno ocasiona que no se respeten los derechos básicos de las minorías y por tanto que se les excluya, evitando así el desarrollo de su ciudadanía plena.

Cuando la discriminación está presente en la sociedad tiene, fundamentalmente, dos consecuencias: en primer lugar, los sujetos que han sido formado en un clima adverso no se creerán dignos no sólo de exigir derechos que les ayuden a fortalecer su diferencia, sino tampoco que puede utilizar los derechos ya existentes; en segundo lugar, la sociedad no ayudará a la generación de más derechos diferenciados y dificultara la garantía y el fortalecimiento de los derechos que ya están en el marco legal.

Por tanto, la discriminación socava los derechos y limita la generación de otros que les permitan a los ciudadanos mejorar su calidad de vida. Estas condiciones culturales y legales llevan a al exclusión social y a la pobreza, por ende, bajo estas condiciones es imposible el fortalecimiento de un ciudadano pleno que crezca en un ambiente de respeto a la diferencia.

En el caso mexicano se pudo observar hay una gran discriminación hacia las mujeres, adultos mayores, discapacitados, indígenas y no heterosexuales. El análisis de cada uno de estos grupos dejó ver que carecen de un reconocimiento a su diferencia, que son vistos con inferioridad y que la sociedad los relaciona con características negativas, esto ocasiona que estos sectores tengan una baja autoestima y no se consideren con igualdad de derechos frente a los demás, se asumen como ciudadanos de segunda y se comportan como tales. Esta realidad lleva que a que no sólo no usen los pocos o muchos derechos que les otorga la ley, sino que tampoco sean capaces de exigir más.

Entonces, a partir de lo expuesto en este trabajo podemos señalar que uno de los elementos que no ayudan al desarrollo de una ciudadanía plena en México es la cultura. Hay una gran discriminación hacia diversos grupos sociales; dicha construcción cultural es resultado de una socialización en donde participan la familia, la escuela, los medios de comunicación, el trabajo, los amigos, las asociaciones; pero además, se está reproduciendo de generación en generación, sin que los mexicanos seamos conscientes de ello. Mientras esta concepción no se transforme, la formación de un ciudadano pleno en México es muy difícil; y por las consecuencias que esto acarrea para la democracia, consideramos que se debe poner en la agenda pública la formación de una cultura de la no discriminación y del respeto a la diferencia social.

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Notas

2. Estos grupos sociales se escogieron debido a que la Encuesta Nacional sobre la Discriminación de México (END) dejó ver que el mexicano es altamente discriminador con estos grupos. Dicha encuesta fue realizada a mediados de 2004 por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (CNPD). Los resultados pueden hallarse en www.sedesol.gob.mx y en Székely (2007).

3. Hay que recordar que cuando se habla de ciudadanía se recuerda el papel de la polis griega, en donde todos los que eran ciudadanos participaban en la toma de decisiones sobre asuntos de orden público (Arendt, 1993). Habría que aclarar que estos ciudadanos no tomaban todas las decisiones, pues autores como Manin apuntan que en la democracia ateniense "muchos poderes no estaban en manos del pueblo reunido en asamblea" (1998: 19). Sin embargo, lo que hay que rescatar de los griegos es que los ciudadanos sí se reunían para discutir y tomar decisiones sobre lo público, asumían un papel activo en la política. A través de la historia este comportamiento se fue convirtiendo en el ideal del ciudadano y, en consecuencia, se suele pensar que el ciudadano es aquel que participa en la política. En este sentido, Marshall se logra dar cuenta de que no todos tienen las condiciones sociales y económicas para hacerlo, así que considera que si queremos tener un ciudadano que participe activamente en la política hay que otorgarle derechos sociales, civiles y políticos.

4. Otro de los autores que ha formulado una de las críticas más sólidas al trabajo de Marshall ha sido Bryan Turner. En primer lugar, este autor apunta que los derechos ciudadanos no han sido consecuencia de una concesión estatal sino el resultado de luchas sociales y políticas. Consideró que Marshall no alcanzó a visualizar la importancia de las luchas y movimientos sociales en el desarrollo, surgimiento y fortalecimiento de la ciudadanía; fundamentalmente, de los derechos políticos (Turner; 1990: 38). Somers, quien conviene con Turner, aclara que no sólo fueron los movimientos como el cartismo, el movimiento fabril y el sindicalismo durante los siglos XIX y XX los que influyeron (como se piensa generalmente), también las luchas campesinas ocuparon un lugar fundamental en el surgimiento de los derechos ciudadanos (Somers, 1999: 230).

En segundo lugar, Turner apunta que Marshall no acompaña su conceptualización de "ciudadanía" (en particular la expansión de los derechos sociales) con una propuesta económica que pueda ayudar al crecimiento y fortalecimiento de los mismos (Turner, 1990: 38), pues el capitalismo, que se ha consolidado en el mundo, está mermando —cada vez más— los derechos sociales. En este punto hay que resaltar que hay un debate en las ciencias sociales respecto a si los derechos sociales deberían ser incluidos o no en el concepto de ciudadanía. Al respecto, Giovanna Procacci trata de defender la importancia de los derechos sociales como parte de la ciudadanía. Para ella, los derechos sociales son importantes no sólo para amortiguar la pobreza que está generando la decadencia del Estado de bienestar, sino también para lograr que cualquier individuo (incluyendo al más pobre) tenga los mismos derechos y pueda ejercerlos igual que cualquier otro individuo: "[...] los pobres son ciudadanos exactamente iguales a todos los demás y [...] tienen por ello derecho a ciertos niveles de vida que se consideran básicos para la relación de ciudadanía" (Procacci, 1999: 34).

En tercer lugar, Turner critica a Marshall que sólo se haya enfocado, para el desarrollo de su modelo, en el caso británico (Turner, 1992: 40). Finalmente, este autor sostiene que Marshall no contempló en su modelo de ciudadanía el tema de los grupos étnicos, asunto que posteriormente desarrollará Kymlicka.

5. En este artículo se usarán como sinónimos la pluralidad cultural y el multiculturalismo, conceptos que reflejan la existencia de distintas culturas en una sociedad.

6. La identidad es aquello que constituye lo que una cosa es en sí misma y que, al mismo tiempo, la distingue de otra que no es ella. La identidad está delimitada por lo que es diferente a ella, es decir, lleva implícito el ser distinta a otra identidad. En esta perspectiva, da lo mismo afirmar la identidad de algo o su diferencia (García, 2006: 7).

7. Véase la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en: www.Info4.juridicas.unam.mx.

8. Lo interesante del libro de Castañeda (2007) es que la autora demuestra que I cada uno de estos elementos es un producto cultural y no una condición biológica innata que no se pueda transformar en el transcurso de la vida.

10. Véase la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en: www.Info4.juridicas.unam.mx.

11. www.cedoc.inmujeres.gob.mx

12. El Universal, 29/01/09.

13. www.inmujeres.gob.mx.

14. INEGI (2005). Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. México.

15. Señora de 40 años establecida en el estado de Hidalgo. Después de haber recibido varias golpizas de parte de su marido, aconsejada por sus "comadres" fue a demandarlo al Ministerio Público. Lo que obtuvo fue que le dijeran: "Pues, ¿qué le hizo a su marido que le pegó de esta manera?". Encuesta hecha por la autora, septiembre de 2008.

16. Conapo, La población de México en el nuevo siglo, México, julio de 2001, p. 19.

17. Declaración de Pedro Borda, director del Inapam, 9 de junio de 2003. Disponible en: http://uia.mx/iberonoticias/nuestracom/03/nc80/4.html).

18. El problema de la discriminación que afecta a los adultos mayores adquiere proporciones mayúsculas si se considera que, según el INEGI, dentro de la población longeva existe 15% de personas con algún tipo de discapacidad (Conapred, 2004).

20. Murió en 2008, siendo presidente de la Conapred.

21. Hay que recordar que los españoles llamaron "indios" a los pobladores de estas tierras pues ellos creían haber llegado a las Indias Orientales.

22. Según cifras del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la población de habla indígena presenta un índice de analfabetismo de 44.27%. La población que no ha terminado la primaria es de 75%, cuando en el nivel nacional es de 36%; las escuelas primarias con sexto grado alcanzan únicamente 38%, siendo que en el nivel nacional rebasan 80%. La eficacia terminal es de 65.88%, cuando en el país es de 85%; asimismo, el porcentaje de los alumnos de cuarto año que cumplen con habilidades de lecto-escritura es apenas de 8%, cuando el promedio nacional es ya de 25%.

23. Un ejemplo de esta situación en México son los jornales agrícolas migrantes, quienes generalmente son indígenas que salen de su pueblo para ofrecerse como trabajadores ambulantes. Este sector sufre explotación y marcada exclusión social en los lugares donde trabaja. Para lograr un ingreso familiar de sobrevivencia, hombres, mujeres y niños entran a la fuerza laboral, sin reconocimiento de sus derechos laborales, por lo mismo son víctimas de constantes violaciones en sus derechos fundamentales. Actualmente, existen entre 3 y 3.4 millones de jornaleros agrícolas (Sedesol: Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas en el Estado de Hidalgo 2008).

24. Sedesol: Programa de Atención a Jornales Agrícolas Migrantes. Disponible en: www.sedesol.gob.mx.

25. Véase Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en: www.Info4.juridicas.unam.mx.

26. La cobertura de educación preescolar e inicial en la población infantil migrante es de 6%, 61.1% de los hijos de familias jornaleras agrícolas —de entre 6 y 14 años de edad— no asiste a la escuela; 1 de cada 4 niños —de entre 6 y 14 años de edad— nunca ha asistido a la escuela; la misma cantidad abandona sus estudios para incorporarse al trabajo (Sedesol: Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas. Disponible en: www.sedesol.gob.mx).

27. Véase la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en: www.Info4.juridicas.unam.mx.

28. Véase la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en: www.Info4.juridicas.unam.mx.