Consolidación de los archipiélagos de seguridad en América Latina

Security archipelago consolidation in Latin America

Nelson Arteaga Botello*

* Profesor-Investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Autónoma del Estado de México. Correo electrónico: arbnelson@yahoo.com.

Fecha de recepción: 12 de octubre de 2008
Fecha de aceptación: 20 de octubre de 2009.

Resumen

El incremento de los delitos de diverso tipo y de la violencia criminal en los últimos diez años en América Latina ha propiciado la extensión de los mecanismos de seguridad en las sociedades de la región. De esta forma, no sorprende que a finales del siglo pasado se haya observado un aumento en la demanda de los servicios públicos y privados de seguridad. Este proceso no es solamente el resultado de la exportación hacia América Latina de cierta lógica de seguridad establecida por los Estados Unidos luego de los atentados a las Torres Gemelas. Más bien, este evento vino a acelerar y reforzar un proceso que en gran parte de los países de América Latina ya se venía consolidando; proceso determinado por la implementación de dispositivos de control sobre aquellos sectores que, se piensa, son responsables de la violencia delictiva: los excluidos y marginados de los espacios urbanos de las grandes ciudades latinoamericanas.

Palabras clave: archipiélagos de seguridad, exclusión social, estados de excepción, democracia.

Abstract

During the decade of the nineties, it was possible to observe in Latin America a significant increase in criminal violence. It is not surprising that at the end of the past century an increase can be observed in the demand for public and private security services, the extended use of different types of electronic surveillance and security devices. In this context of securitization, in the next decade and a bit after 9/11, another much different scenario directed to the fight against terrorism and organized crime can be connected. However, this process is not only a result of the exportation to Latin America of certain logic of security established in the United States after the attempts on the Twin Towers. More so, this event comes to accelerate and reinforce a process which in a large part of the Latin American countries are consolidating; a specific process for the implementation of control devices over those sectors that, are thought to be responsible for criminal violence: of those excluded and marginalized of the urban spaces in large Latin American countries. This paper attempts to show how it has been possible that security emerged, within so much principle of social organization in Latin America.

Introducción

Durante la década de los años noventa fue posible observar en América Latina un incremento significativo de la violencia delictiva. La eventualidad de sufrir algún tipo de robo en la vía pública o la probabilidad de ser víctima de un secuestro se han convertido en algunos de los miedos más propagados en las sociedades de esta región del mundo. En este sentido, no sorprende que a finales del siglo pasado se haya observado un aumento en la demanda de los servicios públicos y privados de seguridad, el uso cada vez más extendido de distintos tipos de dispositivos electrónicos de vigilancia y seguridad, la proliferación de vecindarios cerrados, así como la utilización cada vez más amplia de estrategias ciudadanas de tipo "vecino vigilante" o de la "cultura de la denuncia". De igual forma, durante esos años pudo advertirse la creación de instituciones definidas como de "inteligencia", previstas para crear bases de datos destinadas a la gestión de información delictiva; al mismo tiempo, desde el ámbito gubernamental se planteaban reformas a las fuerzas policiales y judiciales (Frühling, 2005; Duce y Pérez, 2005), muchas de ellas inspiradas en las políticas de tipo "tolerancia cero" (Wacquant, 1999).

A este contexto de segurización habrá de acoplarse, en la siguiente década y poco después del 9/11, otro escenario muy diferente, dirigido al combate contra el terrorismo y contra el llamado crimen organizado. En este sentido, aquello en otras ocasiones considerado como un delito común, hoy puede ser juzgado como un acto terrorista o como producto de la actividad organizada de criminales, quienes perseguirían en el fondo —se dice— la desestabilización generalizada de la sociedad. Desde entonces se percibe una expansión en la utilización de equipos electrónicos de vigilancia en distintos espacios de la vida cotidiana, los cuales potencian la recolección, la organización y el análisis de información específica referente a determinados conjuntos de población. Sin embargo, este proceso no es solamente el resultado de la exportación hacia América Latina de cierta lógica seguritaria establecida por los Estados Unidos luego de los atentados a las Torres Gemelas. Más bien, este evento vino a acelerar y reforzar un proceso que en gran parte de los países de América Latina ya se venía consolidando; proceso determinado por la implementación de dispositivos de control sobre aquellos sectores que, se piensa, son responsables de la violencia delictiva: los excluidos y marginados de los espacios urbanos de las grandes ciudades latinoamericanas.

De esta forma, no sorprenderá que comience a observarse una fusión entre las estrategias de seguridad orientadas a reducir los delitos y la lógica seguritaria impulsada por los Estados Unidos —donde la iniciativa Mérida, aprobada ya por el Congreso de los Estados Unidos, y el Plan Colombia, pueden señalarse como ejemplos de este proceso—. Así, se puede notar no sólo la ampliación en el uso de distintos dispositivos de seguridad a lo largo de diferentes espacios y ámbitos sociales, sino además el acoplamiento de los mismos, estableciendo con ello "archipiélagos de seguridad", los cuales funcionan como diques que permiten mantener bajo control a grupos sociales considerados como peligrosos —grupos sociales, por cierto, identificados de manera manifiesta con ciertos sectores de excluidos y marginados—. Por ello es que, en la gran mayoría de los casos, las políticas de seguridad en lugar de aminorar la presencia de la violencia delictiva parecen aumentarla, al reforzar el odio y el desprecio contra los signos de la riqueza, el consumo y el bienestar social, de cual se encuentran descartadas amplias franjas de la población.

El presente documento pretende mostrar cómo ha sido posible que la seguridad emergiera en tanto principio de organización social en América Latina. Para ello, se explora, en un primer momento, las condiciones de ciertas transformaciones de las esferas social, política, cultural y económica, enfrentadas por los países de la región durante los últimos años, las cuales han ocasionado que una particular noción de seguridad penetrara en numerosos dominios de la vida cotidiana. En un segundo momento, y en función de las mencionadas transformaciones, se analizan distintas estrategias y variados dispositivos de seguridad establecidos en América Latina, cómo se están acoplando y cómo con ello han dado paso a la conformación de "archipiélagos de seguridad". En la tercera parte, se examina cómo los acontecimientos del 9/11 aceleraron la consolidación de la seguridad como principio de organización social; pero también cómo estrategias de seguridad como la Iniciativa Mérida y el Plan Colombia han sido concebidas con el fin no únicamente de reforzar las políticas de seguridad en los países donde se aplican sino, además, para garantizar la llamada seguridad hemisférica del continente americano. En la última parte, se presenta una reflexión acerca de las implicaciones inscritas en las estrategias de seguridad proyectadas para la región latinoamericana, en particular acerca de los efectos que estos procesos de transformación provocan en la conformación de espacios de excepción (Agamben, 2003), los cuales debilitan notablemente las aún jóvenes instituciones democráticas de la región.

La emergencia de la seguridad: delito, violencia y exclusión social

Hacia finales de la década de los años ochenta es posible observar en América Latina un incremento significativo de la violencia delictiva, de tal suerte que ya entre 1990 y 1995, 60% de su población había sido victima de algún tipo de delito (Del Olmo, 2000). En Argentina, por ejemplo, el número de infractores se había duplicado entre 1990 y 1999 (Pegoraro, 2000); mientras que en México, la tasa de criminalidad sumaba mil delitos por cada 100,000 habitantes en 1990, para 1998 alcanzó la cifra de 2,500 delitos por cada 100,000 (Ruiz, 1997); por su parte, en Guatemala los delitos aumentaron casi 100% entre 1995 y 1998 (De León, Ogaldes y López, 1999); en tanto que en Nicaragua, los delitos contra las personas y contra la propiedad se habían duplicado entre 1991 y 1996 (Saldomando, 1999). De tal suerte que, según Londoño y Guerrero (1999), la violencia urbana en América Latina alcanza a representar un costo neto del orden de 12.1% del PIB, constituyendo unos 145,000 millones de dólares anuales. Incluso en los países de Centroamérica que vivieron conflictos armados durante de la Guerra Fría, las tasas de muertes causadas por la actividad criminal son mayores actualmente que durante los periodos de conflictos armados (Chinchilla, 2005).

Este escenario, que muestra un incremento significativo de los actos delictivos, coincide en gran medida con los cambios económicos sucedidos a partir de la imposición de las políticas librecambistas, sobre todo desde la década de los años ochenta (Concha-Eastman, 2000), los cuales cerraron el periodo de crecimiento económico vivido en la región cuyo telón de fondo lo dispuso el modelo de sustitución de importaciones establecido poco después de la II Guerra Mundial (Székely, 1994). Los reacomodos y las crisis económicas de la década de los ochenta y noventa, promovidas en gran medida por las políticas de ajuste económico, tuvieron como consecuencia —entre otras cosas— que el crecimiento de la región no fuera mayor a 3.6% en promedio (Pastor y Wise, 1997). Esto se vio cristalizado, en una primera instancia, en la esfera del empleo. En Chile, por ejemplo, entre 1982 y 1983, el desempleo alcanzó tasas de 31.3%, mientras que los salarios descendieron en 20% y, en esa misma proporción, fueron recortados los gastos destinados a la salud y vivienda; mientras en Brasil, los salarios perdieron 18% de su valor adquisitivo entre 1979 y 1983, mientras que en el periodo de 1983 a 1987 el poder de los salarios se redujo en 37% (Kumar, 2000). La informalidad, por tanto, adquirió un papel importante en la economía de estos países, ya que tanto la inserción de los trabajadores en el universo del autoempleo como la flexibilización laboral se convirtieron en situaciones cotidianas.

Por otro lado, las obligaciones de estos países respecto a la deuda externa ascendieron a 1.94 billones de dólares en la década de los ochenta (Martín y Schuman, 1998). Este contexto ha sido tierra fértil para el incremento de la desigualdad social y la caída del índice de desarrollo humano en la región en las últimas dos décadas (Huang, 1995); afectando definitivamente las políticas sociales en la región durante la década de los ochenta, cuando nueve de cada diez países presentaron importantes recortes al gasto social y, medido en términos del ingreso per cápita, el gasto público real en programas sociales declinó en ocho de ellos (Ward, 1993). Incluso durante la primera década de los años noventa el incremento anual del PIB en los países latinoamericanos se localizó por debajo de 6%, cifra requerida para apreciar un aumento significativo de los puestos de empleo y lograr cierta equidad social (Pastos y Wise, 1997). Sobre este punto, cabe mencionar un estudio elaborado en cinco países latinoamericanos (Argentina, Brasil, Colombia, Guatemala, México y Perú), el cual muestra —siguiendo el índice de Gini— que la desigualdad, en lo relativo a los ingresos por hogar y el acceso a los servicios de salud, se ha incrementado de forma significativa entre los años 1990 y 2000 (Koonings y Kruijt, 2007).

Este tipo de procesos de empobrecimiento y exclusión social se puede notar con mayor claridad en los espacios urbanos de América Latina. Este detalle no resulta menor pues la población urbana en la región se ha incrementado significativamente en los últimos cincuenta años. Ciudades como México han pasado de una población de 2.4 a 22.1 millones, mientras que Sao Paulo de 2.4 a 19.9, Buenos Aires de 4.6 a 12.6, Río de Janeiro de 3 a 11.9, Lima de 0.6 a 8.2, y Bogotá de 0.7 a 8 (Davis, 2006). Como señalan algunas cifras, a mediados de la década de los noventa los asentamientos de pobres en las zonas metropolitanas abarcaban por lo menos 50% de Lima, 35% de Río de Janeiro, 40% de Caracas; mientras que la población en estas ciudades creció en 60% entre 1973 y 1987, la población pobre o favelada ascendió en más de 100% (Neira, 1995).

Algunos datos establecen que 65% del total de pobres en América Latina habita en zonas urbanas. De hecho, se calcula que en estas áreas cincuenta millones de personas viven en la pobreza extrema (Koonings y Kruijt, 2007). En este sentido, Davis (2006) señala en un estudio realizado sobre poblaciones urbanas marginadas a escala mundial, que las más grandes están localizadas en América Latina (Ciudad de México, Caracas, Bogotá). Estos datos respecto a la marginación y a la violencia han sido relacionados con el aumento en las tasas de los delitos, lo cual ha sido puesto de relieve en distintos estudios en los países de América Latina (Velho, 1996; Ruiz, 1997; Brugués, Cortéz y Fuentes, 1998; Teutli, 2000; De Andrade, 2002; Santana, 2002; Novaes, 2002; Sosa, 2004, Carranza, 2004). Lo anterior permite afirmar que la supuesta relación entre pobreza y delincuencia delinea una perspectiva, apunta Caldeira (2000), que se encuentra marcando un número importante de estudios sobre Latinoamérica, cuyos resultados permiten sostener la existencia en la región latinoamericana de una correlación entre el desempleo y la delincuencia, así como entre la desigualdad y la delincuencia (Carranza, 2004).

Como apunta Wacquant (2008a), la conjunción de las disparidades abismales con los deficientes o, a veces, inexistentes servicios públicos y el apabullante un(der)employment en el contexto de una economía urbana polarizada, se ha convertido en el azote de los países y ciudades de América Latina, cuestión que funciona como acicate para el incremento de la delincuencia. Sin embargo, la pobreza por sí misma no genera delincuencia, su incremento también está relacionado —cuando menos— con otros dos factores. El primero se refiere a la expansión dinámica de las formas de la vida urbana y la secularización de los valores, junto a las normas que regularmente acompañan este proceso (Romero, 2000; Vilas, 2001; Binford, 1999; Handy, 2004); relacionando esto con la emergencia de una serie de nuevas formas culturales y simbólicas, así como con la construcción de nuevas subjetividades en torno al delito e incluso a la violencia, situaciones en algunas ocasiones denominadas "expresiones de cultura popular" (Aparecida, 1996), vinculadas con expresiones culturales muy concretas —a través de la música como el funk o la samba¹ para el caso de Brasil (Vianna, 1996), los llamados "narcocorridos" en México (Simonett, 2001), la cumbia villera en Argentina,² el rap en algunas otras ciudades de América Latina (Castells, 1998), y el punk o el ska en casi todos los países de la región.

El segundo factor tiene que ver con los procesos de cambio político caracterizados por escenarios de "transición a la democracia". Efectivamente, los sistemas autoritarios que imperaron en la región —en algunos casos, dictaduras militares como en Argentina o, en otros, con gobiernos de partido único como en México— fueron diluyéndose hasta conformar instituciones democráticas. Sin embargo, esta transición no ha estado exenta de dificultades, en tanto ha generado un escenario de vacío institucional, donde las viejas prácticas no acaban de desaparecer y las nuevas no terminar por consolidarse, impactando ello directamente en la regulación y control de los delitos: la democracia, paradójicamente, parece restar capacidad de coerción al Estado (Hinton, 2006), escenario que en muchas ocasiones termina por generar la sensación de requerir "mano firme" para terminar con los altos índices delictivos —utilizando militares y políticas con estrategias tipo "cero tolerancia" (Méndez, 2001; Peralva, 2001; Bodemer, Kurtenbach yMeschkat, 2001).

Los incrementos en la tasa de delitos y la violencia criminal que a veces le acompaña han generado un proceso de desarticulación social cristalizada en la fragmentación y fractura de los espacios urbanos de Latinoamérica (Schteingart, 2001; Prévôt, 2001; García y Villar, 2001; Lacarrieu y Thullier, 2001). Por esto se advierte cómo las clases medias y los sectores sociales mejor ubicados en la escala social se atrincheran en bunkers urbanos o suburbanos (Davis, 2000); rodeados generalmente de una barda, estos bunkers son arquitectónicamente homogéneos, socialmente indiferenciados, resguardados con guardias privados y sistemas de vigilancia (Caldeira, 1996a), reproduciendo al pie de la letra el urbanismo escapista y excluyente proliferante en los Estados Unidos durante la década de los ochenta. Estas zonas habitacionales, especie de islas del bienestar, mantienen alejadas a las llamadas "clases peligrosas", excluidos y marginados del proceso de globalización económica de las ciudades latinoamericanas. Son precisamente estos grupos quienes viven en lo que Buck-Morss denomina "zonas de poder salvaje", caracterizadas por la confluencia de la violencia y pobreza, donde se registran los delitos más violentos; aunándose altos índices de muerte infantil, violencia intrafamiliar, desnutrición; viviendo la mayor parte del tiempo bajo un clima de profundo racismo, donde, además, impera la violencia policíaca, y donde hacerse de un arma, resulta, entonces, la mejor opción de resguardo.

En ambos espacios de la ciudad —los bunkers de las clases medias y altas, así como en las zonas de poder salvaje— donde se refleja la fragmentación social, se construye día a día una cultura del miedo (Pascual, 2004); propiciando la construcción de fronteras para limitar, cercar y contener lo que se considera representa al peligro: la inseguridad y el delito. Las fronteras, como apunta Duclos (1994), están siempre referenciadas a personas, por ello resultan porosas y móviles, siendo necesario actualizarlas constantemente con el fin de garantizar la protección de determinados espacios. De esta forma, la cultura del miedo se entrelaza con el discurso de la seguridad, en la medida en que éste refiere a la capacidad de gestión del miedo (Deleuze y Guattari, 1989), de aquello que se considera pone en riesgo el "desarrollo normal de las cosas".

Por esto, la construcción del discurso de la seguridad en América Latina se encuentra anclada en la idea de mantener el control de la delincuencia y la violencia criminal. Ello ha favorecido la conformación de una multiplicidad de espacios de gestión del miedo —vecindarios, centros comerciales, edificios privados y gubernamentales, parques, distritos de negocios, calles y avenidas, así como la implementación de políticas de seguridad en zonas consideradas como "peligrosas", regularmente favelas y colonias marginadas—, donde se establecen políticas destinadas a reducir el aparente riesgo de ser víctima de cualquier tipo de delito o crimen. En el conjunto de los países de América Latina parecen consolidarse políticas y reformas al sistema policial y judicial, pero, de igual modo, es posible observar procesos en vecindarios y comunidades que tienden a establecer y a perfeccionar mecanismos de seguridad. Por lo general, el problema de la desigualdad, la pobreza y la exclusión social se consideran como causas del delito y la violencia criminal. No obstante, las políticas de los gobiernos de la región consideran que la sociedad no puede esperar a su transformación. En cambio, la criminalidad debe ser contenida y castigada de forma inmediata y expedita. Así, en cierta manera, como apunta Wacquant (2004), las estrategias de seguridad parecen una nueva forma de gobierno aplicada a la inseguridad social, en el contexto de las turbulencias de la desregulación económica, el empleo precario, la marginación y la exclusión urbana.

Los archipiélagos de la seguridad

En la década de los años noventa, la seguridad llegó a convertirse en un principio de organización de la sociedad latinoamericana. La presencia de instituciones democráticas en consolidación —al tener que enfrentar a las prácticas autoritarias— configuró, quizás, uno de los principales motivos por el cual las políticas de seguridad —en particular de seguridad pública— no fueran lo suficientemente efectivas. Quizás en razón de esto, las primeras medidas de seguridad organizadas en gran parte en las comunidades urbanas y rurales tuvieron la forma de estrategias de protección vecinal.

Las clases medias y altas de las sociedades latinoamericanas fueron las primeras en establecer una estrategia — ciertamente no planificada— de aislamiento de los grandes centros urbanos en enclaves cerrados (Caldeira, 1996b). Espacios vecinales como las zonas residenciales en México o los countries en Argentina, se caracterizan por estar cercados y por contar con mecanismos de control del acceso basados en sistemas de videovigilancia, huellas dactilares y tarjetas de identificación (Arizaga, 2000; Giglia, 2001); la arquitectura de las casas es homogénea y responde al ideal de los suburbios norteamericanos (Ellin, 1977). Las clases medias, por su parte, incapaces de poder acceder a viviendas de este tipo, han optado por cerrar el tránsito vehicular en sus vecindarios, aun en contra de las normas de circulación vehicular de muchas ciudades. Más allá de establecer tácitamente fronteras físicas para mantener seguros los vecindarios, entre sus habitantes se pone en juego la idea de inseguridad en los espacios abiertos, sin fronteras, vulnerables a la actividad criminal, provocando a la vez la sensación de compartir una misma forma y expectativa de vida (García y Villá, 2001). De esta forma, el cierre de las zonas habitacionales, en gran medida, define una manifestación política por parte de dichos sectores sociales, orientada a defender una posición de privilegio amenazada no sólo por el incremento de la delincuencia, sino por las transformaciones económicas ocurridas a partir de la década de los ochenta y de la primera mitad de la década de los noventa.

En paralelo a la construcción de fronteras físicas y dispositivos de vigilancia para controlar la entrada a estos vecindarios, se han desarrollado otras estrategias, inspiradas en gran parte por las políticas de vecino vigilante impulsadas en varios países desarrollados alrededor de la década de los setenta. Su objetivo radica en involucrar a la sociedad en estrategias de vigilancia al interior de su vecindario, con el fin de detectar sospechosos, actividades ilícitas o comportamientos considerados como "desviados" o potencialmente peligrosos (Arraigada y Godoy, 1999). En general, estas estrategias proponían que la comunidad de los vecindarios formara parte de un proceso integral de planeación anticriminal. Su desarrollo está orientado, sobre todo, a satisfacer la demanda de seguridad de ciertos sectores de clase media, y, en mayor medida, de las zonas marginadas en la periferia de los centros urbanos de las ciudades latinoamericanas. En estas últimas se trata, sobre todo, no sólo de organizar mecanismos de colaboración entre la comunidad y la policía, sino que, en última instancia, se pretende restablecer el tejido social en aquellas zonas consideradas con fuertes problemas de desorganización, marcados por la presencia de familias monoparentales, adicciones (abuso del alcohol y drogas), así como de pandillas y otras formas de organización juvenil.

La experiencia de este tipo de políticas en América Latina opera en torno a multiplicar los encuentros entre la policía y la comunidad a través de la organización de reuniones periódicas, en las cuales la policía recaba información acerca de aquello que la comunidad considera como un peligro para el vecindario, al tiempo que identifica personas y grupos que pudieran cometer delitos (Rico y Chinchilla, 2002; Jarrín, 2004; Smulovitz, 2005; Mesquita y Loche, 2005; Chinchilla, 2005). Por lo regular, estas reuniones sirven para difundir a los vecinos recomendaciones que acrecentarían la seguridad de las casas, mediante el reforzamiento de las cerraduras en puertas y ventanas, o fuera de ella, al establecer rutas contempladas como seguras (iluminadas y transitadas) al trabajo, las compras o al hogar (Capano y Feleci, 1999). Por lo general, este tipo de estrategias ha propiciado la construcción y socialización de estereotipos alrededor de las personas consideradas "sospechosas", que, en resumidas cuentas, resultan ser aquellas que no comparten las costumbres, las actitudes o la vestimenta del vecindario; o, simplemente, no se les reconoce como parte integrante del mismo.

Asimismo, se ha establecido un mecanismo de exclusión basado en el principio de seguridad a lo largo de los distritos comerciales y de negocios en los nodos de globalización en las ciudades latinoamericanas. Zonas como Santa Fe en la Ciudad de México, Puerto Madero en Buenos Aires (Argentina), Zona Sur de la Paz (Bolivia), Centro Comercial Leste Aricanduva Sao Paolo (Brasil), Larcomar en Lima (Perú), Sanhattan en Santiago (Chile), son ejemplos de espacios cuyo objetivo es organizar los servicios, la construcción de edificios, las calles y avenidas de manera que garanticen el desarrollo óptimo de las operaciones de negocio y de comercio efectuadas por los sectores de la clase media y alta. Estos espacios son vigilados por policías, tanto uniformados como undercover, así como mediante circuitos cerrados de televisión y, algunos edificios, con policías privadas. Como señala Zukin (1995), estos espacios parecen conformarse como una especie de urbanizaciones asépticas, cuyo modelo es tomado de las urbanizaciones de tipo Disneyworld. De igual forma sucede con la proliferación los centros comerciales (malls) al estilo de aquéllos surgidos en los Estados Unidos durante la década de los setenta. Destinados al consumo de productos que tienden a fortalecer la identidad de las clases medias y altas, los centros comerciales han comenzado a minar poco a poco la diversidad de los downtown, posible de observar en las ciudades de América Latina todavía en la década de los ochenta.

Entre las zonas habitacionales cerradas o reguladas y los distritos de negocios o los centros comerciales y los lugares de trabajo quedan, entonces, las calles y las avenidas que los vinculan, y que estarían lejanas al ambiente de seguridad creado en aquéllas. Poco a poco, la lógica de la seguridad se ha expandido a las principales vías de comunicación de las ciudades, sobre todo a través de la instalación de los circuitos cerrados de televisión. Pero también mediante de formas intrusivas de vigilancia: los retenes montados por las policías locales, nacionales e incluso el ejército, por ejemplo, en México y Brasil (Arteaga, 2006; Wacquant, 2008b). El propósito es instalar checkpoints de la circulación de la población, con el fin de encontrar posibles sospechosos, criminales perseguidos, conductores que hayan bebido alcohol o consumido algún tipo de droga —como sucede en Brasil (Leeds, 2007)—, revisar la condición legal de automóviles, así como detener adolescentes o jóvenes sin edad legal para conducir. La intención, en última instancia, es consolidar la idea de que la circulación poblacional requiere estar bajo vigilancia, evitando circule el peligro y, de esa forma, garantizar que entre un lugar de encierro a otro (sea centro comercial, escuela, vecindario, etc.) se transite sin miedo. Sobre este escenario, la sociedad ha generado las denominadas "rutas de seguras" rumbo al trabajo o a los lugares de ocio y de consumo (Rotker, 2000). En América Latina es común, en la vida cotidiana, escuchar pláticas acerca de las rutas más seguras para transitar por la ciudad, en diferentes horas y días, pues una ruta puede ser segura un día a una hora determinada y no serlo pocos minutos después; así como escuchar cómo la gente comienza a dejar de visitar espacios públicos a causa del miedo a la inseguridad de la ciudad —como muestra, el interesante trabajo sobre el tema desarrollado por Briceño-León (2007), para el caso de Caracas, Venezuela.

De igual forma, en estos años es posible observar un crecimiento exponencial de los organismos privados de seguridad o, como Volkov (1999) apuntaría, de las corporaciones empresariales que generan ganancias, legalmente, a partir de la administración de cierta violencia en lugares determinados. En la actualidad, los servicios de seguridad privada abarcan no sólo aspectos relacionados con el oficio de guardia, aparte se vinculan a las actividades que incluyen la instalación y el mantenimiento de alarmas, la investigación, el manejo de bienes y valores, la consultoría, la instalación de sistemas electrónicos de vigilancia y de seguridad (Newburn, 2001). Las principales empresas en América Latina dividen sus actividades en cuatro grandes sectores.³

El primero de ellos está orientado a la seguridad de la información de empresas y entidades públicas, con el fin de salvaguardar su integridad y disponibilidad a través de sistemas de administración de seguridad de bases de datos, garantizando la protección de los sistemas de cómputo, de las transacciones electrónicas, así como el respaldo y la recuperación de información, particularmente electrónica y multimedia. Estas empresas ofrecen servicios de contraespionaje industrial, detección de líneas telefónicas intervenidas, sistemas electrónicos de monitoreo, así como "barridos electrónicos" para detectar fugas de información, análisis de llamadas telefónicas y monitoreo satelital (GPS). Un segundo grupo de empresas instala dispositivos electrónicos de vigilancia que proporcionan control sobre el acceso a empresas, casas habitación y fábricas, tales como teclados de contrachapa eléctrica, lectoras biométricas de mano, lectoras de proximidad, tarjetas con bandas magnéticas, lectores del iris y de pulgares, sensores de movimiento y video porteros. Incluso, algunas empresas ofrecen sistemas basados en el desarrollo de inteligencia artificial que, a partir del algoritmo NMD (Non-motion Detection), permiten el análisis en video de comportamientos sospechosos. El tercer vector de esta actividad se encuentra dirigido a la instalación y comercialización de sistemas de blindaje en diferentes tipos de vehículos automotores. Gran parte de estas empresas sostienen un discurso tendiente a reforzar el sentimiento de inseguridad, teniendo como efecto la percepción de necesidad de recurrir a sus servicios, en la medida que considera existe un entorno hostil para el cual habría que echar mano de dispositivos de seguridad sustentados en criterios de ponderación de riesgos y del cálculo probabilístico de situaciones de peligro.

De esta forma es posible observar cómo en distintos espacios, niveles y ámbitos sociales e institucionales se consolida la seguridad como principio de organización social funcionando de forma diferencial, pero orientada hacia la construcción de fronteras que habiliten la contención de aquellos acontecimientos que se cree pueden alterar distintas actividades realizadas en la vida cotidiana; la seguridad, entonces, se constituye como una forma particular de gobierno, dirigida a contener a grupos que, se supone, cristalizan la violencia delictiva —regularmente, los amplios grupos de marginados y de excluidos que pueblan las sociedades latinoamericanas—. No obstante, las distintas expresiones de seguridad en las sociedades de la región no funcionan necesariamente de forma aislada. Es posible observar que se acoplan y articulan, formando archipiélagos de seguridad. Siguiendo la idea de Lyotard (1987) sobre los archipiélagos, cada espacio o ámbito social mantiene su propio territorio, su propio objeto de cuidado y de contención del peligro; de igual forma, la seguridad como principio de organización de lo social permite establecer puentes que comunican cada una de estas islas y constituye una cierta lógica de transacción y comunicación entre ellas.

Vida cotidiana y riesgos hemisféricos: acoplamiento de la seguridad

Como se ha podido observar, el incremento de los delitos y la violencia criminal en la década de los años noventa posibilitó que la seguridad se consolidara como un principio de organización social. Los acontecimientos del 9/11 hicieron posible que en la década siguiente se acelerara dicha lógica. La emergencia en distintos países de América Latina de una serie de reformas legales tendientes a establecer un marco jurídico contra del terrorismo permite dar cuenta de este proceso, sobre todo en Argentina, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana y México. La lógica del llamado terrorismo se enlaza claramente con la lucha contra el llamado crimen organizado, en particular, contra las actividades vinculadas al tráfico de drogas.

Este es el caso de la Iniciativa Mérida, que si bien tiene como objetivo reducir la asimetría entre los agentes —policía, inteligencia y ejército— de México y Centroamérica con respecto a los traficantes de drogas —que disponen de armas y equipo de información avanzado—, de igual modo pretende fortalecer el equipo de comunicaciones, inspección y análisis de datos, a través de la incorporación de sistemas avanzados de cómputo y software. Por otro lado, se propone profesionalizar a los policías y los fiscales en el uso de dichas bases de datos y de los sistemas de telecomunicaciones. La instrucción sería proporcionada por agentes estadounidenses del ámbito judicial o por contratistas privados (Freeman, 2008). En palabras del vocero oficial de la Casa Blanca, la Iniciativa Mérida implica la puesta en marcha de:

Equipo de inspección no intrusivo; escáneres de iones; unidades caninas para aduanas mexicanas, para la nueva policía federal y para el ejército para interceptar tráfico de drogas, armas, dinero y personas. Tecnologías para mejorar y asegurar los sistemas de comunicaciones, para favorecer la recolección de información, así como garantizar que la información vital sea accesible para las autoridades. Dispositivos técnicos y entrenamiento para fortalecer las instituciones de justicia: para la investigación por parte de la nueva fuerza policíaca, software para el manejo de maletas, para consignar investigaciones destinadas a juicios, nuevas oficinas para las demandas ciudadanas y la responsabilidad profesional y el establecimiento de programas de testigos protegidos. Helicópteros y aeronaves de vigilancia para apoyar actividades de interceptación y respuestas operativas rápidas por parte de las agencias de seguridad en México.⁵

La Iniciativa Mérida proyecta para México y Centroamérica fondos que afiancen la cooperación en materia de seguridad, reduciendo los riesgos en el control de gangs y en el tráfico de drogas, bienes y personas. En general, como señalan Fyke y Meyer (2008), después de varios años esta es la primera propuesta que establece un apoyo económico a Centroamérica en materia de seguridad. Como estos mismos autores apuntan, en esta región la responsabilidad de los hechos de inseguridad se ha localizado en las pandillas, el crimen organizado y el tráfico de drogas. En este sentido, la Iniciativa Mérida sugiere instalar en toda la región centroamericana tecnologías de vigilancia, clasificación y control social, como sistemas de huellas digitales, nuevos equipos de inspección para puertos aéreos y marítimos, equipos y software (E-Trace) para el rastreo de armas, además del Centro de Información de Crímenes relacionados con las Drogas (Fyke y Meyer, 2008).

De esta forma, la Iniciativa Mérida pretende equilibrar una "asimetría" en la administración y gestión de la seguridad que guardan México y los países de Centroamérica con respecto a los Estados Unidos. No obstante, la Iniciativa Mérida rebasa el sentido de mera estrategia para la vigilancia, pues además pretende generar un acoplamiento de los distintos dispositivos de seguridad, lo cual permitiría ampliar el acercamiento regional entre Estados Unidos, México y Centroamérica para combatir al crimen.⁶ La idea es articular los distintos espacios de seguridad que cada miembro de la Iniciativa construya, de tal suerte que pueda garantizarse en la región el control de la delincuencia y el crimen organizado. Dicho acoplamiento parte de la misma arquitectura de seguridad que los Estados Unidos han puesto en funcionamiento, la cual entrelaza a la política, la burocracia, la milicia, al sistema judicial, la policía y al control del crimen. La Iniciativa Mérida trataría de combatir al delito y al riesgo del tráfico de drogas, dinero y a la amenaza del terrorismo, acoplando la tecnología de vigilancia más avanzada con los recursos humanos más capacitados en la materia de cada país y una mayor administración gubernamental. Este tipo de estrategia refuerza otras de carácter más particular, como aquélla establecida entre México y Estados Unidos, por ejemplo, para aplicar un sistema de wiretapping entre ambos países, para seguir a los usuarios de teléfonos celulares mientras viajan, y que incluye una gran capacidad de almacenamiento, haciendo posible identificar a los usuarios mediante una marca de su voz. Esta tecnología se ha implementado, según sus voceros, para combatir a las bandas criminales vinculadas al tráfico de drogas, armas y personas.⁷

Tanto la Iniciativa Mérida como el Plan Colombia se definen como estrategias de seguridad hemisférica. Sin embargo, sus dispositivos se articulan al archipiélago de las lógicas de seguridad que se ha venido construyendo desde la década de los noventa en el grueso de los países de América Latina. En ambos casos es posible observar la construcción de mecanismos de vigilancia y seguridad que rebasan la "guerra" contra el terrorismo, el tráfico de drogas o el crimen transnacional organizado, anclándose en distintas esferas de la vida cotidiana de las sociedades de la región: desde la intervención telefónica, el control satelital de movimientos de población, los controles en las prisiones y en el conjunto del sistema penitenciario, hasta la conformación de bases de datos de la población con información de distinto tipo. En este sentido, su puesta en acción en América Latina refuerza y acelera una tendencia instaurada para frenar el incremento de la violencia delictiva. No obstante, introduce en la lógica seguritaria de la región un nuevo sentido, en la medida que la manipulación de distintas bases de datos e información —que involucran a distintos gobiernos a diversas escalas— permite dotar de una mayor capacidad a los planes y programas de seguridad.

La seguridad en los escenarios de transición posdemocrática

Se ha podido observar cómo la constante conformación de fronteras que, a la vez, fragmentan de distintas formas los espacios en las zonas urbanas de América Latina se encuentran interconectadas; formando, con ello, archipiélagos seguritarios que pretenden contener las llamadas "olas del crimen", limitando la proximidad con aquellos que, se considera, representan la encarnación misma del crimen. La proliferación de una cultura del miedo se encuentra articulada con los discursos seguritarios, los cuales exhortan a sospechar de todo aquel que se considere —dada cierta tipificación— un potencial delincuente. Si bien es cierto que los excluidos de las políticas de desarrollo económico en la región se convierten en el principal grupo social al que se le teme, también lo es que en la política de gestión del miedo prácticamente cualquier persona o grupo puede ser considerado un potencial riesgo al "desarrollo normal de las cosas".

En los espacios de gestión del miedo referidos aquí —como vecindarios cerrados, centros comerciales, edificios privados y gubernamentales, parques, distritos de negocios, calles y avenidas— se implementan políticas que, en la insistencia por reducir el riesgo, involucran la vigilancia de la mayor parte de las personas que atraviesan sus fronteras. En este sentido, puede entenderse cómo un proceso de diferenciación socio-espacial se ha generado como respuesta gubernamental para tratar de frenar el incremento de la violencia criminal, lo cual, en gran medida, impide el reconocimiento de ésta como el resultado de transformaciones sociales en la región marcadas, ante todo, por profundos procesos de exclusión y desigualdad social. En América Latina, como se ha podido observar, el tema de la violencia delictiva se ha pretendido resolver a partir de la generación de diferentes y diferenciadas lógicas de seguridad, propiciando la configuración de un desdibujado personaje siempre como un "enemigo interno", un "Otro" que puebla las ciudades y que anima cierta espacialidad del miedo, a quien es necesario gestionar, ya no sólo desde islas de seguridad, sino desde un complejo archipiélago de seguridad.

Sobre este archipiélago tienden a acoplarse mecanismos de seguridad más amplios, como el de la Iniciativa Mérida y el Plan Colombia, cuyos dispositivos están orientados a eliminar los riesgos del terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado transnacional; que sirven, de igual forma, para vigilar y gestionar aquellos sectores de la población que considera pueden devenir un peligro para la "paz pública". Estas maquinarias supranacionales vienen, sin duda, a reforzar, en distintas esferas, la lógica de segurización de la vida cotidiana en América Latina, establecidas a finales del siglo pasado. Este escenario se ha desarrollado en un creciente ambiente de desigualdad y exclusión social y, no menos importante, en un escenario de transición democrática donde es posible percatarse que las prácticas autoritarias aún perviven.

En este sentido, la consolidación y profundización de la lógica seguritaria pareciera permitir que estas prácticas de gobierno se consoliden. Su expresión más clara puede advertirse en las recientes y recurrentes movilizaciones de la policía y el ejército, a través de retenes en carreteras, caminos y calles. La conformación de "estados de excepción" (Agamben, 2003) en diferentes espacios sociales, aparentemente se constituirá en una estrategia más o menos común en los próximos años, como una forma de gobierno que perseguirá terminar con la proliferación de las formas de violencia generadas por grupos de criminales y mercenarios. El objetivo de dicha estrategia consiste en crear de forma voluntaria, como apunta el propio Agamben (2003), un estado de urgencia permanente —incluso si no es declarado en sentido técnico—, a través de una actuación política más que judicial. En este contexto, la principal amenaza contra las débiles instituciones democráticas en América Latina parece ser, paradójicamente, la obsesiva compulsión por garantizar a toda costa la seguridad de la población, aun contra las propias garantías individuales.

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Notas

¹ "La violencia atrapa a la samba", El País, 21/08/08

² "Según el Gobierno, la cumbia villera incide en la inseguridad", La Nación, 4/08/04.

³ La información que se presenta a continuación se obtuvo del análisis de 18 I documentos de un número igual de empresas de seguridad privada que prestan sus servicios de protección y vigilancia personal y electrónica en distintos países de América Latina.

⁴ La información al respecto de estos temas vinculados a la reforma, capacitación y modernización tecnológica pueden revisarse en el Report on the Security Sector in Latin America and the Caribbean (FLACSO, 2007).

⁵ Office of the Spokesman, 22/10/2007.

⁶ Office of the Spokesman, US Department Of State, 23/10/2007.

⁷ La Jornada, 27/05/2007.