Oportunidades desiguales, desventajas heredadas. Las dimensiones subjetivas de la privación en México¹

Unequal Opportunities, Inherited Disadvantages. Subjective Dimensions of Privation in Mexico

María Cristina Bayón*

* Doctora en Sociología por la Universidad de Texas en Austin. Investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. cristina.bayon@servidor.unam.mx.

Fecha de recepción: 11 de octubre de 2007.
Fecha de aceptación: 1° de julio de 2008.

Resumen

Este artículo explora las dimensiones subjetivas de la privación, la desigualdad y la ciudadanía en México. Enfatizando el carácter altamente desfavorable de la inclusión social que caracteriza a los sectores con mayores desventajas, el análisis procura articular las condiciones estructurales de individuos provenientes de hogares pobres con sus percepciones y niveles de satisfacción en relación a diversos aspectos de la vida individual, comunitaria y social, así como sus expectativas de mejoramiento futuro. Los resultados del análisis son evaluados a la luz de los patrones de integración/exclusión social emergentes en sociedades como la mexicana, caracterizadas por una alta desigualdad en la distribución de oportunidades y una pobreza extendida y persistente.

Palabras clave: desventajas, pobreza persistente, desigualdad, exclusión, (in) satisfacción, expectativas de futuro.

Abstract

This article explores the subjective dimensions of privation, inequality and citizenry in Mexico. Stressing the highly unfavorable character of social inclusion characterizing the sectors with the most disadvantages, the analysis intends to articulate the structural conditions of individuals from poor homes with their perceptions and levels of dissatisfaction in relation to several aspects of individual, community and social life, as well as their expectations for future improvement. The results of the analysis are evaluated in the light of the emerging social integration/exclusion patterns in societies like the Mexico's, characterized by a high inequality in the distribution of opportunities and an extended, persistent poverty.

1. Introducción

La pobreza y la desigualdad, problemas de larga data en México y América Latina, comenzaron a adquirir, en las últimas décadas, un perfil más excluyente. En el contexto de una estructura social menos permeable, que promueve de manera simultánea la reproducción intergeneracional de la pobreza y la riqueza, los sectores más desfavorecidos han visto bloqueadas, de manera creciente, sus oportunidades de movilidad ascendente. El margen de maniobra para superar situaciones de desventaja social es cada vez más reducido para quienes no están dotados desde el inicio de fuertes habilidades cognitivas y destrezas sociales.

La ampliación de los enfoques más tradicionales y estáticos sobre la pobreza —definida en términos de ingreso y consumo— a través de las nociones de privación relativa, capacidades, vulnerabilidad, activos y estructura de oportunidades, y finalmente el de exclusión, han conducido a un creciente reconocimiento del carácter complejo y dinámico de las situaciones de privación, y de sus relaciones con la polarización, la diferenciación y la desigualdad social. El debate en torno a la exclusión, tematizados por algunos autores como desafiliación (Castel, 1997) y por otros como descalificación social (Paugam, 1991), se centra en la emergencia y confluencia de diversos procesos que conducen al debilitamiento de los lazos que mantienen y definen en una sociedad la condición de pertenencia. La riqueza del concepto de exclusión radica precisamente en el énfasis de las relaciones entre procesos, entre mecanismos micro y macro, y entre dimensiones individuales y colectivas, no en la identificación de contornos de realidad empíricamente observable (Yépez del Castillo, 1994).

Si bien la exclusión social tiene una base material indiscutible, ligada al acceso de bienes y servicios, la misma supone una cierta carga subjetiva que se expresa en la insatisfacción, en el malestar frente a situaciones en las que no se puede realizar aquello que se desea y se aspira para sí y para quienes se estima (Estivill, 2003). Los niveles de satisfacción con las propias condiciones de vida, con la comunidad y con la sociedad mayor, así como las expectativas de mejoramiento futuro, nos permiten aproximarnos a las formas que adquiere la integración y el sentido de pertenencia social en contextos particulares, así como evaluar los niveles de bienestar subjetivo.

Los principios que estructuran las percepciones sociales están enraizados en las estructuras objetivas del mundo social; sin embargo, los vínculos entre ambas son opacos y complejos. No hay experiencia de la posición ocupada en el macrocosmos social que no esté determinada, o al menos modificada, por el efecto directamente experimentado de las interacciones dentro de los microcosmos sociales —el lugar de trabajo, el vecindario, la familia, la escuela, los espacios públicos (Bourdieu, 1985; 1999)—. Esto nos remite al carácter relacional de la pobreza y a la desfavorable integración social de los pobres planteados por Simmel un siglo atrás:

El pobre como categoría sociológica no es el que sufre determinadas deficiencias y privaciones, sino el que recibe socorros o debiera recibirlos según las normas sociales vigentes. Si bien el pobre no es sólo pobre, sino también ciudadano, el hecho de participar en la asistencia no como sujeto con fines propios, sino como objeto en los objetivos globales del Estado, lo hace distinto del ciudadano acomodado [...] La singular exclusión de que es objeto el pobre por parte de la comunidad que lo socorre es lo característico del papel que desempeña dentro de la sociedad, como un miembro de ella en situación particular ([I908] I986: 488-491).

De esta manera, lo sociológicamente pertinente no es la pobreza como tal, sino la relación de interdependencia entre la población que se designa socialmente como pobre y la sociedad de la que forma parte (Paugam, 2007). En el mismo sentido, la exclusión no es la ausencia de relación social, sino un conjunto de relaciones sociales particulares con la sociedad como un todo (Castel, 1997).

Es desde esta perspectiva analítica que se exploran las dimensiones subjetivas de la privación en México. Tomando como fuente de datos la encuesta "Lo que dicen los pobres" (2003),² el análisis procura articular sus condiciones estructurales (origen social, movilidad intergeneracional, inserción laboral, nivel educativo, etc.) con las percepciones de individuos provenientes de hogares de bajos ingresos acerca del trabajo, sus condiciones de vida, el futuro, la pobreza, la desigualdad y los derechos de ciudadanía. Nuestro abordaje del problema contrasta con otros trabajos que han utilizado la misma fuente de datos, puesto que se enmarca en una reflexión sociológica más amplia sobre la pobreza y los patrones emergentes de integración y exclusión social en contextos de alta desigualdad como el mexicano.³

2. El origen social como destino: desigualdad de oportunidades y transmisión intergeneracional de la pobreza

Los circuitos de privación o empobrecedores relacionados con la precariedad ocupacional y con otras dimensiones de la vida económica y social —orígenes familiares, bajos o deficientes niveles educativos, malnutrición, bajos ingresos, vivienda precaria, dificultades de acceso a los servicios públicos, limitadas redes sociales, segregación espacial, etc.— hace a ciertos grupos más vulnerables a experimentar procesos de exclusión social. Quien carece de estos requisitos colectivos, difícilmente puede hacer progresos duraderos en sus intentos de salida de estos circuitos (Estivill, 2003). En este contexto emerge la interrogante acerca de cómo se distribuyen dichos requisitos, lo que nos remite a la distribución de oportunidades. Sen (2000) destaca que ningún concepto de pobreza puede ser satisfactorio si no considera las desventajas que emergen de la situación de estar excluido de oportunidades compartidas disfrutadas por otros.

La igualdad de oportunidades, más que igualdad de resultados, supone, según Roemer (2005), nivelar el campo de juego para que todos tengan el potencial para alcanzar los mismos resultados. La ausencia de movilidad tanto intra —durante el curso de vida— como intergeneracional constituye un fuerte indicador de desigualdad de oportunidades. La cuestión clave no radica en la movilidad per se, sino en identificar, por ejemplo, si la pobreza durante la niñez o crecer en un barrio pobre se asocia con baja educación y posteriormente con bajos ingresos. La baja movilidad entre quienes provienen de hogares desfavorecidos incrementa las probabilidades de que la pobreza sea persistente y heredada a través de las generaciones. Es decir, no sólo son importantes las posiciones presentes, sino sus perspectivas de evolución, en un contexto en el que las condiciones iniciales desempeñan un papel determinante en el destino de los individuos. Cuando las desigualdades iniciales se acentúan a lo largo de las trayectorias, los recorridos tienden a convertirse en destinos (Fitoussi y Rosanvallon, 1997; Hills, 1999; Dubet, 2005). La forma predominante que asuma la pobreza (si se trata de un problema estructural y persistente o si por el contrario es una "nueva" situación que afecta a quienes no la habían experimentado previamente) tiene importantes implicaciones sobre las formas en que ésta es percibida, sus causas y las actitudes frentes a las posibilidades de superación.⁵

Partiendo del hogar de origen,⁶ una primera aproximación a la forma predominante que asume la pobreza en México, revela que se trata de una pobreza persistente, transmitida intergeneracionalmente: 8 de cada 10 entrevistados declaran provenir de hogares de clase baja y 7 de cada 10 se ubican en esta misma clase social (cuadros 1 y 2). Entre éstos, poco más de la mitad no completaron la educación primaria y sólo un cuarto logró completar este nivel. La auto-ubicación en los estratos más bajos de la escala social tiende a disminuir a medida que se incrementan los niveles educativos: entre quienes poseen primaria incompleta 81% se definen como de clase baja, porcentaje que se reduce a 65% entre quienes poseen primaria o secundaria completa (o entre 6 y 9 años de educación) y 40.6% entre quienes completaron el nivel de preparatoria o el equivalente a 12 años de educación (cuadro 1). La asociación entre niveles educativos y la auto-ubicación en la estructura social se reafirma cuando analizamos el comportamiento de la clase social por grupos de edad, en donde la concentración en la clase baja tiende a aumentar a medida que se avanza en edad y disminuyen los años de educación. Así, 6 de cada 10 entrevistados de 18 a 29 años (cuyo promedio de educación es de 7.7 años) se consideran de clase baja, proporción que se eleva a 7 de cada 10 en el grupo de 30 a 44 años (con 5.5 años promedio de educación), y a 8 de cada 10 en los de 45 años o más (cuya educación promedio es de 2.6 años).

Respecto a las oportunidades educativas, si bien se observa un mayor acceso entre los más jóvenes (18-29 años), el mismo es claramente insuficiente en términos de los mínimos necesarios para acceder a mejores oportunidades de empleo: de cada 10 jóvenes, 5 cuentan con educación primaria y sólo uno logra completar el nivel de preparatoria. En otros términos, 9 de cada 10 jóvenes en hogares pobres carecen del capital educativo básico (equivalente a 12 años de educación) necesario para "aspirar" a la obtención de un trabajo "relativamente" bien remunerado. Las mujeres evidencian mayores desventajas que los hombres en el acceso a la educación (particularmente las mayores de 29 años): 50.3% de las mujeres no logró completar la educación primaria vs. 45.7% de los hombres, y sólo 16.7% poseen secundaria completa vs. 21.8% en los hombres.

Como se observa en el cuadro 3, las oportunidades de superación educativa en términos intergeneracionales entre quienes provienen de hogares con bajos niveles educativos son muy limitadas. Entre quienes proveyeron información acerca del nivel educativo del padre (84% de los entrevistados), 4 de cada 5 provienen de hogares donde el padre nunca asistió a la escuela o no completó la educación primaria. En este grupo, de cada 10 entrevistados: 5 se mantuvieron en el mismo nivel educativo (primaria incompleta), menos de 3 completaron la educación primaria, 2 el nivel secundario y apenas 3.7% logró completar el nivel de preparatoria. Es decir, sólo 2 de cada 10 entrevistados provenientes de hogares donde el padre no completó la educación primaria lograron acceder a educación posprimaria.

Un informe sobre la transmisión de desigualdades educativas en cinco países de América Latina (Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile, Honduras y México) destaca que el aumento de los años de estudio de los jóvenes en términos intergeneracionales depende del nivel educativo alcanzado por los adultos (SITEAL, 2006).⁸ En México, el aumento en el promedio de años de estudio entre los jóvenes de 18 a 24 años experimentado durante la década de los noventa implicó un aumento de las desigualdades educativas entre los distintos niveles socioeconómicos. En otros términos, el aumento en el promedio de los años de estudio de los jóvenes al pasar de un quintil de escolarización de los adultos al siguiente es mayor en 2000 que en 1990; la diferencia en el promedio de años de estudio entre los jóvenes del quintil más alto y más bajo supera los 6 años de estudio, extensión mayor a la duración de un nivel de estudios completo (SITEAL, 2006). La persistencia de la ligazón entre acceso a la educación y estrato social de origen indica que, en gran medida, las oportunidades de bienestar de quienes son jóvenes hoy ya quedaron plasmadas por el patrón de desigualdades prevaleciente en la generación anterior. Esto se traduce en una estructura social rígida y con escasa movilidad social (CEPAL, 2004: 192).

En el mismo sentido y desde diversas perspectivas, otros estudios sobre México han resaltado las escasas oportunidades de movilidad intra e intergeneracional, particularmente en los sectores más desfavorecidos, evidenciando la creciente importancia de la "marca" del punto de partida, la cual ha tendido a agudizarse en las últimas décadas. Utilizando análisis de panel, Durán Fernández (2003) destaca la escasa movilidad experimentada por la población mexicana durante el periodo 1984-2000, particularmente a partir de 1994. Esta situación es más marcada cuando el quintil inicial se encuentra en uno de los extremos de la distribución del ingreso: en el quintil más bajo, la probabilidad de permanecer en el mismo quintil se incrementó de 60% entre 1984 y 1989 a 90% entre 1998 y 2000. Es decir, la probabilidad de que una persona que se encuentra inicialmente en el 20% más pobre ascienda por encima de la parte media de la distribución es prácticamente cero. El autor destaca que la movilidad a lo largo de la vida de una persona es bastante limitada, y que la determinante más importante de la misma es la posición inicial en la distribución del ingreso, efecto que es más notorio en el extremo inferior de la distribución, donde la mayor parte de la población tiene un nivel de escolaridad menor que primaria (Durán Fernández, 2003).

En su análisis sobre la movilidad intergeneracional en América Latina, Behrman, Gaviria y Székely (2001) ubican a México y Perú entre los países con moderados niveles de movilidad educativa y baja movilidad ocupacional. México es el único de los países analizados donde la inmovilidad educativa se incrementó en las generaciones más jóvenes. Respecto a la movilidad ocupacional, los autores distinguen dos grandes categorías ocupacionales: white collar (profesionales, técnicos avanzados, propietarios de negocios y gerentes) y blue collar (que incluye al resto de las ocupaciones). En México, la probabilidad de tener una ocupación de mayor prestigio (white collar) es 3.5 veces mayor entre quienes su padres tenían la misma ocupación que entre los hijos de padres en ocupaciones blue collar. Esta probabilidad es mayor que en Brasil, Colombia y Perú —los otros países de la región incluidos en el estudio—, lo que coloca a México como el país con menor movilidad ocupacional. En el mismo sentido, con base en datos de la Eder (Encuesta Demográfica Retrospectiva) realizada en 1998, Pacheco (2005) destaca que en los ámbitos urbanos las mayores inercias se encuentran en los extremos ocupacionales, con una diferencia cualitativa importante: la rigidez de movilidad para ocupaciones no calificadas y la posibilidad de permanencia intergeneracional en ocupaciones calificadas. En las ocupaciones manuales no calificadas el factor que predomina es la ocupación del padre, lo que estaría mostrando una reproducción generacional de la ocupación (Pacheco, 2005). En su análisis sobre la movilidad social intergeneracional en áreas urbanas de México, Cortés y Escobar Latapí (2005) señalan que en comparación con la etapa de industrialización sustitutiva de importaciones (antes de 1982), el estrechamiento de las posibilidades de movilidad social experimentada durante el periodo de reestructuración económica (1988-1994) afectó particularmente a las clases más bajas —trabajadores no calificados de la industria, trabajadores informales de los servicios, ejidatarios, pequeños propietarios rurales y jornaleros—. Bajo el nuevo modelo económico crece la desigualdad de oportunidades entre las clases más bajas y los originarios de la clase más alta —profesionales, funcionarios y empleadores de más de 5 trabajadores—. Así, a la par de la intensificación de la desigualdad, el sistema de movilidad ocupacional se vuelve más rígido, y la ocupación del padre se vuelve un predictor más robusto del destino ocupacional de éste (Cortés y Escobar Latapí, 2005). Según la CEPAL (2004), más de la mitad de los latinoamericanos ven restringidas tempranamente sus oportunidades de bienestar como consecuencia de las características que asume la transmisión intergeneracional de capital educativo y de oportunidades laborales, lo cual, junto con otros factores, es determinante en la elevada y persistente desigualdad económica regional.

3. Acumulando desventajas: pobreza, precariedad e inseguridad laboral

Para analizar el perfil laboral de los entrevistados se construyó un índice de precariedad laboral.⁹ El índice muestra, por un lado, que la mayoría de los trabajadores —casi 7 de cada 10— son precarios, es decir, se "integran" al mercado de trabajo en condiciones desfavorables caracterizadas por altos niveles de desprotección (cuadro 4). La precariedad es mayor entre la población adulta (particularmente a partir de los 45 años), en los menores niveles educativos y entre quienes se definen de clase baja (cuadro 4). Por otro lado, se evidencia un desdibujamiento de las asociaciones entre tamaño de la empresa y protección social: mientras que 28% trabajan en empresas de más de 5 trabajadores (tradicionalmente definidas como "formales"), sólo la mitad de éstos acceden a beneficios sociales ligados a su empleo, situación que afecta especialmente a los trabajadores jóvenes (menores de 30 años).

A la desprotección generalizada y a la pobreza "objetiva" se agrega la pobreza "subjetiva", aquella que no depende de la "línea", sino de lo que los individuos consideran necesario para vivir "dignamente": 57% de los entrevistados consideran que los ingresos de su hogar son insuficientes o muy insuficientes para vivir bien, porcentaje que se eleva a 66.1% entre los mayores de 60 años, 62% entre quienes sólo lograron completar la educación primaria, 64.6% entre quienes se ubican en la clase baja y 62.5% entre los trabajadores precarios. Lo anterior muestra que la pobreza subjetiva está más extendida en las edades más avanzadas, los menores niveles educativos, la clase baja y los trabajadores precarios.

Las desventajas anteriores conducen a una muy limitada capacidad de ahorro. Ante la posibilidad de que el hogar se quede sin ningún tipo de ingreso, casi la mitad de los entrevistados declaró carecer de ahorros y uno de cada cuatro expresó disponer de ahorros apenas suficientes para mantenerse durante una semana. La persistencia de empleos precarios y bajos ingresos no sólo suponen privaciones en el corto plazo, sino que tiene profundos impactos sobre el bienestar en las etapas más avanzadas del curso de vida, cuando se abandona el mercado de trabajo (Gallie, 2002).

La altísima precariedad de las condiciones de trabajo va a acompañada por otro componente subjetivo clave, la percepción de inseguridad laboral: 2 de cada 5 trabajadores se sienten inseguros o muy inseguros de poder mantener su actual trabajo y 3 de cada 4 considera que sería difícil o muy difícil encontrar un nuevo empleo en caso de perder el actual. Aunque el temor al desempleo puede considerarse como una percepción relativamente "normal" en un contexto de incertidumbre laboral, son los trabajadores con las condiciones laborales más precarias, con mayores dificultades de reinserción laboral en caso de pérdida de empleo y con menores recursos (en términos de niveles de calificación, redes sociales, disponibilidad de ahorros, etc.) los peor equipados para hacerle frente y los más vulnerables a experimentarla "objetivamente".

3.1. Pobreza, trabajo y género: modelos y realidades

En términos de género, junto a la relativamente baja participación laboral femenina que muestran los hogares pobres (sólo 28% de las mujeres entrevistadas trabajan vs. 80% de los hombres),¹⁰ las trabajadoras están sobre-representadas en el empleo por cuenta propia (41% vs. 21% en los hombres) y a tiempo parcial (47% vs. 23.8%, respectivamente).

Desde una perspectiva macro-sociológica, es preciso destacar que el predominio de una visión tradicional acerca de los roles domésticos y el rechazo que la mayoría de los entrevistados expresan ante la posibilidad de que las madres con hijos pequeños trabajen fuera del hogar, se produce en el contexto de un régimen de bienestar con un fuerte sesgo "familiarista" (Esping-Andersen, 1999), que supone una sobrecarga de responsabilidades domésticas (como las de cuidado) sobre los miembros de la familia, particularmente en las mujeres, lo que obstaculiza su participación en el mercado de trabajo. Al respecto es relevante mencionar que en México las provisiones públicas de guarderías son muy limitadas o inexistentes.¹¹ Si bien este déficit obstaculiza la participación laboral de las madres con hijos pequeños en general, su impacto es ciertamente mayor para las madres-trabajadoras-pobres —en su mayoría informales— donde la provisión estatal es mínima.

Si bien por un lado las percepciones anteriores parecen evidenciar una actitud de resistencia al trabajo femenino remunerado —sobre todo fuera del hogar—, la "realidad" del mercado de trabajo tiende a debilitar el modelo de hombre-proveedor único y mujer-cuidadora de tiempo completo: 3 de cada 4 mujeres, y 2 de cada 3 hombres consideran que para salir de la pobreza, es importante que la mujer salga a trabajar fuera la casa. Así, junto a un modelo tradicional de familia, se reconoce la importancia del trabajo de la mujer para reducir la vulnerabilidad a la pobreza de los hogares. Los cambios en los arreglos domésticos, resultantes de una compleja conjunción de variables y procesos, tienden a expresar, entre otras realidades, la incertidumbre del mercado de trabajo, debilitando de manera progresiva los parámetros en los que se basan las concepciones acerca de los roles de género considerados "normales" (Bayón, 2005). En el ámbito de la familia, la incertidumbre, el riesgo y la vulnerabilidad derivan tanto de las limitaciones que impone la precariedad laboral para la movilidad social y de las desigualdades en la distribución de recursos ínter e intrafamiliares, como de la diversificación de los arreglos familiares, los cambios en las pautas de formación y disolución familiar, y la pérdida de importancia de los modelos ideales de familia (García y Oliveira, 2006).

3.2. El significado del trabajo: ¿sobrevivencia, mejoramiento o integración social?

Si bien una amplia literatura da cuenta del debilitamiento del empleo como pilar de mejoramiento futuro, entre los sectores más desfavorecidos, que nunca disfrutaron —al menos de manera continuada— de los beneficios de la "sociedad salarial", el trabajo sigue siendo percibido como la principal —y para la mayoría, la única— fuente de posible mejoramiento. La provisión de bienestar por parte del Estado como referente de mejoramiento tiene una presencia débil en el imaginario de los pobres. Ante la pregunta qué es lo más necesario para que su situación mejore, 53.7% respondió más y mejores empleos, 8% mejor pago de las cosechas, 7% despensas, 5.4% apoyo a adultos mayores y 4% tener servicios de salud de calidad. Acerca de qué podrían hacer para mejorar su situación, 6 de cada 10 hicieron referencia al trabajo —44% respondieron trabajar más, 14% tener un trabajo que permita atender a los hijos, 5.2% poner un negoció propio— frente a 2 de cada 10 que respondieron buscar apoyos del gobierno. Entre las actividades realizadas en los últimos tres años para mejorar su situación económica, 3 de cada 4 respondieron que trabajaron más tiempo; 2 de cada 3 expresaron haberle puesto más empeño a su trabajo; 2 de cada 5 que trabajaron más miembros de su familia, 1 de cada 6 fue a trabajar a otros estados, y 1 de cada 7 fue a trabajar a Estados Unidos.

La comparación de las respuestas acerca de qué es indispensable para sobrevivir cuando se es pobre y las frases que se asocian con una vida digna —concepto que remite a la posibilidad de participar en las actividades consideradas "normales" en una sociedad particular— sugiere interesantes contrastes entre las fuentes de sobrevivencia y las fuentes de bienestar e integración social, fundamentalmente respecto al rol que desempeña el trabajo en ambas dimensiones. La intensidad de la privación que caracteriza a la mayor parte de los entrevistados se expresa en el lugar prioritario que adquiere la satisfacción de una de las necesidades más básicas: alimentarse. La mitad considera que tener qué comer es indispensable tanto para sobrevivir cuando se es pobre como para vivir dignamente. Sin embargo, no sucede lo mismo con el trabajo. Si bien 1 de cada 4 considera que trabajar es indispensable para sobrevivir cuando se es pobre, sólo 1.2% asocia tener empleo con una vida digna (cuadro 5). Dada la alta precariedad que caracteriza la "realidad" del empleo de la mayor parte de los trabajadores pobres, tener empleo (a secas), no parece asociarse con una "vida digna". Recordemos que los efectos "positivos" del empleo en términos de integración social y bienestar dependen de su calidad, no simplemente del hecho de "estar ocupado". La efectividad del empleo para asegurar la participación social depende de en qué medida constituye un mecanismo de protección frente a la pobreza (Gallie, 2002). En contraste, la información analizada muestra una fuerte asociación entre trabajo y pobreza, revelando su escaso potencial para garantizar bienestar y participación como miembros plenos de una comunidad.

La precariedad de las condiciones de vida y empleo no sólo suponen privaciones y dificultades para sobrevivir cotidianamente, sino que suelen traducirse en una profunda insatisfacción en diversos espacios: 6 de cada 10 entrevistados considera que vive regular, mal o muy mal tanto a nivel personal como comunitario. El modelo de regresión logística (cuadro 6) revela que el género, la posición y el tamaño del hogar no constituyen factores significativos asociados a la insatisfacción con sus condiciones de vida (percibe que vive mal). La edad sí es significativa: los jóvenes están menos insatisfechos que los otros grupos de edades (particularmente que el grupo de 30 a 45 años). Los niveles de insatisfacción son mayores entre quienes completaron o superaron la educación primaria; quienes se definen como de clase baja, y quienes tienen una menor disponibilidad de activos en su hogar.¹² El empeoramiento de la situación económica respecto al hogar de origen se asocia a mayores niveles de insatisfacción: la probabilidad de percibir que viven mal entre quienes consideran que su situación económica respecto a la de sus padres empeoró duplica la de quienes consideran que su situación económica mejoró.

Los elevados niveles de insatisfacción con las condiciones de vida actuales contrastan con los relativamente altos niveles de satisfacción con la vida que se ha tenido, ámbito en el que 3 de cada 4 entrevistados se declararon satisfechos o muy satisfechos (cuadro 7). Esta aparente "contradicción" (vivo mal, pero estoy satisfecho con mi vida), que evidencia una actitud de resignación ante condiciones de vida precarias, puede asociarse, entre otros elementos, a una pobreza persistente y a una limitada experiencia de movilidad social, o en otros términos, a las trayectorias de rigidez social señaladas previamente. La ausencia o débil presencia de una memoria de tiempos mejores como parámetro para evaluar las condiciones de vida presentes constituye un factor importante —aunque ciertamente no el único— a la hora de explicar por qué el malestar actual va acompañado de cierta resignación y conformismo. Los mayores niveles de insatisfacción se concentran en tres áreas (cuadro 7). Dos de ellas se relacionan directamente con limitaciones en la provisión de bienestar por parte del Estado, los programas sociales —las "ayudas que da el gobierno"— y la provisión de servicios públicos a nivel local. El tercer ámbito se refiere a la propia situación económica, o en otros términos, a la pobreza subjetiva, puesto que expresa que no se cuenta con los recursos necesarios para acceder a un "adecuado" nivel de vida.

La precaria inserción en el mercado de trabajo eleva la insatisfacción en diversas dimensiones de la vida individual y social: 6 de cada 10 trabajadores precarios consideran que viven mal, porcentaje que se reduce a 47% entre los no precarios. Este malestar también es mayor en relación a la vida que ha tenido (30.7% vs. 17.9%, respectivamente); las condiciones de su vivienda (casi 50% vs. 34.4%), los servicios públicos de su barrio (54% vs. 40.7%, respectivamente) y la alimentación que tiene (37% vs. 18.7%). No sorprende que los niveles de insatisfacción con el empleo actual sean notablemente mayores entre los trabajadores precarios, 42% vs. 19% en los no precarios. Los mayores niveles de insatisfacción se refieren a su situación económica, donde 7 de cada 10 trabajadores precarios se declaran insatisfechos, proporción que se reduce a 5 de cada 10 entre los no precarios.

Los niveles de insatisfacción con los servicios de salud son similares entre los trabajadores que cuentan con acceso a la seguridad social y los que carecen de ésta: 45% y 49%, respectivamente, lo que evidencia una percepción generalizada acerca de la baja calidad en la provisión de servicios de salud entre los sectores de menores ingresos. Niveles de insatisfacción similares a los de los trabajadores precarios se observan entre quienes se definen como de clase baja.

Las perspectivas de mejoramiento futuro son sumamente limitadas: 3 de cada 4 entrevistados considera que tiene pocas o ninguna posibilidad de mejorar su situación económica. El análisis de regresión (cuadro 6) muestra que los hombres son más pesimistas que las mujeres, y que a medida que la edad aumenta, las expectativas de mejoramiento futuro disminuyen. Dichas expectativas son menores en los niveles educativos más bajos, entre quienes se ubican en el escalón más bajo de la estructura social, quienes consideran que su situación económica es peor que la de sus padres y quienes tienen una baja disponibilidad de activos en el hogar. La posición y el tamaño del hogar, así como el lugar de residencia no son estadísticamente significativos. Lo anterior pareciera estar revelando una importante relación entre desventajas estructurales y expectativas de mejoramiento: son precisamente los sectores con mayores y más persistentes desventajas los que se revelan más pesimistas respecto a sus posibilidades de mejoramiento futuro.

5. Desigualdad, exclusión y ciudadanía

El análisis de las relaciones entre desigualdad en el acceso a oportunidades y exclusión social constituye una problemática clave a la hora de entender las formas concretas que asume la privación social en contextos particulares. Como señala Barry (1998), la relación entre desigualdad y exclusión social está mediada por el funcionamiento de las instituciones sociales, económicas y políticas. Niveles similares de desigualdad pueden tener diferentes implicaciones en términos de exclusión social, dependiendo del grado en que las oportunidades de hacer y obtener cosas reflejen los niveles de ingreso. En una sociedad en la que la mayor parte de los bienes y servicios son distribuidos a través del mercado y donde aun aquellos provistos públicamente pueden ser comprados privadamente, existe una fuerte conexión entre desigualdad y exclusión social. Siguiendo a este autor, las sociedades que combinan economías de mercado e instituciones liberales democráticas se caracterizan por dos umbrales de exclusión. El umbral inferior divide a aquellos que participan en las instituciones fundamentales ("mainstream institutions") y los que están fuera de ellas, es decir, no pueden participar. El umbral superior divide a quienes están en el medio, de quienes pueden separarse de dichas instituciones porque no las necesitan. En sociedades con altos niveles de desigualdad en la distribución del ingreso —como las latinoamericanas—, ambos umbrales generan una profunda diferenciación tanto en términos de oportunidades y estilos de vida, como en relación a las instituciones fundamentales (Barry, 1998). Más que a causa de "quedarse afuera", numerosas privaciones emergen de términos de inclusión desfavorable y de una participación social profundamente desigual (Sen, 2000). Si bien la ausencia o limitación de los derechos son un signo evidente de exclusión, también lo son las dificultades y mediaciones para acceder a ellos (Estivill, 2003).

Las percepciones relacionadas con la distribución de oportunidades y la calidad de las mismas muestran un marcado déficit de ciudadanía en diversas dimensiones: 7 de cada 10 entrevistados destacan que la mayoría de la población del país carece de protección a la vejez y de un trato justo por parte de las autoridades, y la mitad considera que la mayor parte de los mexicanos no tienen acceso a servicios de salud de calidad, a una vivienda digna, a alimentación adecuada y se sienten intranquilos para caminar en las calles (cuadro 9) . El acceso a la educación es percibido como el más universal de los servicios. Sin embargo, a diferencia de los servicios de salud, en la encuesta no se preguntó por el acceso a servicios educativos "de calidad".

La marcada desigualdad en la distribución de oportunidades y la segmentación social que caracterizan a la sociedad mexicana se hacen evidentes en el reconocimiento de calidades diferenciadas de ciudadanía: 6 de cada 10 entrevistados considera que en el país hay mexicanos de primera y de segunda, y 8 de cada 10 se considera tratado como ciudadano de segunda (cuadro 10), percepción particularmente extendida en los menores niveles educativos y entre quienes se definen como de clase baja.

Percepciones y experiencias, ciertamente, no están disociadas: 9 de cada 10 entrevistados considera que en este país se discrimina a los pobres, entre otros motivos, por la falta de dinero (53.9%), de educación (22.3%) y porque "se visten mal" (21.9%) y 6 de cada 10 han sentido personalmente vulnerados sus derechos por su situación económica y su nivel educativo (cuadro 11). Entre quienes se consideran tratados como ciudadanos de segunda (82.2%), 9 de cada diez expresan que en lo personal alguna vez sus derechos han sido violados debido a su situación económica, su nivel educativo y el barrio en que vive (cuadro 12).

Así, mientras que en términos "objetivos" la desfavorable inclusión de los pobres se expresa en el desigual acceso a oportunidades (de empleo, educación, salud, vivienda, etc.), en sus dimensiones subjetivas se plasma en sentimientos de maltrato y discriminación social.

6. Conclusiones

La información que provee la encuesta "Lo que dicen los pobres" reafirma lo señalado inicialmente: las desventajas de los sectores pobres no derivan de "estar afuera", sino de una inclusión diferenciada, en términos desfavorables, en el sistema social. La extendida precariedad, en un escenario de creciente incertidumbre laboral donde el Estado asume un rol residual en la provisión de bienestar, se traduce en una profunda sensación de indefensión. El trabajo constituye para los pobres sólo una fuente de sobrevivencia, que no se asocia con una vida digna ni con la protección social característica de una sociedad salarial. Un amplio porcentaje de entrevistados considera que la mayoría de los mexicanos no puede disfrutar de niveles adecuados de vida ni de un trato justo por parte de las autoridades y se extiende entre los pobres una auto-percepción como ciudadanos de segunda clase. La presencia del Estado, como referente de protección social y garante del cumplimiento de los derechos de ciudadanía, está casi ausente del imaginario —y la experiencia cotidiana— de los sectores más desfavorecidos: una amplia mayoría siente que sus derechos no son respetados por su situación económica, están insatisfechos con los programas sociales y con los servicios públicos del lugar donde viven.

El carácter persistente y hereditario de la pobreza, la rigidez de la estructura social y la altamente precaria e inestable inserción laboral de los sectores más desfavorecidos se expresa en escasas expectativas de mejorar su situación en un contexto donde la pobreza emerge como un destino social. Las desventajas iniciales no sólo se mantienen, sino que se profundizan durante el curso de vida. En este contexto, las oportunidades de escapar de la pobreza se reducen y el margen de maniobra se restringe: más de la mitad de los entrevistados considera que en México el que nace pobre, casi siempre muere pobre.

El malestar se evidencia con particular énfasis en sus percepciones relativas al trato que reciben de la sociedad: los pobres se sienten tratados como ciudadanos de segunda y discriminados por su situación de pobreza. La mayoría de los entrevistados, sin embargo, se declara satisfecha con la vida que ha tenido, "satisfacción" probablemente relacionada con la pobreza como una situación "habitual" y con la escasa memoria de tiempos mejores, tema que requiere ser explorado con mayor profundidad a través del análisis cualitativo.

La alta desigualdad en la distribución de oportunidades revela con crudeza que los niveles de ingreso constituyen determinantes claves no sólo de las posibilidades de acceso, sino de manera creciente, de la "calidad" de las oportunidades a las que se accede, generando un proceso de polarización y segmentación creciente entre "categorías" de ciudadanos. Son precisamente los términos de su incorporación los que evidencian la singular exclusión de los sectores con mayores desventajas en sociedades como la mexicana, donde las distancias sociales adquieren niveles dramáticos.

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Notas

1. Este trabajo es parte del proyecto de investigación a mi cargo "Las expresiones de la nueva precariedad social: los casos de México y Argentina", el cual se orienta a comprender las especificidades que asume la cuestión social en contextos diferenciados. La investigación cuenta con financiamiento de Conacyt para la realización de su última etapa, que se concentra en el análisis de las dimensiones subjetivas de la privación. El análisis estadístico que se presenta en este artículo se realizó con la asistencia de Luciana Gandini.

2. La encuesta "Lo que dicen los pobres" fue realizada por la Secretaría de Desarrollo Social en 2003. La muestra está constituida por 3,000 casos, es representativa a nivel nacional, e incluye a individuos mayores de 18 años en condición de pobreza patrimonial en áreas urbanas y rurales. Define como pobres a los hogares cuyo ingreso es insuficiente para cubrir una canasta básica de alimentos y gastos mínimos en educación y salud. La muestra incluye 11% de población "no pobre" según la definición de Sedesol. Dicha inclusión se debe a que la selección de la muestra se realizó con base en polígonos de pobreza donde en cada manzana seleccionada hay un porcentaje de alrededor de 30% que no es pobre, por lo que el 11% de población definida como "no pobre" correspondería a la selección aleatoria de los hogares realizada al interior de las manzanas en cada uno de los polígonos de pobreza. Se utilizaron dos cuestionarios: uno de hogar, que recoge información socioeconómica del mismo, y un cuestionario individual, dividido en siete secciones: características generales del entrevistado; trabajo e ingreso; bienestar y justicia social; pobreza, vulnerabilidad y riesgo; diferencias y discriminación; análisis institucional y valoración de apoyos.

3. Un primer análisis sobre los resultados de la encuesta "Lo que dicen los pobres" fue publicado por la Secretaría de Desarrollo Social (Székely, 2005) en un libro colectivo donde diversos autores analizan en capítulos independientes y desde diferentes perspectivas, las percepciones de los pobres sobre cada uno de los temas abordados en la encuesta y sus implicaciones para el diseño de las políticas de combate a la pobreza.

4. La movilidad intergeneracional se refiere a en qué medida las características y resultados fundamentales de los individuos difieren de los de sus padres, mientras que la inmovilidad generacional hace referencia a la persistencia de características y resultados de los hijos respecto al hogar de origen (D'Addio, 2007).

5. En contextos donde está más extendida, la pobreza tiende a ser percibida como una condición heredada, como un fenómeno de largo plazo que se reproduce intergeneracionalmente y es menos común su percepción como "nueva pobreza", como una "caída" entre quienes no eran pobres resultante de las menores oportunidades de empleo y el aumento del desempleo (Paugam y Selz, 2004).

6. Se refiere a la clase social del padre cuando el entrevistado tenía 18 años. Lamentablemente en la encuesta no se pregunta sobre la ocupación del padre.

7. Puesto que 80% de los entrevistados se identifican como provenientes de hogares de clase baja, el análisis se concentró básicamente en dos grupos: quienes se mantienen en la clase social de origen y quienes experimentan movilidad ascendente.

9. El índice de precariedad laboral combina el tamaño del establecimiento y el I acceso a protección social (beneficios o prestaciones), distinguiendo cuatro categorías de trabajadores: precarios (asalariados sin prestaciones en establecimientos de hasta 5 trabajadores y no asalariados o trabajadores por cuenta propia); desprotegidos formales (asalariados sin prestaciones en establecimientos de más de 5 trabajadores); protegidos informales (asalariados con prestaciones en establecimientos con hasta 5 trabajadores); no precarios (asalariados con prestaciones en establecimientos con más de 5 trabajadores).

10. En 2003, según datos de la Encuesta Nacional de Empleo, la tasa de participación laboral de las mujeres era de 34% a nivel nacional.

11. Según la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social (INEGI, IMSS), en 2004, I 84% de los niños menores de 6 años estaban al cuidado de sus madres y 16% al cuidado de "terceros" —familiar, persona remunerada, guarderías, etc.—. Entre aquellos niños al cuidado de terceros, sólo 2% asiste a guarderías públicas. Los costos de los centros privados de cuidado infantil oscilan entre 40% y 300% del salario mínimo, lo que los hace inaccesibles para los hogares de bajos ingresos.

12. A partir del análisis factorial, los componentes incluidos en el índice de activos del hogar fueron: disponibilidad en la vivienda de licuadora, refrigerador, material del piso y excusado.