Prácticas financieras riesgosas para afrontar la crisis económica en los hogares: entre malabarismos con el dinero y sobreendeudamiento*

Risky Financial Practices to Face Household Economic Crises: Between Juggling and Overindebtedness

Lourdes Angulo Salazar

Universidad Pedagógica Nacional Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México. langulo60@hotmail.com

Recepción: 23 de abril de 2012
Aceptación: 2 de septiembre de 2013

Resumen

Se analizan las vicisitudes de usuarias de microfinanzas en medio de la crisis económico-financiera de 2009 y las prácticas de instituciones proveedoras de servicios microfinancieros. Se discute la adopción de ciertas tecnologías para el análisis y la previsión de riesgos, y las implicaciones de mecanismos como el empleo de relaciones sociales como colateral social. Se exploran los significados sociales de la obligación moral de ayuda recíproca según quién la desarrolle y con qué propósitos, la estimación del riesgo y las medidas para aminorarlo de acuerdo con la información con que se cuenta y los recursos analíticos con los que se interpreta. El estudio se realizó en dos regiones de México: la zona El Grullo-Autlán, Jalisco, y Miahuatlán, Oaxaca.

Palabras clave: microfinanzas, sobreendeudamiento, malabarismos con el dinero, grupos solidarios, mujeres pobres.

Abstract

We analyze the undergoings of microfinance users in the context of economic crisis in 2009 as well as the practices involving institutions that provide microfinancial services.We focus on the adoption of certain technologies for the analysis and prevision of risk as well as the implications of the use of certain mechanisms entail, particularly the social relations as social collateral. We explore the social meanings and moral obligations of reciprocal aid, the connotation that particular inancial practices acquire according to who develops them and under what premises and aims, the estimation of risk and the measures taken to ameliorate it according to accessible information and analytical resources within which these are interpreted. The study was carried out in two Mexican regions: Autlán-El Grullo Valley in Jalisco, and Miahuatlán in Oaxaca.

INTRODUCCIÓN

El año 2009 fue de grandes dificultades para instituciones financieras de México y del mundo. El sector microfinanciero no escapó de esta crisis que repercutió en la reducción del consumo y de las transacciones comerciales de diverso tamaño, así como en el desempleo de sus usuarios, si bien uno de los impactos más alarmantes fue el incremento de carteras vencidas. Aunado a este contexto de crisis, el sector experimentó cambios, como la modificación de leyes¹ que permiten la operación de nuevas entidades y definen formas organizativas y parámetros de mayor transparencia, autorregulación y confiabilidad. A partir de este marco, por un lado están los organismos con servicios de ahorro, créditos, seguros, recepción y pago de remesas, supervisados y regulados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Banco del Ahorro Nacional y de Servicios Financieros (Bansefi), y por otra parte las entidades limitadas a otorgar microcréditos,² supervisadas por la CNBV y/o la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), de acuerdo con la procedencia de sus recursos.³

A diez años de los cambios legislativos, las instituciones de microfinanzas (IMF) continúan con las transformaciones que les requieren: pertenecer a organismos paraguas de cobertura regional y nacional, contar con procesos administrativos y contables de calificación de su cartera crediticia, con sistemas de información para estimar riesgos diversos y con órganos de fiscalización y control propios. Las dificultades y vicisitudes se acrecientan en el contexto de la crisis financiera de 2009, al aumentar los créditos morosos, como lo analizaré más adelante en los organismos en los que se centró el estudio: la Caja Popular Santa María de Guadalupe (CPSMG), donde el registro de mora⁴ fue de 18% de su cartera (CPSMG, 2009) y el Micro Banco (MB) de Oaxaca, con 12%.⁵ En ambos casos la tasa de mora es mayor a la que se observaba en promedio en este sector: 7.62%.⁶ En este escenario, las IMF han robustecido sus estrategias de manejo de riesgos con el análisis de la capacidad de endeudamiento de sus clientes, el uso de todo tipo de garantías y la presión hacia el cliente y su deudor solidario en casos de incumplimiento de pagos.⁷

El objetivo de este artículo es analizar las implicaciones sociales de las prácticas más comunes empleadas por las instituciones microfinancieras para aminorar riesgos y enfrentar el sobreendeudamiento de los clientes. Los procesos de sobreendeudamiento que afectan las economías familiares suelen ser explicados por muchos practicantes de las microfinanzas como el efecto de una competencia agresiva entre un número cada vez mayor de proveedores de estos servicios, la falta de lealtad y la ausencia de "educación financiera" de los usuarios. Diversas evidencias permiten afirmar que lo anterior se conjuga con una serie de decisiones tomadas con base en información incompleta, así como con la simultaneidad de sucesos críticos dentro de circunstancias que involucran a proveedores de microcréditos y usuarios de sus servicios.

Sin obviar los efectos que tienen en las economías locales y familiares los cambios económicos y financieros suscitados en los ámbitos nacional e internacional, para comprender las prácticas financieras de los hogares sobreendeudados es necesario tener en cuenta que las formas en que una persona resuelve una situación de endeudamiento tiene relación con los recursos materiales y simbólicos de los que puede echar mano y éstos se delimitan por su condición de clase, de género y étnica. Para una mujer pobre o indígena carecer de dinero para hacer los pagos con oportunidad en una microfinanciera puede ser menos grave que contar con las relaciones sociales, la información o el conocimiento que eventualmente le permitirían acceder a nuevas fuentes de liquidez que sustituyan el ingreso esperado y con ello pagar sus deudas.

Con la finalidad de recuperar su dinero, las microfinancieras ejercen coerción sobre sus clientes ya sea de manera directa o a través de los deudores solidarios. Con cierta frecuencia son estos últimos los que pagan los adeudos de aquellos de quienes fungen como colateral social. Lo anterior conduce a que los usuarios restrinjan su red de confianza al grupo familiar, que sean reacios a apoyar a quienes no son parte de éste, busquen subterfugios para desentenderse de este tipo de solicitudes o su aceptación suponga arreglos económicos de por medio. Y así como se invocan las relaciones de confianza y apoyo recíproco entre usuarios de microfinanzas y proveedores, este trabajo pone de manifiesto distintos significados y prácticas de solidaridad entre la población y las dificultades que surgen al querer extrapolarlas al ámbito de las relaciones de deuda y compromiso que quedan implícitas entre el cliente y su aval solidario frente a la microfinanciera que otorga el crédito.

Para analizar las maneras en que las familias manejan sus economías y sus deudas en particular, el ahorro, las necesidades de consumo y el acceso al dinero con ayuda de sus vínculos sociales se exploran los significados sociales de la obligación moral de ayuda recíproca, la connotación que adquieren ciertas prácticas financieras según quién las desarrolle y con qué propósitos, la estimación del riesgo y las medidas tomadas para aminorarlo de acuerdo con la información con que se cuenta y los recursos analíticos con los que se interpreta. Para ello retomo la noción de marcos de cálculo y procesos de calculabilidad que plantea Villarreal (2009), quien sugiere que estos procesos ocurren dentro de ciertos marcos de interpretación de los sujetos y en función de la posición específica que guardan dentro de categorías identitarias de género, etnia y clase social.

El estudio se realizó en dos regiones de México: los municipios de Autlán y El Grullo, Jalisco, y Miahuatlán, Oaxaca. Para Autlán-El Grullo, el trabajo etnográfico se ubicó en El Chante, localidad de casi 2 000 habitantes perteneciente a Autlán. Se entrevistó⁸ a mujeres con negocios de producción de tortillas, pan y pasteles, venta de fruta picada o tacos en la plaza, venta de productos para aseo personal y cosméticos, así como a dueñas de tiendas de abarrotes, jornaleras y empleadas de comercios. En la región de Miahuatlán se entrevistó a hombres y mujeres, tanto de la ciudad como de localidades rurales pertenecientes al mismo distrito.⁹ Si bien la mayoría de las entrevistas fueron a mujeres mestizas, también se incluyeron algunas a mujeres indígenas.¹⁰ Sus fuentes de ingreso son la venta de comida y tortillas, venta de calzado y ropa, venta de pescado, tiendas de abarrotes, producción de café, trabajo doméstico y confección de ropa.

Zona Autlán-El Grullo

El cultivo de caña y la producción de azúcar en el ingenio Melchor Ocampo son la mayor fuente de empleo en la zona. Otra son las plantaciones de agave, trabajo comúnmente realizado por varones, aunque también hay mujeres. Se pueden encontrar algunas agroindustrias y la pesca, que se desarrolla en tres presas, diversos criaderos y en el Río Ayuquila. En El Chante dan empleo tres tiendas de abarrotes, un servicio de internet, un salón de belleza, dos tiendas de ropa y un local que vende teléfonos celulares y tarjetas. Están además los empleados de la delegación, los maestros, la enfermera y un médico. El trabajo de albañilería es escaso, y quienes ejercen este oficio salen a Autlán, El Grullo y municipios más distantes.

En la zona existen nueve entidades con servicios de ahorro y crédito:¹¹ cuatro bancos —BBVA Bancomer, HSBC, Banamex y Banco Azteca— y tres casas de empeño.¹² La mayor parte de la base social de la CPSMG está en El Grullo, 55% de los 13 247 socios totales. Según datos de 2007, su cartera de créditos fue superior a los 445 millones de pesos, con una captación de ahorro de casi 336 millones de pesos. Tiene cinco sucursales en la región: Autlán (ciudad), El Chante, Ayuquila, Ejutla y Unión de Tula. Sus servicios son ahorro, inversión, remesas y diversas modalidades de crédito para fines productivos, que incluyen actividades agropecuarias, comercio, pequeñas industrias y servicios, así como el crédito para consumo y vivienda. Durante el periodo del estudio el fin preponderante de los créditos fue el consumo —41%—,¹³ seguido del productivo —37%—¹⁴ y el de vivienda —19%—. Para la compra de medicinas y gastos hospitalarios se utilizó 2.5% de los créditos (CPSMG, 2009).¹⁵ La tasa de interés va del 1.5 al 2%. La CPSMG sólo otorga créditos individuales. La estimación del monto de crédito a otorgar va de acuerdo con el ahorro, de tres y hasta cuatro veces la cantidad ahorrada, según el historial crediticio. Se emplea el ahorro del socio como garantía y uno o dos socios fungen de colateral social.

Miahuatlán

Ubicado al sur-occidente de Oaxaca, 42% de su población es indígena zapoteca (INEGI, 2010). La base de sustento de las familias indígenas y campesinas es la producción de café, maíz y frijol. En localidades cercanas a Miahuatlán también producen mezcal y estacionalmente se dedican al trabajo artesanal, asimismo crían ganado, en especial cabras y ovejas. Si bien la migración internacional ocurre de forma intensiva en otras regiones del estado, en ésta es menor, aunque hay migración interna hacia los campos agrícolas de Sinaloa, Baja California Sur, Baja California y Sonora.

El crédito grupal del MB funciona con la metodología de grupo solidario.¹⁸ Respecto del crédito individual, a diferencia de otras MF, el MB no requiere que los socios tengan ahorro. Un socio ingresa con su solicitud de crédito, de aquí la gran importancia que reviste el estudio socioeconómico realizado a cada solicitante antes de otorgar un préstamo. Dentro del estudio también se recoge información de los avales: si el monto oscila entre 3 000 y 15 000 pesos, se piden dos; si el monto es superior a los 15 000 pesos, además de los dos avales se solicita alguna garantía, como factura de vehículo o escritura de propiedad. Durante los últimos años los créditos grupales han disminuido por dos razones: 1) los socios evitan el riesgo de incumplimiento de sus compañeros dadas las malas experiencias, y 2) las políticas de crédito incentivan la modalidad individual, pues el monto es mayor al del crédito solidario,¹⁹ práctica que favorece a quienes tienen más relaciones sociales y patrimonio. Los municipios donde se registra un uso mayor de este último son San Agustín y San Baltazar y Ozolotepec, de población mayoritariamente indígena.

PRÁCTICAS BASADAS EN LA SOLIDARIDAD: TEORIA VERSUS REALIDAD

Los programas de microcréditos y microfinanzas tienen en común el uso de diversas estrategias, una de ellas es el colateral social, sean créditos grupales o individuales. En los primeros opera el supuesto de que los miembros seleccionarán a quienes son más responsables. En ambas modalidades, las IMF buscan distribuir riesgos y costos que se derivan del incumplimiento de pago. Desde el punto de vista financiero, trabajar con créditos grupales ofrece seguridad para la institución, pues así el riesgo moral es menor, particularmente en poblaciones urbanas donde se observa una gran movilidad de los clientes y hay un temor fundado de que tomen el dinero y desaparezcan. Por otro lado, defensores de estos programas enfatizan la configuración de nuevos escenarios sociales en los que surgen o se fortalecen recursos intangibles como la confianza o la solidaridad colectiva.²⁰ Sin embargo, vale la pena preguntarse cómo interpretan los actores conceptos como solidaridad y confianza, así como cuáles son las nociones que están detrás de los contenidos y cursos específicos de sus prácticas. Aun en aquellos grupos sociales, como los pueblos indígenas de Oaxaca, donde prevalecen prácticas de apoyo mutuo ampliamente documentadas, al entrar al terreno de las microfinanzas y el colateral social las prácticas solidarias no pueden tomarse como algo dado, como lo deja ver la reflexión de Yolanda:

se muere alguien y ahí estamos, si es la pachanga del compadre tú das la Guelaguetza,²¹ esa solidaridad va a seguir existiendo porque es parte de las costumbres de Oaxaca, si necesitas un vaso de agua te lo dan, te invitan a comer, es gente muy solidaria, pero en esos aspectos [...] cuando se trata de créditos la gente ya no confía (entrevista a Yolanda, empleada de la Unión de Crédito de la Coordinadora Estatal de Productores de Café de Oaxaca, UCEPO, 24 de agosto de 2009).

Los límites de las relaciones de ayuda recíproca y solidaridad entre la población usuaria de microfinanzas han sido documentados por Shakya y Rankin (2008), quienes destacan la contradicción que subyace en el modelo de grupo solidario, donde los miembros deben actuar como vigilantes del uso idóneo del crédito, lo que mitiga las posibilidades de solidaridad y en ciertos casos exacerba las desigualdades a su interior. A conclusiones similares arriban Smets y Báhre (2004). Por su parte, Rahman (1999) analiza las relaciones de poder al interior de los grupos solidarios y entre éstos y los oficiales de las IMF. A fin de tener una mejor comprensión de las dinámicas sociales en que discurren las intervenciones de las IMF, conviene documentar los procesos a través de los cuales los usuarios recurren a sus redes sociales para el acceso a los servicios. Debemos poner atención a las maneras en que sopesan los compromisos implicados, los arreglos a que dan lugar, los riesgos que vislumbran y las formas en que se anticipan a ellos, especialmente en situaciones de sobreendeudamiento y en un escenario de crisis económica que impacta los ingresos familiares y su capacidad de pago.

Así como las microfinancieras despliegan diversas prácticas para elevar sus índices de confiabilidad y eficiencia financiera, también sus usuarios tratan de sacarle la vuelta a ciertas restricciones para acceder al crédito. Ejemplo de esto son las prácticas que emergen ante la dificultad creciente de conseguir un aval: en ambas regiones, la disposición para ser deudor solidario se circunscribe al circuito de las redes familiares; si un solicitante no es parte del grupo familiar, no es de fiar, y si la relación vecinal puede lastimarse con la abierta negativa a ser aval, se inventan pretextos para no dar la firma o una vez que se da el apoyo se buscan argucias para cancelarlo. Otro hecho que se ha vuelto común entre los socios del MB del sur de Oaxaca²² es que los solicitantes retribuyan a sus avales el equivalente a una jornada de trabajo, pues se entiende que abandonaron sus quehaceres para acompañarlo. Algunos pagan los gastos de traslado a las oficinas de la mf y una comida. Otro arreglo es que el socio comparta el crédito con su aval. De acuerdo con los operadores estas prácticas tienen lugar porque:

]]> la gente cree que le está haciendo un favor al otro socio [...] Nosotros les decimos: "no es un favor que usted le está haciendo a esa persona, es una obligación que está contrayendo de pagar en caso de que él no cumpla" (entrevista a Flor, trabajadora de microfinanciera, 22 de agosto de 2009).

En ese sentido, los socios le dan un significado particular al hecho de ser aval, independientemente de lo que pregonen los oficiales del MB. Al apoyarse en relaciones de confianza y reciprocidad para asegurar el reembolso de los préstamos, no se están tomando en cuenta los significados culturales y el conjunto de valoraciones económicas y sociales que se entretejen en esos vínculos.

LOS LÍMITES ENTRE MALABARISMOS CON EL DINERO Y SOBREENDEUDAMIENTO

Hacer malabarismos con el dinero es uno de los artificios a los que recurre la gente para sobrevivir y esto es más visible cuando estudiamos las prácticas financieras. La gente usa información combinada de plazos, intereses, montos y desarrolla habilidades que facilitan su acceso a recursos financieros. De alguna manera va midiendo su capacidad de endeudamiento. Estos mecanismos han sido referidos por otros autores como reciclaje de deudas (Rahman, 1999), intercambio de préstamos (Shakya y Rankin, 2008), cadenas de endeudamiento o circulación de la deuda (zanotelli, 2004). En el contexto del estudio se identificó el reciclaje de deudas empleando diversas fuentes de créditos. A continuación ilustraré algunos casos.

Rosa pidió un crédito de 7 000 pesos en la CPSMG. La gerente de la sucursal le organizó un plan de pagos de 80 pesos cada semana y para cubrir el total de su deuda en 36 meses. Solicitó el préstamo para invertir en un negocio de venta de comida, pero utilizó la mayor parte para liquidar su deuda con la os. Guardó el resto para pagar la luz y el teléfono. De una deuda y otra va cubriendo sus gastos cotidianos, pues de las ganancias de su puesto de comida sólo financia gastos mínimos de su hogar (entrevista a Rosa, usuaria de cajas populares de la zona El Grullo-Autlán, 11 de mayo de 2009). Aída, otra mujer de la zona, es socia de la CSMG y de la CS. Con sus precarios ingresos se ha echado a cuestas diversas deudas, tanto con las cajas de préstamo como con el ayuntamiento de Autlán, para la compra de un depósito de agua y materiales de construcción para arreglar su casa. Administra los préstamos de una caja conforme se aproximan las fechas de vencimiento de sus otros adeudos, pero a veces los pagos vencidos se empalman con la necesidad de comprar gas, maíz para producir nixtamal y hacer tortillas o alimento para los pollos y gallinas que más tarde sacrificará y venderá. En ocasiones ha tenido que privilegiar estos gastos, pues sabe que de ello depende que sus ingresos sigan fluyendo. De su manejo del dinero dice:

Tengo un préstamo grande [12 000 pesos, con la CPSMG] que no lo acabé de pagar porque compré una tonelada de maíz que me costó 3 000 pesos. Quería llenar todos los tambos para en tiempo de las aguas no estar batallando porque no tengo maíz. Eso es lo que hago año con año. Mi hermano me dijo que me lo dejaba barato, me lo traía encostalado y todo, era aprovechar la oportunidad que tenía [... ] y por eso a veces no tiene uno para pagar (entrevista a Aída, socia de cajas populares de la zona El Grullo-Autlán, 28 de abril de 2009).

Para Aída es muy importante ser considerada una persona respetable y una de las maneras de asegurarse de ello, según relata, es pagar sus préstamos. En las decisiones que estas mujeres toman y los cálculos que hacen entra en juego la combinación de información financiera, la necesidad de nuevos recursos para aliviar momentáneamente la economía doméstica, echar mano de sus redes sociales y su preocupación por preservar su buena reputación. En este mismo sentido es ilustrativo lo que comenta Julia, socia de las dos cajas populares que existen en El Chante. A veces, cuando "se endroga",²³ pide dinero a la otra caja de préstamo y se pone al día con sus deudas. En una ocasión tenía que liquidar 6 000 pesos en la CPSMG y no tenía a quién recurrir, así que le pidió dinero a Raquel, su jefa inmediata en la delegación municipal, y liquidó su adeudo. Raquel, a su vez, tomó del dinero que guardaba en caja por contribuciones municipales de los vecinos. Así, Julia pudo liquidar su saldo con la CPSMG, pidió un nuevo préstamo y le pagó a Raquel. "La cosa —comenta Julia— es echar maroma al dinero, no quedar mal con nadie" (entrevista a Julia, usuaria de cajas populares de la región El Grullo-Autlán, 14 de febrero de 2009). No quedar mal con nadie implica pagar las deudas a tiempo o abonar, explicar las dificultades que se enfrentan, negociar un nuevo plazo, pues así se muestra que la persona es responsable y se cuida la relación de deuda.

Que los clientes recurran a una y otra fuente crediticia es una realidad con la que lidian cotidianamente las microfinancieras. De acuerdo con los datos de la Cooperativa Sifra, 60% de sus socios también pertenece a alguna de las cajas populares más grandes —CPSMG o CAI o CPCC—, 25% son de la CS y para el 15% restante Sifra es la única opción. Una variante de este reciclado de deudas es la participación de otra persona que consigue un nuevo préstamo para pagar el crédito de algún miembro del grupo familiar. La fuente crediticia puede ser la caja de préstamo o microfinanciera donde ya se debe u otra, sea una nueva institución o un prestamista local.

sí se vivía de la deuda: pagaban un crédito y pedían otro, en una forma revolvente. Y así es como compraban su lote para construir la casa, luego empezaban a construir que una recámara, luego la otra, el techo. El problema es que ya empezaron a endeudarse más allá con una caja, luego fueron con otras cajas (entrevista a Armando, 29 de abril de 2009).

Este mismo empleado declara que la práctica de exigir al deudor por medios legales o ir con los avales y obligarlos a que paguen "son cuestiones que están distorsionando la relación de la caja con los socios" (entrevista a Armando, 29 de abril de 2009). Las distorsiones de las que habla aluden a la pérdida de lealtad o a la desconfianza mutua que se expresa entre clientes e instituciones y al recelo que externan las personas cuando alguien les pide que funjan como avales. Cruzar el límite entre malabarismos con el dinero y la capacidad de pago, caer en una maraña de deudas y no poder salir de ellas tiene que ver con la sobreoferta de servicios, la falta de lealtad de los clientes hacia las instituciones y también con pedir prestado más allá de lo que una persona o una familia es capaz de manejar. Pero ¿a través de qué procesos se rompe ese frágil equilibrio que conduce a la incapacidad de pagar los adeudos y cuál es el papel que tiene cada uno de los actores en ellos? ¿Cómo es percibido el sobreendeudamiento tanto por los clientes como por sus pares, los operadores de microfinanzas, y qué tipo de respuestas sociales concitan estas situaciones? Trataré de responder estas preguntas en el resto del documento.

EL SOBREENDEUDAMIENTO, DISTINTOS MARCOS DE CALCULABILIDAD

Las microfinancieras basan sus razonamientos, cálculos y procesos en una definición de sobreendeudamiento centrada en el aspecto económico, al asumir que son situaciones en las que las deudas superan los ingresos (ASPEC, 2009; Alpízar y González-Vega, 2006; González y González-Vega, 2003). A partir de ello suelen manejar los niveles de sobreendeudamiento de acuerdo con el incumplimiento parcial o total del calendario de pagos, si bien puede haber niveles de tolerancia en la calificación de los retrasos. Sus preocupaciones están basadas en esta definición que da preponderancia a la aritmética y a lo monetario, y deja de lado lo que estorba al logro de sus metas de recuperación, ya sea una relación de larga duración con un cliente o los vínculos sociales al interior de un grupo, como lo documentaré más adelante. En palabras de Villarreal, hablamos aquí de los marcos de calculabilidad como aquellos "en los que ciertos procesos se habilitan o deshabilitan, de los márgenes para realizar interpretaciones y las herramientas con que se cuenta para ello", donde "la diferenciación identitaria adquiere predominancia" y dentro de ésta las "consideraciones de género, etnicidad, generación y clase social" (Villarreal, 2009: 135).

Entre las prácticas con las que previenen el sobreendeudamiento está aconsejar a sus clientes que no caigan en el incumplimiento y más recientemente han introducido lo que llaman educación financiera, que consiste en breves charlas acerca de cómo calcular intereses, manejo de costos, precios y ganancias de un negocio.²⁴ Como parte del procedimiento para fijar el monto del crédito que otorgarán a un solicitante procuran no prestar más allá de lo que sus estimaciones establecen como el margen de endeudamiento que una familia puede manejar, aun cuando las solicitudes sean por una cantidad mayor. Así lo explica Natalia respecto de esta práctica en la microfinanciera del sur de Oaxaca:

Por ejemplo, un profe percibe 9 500 pesos, es su único ingreso. Tiene dos hijas en la secundaria con quienes gasta y enseguida nos hace una relación de gastos que son de los más comunes en estos casos: recreación, alimentación, celular, pago de otras deudas, transporte, etcétera. Así, los gastos totales se deducen de los ingresos y a ese saldo neto se le calcula el 35%, es la capacidad de pago mensual que esa persona tendría, y de ahí se fija el monto de crédito que se le puede dar. Aunque el socio pida 20 000 sólo se le van a prestar 10 000 porque sólo eso va a poder pagar (entrevista a Natalia, trabajadora de microfinanciera, 16 de julio de 2009).

Se deduce que uno de los problemas que requiere de intervención es que los socios no cuentan con los elementos para determinar su capacidad de endeudamiento, que está ausente cierta racionalidad económica en el manejo de sus finanzas, que son personas que "administran mal" su dinero, y de ahí la importancia de inculcar esta educación financiera en los socios. Por otro lado, al indagar en las vidas de aquellos clientes que adeudan cantidades considerables, emergen situaciones de gran precariedad donde las decisiones financieras tienen que ver con la búsqueda de una mayor prosperidad y bienestar y con inversiones en empresas de muy alto riesgo con las que buscan diversificar sus modos de sustento. Como abundaré más adelante, pedir prestado para que los hijos viajen a Estados Unidos, paguen el "coyote" y encuentren un trabajo es un proyecto en el que se mezclan aspiraciones laborales y de estatus social más elevado de la persona y de la familia. Lo mismo puede decirse sobre las mejoras a su vivienda, que conjugan la búsqueda de una mayor valía social de la familia y la reducción de su vulnerabilidad. Es éste el tipo de estimaciones que entra en juego en sus decisiones. A diferencia de lo que ha sido señalado antes respecto de los directivos, entre los operadores se reconoce que han contribuido al endeudamiento de los clientes, como lo comenta Evaristo, trabajador de una de las microfinancieras que operan en la Sierra Sur de Oaxaca:

nosotros, por querer ayudar a la gente, hicimos que se endeudaran, creíamos estar apoyándolos, pero ahora con los cursos que estamos tomando hemos entendido que no hicimos bien porque la gente solicitó dinero y se lo dimos, sin tomar en cuenta que sólo tienen su sueldo de jornaleros (entrevista a Evaristo, 17 de julio de 2009).

Pero reducir los préstamos a lo que la financiera considera la capacidad de endeudamiento de los clientes tampoco resuelve el problema de endeudamiento, pues recurrirán con otras microfinancieras o a prestamistas locales que les cobrarán una tasa de interés mayor. Asimismo, mientras que un sector, en aras de ampliar su mercado, induce al endeudamiento de sus clientes, otros despliegan diversas medidas para reducir o controlar su morosidad a niveles aceptables. Una de las tareas que más ocupa el tiempo de los trabajadores del MB es allegarse de información de diversas fuentes con el propósito de sopesar la solidez económica de sus clientes. Otra tarea prioritaria es el cobro, de modo que desde días previos al primer vencimiento los trabajadores hacen cobranza preventiva. Si el cliente no paga, recibirá un incontable número de visitas, lo mismo que sus avales, hasta que el adeudo sea recuperado.

En el estudio inicial, un aspecto al que suele darse mucha importancia es el vínculo familiar entre el socio y sus avales: entre más distante sea ese vínculo tendrá menos objeciones entre los tomadores de decisiones. Lo mismo sucede si se trata de un grupo. Lo anterior, que desde los manuales de microfinanzas puede ser un consejo aleccionador para los practicantes, tiene sus bemoles si se toma en cuenta el hecho de que las relaciones de ayuda y compromiso que operan en circunstancias precisas no se activan de la misma manera en el terreno económico y financiero y que frecuentemente están circunscritas a la red de parentesco. De aquí que sea comprensible que un grupo solidario cuyo interés común es obtener un préstamo, en vez de darse ayuda cuando alguien tiene problemas para saldar sus deudas, asuma que el papel de sus integrantes sea vigilar que los otros paguen. Para profundizar en este análisis, en el apartado siguiente presentaré algunos casos de mujeres con deudas elevadas con las microfinancieras e ilustraré las maneras en que estas instituciones alientan ese sobreendeudamiento. En lo que concierne a los clientes, en muchos sentidos se trata de decisiones tomadas en un contexto de incertidumbre y de la inversión en proyectos con alto nivel de riesgo de donde esperan obtener recursos para superar situaciones de vida precarias.

LOS COSTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES DEL SOBREENDEUDAMIENTO

Como organismos de microfinanzas en proceso de regulación, los niveles de morosidad afectan la calificación dada a éstos por el organismo supervisor, que a su vez dificultará el acceso a ciertos subsidios y apoyos gubernamentales que permiten ofrecer créditos a tasas de interés subsidiadas. Finalmente, es el cliente en quien repercute un alto índice de mora, pues las microfinancieras deberán cubrir sus costos con el diferencial entre la tasa activa y la tasa pasiva. Los socios, además, deben pagar la tasa de interés normal, que en promedio es de 3% mensual, aunada al interés moratorio que oscila entre 5 y 6%. Existe también un costo social y moral del sobreendeudamiento que afecta especialmente a aquellos clientes con buenos antecedentes crediticios, pues pierden su calidad de socios una vez que pagan. Además, su relación con los operadores se deteriora, se pierde la confianza, no sólo porque el socio no ha cumplido sino porque es frecuente que reciba malos tratos de parte de los funcionarios.

La crisis financiera y económica en Estados Unidos ha repercutido en ciertas prácticas de la gente y es el origen de la incapacidad de pago en algunos casos. Existen familias para las que un préstamo ha suplido la falta de ingresos por remesas. Rosalba ordinariamente pide prestado a la microfinanciera para su negocio de venta de calzado por catálogo y en la última ocasión empleó la mayor parte de ese dinero en los gastos familiares (entrevista a Rosalba, 21 de julio de 2009). También está Luci, socia de una de las cajas populares de El Chante, quien pidió 3 000 pesos para su madre, dado que la ayuda que su hermano enviaba cada mes dejó de llegar (entrevista a Luci, 22 de abril de 2009). En ambos casos los migrantes habían interrumpido temporalmente el envío de dinero. Hay situaciones más difíciles de manejar, ya sea porque la cantidad de dinero que se debe es mucho mayor, porque los migrantes no han conseguido trabajo o bien porque se financió un viaje infructuoso y la familia se quedó con la deuda.

Celedonia, por ejemplo, una mujer indígena que vive en una localidad ubicada a 20 kilómetros de Miahuatlán, se atrasó por primera vez en sus pagos: debe 50 000 pesos a la MF, otros 50 000 a la CPM y 64 000 pesos a diversos prestamistas locales, cifra desorbitante para una mujer que se dedica a hacer ropa y pequeños arreglos en prendas para sus vecinos. Su esposo trabaja haciendo canastos con su hijo menor. El sostén de su economía son las remesas de sus hijos, pero con la crisis económica en Estados Unidos no han podido enviarle dinero para pagar las deudas contraídas cuando viajaron a ese país. No han conseguido un empleo de tiempo completo, sólo trabajan algunos días u horas, por lo que apenas alcanzan a mantenerse. El crédito de la CPM se destinó a pagar el "coyote" de sus dos hijas. La deuda con prestamistas locales fue para que viajaran dos hijos varones y la esposa de uno de ellos. El préstamo del MB se usó para cubrir parcialmente los adeudos con los prestamistas locales, quienes cobran 10% mensual.

Tanto en la CPM como en la otra microfinanciera dejó escrituras como garantía. Sin embargo, las presiones de los empleados no cesan. Lo que más le incomoda, dice, es que los vecinos se den cuenta de las constantes visitas de los oficiales. Además, relata, la última vez que fueron uno de ellos le gritó y, sin esperar a que Celedonia saliera a recibirlo, llegó hasta la cocina, donde ella estaba. De acuerdo con los usos y costumbres indígenas, esta situación no es bien vista, pues supone un contacto personal con alguien que no es de la familia. El oficial debió tocar y esperar a que Celedonia saliera. Este suceso le provoca incomodidad y vergüenza (entrevista a Celedonia, 18 de julio de 2009). Al buscar por distintos medios que sus clientes paguen los adeudos, los oficiales no reparan en los conflictos personales y familiares que esto genera o bien los minimizan en aras de recuperar los créditos.

En otro caso que documenté, las prácticas del personal de la microfinanciera lesionan las relaciones interpersonales de los miembros de un grupo y desempoderan a la socia deudora con las presiones ejercidas para que pague. Aristea, antes de formar parte de un grupo solidario, recibió diversos créditos con los que compraba cera y otros insumos para la fabricación de velas. En ocasiones, si requería dinero y tenía un crédito vigente lo refinanciaba. A veces, dice, gracias a que era muy cumplida, "iba a la caja y si debía 2 000 pesos me prestaban cinco, pagaba los dos y me quedaba con los tres que necesitaba" (entrevista a Aristea, 20 de julio de 2009). En el grupo solidario recibió un préstamo de 15 000 pesos para arreglar su vivienda. Para todo el grupo fue una experiencia difícil ya que ningún miembro pudo pagar puntualmente. El tipo de préstamo que les otorgaron suele manejarse en el medio rural, no en el urbano: las mujeres pagarían mensualmente los intereses y el total del capital al final.

Aristea fue quien más problemas tuvo para pagar. Para hacerlo se endeudó con otros proveedores. En la microfinanciera BASS tenía que pagar el adeudo de otra cliente de quien era aval para recibir su crédito, consiguió 5 000 pesos con un prestamista, con ese dinero y sus ahorros pagó una deuda en Elektra, ahí le prestaron 7 500 pesos, con los que pagó los 3 800 que su avalada debía en BASS y metió lo demás a su cuenta de ahorro para que le prestaran 15 000 pesos. Con ese dinero pagó al microbanco. Aunado al estrés generado por los obstáculos que tuvo que sortear, para Andrea fue decepcionante la actitud de su grupo, que se alió con el personal del MB para ejercer presión sobre ella y su familia. Las mujeres le explicaban que su deber como compañeras era exigirle que pagara o tomar nuevas medidas de coerción e idearon, aconsejadas por el personal del MB, hablar con el esposo y los hijos, para que "ellos tomaran cartas en el asunto" (entrevista a Andrea, 27 de julio de 2009). La alianza de sus compañeras con la microfinanciera significaba una reciprocidad negada. Además, el eventual involucramiento de sus familiares implicaría una pérdida de terreno en la autonomía que había ganado, pues a pesar del desacuerdo de su esposo ella había decidido pedir el préstamo y por tanto debía hacerse cargo de sus deudas. El grupo desistió de hablar con los parientes, aunque la amenaza fue un factor más de tensión.

De la manera en que afrontó sus deudas destacan tres elementos determinantes de ruptura del equilibrio en sus malabarismos con el dinero. Primero, contratar una deuda que era superior a los montos que anteriormente había solicitado, además de que las condiciones de pago no eran las que acostumbraba emplear, en este caso el monto total debía ser pagado en una sola exhibición. Segundo, al deber ese préstamo para vivienda en el MB, no pudo obtener el préstamo ordinario que usaba para trabajar en la producción y venta de veladoras, así que los ingresos mermaron pues contaba con menos materia prima. Tercero, tuvo que cubrir gastos médicos no previstos para curar a su madre, que vive con ella. Esto nos muestra, de acuerdo con lo que proponen Guérin et al. (2010) en su estudio sobre vulnerabilidad financiera, la predominancia de dos sucesos críticos —la reducción de ingresos y la enfermedad de la madre— y un manejo inadecuado de las condiciones del crédito por parte de la microfinanciera en cuanto al monto prestado y el plazo para el pago. En cuanto a Celedonia, y siguiendo a Guérin y colaboradores, su endeudamiento con diversas fuentes crediticias para financiar los viajes de sus hijos a Estados Unidos indica un esfuerzo para ampliar sus medios de sustento, y en ese sentido la migración a ese país en búsqueda de empleo en un contexto de crisis financiera y económica es una empresa de muy alto riesgo para la familia. Como los hijos no consiguieron los ingresos, las remesas no fluyeron como en otras ocasiones había ocurrido, por lo que hubo sobreendeudamiento. Celedonia debe más de 165 000 pesos a diversas MF.

CONCLUSIONES

Las instituciones microfinancieras han robustecido sus mecanismos de control de riesgos. Al otorgar el préstamo se fortifica la prevención de pérdidas por incumplimiento con el empleo de garantías hipotecarias —más común en las cajas populares— y el colateral social. Se usan estrategias diversas de cobranza, como el cobro preventivo, la presión social hacia el cliente y sus deudores solidarios una vez que hay retrasos y los procedimientos judiciales de ser necesario. Y si bien los esfuerzos realizados parecen estar en el camino correcto desde el punto de vista financiero, desde la perspectiva social lo redituable de esas prácticas está en tela de juicio. Demostrar lo anterior ha sido el propósito de este artículo y para ello me aboqué a analizar diversas prácticas y sus significados sociales, es decir, cómo la gente se apropia de ciertos recursos, cuida de ellos o los emplea como un bien intercambiable del que saca provecho según sus cálculos.

Cuando las instituciones microfinancieras invocan las relaciones de confianza y apoyo mutuo para el otorgamiento de créditos, parece que éstas son instrumentales a su objetivo de asegurar que el dinero prestado sea reembolsado. Así como la confianza y solidaridad son aquilatadas en los términos ya mencionados, en el dominio de los usuarios parece ocurrir un proceso de mayor valoración y cuidado de su uso que los lleva a redefinir fronteras y circuitos por donde se dan y se reciben estos bienes, a hacer distinciones de lo que significa ser solidario de acuerdo con las circunstancias, a considerar los lazos de parentesco o vecindad que se tengan y los sujetos que demandan esa confianza y solidaridad. El intercambio de dinero por firmas alude a la distinción que hacen entre ayuda y favores y a los significados culturales que tienen estas nociones: si se trata de un favor, éste requiere ser devuelto en el momento en que aquel que lo otorga pida su restitución. Al suceder este tipo de prácticas queda en entredicho el alcance de estos programas para generar sinergias sociales, pero por otro lado no deberíamos etiquetarlos como negativos, sino como los medios con los que la gente trata de superar escollos para acceder a los créditos y sortear las dificultades cotidianas con cierto grado de ingenio.

Otro de los mecanismos de los que hablé es el malabarismo con el dinero y otro más el que da paso al sobreendeudamiento. El primero contradice los cálculos de los proveedores de crédito respecto de lo que implica la definición de finanzas sanas; el segundo se percibe con frecuencia como resultado de un gasto dispendioso, derivado de una mala administración por la ausencia de educación financiera o la oferta excesiva de microfinanzas. Desde lo que he discutido aquí, el sobreendeudamiento tiene que ver también con las políticas y prácticas de las instituciones de microfinanzas, con decisiones que los clientes toman sobre la base de información incompleta y la simultaneidad de sucesos críticos en sus familias. En cuanto a sus implicaciones sociales, discutí las maneras en que las estrategias para recuperar deudas instrumentalizan y vuelcan a favor de las microfinancieras a los grupos solidarios y ejercen coerción sobre sus clientes. Emplear estos mecanismos conlleva que las mujeres sean estigmatizadas como morosas, pierdan su membresía al grupo y a la microfinanciera y se les reste poder y prestigio dentro de la familia y la comunidad.

Sin duda el MB de Miahuatlán ha hecho una labor muy importante dentro de las comunidades indígenas y se ha preocupado por que sea gente local quien trabaje con ellos. Sin embargo, el hecho de que los trabajadores a cargo de estas comunidades sean varones en su mayoría supondría una mayor comprensión del contexto cultural y de las relaciones de género al interior de las familias y comunidades, pues así harían un análisis más cuidadoso de la percepción local de los procedimientos utilizados y las consecuencias que acarrean para las mujeres. Las evidencias apuntan a que los costos sociales son más altos para las mujeres indígenas que para las no indígenas y el resto de la población, dado que las primeras tienen en su haber recursos financieros y no financieros más limitados. El trato irrespetuoso y discriminatorio que los operadores de las microfinancieras dan a las mujeres endeudadas en una región indígena tiene cabida por la desvaloración social y cultural de la que han sido objeto históricamente y, sin proponérselo, con sus prácticas contribuyen a que estas condiciones se reproduzcan y se mantengan. La vorágine de la práctica cotidiana de los representantes de estas empresas de microfinanciamiento tal vez sólo da para revisar cifras en los resultados de colocación de créditos, recuperación de cartera o si están cumpliendo con sus metas de cobertura, pero pretender conjugar esto con objetivos de empoderamiento de la población supone una mayor reflexibidad acerca de hasta dónde y cómo se contribuye con cada intervención a modificar las relaciones de poder no sólo de las prestatarias en su contexto familiar, grupal o comunitario, sino entre ellas, las instituciones de microfinanzas y sus representantes. Y en esto último hay todo un camino por hacer.

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ENTREVISTAS

Aída, 28 de abril de 2009.
Andrea, 27 de julio de 2009.
Aristea, 20 de julio de 2009. ]]> Armando, 29 de abril de 2009.
Celedonia, 18 de julio de 2009.
Evaristo, 17 de julio de 2009.
Fermín y Fabiola, 3 de febrero de 2009.
Flor, 22 de agosto de 2009.
Julia, 14 de febrero de 2009.
Luci, 22 de abril de 2009.
Luz María, 21 de agosto de 2009.
Natalia, 16 de julio de 2009.
Rosa, 11 de mayo de 2009. ]]> Rosalba, 21 de julio de 2009.
Yolanda, 24 de agosto de 2009.

NOTAS

* El escrito es un resultado del proyecto de investigación "Microfinanzas rurales y empleo", apoyado por la French National Research Agency, con la participación del Centre de Cooperation Internationale en Recherche Agronomique pour le Development, Montpellier, el Institute of Research for Development, Paris-I Sorbonne, el Instituto Pondicherry y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social-Occidente de México. A todas estas instituciones les expreso mi mayor agradecimiento por la beca recibida para el proyecto posdoctoral. Agradezco también al Programa de Mejoramiento del Profesorado (México) por el apoyo recibido para el proyecto "Prácticas innovadoras en alfabetización financiera; actores, contextos y medios", que me permitió realizar trabajo de campo en la zona El Grullo-Autlán durante 2012, así como dar continuidad a los temas de este artículo y tener mayor conocimiento de las prácticas financieras de la población migrante que trabaja en la región.

¹ En 2001 se aprueba la Ley de Ahorro y Crédito Popular, en 2006 se reforma la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y en 2009 se crea la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito.

² En 2009 había 504 cajas solidarias y cooperativas y 181 microfinancieras apegadas al marco regulatorio (ProDesarrollo 2006, 2009).

³ Denominadas Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes).

⁴ El índice de morosidad —cartera en riesgo— se calcula dividiendo el saldo de capital de todos los créditos con atrasos superiores a 30 días entre la cartera bruta a una fecha determinada. Esta regla es más estricta que la aplicada en la banca comercial, pues en las IMF muchos de los créditos se otorgan sin que haya garantías ejecutables de por medio (MicroRate, 2003).

⁵ Si se incluyen los municipios de Ejutla, Oxolotepec, San Agustín, San Baltazar y Miahuatlán, alcanzaron 15% de morosidad (entrevistas a Fermín, Fabiola y Natalia, trabajadores de la microfinanciera).

⁷ Además del análisis de antecedentes crediticios de los solicitantes a través de estudios socioeconómicos y de la consulta de bases de datos del Buró de Crédito.

⁸ Los nombres de las personas que fueron entrevistadas y que se citan a lo largo del artículo no son reales.

⁹ San José del Peñasco, Roatina, San Miguel Tamazulapa, San José del Pacífico, Xitla, San Pablo Coatlán, San Francisco Coatlán, Santa Catarina Loxicha y San Baltazar Loxicha. Los dos últimos pertenecen al distrito de Pochutla.

¹⁰ De las localidades de Xitla, San José del Peñasco, San Miguel Xochistepec y de un barrio de Miahuatlán.

¹¹ De ahorro y crédito son Caja Popular Cristóbal Colón (CPCC), Caja Solidaria (CS), Caja Popular Santa María de Guadalupe (CPSMG) y Caja Agustín de Iturbide (CAI). De crédito están cooperativas Sifra (Sistema de Financiamiento Rural Alternativo) y una agencia de la Financiera Rural; la Cooperativa El Grullo y su empresa especializada, la Unidad Dispersora de Crédito; las organizaciones campesinas filiales del Partido Revolucionario Institucional (PRI), como la Confederación Nacional Campesina (CNC) y la Confederación Nacional de Propietarios Rurales (CNRP), ambas conformadas por cañeros.

¹² Casa de Prenda, Casa de Empeño y Prendafácil.

¹³ Así clasifica la CPSMG los préstamos para gastos de viaje, pago de deudas, compra de muebles, vehículos, eventos sociales, etcétera.

¹⁴ Son créditos destinados al comercio, a actividades agropecuarias, industria y servicios.

¹⁵ Estimaciones propias con base en el Informe 2009 de la CPSMG.

¹⁷ CONAOAX Familiar, S. A. de C. V.; Resplandor Internacional-Centro de Operaciones Financieras; Cooperativa Acreimex (Ahorro, Crédito e Inversión Mexicana); Serfioax; Enlace Popular, S. C. de R. I.; Caja Popular del Sureste; Caja Popular Mexicana (CPM), con cuatro sucursales: Guillermo Valle, Pelopenitza, Guezhe y Miahuatlán; Sociedad Financiera del Pacífico; Sefilat Servicios Financieros; Grupo BASS Financiera; CREBAINP, S. C. de R. L.; Desarrollo Empresarial Familiar, Sin Límites; COHIM; Microbanco Liismi; Banco Compartamos y la Unión de Crédito de la Coordinadora Estatal de Productores de Café.

¹⁸ Con diez o más personas, cada integrante es aval solidario del resto y reemplaza el colateral económico o material, si algunos no pagan, ninguno podrá solicitar nuevos créditos (Conde, 2001, 2005 y 2008; Ballescá, 2012). En situaciones extremas, el grupo cubre el adeudo. En este aspecto el MB se diferencia de otras instituciones que promueven fines más amplios que las transacciones crediticias entre los grupos (Dash, 2003; zapata, 2004).

¹⁹ Si es solidario, la cantidad máxima son 15 000 pesos, si es individual, hasta 50 000 pesos.

²⁰ En la literatura especializada se le nombra capital social (Raczynki y Serrano, 2005).

²¹ La Guelaguetza es una práctica entre los pueblos indígenas de Oaxaca que consiste en la ayuda mutua a partir del favor recibido. El beneficiario devolverá esa ayuda a quienes se la dieron.

²² En El Chante no se documentaron estas prácticas.

²³ "Endrogarse" es cuando coinciden los pagos de servicios —teléfono, luz—, el abono de la caja, los intereses de los préstamos, el pago a sus proveedores de productos de belleza y el pago al abarrotero que le fía víveres. En total, es un desembolso de 3 000 pesos más de lo que gana en su trabajo.

²⁴ Referencias similares de educación financiera se encuentran en Lazar (2004).