2012: el voto de la izquierda

2012: The Left-Wing's Vote

José Antonio Crespo

Centro de Investigación y Docencia Económicas, Distrito Federal, México joseantonio.crespo@cide.edu

Recepción: 15 de noviembre de 2012
Aceptación: Aceptación: 25 de enero de 2013

Resumen

El presente trabajo pretende valorar el desempeño electoral de Andrés Manuel López Obrador y la Coalición Electoral Movimiento Progresista respecto de las dos elecciones previas: una presidencial en la que López Obrador fue también candidato (2006) y otra intermedia para la renovación de la Cámara Baja del Congreso federal (2009), cuando los partidos de izquierda también se presentaron en coalición. La idea es ver el comportamiento del voto de izquierda en esos procesos y qué puede sugerir respecto de la estrategia de López Obrador en la elección de 2012.

Palabras claves: izquierda, López Obrador, voto independiente, elección, compra de votos.

Abstract

Keywords: left-wing, López Obrador, independent vote, election, vote buying.

INTRODUCCIÓN

En la elección presidencial de 2012 Andrés Manuel López Obrador se presentó por segunda ocasión como candidato por una coalición de izquierda, el Movimiento Progresista, formada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido del Trabajo (PT) y el Partido del Movimiento Ciudadano (MC). El reto no era sencillo, pues a diferencia de 2006 las encuestas ubicaban a López Obrador en tercer sitio, mientras que Enrique Peña Nieto (EPN), candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), mostraba una amplia ventaja sobre sus posibles competidores. Esto generó la percepción entre varios analistas —el autor incluido— de que López Obrador no tendría posibilidades reales de ganar la elección, como las tuvo en 2006. Eso, pese a que las condiciones volvían a ser en principio favorables a la izquierda debido a la enorme decepción generada por el Partido Acción Nacional (PAN), luego de 12 años de promesas incumplidas o cumplidas a medias, el abandono de sus principios fundadores y la réplica de prácticas que había condenado en el PRI. Según diversos sondeos de 2011, una nueva alternancia era deseada por cerca de 70% de la población, en tanto que otra mayoría de casi 60% no deseaba que el PRI volviera al poder —al menos no por ahora—. Se abría la posibilidad de que la izquierda congregara a esas dos corrientes, al menos de manera suficiente para derrotar al PRI, y tuviera una oportunidad de gobierno. Ése sería un movimiento lógico en el proceso democratizador al haber tres partidos que son opción de gobierno: tras el desencanto y el desgaste del partido que protagonizó la primera alternancia —PAN—, antes de retornar al viejo partido oficial —PRI— la tendencia sería pasar al segundo partido opositor —el PRD— y probar sus capacidades y potenciales como gobierno nacional. Pero no fue así. El PRI retornó tras la caída del PAN, como ha ocurrido en entidades de la república esencialmente bipartidistas. La pregunta lógica sería: ¿por qué la izquierda no logró llegar al poder antes que el PRI, como hubiera marcado la tendencia? Este trabajo pretende valorar el desempeño electoral de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y la Coalición del Movimiento Progresista respecto de las dos elecciones previas: la presidencial de 2006, en la que López Obrador fue también candidato, y otra intermedia en 2009 para la renovación de la Cámara Baja del Congreso federal, ocasión en que los partidos de izquierda también se presentaron en coalición. El objetivo es trazar el comportamiento del voto de izquierda en esos procesos y qué puede sugerir respecto de la estrategia seguida por López Obrador en esta elección.

LAS OPORTUNIDADES PERDIDAS DE LA IZQUIERDA

Retomamos la pregunta de por qué la izquierda no ha logrado acceder al poder nacional, particularmente en 2006 o 2012 tras la decepción representada por el PAN y a partir de la imagen negativa del PRI que prevalece en una clara mayoría del electorado. La respuesta más probable indica que los candidatos del PRD tradicionalmente se dirigen a sus bases partidarias, su voto duro, antes que a los moderados e independientes que son los que permiten inclinar la balanza a favor de uno u otro candidato. Fue el caso de López Obrador en 2006 cuando, si bien desde años atrás mostraba una gran ventaja en las encuestas de preferencia electoral, cometió una serie de errores a partir de suponerse ganador de manera anticipada. Una regla de oro de las campañas electorales es que los punteros deben evitar las confrontaciones, puesto que son los competidores los que suelen buscar la confrontación con el puntero para reducir la ventaja respecto de éste, pero López Obrador decidió enfrentarse al presidente Vicente Fox, así como a empresarios y banqueros, con lo que no sólo se enajenó el respaldo de muchos de ellos, sino que proyectó una imagen de estridencia y encono que empezó a minarle el apoyo de votantes independientes, hasta perder su ventaja y terminar la campaña en empate técnico con su principal contrincante, Felipe Calderón del PAN (Crespo, 2008: cap. I).

Acto de campaña de Andrés Manuel López Obrador, Reynosa, Tamaulipas, 23 de mayo de 2012.

La respuesta de López Obrador ante lo que resultó una derrota oficial por menos de 1% de votos fue más allá de la impugnación legal ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife). Tomó con sus simpatizantes las calles del centro de la ciudad de México durante seis semanas, afectó el tránsito y el comercio de la zona, causó enojo y protesta en buena parte de la ciudadanía, la mayoría de la cual había votado por él —pues el Distrito Federal es sólido bastión del PRD—. Después, desconoció el veredicto del Trife —desfavorable a su causa— y se hizo investir como "presidente legítimo" frente a sus simpatizantes en el Zócalo de la ciudad, lo cual probablemente lo hizo aparecer ante simpatizantes y votantes suyos —de origen independiente y de corte moderado— como una persona no muy confiable para ser jefe de Estado. Otros desplantes durante el gobierno de Calderón pudieron haber tenido un efecto parecido. De modo que desde 2011, ya en la víspera para que los partidos seleccionaran candidato presidencial, las encuestas reportaban elevados negativos para López Obrador —de quienes dicen que nunca votarían por él—, muy por encima de los registrados en otros aspirantes. Eso llevó a muchos a pensar que el otro aspirante del PRD, el jefe del gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, podría resultar más competitivo que López Obrador, al gozar de una imagen que inspiraba la confianza de un comportamiento más institucional a grupos más amplios. Diversos sondeos y grupos de enfoque así lo señalaban: votantes que se decidieron por el PAN, por el PRI o por anular su voto quizá hubieran elegido a Ebrard, pero no votarían —no votaron— por López Obrador, dada la desconfianza que les inspiraba. Desde luego, no es factible demostrar la presumiblemente mayor competitividad de Ebrard, ya que se trata de una tesis contrafactual. En todo caso, que Ebrard fuera el candidato hubiera exigido que AMLO aceptara hacerse a un lado y respaldar al jefe de gobierno del Distrito Federal para canalizarle los votantes duros, que en su mayoría son adeptos suyos. Esto no ocurrió. López Obrador dejó ver que, de no ser postulado por el PRD, se presentaría por el PT —que así lo confirmó— y quizá por el MC. El líder del PT, Alberto Anaya, lo advirtió con claridad: "Andrés Manuel será candidato de las izquierdas, pues cuenta con el apoyo de Convergencia y del PRD, y hemos tomado esa decisión. Ebrard tiene que esperar al 2018. Está muy joven. Mejor que apoye a AMLO" (Reforma, 28 de julio de 2011). Ebrard decidió ceder para no ser responsabilizado de tal desenlace, pero lo hizo a través de una serie de encuestas pactadas por ambos candidatos, que marcaban como favorito a López Obrador —aunque indicaban que quien más probabilidades de crecimiento tenía era el propio Ebrard—. Al respecto, comentó:

No voy a echar a perder todo el tiempo que he estado trabajando en esto para llegar a un objetivo que finalmente es ser candidato. [...] No digo que sea sencillo lo que debemos hacer, pero sí está claro que la peor de las rutas es una ruptura de la izquierda, que el PAN tenga un candidato que no sea de high definition; entonces para el PRI va a ser un día de campo (Quién, agosto de 2012).

Ante esto, López Obrador fue ungido como candidato de la coalición de izquierda. Tras una campaña relativamente exitosa, pasó del tercer al segundo sitio, pero con una distancia de más de seis puntos porcentuales respecto del primer lugar —que se traduce en 3 300 000 votos—. López Obrador impugnó ante el Trife el resultado oficial y alegó fraude a partir de diversos elementos. Cuando el Trife ratificó el triunfo de Peña Nieto, AMLO desconoció su veredicto y acusó parcialidad a favor del triunfador: "Los consejeros del IFE y los magistrados del Trife son personajes sin convicciones, acomodaticios, seleccionados a modo para formar parte del engranaje del régimen antidemocrático que predomina" (La Jornada, 10 de septiembre de 2012). Pasaba por alto que en la propuesta y designación tanto de consejeros como de magistrados electorales el PRD y sus aliados participaron plenamente otorgando su voto aprobatorio —a diferencia de 2006, en el caso del IFE, dado que en 2003, al renovarse el Consejo General, la izquierda quedó excluida del proceso—.

LA POSICIÓN RELATIVA DE LA IZQUIERDA FRENTE A ELECCIONES PASADAS

Una forma de evaluar el desempeño electoral de la coalición de izquierda y su candidato es contrastar los resultados respecto de la anterior elección equivalente —la presidencial de 2006—, cuando los mismos partidos se presentaron también en coalición con el mismo candidato presidencial. Se ha dicho que López Obrador obtuvo más de un millón de votos por encima de los captados en 2006, lo que podría sugerir un mejor desempeño en 2012. López Obrador hizo la siguiente evaluación de la izquierda en este proceso:

"En estos últimos seis años avanzamos mucho, mucha gente de clase media tomó conciencia. Mucha gente que abrió los ojos; gente que incluso estaba en contra de nosotros en el 2006. Cambiaron" (Reforma, 23 de septiembre de 2012). Sin embargo, debe recordarse que el indicador para ello no debe ser la votación neta, en términos cuantitativos, pues de elección a elección crece el padrón —la lista nominal pasó de 71 374 373 en 2006, a 79 879 786, en 2012, es decir, creció 11%—. Además, puede haber índices de participación diferenciada —como de hecho ocurrió, 56% en 2006 frente a 63% en 2012—. Esto puede generar una situación en la que, pese a obtenerse una votación cuantitativa mayor en una elección —2012, en este caso—, la proporción porcentual sea menor que en la anterior —2006—. Fue justamente lo que ocurrió (véase cuadro 1).

En ese sentido, se constata la idea de que López Obrador fue menos competitivo en 2012 que seis años atrás. De hecho, esa misma tendencia a la baja se cumplió en casi todas las entidades federativas, si bien en algunas tuvo lugar el fenómeno inverso (véase cuadro 2). Como puede observarse, algunos de los estados donde se registra el atípico crecimiento porcentual para López Obrador en 2012, y en mayor proporción, el PAN es gobierno o lo fue recientemente —Baja California, Jalisco, Nuevo León—. Esto sugiere un mal desempeño de esos gobiernos, que se tradujo en el crecimiento para la votación de alguna de las opciones restantes, incluida la representada por López Obrador. Por otra parte, cabe evaluar la diferencia de votos entre la coalición de izquierda y López Obrador como elemento para valorar el desempeño del candidato frente a su partido —y aliados—. Puede tomarse como indicador la votación para diputados o senadores del partido o coalición en cuestión, frente a la votación para el candidato presidencial. De los cuatro candidatos registrados, Peña Nieto y López Obrador obtuvieron una votación mayor que la de sus respectivas coaliciones, en tanto que Josefina Vázquez Mota (JVM) y Gabriel Quadri de la Torre (GQT) recibieron una votación menor. Puede inferirse que los receptores del famoso "voto útil" fueron los primeros, en detrimento de los segundos. También prácticamente la mitad de votantes que anuló su voto para la elección de diputados optó sin embargo por alguno de los candidatos en la pista presidencial. Igualmente, se registra medio millón de votos más en la elección presidencial que en la de diputados, lo que puede explicarse por la instalación de casillas especiales en las que electores que se hallan fuera de su circunscripción pueden sufragar para presidente. Fue López Obrador quien recibió en mucho mayor proporción este voto útil: casi 2 500 000 más que la coalición de izquierda (véase cuadro 3).

Puede inferirse del cuadro 3 que el voto útil presentó una mayor preferencia por López Obrador para detener a Peña Nieto, si bien no bastó para derrotarlo. En el caso de los electores panistas, la mayoría de ellos —con excepción de poco más de 100 000— optó por emitir un "voto de conciencia" por Vázquez Mota, que claramente aparecía en todas las encuestas en tercer sitio. En cambio, en el caso del Partido Nueva Alianza (Panal), 35% de quienes votaron por él para diputados no lo hizo en el mismo sentido para presidente. Algo parecido a lo ocurrido en 2006, cuando una parte del voto de ese partido se fue a candidatos presidenciales distintos del suyo —Roberto Campa, en ese entonces—. Aunque el Panal no podía formar parte de una coalición formal por ser la primera vez que competía, jugó en una alianza informal con el PAN, por lo que se atribuía al voto de ese partido, comandado por la lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, el triunfo de Calderón, que sobrepasó al de López Obrador por poco menos de 234 000 votos. De hecho no fue así: López Obrador recibió una proporción un poco más elevada de votos provenientes del Panal que Calderón (Aparicio, 2011).

En 2012 el Panal había decidido formar coalición con el PRI y el PVEM, pero el reparto de candidaturas se complicó y el partido magisterial decidió ir por su lado, sin coalición de por medio. Pese a esto se hablaba de una alianza informal, como la de 2006, pero ahora con el candidato del PRI. Sin embargo, los números sugieren que la mayor parte del voto del Panal fue a dar a las arcas de López Obrador. Supongamos que los 273 000 votos que obtuvo Peña Nieto por encima del PRI-PVEM provinieran todos del voto útil del Panal —cosa improbable, pues también es posible que vinieran en parte del voto útil de los panistas—, de cualquier manera más de 600 000 votos de este partido hubieran ido a parar con López Obrador. Lo que no implica que hubiera habido una alianza informal entre el tabasqueño y la maestra Gordillo, sino más bien sugiere que los votantes del Panal —presuntamente maestros del SNTE en su mayoría— no necesariamente siguen la línea marcada por su lideresa. El hecho de que López Obrador haya captado casi 2 500 000 votos más que la coalición de izquierda —en diputados— revela la fuerza del candidato por encima de su partido, como ya se dijo, en mucho mayor proporción que Peña Nieto respecto del PRI-PVEM. En todas las entidades de la república López Obrador obtuvo porcentualmente más votos que la coalición de izquierda para diputados, con una excepción: Zacatecas, donde la Coalición ganó 31% de votos para diputados, mientras que López Obrador consiguió sólo 24.5%, es decir, 6.5% menos. Un caso que no deja de llamar la atención y cuya explicación está pendiente.

Es probable que los votos recibidos por la coalición de izquierda en diputados se deban en buena parte al arrastre del candidato presidencial, pese a ser significativamente menos que los obtenidos por López Obrador a nivel nacional. No es fácil dilucidarlo, pues otra parte de ese voto es duro y se emite al margen del candidato. Una forma de medir dicho efecto es comparar la elección de diputados de 2012 respecto de la intermedia anterior —2009—, si bien hay factores en ese tipo de comicios que podrían también influir en la diferencia. Por ejemplo, se sabe que en las elecciones intermedias, además de no contar con candidato presidencial que puede generar arrastre en el voto a diputados, ocurre que —justo por eso— los electores independientes votan en menor medida al no despertar su interés la mera elección de diputados como lo hace la contienda presidencial. El abstencionismo resultante —en 2009 la participación fue de 45% frente a 56% en 2006 y 63% en 2012— favorece al voto duro, es decir, a los partidos que cuentan con una base dura más amplia y robusta, así como con aparatos electorales para movilizarlos. Ese partido es, sin duda, el PRI y eso explica su relativo avance en las dos últimas elecciones intermedias —2003 y 2009—. La coalición de izquierda ganó un buen número de votos para diputados —casi 9%— de 2009 a 2012 (véase cuadro 4).

En casi todos los estados de la república se registró dicho movimiento, salvo en siete, entre los que destacan algunos que fueron gobernados por el PRD —Baja California Sur, Michoacán, Zacatecas y Chiapas—, cuya derrota reciente parece haberse traducido en una significativa disminución de votos entre la elección intermedia y la presidencial, es decir, a contracorriente de la tendencia dominante (véase cuadro 5). Es obvio que, al tratarse de una elección para legisladores, los cambios porcentuales de votación cuentan sobre todo en el número de diputaciones obtenidas. Y desde luego entre 2009 y 2012 se registra una importante recuperación de la coalición de izquierda en la Cámara Baja (véase cuadro 6). Al comparar los resultados de la misma coalición de izquierda en diputados entre 2006 y 2012, dos elecciones presidenciales, vuelve a confirmarse la tendencia a la baja. Tampoco hubo un mejor desempeño de la coalición en 2012 en esa pista, aunque el decremento en realidad fue menor —menos de 3%— (véase cuadro 7).

Evidentemente, tal pérdida de votos redundó también en una reducción en curules entre elección y elección en ambas cámaras legislativas (véase cuadro 8). En suma, el desempeño electoral tanto de López Obrador como de la coalición que lo postuló —para comicios legislativos— fue menos buena en 2012 que en 2006, lo que sugiere que la repetición de candidato presidencial no se ha traducido en un mejor desempeño en el caso de la izquierda mexicana —lo mismo ocurrió con Cuauhtémoc Cárdenas entre 1988, 1994 y 2000—. Eso, pese a que en varios países la repetición como candidato presidencial de ciertas figuras ha culminado con el triunfo. Hasta ahora ésa no parece ser la regla detectada en México.

LA COMPRA DE VOTOS COMO EXPLICACIÓN DE LA DERROTA

En principio, la impugnación de un resultado y el consecuente conflicto poselectoral en una elección depende en mucho de lo estrecho del resultado, es decir, si la diferencia entre primero y segundo lugares es reducida, no se requiere un gran volumen de irregularidades —dolosas o no— para que pueda modificarse el resultado. Partiendo de que toda elección democrática es vulnerable al intento de los contendientes por influir de manera ilícita sobre el resultado, se ha tomado como criterio para invalidar o no un proceso que las irregularidades detectadas y comprobadas sean determinantes en el resultado, es decir, sean iguales o superiores a la diferencia de votos entre los dos contendientes punteros. De lo contrario, para evitar invalidar todo proceso electoral que no sea absolutamente impecable —como sucede en la mayoría de los casos— se asume que la elección será válida y legítima pese a haber registrado algunas irregularidades e inequidades, siempre que éstas no sean determinantes en el resultado.

Puede suponerse en este tipo de elecciones que cuando la distancia entre primero y segundo lugares es holgada el perdedor suele calcular que las irregularidades detectadas —a menos que sean formidables— no hayan incidido decisivamente en el resultado y procede a aceptar su derrota. Un paso esencial para alcanzar cabalmente los objetivos de la democracia electoral es dirimir de manera pacífica la lucha por el poder, conseguir un consenso electoral —que la mayoría ciudadana considere que quien ganó oficialmente en efecto contó con el voto de la mayoría necesaria según las reglas vigentes— y que eso se traduzca en un gobierno con suficiente legitimidad de origen. La tendencia mundial es que mientras más cerrado sea el resultado, más probabilidades habrá de que el candidato perdedor impugne y, eventualmente, desconozca el veredicto oficial.

En el caso de López Obrador muchos observadores anticiparon que impugnaría y desconocería un resultado desfavorable, fuese cual fuese la diferencia entre punteros, en caso de ser uno de ellos. Si bien en 2006 había razones para dudar del resultado, pues la diferencia entre punteros fue de 0.56%, en otros procesos López Obrador había también desconocido un resultado desfavorable, como al competir para gobernador en su natal Tabasco. Existía asimismo el precedente de que su partido, el PRD, había desconocido una derrota en 2011 en el Estado de México, cuyo candidato para gobernador, Alejandro Encinas, perdió por una distancia de 40 puntos porcentuales. Es decir, la diferencia entre punteros no parecería ser un criterio suficiente para reconocer una derrota, ya que se apelaba al simple criterio de la calidad de las elecciones en general, y bastaba la detección de cualquier monto de irregularidades para solicitar su invalidez, al margen de si éstas podían ser determinantes en el resultado o no. Adolfo Sánchez Rebolledo ejemplifica dicha posición:

Pues, digamos, ¿qué tanto es un "poco de compra" de votos? ¿Qué importa un "poco" de rebase de topes de campaña? ¿Qué pesa la manipulación mediática o el uso machacón de encuestas inamovibles? ¿Cuántos votos suman o restan las trampas advertidas o las mañas telegénicas? (La Jornada, 16 de agosto de 2012).

Poco antes, López Obrador adelantaba frente a un conjunto de académicos y escritores que podría desconocer un resultado desfavorable: "No se puede repetir lo de 2006, pónganse en mi lugar. Si se hace un fraude, ¿cómo se va a aceptar? Es un acto de traición a la democracia, es traicionarnos a nosotros mismos" (La Jornada, 7 de junio de 2012). Esgrimía las razones que desde entonces contemplaba como elementos para desconocer una eventual derrota: "No existe una vocación democrática en las autoridades; la integración del Consejo General del IFE es partidista, sesgada, no son ciudadanos; están ahí porque los recomendó el PRI o el PAN" (La Jornada, 7 de junio de 2012). Desde luego que la aceptación de los fallos del árbitro se facilitan cuando todos los contendientes participan en la selección y nombramiento de sus integrantes. Pero López Obrador obviaba el hecho de que tanto en el Consejo General del IFE como del Trife, el PRD y sus partidos aliados proporcionaron su voto de confianza, con lo que dichos órganos se nombraron por unanimidad, además de que el presidente del IFE, Leonardo Valdés, había sido propuesto formalmente por el PRD. Sin embargo, eran descalificados como parciales ante el riesgo de perder la elección, como un factor más para desconocer el veredicto, y así lo anunciaba.

Su alegato para la impugnación incorporó varios elementos, como el uso propagandístico de diversas encuestas electorales —un fenómeno habitual en elecciones democráticas—, la compra de tiempos televisivos de manera ilícita, el presunto sobregasto de campaña por parte del partido ganador, el PRI, la introducción ilegal de tres millones de votos cruzados por el PRI, y la compra de cinco millones de votos para la elección presidencial —pero no para la legislativa, que la coalición de izquierda consideró válida—. Una síntesis de los reclamos y denuncias de la coalición apareció en un artículo publicado por los obradorcitas Claudia Sheinbaum y Carlos Ímaz:

Tacos de votos realizado con boletas impresas en los Talleres Gráficos de la Nación (2.5 millones) [...] boletas impresas en Texas (otros tres millones) [...] carruseles, casillas zapato; acarreo de votantes; coacción afuera de las casillas; robo de urnas, quema de boletas electorales o tiradas a la basura; amedrentamiento y violencia contra funcionarios y representantes de casillas, incluyendo secuestros y hasta asesinatos (La Jornada, 10 de julio de 2012).

El candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador en la ciudad de Durango, Durango, 2012.

Los datos electorales pueden aportar elementos para valorar algunas de tales acusaciones. En lo que concierne al presunto fraude tradicional —carruseles, casillas zapato, robo de urnas—, el IFE abrió durante su cómputo oficial cerca de 55% de paquetes electorales, y no se encontró que hubiera elementos para sostener la aplicación de un fraude masivo de ese tipo. Las tendencias no variaron ni se encontraron grandes diferencias entre lo contenido en el paquete y lo reportado por el acta electoral. Por otro lado, en relación con los tres millones de votos cruzados previamente a favor del PRI, y presuntamente introducidos de manera ilícita en las urnas en la elección presidencial, ello implicaría que se encontraría esa misma cantidad de votos extra en la pista presidencial respecto de la legislativa y no fue el caso. Como se vio, hubo en efecto cerca de 500 000 votos de más en la pista presidencial frente a la de diputados —no tres millones—, pero ello se explica por la instalación de casillas especiales en las que los electores que se hallan fuera de su distrito pueden emitir un voto al menos por el presidente, que se designa a partir del voto directo en una sola demarcación nacional.

En cuanto a la compra masiva de votos, pareciera que la cifra de cinco millones dada por López Obrador no es casual. Pese a solicitar la invalidez de la elección por falta de calidad, se toma sin embargo el criterio cuantitativo para que la irregularidad denunciada —al menos en este rubro— resulte determinante en el resultado, pues cinco millones superan claramente los más de tres millones de votos con que aventajó Peña a su rival. Sin embargo, el problema principal en ese caso consistió en que no es posible demostrar que los votos presumiblemente comprados se traduzcan en votos efectivamente comprados. Eso, en virtud de que bajo el secreto al voto —principio fundamental en toda democracia justo para evitar la compra y coacción del voto— es posible recibir dádivas diversas y pese a ello votar en conciencia por quien se desee. El propio López Obrador advertía durante su campaña —incluso desde 2006— a sus simpatizantes la posibilidad de recibir obsequios de cualquier partido, salvaguardando la libertad de sufragar por su verdadera preferencia, gracias al secreto al voto. Todavía en junio exhortó a sus simpatizantes en un mitin de Mérida: "Acepten los bloques, materiales de construcción, tinacos, láminas, pavos, cochinos, puercos, tarjetas de teléfonos, pero quédense callados. A la mera hora, el voto es libre y secreto" (La Jornada, 13 de junio de 2012). Por eso mismo, poco antes de la elección, consideraba que la compra del voto no bastaría para definir el resultado:

]]> Estamos muy bien y vamos a ganar, tenemos pruebas, hicimos un sondeo el fin de semana y se entregarán esos resultados, estamos arriba tres puntos, hay mucha gente que nos apoya, por lo que nos va a ir muy bien. [...] La compra de votos por parte del PRI será insuficiente para que puedan ganar las elecciones del próximo domingo (proceso.com.mx, 26 de junio de 2012).

En México, fue a partir de la reforma de 1994 que se adoptó, a nivel federal, el uso de la mampara secreta para garantizar que nadie pudiera detectar el sentido del sufragio de cada ciudadano, pese a que se hubiera incurrido en coacción o compra. Cuando dicha garantía de votar en secreto no existe —por la razón que sea— entonces sí cabría alegarse como ilícito que, de ser determinante, podría provocar la invalidación de la elección en la casilla, en el distrito o en toda la elección, según el caso. Pero en tanto el secreto del voto se respete esencialmente, no hay manera de demostrar si la pretendida compra o coacción de un voto fue eficaz. Antiguamente había una práctica para confirmar que un ciudadano votara en sentido deseado: al salir de la mampara extendía su voto para que el representante del partido comprador verificara el sentido de su sufragio. Al margen de qué tan extendida siga siendo esta práctica, sobre todo en zonas rurales, es posible detornar vía legislación. En varios países de América Latina dicha exhibición se considera delito y es sancionada penalmente. Quizá sea un exceso para quien por necesidad e ignorancia incurra en dicha conducta, pero bien podría determinarse como causal de nulidad del voto in situ por parte de los funcionarios de casilla en el momento mismo en que la boleta se exhiba públicamente (Crespo, 1999: cap. VI). Eso inhibiría la práctica, aunque se denuncia la modernización de la misma a través de fotografiar la boleta con teléfonos celulares, para lo cual se contempla la prohibición expresa de introducir aparatos de fotografía a la casilla, lo que no estaría de más; también explicitar la prohibición de que nadie, ni los niños, pueda acompañar al elector a la mampara a la hora de emitir su voto, para evitar una práctica denunciada por Alianza Cívica, sobre "niños halcones" que verificarían el sentido del voto de quienes hubieran vendido su sufragio.

En 2012 se garantizó el secreto al voto en la abrumadora mayoría de casillas, por lo cual se puede suponer que los ciudadanos votaron según su voluntad, hubieran recibido o no dádivas por uno o más partidos. Por otro lado, las pruebas ofrecidas por la coalición de izquierda ante el Trife no demostraban, en su gran mayoría, el fenómeno de compra de voto: se presentaron varios utilitarios de los que lícitamente reparten todos los partidos durante sus mítines, recurso no considerado como una compra ilegal del voto. Por otro lado, se mostraron 49 videos que presuntamente exhibían diversos operativos de compra o coacción que mayormente reflejaban otros fenómenos, como promoción del voto —conminar a que los asistentes a una reunión convenzan a familiares o vecinos a votar por un candidato—, algo que todos los partidos practican, o bien ilícitos de algún municipio que pone recursos a disposición de algún partido, lo cual es un delito electoral que debe ser atendido por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, pero que en sentido estricto no demuestra operativos de compra de voto, o bien se denuncia la existencia de algún operativo pero jamás aparece en pantalla algún indicio del mismo. Con ese material difícilmente se podrían dar por válidas las denuncias referidas. Y sobre la distribución de tarjetas a cambio del voto, el Tribunal dictaminó que no había suficientes elementos para constatar que el uso específico que se les había dado era la compra del voto, pues suelen utilizarse para diversos objetivos distintos a ése. Acerca del sobregasto de campaña, la ley no lo especifica como una causal de nulidad, pues las sanciones aplicables son sólo de tipo administrativo —normas que fueron avaladas por todos los partidos—.

En todo caso, resulta imposible demostrar el voto eficazmente comprado, lo que eventualmente podría ser causal de nulidad si además es determinante en el resultado en 25% de las casillas. Las cifras oficiales pueden decir algo al respecto, al menos en lo que hace al argumento esgrimido por la coalición de izquierda, en el sentido de que la compra masiva del voto habría tenido lugar en la elección presidencial, pero no en la legislativa, con lo que justificaba no pedir también la invalidación de la elección para el Congreso federal. Desde luego, resulta difícil imaginar que quien compra un voto especifique que se trata sólo el correspondiente a la pista presidencial y otorgue su permiso al "vendedor" del voto de sufragar por quien quiera en las pistas de diputados y senadores. Pero de haber sido el caso, podría suponerse que el candidato presidencial de la izquierda hubiera obtenido cerca de cinco millones de votos menos que su coalición para diputados o senadores. Como se vio, no fue el caso, pues López Obrador recibió cerca de 2 500 000 más que la coalición de izquierda para diputados. O bien, dicha operación se reflejaría en cerca de cinco millones de más para el candidato presuntamente comprador, Peña Nieto, respecto de su respectiva coalición en diputados. Pero tampoco fue así: EPN recibió poco más de 200 000 votos por encima del PRI-PVEM en las elecciones legislativas. Entonces puede inferirse de las cifras oficiales que no hubo tal compra de voto efectivo —aunque el intento haya existido, según reportó Alianza Cívica por parte de todos los partidos, aunque en distinta proporción), o bien que la compra —los presuntos cinco millones— se extendió por igual en la pista presidencial y en la legislativa, en cuyo caso la invalidación tendría que haberse solicitado para los tres procesos federales —presidencial, diputados y senadores—, suponiendo que pudiera demostrarse que esos votos fueron en efecto eficazmente comprados. Por otra parte, un estudio realizado por investigadores de diversas instituciones titulado La geografía electoral de 2012, en torno a la influencia de los programas sociales y el dinero sobre los votantes más pobres, llegó a la siguiente conclusión:

Nuestros resultados demuestran que, contrario a lo que se esperaría, los más pobres del país votaron antes por el PAN que por el candidato del PRI. Esto sugiere que los pobres se inclinaron por refrendar al PAN debido a programas sociales como Oportunidades y Seguro Popular [...] Josefina Vázquez Mota, pese a ser la candidata de un partido considerado de centro-derecha, se presenta en nuestro análisis como la preferida en las zonas más marginadas del país. JVM fue la candidata de los más pobres y de los beneficiarios de Seguro Popular, que son los trabajadores informales de más bajos recursos. [...] Podemos, a partir de nuestro análisis, decir con certeza que los pobres extremos no fueron quienes se volcaron en favor de Enrique Peña Nieto por supuestos favores y dineros entregados en la campaña (Díaz et al., 2012).

Marcha de cierre de campaña del candidato a la presidencia de la república Andrés Manuel López Obrador, Distrito Federal, 27 de junio de 2012.

Así, si bien la izquierda no fue favorecida por el voto de los sectores más pobres, éste no fue en automático al PRI, sino en mayor medida al PAN, partido en el gobierno, lo que no evitó que su candidata cayera al tercer lugar. Este hecho demuestra que si bien el uso electoral de los programas sociales tiene cierta eficacia, no es determinante para garantizar un triunfo o impedir una dramática derrota, como ocurrió con el PAN. Sin embargo, es cierto que una variable fundamental es qué partido gobierna cada entidad, de modo que ahí donde el PRI es gobierno "los pobres tienen la misma probabilidad de votar por el PRI que por el PAN" (Díaz et al., 2012). Algo parecido ocurre en los estados regidos por el PRD: "Por lo que toca a AMLO, el estudio muestra que los pobres siempre votaron en su contra salvo en estados gobernados por el PRD, donde lo apoyan en igual medida que a EPN" (Díaz et al., 2012). Esto sugiere que donde es gobierno el PRD este partido también se beneficia del uso electoral de programas sociales, si bien en esos estados el PAN, de nuevo, es el mayor beneficiario. No es pues el PRI el único que hace uso electoral de programas y estructuras clientelares, ya que a su vez los demás partidos siguen esa pauta.

LA DISPUTA POR EL VOTO INDEPENDIENTE

En México se calcula que alrededor de 40% del electorado es independiente, por lo que se convierte automáticamente en el fulcro de la balanza por encima del voto duro de cada partido. Es por ello que en elecciones democráticas —y competidas— en el mundo los partidos se abocan a buscar al electorado independiente, por lo regular ubicado más en el centro ideológico y con elevada aversión al riesgo, a las posturas maximalistas y al discurso estridente. El partido ganador será el que logre el número suficiente de independientes como para, en combinación con su voto duro, obtener la mayoría del sufragio. Mercadólogos, propagandistas políticos y estrategas electorales se enfocan en general en el conocimiento y la comprensión de la mentalidad de este electorado para dirigir sus mensajes y discurso con eficacia, y atraer a su causa el mayor número posible de ciudadanos situados en este segmento.

Aquí nos sumamos a la tesis de que parte de los problemas de la izquierda en México para obtener el poder nacional radica en su falta de comprensión y atención del elector independiente, al menos al grado de congregar su respaldo electoral en medida suficiente. Pese a no tratarse de una izquierda que apele a la violencia política o revolucionaria, las posiciones, el discurso y su actuación política suelen coincidir con la de los militantes y simpatizantes duros, más extremistas y con menor aversión al riesgo que los electores independientes y centristas. Se ha considerado a los partidos de izquierda como parte de una "oposición semileal", es decir, que juega con las reglas e instituciones vigentes, pero cuando no es favorecido en ellas desconoce ese mismo orden y lo confronta de manera extrainstitucional —no necesariamente ilegal—. Esto genera el aplauso de sus bases duras, pero puede y suele alejar a electores independientes que potencialmente podrían respaldar a esos partidos con su voto.

Justo eso parece haber ocurrido durante la elección de 2006, en la que desde meses atrás López Obrador mostraba una clara ventaja por encima de sus posibles adversarios, lo que implicaba que contaba con el respaldo de una gran mayoría de votantes independientes, si consideramos que el voto duro del PRD es el más bajo frente al correspondiente al PAN y al PRI. Todavía en marzo de ese año López Obrador aparecía con una ventaja promedio de 10 puntos porcentuales. Parecía que el triunfo obradorista era irreversible. Pero eso mismo pudo haber sido el principio de la derrota. López Obrador empezó a actuar como el triunfador seguro, cometió diversos errores de estrategia —como ausentarse del primero de dos debates oficiales—, se confrontó con diversos sectores sociales y económicos y con el presidente en turno, Vicente Fox, a través de un rijoso discurso que arrancaba aplausos entre sus simpatizantes duros, pero todo indica que comenzó a alejar a votantes independientes, mismos que iniciaron su emigración al campo de Felipe Calderón. Ya para la elección, el número de independientes que votaron por López Obrador había descendido significativamente respecto de los que todavía mostraban esa intención en marzo (véase cuadro 9).

Aunque al final López Obrador congregaba aún a la mayoría de esos votantes, no bastaron para obtener el triunfo, en virtud de que el voto duro de la izquierda en ese año era algo menor que el del PAN —16% frente a 20%—. Lo anterior sugiere que, dado que el voto duro de la izquierda es menor que el de otros partidos, no le es suficiente contar con la mayor parte del electorado independiente. Para ganar requeriría de una mayoría abrumadora de ese voto, que le permita compensar su relativamente escaso voto duro. De ahí que la estrategia de privilegiar en programa, discurso y conducta al electorado duro aparezca como irracional a los ojos de diversos observadores. Algunos actos y dichos de López Obrador antes de la elección parecen haber alejado a múltiples electores independientes —por eso la ventaja de 10 puntos mostrada todavía en marzo se perdió para caer en empate técnico pocos días antes de la elección—. Pero su reacción posterior, durante el conflicto poselectoral —alegar un fraude de 10 puntos con escasos elementos de prueba, ordenar la ocupación del Paseo de la Reforma en la capital durante seis semanas, desconocer el fallo del Trife y autoinvestirse como "presidente legítimo" en el zócalo de la ciudad—, provocó, según diversos sondeos, que otros electores independientes, incluso tras haber sufragado por López Obrador, se alejaran, y éste empezó a acumular negativos —quienes dicen que jamás votarían por él—.

Desde luego, algunos asumen que correrse al centro, moderar el discurso y optar por conductas menos confrontacionistas puede en efecto atraer en mayor medida al votante independiente, pero podría alejar al voto duro. Con todo, se sabe que el votante duro es más "resistente", por llamarlo de algún modo, es decir, presenta mayor tolerancia a "desviaciones" de su partido o candidato, pues además no tiene muchas opciones —en realidad, su única alternativa es la abstención—. En cambio, los votantes independientes y moderados pueden fácilmente emigrar a otras opciones cuando un candidato originalmente favorito se mueve a los extremos. Eso sí fue tomado en cuenta en 2012, cuando López Obrador arrancó en tercer sitio y acumulaba además el mayor número de negativos entre los contendientes. Adoptó un discurso más moderado —conocido como la "república amorosa"— y menos polarizador —sustituyó "la mafia del poder" simplemente por la "oligarquía" o "los de arriba"—. Al respecto, Jesús Ortega reflexionaba:

En Guadalajara [durante el segundo debate] vimos a AMLO como un candidato conciliador, alejado de confrontaciones estériles; representando un proyecto de una izquierda moderada e incluyente y evitando (lo logró) caer en la trampa —tendida desde hace muchos años— de hacerlo aparecer ante los electores como violento y excluyente (Excélsior, 12 de junio de 2012).

En este caso cabe plantear la misma pregunta formulada para 2006: ¿por qué si López Obrador congregó —y en 2012 con gran ventaja— la mayoría del voto independiente no obtuvo el triunfo? La explicación, de nuevo, es el tamaño relativo del voto duro de cada partido. En el PRD vuelve a ser de 16%, en tanto que en el PRI alcanza 28%, suficiente para resistir 9 o 10 puntos porcentuales menos de voto independiente del candidato de la izquierda. Se confirma la conclusión en este rubro: aunque López Obrador sea capaz de congregar el voto de la mayoría del electorado independiente, requiere de una proporción mayor de éste para poder superar el mucho más sólido voto duro de sus rivales, en particular del PRI. Y es por eso que las posiciones, acciones y discurso que privilegia como receptor del voto duro pueden provocar el alejamiento de suficientes electores independientes como para ser competitivo y lograr el triunfo. Al desconocer nuevamente el fallo del Trife que validó la elección presidencial y confirmó el triunfo de Peña Nieto, López Obrador declaró ante la opinión pública:

Aunque nos sigan atacando, acusándonos de malos perdedores, de locos, mesiánicos, necios, enfermos de poder y otras lindezas, preferimos esos insultos a convalidar o formar parte de un régimen injusto, corrupto y de complicidades que está destruyendo a México.

Se trata nuevamente de un discurso dirigido a las bases duras de la izquierda, para quienes la aceptación de un resultado desfavorable equivale a convalidar un fraude, a traicionar los principios propios, a entrar en una dinámica de componendas copulares con los enemigos del pueblo, etcétera. López Obrador muestra desprecio por quienes piensan, en cambio, que no acatar un resultado desfavorable bajo reglas y árbitros plenamente convalidados por los contendientes y que arroja una amplia diferencia entre punteros sugiere un bajo compromiso con el pacto democrático y con la institucionalidad, lo cual no contribuye a la democratización. La pregunta es: ¿cuántos de quienes consideran a López Obrador, según su propia expresión, "mesiánico, necio o enfermo de poder" forman parte del electorado independiente que potencialmente podría votar por la izquierda, pero no lo hace justo por desconfianza de quien fue su candidato en 2006 y 2012? Seguramente entre quienes albergan dicha desconfianza se encuentran los votos independientes que faltaron para lograr un triunfo sobre el candidato priista.

REFLEXIÓN FINAL

El desempeño electoral de los partidos coaligados de izquierda —PRD, PT, MC— cayó en 2012 respecto del proceso de 2006, lo mismo en porcentaje de votación en todas las pistas a nivel federal como en el número de curules en ambas cámaras legislativas. Aunque no es posible saber a ciencia cierta cuál hubiera sido el desempeño de la izquierda con otro candidato presidencial —Marcelo Ebrard, por ejemplo—, sí es posible sostener la tesis de que Andrés Manuel López Obrador, pese al atractivo que ejerce en amplios sectores ciudadanos, no pudo obtener el triunfo por su incapacidad de congregar suficiente voto del electorado independiente —que funge como fulcro de la balanza frente al limitado voto duro de los partidos—. Eso, a partir de que sus posiciones programáticas, discurso y acciones políticas parecen privilegiar la visión del electorado duro de la izquierda y descuida en buena parte al electorado independiente, más moderado programática y estratégicamente, y receloso de conductas y declaraciones que impliquen desconocer o pasar por alto el arreglo institucional vigente.

López Obrador tuvo en esta ocasión un discurso más moderado que en 2006, lo que le permitió borrar la gran cantidad de negativos, que reflejaban diversas encuestas en su contra, y captar una proporción significativa de electores independientes que todavía al inicio de la campaña electoral favorecía mayoritariamente a Peña Nieto. Como resultado ascendió desde el tercer sitio en el que comenzó la campaña a un segundo lugar con menos de siete puntos de diferencia respecto del ganador. Pero evidentemente eso no fue suficiente para colocarse en primer sitio. De ser correcta esta tesis, el reto que se abre para la izquierda —y que ha sido permanente desde la creación del PRD en 1989— es generar la confianza entre una proporción determinante del electorado independiente, porque justo es esa fuerza política —la izquierda— la que más necesita de ella a partir de lo relativamente magro de su base dura. La izquierda puede extraer dicha conclusión para diseñar sus estrategias, modelar su discurso y elegir a sus candidatos, o bien permanecer en la creencia de que ha sido víctima una y otra vez de fraudes determinantes que revelan la existencia de un gran acuerdo nacional para impedir por cualquier medio su acceso al poder nacional. En ese caso, como sugieren algunos exponentes más radicales de esa ala ideológica, el camino por la vía electoral e institucional sería insuficiente para acceder al poder. Un ejemplo de tal posición está en Armando Bartra, para quien el resultado de la elección y la forma presuntamente fraudulenta de obtenerlo representa:

Un mensaje de la oligarquía y sus personeros, en el sentido de que mientras sean dueños del gran capital, manejen los medios masivos de comunicación, dispongan de los recursos fiscales y otros dineros, tengan encorraladas a las clientelas corporativas y controlen las instituciones comiciales, ellos seguirán gobernando y la izquierda no accederá a la Presidencia de la República por la vía electoral (La Jornada, 26 de agosto de 2012).

En igual sentido se manifiesta Víctor Toledo:

Hoy resulta ya inservible todo el modelo de democracia construido en las últimas dos décadas por los partidos de la derecha, el centro y la izquierda, cuyas diferencias ideológicas y morales son cada vez menos perceptibles... Si el juego no ha sido limpio, si otros jugadores y los árbitros nos hacen trampas, es muy sencillo: cambiemos de juego (La Jornada, 24 de agosto de 2012).

Dichas conclusiones parecerían surgir del propio discurso de López Obrador, como cuando declara:

El problema de México radica en que las instituciones están secuestradas por la delincuencia de cuello blanco. Y un Estado que no procura la justicia ni la democracia, no es más que un instrumento de poder al servicio de un grupo de intereses creados (La Jornada, 1 de septiembre de 2012).

Sin embargo, el propio López Obrador insiste en que la ruta violenta y revolucionaria tampoco llevaría al éxito, sino al desastre: "No considero la violencia como alternativa pues produce más sufrimiento. La violencia, en vez de destruir al régimen autoritario, lo perpetúa, y eso no lo queremos" (La Jornada, 10 de septiembre de 2012). Pareciera más conveniente a la izquierda una reflexión y una autocrítica honesta y abierta sobre qué ha fallado hasta ahora, y su disposición para corregirlo de cara a los futuros procesos electorales. De preservar la tesis del fraude como causa de sus derrotas, continuará perdiendo oportunidades de acceder al poder nacional.

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Información sobre el autor

José Antonio Crespo es licenciado en relaciones internacionales por El Colegio de México, maestro en sociología política y doctor en historia por la Universidad Iberoamericana. Actualmente se desempeña como investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). En 1993 fue investigador invitado en la Universidad de California, San Diego. Es autor de los libros: Urnas de Pandora (Espasa Calpe, 1995); Jaque al rey (Joaquín Mortiz, 1995); Votar en los estados (Porrúa, 1996); ¿Tiene futuro el PRI? (Grijlabo, 1998); Fronteras democráticas en México (Océano, 1998); Los riesgos de la sucesión presidencial (Centro de Estudios de Política Comparada, 1999); PRI: de la hegemonía a la oposición (Centro de Estudios de Política Comparada, 2001); Fundamentos políticos de la rendición de cuentas (Congreso de la Unión, 2002); La democracia real, explicada a niños y jóvenes (Fondo de Cultura Económica, 2004); El fracaso histórico del presidencialismo mexicano (Centro de Estudios de Política Comparada, 2006).