Reubicación y desarticulación de La Yerbabuena. Entre el riesgo volcánico y la vulnerabilidad política*

Alicia Cuevas Muñiz* y José Luis Seefoo Luján**

* Candidata a doctora en ciencias sociales por El Colegio de Michoacán, Zamora, Michoacán, México. alicia@colmich.edu.mx.

** El Colegio de Michoacán, Zamora, Michoacán, México. seefoo@colmich.edu.mx

Resumen

En 1999 el Comité Científico del Volcán de Colima recomendó reubicar a La Yerbabuena, población cercana al cráter del volcán.Tal desplazamiento generó desajustes económicos y sociales en esa comunidad. Los resistentes (no reubicados) continúan enfrentando hostigamiento de las autoridades y sospechan que las tierras sean vendidas a "Hacienda San Antonio" y "El Jabalí", firmas turístico agroindustriales. El texto no cuestiona los daños potenciales causados a los campesinos por una erupción, pero sorprende la prisa gubernamental por protegerlos y la presunta inmunidad volcánica de los negocios privados.

Palabras claves: riesgo volcánico, evacuación, reubicación, gobierno.

Abstract

In 1999, the Scientific Committee on the Colima Volcano recommended the relocation of La Yerbabuena, the nearest community to the volcano's crater.This decision caused several economic and social problems to its inhabitants.Those who oppose the relocation are still being harassed by government authorities and they suspect their lands will be sold to "Hacienda San Antonio" and "El Jabalí", two private agro industrial and tourism businesses. The Scientific Committee's text doesn't address the potential damages the peasants would suffer if a volcanic eruption occurred, and one can't be but surprised with the government's haste to protect them and the supposed immunity that private businesses enjoy against volcanic activity.

Keywords: volcanic risk, evacuation, relocation and government.

PRESENTACIÓN

Colima ocupa un lugar muy sensible en la geografía mexicana. Se trata de un punto particularmente afectado por eventos naturales de gran fuerza y que ha sufrido daños materiales y humanos a causa de fenómenos sísmicos, hidrometeorológicos y volcánicos a lo largo de su historia. El memorial del siglo XX tiene presentes "la reventazón" de 1913; el maremoto (tsunami) que en junio de 1932 arrasó con la mayor parte de las casas hechas de tejamanil, zacate y enramadas de palapa en Cuyutlán, municipio de Armería, y que sepultó a más de treinta salineros y turistas que se encontraban en el lugar; y los sismos de 1941, 1973, 1985 y 1995, que dejaron un gran número de damnificados.

Los últimos acontecimientos ocurridos en la capital de este estado, como el desbordamiento del arroyo Pereyra el 30 de agosto de 2002, el sismo acaecido el 21 de enero de 2003 y la persistente actividad volcánica en áreas próximas a la ciudad desde 1998 hasta nuestros días, nos inducen a pensar en los diferentes riesgos a que están expuestos los pobladores, las diversas percepciones que pueden tenerse de los mismos, así como la prevaleciente vulnerabilidad de los grupos humanos ante situaciones amenazantes.

Frente a la diversidad de eventos a que está expuesto el hombre se han perfeccionado conceptos para comprender las acciones humanas; en particular, desde la década de 1980 han cobrado cuerpo tres perspectivas socioculturales sobre la emergencia del riesgo. Una es la que desarrolla Mary Douglas (1982,1996), basada en una aproximación cultural antropológica; otra es la elaboración que Ulrich Beck popularizó como sociedad del riesgo (1992), en la que proporciona una explicación sociológica y que, junto al pensamiento de Anthony Giddens, aporta puntos de vista que han contribuido de manera fructífera a comprender el papel que desempeña el binomio riesgo-peligro en las sociedades modernas. Michael Foucault (1991) construye una tercera herramienta conceptual al discutir la gobernabilidad y explorar las formas en que el Estado y los aparatos de gobierno trabajan para controlar y regular a la población por medio de estrategias y del discurso del riesgo. Estas perspectivas pueden identificarse respectivamente como corriente simbólica cultural, sociedad de riesgo y de la gobernabilidad. Cada una agrupa diferentes visiones, manejos epistemológicos así como preocupaciones de los investigadores.

Este trabajo se apoya en la perspectiva sociocultural de Mary Douglas, quien analiza la forma en que construimos determinadas categorías culturales a partir de ciertas posiciones sociales. Esta autora considera que las ideas de riesgo no están basadas en razones prácticas o en juicios empíricos, sino que son nociones construidas culturalmente que enfatizan algunos aspectos del peligro e ignoran otros. Dichos aspectos son como ingredientes a partir de los cuales se conforma una cultura del riesgo que varía de acuerdo con la posición social de los actores (Douglas, 1996:11). Cada forma de organización social —enfatiza Douglas— está dispuesta a aceptar o evitar determinados riesgos. "Valores comunes conducen a miedos comunes": los individuos pueden aceptar ciertos riesgos a partir de su adhesión a una determinada forma de sociedad, expresa en un texto anterior (Douglas, 1982).

En el caso que sirve de referente a este artículo, en 1999 un organismo formado por especialistas para monitorear la actividad volcánica, conocido como Comité Técnico Científico Asesor del Volcán de Colima (CCAVC), recomendó la reubicación de La Yerbabuena.¹ Apoyados en esta sugerencia y después de un periodo poco exitoso de persuasión dirigida a sus pobladores, en la última y penosa evacuación de mayo de 2002, el gobierno del estado decidió relocalizar a los yerbabuenenses, quienes sólo regresaron a su pueblo de origen a recoger sus enseres y, sin más alternativa, se trasladaron a Cofradía de Suchitlán, a pesar de que las nuevas viviendas aún carecían de los servicios básicos y de que sus tierras —maíces y cafetales— y ganado quedaban "allá arriba".

Ahora, a casi tres años, de las 57 familias que constituían el poblado, 43 ya residen en Cofradía de Suchitlán, en un asentamiento al que han llamado La Yerbabuena II; seis tienen su domicilio en la colonia Mirador de la Cumbre, en la ciudad de Colima, y a una el Instituto de Vivienda de Colima (Ivecol) le proporcionó casa en el poblado de Quesería, municipio de Cuauhtémoc. Las siete familias restantes siguen viviendo en la localidad y en esa acción de resistencia civil son apoyadas por dos organizaciones: el Comité Civil del Frente Zapatista de Liberación Nacional (CCFZLN) y Bios Iguana, A.C.

Las acciones preventivas del gobierno estatal no han sido muy transparentes ya que a la par que éste induce y/o coacciona a los campesinos en resistencia a abandonar sus moradas, la dirección municipal de urbanismo permite o no se opone a la construcción de casas. El registro público de la propiedad da cuenta de traslados de dominio de predios de La Yerbabuena a compradores residentes en la ciudad de Colima. Además, continúa la restauración —reinversión— de los servicios turísticos de La María, situada muy cerca del volcán, y la hotelería de la hacienda San Antonio y el rancho El Jabalí se consolida, inmune a las amenazas volcánicas. Otro ingrediente que hace peculiar la coyuntura es que el volcán² ha estado en plena fase efusiva, pero hasta el momento ninguna erupción ha afectado a La Yerbabuena.

La forma de asumir y enfrentar el proceso se ha dado de manera diferencial en los yerbabuenenses en virtud de los recursos culturales y materiales que cada quien posee para sobrellevar este cambio de vida. Unos pocos han renegociado más beneficios como reubicados "no conflictivos" y en plena efervescencia volcánica aprovechan la situación para avanzar en sus planes familiares construyendo o ampliando sus casas en La Yerbabuena; otros menos proclives a los planes gubernamentales han perdido los precarios apoyos municipales con que contaban, tales como la instrucción básica para los niños, la recolección de basura y, además, les han suspendido ocasionalmente el servicio eléctrico y el agua.

El artículo que presentamos tiene por objeto exponer algunos elementos de la historia agraria y política regional que han sido reconstruidos por los medios, que son discutidos por políticos y académicos —críticos de la reubicación— y que comentan y reelaboran los yerbabuenenses. En esta interacción discursiva se han fermentado dudas en la población reubicada y resistente respecto a los motivos gubernamentales de la relocalización. Nuestro planteamiento no cuestiona que una potencial erupción volcánica pueda causar daños a las personas y bienes en La Yerbabuena, lo que sorprende es la prisa gubernamental por proteger a la gente, por presionarla para desmantelar sus casas y que, aunque se conmina o amenaza a los resistentes, las autoridades no realizan acciones para reencauzar la residencia de las familias que ocupan otros sitios de alto riesgo, como lo son las riberas del arroyo Pereyra (ciudad de Colima), o de aquellas que viven y/o prestan servicios turísticos y pesqueros en las playas expuestas a maremotos.

El escrito está formado por tres partes: 1) Reubicaciones sospechosas; 2) El volcán no nos ha hecho nada, ¡el gobierno sí!, y 3) Traslado a Cofradía y el inicio de una nueva vida.

REUBICACIONES SOSPECHOSAS

En América Latina, los desalojos involuntarios de poblaciones como consecuencia de la construcción de grandes obras han generado en las últimas tres décadas interesantes estudios. Desde Argentina hasta Canadá, pasando por Brasil, Chile y México, se presentan numerosos casos con interpretaciones diversas, ambigüedades jurídicas, acciones unilaterales por parte de las instituciones responsables, y una característica común: el poder desigual de los actores sociales involucrados.

En nuestro país, las investigaciones en este campo problemático se refieren a la construcción de megaproyectos como presas, termoeléctricas y desarrollos turísticos. Por ejemplo, en el caso de la presa La Angostura, en Chiapas, fueron desalojadas alrededor de 17 000 personas; en la Chicoasen, en el mismo estado, se desplazó a 2 000 campesinos; en la Miguel Alemán, en Oaxaca, fueron expulsados 20 000 mazatecos de sus tierras, y en la de Cerro de Oro³ a 26 chinantecos. En Guerrero, la construcción de la presa El Caracol obligó a relocalizar a 5 000 personas; la de la presa 02, en el estado de Hidalgo, afectó a los otomíes del Valle del Mezquital; en la de Aguamilpa, en Nayarit, fueron desalojados 848 indígenas y mestizos de 17 localidades, y los centros ceremoniales de coras y huicholes quedaron inundados. La presa llamada Luis Donaldo Colosio, en el estado de Sinaloa, desarticuló económica, social y culturalmente al pueblo mayo de Huites (López, 1997: 12).

Las bases teóricas para el estudio de poblaciones desplazadas a causa de desastres son de reciente y creciente elaboración y sus aportaciones más importantes provienen de un grupo interesante de antropólogos, geógrafos, historiadores, etc., entre los que destacan Thayer Scudder y Elizabeth Colson (1982); Thayer Scudder (1995); Anthony Oliver-Smith y Art Hansen (1982); Joseph O. Palacio (1982); David R. Smock (1969); Michael M. Cernea (1995); Robinson Scott (1989,1993,1999); Virginia García Acosta (1996-1997); Jesús Manuel Macías (1999,2001); Félix Báez et al. (1982,1985) y Pedro Arrieta (1986, 1988).

A continuación relatamos de manera sucinta una serie de hechos que han tenido como efecto colateral el despojo de tierras, arroyos, playas, otrora en posesión y usufructo de pequeñas comunidades campesinas. Son hechos que vistos de manera aislada sugieren que las reubicaciones de poblaciones vulnerables han sido obra de la casualidad.

El 25 de agosto de 1983, al cumplirse el cuarto año de gobierno de Griselda Álvarez Ponce de León, las autoridades federales y estatales anunciaron⁴ el Plan Colima con el propósito central de "consolidar e impulsar la actividad turística, aprovechando los recursos disponibles a efecto de fortalecer empleos e ingresos permanentes para la creciente fuerza de trabajo; así como ofrecer mayores alternativas de descanso y recreación a la población local, del centro y del occidente".⁵ Dicho plan fue festejado como la solución de todos los males que padecía el estado: escasez de vivienda, agua y servicios de salud, creciente contaminación, etc. Durante su lectura, Carlos Salinas de Gortari comentó que "habría una derrama económica de 14 319 millones de pesos para consolidar e impulsar la actividad turística, aprovechando los recursos naturales". No sabemos con precisión el monto final de la inversión, pero sí que se construyó el nuevo aeropuerto de Colima y la carretera de cuatro carriles a Guadalajara, que se terminó la planta termoeléctrica General Manuel Álvarez y que se amplió en 50% la oferta hotelera con 1 500 nuevas habitaciones en las zonas de la península y la bahía de Santiago, donde sólo existía el centro turístico de Las Hadas.⁶

Respecto al turismo social se mencionaban dos centros de esparcimiento: las lagunas La María⁷ y Carrizalillos, localizados en el municipio de Comala, donde se tenía contemplado concluir el proyecto en la laguna La María para aumentar la oferta turística a la población de ingresos medios y bajos (Plan Colima, 1983: 46). Otra fuente, las Memorias de gobierno (1979-1985) de Griselda Álvarez, en el renglón de protección a la fauna alude al establecimiento del Centro Reproductor de Venados El Venadario de La Yerbabuena, municipio de Comala. También dichas Memorias mencionan la declaración de zona de reserva forestal y faunística de El Jabalí por decreto presidencial en 1981, con una extensión de 5 500 hectáreas.⁸ No obstante los fines ecológicos de la decisión presidencial, las reiteradas denuncias de pobladores y periodistas locales contra los usos personales que la familia Goldsmith daba al recurso (banquetes internacionales y fiestas privadas)⁹ crearon un halo de ilegitimidad respecto de las restricciones derivadas de tal protección de la naturaleza.¹⁰

El Plan Colima preveía la inversión turística privada en otras entidades costeras del occidente de México, pero se concentró exclusivamente en la ampliación y remodelación del complejo turístico Las Hadas y en la consolidación de Punta de Juluapan. Más tarde, con la adquisición de Las Hadas por el Grupo Monterrey —vía grupo Alfa—, se incrementó la plusvalía del lugar y el acaparamiento de tierras —incluso existen playas privadas— y los ejidatarios perdieron sus parcelas. La historia agraria regional de esta etapa de gobierno es rica en violencia y represión contra campesinos. En aquel entonces, el dirigente del Consejo Nacional Cardenista (Conacar), Ramiro Díaz Valadez, denunció la violencia ejercida por la política agrarista de la gobernadora Griselda Álvarez, de quien afirmaba que "en menos de un mes había ordenado la destrucción de tres centros de población: Paratita y El Rosario, en Tecomán, y Violentín, en Manzanillo, buscando a toda costa impedir la justicia en el campo".¹¹

El citado dirigente de la Conacar aseguraba que en el ejido El Rosario la policía judicial del estado había prendido fuego a las casas y amenazado de muerte a sus pobladores, con lo que los obligó a abandonar el lugar para instalarse en el pueblo de Madrid, municipio de Armería. Asimismo, afirmaba que a los campesinos del ejido El Violentín también les habían destruido sus viviendas y que posteriormente se trasladaron al municipio de Armería.¹² Estos tres centros de población no fueron los únicos en conflicto; también los ejidos Luis Echeverría y La Culebra¹³ lucharon varios años para no ser desmantelados de su tierra.

El ejido La Culebra poseía una franja de kilómetro y medio de longitud y cien metros de ancho que remataba en el cerro de San Francisco —conocida ahora como Barra de Navidad y llamada del Terronate en tiempos antiguos— y que separa a la laguna del océano Pacífico. Hasta casi a finales del siglo XIX, la cartografía y las descripciones disponibles señalaban que La Culebra pertenecía al estado de Jalisco (Muriá, 2002). Durante muchos años permaneció sin despertar el interés de posibles inversionistas, hecho que se dio en la década de 1940, cuando el general Marcelino García Barragán promovió la comunicación de Autlán a Cihuatlán (Jalisco) y apoyó a don Andrés Loreto en el primer intento por fraccionar y construir dos pequeños hoteles.

Desde 1955 se hablaba de un proyecto que convertiría a Barra de Navidad y a La Culebra en un destino turístico capaz de competir con Acapulco, el primer y único desarrollo que existía en ese tiempo. Así, en 1956, con el gobernador jalisciense Agustín Yáñez nació la Comisión de Planeación de la Costa de Jalisco (CPCJ) y la idea de urbanizar y desarrollar Barra de Navidad-La Culebra-Melaque. Para finales de 1957, las restricciones jurídicas para invertir se solucionaron y los recursos económicos fueron aportados por Salvador Madrigal Moreno, por medio de la empresa Albergues Marítimos, S. A. La firma planeaba la urbanización y el desarrollo turístico de Barra de Navidad con restaurantes, comercios, un cine-teatro y parques comprendidos entre la terminal de autobuses y la zona hotelera. La Culebra quedaría integrada a Barra mediante dos puentes que atravesarían la laguna y en el cerro se construiría un hotel de lujo accesible por teleférico (Fragoso, 2002). Sin embargo, Madrigal Moreno sufrió una quiebra financiera que lo llevó a la cárcel, luego el gobernador Yáñez terminó su mandato y el sueño turístico se vino abajo.

Los trabajos se suspendieron, pero Madrigal Moreno no descuidó sus propiedades y dejó como vigilante en La Culebra a Delfino Ballesteros y en Barra de Navidad a un hijo de éste. Los terrenos del fraccionamiento de Barra fueron lentamente ocupados por paracaidistas y también en La Culebra se asentaron más campesinos que, organizados como nuevo grupo agrario, solicitaron una dotación ejidal en Jalisco, pero nunca obtuvieron respuesta. Entonces se dirigieron al estado de Colima donde Benito Rincón, experto en luchas agrarias y presidente municipal de Manzanillo en ese momento, analizó los alcances políticos, sociales y económicos que representaba albergar jurídicamente al grupo agrario, y con el apoyo del gobernador Francisco Velasco Curiel (1961-1967) actuó rápido ante la indiferencia jalisciense. Inició trámites para inscribir al ejido que se formaba en el Departamento Agrario de Colima (Fragoso, 2002). Además, los apoyó con alimentos, especialmente en tiempo de lluvias, cuando las cosechas aún no eran levantadas. El 14 de octubre de 1966 se obtuvo la resolución presidencial para la dotación de 120 hectáreas a favor del ejido La Culebra que benefició a treinta campesinos.¹⁴

Pero, veinte años después, se decretó la expropiación de las tierras ejidales (29 de noviembre de 1988) y 109 hectáreas de las 120 originalmente afectadas fueron puestas bajo jurisdicción directa del gobierno y nueve hectáreas quedaron destinadas al asentamiento urbano del poblado de Colimilla (Fragoso, 2002). Como estrategia para impedir ser despojados, los campesinos del ejido La Culebra construyeron un desarrollo turístico ejidal al establecer restaurantes frente al lago de Barra de Navidad, donde vendían productos marinos a precios más bajos que en los hoteles de la zona. Además, al ser un ejido cuya principal actividad productiva era la pesca, aprovechó su capacidad organizativa y creó una cooperativa pesquera en beneficio de toda la comunidad. Sin embargo, tras el decreto de expropiación los campesinos fueron despojados de sus tierras y sólo se quedaron con las casi diez hectáreas de los solares urbanos.¹⁵

Finalmente, la mercantilización del paisaje y del suelo y los intereses particulares se sobrepusieron al ejido, y la gobernadora Griselda Álvarez aplicó todas las medidas necesarias para dar seguridad a los inversionistas. Los poderes locales no escatimaron el uso de la fuerza contra los campesinos para asegurar que los solicitantes de tierras no pudieran demostrar la residencia y posesión pacífica de esos predios. Las facilidades legales y extra judiciales a favor de los empresarios tuvieron como consecuencia que se privatizara y acaparara la tierra en beneficio del capital y a costa de una población vulnerable.

¿Guardianes de El Calabozo contra la preservación de la fauna?

El 23 mayo de 1920 el Diario Oficial de la Federación publicó que por causa de interés público se establecía como zona de protección forestal y refugio de la fauna silvestre el área conocida como El Jabalí,¹⁶ localizada en el municipio de Comala, estado de Colima, y en la que existen tres lagunas El Calabozo,¹⁷ El Jabalí y El Epazote, y arroyos permanentes provenientes de las partes altas del volcán de Colima.

No obstante que existía tal declaratoria, en 1977 se organizó la Unidad de Producción Pesquera Guardianes del Calabozo, constituida por campesinos de La Becerrera, San Antonio y Quesería, para aprovechar las aguas de la laguna con permiso gubernamental implementando un programa piscícola. Luego, encima de estas concesiones y derechos, en 1981, cuando era propietario del rancho El Jabalí el boliviano Atenor Patiño, se ratificó en el Diario Oficial de la Federación que El Jabalí era una zona de protección forestal, por lo que quedaba estrictamente prohibido en todo tiempo pescar, cazar, capturar, perseguir, molestar o perjudicar en cualquier forma a los animales que habitaran temporal o permanentemente en dicha área.¹⁸

A la muerte de Atenor Patiño, la hacienda San Antonio y el rancho El Jabalí pasan a manos de su hija Isabel, esposa de James Goldsmith, y a partir de ese momento los campesinos inician una lucha para conservar sus derechos sobre dicho cuerpo de agua. Las presiones y negociaciones de "baja intensidad" se mantuvieron hasta mediados de 1988, momento en que sus principales dirigentes fueron hostigados por el coronel José Gabriel Barrera Cárdenas, representante legal del señor Luis de Rivera Digeot,¹⁹ para forzarlos a retirarse de la pesca, bajo el anuncio de que el señor De Rivera había comprado el predio²⁰ El Calabozo a Francisco Buenrostro, quien fungía como prestanombre de James Goldsmith, según informaron los dirigentes de la cooperativa pesquera.²¹ En abril de 1988 los pescadores y sus familias fueron desalojados por la fuerza pública.

Con el aval de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) los presuntos dueños del predio mantuvieron un constante hostigamiento hacia los líderes de los Guardianes del Calabozo hasta obligarlos a signar un convenio notarial en el que cedían y vendían su derecho a la explotación pesquera al español Luis de Rivera Digeot, quien quedó como único beneficiario.²² Los campesinos pescadores fueron llevados a la notaría del licenciado Adolfo Virgen Schulte y firmaron los cheques por cinco millones de pesos para que dejaran de pescar. Así lo refería el señor Guillermo Bautista Roja tres años más tarde:

Cuando nos querían quitar la laguna nos querían confundir con múltiples mentiras por parte de las autoridades. Nos presionaron a tal grado que tuvimos temor de que pasaran de las palabras a los hechos y ante estos acontecimientos nos hicieron firmar un documento en donde supuestamente le vendíamos a un señor Goldsmith en donde se nos hizo entrega de un dinero, pero se nos decía que con dinero o sin dinero de todos modos nos íbamos a salir [...] además se nos decía que nos consideraban un grupito débil y sin apoyo y que no teníamos fuerza para enfrentarnos a las autoridades, por eso nos sentimos impotentes para defendernos.²³

En el acta notariada por el licenciado Adolfo Virgen Schulte quedó asentado que "los señores que integran 'El Grupo' por su propia voluntad y sin haber coacción, violencia física o moral alguna, ni engaño, ni error, ni dolo, ceden y venden al señor Luis de Rivera Digeot todos los posibles derechos posesorios y de explotación pesquera que tienen sobre la laguna El Calabozo". Sin poseer un conocimiento pleno del contenido del escrito y presionados para firmar y recibir el dinero que en la misma notaría se les entregó, una vez suscrito el documento, los campesinos ya no pudieron usar y usufructuar ese cuerpo lacustre. Según Jorge Silva Ibarra, representante del grupo, no les dieron tiempo de leer el papel: "En aquel tiempo los pescadores fueron desalojados por la fuerza y mediante amenazas y presiones los obligaron a firmar el convenio."²⁴ Otros socios de los Guardianes del Calabozo relatan cómo fueron coaccionados para abandonar el Calabozo. El señor Juan Ursúa Flores declaró: "Nos destruyeron el camino con un tractor Caterpillar y nos dejaron grandes piedras en el camino de acceso a la laguna para obstaculizar el arribo a nuestra fuente de vida y trabajo."²⁵ Gabriel Silva González, otro de los campesinos pescadores, discutió con las guardias blancas su derecho a pescar, pero éstos no estaban para escuchar razones sino para desalojarlos de ahí:

Los guardias de ese lugar a mí sólo me avisaron que ya no teníamos derecho a trabajar en la laguna porque, aunque no quisiéramos, de todas maneras nos iban a sacar y que teníamos hasta las siete de la tarde de ese día para sacar todo lo que pudiéramos [...] le dije al guardia, que portaba un arma de alto poder, que la laguna era de los bienes de la nación y que se nos había entregado para que la cuidáramos a los Guardianes del Calabozo, para que viviéramos de ella produciendo peces [...] el señor groseramente nos enseñaba un mapa y documentación en donde decía que esto no era federal y nos insistía para que aceptáramos el dinero que nos daban porque de todos modos nos iban a sacar.²⁶

Un año más tarde de nuevo intentaron hacer uso del recurso. Los cooperativistas ingresaron al predio y ocuparon la ribera de la laguna el 19 de julio de 1989, seis días antes de la visita del presidente Salinas de Gortari a Colima. Ahí permanecieron más de un mes refugiados bajo lonas y casas de cartón negándose a salir del lugar hasta que las autoridades presentaran documentos en los que se comprobaba que la laguna era propiedad privada o estaba concesionada.²⁷

De nueva cuenta se hicieron valer los motivos del empresario y las razones de la autoridad para preservar la naturaleza. La gente salió del lugar y quedó restringida la entrada a la laguna y al rancho El Jabalí. Las guardias blancas²⁸ mantuvieron cercados los caminos y prohibieron el paso no sólo a las lagunas sino a la capilla y al cementerio de la localidad, ubicada dentro de los terrenos del multimillonario James Goldsmith.

Las gestiones más recientes datan de 1997: en un oficio fechado el 30 de mayo la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) solicitó al gobierno del estado el usufructo reglamentado de las lagunas El Calabozo, El Jabalí y El Epazote, por ser éstas propiedad de la nación. Sin embargo, la copiosa papelería entregada a la Secretaría de Pesca, a la Comisión Nacional del Agua, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, e incluso al mismo presidente de la República, no dio resultado positivo. Las autoridades federales y estatales han reiterado que la laguna El Calabozo es propiedad de la nación y que por esa condición no es factible concederles una servidumbre de paso a los campesinos para que continúen sus actividades pesqueras; no obstante, la laguna permaneció custodiada por las "guardias blancas" del empresario James Goldsmith.²⁹

¿Qué vale más, San Antonio o el turismo de gran clase?

Desde el siglo antepasado, el núcleo de población denominado San Antonio se encontraba asentado en la antigua hacienda del mismo nombre, pues al igual que en el centro y sureste del país, los peones residían al interior de las haciendas.

A finales del siglo XIX San Antonio era un pujante negocio nacional e internacional. En ese tiempo, la hacienda, en posesión del cónsul alemán Arnoldo Vogel, era una de las principales productoras de café para el mercado internacional, por la calidad del aromático, y de otros productos secundarios como azúcar y alcoholes (Ortoll, 1988). Su atractivo económico era compartido con las haciendas de Nogueras (Rangel y Vergara) y Quesería (Santa Cruz, gobernador del estado). Esta trinidad hacendaria refleja la concentración de tierras y capitales en manos de nacionales y extranjeros, situación muy común en la época porfiriana.

El señor Arnoldo Vogel, al mismo tiempo que se distinguía en el negocio del café y de las tierras, era el principal accionista en la construcción del ferrocarril urbano de Colima y presidente de la Compañía de Potencia y Luz Eléctrica del estado (Ortoll, 1988).A finales del siglo XIX Voguel pertenecía al grupo de latifundistas prominentes, junto a Oldenbourg, Levy, Brun, Santa Cruz, Brizuela, O de la Madrid, Schulte, que controlaban sectores importantes de la economía y de los puestos de gobierno.

En la década de 1970 una parte de la superficie que abarcaba la ex hacienda San Antonio pasó a manos del señor Atenor Patiño, conocido en el mundo como "el Rey del Estaño", quien emprendió la reconstrucción del inmueble con el fin de crear un desarrollo turístico de superlujo. Por ese motivo los moradores de San Antonio fueron desalojados. De cómo sintieron el desplazamiento nos platicaba un campesino:

¡Si hubieran conocido San Antonio! Sí, ¡ahí donde está el hotel! Era un lugar que estaba rodeado de casas y para allá un zaguán y para dentro era la hacienda, ahora ya es hotel y también les molieron sus casas con máquinas y se los llevaron a La Barranca. Es que ahí se interesaban en los nacimientos de agua y en todo.³⁰

Por su parte, el señor Ramón Farías decía haber tratado con el empresario del estaño:

El señor Atenor Patiño decía que nuestras humildes casas estorbaban para reconstruir la hacienda, pero nosotros no queríamos abandonar nuestro pueblo [...] muchos de nosotros ahí nacimos, crecimos y pos' no, más pa' dejarlo, pos como que no [...], pero al último tuvimos que abandonar cuando la hacienda pasó a otro dueño.³¹

Años después, con la muerte del señor Atenor Patiño, la hacienda pasó a ser propiedad de su hija, esposa de James Goldsmith, quien retomó el proyecto y lo llevó a cabo persuadiendo a los campesinos para que abandonaran sus viviendas. El núcleo de población se descompuso en tres subconjuntos principales: unos formaron el nuevo ejido ex hacienda San Antonio La Yerbabuena, otros se mudaron a La Becerrera, algunos más recibieron apoyo de amigos y familiares en el estado de Jalisco, y también hubo quienes compraron terrenos sobre la carretera Comala-Cofradía de Suchitlán y constituyeron el asentamiento Nuevo San Antonio.

Actualmente, donde vivieron esas familias rurales se emplaza el complejo turístico conocido en la región como Hacienda San Antonio,³² S. A. de C. V., que en 1997 contaba con 28 suites de lujo,³³ instalaciones deportivas y pista de aterrizaje. La misma sociedad anónima cuenta con dos predios de 672 y 886 metros cuadrados en el poblado La Becerrera, a unos kilómetros de La Yerbabuena. Según sus estatutos, la empresa se constituyó con un capital mínimo de 25 000 pesos, con 500 acciones serie "A", de 50 pesos cada una, sin derecho a retiro. Las acciones "B", con igual precio, forman parte del capital variable. Un acta de asamblea general ordinaria anual de accionistas, fechada el 3 de junio de 1996, consignó que hasta ese momento, las 500 acciones "A" se encontraban registradas a nombre de Hacienda Limited Cayman Island, representada en la reunión por Lorenza Kristina Langarica O'Hea. Respecto a la serie "B", apareció como propietaria de 1 216 015 720 acciones la firma Limited Cayman Island. El inversionista de origen italiano Roberto Canizzo Consiglio poseía una acción "B". Según la inscripción en el registro público de la propiedad de Colima, el objeto social de la empresa es la promoción, organización, dirección, administración y operación de un desarrollo turístico integral en el municipio de Comala, estado de Colima; por lo tanto, la sociedad podrá ser fideicomisaria, desarrolladora, fraccionadora, urbanizadora, arrendadora, explotadora y comerciar en general toda clase de bienes inmuebles, con fines agrícolas, ubicados en el municipio de Comala, estado de Colima, y realizar toda clase de actos en relación con dichos inmuebles, por cualquier medio legal.³⁴

En 1997 la cadena de servicios Aman obtuvo la concesión de la ex hacienda San Antonio. Amanresorts es una exclusiva cadena de catorce hoteles ubicados en distintas partes del mundo, que ostentan la arquitectura y el estilo de vida Aman y cuya sede se encuentra en Bali, Indonesia. La ex hacienda San Antonio cambió su nombre por Mahakua, y se promociona a través de internet³⁵ junto a hoteles en Bora-Bora, Tailandia, Filipinas, Bali, Marruecos y Estados Unidos. El costo de una noche en el Mahakua varía entre 850 y 1 700 dólares por habitación. Residentes de San Antonio y vecinos de los alrededores cuentan que al desintegrarse el poblado, los dueños de la hacienda dieron oportunidad a algunas familias de trasladarse a Barranca del Agua, pero años más tarde las volvieron a remover "porque estaban asentadas en zona de riesgo volcánico":

Los dueños de aquel tiempo tenían esa visión de darles un lugar, un espacio a los trabajadores para que pudieran vivir ahí y no tuvieran que venir de lejos a su lugar de trabajo. Entonces se les otorgó ese espacio, pero como préstamo, no era de ellos. Fueron pasando los años y surgieron familias nuevas, incluyendo algunas familias que no eran trabajadoras de la hacienda y ya en el momento que llegan los nuevos dueños y quieren que regresen ese terreno a su propiedad, surgen los problemas [...].³⁶

Esta serie de desalojos emprendidos por los propietarios de la hacienda y del rancho El Jabalí ha quedado grabada en la memoria de esas personas, que en otros tiempos fueron peones acasillados y que ahora han sido deslocalizados de sus núcleos de población. Esas experiencias compartidas han fermentados sentimientos ambivalentes: por un lado, de rechazo hacia el grupo más poderoso de la región y, por el otro, de sumisión agradecida pues a estas fechas algunos hombres mayores y/o sus hijos son trabajadores en el café o en los servicios de limpieza y mantenimiento del hotel. Como sea, la gente teme, pero no respeta a la autoridad estatal, que más que ayudarles propició su separación de esas tierras.³⁷

Barranca del Agua vs. James Goldsmith

La centenaria ranchería de Barranca del Agua se cimentaba en suelos de la ex hacienda San Antonio y sus 110 moradores prestaban sus servicios en ella y en El Jabalí. La población barranqueña, compuesta de 42 familias, ocupaban 44 viviendas y contaban con los servicios básicos siguientes: escuela primaria, energía eléctrica, servicio domiciliario de agua potable, tienda Conasupo, una agencia de correos y un jardín (Valencia, 1987; Programa General de Gobierno, 1979-1985). Esas casas habían sido construidas por instrucciones del antiguo propietario, Atenor Patiño, pero cuando el matrimonio Patiño-Goldsmith tomó posesión de la hacienda y el rancho, los residentes fueron inducidos para que las abandonaran. En aquel entonces, los barranqueños habían pedido al gobierno del estado la escrituración de sus posesiones, mas la petición no fue aceptada por las autoridades, que antepusieron la condición privada del inmueble a nombre del señor Juan de la Puerta Mange, persona que, a su vez, estaba representada por el coronel José Gabriel Barrera Cárdenas, aunque era "un secreto a voces" que la familia Goldsmith era la verdadera propietaria.

La señora Carmen Madrid, oriunda de Barranca del Agua o "barranqueña", como ella se identifica, decía:

Aquí nos dijeron que iban a tumbar las casas y todo, pero en ese tiempo la Barranca del Agua la habían regalado los patrones viejos a la pobrería de ahí, pero luego ya apareció un dueño con diferente nombre, se apellidaba Juan de la Puerta [...] pero ahí nosotros nunca nos sentimos como dueños de nada, nosotros no podíamos plantar ni un árbol ahí. Y ya de ahí comenzó a llover feo y se comenzaron a derrumbar los cerros, entonces ellos comenzaron a tomar opciones, de a unos darles dinero y a otros a construirles casa, pero pues a muchos casi nos obligaban a que nos hiciéramos al lado de los que iban a recibir dinero, pero nosotros dijimos que no.³⁸

Una vez que solicitaron la formalización de los derechos plenos sobre suelo y casa, los residentes se reunieron con el representante legal de la hacienda y del rancho El Jabalí y con funcionarios del gobierno del estado, como el secretario general de Gobierno, Gilberto García Nava, quien en aquella ocasión les expuso que "lo más recomendable era cambiar toda la ranchería a otro lugar dentro del municipio para que tuvieran más seguridad en la tenencia de sus solares o casas, mejores servicios y más espacio de crecimiento".³⁹

Por su parte, Melchor Ursúa Quiroz, director operativo de Protección Civil, servidor público que no ha escatimado esfuerzos en recurrir a desplazamientos para proteger a campesinos posesionados de lugares con potencial comercial, manifestó que Barranca del Agua se encontraba en un peligro latente por la proximidad al volcán de Fuego (subrayado nuestro) que en cualquier momento podía entrar en actividad y que esa área era una zona de riesgo, por lo que lo más conveniente era la reubicación del poblado.⁴⁰ Sin embargo, en aquel tiempo, el coloso de Fuego estaba en completa calma, y sólo fue hasta noviembre de 1998 que inició un proceso eruptivo. Respaldado en ese argumento, el mismo director operativo de Protección Civil recuerda cómo se constituyó el poblado de Barranca del Agua y qué medidas fueron dispuestas para relocalizar a la gente:

Barranca del Agua fue un poblado que hizo para sus empleados Atenor Patiño, ni siquiera James Goldsmith [...] entonces Atenor Patiño lo dona a su hija, esposa de James Goldsmith, a la hija no le interesa el terreno y James Goldsmith lo ve y dice a mí sí me interesa el terreno y se lo compra a la esposa [...] entonces yo llevé a Carlos Navarro, [quien ahora es integrante del Comité Científico del Volcán de Colima] y a un grupo para que vieran el riesgo que corría ahí Barranca del Agua porque ya tenían problemas y no querían desalojar las casas. Ellos les hacían las casas en otro lado y querían quitar eso para quitar ese riesgo. Entonces no querían ellos, decían que no y que no, entonces nos mandaron a nosotros y se declaró esa zona de alto riesgo, comprobado hace poquito con el lahar que hubo [...] entonces se empezó a trabajar en el convencimiento de que les convenían las casas de acá y que iban a quedar en un lugar y que iba hacer propiedad de ellos, porque ahí ni siquiera era de ellos, eran terrenos de la hacienda cien por ciento [...] Con miles de trabajo se logró convencerlos, ahora están felices y luego ya después de esto que pasó dijeron: "¡Uy, si hubiéramos estado ahí no quedamos ni uno!"⁴¹

Los propietarios del terreno, así como el secretario general de Gobierno, Gilberto García Nava, ofrecieron tres opciones: a) permanecer como estaban, quedando a salvo los derechos del o los propietarios del predio para proceder como mejor les conviniera; b) tramitar sus escrituras bajo los términos y procedimientos que señalaba la Ley de Expropiación, y en ese caso la comunidad y el ayuntamiento aportarían la indemnización correspondiente; c) dar una solución integral para la reubicación del poblado.

En 1997, durante el gobierno de Carlos de la Madrid Virgen, se inició el viaje sin retorno de las cuarenta y dos familias hacia distintos puntos: La Becerrera, Cofradía de Suchitlán y La Barranquita,⁴² colonia de nueva fundación. También hubo quienes adquirieron terrenos a orillas de la carretera Comala-Cofradía de Suchitlán y formaron un nuevo poblado: Nuevo San Antonio, en alusión al antiguo poblado del que habían sido desalojados.

Algunos de los pobladores de Barranca del Agua cuentan que tuvieron dos opciones: aceptar las viviendas que la empresa había edificado en Cofradía de Suchitlán o recibir la cantidad de 35 000 pesos para comprar un terreno o una casa donde ellos prefirieran.⁴³ Sin embargo, no todas las familias estaban de acuerdo con estas alternativas; el líder moral del grupo, el señor Abel Molina Flores, último en dejar el pueblo, recuerda cómo fue hostigado por las "guardias blancas":

Yo andaba viendo las tomas de agua de los pobladores porque los "guardias blancas" la desviaban para la finca de Goldsmith y en eso fui secuestrado por los agentes del terrateniente. Con violencia me agarraron, me amenazaron y fuertemente armados me mantuvieron incomunicado hasta que horas más tarde me entregaron a las oficinas estatales de la PGR [Procuraduría General de la República]. Me acusaron de portar un rifle 0-22, pero yo portaba copia de mi registro ante la Secretaría de la Defensa Nacional [...] me acusaron de intentar cazar en el área protegida, pero po's yo los contrademandé por privarme de mi libertad.⁴⁴

El señor Ramón Farías, habitante de Barranca del Agua y empleado del rancho El Jabalí narra cómo se dio el despojo de sus viviendas:

Antes era muy bonito aquí y podía ganar para donde usted quisiera, era uno libre. Libre porque podías entrar y salir a donde fuera [...] pero después a todos nos echaron para fuera, pero no me fui para allá porque no me convenía. Mire, allá eran casitas como de aquí a ahí [dibuja con sus manos en el espacio] y luego allá ni dónde agarrar una piedrita porque ahí vive puro ejidatario, y po's ¿a dónde se hace uno? Y por eso yo me vine para acá [se refiere a La Becerrera]. Yo trabajaba en El Jabalí chapoteando, me dieron dinerito, pero me lo robaron [...] pues los dueños y el gobierno estaban de acuerdo pa' sacarnos, y eso todos lo saben.⁴⁵

Fue una invitación que nos hizo Melchor [director operativo de Protección Civil] para hacer un reconocimiento de qué posibilidades tenía Barranca del Agua para que sufriera algún daño por la cuestión del volcán, y lo único que le reportamos nosotros fue que el peligro que existía era que en una erupción mayor tipo 1913 les podría llover ceniza. Luego, que al encontrarse en las márgenes de las paredes verticales de unos lomeríos, esos pudieran desgajarse con las lluvias fuertes [...] Eso nos lo hicieron que lo pasáramos por escrito, se lo entregamos a Melchor y ellos ya llevaron esa información. Después supimos que era para sacar a la gente y a los empleados [...] entonces después el hotel dijo: "Es que necesito esas casas para no sé qué cosa, necesito que saquen esa gente con algún pretexto y recuperar el terreno, porque ese terreno es mío y ellos ya se lo están adjudicando."⁴⁶

Por otra parte, algunos barranqueños comentan que en ese año una tormenta provocó un deslave del cerro, las casas se inundaron y los propietarios decidieron moverlos del lugar, dado que la ranchería estaba asentada en terrenos de una propiedad privada. También dicen que el personal administrativo de la empresa El Jabalí no usaba la cercanía del volcán como pretexto, pero insistían en que el terreno sería utilizado por los propietarios para otros fines, por lo que era inminente la remoción de la ranchería:

A nosotros nos dijeron que nos iban a sacar que porque iban hacer bungalow o cabañas para rentarlas, y no era cierto, no hicieron nada [...] ahora donde estaba La Barranca todo está abandonado, había escuela, jardín y todo [...] pero no nos sacaron a la fuerza [...] ellos nos hicieron las casas o nos daban el dinero para el que no se quisiera ir pa' lla [...] pero ahora unos dicen que no están a gusto, otros sí [...], pues no pueden tener un pollo, tienen un pedazo de cocinita nomás porque el piso está chico.⁴⁷

Años después de este suceso, en una entrevista, el presidente municipal de Comala, Felipe Lázaro Barajas —en aquel tiempo regidor— reconoció que los motivos de reubicación no eran exactamente en pos de la protección civil, pero que habían acertado: "En lo que se refiere a protección civil, sin que fuera en aquel momento el motivo principal de la reubicación, fue la medida acertada porque hubo dos ocasiones que se vino un lahar y se llevó unas casas de las que estaban junto al cerro."⁴⁸

De acuerdo con Oliver-Smith (2001) podríamos decir que se trata de un reasentamiento sin consentimiento de la población. En esas circunstancias en que la gente es removida contra su voluntad pueden darse efectos adversos ya que los sistemas de producción son desmantelados, los grupos de parentesco se dispersan, las personas pierden muchos bienes y trabajos, los niveles de salud tienden a deteriorarse, se disuelven las redes sociales informales que son parte de la manutención cotidiana, etc. Esta acción es poco recomendable debido a la potencial violación de los derechos individuales y de grupo de la población desplazada, pero el principal riesgo identificado se refiere al empobrecimiento de los desplazados como consecuencia del deterioro de sus relaciones con la fuente de trabajo, posesiones, salud y pérdida generalizada de los accesos a los servicios básicos.

Sin disponer de "medidores del impacto", los vecinos percibieron que "algo" sucedió con el cambio de hábitat; dejar su terruño y vivir en nuevas viviendas diseñadas para familias urbanizadas modificó su estilo de vida. Probablemente la ruptura de sus redes sociales y familiares fue un factor desencadenante del deterioro en la salud de dos personas que se negaban a ser desplazadas y que al no adaptarse a la nueva forma de vida fallecieron por depresión un año después de ser reubicadas.

El ecologismo sin gente de Goldsmith cruza fronteras

La historia de James Goldsmith en Colima está relacionada con la adquisición de reservas forestales. Es dueño de la ex hacienda San Antonio, en Comala, un paraíso de 510 hectáreas, que adquirió en 1987 y que había pertenecido a su suegro Atenor Patiño. Un año más tarde compró los terrenos de la ex hacienda de Cuixmala en el municipio de La Huerta, Jalisco. Hasta 1970 esta región de la costa jalisciense había permanecido prácticamente incomunicada, pero la apertura de la carretera Manzanillo-Puerto Vallarta, la abrió al mundo turístico.

En 1971, el Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) instaló en Chamela, Jalisco, una estación destinada al estudio y la conservación de la diversidad biológica existente en la región. Posteriormente, Luis de Rivera, representante de Goldsmith, inició la compra de terrenos en toda la costa jalisciense. Con la adquisición de la ex hacienda de Cuixmala formó primero la empresa Costa Cuixmala, S. A. de C. V., a la que convirtió en un fideicomiso que hiciera más elástica la prohibición constitucional de poseer propiedades inmobiliarias por su calidad de extranjero. Para el traslado de dominio de estos bienes raíces tuvo que convencer a 24 propietarios y reubicar un convento de religiosas que desmeritaba el paisaje. Así, en mayo de 1988 quedó constituida la Fundación Ecológica de Cuixmala cuyo objeto social era la "preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección de la flora y la fauna" en la costa de Jalisco.⁴⁹

El siguiente paso fue la compra de otras 7 300 hectáreas de selva que pertenecían a diferentes propietarios. Más tarde inició la promoción de una reserva de la biosfera, proyecto para el cual la fundación de Goldsmith contó con el apoyo de la estación de biología de la UNAM. De esta manera, el 30 de diciembre de 1993 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de establecimiento de la reserva de la biosfera Chamela-Cuixmala, con una extensión de 13 142 hectáreas, en las cuales estaban incluidas las 1 600 hectáreas de la estación de la UNAM, 700 hectáreas de la Universidad de Guadalajara, 1 700 hectáreas aportadas por la entonces Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos y más de 9 000 hectáreas propiedad de Goldsmith. Los dueños de todos estos terrenos pertenecían a los ejidos Emiliano Zapata, Ley Federal de Reforma Agraria y Francisco Villa.

Otra de las inversiones contradictorias de Goldsmith a mediados de la década de 1990 fue la compra de terrenos en la Patagonia chilena —donde la prensa lo calificó de "fascista ecológico"— junto con un empresario multimillonario ligado al grupo internacional Rockefeller, Douglas Tompkins, presidente de la fundación Deep Ecology. Ambos negociantes comenzaron a adquirir enormes extensiones de bosques vírgenes en el sur de Chile, con la intención de crear el parque Pumalín, que llegaría a contar cerca de 300 000 hectáreas, agregadas a través de la Fundación Conservation Land Trust. La propiedad estaba destinada a convertirse en un "santuario de la naturaleza", una designación especial del gobierno chileno para proporcionar protección ambiental, donde no son permitidas las actividades industriales.

Así, este grupo de empresarios estadounidenses y británicos⁵⁰ se ha apoderado de grandes extensiones de tierra con el pretexto de la preservación del medio ambiente. Es decir, se han valido de la cuestión "ecológica" para construir sus propios imperios. Al ser ésta una causa tan notable y de relevancia universal, ha sido difícil encontrar opositores; al contrario, las autoridades chilenas han beneficiado a estos empresarios en su afán por adueñarse de las tierras de los campesinos.

Después de la muerte de Goldsmith (1997) su presencia sigue vigente. Sus últimas reflexiones, vertidas en su libro La trampa,⁵¹ publicado en 1995, se inclinan por una posición crítica al concepto de bienestar basado solamente en el crecimiento económico. Rechaza también la idea del libre comercio global, pues considera que sólo empobrecerá y desestabilizará al mundo industrializado y asolará cruelmente al Tercer Mundo.⁵²

A esta lista de efectos colaterales del desarrollo turístico y de la protección ambiental se agrega la reubicación sospechosa de La Yerbabuena.

Las respuestas de los pobladores de La Yerbabuena a las medidas aplicadas por el gobierno durante la crisis eruptiva de 1998 y 1999 fueron variadas en forma e intensidad: van desde la atención respetuosa a la información de los brigadistas y la aceptación total hasta el rechazo pleno a las evacuaciones que en esa etapa sumaron cuatro. La primera de ellas sucedió el 18 de noviembre de 1998, cuando el Comité Científico Asesor recomendó a las autoridades de Protección Civil de Colima que la población fuera desalojada. Dicha medida fue calificada como una de las más exitosas ya que la mayoría de los pobladores aceptó trasladarse al albergue. En aquellos días se escuchaba a la gente decir: "Sí, mejor evacuamos; más vale; es mejor decir aquí corrió que aquí quedó." Quizá esa reacción positiva a la recomendación de dejar el pueblo temporalmente, sin querellas, fue favorecida por la información⁵³ que acerca de los peligros volcánicos se había proporcionado previamente por medio de charlas directas y personales.

En las familias que estuvieron albergadas durante doce días predominaba una credibilidad excesiva respecto de la vigilancia volcánica oficial. Hubo fricciones, pero éstas no se debieron a la desconfianza en los vulcanólogos ni en el personal de protección civil; los problemas se debieron a fallas organizativas en el traslado del albergue a los cultivos, tierras arriba, allá en La Yerbabuena. A medida que transcurría el tiempo crecía la preocupación por las pertenencias y aumentaba el deseo de regresar. Fue a partir de esta primera movilización poblacional que la 20ª Zona Militar estableció un pelotón permanente de soldados⁵⁴ que hasta la fecha se aloja en la casa ejidal de esa localidad.

A finales de enero de 1999, el estilo eruptivo evolucionó a uno explosivo y el 10 de febrero generó flujos piroclásticos con alcances menores a los 3 km (Saucedo, 2002) y envío de proyectiles balísticos hasta 4 km de distancia con ligeras lluvias de ceniza que alcanzaron las comunidades cercanas. Después del evento explosivo, el Comité Científico del Volcán de Colima valoró que existían condiciones para una explosión ligeramente más enérgica que podría lanzar proyectiles hasta 9 km de distancia (Gavilanes, 2004), por lo que cuatro días después se recomendó un segundo desalojo que duraría 17 días. Durante ese lapso el volcán no produjo eventos mayores a los ocurridos el 10 de febrero y esto será una constante: nunca, después de evacuar o reubicar a la población, han ocurrido manifestaciones más violentas del coloso.

En este segundo desplazamiento no todos los pobladores salieron de su localidad. Nueve personas (tres familias) rehusaron acatar la recomendación, aunque tres días después llegaron al albergue motivadas por las autoridades de Protección Civil. Dos de las familias que finalmente aceptaron decían: "El peligro principal son las corrientadas⁵⁵ calientes, y de llegar a pasarnos dará tiempo de correr hacia un lugar seguro. Además, en los últimos treinta años nadie ha muerto por el volcán. Sólo Dios sabe cuándo va a hacer erupción el volcán."⁵⁶

Otra de las explosiones ocurrió el 10 de mayo de 1999 y al igual que en el evento del 10 de febrero, los precursores fueron de tipo sísmico, difíciles de identificar, muy breves o inexistentes, lo que contribuyó a dificultar el pronóstico de la evaluación del riesgo (Núñez Cornú et al., 2002). Estos precursores, cuando eran identificables, se presentaban muy pocas horas o minutos antes de las explosiones (Reyes Dávila y De la Cruz Reyna, 2002).La posible ocurrencia de explosiones de mayor magnitud y la amenaza por proyectiles balísticos fueron los criterios en los que se basó el Comité Científico Asesor del Volcán de Colima (Gavilanes, 2004) para sugerir la tercera evacuación el mismo día de la explosión. Fue una de las más largas y en esos 32 días tampoco ocurrieron erupciones mayores.

Por segunda ocasión se daba una falsa alarma, y en un ambiente más tenso por la acumulación de días albergados, la ansiedad y el estrés se hicieron presentes, lo que generó inconformidad y una falta de credibilidad hacia las autoridades y científicos. Después de 26 días, seis familias (22 personas) regresaron a sus casas, argumentando lo siguiente: "Hasta el momento no le ha pasado nada a La Yerbabuena. El volcán es peligroso, pero prefiero arriesgarme porque si no pierdo mi sustento económico."⁵⁷ Las autoridades gubernamentales no podían aceptar su negativa a ser protegidos y tanto en la relación cara a cara con los empleados y funcionarios como en la prensa local, los discursos oficiales descalificaron los juicios y actos de quienes rehusaron continuar en el albergue. Estas opiniones exasperaron a algunos campesinos que, a su modo, juzgaban tener derecho a decidir aun frente a situaciones de riesgo: "Si quieren le firmo al gobierno una carta para no hacerlo responsable si algo me pasa, además mis hijos ya son mayores de edad."⁵⁸

En este tercer éxodo temporal se extremaron las distintas percepciones y se definieron mejor los límites a los que está dispuesta a ceñirse la gente afectada, que no parecía compartir los criterios de científicos y autoridades. La "aceptabilidad del riesgo", como lo señala Douglas (1996), está influida por la forma de organización social, por los valores y creencias que dan sentido a las diferentes posiciones que los individuos adoptan y a las prácticas que emplean. Por ello, una de las paradojas que señala el análisis de Douglas es que el público no ve los riesgos de la misma manera que los expertos. Con base en sus investigaciones, los vulcanólogos definirían que hay un alto riesgo volcánico. Sin embargo, los pobladores del lugar pueden percibirlo de manera diferente de acuerdo con el conocimiento de su entorno vivido, y aun sin saber de probabilidad y estadística hacen sus propias estimaciones de los daños que podrían sufrir en caso de erupción.

Debido a la reticencia de la población tanto como a la rapidez con que evolucionaban los procesos explosivos, las autoridades del Sistema Estatal de Protección Civil (Seproc) agilizaron los operativos para acciones futuras con decisiones que violentarían las formas ordinarias: el mandatario estatal facultó al director operativo de Protección Civil para evacuar, sin necesidad de consultarlo, cuando lo juzgara necesario y dispuso con el comandante de la 20ª Zona Militar enviar al pelotón de soldados —establecidos en La Yerbabuena— uno o dos camiones de transporte urbano para movilizar a los vecinos.

Un ejemplo interesante de divergencias de opinión, no sólo entre técnicos y gente común, se dio también entre los científicos, lo que acrecentó la duda. Como resultado de la incertidumbre en la evaluación del riesgo, a mediados de 1999 se llevó a cabo en la Universidad de Colima un encuentro de especialistas del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, iniciales en inglés), del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) y de los integrantes locales del Comité Científico Asesor del Volcán de Colima (CTCAVC). En ese intercambio de información los visitantes recomendaron a los locales la creación o el mejoramiento de criterios que facilitaran la toma de decisiones basadas en los parámetros de actividad volcánica, así como el establecimiento de niveles de aceptación del riesgo (Gavilanes, 2000). Sin embargo, hasta la fecha, no hay evidencias de que esas sugerencias hayan sido tomadas en cuenta.

Posteriormente, el evento del 17 de julio de 1999 produjo flujos piroclásticos que se deslizaron por la barranca La Lumbre y que alcanzaron alrededor de 6 km de distancia (Gavilanes, 2004). A pesar de que este evento produjo flujos de un alcance ligeramente mayor a los anteriores, la cuarta evacuación (17 de julio) sólo duró dos días, lo cual hace menos sólido el prestigio de los órganos de validación y decisión: o el gobierno concedió mayor importancia a los límites de aceptación del riesgo de la población, o bien las evaluaciones del riesgo fueron más certeras.

En mayo de 2001 el volcán inició una nueva fase eruptiva de tipo efusivo que se incrementó en enero de 2002 sin presentar explosiones. En ese momento, un integrante del CTCAVC hizo esta declaración contundente a la prensa: "La existencia de un domo que cubría la mitad del cráter del volcán, que podría fracturarse en una explosión violenta o fragmentarse en varias explosiones de menor magnitud con salida de lava." Luego dibujó un cuadro apocalíptico:

Posible explosión pliniana, levantando una columna de cenizas de 15 ó 20 kilómetros de altura, con salida de rocas y gases a la velocidad de 100 metros por segundo. La erupción duraría horas y produciría una lluvia de cenizas en un radio mayor de 30 kilómetros, generando flujos piroclásticos, por las pendientes, en un radio de 15 kilómetros, como ocurrió en 1818 y en 1913.⁵⁹

Durante esta crisis eruptiva de 2001-2003 se registraron la quinta y sexta evacuaciones; la primera de éstas tuvo lugar el 5 de febrero de 2002, sin que hubiese surgido una recomendación consensuada del CTCAVC. Bajo el argumento antes dicho de que "un domo de lava estaba próximo a desbordarse, por lo que los primeros derrumbes de bloques incandescentes fueron reportados" (CTCAVC, 1999), este comité se reunió para evaluar la situación.

En una entrevista realizada a varios miembros del comité, algunos manifestaron que se había llegado a la opinión consensuada de que "no existían suficientes elementos para recomendar una evacuación" (Gavilanes, 2004). Solamente dos de sus integrantes (el director del Observatorio Vulcanológico y el responsable de riesgo volcánico del mismo) votaron por emitir la recomendación. En estas circunstancias se reunirían a la mañana siguiente para reevaluar la situación. Al otro día, cuando el resto de los integrantes del CTCAVC se disponían a asistir a la reunión proyectada, se enteraron por los medios de comunicación que el gobernador había ordenado la evacuación de La Yerbabuena y que ya se estaba efectuando. Por su parte, el secretario general de Gobierno declaró en la prensa que "por recomendaciones del CTCAVC y del Seproc, el gobierno del estado de Colima había ordenado la evacuación del poblado".⁶⁰

Después, mientras los pobladores cursaban el quinto día de albergados (10 de febrero de 2002), se llevó a cabo otra importante sesión⁶¹ en la biblioteca de ciencias de la Universidad de Colima, realizada con el fin de discutir los posibles escenarios que podrían presentarse en el volcán de Fuego en caso de una erupción. La prensa no tuvo acceso, sólo académicos miembros del comité y funcionarios de las dependencias gubernamentales.

En la reunión afloraron aún más las discrepancias que prevalecían entre investigadores de la Universidad de Colima y la Universidad de Guadalajara ya que para los segundos los escenarios no eran tan apocalípticos como exponían los investigadores de la universidad local. Después de redactar el boletín de prensa, se abrió un espacio para preguntas y respuestas y la discusión más fuerte surgió cuando Melchor Ursúa, director operativo de Protección Civil-Colima, comentó:

En algunas ocasiones el comité había recomendado evacuar a los pobladores de La Yerbabuena y en otras ocasiones que los reubiquen; pero lo que no entiendo es: ¿por qué ahorita no nos pueden decir si es conveniente que siga la evacuación o no es conveniente? Nosotros, Protección Civil, siempre nos hemos basado en sus recomendaciones [enfatizó estas últimas palabras], entonces quiero nuevamente oír esta recomendación.

Hubo un absoluto silencio; los académicos sólo se limitaron a intercambiar miradas y sonrisas tímidas entre ellos, hasta que un colega del Cenapred tomó la palabra y dijo: "Lo más recomendable es que se regrese a los yerbabuenenses a su comunidad. Hasta este momento el riesgo es bajo, pero se tiene que dejar claro a los pobladores la aceptabilidad del riesgo."⁶²

Por su parte, un investigador de la universidad local expresó: "El comité se basa en los parámetros del monitoreo y con base en ello hemos explicado cómo se manifestaría el volcán y a partir de ese proceso se recomendó la evacuación"⁶³ Para reforzar la idea anterior, el vocero oficial del CTCAVC expresó: "Una de las cosas que el comité no puede afirmar es una inclinación respecto a los derrumbes y, por lo tanto, no se puede asegurar con exactitud lo que pueda pasar, pero sí se puede estar informando del proceso que está llevando el volcán."⁶⁴. Posteriormente el gobernador del estado dijo a los académicos: "Habría que tener más cuidado al hacer recomendaciones imprecisas, porque a veces esas 'inconsistencias' se dejan ver hacia fuera y eso no se puede permitir."

Luego, la Coordinadora Nacional de Protección Civil expuso lo siguiente:

Me he nutrido muy bien de la explicación que todos los científicos han dado, pero lo que no entiendo es por qué, si Protección Civil también tiene esas incongruencias en el proceso de evolución del volcán, ¿cómo vamos a decirles a la gente: "pueden regresar a la comunidad"?, por lo que nos van a preguntar: "¡Oye! ¿Cómo nos vas a regresar a la comunidad si es cuando hay mayor derrumbamientos?" Yo pregunto: ¿Nadie está dando mayor interés a lo que van hacer las personas en un refugio temporal? Si ahora están diciendo que eso es lo más peligroso, aun cuando los derrumbes no rebasen el radio establecido de 5 ó 6 km, yo quiero preguntar sinceramente: ¿Para qué se regresan a sus casas? ¿Qué vamos hacer en el transcurso de los días?

En ese ambiente de descalificaciones implícitas hacia los técnicos, la Coordinadora Nacional de Protección Civil pidió a los académicos de ambas universidades que fueran más precisos en sus recomendaciones y que no dejaran ver hacia el exterior los conflictos entre ambas universidades. A esta petición se sumó el gobernador del estado: "Se necesita que sus recomendaciones sean más puntuales para que no se queden en malas interpretaciones".

Después de esto, el director operativo de Protección Civil intervino para suavizar la situación, en un intento de cuidar la imagen del Comité Científico y retractarse de lo que ya había dicho frente a sus superiores:

]]> Protección Civil tiene una comunicación excelente con la población, en muchas ocasiones los hemos evacuado por unas cuantas horas, o por dos o tres días, y los habitantes siempre se han mostrado comprensivos y considerados en que los científicos pueden equivocarse. El comité siempre recomienda lo que debe hacerse, si dicen evacúen, nosotros evacuamos; por lo tanto, yo creo que sí hay justificación ante la prensa y ante la gente en que decidamos que los regresemos a sus casas, yo no creo que tengamos ningún problema.

Mientras tanto, las familias que se negaban a acatar la invitación para desalojar seguían en su localidad, y quienes la habían aceptado sólo permanecieron seis días en el albergue. Los regresaron justo cuando iniciaban los primeros derrumbes y los pequeños flujos piroclásticos. Para aumentar las divergencias, los mismos pobladores evacuados se decían: "¿Por qué nos regresan justo cuando el peligro aumentó, y ahora que hay más derrumbes? ¡Por eso uno ya no le cree a los científicos!"⁶⁵ Otros, sin embargo, opinaban: "Sí existe temor entre algunos habitantes de la comunidad, debido a que el volcán de repente se activa, por lo tanto es muy buena la medida de que sean trasladados al albergue debido a que no ponen en riesgo a las familias del lugar."⁶⁶

Entre las opiniones que cuestionaban la certeza de los desalojos estaba la del señor Leandro, quien pensaba que la evacuación no era necesaria: "No hay problema con el volcán, todo está bien, lo que pasa es que quieren borrarnos del pueblito y hay algunas gentes en la misma comunidad prestándose a esas cosas."⁶⁷ Señaló que el gobierno del estado estaba ofreciendo algunas casas pero "éstas son una chintolerita, unas casitas donde no cabemos". Leandro era consciente de que podía haber una erupción, pero "una vez viendo el peligro les aseguro que no nos vamos a quedar".⁶⁸

En el albergue El Pedregal, en Comala, la población trasladada debía someterse a la disciplina establecida por el personal del ejército, responsable de alimentar a los "huéspedes" y de mantener la vigilancia en los accesos y salidas del lugar. A pesar de que los yerbabuenenses no estaban de acuerdo con muchas de las normas establecidas, no lo externaban, simplemente asumían y respetaban las reglas. Por ejemplo, se estipuló un horario para las comidas y descansos al cual no estaban acostumbrados los pobladores.⁶⁹

En cada uno de los dormitorios (de hombres y de mujeres) había de 10 a 15 camas, y cada cuarto tenía cuatro baños y cuatro regaderas, pero algunos baños no tenían puertas y eso resultaba incómodo para las personas. A cinco días de estar albergados ya se notaban los roces y conflictos intra e interfamiliares, además de la ansiedad que manifestaban por regresar a sus casas. Una de las familias estaba pasando por una situación difícil, ya que una de sus nueras estaba hospitalizada y según los médicos tenía muerte cerebral. El ambiente en el albergue era hostil por fricciones entre las familias y por la lucha de los espacios al interior del mismo. Además, los militares separaron los núcleos familiares al distribuir a los albergados por sexo, situación que incomodó a las parejas. Mujeres y niños podían dormir en una misma sección de dormitorios y a los varones se les asignó otra área. Una de las señoras decía: "Ahora estamos divorciados [...] sí, es que nos separaron. Aquí, en los cuartos de abajo, estamos las puras mujeres con los niños, y allá arriba, sólo los hombres."⁷⁰ "Dicen que desde que llegamos el presidente municipal dio esa orden, que porque esa orden venía desde Colima."⁷¹

Una consigna sumamente interesante es la siguiente. A pesar de que la población estaba evacuada, Protección Civil no restringió el ingreso al poblado de personas externas a la localidad, ni a las parcelas de los ejidatarios ubicadas en la zona de riesgo. Los campesinos podían trasladarse a la comunidad por la mañana y regresar en la tarde, pero el permiso que otorgaban los militares era concedido exclusivamente a los varones: mujeres y niños no podían ir porque —según los soldados— para ellos "era más peligroso" acercarse a su localidad.

A partir de esta evacuación se generó desconfianza entre los pobladores hacia los científicos. Para ellos las recomendaciones del Comité Científico eran injustificadas. El sentir de los yerbabuenenses era de molestia y enojo hacia los académicos, quienes, según ellos, no conocían con certeza el comportamiento del coloso, por lo que sus recomendaciones eran hechas a la ligera.

El 18 de mayo de 2002, después de presentarse más de 30 horas de tremor continuo (algo nunca registrado por el sistema de vigilancia de Colima), el Seproc ordenó el sexto desplazamiento que duró 18 días. El CTCAVC declaró que no existían precedentes con los cuales comparar la actividad reciente del volcán, por lo que no estaban seguros de la manera en que evolucionaría y en consecuencia se recomendó a las autoridades la evacuación (Gavilanes, 2004). En esta ocasión, más familias se resistieron a abandonar sus casas y declararon que el gobierno del estado actuaba en contra de los derechos humanos. Mientras tanto, aquellas que aceptaron refugiarse en el albergue fueron distribuidas de manera similar a la establecida en las evacuaciones anteriores. La separación de la unidad familiar seguía siendo mal vista por los matrimonios, aunque nadie se atrevía a objetar nada.

A esta molestia se sumó la desinformación, ya que después de los tres primeros días, las personas albergadas dejaron de recibir comunicados sobre el proceso eruptivo de parte de Protección Civil o los científicos. Los militares tampoco disponían de datos suficientes para determinar la conveniencia de continuar con la evacuación o retornar a los habitantes a su localidad. Pese a estas circunstancias y a las medidas de prevención⁷² sugeridas por los científicos, la población masculina evacuada se trasladaba todos los días a sus parcelas para realizar sus faenas, mientras que a las mujeres se les había prohibido hacerlo. Ellas decían: "Yo quiero ir a echarle de comer a mis pollos y a mis puercos, es lo único que tengo y para cuando regresemos ya van a estar muertos."⁷³ Por su parte, las autoridades aceleraban la construcción de las nuevas casas para reubicarlos.

De 2003 a diciembre de 2004 se presentaron por lo menos dos procesos efusivos que provocaron uno de los dos flujos piroclásticos de mayor alcance (6.2 km) ocurridos desde 1913 (Gavilanes, 2005, comunicación personal). En los primeros días de enero de 2005 las explosiones fueron mayores y cada vez más frecuentes, y a partir del mes de marzo hasta la fecha (junio de 2005) iniciaron explosiones tan grandes que son comparables a las del 10 de febrero, 10 de mayo y 17 de julio de 1999. En tan sólo dos semanas, el volcán de Colima ha registrado cuatro explosiones de gran intensidad (mayores a las de 1999), algo que no se había visto desde 1913. A pesar del incremento en la actividad volcánica, Protección Civil no ha evacuado a los pobladores en resistencia de La Yerbabuena, esto porque, según el director operativo de Protección Civil, Luis Salazar, "los pobladores no nos hacen caso cuando vamos a tocar la campana del poblado para avisar que da inicio la evacuación y nadie responde al llamado, nadie quiere salir del poblado" (comunicación personal, junio de 2005).

Por su parte, el actual gobernador del estado ha comentado que "ofrecerán alternativas económicas a los habitantes de La Yerbabuena, como alguna otra parcela en otro lugar o proyectos productivos para que estas personas puedan sostenerse económicamente". Advirtió que todos debemos ser respetuosos de la ley y que al haber una recomendación por parte de Protección Civil Federal y Estatal para desalojar el poblado, "vamos a desalojar pues no nos queda de otra; porque el día que tengamos desafortunadamente una pérdida humana, pues no le van a echar la culpa a ellos, le van a echar la culpa al gobernador. Les vamos a pedir que desalojen, y si no quisieran, pues vamos a tener que llevar a cabo las acciones pertinentes porque los queremos proteger a ellos".⁷⁴

TRASLADO A COFRADÍA Y EL INICIO DE UNA NUEVA VIDA

Las autoridades ejercieron una presión moral y psicológica al cultivar la idea de que el retorno al pueblo sería tardado. Los funcionarios repetían sin cesar: "En cualquier momento el volcán puede hacer una erupción similar a la de 1913." Aunada a esta labor de persuasión, el temporal de lluvias apremiaba la necesidad de roturar tierras y hacer reparaciones en las casas "sea aquí o allá", decían los pobladores. Tanto la urgencia de sembrar maíz como la necesidad de "arreglar las goteras" para pasar "las aguas" mejor posicionados los empujó a dejar el albergue y el terruño. Después de la entrega de casas oficializada el 22 de mayo de 2002, varias familias comenzaron en Cofradía a limpiar sus viviendas y a cubrir el techo con láminas de asbesto con el fin de abandonar el albergue lo antes posible. El 14 de junio, con los primeros baños de Tláloc sobre sus cabezas, los pobladores se despidieron del albergue y se marcharon con sus cosas y recuerdos a cuestas para vivir en su nueva zona habitacional.

Otros elementos coadyuvantes que incidieron en la decisión del traslado fueron el apoyo ofrecido por el edil de Comala para trasladar las pertenencias de La Yerbabuena a Cofradía y las presiones veladas contra los resistentes que hasta el momento se expresaban en revisiones del retén militar para ingresar al poblado y en suspensión de servicios municipales (recolección de basura, retiro del profesor, corte intermitente del agua y la luz). La oferta del edil —apoyo en el transporte de muebles y enseres— quedó olvidada una vez que la gente empezó el éxodo; la mayoría de las familias gastaron sus exiguos recursos en la mudanza. Algunos campesinos que meses antes aseguraban no aceptar el traslado definitivo, finalmente se instalaron en las nuevas viviendas; otros, de manera definitiva, manifestaron su reticencia a dejar sus antiguas moradas y solicitaron un amparo ante el Segundo Juzgado de Distrito de esta ciudad, aduciendo que había otros intereses detrás de la orden de desplazamiento y no la supuesta peligrosidad del volcán. Ese fue uno de los mecanismos usados para evitar la salida forzada.

Desde diciembre de 2002, el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) retiró de la localidad a la instructora de preescolar, con el argumento de que el presupuesto era insuficiente para atender sólo a dos niños. Por su parte, la Secretaría de Educación Pública removió la plaza del profesor de primaria desde julio de 2002, con lo que quedaron ocho niños sin recibir la educación básica. Lo más grave fue que el secretario de Educación Pública del estado, mediante un oficio dirigido al jefe del Estado Mayor de la 20ª Zona Militar, autorizó al ejército para que utilizara las instalaciones escolares como lo considerara conveniente, debido a que una de las integrantes del Comité Civil del Frente Zapatista de Liberación Nacional impartía clases a los niños de la localidad.

Precisamente, otro fuerte reclamo es el de la presencia de militares en el poblado, quienes desde febrero de 1999 han permanecido en las instalaciones de la casa ejidal, acción que los no reubicados interpretan como una invasión a su espacio, además de que en continuas ocasiones el ejército ha violentado las garantías individuales de los que viven en el lugar así como las de las personas que visitan el poblado. El ejército justifica su presencia con el argumento de que vigila y reporta la actividad volcánica a sus superiores, que salvaguarda las propiedades de las familias reubicadas y que su deber es auxiliar a las personas que viven en el poblado cuando se presente una emergencia volcánica.

Sin embargo, el grupo militar está conformado por once soldados y sólo tiene en su poder un vehículo (hummer) con capacidad para cinco personas: ¿cómo podrían evacuar a los habitantes en caso de emergencia?, ¿con qué medios y de qué manera podrían llevar a bien su labor de auxilio?, ¿es posible justificar la militarización permanente en la comunidad? Si su presencia responde a la tarea de vigilar y reportar la actividad volcánica, ¿qué función desempeña el Comité Científico Asesor del Volcán de Colima?, y ¿de qué sirve el sistema de monitoreo que implementa la red sísmica del estado de Colima? Concediendo el beneficio de la duda, parte de la razón de la presencia militar en La Yerbabuena es su uso para intimidar y ejercer coerción sobre los pobladores que se resisten a reubicarse.

Para solucionar parte de los conflictos en la dotación de viviendas, el Instituto de Vivienda de Colima (Ivecol) entregó a hijos casados que vivían con sus padres siete "pies de casa" ubicados en la colonia el Mirador de la Cumbre, en Colima, lugar donde también fueron reubicadas las familias del arroyo Pereyra. Sin embargo, estos "pies de casa" no son dados a título gratuito pues tienen un costo de 37 500 pesos, de los cuales el gobierno federal y estatal aportarán 30 000 pesos y las familias beneficiadas deberán pagar 7 500 pesos.⁷⁵

Uno de los grandes cambios sufridos por las familias yerbabuenenses reubicadas lo ha causado el tipo de vivienda asignado. Las áreas edificadas, la distribución de los espacios y el tamaño de los nuevos solares son muy diferentes a los espacios en los que anteriormente vivían. Si antes tenían un solar de 30 x 50 m (1 500 m²), donde podían cultivar hortalizas y/o criar animales de traspatio, ahora tienen que acostumbrarse a un área más estrecha, a una vivienda de 8 x 25 m (200 m²), lo cual ha forzado a las familias a realizar adaptaciones en sus viviendas, lo que ha modificado su estilo de vida.

Para los reubicados, el cultivo del café sigue siendo una de las principales fuentes de ingreso, sólo que ahora tienen que trasladarse hasta La Yerbabuena para el corte, situación que implica un desajuste económico. Tanto las familias avecindadas como los ejidatarios tienen sus cafetales en los solares y parcelas, y algunas familias formaron una cooperativa para la distribución y comercialización de su producto. Sus principales compradores son la ex hacienda San Antonio y la Cooperativa de Cofradía de Suchitlán, y dependen del precio que cada empresa les ofrezca.

Asimismo, en el nuevo asentamiento las fuentes de 66 4 empleo tanto de los avecindados como de los ejidatarios siguen siendo la ex hacienda San Antonio y el rancho El Jabalí, donde trabajan como obreros. Otros más se emplean en las obras de construcción de Comala y Colima, como ocurrió a raíz del sismo del 21 de enero de 2003 en la ciudad de Colima, pues resulta más atractivo económicamente trabajar de peón de albañil que irse al corte de café. El desajuste económico en las familias reubicadas es notorio, ya que antes de ser desplazadas podían satisfacer sus necesidades básicas con 200 pesos a la semana, ahora la cantidad se ha duplicado y en ocasiones no es suficiente. El cambio de residencia les obligó a inscribir a sus hijos en la escuela más cercana al nuevo poblado, e implicó la compra de útiles escolares, tenis, zapatos y uniformes, gastos que no realizaban en su localidad. Además, el transporte que pagan los campesinos para ir a visitar sus tierras y animales es un gasto que no todos habían previsto antes de la reubicación. También hay algunos hogares (ejidatarios y avecindados) que tienen hijos estudiando en Comala o Colima, lo cual ha complicado la situación al grado de que dos de ellos abandonaron la escuela a causa de los problemas económicos.

Otro de los cambios experimentados en las familias reubicadas es que la gran mayoría de ellas ya no elabora las tortillas para su alimentación porque les ha resultado más costoso al no disponer de leña. Este combustible tiene que comprarse en Cofradía de Suchitlán o ser traído de La Yerbabuena, y un cilindro de gas difícilmente lo pueden adquirir, así que resulta más costoso hacer las tortillas que comprarlas. En los hogares que están en resistencia, el desplazamiento también ha provocado cambios en ese aspecto. Antes de la reubicación, las tortillas que se consumían eran sólo de maíz, ahora con la dificultad de abastecimiento de los productos básicos, los problemas económicos preexistentes y los originados a raíz del desplazamiento, se ven obligados a mezclar maíz, harina y maseca para la elaboración de tortillas.

En la actualidad quedan allá arriba, en las laderas del volcán, siete familias (29 personas) y dos hombres solos que han recibido asesoría desde hace algunos meses de simpatizantes del Comité Civil del Frente Zapatista de Liberación Nacional (CCFZLN) y la asociación Bios Iguana, A. C. Los "tercos", "los rebeldes", perdieron los apoyos del programa Oportunidades y no se les emplea en las reparaciones de caminos ni se les incluye en ningún programa de paliación a la pobreza. A partir de su postura han resignificado su relación con el volcán y reinventado homenajes al coloso y a la naturaleza en los que combinan las prácticas religiosas con la implementación de pequeñas fuentes de ingresos, como es la construcción de un baño prehispánico y un temascal, cuyos servicios se ofertan a turistas y a amigos que acuden a brindar su solidaridad.

Con la reubicación, el abastecimiento de víveres se ha complicado para las familias que viven en el poblado. Algunas reciben con frecuencia alimentos básicos que hace llegar el CCFZLN; pero las que no están unidas al grupo tienen que comprar los productos cuando uno de los comerciantes reubicados acude al poblado (tres veces a la semana) para abastecerlos de abarrotes, principalmente, o esperar el fin de semana a que el carnicero de Comala acuda a la localidad para venderles con facilidades de pago.

Con el apoyo del CCFZLN, en agosto de 2002 los yerbabuenenses que siguen residiendo en la comunidad organizaron un primer homenaje al volcán de Colima con el propósito de refrendar su decisión, los apoyos externos y llevar a cabo una mesa de diálogo entre científicos, autoridades y pobladores para discutir límites y aceptabilidad del riesgo. La invitación a este evento se hizo extensiva a las personas reubicadas, pero por el hecho de que "los tercos, los rebeldes" organizaran la fiesta en su comunidad, la iniciativa no fue bien vista por "los otros" (los reubicados). El día del evento, algunos visitaron sus antiguas casas, tal como lo han venido haciendo todos los fines de semana, pero no participaron en el homenaje. Esta festividad profundizó las fracturas en las relaciones sociales entre los desplazados y los que aún viven en La Yerbabuena, y más que propiciar una cohesión social comunitaria motivó un clima de tensión desagradable entre los pobladores. Los reubicados, por ejemplo, temían que sus pertenencias fueran sacadas de la localidad y que sus moradas fueran ocupadas por el gran número de personas "extrañas" que asistieron al homenaje.

Como este evento no era organizado por instituciones oficiales, los medios impresos y audiovisuales no le dieron cobertura en sus espacios noticiosos. Sin embargo, las autoridades responsables del orden público estuvieron en la localidad, además de la presencia militar instalada ahí desde 1998, como ya lo hemos dicho.

El contexto electoral era otro ingrediente interesante en esa coyuntura que se traducía en las acciones, dichos y silencios de los actores políticos. En un ambiente de efervescencia se esperaba algún pronunciamiento de los precandidatos de los diferentes partidos políticos a gobernador, presidentes municipales y diputados que debían ser elegidos en el año 2003. Pero en los primeros meses de precampaña (julio de 2002), ninguno de los postulantes abordó la problemática de los yerbabuenenses; parecía que por su dimensión y complejidad no era sencillo manejar el caso de La Yerbabuena, o que resultaba poco rentable como bandera de campaña.

En ciertas ocasiones, algunos diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) habían externado en la prensa escrita⁷⁷ sus opiniones respecto a la reubicación, en las que se reflejaba el apoyo o simpatía que tenían con las personas que rechazaban el proyecto de desplazamiento porque era gente que defendía su tierra y sus costumbres.

Silva Ochoa, precandidato del Partido de la Revolución Institucional (PRI) a la gobernatura del estado y ex secretario general de Gobierno, señaló⁷⁸ en su campaña que algunos partidos políticos se habían inmiscuido en el asunto "para alentarlos a que no se reubiquen, argumentando que el gobierno estatal quiere vender esos terrenos". Agregó que en un principio hubo resistencia de los habitantes, "pero ante el peligro, la mayoría de los pobladores ya aceptaron su reubicación, solamente hay unas nueve personas renuentes". Silva Ochoa dijo que para resolver de manera complementaria la situación de los reubicados era necesaria "la compra de un terreno adicional en donde ellos puedan realizar las actividades a las que están acostumbrados, desgraciadamente yo no soy el responsable de la política urbana, sino que le corresponde a otra dependencia". También aseguró que era necesario que el gobierno del estado hiciera un replanteamiento de la reubicación a los habitantes de La Yerbabuena.

Este funcionario, como secretario general de Gobierno, nunca había externado su opinión en lo tocante al tema; esta declaración la hizo en el marco de su precandidatura. Es interesante resaltar que al proponer un "replanteamiento de la reubicación" se podría interpretar que las autoridades gubernamentales habían tenido fallas e incongruencias al aplicar esta política de desplazamiento, medida que había sido criticada en los medios académicos por no considerar la participación de la población en la definición de sus necesidades y de las soluciones, además de no estar sustentada en un análisis integral para evaluar qué zonas de la parte norte del estado se consideran de alto, mediano o bajo riesgo.

Unos días después, el 22 de octubre de 2002, sin que la prensa local comentara la llegada de la señora Rosario Ibarra de Piedra a nuestro estado, esta luchadora social visitó a los pobladores en resistencia. Ahí, en su localidad, externó su apoyo y solidaridad para continuar con la lucha y evitar ser despojados de sus tierras, como había ocurrido antes con los campesinos de Barranca del Agua. Declaró que el interés de las autoridades por reubicarlos era porque esas tierras serían adjudicadas a los propietarios de Mahakua-Hacienda San Antonio, quienes poseen lujosos hoteles en todo el mundo.

A MANERA DE CONCLUSIONES

Del listado de acciones gubernamentales desarrolladas en diferentes periodos de gobierno se aprecia que aun sin proponérselo explícitamente han beneficiado a grupos que poseen recursos materiales, económicos y políticos de gran cuantía en el estado y que la prevención de riesgos ha contribuido a desintegrar grupos humanos establecidos en diversos espacios rurales.

La relación entre los pobladores que se niegan a ser reubicados y las autoridades gubernamentales es cada vez más conflictiva. Los habitantes desplazados, por su parte, tratan de adaptarse a una vida cotidiana que difiere mucho de sus anteriores costumbres y formas de vida. Algunos dicen estar en mejores condiciones ahora, otros reconocen que el traslado les ha cambiado la vida, pero afirman que "ya nos iremos acostumbrando".

Finalmente, en el discurso de las autoridades gubernamentales del estado de Colima, la reubicación de los yerbabuenenses es señalada como una de las acciones más acertadas para la prevención del riesgo volcánico, pues la población estaba asentada en una zona de alto riesgo. Los habitantes de dicha localidad interpretan esta medida gubernamental de diversas maneras. Por una parte es percibida como una decisión tomada de manera vertical y autoritaria, lo que coarta la libertad de los pobladores y viola sus derechos humanos; pero también hay quienes la asumen como la mejor alternativa de "protección y seguridad" para sus vidas y bienes. Esas acciones verticales han estimulando la creación de mecanismos de defensa, redes de solidaridad y resistencia para protegerse de las decisiones de los grupos dominantes.

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* Este trabajo es parte de la investigación doctoral que realiza Alicia Cuevas Muñiz, titulada Dinámicas de interface entre diversos actores sociales en la coyuntura de una reubicación por riesgo volcánico.

¹ El poblado de La Yerbabuena, municipio de Comala, está asentado a 8 km de distancia del cráter del volcán de Fuego de Colima.

² El volcán de Fuego de Colima se localiza en las coordenadas 19° 30.709' N y 103° 37.003'W, a 100 km al sur de Guadalajara y 30 km al norte de Colima, en la zona que comprende la parte occidental del Cinturón Volcánico Mexicano (CVM). Con sus 3 860 metros sobre el nivel del mar es la octava cima más alta del país y forma parte del Complejo Volcánico de Colima (CVC), el cual comprende de norte a sur los volcanes Cántaro, Nevado de Colima y volcán de Colima.

³ Cfr. Miguel Bartolomé y Alicia Barabas (1990), quienes desarrollaron una investigación sobre la población chinanteca desplazada de Oaxaca y reasentada en el Valle del Uxpanapa a raíz de la construcción de la presa Cerro de Oro.

⁴ Acompañaban a la gobernadora Miguel de la Madrid, presidente de México; Manuel Camacho Solís, subsecretario de Desarrollo Regional de la Secretaría de Programación y Presupuesto; Carlos Salinas de Gortari, secretario de Programación y Presupuesto; y Ricardo Raphad Escogido (cuñado de Miguel de la Madrid), coordinador del mencionado plan.

⁵ Proceso, núm. 368,21 de noviembre de 1983.

⁶ En la década de 1960 el empresario boliviano Atenor Patiño, el Rey del Estaño, y suegro del francobritánico James Goldsmith, construyó el complejo turístico más importante de Colima: Las Hadas, que a finales de la década de 1970 vendió al Grupo Monterrey por medio del grupo Alfa, y este último lo traspasó al grupo Xabre. La edificación de Las Hadas era considerada ilícita porque el hotel había sido construido en terrenos federales. Por consiguiente, las normas, políticas y procedimientos para el control y administración, inspección y vigilancia de la zona federal marítima y terrestre y de los terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito que se forme en aguas marinas, habían sido violentados. Posteriormente, en la década de 1970, Atenor Patiño adquirió la hacienda San Antonio y emprendió la reconstrucción del inmueble para crear ahí un desarrollo turístico de superlujo y construir el rancho El Jabalí.

⁷ En las Memorias de gobierno (1979-1985) de Griselda Álvarez puede cerciorarse que desde 1979 se planteaba la construcción del proyecto turístico de la laguna La María y que en 1983, con el Plan Colima, se programó concluir la ejecución de dicho proyecto. Ahora bien, desde sus inicios este centro turístico fue administrado por ejidatarios y habitantes de la región, asesorados por la Dirección de Turismo del estado. Algo que debemos resaltar es que ni en las Memorias de gobierno ni y en el Plan Colima se hace referencia alguna a la presencia de actividad volcánica.

⁸ Con anterioridad, en el Diario Oficial de la Federación del 23 de mayo de 1920 ya se había decretado propiedad de la nación a las lagunas de El Calabozo y El Jabalí, ubicadas en el municipio de Comala.

¹⁰ Imagen que se ha oscurecido todavía más a causa de las siguientes circunstancias: a) la negativa de Douglas Tompkins a cumplir los acuerdos suscritos en 1997 con el gobierno chileno para traspasar la administración del parque nacional Pumalín a una entidad de ese país; b) su oposición a que la carretera austral continúe por el interior de esa zona; c) su fallido intento de comprar en 1994 un predio perteneciente al ejército, a través de James Goldsmith; d) las amenazas en contra de y la detención y expulsión por los carabineros en 1998 del colono Atilio Ruiz Soto, quien en 1994 había iniciado gestiones para legalizar su calidad de colono; y e) la oposición de la Democracia Cristiana —senador Frei Ruiz Tagle— al proyecto de "reserva internacional de la biosfera", junio y julio de 2001.

¹¹ Proceso, núm. 177, 24 de marzo de 1980.

¹² Proceso, núm. 228, 14 de marzo de 1981.

¹³ El 5 de enero de 1967 el ejido La Culebra fue dotado de 120 ha que beneficiaron a trece campesinos. Información tomada de la "Actualización del historial agrario del municipio de Manzanillo, ejido La Culebra", Registro Agrario Nacional, 28 de julio de 2003.

¹⁴ Diario Oficial de la Federación, 9 de diciembre de 1966; ejecución emprendida el 5 de enero de 1967.

¹⁵ "Actualización del historial agrario del municipio de Manzanillo, ejido La Culebra", Registro Agrario Nacional, 28 de julio de 2003.

¹⁶ A medio kilómetro de la hacienda San Antonio se encuentra el rancho El Jabalí, junto a tres lagunas y una pista de aterrizaje. La casa tiene cinco estancias en forma de "J". La parte inferior está conformada por una sala desde donde se puede contemplar el volcán de Colima. Más allá se encuentra la pista de aterrizaje, en la que pueden arribar aviones de hasta 16 plazas. La casa es una construcción reciente y tiene como adornos rifles, caretas, azadones, arados y un látigo. La mansión campestre cuenta con pastizales para ganado de alto registro, caballerizas, establos y granjas.

¹⁷ La laguna de El Calabozo tiene aproximadamente una superficie de 12.5 ha y se localiza dentro del predio del mismo nombre propiedad de Francisco Buenrostro Ceballos, prestanombre de James Goldsmith, en el municipio de Comala, estado de Colima.

¹⁸ Diario Oficial de la Federación, núm. 33,14 de agosto de 1981.

²⁰ Acta Notariada del 11 de julio de 1988, testificada por el notario Adolfo Virgen Schulte, Notaría Pública núm. 12.

²¹ Acta de Asamblea Extraordinaria de la Unidad de Producción Pesquera Guardianes del Calabozo, 13 de enero de 1991.

²² Acta notariada del día 11 de julio de 1988, firmada por el delegado de pesca en el estado, Miguel A. Novela Villalobos, el notario Adolfo Virgen Schulte y los 18 integrantes de la Unidad Pesquera Guardianes del Calabozo, Notaría Pública núm. 12.

²³ Sr. Guillermo Bautista Rojas, Acta de Asamblea Extraordinaria de la Unidad de Producción Pesquera Guardianes del Calabozo, 13 de enero de 1991.

²⁴ Sr. Jorge Silva Ibarra, Acta de Asamblea Extraordinaria de la Unidad de Producción Pesquera Guardianes del Calabozo, 13 de enero de 1991.

²⁵ Sr. Juan Urzúa Flores, Acta de Asamblea Extraordinaria de la Unidad de Producción Pesquera Guardianes del Calabozo, 13 de enero de 1991.

²⁶ Sr. Gabriel Silva González, Acta de Asamblea Extraordinaria de la Unidad de Producción Pesquera Guardianes del Calabozo, 13 de enero de 1991.

²⁷ Proceso, núm. 671, 11 de septiembre de 1989.

²⁸ Las "guardias blancas" —llamadas así por los habitantes de la región— son personas contratadas por la empresa El Jabalí para vigilar los linderos de la propiedad e impedir invasiones de tierras por parte de los campesinos que habitan los alrededores. El propietario Goldsmith les llamaba "guardias forestales" y les uniformaba como militares. Eran coordinados por José Gabriel Barrera Cárdenas, coronel retirado.

³⁰ Entrevista con (19PA-Ah75/02-02) (+), La Yerbabuena, Colima.

³¹ Entrevista con (27RF-h74/03-02), La Becerrera, Colima.

³² En el registro público de la propiedad de Colima, la empresa San Antonio, S. A. de C. V., aparece como propietaria de 510 ha en el municipio de Comala. También se encuentran registrados dos predio de 672 y 885 m² en el poblado de La Becerrera. Proceso, núm. 1099, 24 de noviembre de 1997.

³³ Sus 28 suites, de unos 50 metros cuadrados, han sido decoradas de forma diferente. Unas albergan camas con baldaquino, otras, lechos de hierro forjado, pero todas comparten el estilo elegante que brindan unos techos altísimos de ladrillo, paredes patinadas en color arena, grabados mexicanos, espejos y lámparas marroquíes, chimeneas y amplias mesas de despacho. Las del primer piso cuentan con agradables terrazas privadas, con mesa y butacas, mientras que las de la planta baja dan directamente a un jardín: <www.amanresorts.com>.

³⁴ Proceso, núm. 1099, 24 de noviembre de 1997.

³⁵ <www.amanresorts.com>.

³⁶ Entrevista con el licenciado Felipe Lázaro Barajas, presidente municipal de Comala (2000-2003), 4 de marzo de 2003, Comala, Colima.

³⁷ La omnipresencia de Antonio Sam López, procurador de justicia en los dos periodos anteriores (1992-2004) es una imagen fuerte. Sam López es un personaje vinculado con la guerra sucia, aunque bien podría decirse que su función coincidió con el ejercicio de la represión selectiva hacia líderes opositores.

³⁸ Entrevista con (35CM-m65/07-03), colonia La Barranquita, Cofradía de Suchitlán, municipio de Comala, Colima.

⁴⁰ Esta información quedó asentada en un acta notariada por el licenciado Rogelio Gaytán Gaytán de la Notaría Pública núm. 14, el día 26 de junio de 1995.

⁴¹ Entrevista con (27RF-h74/03-02), La Becerrera, Colima.

⁴² Asentamiento que construyó la ex hacienda San Antonio y el rancho El Jabalí para sus trabajadores, ubicado en terrenos de la localidad de Cofradía de Suchitlán.

⁴³ Entrevista con (28AL-m68/02-02), La Becerrera, Colima.

⁴⁴ Entrevista con (29AM-h80/10-03), colonia La Barranquita, Cofradía de Suchitlán, municipio de Comala, Colima.

⁴⁵ Entrevista con (27RF-h74/03-02), La Becerrera, Colima.

⁴⁶ Entrevista con los geólogos Carlos Navarro y Abel Cortés, 4 de agosto de 2001, Observatorio Vulcanológico de la Universidad de Colima, Colima, Colima.

⁴⁷ Entrevista con (28AL-m68/02-02), La Becerrera, Colima.

⁴⁸ Entrevista con el licenciado Felipe Lázaro Barajas, presidente municipal de Comala (2000-2003), 4 de marzo de 2003, Comala, Colima.

⁵⁰ Tompkins y Goldsmith continuaron extendiendo sus posesiones territoriales en la Patagonia chilena, utilizando organizaciones ecologistas para la compra de las tierras, como la fundación Deep Ecology, Ancient Forest Internacional, World Tree Fundation, etc. Pero dichas posesiones, "al ser adquiridas por fundaciones u organismos constituidos como sujetos de derecho internacional significa, en pocas palabras, que todas sus tierras están bajo las leyes de compra de Estados Unidos, lo que constituye un gravísimo antecedente en contra de la soberanía chilena en dichos territorios": <http://www.sapienta.ubiobio.cl/cartas%20al%20director/lanuevaisrael.htm>.

⁵¹ El libro La trampa, presentado en forma de entrevista, está basado en las conversaciones de Goldsmith con Ives Messarovitch, editor de economía del diario francés Le Figaro.

⁵² Estas ideas son tomadas de un resumen del libro que se encuentra publicado en la página web: <http://www.geocities.com/fluksz/trampa.htm>.

⁵³ La información impartida sobre los peligros volcánicos fue proporcionada por el Grupo de Información del Observatorio Vulcanológico, por medio del programa de riesgo volcánico que cubrió las siete comunidades aledañas al volcán de Fuego, ubicadas entre los estados de Colima y Jalisco.

⁵⁴ Esta es una de las medidas que más llama la atención de los yerbabuenenses: ¿cómo el gobierno gasta en los salarios de ocho-diez soldados durante seis años y dispone de un vehículo que no tiene cupo siquiera para los militares, menos para evacuar a la gente y, en cambio, no invierte en reparar el camino a La Becerrera que facilitaría una salida rápida y con menos costo?

⁵⁵ Los pobladores de La Yerbabuena llaman "corrientadas calientes" o "rescoldo" a los flujos piroclásticos: masas de escombros y gases con temperaturas comprendidas entre los 200 y los 800 C° que se desplazan sobre la superficie a velocidades entre 40 y 350 km/h.

⁵⁶ Entrevista con (19PA-Ah75/02-99).

⁵⁷ Entrevista con (19PA-Ah75/02-99), albergue El Pedregal, Comala, Colima.

⁵⁸ Entrevista con (1AA-Ah48/05-99), albergue El Pedregal, Comala, Colima.

⁶⁰ Humberto Silva Ochoa, secretario general de Gobierno, La Jornada, 6 de noviembre de 2002.

⁶¹ Asistieron el gobernador del estado, el secretario general de Gobierno, altos mandos de Sedena, el rector de la universidad local, directores operativos de protección civil (Colima y Jalisco), el director de Cenapred, la Coordinadora Nacional de Protección Civil, el comisario municipal de La Yerbabuena y científicos de la Universidad de Guadalajara y de la Universidad de Colima (Comité Técnico Científico Asesor del Volcán).

⁶² Servando de la Cruz Reyna, 10 de febrero de 2002. Registrado en Diario de campo, cuaderno 2, pp. 239, 10 de febrero de 2002, Biblioteca de Ciencias de la Universidad de Colima, Colima.

⁶³ Juan José Ramírez Ruiz, 10 de febrero de 2002. Registrado en Diario de campo, cuaderno 2, pp. 241, 10 de febrero de 2002, Biblioteca de Ciencias de la Universidad de Colima, Colima.

⁶⁴ Jesús Muñiz Murguía, 10 de febrero de 2002. Registrado en Diario de campo, cuaderno 2, pp. 243, 10 de febrero de 2002, Biblioteca de Ciencias de la Universidad de Colima, Colima.

⁶⁵ Reyna Martínez Ascencio, 14 de febrero de 2002. Registrado en Diario de campo, cuaderno 2, pp. 265, 14 de febrero de 2002, La Yerbabuena, Colima.

⁶⁶ Jesús Montejano, comisario municipal de La Yerbabuena, Diario de Colima, 6 de febrero de 2002.

⁶⁷ Leandro Cuéllar, habitante de La Yerbabuena, Diario de Colima,6 de febrero de 2002.

⁶⁸ Leandro Cuéllar, habitante de La Yerbabuena, Diario de Colima,6 de febrero de 2002.

⁷⁰ Entrevista con (8RMA-Am42/02-02), albergue El Pedregal, Comala, Colima.

⁷¹ Entrevista con (25JM-m55/02-02), La Yerbabuena, Colima.

⁷² Los boletines de prensa emitidos por el Comité Científico Asesor del Volcán de Colima recomendaban que se mantuviera la zona de exclusión de actividades para ambos estados (Colima y Jalisco) de 6.5 km a partir de la cima del volcán. El radio de alertamiento preventivo era de 11.5 km contados desde la cima del volcán, el cual incluía las poblaciones de La Yerbabuena y La Becerrera, en el estado de Colima, y Causentla, Cofradía de Tonila, Atenguillo, El Saucillo, El Fresnal, El Embudo, Juan Barragán, Los Machos, El Agostadero y El Borbollón, en el estado de Jalisco.

⁷³ Reyna Cervantes, 21 de mayo de 2002. Registrado en Diario de campo, cuaderno 2, pp. 273, 21 de mayo de 2002, albergue El Pedregal, Comala, Colima.

⁷⁴ Silverio Cavazos Ceballos, gobernador del estado de Colima, Diario de Colima, 5 de junio de 2005.

⁷⁵ Información proporcionada por el ingeniero Miguel Flores Gutiérrez, director del Instituto de Vivienda de Colima (Ivecol), Colima, Colima, 14 de marzo de 2003.

⁷⁶ Fernando Moreno Peña, gobernador del estado de Colima, 25 de abril de 2002. Programa de radio Un nuevo Colima, en red estatal, estación XEBCO.

⁷⁷ Ecos de la Costa, 21 de mayo de 2002.

⁷⁸ Diario de Colima, 18 octubre de 2002.

Información sobre los autores

Alicia Cuevas Muñiz. Licenciada en comunicación por la Universidad de Colima, con maestría en estudios rurales por El Colegio de Michoacán y candidata a doctora en ciencias sociales por la misma institución. Desde hace algunos años ha realizado estudios sobre comunicación del riesgo en poblaciones expuestas a riesgo volcánico. Ha participado en el seminario permanente de vulnerabilidad y desastres del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS-Distrito Federal) y actualmente colabora en el proyecto de investigación "La intervención de la Secretaría de Desarrollo Social en recuperación de desastres. Evaluación de acciones y omisiones en reubicación de comunidades", que dirige el doctor Jesús Manuel Macías del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS-Distrito Federal).

José Luis Seefoo Luján. Doctor en ciencias sociales por la Universidad de Guadalajara. Profesor-investigador de El Colegio de Michoacán. Sus campos de interés son los riesgos laborales derivados del manejo de plaguicidas agrícolas y el uso urbano y agrícola del agua en Zamora, Michoacán.