"Aquí la PROGRESA está muy dura": Estado, negociación e identidad entre familias indígenas rurales*

Paola Sesia

CIESAS-Istmo.

INTRODUCCIÓN

El presente ensayo analiza la naturaleza del PROGRESA y su relación con la orientación neoliberal que rige la política económica y social del actual gobierno. Explora después con detalle cómo el programa se traduce y transforma en el espacio rural oaxaqueño; espacio en donde PROGRESA genera conflictos, inquietudes y dudas, pero también expectativas y contradicciones entre las autoridades, las familias y los distintos individuos. Aun si el programa no permite mucha readecuación en el ámbito local y genera procesos indudablemente muy problemáticos en la comunidad, en unas cuantas instancias se logran reformular algunos de los aspectos de PROGRESA que se percibían como particularmente "negativos". Estas readecuaciones se dan de acuerdo con las necesidades y estrategias de supervivencia y reproducción comunitarias, familiares e individuales.

UNA PREMISA TEÓRICA

La relación que propongo aquí entre lo "macro" y lo "micro" dentro del campo de las políticas públicas hacia el agro está constituida por múltiples eslabones. En primer lugar, es importante mencionar que la política social que en México se congrega desde mediados de los años noventa hacia el "combate a la pobreza" es parte sustantiva y congruente del modelo económico neoliberal que rige actualmente la política pública en el país (Scott, 1996: 85). Este modelo económico es promovido por las agencias multilaterales de crédito las cuales, en particular el Banco Mundial, están activamente involucradas en el diseño y financiamiento de las estrategias de intervención pública en el terreno de lo social.

En segundo lugar, es importante remarcar que las políticas gubernamentales de combate a la pobreza se han traducido en el núcleo fundamental de la intervención pública hacia el agro en zonas donde predomina el campesinado: los campesinos y, aún más si éstos son indígenas, ya no se consideran sujetos de apoyo como productores sino beneficiarios de políticas asistenciales como "pobres" (de Teresa y Cortés, 1996).¹ De hecho, el "combate a la pobreza" y, sobre todo, a lo que se define hoy como pobreza extrema,² se dirige de manera preferencial o hasta exclusiva a las zonas rurales y, dentro de ellas de manera mayoritaria a las regiones indígenas.³ Esta tendencia representa un cambio con respecto a las políticas gubernamentales hacia el campo mexicano antes del auge del nuevo modelo económico: en donde, aún con profundas limitaciones y éxitos muy parciales a través del tiempo, se intentaba si no fomentar, por lo menos proteger a la producción agrícola de estos sectores por medio principalmente de subsidios a la producción y al consumo y precios de garantía para los productos básicos (Appéndini, 1992).

En tercer lugar, y aquí entramos ya en el ámbito de los "impactos", la política gubernamental de combate a la pobreza ejemplificada por PROGRESA⁴ se sustenta en una lógica⁵ y se traduce en un programa que en el medio rural genera procesos contradictorios y comúnmente enfrenta obstáculos y redefiniciones en cuanto se intente articular con lo "local". Como veremos en el ensayo, los impactos de PROGRESA son múltiples, van más allá de lo declarado y supuesto, incluyen a las relaciones sociales e involucran además una redefinición de identidades impulsada desde "arriba". Pero y al mismo tiempo, el programa no siempre constituye una estructura de poder totalizante e impenetrable desde "abajo".⁶ Por más vertical, centralizado y coercitivo que sea (y PROGRESA como veremos tiene precisamente estas características), este programa tiene efectos contradictorios más allá de sus declaradas intenciones. Es común que sufra procesos de mediación y redefinición en el momento y en el espacio inmediato de su aplicación; procesos que cuestionan una visión de los grupos sociales subalternos como receptores y beneficiarios pasivos, víctimas de estructuras y prácticas económicas, políticas y sociales impuestas desde afuera y completamente externas a su control.

Sin negar los límites histórica y socialmente constituidos que las acciones y respuestas de "los de abajo" enfrentan con las políticas e intervenciones del Estado; el estudio de estos fenómenos —desde la perspectiva de las experiencias individuales y colectivas de los grupos sociales subalternos— ilumina cómo estos individuos, estas familias y estas comunidades tienen capacidad de redefinición y respuesta (Long, 1998; J. Scott, 1985) dentro de los campos sociales en los que operan (Roseberry, 1998) y son parte de una continua búsqueda de alternativas para reproducir y mejorar sus condiciones de vida (Roseberry, 1989).

Sin embargo, y a diferencia de la teoría de la resistencia de los grupos subalternos elaborada por J. Scott (1985), considero que lo que en mi análisis hubiera podido fácilmente interpretar como "resistencia" por parte de la gente de esta comunidad era, en muchos casos, el resultado de dinámicas locales complejas y muy contradictorias en las cuales los actores sociales no compartían necesariamente un objetivo común, ni tampoco lograron desarrollar en ningún momento una consciéncia colectiva de lucha. Sin negar que en ciertas coyunturas históricas los grupos subalternos sí tienen la capacidad de construir movimientos sociales alrededor de una causa común compartida en el ámbito colectivo, el tipo de respuesta local que presencié en Santa María con respecto a PROGRESA se pareció más bien a un conglomerado de motivos, actitudes y acciones individuales y grupales de distinto origen que, de manera fortuita y contingente, resultó finalmente fluir hacia un camino común.

SANTA MARÍA: UN ESPACIO CAMPESINO-INDÍGENA DE REDEFINICIÓNY DISPUTA

Santa María es una localidad de aproximadamente 350 habitantes, aglutinados en 54 familias de indígenas oaxaqueños que se identifican y reproducen como campesinos alrededor de la tierra. Su territorio es vital para la supervivencia; en él se cultivan principalmente el maíz para el autoconsumo y el café y la pita para el mercado. Comunidad ubicada en el noreste del estado de Oaxaca en la vertiente del Atlántico, es zona de selva baja húmeda, con mucha precipitación pluvial durante casi todo el año y clima cálido húmedo. Se ubica entre pliegues montañosos en una cañada con una elevación entre los 300 y 500 msnm. La comunidad cuenta con una extensión de 1200 hectáreas de tierra, la mayoría de las cuales son de pobre calidad. Se está actualmente agotando la frontera agrícola y la comunidad empieza a presentar patrones de expulsión migratoria entre los jóvenes: a principio de 1999 más de 50 entre hombres y mujeres habían emigrado a los polos de atracción urbanos del estado para emplearse en oficios y trabajo doméstico.

La población habla el idioma chinanteco y ha tenido históricamente relaciones conflictivas en el ámbito agrario, étnico y de clase con sus vecinos zapotecos ya mestizados. Los más pobres de Santa María trabajan por temporadas y particularmente en periodos de escasez como jornaleros en los potreros ganaderos de las comunidades vecinas; trabajo por el cual son remunerados con sueldos muy bajos aun para los estándares regionales.

En la localidad se mantiene un sentimiento generalizado de diferenciación, confrontación y hasta rechazo hacia estas comunidades vecinas a las cuales los locales están vinculados por lazos de subordinación en lo económico, lo agrario, lo laboral, lo étnico y, finalmente, lo ideológico. Este sentimiento se manifiesta en la cotidianidad y constituye un núcleo central de la identidad como campesinos chinantecos en contraposición a los vecinos que tradicionalmente han controlado el mercado del trabajo, los espacios de comercialización de los productos agro-forestales y pecuarios, la distribución y precios de los artículos básicos de consumo y la resolución de los conflictos agrarios. Las comunidades vecinas han definido además criterios de pertenencia y exclusión en los espacios de interacción social y simbólica regional.

Río Lagartos, Yucatán; Agustín Estrada

Sin embargo, cabe mencionar que esta visión de confrontación hacia afuera y de cohesión hacia adentro tiende a exagerar la homogeneidad interna de la comunidad en el ámbito de lo representativo y material. Es en sí una visión hegemónica desde el poder al interior de la comunidad: visión pública y masculina y particularmente asumida por los hombres y sus hijos que mantienen una posición de liderazgo local. Muchas mujeres no comparten el antagonismo que tal visión expresa y están en desacuerdo con las expresiones de agresividad y rechazo de sus maridos, padres e hijos hacia los fuereños de las comunidades líderes aledañas.

Como parte de sus estrategias de reproducción, desde 1989 a la fecha, Santa María ha participado en un proceso de organización autónomo de carácter regional que incluye actualmente a 14 comunidades. Esta "Unión"⁷ se aglutina alrededor de la producción del café pero incluye desde sus inicios el objetivo más amplio de alcanzar un mayor bienestar social para todas las familias pertenecientes a la organización. Entre sus acciones se han impulsado proyectos de diversificación productiva agropecuaria para mejorar la alimentación y generar nuevas fuentes de ingresos; producción del café orgánico para mejorar la calidad del producto y captar nuevos mercados; reforestación y otras técnicas agroforestales para mejorar la calidad de los suelos y de los productos; comercialización propia de la producción agrícola para evitar el coyotaje; abasto en las comunidades de alimentos y otros artículos de primera necesidad; transporte; nutrición, salud y fortalecimiento organizativo, incluyendo la creación de la organización de mujeres desde 1995.

EL PROGRAMA PROGRESA

PROGRESA retoma prácticamente a la letra el planteamiento de la problemática de la pobreza extrema y las formas ideadas para aliviarla adoptados y promovidos por el mismo Banco Mundial. La lógica del programa es la siguiente: la pobreza extrema en México se localiza de manera predominante en el medio rural, en donde se asocia con altos índices de analfabetismo o baja escolaridad, falta de acceso a servicios adecuados de educación y salud, índices de desnutrición, mortalidad infantil y fecundidad demasiado altos y discriminación de la mujer de todas las edades. Estas asociaciones son indicativas de un círculo vicioso en donde la pobreza genera más pobreza a nivel intergeneracional. La intervención del Estado debe enfocarse hacia estos grupos de la población y debe dirigirse hacia la garantía de un piso mínimo de servicios e ingresos para satisfacer las necesidades esenciales e invertir en el capital humano (sobre todo en la mujer). De esta forma, se crean mejores y mayores oportunidades para que estas poblaciones logren romper con el círculo vicioso de la pobreza extrema.

Para tal fin, PROGRESA proporciona subsidios directos a la familia beneficiada para la compra de alimentos; otorga becas para niños y niñas que atienden a la escuela entre el tercer año de primaria y el tercero de secundaria (las becas son ligeramente más altas para las niñas que para los niños); y procura la entrega de suplementos alimenticios para los niños desnutridos menores de cinco años y para las madres embarazadas o lactantes. Los subsidios alcanzaban un mínimo de 105 y un máximo de 550 pesos en 1998 (incluyendo las becas de los hijos) por mes por familia, y han subido para el primer semestre del 2001 a un mínimo de 140 y a un máximo de 855 pesos por mes (PROGRESA, 2001). El apoyo viene entregado cada dos meses en dinero efectivo a la madre, la cual es la única que lo puede cobrar.

El PROGRESA exige lo que define como "corresponsalía" por parte de los beneficiarios; a cambio de los subsidios en efectivo o especie, los beneficiarios niños deben asistir a la escuela y ser llevados a las clínicas de atención primaria para controles periódicos; los menores de cinco años deben ser vacunados y vigilados en su estado nutricional; las mujeres embarazadas deben acudir a control prenatal en la clínica; y todas las mujeres adultas deben utilizar los apoyos en la compra de alimentos, útiles escolares y otras necesidades básicas como vestido, calzado o cobijas, acudir a la clínica para chequeos periódicos (incluyendo el examen de Papanicolau) y para asistir a pláticas educativas en nutrición, saneamiento ambiental y planificación familiar, entre otras. Si hay faltas injustificadas en la asistencia a la escuela o a las pláticas y controles de salud, se pierden los beneficios, primero de manera temporal, después de manera definitiva.

Por último, y como estrategia para involucrar a la comunidad, el PROGRESA contempla el nombramiento en cada localidad por asamblea de un promotor o promotora que, de manera gratuita y después de un breve entrenamiento, desempeñe la función de tramitar solicitudes nuevas, aclarar dudas a los beneficiarios y vigilar que los recursos PROGRESA en la comunidad se apliquen para lo que están destinados.

La lógica de PROGRESA es distinta a la de otros programas de apoyo y subsidios que lo antecedieron. PROGRESA pretende ser capilar y tener una cobertura que no tiene precedentes en programas anteriores: de las 400 000 familias beneficiadas en 1997, se pasó a 2.5 millones en el 2000 para pasar a más de 3 millones de familias beneficiarias programadas para el año 2001. La extensión geográfica incluye a zonas rurales ubicadas en casi todos los estados del país. La inversión de capital para financiar el programa ha seguido aumentando desde su establecimiento: 367 millones de pesos en 1997,3 400 millones en 1998,7 000 millones en 1999, 9 570 millones en el 2000 y 13 000 millones programados para el 2001.⁹ Se ha creado un nuevo aparato burocrático-administrativo para gestionar el PROGRESA, que se ubica formalmente en la Secretaría de Desarrollo Social pero realmente depende directamente de la Secretaría de Hacienda. Lo anterior pudiera hacer pensar que el gobierno federal mexicano se esté comprometiendo en una batalla sin igual para abatir la pobreza extrema en zonas rurales, asumiendo nuevamente como Estado el compromiso de garantizar un nivel mínimo de bienestar para sus ciudadanos, revirtiendo así tendencias de los últimos años de reducir el papel del Estado y el gasto público, incluyendo el gasto social.

Sin embargo, desde la identificación de las causas de la pobreza extrema hasta el diseño del programa para combatirla nos revelan que la lógica del PROGRESA es de estrecho apego al modelo económico y a las políticas neoliberales adoptados desde hace unos años por el gobierno mexicano. En lugar de identificar la pobreza rural como un proceso históricamente constituido a consecuencia de un despojo sistemático de los recursos humanos y materiales (extracción de plusvalía) de estas poblaciones y regiones enmarcadas en una articulación profundamente desigual y desventajosa con la sociedad nacional y el modelo económico capitalista predominante, el enfoque de "combate a la pobreza" que subyace al PROGRESA identifica como causas de la misma a la incertidumbre macroeconómica y una discriminación en el gasto público social e infraestructura de servicios de la cual ha sido víctima la población rural con respecto a la población urbana. Identificado el problema como esencialmente técnico en lugar de históricamente constituido, el enfoque de "combate a la pobreza" busca soluciones técnicas para "aliviar" el problema. En lugar de promover un vigoroso programa de transferencias de recursos y redistribución de la riqueza, se naturaliza a los campesinos como "pobres" y se les convierte no sólo en receptores de programas asistenciales sino también en sujetos de control y regulación (Foucault, 1977) por parte del Estado.

La localización estructurada que usa PROGRESA —en las regiones, en las comunidades, entre los hogares y hasta entre los individuos— es para beneficiar supuestamente sólo a los que se identifican como pobres extremos y como sujetos particularmente vulnerables. Es una estrategia para maximizar la eficiencia en la relación costo-beneficio del programa y controlar por supuesto los costos. En la práctica, esta orientación excluye a priori millones de pobres de la posibilidad de ser beneficiarios de los subsidios PROGRESA.¹⁰ Dentro de esta misma lógica, PROGRESA pretende además substituir a un sinnúmero de programas fragmentados federales y estatales de apoyo al consumo para los sectores marginados,¹¹ eliminando así burocracias, ineficiencias, duplicaciones y falta de coordinación entre programas. Bajo este esquema, los desayunos escolares del DIF y de la Secretaría de Educación Pública, las becas escolares del INI, las becas de "Niños en Solidaridad", el programa de distribución de alimentos Diconsa y Liconsa y las tiendas Conasupo, sólo para mencionar algunos de los más conocidos, de más incidencia o de mayor presencia a lo largo de los años en localidades indígeno-campesinas, están, por lo menos en teoría, destinados a desaparecer en los próximos años. El impacto social en el medio rural de esta forma de volver más eficiente el gasto público en su gran mayoría está por verse. Algunas, como la posible desaparición de las tiendas Conasupo, se puede prever que serán desastrosas si ocurren en zonas muy aisladas del país en donde estas tiendas representan la única fuente de abasto.

El PROGRESA llega a Santa María por primera vez en una mañana soleada de febrero de 1999; día en que me toca presenciar lo que identifico como práctica y ritual de, y disputa por, el poder; práctica y ritual con implicaciones materiales para los habitantes de la localidad; entre ellas, el hecho de que la inyección de recursos orquestada por el Estado, por un lado representa ingresos sustanciales para muchas economías familiares y, por el otro, está distribuida de manera profundamente desigual provocando inconformidad y conflictos.

Río Lagartos, Yucatán; Agustín Estrada

A las siete de la mañana empiezan a llegar las camionetas pick-up atascadas de mujeres de las cinco comunidades que hoy van a recibir su primera entrega del recurso de PROGRESA. Con Santa María, la comunidad anfitriona, las localidades "atendidas" hoy por el programa son seis. Muchas de las mujeres llegan acompañadas por sus hijos o nietos, sobre todo bebés a los que están amamantando. Cada camioneta llega repleta de mujeres paradas y apretadas una contra la otra por falta de espacio, acompañadas por un par de hombres como choferes y chaperones. En Santa María no hay refresquería, cantina ni restaurante ni tampoco energía eléctrica: las visitantes más afortunadas tienen parientes, conocidos o compadres en la comunidad que les ofrecen refrigerio y una hamaca para descansar en la sombra mientras pasa la espera. Muchas no conocen a nadie y se quedan esperando cerca de las camionetas que las trajeron o a la sombra de un árbol cercano. Finalmente, la camioneta blindada con seguridad del personal de Telecomm llega a las doce del día. Los tres encargados, incluyendo la jefa, una mujer de cabello corto, piel clara, de presencia imponente, blusa y pantalón ajustados, bolsa de mano, enjoyada y con zapatillas de ciudad, con gestos autoritarios y sin saludar a nadie, se acercan al Salón Ejidal.

Las autoridades salen a recibirlos con actitud ceremonial a la cual estas personas, enviadas por el "gobierno", responden secamente con gestos y palabras. Se ubican inmediatamente atrás de la única mesa disponible —símbolo del espacio de autoridad del pueblo—, sacan sus papeles y ordenan a las autoridades del pueblo que organicen a las mujeres por comunidad y en fila porque van a pasar lista. Hombres de Santa María ayudan a las autoridades a poner a las señoras en fila. La autoridad del pueblo se aleja y desde ese momento ya no participa, en actitud de indiferencia y separación por el poco respeto de estos foráneos a la autoridad y a las costumbres del pueblo.

Desde afuera se oye a la encargada de Telecomm pasar lista a las mujeres en orden alfabético, comunidad por comunidad. En el umbral de la puerta uno de los acompañantes de Telecomm repite en voz alta el nombre para que las mujeres en fila se acerquen con su identificación y papeletas. Las mujeres han estado reunidas en fila frente al salón en el sol inclemente durante un buen rato antes de entrar una por una. La espera es larga porque el proceder burocrático es lento. La mayoría de las señoras son chinantecas, muchas son monolingües en chinanteco o apenas entienden el español. Los de Telecomm son los que deciden el orden de llamada por comunidad; a las de Santa María les toca hasta las tres de la tarde: van al último ya que no tuvieron que desplazarse. Hombres de la comunidad, autoridades y otros están reunidos alrededor del espacio cívico central —un gran recinto abierto con pasto en donde se ubican además del Salón Ejidal, la escuela, la casa de salud, uno de los templos protestantes, la cancha de basquetbol, la tienda Conasupo, el molino eléctrico y el salón de la organización de la unión— paseando, observando y comentando durante horas.

LA RECEPCIÓN DEL PROGRESA Y SU IMPACTO EN EL HOGAR

Así llega el programa a la localidad y al llegar viene percibido y recibido de distintas maneras. Hay gente —mucha— que expresa su agradecimiento por la "ayuda del gobierno" y considera que "éste de PROGRESA sí es bueno" ya que, como dicen varios, "aquí la necesidad es grande", pero la percepción general es que el programa exige mucho y lo que da a cambio no alcanza para tanto.

Un ejemplo etnográfico ilustra lo anterior. Elvira¹² es madre de nueve hijos, cinco de los cuales viven en la casa, el más chiquito de cinco años. Es abuela de varios nietos, tres de los cuales viven con ella y su marido. Mujer que ha luchado, cansada, trabaja todo el día, a veces recogiendo pita (fibra de ixtle), a veces como asalariada en una comunidad aledaña en jornadas de trabajo de más de diez horas, al igual que su marido. Desde esta semana, Elvira es beneficiaria del programa. Sus hijos que viven en la casa están visiblemente desnutridos; todos, incluyendo los adolescentes y los adultos, presentan talla baja. Su hijo menor, Omar, de cinco años, y los tres nietos de tres años y medio, dos años y ocho meses, sufren todos de desnutrición moderada y severa.

A cambio del subsidio PROGRESA, Elvira y su hija han hecho una larga cola en el sol, han puesto su huella digital en el papel (ni Elvira ni su hija saben leer ni escribir, entienden y apenas hablan el español), han recibido y agradecido con la cabeza el apoyo que el gobierno decidió otorgarles. Me comentan que mañana van a ir a la plática en la casa de salud porque si no, la próxima vez les quitan el recurso. Elvira comenta:

Poco dan. Dan para los niños. Voy a comprar zapatos para Ornar, voy a comprar leche. No tenemos para comprar leche para la bebé es muy cara. Desde hace varias semanas puro atole de arroz le damos Dinero no sirve pa'mucho. Cuántas latas de leche con este dinero: ¿cuatro?, ¿cinco? Una lata puro una semana dura. No se puede. No alcanza. Pero para zapatos sí alcanza. Para maíz sí alcanza. Para unos huevos y un poco de frijol sí alcanza. Yo gracias doy por el recurso. Sirve. Pero es poco, no alcanza para todo lo que dice que hay que comprar.

Me enseñan el monto de cajitas de harina de arroz, me dicen que cada cajita dura máximo cuatro días, así que contando las cajitas vacías amontonadas deduzco que la bebé de ocho meses de edad lleva dos meses y medio sin tomar nada de leche; su mamá —Ana— se quedó sin leche por una mastitis que tuvo cuando la bebé tenía menos de un mes. Una lata de leche Nido en la tienda Conasupo cuesta 34 pesos y, como dijo Elvira, dura máximo una semana, diluyendo la leche en polvo con más agua de lo que se debería. Elvira sabe de sobra que los bebés necesitan tomar leche para crecer sanos y no necesita ir a una plática educativa del centro de salud para saber, como ella misma dice, que: "la harina de arroz llena pero no alimenta igual". Y están los otros niños, entre los chiquitos: Modesto, de dos años, Esther, de tres y medio, y Ornar, de cinco, que también "necesitan y quieren leche pero no hay. Para ellos como para los demás, la dieta sigue basándose en tortillas y sal, en muchas comidas solas, a veces con caldo de frijol, sopa de pasta, arroz o huevo. En este hogar de once personas, con el dinero de PROGRESA de Elvira y Ana se comprarán tres latas de leche para la bebé, un par de zapatos de niño, un par de litros de aceite y algunos kilos de huevo, sopa de pasta, arroz, frijol y maíz, que ya comienza a escasear. Como dice Elvira: "Es poco, pero es algo."

Le pregunto por qué no mandó a Lizbeth a la escuela este año, ya que si la hubiera enviado, recibiría 8o pesos adicionales al mes. Me contesta que cuando le dijeron de las becas, ella no lo creyó: "Mucha promesa, mucho dicen, después nada llega." Añade que si el programa sigue, va a inscribir a Lizbeth para el próximo año escolar aunque, comenta, Lizbeth ya no quiera ir. Este año Elvira prefirió contar con la fuerza de trabajo adicional de su hija para las tareas domésticas, lo cual le permitió a ella desahogarse del hogar y tener el tiempo para poder emplearse por jornal. Para el próximo año escolar tal vez la decisión será otra, ya que una aportación adicional de ingresos de 8o pesos mensuales (la familia gasta entre 8o y íoo pesos semanales en comida) no es despreciable para este hogar.

Como el ejemplo anterior ilustra, el contexto en el que llega PROGRESA favorece su potencial de impacto. En Santa María, la economía de subsistencia (o mejor dicho, de infrasubsistencia) en la que está sumergida la mayoría de las familias no logra satisfacer de manera adecuada las necesidades básicas, sobre todo en la temporada de escasez del ciclo agrícola (el verano). La generación de ingresos es tan reducida que el subsidio PROGRESA para la canasta alimenticia (105 pesos al mes) representa entre un 25 y un 35 por ciento del gasto en alimentación en que incurre la mayoría de las unidades domésticas por mes. En la mayoría de estas casas, los niños y niñas presentan deficiencias nutricionales.¹³ El maíz producido no alcanza y hay que comprarlo durante varios meses al año;¹⁴ el frijol se consume actualmente un promedio de una o dos veces por semana en lugar que a diario. En este contexto, el apoyo de PROGRESA es bien recibido y, en caso de presentar suficiente continuidad en los próximos meses, se volverá un elemento adicional a tomarse en cuenta en la elaboración de las distintas estrategias de supervivencia que se manejan en cada hogar y que involucran a todos los miembros familiares.

LA RECEPCIÓN DEL PROGRESA: NEGOCIACIONES Y RECONFIGURACIONES

Entre las voces favorables al programa, se encuentra el maestro de la localidad, que entrevisté al día siguiente. Él expresa su beneplácito articulando los beneficios que identifica en el programa a partir de su experiencia como profesor en la comunidad y de su conocimiento de la realidad social y económica local:

A mí [el programa] me parece bien. Aquí hay mucha necesidad y el apoyo económico aun si es poco es algo. Aquí hay familias que no tienen ni de que comer, así que el apoyo, por pequeño que sea, les va beneficiar. Aquí hay muchos niños que van a la escuela sin haber desayunado, con el estómago vacío y que le den un apoyo económico para comer e ir a la escuela me parece bien.

Remarca cómo a raíz del programa ha disminuido la deserción escolar; sin embargo, en sus comentarios se percibe una comprensión hacia las razones del absentismo dentro de la lógica de reproducción del campesinado:

Antes había más ausentismo. Es que los padres no entienden que si no mandan a los hijos a la escuela nunca se superan y van a seguir en la ignorancia y la miseria. Pero también hay que entender a las familias: es que a veces necesitan que los niños les ayuden en el campo o en la casa, no se dan abasto, sobre todo cuando es cosecha del café como la que acaba de terminar y necesitan que todos cooperen hasta los chiquillos de seis o siete años, niños y niñas parejo.

En otros círculos, sin embargo, sin despreciar los beneficios del programa, se expresan más bien inquietud e inconformidad; inquietud e inconformidad que presentan múltiples facetas en lo personal y lo colectivo. Hay familias excluidas del padrón PROGRESA que no recibieron el apoyo y no saben el porqué de su exclusión; entre las familias beneficiadas, además, el programa distribuye subsidios en cantidades profundamente diferenciadas. Lo anterior lo comenta Hermenegildo, líder de la "Unión", autoridad civil de la localidad y padre de familia que con mucha claridad expresa:

Es que muchas familias quedaron afuera: cuando vinieron los del programa no visitaron a todos [para censarlos): todos los de Las Lomas [una ranchería ubicada a media hora de camino] no entraron porque los del gobierno les dio flojera ir hasta allá. Ahora ellos están muy inconformes porque no están en la lista y no reciben el apoyo. Ya hicimos lista de todas las familias que quedaron afuera y fuimos [como autoridades] a San Isidro [la cabecera municipal] para exigir que los incluyeran pero, bueno, dicen que sí pero hasta cuándo. Mientras aquí hay inconformidad y esta gente está enojada. A la comunidad eso no ayuda para nada porque crea división.

Y añade, expresando preocupación:

]]> ...este PROGRESA es muy complicado y nos crea muchos problemas porque el recurso no es parejo: hay mujeres que reciben quién 200 pesos y quién hasta 700 o más. Depende si tienen niños y niñas en la escuela. Pero yo tengo a mis hijas en la escuela y sólo recibo apoyo para una de ellas que está en cuarto año[de primaria] y para las más chiquitas nada. Quién sabe por qué eso. El problema es que nosotros aquí estamos acostumbrados a repartir los apoyos del gobierno parejo para todos. Eso lo decidimos en asamblea entre todos porque así no hay inconformidad. Pero con este [PROGRESA] no es posible, no te dejan. Hay gente que está muy inconforme con eso, quién recibe más, quién recibe menos, quién no recibe nada y la necesidad es pareja y ahora hay muchas envidias.

La "costumbre" a la que se refiere Hermenegildo es una práctica establecida en la localidad de manejo comunitario de los recursos gubernamentales que responde a una lógica de redistribución interna bajo el control de las autoridades y la asamblea comunitaria. Las becas de "Niños en Solidaridad",¹⁵ por ejemplo, se reciben porias autoridades y, en lugar de ser entregadas a los padres de los niños beneficiarios, se utilizan para comprar útiles escolares para todos los niños de la escuela. Esta decisión se tomó de forma colectiva hace ya algunos años y se logró afirmar, con la anuencia del maestro en turno, en una posición consensada aun en contra de la inconformidad inicial de los padres de los beneficiarios directos. La "costumbre" es un claro ejemplo de la capacidad local de transformar un programa gubernamental de tal forma que el apoyo otorgado de acuerdo con una lógica individualizante decidida desde "arriba" se conforme según los patrones redistributivos prevalecientes entre "los de abajo".

Sin embargo, como remarca Hermenegildo, con el PROGRESA la relación se establece directamente con los individuos como representantes del núcleo familiar, supeditando y de hecho excluyendo a la comunidad como ente colectivo de decisión y de control. Eso le permite al programa concentrar la toma de decisiones y el control de la operación en una lógica vertical, centralizadora e individualizante. Como consecuencia, los espacios de maniobra de la localidad como entidad colectiva se restringen enormemente: la comunidad, por ejemplo, ya no puede redefinir según su propia lógica quiénes deben ser los beneficiarios. Sin embargo, el PROGRESA no logra eliminar esos espacios de maniobra por completo, como nos ilustra Hermenegildo a continuación.

Nosotros ya le hablamos al maestro, el que es director [...] le dijimos que él no, no podía negarle la firma y el sello a ninguna madre de familia de eso de la asistencia de los niños. Porque si el maestro no firma, esa familia se queda sin recurso. Eso es lo que dice el PROGRESA: hay que asistir a la escuela si no te quitan el recurso... El maestro estuvo de acuerdo. Sí les firmó a todas las mujeres y le puso sello a todas.

En su respuesta subsecuente, explica los mecanismos de presión que él mismo utilizó como autoridad local para que el maestro accediera a firmar. Cabe remarcar que, más que una táctica de presión elaborada con consciência y premeditación y ejercida a la fuerza, las palabras de Hermenegildo ilustran cómo estos mecanismos se crearon dentro del fluir de la vida cotidiana en la intersección entre autoridad local, padres de familia, maestro y autoridades de la SEP; intersección en la cual se aprovecharon circunstancias favorables que surgieron frente a las cuales de hecho el maestro no opuso mayor resistencia:

Es que con él [el maestro] ya habíamos hablado: es que tuvimos un problema anterior porque se iba mucho: tenía que salir de viernes y regresar de lunes y se iba desde el jueves y regresaba el martes y los niños se quedaban sin clase... [Los padres de familia] no decían nada. Es que aquí como que estaban acostumbrados porque así son los maestros y se aprovechan de nuestra ignorancia y nos dicen que tienen reunión o que van a cobrar y se van varios días y por eso nuestros hijos nunca se superan, nunca PROGRESAn. Cuando me eligieron autoridad le dije al maestro que me presentara los escritos de sus autoridades, sus superiores que decían que iba a reunión, que iba a cobrar y no me presentó nada. Así que le mandamos un escrito al jefe del IEEPO¹⁶ quejando que el maestro nunca estaba y pidiendo sanción y desde ese entonces [sic] ya no se va tanto y nos informa cuando se va y nos enseña los escritos y así ya hay más comunicación.

Sí y es por eso que ahora le pudimos decir lo de PROGRESA y él está de acuerdo, entiende que no se le quita un recurso a nadie nomás porque el niño no fue a la escuela un día; le firma la hoja a todas las madres de familia y se comprometió a seguir haciendo eso durante todo el año.

El maestro, a la pregunta directa el día siguiente de si él acepta firmar y sellar la hoja de asistencia para lo del PROGRESA aun si los niños han tenido ausencias más de lo permitido por el programa, contesta sin titubeos;

Fíjese que sí. Es que no puedo negarles la firma. Si se la niego van a perder el poco recurso que les da el gobierno y después va a ser peor y los niños ya no van a venir porque van a tener que trabajar más duro para comer en la casa... Nos pusimos de acuerdo con la autoridad y sí voy a firmar para que no pierdan el recurso.

Y añade:

[Para no tener problemás con los superiores] Pues, hay que manejarlo con cuidado. Pero, fíjese, que he hablado con muchos otros maestros de por acá y casi todos dicen que hacen lo mismo. Nomás que los de arriba no se enteren...

El maestro cuestiona abiertamente el papel de control y vigilancia que les asigna el programa. A la pregunta: "¿Oiga, y qué le parece a usted eso que ustedes como maestros, empleados de otra dependencia —el IEEPO— tengan que sellar las hojas para que otro programa del gobierno otorgue recurso?", contesta:

Mire, a mí me parece que eso está mal. Yo le pregunté a mis supervisores y me dijeron que ellos nunca fueron consultados, que el programa dice que nosotros tenemos que cumplir y es como si nos pusieran de policía pero en realidad el programa a nosotros, los maestros y al IEEPO no nos dan nada. Nomás nos dicen que tenemos que cumplir con la vigilancia. Pero nosotros también somos del gobierno: a nosotros no nos dan más aulas, más recursos, nada; nomás nos exigen estar vigilando y llenando más papeles.

Como expresan sus palabras, su inconformidad no en relación con la legitimidad del programa para establecer de manera unívoca y desde arriba los términos de la corresponsalía con los beneficiarios o para establecer mecanismos de vigilancia donde los beneficiarios —como sujetos regulados y controlados por el Estado— cumplan con los requisitos que el programa impone. Tampoco expresa de manera abierta una actitud de solidaridad o identificación con la comunidad como "los de abajo" frente a frente con las autoridades del programa como "los de gobierno". El maestro de hecho reivindica su propia pertenencia al gobierno. Lo que cuestiona más bien son: a) la carga adicional administrativo-laboral que el programa implica para él como trabajador; b) el hecho de que como parte del aparato del Estado, ni la SEP como institución pública, ni el gremio de maestros fueron consultados en el diseño u operacionalización del PROGRESA; y c) el hecho que, además, el programa les exige a ellos como agentes del Estado en el espacio local sin otorgarles nada a cambio. Su cuestionamiento vierte entonces principalmente hacia la falta de reciprocidad que las autoridades de PROGRESA han manifestado hacia los otros sectores gubernamentales que el programa involucra de manera, además, impuesta.

Entre su inconformidad en cumplir con el papel de agente de control que el PROGRESA le asigna y su convicción de que los recursos del programa son necesarios, benéficos y, por lo tanto, se debe garantizar su entrega en la localidad, el maestro toma el lado de la comunidad, empujado en esto por la autoridad que supo negociar con él. El PROGRESA sufre así una redefinición en este espacio local en la que de manera efectiva se corroen algunos espacios de coerción y los rígidos mecanismos de vigilancia que el mismo programa establece.

Sin embargo, esta alianza entre la autoridad y el maestro frente al PROGRESA no se logra reproducir con Sara, la auxiliar de salud, persona originaria de la misma comunidad que representa localmente a otra dependencia gubernamental —la Secretaría de Salud— y a la cual el PROGRESA asigna, al igual que al maestro, funciones de vigilancia y control. Como ilustra el siguiente recuento, Sara adopta una actitud radicalmente distinta a la del maestro, en donde asume el papel que le asigna el programa frente a la comunidad y a las beneficiarias, negándose a flexibilizar criterios.

En el medio de la bulla, me acerco a la casa de salud, construida el año pasado con tequio de la comunidad con techo de palma y paredes de jonote en donde se encuentra Sara, la auxiliar de salud, rellenando formatos de la Secretaría de Salud y levantándose de vez en cuando para observar lo que sucede allá a su rededor. Me enseña el folleto de PROGRESA que les entrega a todas las mujeres registradas en el programa. En el folleto se indica claramente cuáles son los requisitos para entrar y permanecer en el programa, los montos de las distintas aportaciones y para qué se pueden utilizar los recursos financieros. Sara me comenta también que hay inconformidad porque hay varias familias que no fueron censadas y quedaron fuera. Le pregunto cómo le toca a ella cooperar con el programa y me contesta:

Las señoras tienen que venir a las pláticas tres veces al mes en los días en que yo las doy. Les aviso con mi papá que es mi vocal [del comité de salud de la comunidad] el día antes para que vengan. También tienen que venir a medir y pesar a sus hijos cada dos meses y ellas tienen que venir a control cuando están embrazadas [sic].

—¿Y cómo le haces con eso de las pláticas y las consultas que son obligatorias y que tú le debes de firmar la hoja de asistencia a las madres? "Pues, tienen que venir y cumplir. Mañana voy a dar plática y sí van a venir, ya les mandé a avisar con mi papá."

En las palabras que siguen, se entrevé que Sara ha vislumbrado una posibilidad de reforzar su autoridad en el ejercicio de sus funciones como auxiliar de salud de la comunidad gracias al poder que el programa le otorga; poder que ella planea ejercer.

En su narrativa, Sara aduce su afiliación laboral y lealtad gremial e invoca la línea de mando en la que está inmersa en una posición de subordinación como justificaciones formales de su negativa a firmar y sellar listas de asistencia a sus pláticas en casos de mujeres ausentes.

A mi pregunta: "¿Y si una mamá falta a una consulta o plática o a pesar y medir a los niños, le firmas la hoja de todas formas para que no pierda el apoyo o no se la puedes firmar?", contesta: "No se la puedo firmar. Mi supervisora me dijo que yo no la firmara y no la sellara. Es que yo dependo de la Secretaría de Salud¹⁷ y tengo que hacer lo que ellos me dicen."

Invoca además la corresponsalía de las mujeres beneficiarias frente al programa de asistir obligatoriamente a las pláticas como justificación de su negativa a flexibilizar su posición. A mi pregunta: "¿Entonces tú no vas a firmar y sellar si alguien falta?", contesta: "No, porque es responsabilidad de ellas asistir. Si pierden el recurso es por culpa de ellas."

A diferencia del maestro, con Sara la posibilidad de ejercer presión por parte de la autoridad para que ella flexibilice los mecanismos de control del programa en sus manos y, así haciendo, actúe de manera solidaria con las señoras en el cumplimiento de sus funciones, se encuentra visiblemente restringida. En realidad, la razón de fondo de su negativa tiene que ver con circunstancias totalmente externas al PROGRESA. En la relación de poder entre la autoridad y la auxiliar los márgenes de maniobra para negociar de la primera están a un mínimo histórico gracias a que la auxiliar recientemente sufrió agravios personales en la resolución de los cuales pidió la intervención de la autoridad pero esta última no quiso intervenir. Que este conflicto esté en el origen de la adopción de una actitud más intransigente por parte de la auxiliar frente a la posibilidad de flexibilizar algunos de los mecanismos de control del programa en los que ella tiene injerencia y autoridad, resulta evidente en los siguientes párrafos.

En mi conversación con Hermenegildo le pregunto: "¿Y con Sara, qué dijo ella [para lo de PROGRESA]?", él me contesta:

Con ella hay más problemas porque sabe tuvimos ese problema con lo de su novio que era de fuera, de San Isidro y los muchachos de aquí, sabe, no les gustan los de fuera, y lo trataron mal, le hablaron fuerte y hubo empujones y Sara se enojó e ya [sic] no quiere colaborar con la organización. Presentó demanda. Ahora con ella es difícil hablar porque está enojada pero, bueno, ella tiene que entender que también tiene que firmar y sellar para que ninguna mujer queda afuera. Vamos a hablar con ella, pues tiene que entender.

En mi conversación con Sara le pregunto: "¿Y te han hablado las autoridades para decirte que mejor sí firmaras las hojas para que las mujeres no perdieran el recurso?", ella me responde:

]]> Sí me han hablado. Hermenegildo me dijo que firmara y sellara. Pero yo no le respondo a ellos, yo respondo a mi supervisora, a la Secretaría. Ellos no me pagan, ¿qué sí? A ellos no les debo nada, mientras que yo tengo que cumplir órdenes de mi supervisora, de la Secretaría. Además ellos conmigo se han portado muy mal, cuando vino mi novio a visitarme le pegaron los muchachos de aquí nomás porque son muy groseros y no les gustan los muchachos de fuera e yo fui a quejarme con la autoridad pero no les hicieron nada a los muchachos entonce [sic] le puse demanda. A ellos no les debo nada y no les voy a hacer favores.

A mi comentario: "...tal vez, no es tanto de hacerle el favor a ellos [las autoridades] sino a las madres que por alguna razón a veces no puedan asistir y si no se les sella la hoja pueden perder el recurso", Sara contesta:

Pero es que tienen que venir. Aquí se les revisa, aquí se les da pláticas para que vivan más limpio en su casa, para que no enfermen tanto, a ver si ahora con eso del programa sí me van a hacer caso.

En su respuesta, aduce nuevamente la corresponsalía de las mujeres frente al programa, los beneficios para ellas que las pláticas deberían conllevar para poder tener una mejor "calidad de vida" y su intención de usar el poder que el PROGRESA le confiere para que su autoridad y legitimidad como agente de salud adquiera nuevo brillo en el entorno local.

Olinalá, Guerrero; Agustín Estrada

Por otro lado, Sara se ha distinguido en Santa María por promover la vigilancia nutricional de los niños, no sólo ahora como auxiliar de salud de la Secretaría sino también como promotora de la organización regional. Ha recibido capacitación sobre salud y nutrición infantil en múltiples ocasiones y ha participado activamente en la distribución de suplementos alimenticios que la organización regional promovió para los niños desnutridos. Ahora con PROGRESA asume también la responsabilidad de seguir con la vigilancia nutricional periódica de los menores de cinco años y con la distribución de la "papilla", el suplemento que PROGRESA provee. Las indicaciones del programa son claras y estrictas con respecto a cuáles niños deben de ser beneficiarios del suplemento: todos hasta los dos años y sólo aquellos que presenten algún grado de desnutrición de los dos hasta los cinco años. Dentro de la lógica de focalización del PROGRESA, después de los cinco años de edad no vale la pena invertir en suplemento alimenticio infantil porque si los niños están desnutridos el proceso es ya irreversible.

Al preguntarle a Sara sobre su participación en el programa con respecto a la distribución del suplemento, me contesta:

]]> Pues, sí tuve papilla y les di pero ya se me acabó. Dice la supervisora [la enfermera supervisora de la clínica de una localidad aledaña de la cual Sara depende] que ya va a llegar otra vez pero ahora no tengo [...] Nomás tuve una vez que me dieron varias cajas [el programa de hecho lleva sólo tres meses de haber iniciado]: les di a todos los niños que estaban mal, que tenían desnutrición pero sólo hasta los cinco años. También les di a las señoras que están embrazadas [sic] o amamantando porque así dice el programa. Es para ellas para que tenga un bebé sano o mucha leche, pero ellas lo reparten a todos los niños en su casa, no se lo toman. Ni modo de decirles que no lo hagan porque de todos modos lo hacen. ¿Cómo se lo va a tomar ella si sus hijos lo quieren? Está rico, yo lo probé, viene de sabor fresa, vainilla y chocolate. Una mamá se lo prefiere dar a ellos y, ¿quién la puede regañar por eso?

A mi pregunta: "¿Oye, Sara, y si un niño que tiene, digamos, seis años y tiene desnutrición severa, a él no le puedes dar la papilla? Por ejemplo, Martita, la hija de Cecilia, u Ornar, el hijo de Elvira, que acaba de cumplir cinco años y está muy desnutrido", me contesta: "Pues, no, porque el programa no te deja." Pero, al preguntar más a fondo, me confiesa que en realidad sí les da porque, como dice ella: "Cómo le haces, ves que el niño está mal y tengo aquí papilla y tiene hambre y en su casa no hay de qué comer..."

A diferencia del PROGRESA, Sara reconoce que la distribución de un suplemento alimenticio en el espacio de Santa María no es sólo una cuestión de mediciones antropométricas, tablas de crecimiento, grados de desnutrición y grupos focalizados sino también un problema de sentir hambre, de comida insuficiente y de compartir y repartir entre todos lo que hay en el fluir de la vida cotidiana en cada hogar. Es una realidad de todos los días que ella conoce personalmente y que contrasta con el planteamiento del programa. Es justamente en esta intersección entre realidad y normatividad que la inflexible Sara llega a ser cómplice de la comunidad y hasta rompe ella misma el reglamento establecido por el PROGRESA: conoce, tolera y justifica la redistribución de la papilla que ocurre al interior de los hogares y modifica además ella misma una de las acciones del programa, acción que hasta para ella es demasiado rígida.

Además de los representantes locales de la SEP y la Secretaría de Salud, el programa establece un tercer agente de control en la comunidad: el promotor PROGRESA. Según el planteamiento del programa, esta figura es la que debería de asumir directamente un papel de vigilancia al interior de la localidad para que los recursos PROGRESA se apliquen exclusivamente para los fines que están permitidos. En Santa María, al igual que las 30 000 localidades en que el programa está actualmente operando en México, se le ha pedido a la comunidad seleccionar una persona que asuma ese papel como prerrequisito para que el programa comience a funcionar. En asamblea los ciudadanos tuvieron que escoger y me comentan que nadie inicialmente quiso asumir el cargo. Se nombró a Sara y ella se negó rotundamente a aceptar. Ella misma lo relata:

¡Ay! Aquí nadie quiso. Me dijeron a mí pero les dije que no. Nomás puros problemas. Finalmente nombraron [en asamblea comunitaria] a María. Pero ella no quería tampoco... Es que ese cargo es puro lío [...] Te dicen que tienes que ir a vigilar en las casas que las señoras compren con el recurso puro alimento o ropa y zapatos para los niños que van a la escuela. Que no se puede utilizar el recurso para otra cosa Que si lo usan para otra cosa la promotora los debe de denunciar. Eso crea muchos problemas y nadie se quiere meter a vigilar a los demás. ¿Para qué? ¿Para crearse problemas? ¿Para qué meterte en la vida de los otros? Ya suficientes conflictos hay para que nos metan en más. Además ni te pagan. María tuvo que aceptar porque en la asamblea le dijeron que tenía porque si no, no nos iban a dar el recurso pero está muy enojada y dice que ella no va a ir a las casas.

Preguntando unos días después a María acerca de su nombramiento, efectivamente ella declara su profunda inconformidad por haber sido forzada a aceptar el cargo. Expresa sin embargo, que: "Acepté porque alguien lo tenía que hacer si no nos quitan el recurso". Y añade:

Las autoridades me dijeron no preocuparme porque no tengo que ir a las casas a ver qué se hace con el recurso. ¡Imagínate, meterme a las casas de los demás como policía! Puro problema. Ellos dicen que nadie nos puede ponernos a ser policías para el gobierno dentro de nuestro pueblo. Que nomás hay que nombrar [el promotor] para cumplir con lo que piden los del programa.

A través de las declaraciones de Sara, María y de las autoridades locales se muestra de manera clara y contundente en dónde, de manera consensada, el pueblo le pone el alto a las pretensiones del programa de vigilancia y control en el espacio local. En Santa María se cumple con el requisito para poder obtener los beneficios, pero se vacía de contenido a la figura del promotor, restringiendo sus funciones a un papel puramente formal. Es interesante notar la articulación que por lo menos algunos locales expresan entre gobierno y programa asociando la vigilancia del PROGRESA en la comunidad a una función de control del gobierno en el espacio local. Es justamente cuando y donde el Estado quiere extender su función de control y vigilancia hasta los espacios íntimos y privados de la unidad doméstica —qué, para quién y con qué dinero se compran y se consumen los alimentos, la ropa, los cuadernos y los zapatos— que la colectividad se opone y resiste de manera efectiva a estas medidas, desvirtuándolas y vaciándolas de su contenido.

CONCLUSIONES

El PROGRESA es un programa engendrado dentro de la política e ideología neoliberal que el gobierno mexicano ha adoptado de manera creciente desde hace algunos años. Es un programa de Estado con dimensiones prácticas y discursivas de gran relevancia que tiene un potencial de impacto amplio y profundo al interior de comunidades indígeno-campesinas como Santa María. Para la mayoría de los hogares, la inyección de recursos monetarios y la aportación de suplementos alimenticios que el programa promete conllevar puede contribuir a garantizar que las necesidades alimentarias básicas estén satisfechas y que la desnutrición logre disminuir de manera significativa. Los impactos potenciales positivos del PROGRESA, sin embargo, deben de ser examinados en balance con otros impactos negativos que el programa genera en el espacio local. Entre estos últimos, se encuentran algunas de las dinámicas comunitarias que el programa crea en su espacio de ejecución; dinámicas que he analizado en este trabajo.

Como hemos visto, PROGRESA opera explícitamente de manera vertical, sin ninguna participación real por parte de los beneficiarios o la comunidad.¹⁸ Al ser los beneficiarios las unidades domésticas familiares, el programa hace a un lado las estructuras de organización y de decisión locales, promoviendo de hecho una individualización de la relación entre beneficiarios y el Estado, sin pasar a través de la mediación que la organización comunitaria históricamente ha representado y proporcionado en la relación entre los campesinos indígenas y los programas de apoyo del gobierno mexicano.¹⁹ Es en esta disyuntiva que las autoridades de la localidad como representantes de la colectividad buscan espacios de maniobra para poder incidir en el manejo del programa y amortiguar algunos de sus impactos que se perciben como mayormente injustos y potencialmente conflictivos para el contexto comunitario.

Una de las lógicas que sustenta la vida comunitaria es la redistribución interna de los recursos gubernamentales de manera equitativa entre todos los hogares o de acuerdo con las reglas que se establecen por consenso en asamblea.²⁰ El PROGRESA anula de facto este principio y fomenta conflictos en dos formas. Primero en excluir de sus beneficios a hogares, en muchos casos, sin justificación alguna.²¹ En segundo lugar, otorgando recursos monetarios y en especie de manera diferencial entre los hogares e individuos beneficiados, de acuerdo a una lógica de operación e impacto que no sólo no coincide, sino que abiertamente contrasta con la lógica que rige a la comunidad en el manejo de los recursos y apoyos gubernamentales.

El PROGRESA identifica a los campesinos como "pobres" y, como tales, los transforma en objetos legítimos de intervención y regulación orquestada desde arriba. Así establece mecanismos de coerción y funciones de vigilancia en la localidad creando figuras o utilizando otras ya existentes como agentes de control. Este constituye de manera obvia un proceso de difusión del poder por parte del Estado que nos recuerda la visión del Panóptico de Foucault (1977).

Sin embargo y de manera crítica hacia las concepciones foucaultianas de un poder difuso y penetrante, estos proyectos de poder son interacciones materiales. Como tales se topan con límites en su capacidad de penetrar y volverse totalizantes; límites que se dan precisamente en la especificidad histórica y espacial de cada intervención. Con PROGRESA es justamente en las interacciones cotidianas entre los y las distintas participantes —las autoridades locales, los representantes del sector educativo y de salud, los beneficiarios y beneficiarias y aquellos y aquellas que fueron excluidos del programa— que se juegan y alcanzan los límites de penetración del programa en el espacio local. Éste es el proceso que acabo de describir en este ensayo y alrededor del cual considero importante enfatizar tres últimos puntos.

En primer lugar, el PROGRESA aun con márgenes es-tructuralmente establecidos mucho más restringidos que otras intervenciones del Estado que lo antecedieron, sigue sujetándose a lógicas y dinámicas internas del entorno local. En este entorno, los sujetos sociales que integran a la comunidad logran organizar respuestas que no sólo limitan sino transforman al programa. Aun si no se logra —de hecho, ni se intenta— alterarlo radicalmente, sí se modifican aspectos que se perciben como problemáticos para que el programa se pueda volver más flexible frente a las necesidades e inquietudes locales. En el proceso, por ejemplo, se logra invertir parcialmente la tendencia hacia la anulación de la estructura y organización comunitaria como espacio de autoridad y decisión; anulación que el PROGRESA promueve de facto.

En segundo lugar, las posiciones que adoptan aquellos que el programa identifica como sus agentes reguladores locales están guiadas por múltiples motivaciones personales y profesionales, a veces contradictorias entre sí, entre las cuales una adherencia o rechazo a la ideología y/o práctica del programa no es necesariamente la más importante. Como hemos visto, algunas de las motivaciones que guían a estos individuos en adoptar posiciones específicas frente a su manejo del programa, son externas al PROGRESA. En algunos casos, se entremezclan valoraciones del programa con otras personales de tipo profesional o laboral, como en el caso del maestro y, en medida menor, de la auxiliar de salud. No es hasta cuando el programa amenaza violar el espacio privado del hogar que se articula el rechazo en un lenguaje de valoración ética; posición por cierto que se expresa por consenso e involucra prácticamente a todo el colectivo que constituye la comunidad.

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* A Fernando Guadarrama y Emma Beltran les doy mis agradecimientos por haberme inspirado este título.

¹ La política pública del Estado mexicano posrevolucionario hacia el agro campesino tiene una larga trayectoria histórica de asistencialismo que por supuesto rebasa los límites temporales del modelo económico neoliberal vigente en la actualidad. Asimismo, el combate a la pobreza como parte sustancial de la política gubernamental antecede por mucho los años noventa; véase por ejemplo los programas Coplamar (Coplamar, 1982) y sam establecidos hace más de veinte años durante la administración presidencial de López Portillo. No obstante estos antecedentes, hay un claro corte radical de filosofía con respecto a los años anteriores en el diseño de la política pública hacia el campesinado sobre todo a partir del gobierno salinista, así como en el diseño de la política de combate a la pobreza a partir de la presidencia de Ernesto Zedillo. Este corte se da con la adopción del modelo económico neoliberal en los años sucesivos a 1982, lo cual presupone el fin de políticas proteccionistas hacia el agro y la exclusión paulatina de los campesinos del desarrollo agrícola y de las relaciones de mercado (Carton de Grammont, 1995:107). Con la administración salinista se impone la segmentación de las políticas públicas hacia los productores agropecuarios en donde, bajo la lógica del libre mercado, la gran mayoría de los campesinos están excluidos de los proyectos de desarrollo económico del sector primario. Es aquí en donde la política agrícola —con sus distintos programas de apoyo a la producción— se destina únicamente a aquellos productores que se consideran "viables" —o sea, eficientes y rentables en la economía de mercado—, mientras el campesinado se identifica como "pobre" y pasa gradualmente a ser sujeto de la política social asistencial (Appéndini, 1995). Durante la administración del presidente Zedillo se acentúa aún más esta tendencia y se afina la política social dentro del modelo neoliberal. Con progresa se afirma la tendencia a la intervención focalizada como estrategia privilegiada de combate a la pobreza, bajo la concepción de que quedan bajo responsabilidad gubernamental únicamente los sectores más pobres (los cuales se identifican de manera prioritaria en el medio rural). Esta orientación contrasta con la política social redistributiva y los intentos de reactivar la economía campesina de la época de los años setenta.

² La definición de pobreza —y aún más de pobreza extrema— tiene un largo recorrido, no exento de dificultades y contradicciones. Ha respondido a intereses distintos y finalmente se ha ido construyendo en los últimos veinte años entre administración pública y academia. En la administración pública se han utilizado distintas mediciones de la pobreza, la gran mayoría con base en la canasta básica alimentaria, establecida por Coplamar en 1981, y las encuestas nacionales sobre gastos e ingresos de hogares (Boltvinik, 2000,2001; Boltvinik y Cortés, 2000; Levy, 1994; Preciado, 2000; Provencio, 1990; Torres y López, 1996). Entre las distintas mediciones, resaltan la de la cepal (que utiliza una canasta básica más amplia que la establecida por Coplamar pero supone

que los hogares gastan el 100 por ciento de sus ingresos en alimentos), la adoptada por Levy en sus cálculos sobre mediciones de la pobreza extrema en México (1994) (que utiliza la canasta básica Coplamar y que supone que los hogares en pobreza extrema gastan el 80 por ciento de sus ingresos en alimentos), la actualmente usada por progresa (parecida a la de Levy pero más restrictiva ya que supone que los hogares más pobres gastan el 100 por ciento de sus ingresos en alimentos) (progresa, 1997) y, finalmente, las rectificaciones propuestas por Julio Boltvinik, su equipo y el pnud (el método integrado de la pobreza que utiliza tanto el concepto de necesidades básicas insatisfechas como la situación de ingresos de los hogares) (Boltvinik, 2000 y 2001; Boltvinik y Cortés, 2000). Baste resaltar aquí que la medición de pobreza extrema utilizada por progresa es la más restrictiva (incluye 13.6 millones de personas en el país), pasando por la de Levy (18.8 millones), la de cepal (27.1 millones) y las distintas rectificaciones propuestas por Boltvinik (de 36.5 a 56.6 millones).

³ El hecho que tanto la medición de pobreza extrema propuesta por Levy como aquella adoptada por progresa privilegien al medio rural es ampliamente cuestionado por Boltvinik y otros académicos estudiosos de la pobreza. Véase el volumen coordinado por Valencia, Gen-dreau y Tepichín (2000), los cuales resaltan que, en números absolutos, en realidad hay más pobres extremos en los medios urbanos que rurales y que hay muchos más pobres en el país de lo que calculan progresa y Levy (Boltvinik, 2000; Boltvinik y Cortés, 2000; Preciado, 2000). Estos autores sostienen que la identificación de la concentración geográfica de la pobreza en México en el medio rural y la exclusión de cobertura de los pobres urbanos por parte de progresa es un error, consecuencia directa de la medición equivocada, restrictiva y focalizada de pobreza extrema por parte de progresa y Levy.

⁴ La política gubernamental de combate a la pobreza extrema incluye —según la definición manejada por el mismo Levy en su cargo de subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público durante la presidencia de Zedillo (Levy, 2000:438-441)— tres grandes líneas de acción: a) desarrollo del capital humano (en donde se ubica el programa progresa); b) oportunidades de ingreso; y c) desarrollo del capital físico. De acuerdo con datos proporcionados por Levy, la línea a) incluye casi la mitad del presupuesto federal de egresos. Más allá del porcentaje de gastos que el progresa representa con respecto al conjunto de iniciativas gubernamentales de combate a la pobreza extrema, queda claro que progresa es, como dice con atino Valencia (2000:135), "el programa símbolo del modelo emergente"; entre otras razones, por representar un cambio radical de orientación en la política social de un modelo universalista de intervención por parte del Estado de Bienestar a un modelo focalizado y restrictivo. Aun reconociendo que este programa no constituye la totalidad de las acciones gubernamentales en política social de combate a la pobreza extrema, sí se justifica enfocarse a él en nuestro análisis tanto por el presupuesto relativamente alto que recibe como por la visibilidad y centralidad de progresa dentro de la política social actual.

⁵ Véase más adelante el apartado sobre el programa progresa.

⁶ Aún sin desarrollar este punto en su análisis, Escobar (2000:259) menciona que no todas las decisiones de progresa se toman en la ciudad de México y que hay agentes locales (como médicos, por ejemplo) que tienen en algunos casos amplios márgenes de maniobra en tomar decisiones con respecto a los beneficios de progresa.

⁷ No se proporciona el nombre de la organización por cuestiones de confidencialidad.

⁹ Información proporcionada por el programa PROGRESA (2001). Los montos financieros incluyen los ejercicios del presupuesto del programa manejados por la Secretaria de Salud, el IMSS-Solidaridad y el Conafe.

¹⁰ La exclusión de millones de pobres de progresa se da a través de tres mecanismos de focalización establecidos por el programa: a) se excluyen a priori todos los pobres que viven en zonas urbanas (localidades de más de 2 500 habitantes); b) se excluyen a priori todos los pobres que viven en zonas rurales que no se consideran de alta o muy alta marginación, de acuerdo con la zonificación nacional de Conapo; y c) se excluyen a priori todos los pobres que viven en localidades rurales de alta y muy alta marginación que se encuentran ubicadas a una distancia mayor de cinco kilómetros de servicios escolares y/o de salud (progresa, 1997). A estos mecanismos hay que añadir la exclusión arbitraria de hogares en localidades que sí cumplen con todos los requisitos para ser integradas en el padrón progresa. Por exclusión arbitraria me refiero al hecho que hay unidades domésticas que tendrían que estar en el padrón pero que fueron excluidas en el momento del Censo inicial progresa por distintos motivos que no tienen que ver con el nivel socioeconómico del hogar. Por ejemplo, he documentado casos de hogares que fueron excluidos por ubicarse afuera del centro inmediato de la localidad, por estar ausente un adulto en el momento del censo o por el monolingüismo de los miembros presentes que les impidió contestar a las preguntas del encuestador. En ningún caso, estas anomalías han sido rectificadas posteriormente por el programa, no obstante múltiples solicitudes por parte de las autoridades municipales, los agentes médicos, los maestros o los jefes mismos de los hogares excluidos.

¹¹ Nora Lustig y Gabriel Zékely (1998) mencionan 36 programas federales para aliviar, abatir o combatir la pobreza en México en 1998.

¹² Todos los nombres han sido cambiados.

¹³ En el ámbito de la localidad, según nuestro diagnóstico nutricional por medidas antropométricas (junio de 1998) entre los menores de cinco años, el 55 por ciento presenta algún grado de desnutrición de acuerdo con el indicador peso/edad; entre los mayores de cinco años y menores de doce, este índice alcanza el 76 por ciento de acuerdo con el indicador talla/edad.

¹⁴ En promedio alcanza sólo para cinco meses en la localidad. Es importante remarcar que en Santa María los suelos están en su mayoría erosionados y el rendimiento del maíz sigue siendo muy bajo (menos de 300 kg/ha en 1997), aun si la productividad está actualmente aumentando entre los campesinos que pertenecen a la "Unión". Esta organización utiliza técnicas agroecológicas con los objetivos de alcanzar la autosuficiencia alimenticia en los próximos años y de disminuir la dependencia de los productores locales del café. Este último producto se había vuelto de fundamental importancia en la economía local durante la década de los ochenta pero ha sufrido una profunda crisis a consecuencia de la caída del precio en el mercado internacional y la descorporativización y liberalización de la economía mexicana.

¹⁵ Fueron dos o tres las becas otorgadas por salón escolar. Estas becas se otorgaban mensualmente a niños con las mejores calificaciones por el programa salinista de Niños en Solidaridad.

¹⁶ El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca.

¹⁷ De la Secretaría le pagan a Sara una cantidad de 250 pesos mensuales, pero el apoyo no es continuo y a veces el pago se atrasa meses.

¹⁹ Es importante mencionar que el rebasar las instancias comunitarias de decisión y organización a través de la asignación de los recursos progresa directamente a la mujer adulta como representante de la unidad doméstica, conlleva un cuestionamiento importante de las estructuras caciquiles de poder, control e injusticia que perduran en muchas localidades indígeno-campesinas. A este propósito nótese además que la organización comunitaria indígeno-campesina excluye en la gran mayoría de los casos a las mujeres de cualquier toma de decisión en el ámbito público.

²⁰ Sin suscribir una visión idílica y por lo demás ingenua de la organización comunitaria indígena, válgase mencionar que la estructura corporativa de muchas comunidades mesoamericanas y la tendencia hacia la redistribución económica al interior de ella ha sido reportada en muchas investigaciones etnográficas desde hace por lo menos 50 años (véase por ejemplo Wolf, 1957).Esta realidad corporativa no niega, por otro lado, que existan estructuras internas de poder y de jerarquía social que se constituyen y reconfiguran continuamente. Véase Mallon (1995) para una visión historicista-gramsciana de la constitución de la comunidad corporativa en México en el siglo XIX, con particular atención a sus dimensiones diferenciales de género y generación.

²¹ Del total de 53 hogares de Santa María (datos personales, censo 1997), 41 están recibiendo progresa. Con la excepción de un hogar que efectivamente presenta condiciones de vivienda y servicios mejores que la gran mayoría, los otros once fueron excluidos de manera arbitraria; la mayoría por localizarse en la ranchería de Las Lomas ubicada a tres kilómetros de la localidad. Un señor relata que el día que llegó el encuestador de progresa, "le dio 'flojera caminar hasta allá".