Evaluación de los programas de crédito a proyectos productivos de mujeres en Tabasco, Campeche y Quintana Roo¹

Esperanza Tuñón Pablos

Doctora en sociología. Investigadora titular en El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) Miembro del SNI nivel III.

Recepción: 15 de octubre de 2010 ]]> Aceptación: 10 de noviembre de 2010

Resumen

En este texto se evalúa el impacto en las condiciones socioeconómicas, calidad de vida y proceso de empoderamiento de las beneficiarias de los programas de crédito a proyectos productivos para mujeres desarrollados entre 2000 y 2003 por cuatro dependencias federales (Sedesol, CDI-INI, Fonaes y SRA) en los estados de Tabasco, Campeche y Quintana Roo. Así mismo, se valoran las oportunidades de desarrollo individual, familiar y comunitario de las mujeres que participan en dichos proyectos, se identifican las características de operación de los programas a fin de detectar deficiencias en su desempeño, y se sugieren alternativas viables para mejorar la implementación y el impacto social de los mismos.

Palabras clave: Género, empoderamiento, crédito a proyectos productivos, política social, México.

Abstract

In this paper we assess the impact on socioeconomic conditions, quality of life and empowerment of women who were beneficiaries of credit programs aimed at women’s productive projects. These projects were developed between 2000 and 2003 by four federal agencies (Sedesol, CDI-INI, Fonaes y sra) in the states of Tabasco, Campeche and Quintana Roo in Mexico. Likewise, we examine the opportunities for individual, family and community development of the women involved in these projects. We identified the operating characteristics of these programs in order to identify deficiencies in their performance and suggest viable alternatives for a better implementation and a higher social impact.

Key words: Gender, empowerment, credit to productive projects, social policy, Mexico.

Abordar este tema desde una perspectiva que contemple la categoría de género, entendida ésta como una de las desigualdades sociales básicas junto a las de clase, etnia y edad que se incrementan en condiciones de pobreza (González, 2001; Vázquez, 2001), permite añadir un plus a las políticas de combate a la pobreza y en particular a los programas de crédito a proyectos productivos para mujeres, en tanto que éstos constituyen un espacio donde pueden desarrollarse procesos de empoderamiento de las mujeres, siendo éstos un mecanismo indispensable para lograr alterar la actual asimetría de género vigente en nuestra sociedad.

La oportunidad de revisar las acciones emprendidas en esta línea permitirá elaborar un diagnóstico de las condiciones de atención y de las limitaciones y dificultades para la implementación de las políticas públicas en este campo, así como sugerir lineamientos y mecanismos pertinentes a efectos de fortalecer la atención a las mujeres de nuestro país que se encuentran en situación de extrema pobreza.

Las posiciones de MED-GED y el empoderamiento

Los proyectos productivos o microempresas rurales cobran relevancia a partir de la profunda crisis que afecta al país en los últimos años, y de manera especialmente aguda al agro mexicano. Cabe señalar que resulta cuestionable la capacidad y éxito de estos mecanismos de combate a la pobreza para generar desarrollo de manera generalizada, en tanto que la gran mayoría de ellos se dirigen específicamente a mujeres rurales, quienes se insertan en ellos en condiciones especialmente desfavorables, ya que viven en contextos socioeconómicos empobrecidos, con un sector rural desvalorizado, los recursos naturales deteriorados, la agricultura afectada por el proceso de globalización y la vida rural drásticamente transformada por la crisis.

El fenómeno es complejo y las soluciones se han buscado a partir de dos enfoques diferentes: uno, el de Mujer en el Desarrollo (med), que concibe a la mujer como centro del sostén de una economía de supervivencia donde ella continúa perpetuando los roles de género asignados a su sexo por su condición de "vulnerabilidad", generando la doble jornada de trabajo y convirtiendo así a la mujer en receptora pasiva del desarrollo; y dos, el enfoque de Género en el Desarrollo (GED), que parte del reconocimiento de la relación subordinada de las mujeres, toma en cuenta sus otras posiciones vitales, como la pertenencia a un grupo social, étnico y/o etario en particular, y promueve la eficiencia y la identificación de las oportunidades para mejorar la redistribución de género y equidad en las políticas, proyectos y programas de desarrollo (Young, 1991; Schmukler, 1998; Guzmán, 1998; Martínez, 2000; Zapata y López, 2005).

Cabe señalar que las iniciativas productivas y de crédito dirigidas a mujeres en México han tenido prioritariamente un enfoque de Med pero que, a partir del reconocimiento de que la mujer es un puente fundamental en la economía familiar rural, de que es necesario reforzar la cultura empresario-social de los proyectos productivos en general y de que se impone a nivel internacional la transversalización del enfoque de género en las políticas públicas, se han abierto condiciones de posibilidad para que se empiecen a incorporar en dichos proyectos algunos de los aspectos centrales del enfoque de GED. Me refiero específicamente a la capacitación en gestión y elaboración de proyectos, capacitación y asesoría técnica productiva y administrativa, investigación de las áreas productivas con posibilidades económicas de éxito, y ubicación de las regiones con mayor potencial para apoyar el empleo de mujeres (Costa, 1995).

En nuestro estudio resulta clara, por un lado, la intención discursiva de incorporar estos elementos a las normas de operación de los programas de crédito a proyectos productivos de mujeres de las cuatro dependencias que analizamos, al tiempo que son también evidentes las limitaciones y dificultades con que se enfrenta este discurso ante la realidad y operación cotidiana de los programas.

Así, si bien en las normas de operación de los programas se establece que se integrará a las mujeres desde los primeros pasos de la planificación del proyecto, se considerará su papel productivo, se identificarán los obstáculos para su participación, se diseñarán mecanismos tendientes a superar éstos mediante actividades especificas y se buscarán modos de romper la resistencia de los varones proponiendo un cambio más estructural en el equilibrio de poder entre mujeres y hombres, en la práctica acontece que en la mayoría de los casos los proyectos son impuestos a las mujeres —quienes los aprovechan como una forma de paliar su pobreza (Alberti y Zapata, 1997)—, es muy deficiente la capacitación que se les da para operarlos y no hay un seguimiento desde la perspectiva de género que pudiera potenciarlos.

Sólo así los proyectos productivos y de crédito con perspectiva de género responderían favorablemente a las necesidades e inquietudes de las mujeres de participar activamente en la esfera laboral, y al hacerlo fortalecerían el ámbito de libertades de la mujer y su derecho a decidir en función de sus intereses, contribuyendo a contrarrestar diversas discriminaciones a causa de su sexo.

Es importante señalar que el enfoque de GED pone énfasis en que la capacitación técnica debe estar orientada tanto a las mujeres como a los hombres como condición para crear un espacio de intercambio y cooperación entre los miembros de la unidad doméstica. Un elemento fundamental de este enfoque es que, a pesar de que se privilegia la cooperación reconociendo tareas ancestralmente diferenciadas entre hombres y mujeres, es necesario que haya un entrenamiento adicional para que tanto unas como otros puedan desarrollar una conciencia de la importancia del trabajo en el área doméstica y de cómo éste forma parte del sistema de la producción campesina.

Así, un objetivo del enfoque de GED está dirigido a la valorización, por parte de las mujeres y de los hombres, del trabajo femenino tanto en el complejo productivo de la parcela como en el hogar, lo que a su vez incentivará la participación de las mujeres y de los hombres en forma más igualitaria en las actividades productivas y sociales de la comunidad, así como la de los hombres en las actividades realizadas en el espacio doméstico.

Sabemos que la construcción social y cultural de género plantea como "complementarias" las actividades a cargo de las mujeres, ya que no son valoradas económica ni socialmente. Se asume que el hombre es quien trabaja y que las mujeres en la familia sólo "ayudan". Usualmente el ingreso económico generado por las actividades productivas queda en manos y bajo la decisión del hombre, quien controla el "gasto" y destina algunas veces una parte del ingreso económico a las actividades reproductivas de la unidad doméstica. La mujer, en cambio, no recibe pago alguno por el trabajo desarrollado al interior del espacio del hogar, si bien debe cubrir los costos que generan la reproducción y manutención familiar.

El enfoque GED busca contribuir al cambio de posición de las mujeres planteando medidas que satisfagan necesidades prácticas de ellas y dirigiéndolas de manera estratégica hacia intereses que permitan su empoderamiento. Este último aspecto es central para la perspectiva de GED ya que, para lograr la equidad entre los géneros, es necesario empoderar a las mujeres, es decir, dotarlas de mayor poder y control sobre sus propias vidas. Esto implica elementos de concientización, el desarrollo de la confianza en sí mismas, la ampliación de sus oportunidades y un mayor acceso a los recursos y al control de éstos.

Si bien existe un intenso proceso de análisis teórico en torno al concepto de empoderamiento, se establece que éste tiene su origen en la década de los años setenta a partir de los movimientos feministas que promovieron su uso y debate (León, 1997). El empoderamiento se refiere a formas alternativas de ejercicio del poder más allá de la coerción y la dominación propia del sistema patriarcal hegemónico (Rowlands, 1997), que es una fuerza que se ejerce de manera individual o grupal (Townsend, 2002) y que implica el control sobre los bienes materiales y recursos intelectuales e ideológicos por parte de los sujetos (Batliwala, 1997).

De aquí que el término empoderamiento resulte relevante en los procesos de desarrollo toda vez que, como dice Rowlands (1997), constituye un paso más en la búsqueda de la equidad y su carecer dimensional, complejo y abarcador redunda en el fortalecimiento de habilidades que permiten la acción y la conversión de las mujeres en agentes de su propio desarrollo.

El empoderamiento surge sin duda del interior de los sujetos (mujeres y hombres), y en este caso son las mismas mujeres las que se empoderan. Los "agentes externos", sean éstos miembros de organizaciones no gubernamentales, académicos o técnicos y operadores de los programas gubernamentales, no pueden empoderar a las mujeres y lo más que pueden hacer es contribuir a la operatividad del proceso, simplificando la comunicación de las necesidades y prioridades de las mujeres y fomentando un desempeño más activo de ellas en la promoción de estos intereses y necesidades.

Desde el enfoque GED, el análisis de las relaciones de poder entre mujeres y varones en todos los aspectos de la vida se hace con el propósito de establecer las estrategias que deben utilizar las mujeres para lograr tener acceso y control de los recursos políticos, económicos y productivos, así como el control del empleo del tiempo y el acceso a los beneficios para las familias y las comunidades. En esta lógica se entiende como "acceso" a los recursos la oportunidad de usar o participar en algo, y como "control" sobre ellos la habilidad para definir su uso y hacer valer su decisión ante otros.

Análisis de los programas en México

Aranda (2000), Barrón (s/f), Kusnir (1999), Zapata y Mercado (1996) y Fernández (1995), entre otras autoras, han realizado serias revisiones históricas y elaborado críticas contundentes sobre el papel de los programas de crédito para proyectos productivos en México desde los años ochenta, mostrando la irreal incorporación de la perspectiva de género en su operación y el sostenimiento de las normas hegemónicas de género, al asumir que es el rol reproductivo de las mujeres al interior de sus grupos domésticos lo que las hace resolver las necesidades económicas mediante el autoempleo y la buena administración de los ingresos.

Estas autoras también señalan que, por lo general, los proyectos productivos apoyados son poco rentables económicamente, representan sobrecargas de trabajo para las mujeres y no les garantizan el acceso a recursos como la tierra y el crédito (Zapata y Mercado, 1996), y que entre los elementos de fracaso de las microempresas productivas rurales se encuentran la falta de asistencia técnica, aunada a la inexperiencia de los grupos de mujeres referente a la producción, comercialización y financiamiento (Kusnir, 1999), con lo que se cuestiona la posible transformación de las mujeres campesinas en microempresarias (Zapata y Mercado, 1996).²

Cabe decir también que en esta revisión se reconocen algunos intentos gubernamentales por mejorar la eficacia de los programas, tales como la implementación de la planeación participativa que impulsó Mujeres en Solidaridad (Aranda, 2000), y se cuestiona la pertinencia de la utilización del término microempresa, en tanto que éste implica una lógica netamente económica que está ausente en los proyectos productivos entendidos más bien como empresas sociales que incorporan la dimensión social de la creación de espacios para las mujeres productoras (Zapata y Mercado, 1996).

De manera paralela a estos análisis de carácter general, existe también una serie de estudios de caso que, reconociendo el peso del enfoque de MED y no de GED en los programas y compartiendo las críticas elaboradas a los mismos, apuntan a señalar que en las experiencias desarrolladas pueden propiciarse condiciones básicas de posibilidad para generar procesos de empoderamiento entre las mujeres beneficiarias, que sin embargo son todavía limitados, lentos y heterogéneos.

Entre estos estudios, para la región sureste del país, se encuentran los textos de Vázquez et al. (2002), Meza et al. (2002) y Enríquez et al. (2003), quienes han realizado análisis particulares localizados territorialmente. A partir de ellos, este texto busca conocer e interpretar estos procesos, no mediante estudios de caso, sino del análisis de la operación de los programas de crédito para proyectos productivos de mujeres impulsados por cuatro dependencias federales, con la intención de develar la posibilidad de que estén propiciando procesos de empoderamiento entre las mujeres beneficiarias.

Metodología

Para realizarlo se desarrollaron instrumentos de corte cuantitativo y cualitativo, entre los que destacan: cuestionarios grupales y entrevistas a las mujeres socias, a los familiares y a los directivos, responsables y técnicos de las dependencias. Cabe señalar que un total de 632 mujeres participaron en el estudio y que el promedio de mujeres por proyecto productivo apoyado con crédito fue de seis.

Resultados

Por institución financiadora destaca que el porcentaje de las mujeres con secundaria apoyadas por Fonaes es el mayor (30%) y que por su parte el CDI apoya al mayor número de mujeres sin escolaridad.

Aproximadamente 35% de los grupos de mujeres que desarrollan proyectos productivos han tenido alguna experiencia previa en este tipo de actividad: 36.3% en el rubro agrícola, 35.1% en el pecuario y 33.3% en el artesanal. La gráfica 1 muestra la distribución por estados.

Cabe mencionar que entre 70 y 80% de los proyectos fueron iniciados por invitación y sólo 22% en promedio respondieron a iniciativas propias de las socias. Lo anterior se distribuye en 13.3% para el caso agrícola, 27.7% para el pecuario y 16.6% para el artesanal. La gráfica 2 muestra este comportamiento por instancia financiadora.

La mayoría de los proyectos de crédito productivo en Campeche fueron gestionados mediante la organización previa del grupo, mismo que acudió después a la fuente financiadora (71.4% para el rubro agrícola, 51.4% para el pecuario y 54.5% en el artesanal), mientras que en el caso de Tabasco alrededor de 35% de sus apoyos fueron gestionados por las autoridades locales o solicitados a partir de la visita a la comunidad realizada por personal de la institución. En el caso de Quintana Roo, los dos mecanismos de gestión privilegiados y que muestran porcentajes similares son la organización previa del grupo y la promoción de los apoyos por parte del personal de la financiadora, estando ausente el recurso de gestionar mediante la autoridad local.

Para la elaboración del proyecto que se busca que sea financiado destaca que la SRA es la dependencia que da más asesoría (92.9%) para atender este rubro, seguida del Fonaes (78.6%), la CDI (70.4%) y, en el último lugar, la Sedesol (46.7%). Cabe señalar que existe una normatividad diferenciada en este aspecto en cada una de las instancias estudiadas: mientras el Fonaes y la CDI asumen con personal propio la asesoría para la elaboración de los proyectos, la SRA atiende este aspecto a partir de la asesoría que ofrecen directamente las organizaciones campesinas a las que apoya con proyectos de crédito productivo, y la Sedesol contrata a diversos despachos que asesoran a los grupos que serán financiados.

Por otra parte, alrededor de 60% de los grupos han recibido algún tipo de capacitación para el desarrollo de sus proyectos: 63.6% en los casos agrícolas, 66.6% en los pecuarios y 58.3% en los artesanales. Los porcentajes de esta capacitación por estado y giro productivo se muestran en el cuadro 5.

El tipo de capacitación que más se ofrece es la técnica, en los rubros agrícola y pecuario (alrededor de 60%), y la que menos se da en los tres rubros es la referida a temas sobre mujeres, que no llega en ningún caso a 20%. Entre estos extremos se encuentra la capacitación de corte contable, que alcanza a la mitad de los proyectos pecuarios y poco menos de los artesanales, y la organizativa, que ronda el 30% en los tres rubros (cuadro 6).

Por estados, resulta que Quintana Roo es la entidad que más capacitación de los cuatro tipos considerados da a los grupos de mujeres organizadas en torno a proyectos de crédito productivo, alcanzando a casi 80% de los mismos en lo referente a capacitación técnica y contable; a poco más de la mitad en el caso de la organizativa, y casi a 40% en temas sobre mujeres (cuadro 7). Es posible que lo anterior se deba al perfil particular de los operadores de los programas en esa entidad, que en su práctica cotidiana asumen con mayor responsabilidad la tarea de capacitar a los grupos apoyados.

Atendiendo a la instancia financiadora, destaca que la CDI es quien otorga mayor capacitación contable a sus grupos, al igual que la SRA hace lo propio con la de tipo técnica, mientras que en general resulta muy escasa la que se otorga en cuanto a temas sobre mujeres: 18% en promedio (cuadro 8).

Cabe señalar que existen grandes diferencias en torno al porcentaje de grupos apoyados con capacitación por cada dependencia en los diferentes estados, lo que nos sugiere que la capacitación, más que responder a una política institucional claramente definida, depende en mucho de los operadores locales que instrumentan los programas.

Si bien alrededor de 90% de los grupos de mujeres apoyados con estos créditos reportan que sí les sirvieron estas capacitaciones (95.8% para la técnica, 93.3% para la organizativa, 94.1% para la referida a temas sobre mujeres y 88.4% para la de tipo contable), también señalan que fueron pocas e insuficientes, ya que en 66% y 50% de los casos de las capacitaciones contable y técnica respectivamente, éstas se impartieron en un solo día o menos y sólo la organizativa y sobre mujeres tuvo una duración de más de un día (63% y 66% respectivamente). En este punto cabe cuestionar si, más allá de la percepción de las mujeres, lo anterior responde realmente a una capacitación o si son sólo pláticas acerca de los temas, así como si con capacitaciones de estas características se puede lograr cambios e impactar en el desarrollo de los proyectos.

Acerca de la valoración de la organización de los grupos, 77% de éstos consideran que ésta es buena: 72.7% los grupos agrícolas, 85% los pecuarios y 62.5% los artesanales. Por estados, el considerado mejor es Quintana Roo (92.3%), seguido de Tabasco (78.1%) y Campeche (72.2%). Por institución financiera, en orden decreciente es como sigue: SRA 92.8%, Sedesol 80%, CDI 70.3% y Fonaes 64.2.

Destaca que 60% y 56% de los grupos agrícolas y artesanales, respectivamente, que venden su producción lo hacen en la propia comunidad y que, en el caso del giro pecuario, esta actividad se diversifica entre la venta a intermediarios o coyotes (42.8%) y en la comunidad (39.2%) (cuadro 9). Lo anterior sin duda se relaciona con el tipo de producto que se obtiene en cada actividad, ya que los grupos agrícolas y artesanales producen generalmente alimentos básicos y artículos utilitarios, respectivamente, para uso doméstico, mientras que los pecuarios en sus diferentes tipos (cerdos, aves, bovinos) encuentran un mayor mercado en otras comunidades y mercados locales.

Poco más de la mitad de los grupos señalan que perciben ingresos a partir de su actividad (54%), y las diferencias por giro productivo son notables: mientras 83.3% de los grupos artesanales reportan percibir algún tipo de ingreso de su actividad, sólo aproximadamente 45% de los grupos dedicados a la agricultura y al rubro pecuario (45.4% y 44.4% respectivamente) reportan eso mismo. Por institución, 40.7% de los proyectos apoyados por Sedesol, 31.5% de los de la CDI, 18.5% de los de Fonaes y 9.3% de la SRA reportan recibir ingresos.

Se debe señalar que estos ingresos son en general precarios, ascienden a 650 pesos en promedio, oscilando entre 5 000 pesos en el rubro pecuario y menos de 100 pesos en el rubro artesanal. La gran mayoría recibe menos de 1 000 pesos por ciclo,⁴ lo que equivale a aproximadamente 20 salarios mínimos diarios (gráfica 4). Varias preguntas surgen de esta información: ¿Qué significa este ingreso para las familias? ¿Por qué las mujeres siguen atendiendo el proyecto si les genera tan pocos ingresos? ¿Se está realmente abatiendo la pobreza con acciones que tienen estos resultados? Al respecto se debe decir que este relativo bajo ingreso contribuye a atender necesidades básicas de equipamiento y bienestar de los hogares en extrema pobreza y que, en muchos casos, esto significa el poder contar con piso de material en lugar de piso de tierra y/o con bomba que garantice el abastecimiento de agua en el hogar.

Aunada a la posibilidad de poder contar con estos activos, la actividad que desarrollan las mujeres en los proyectos productivos redunda en una valoración diferenciada de su papel social en la comunidad y abre condiciones de posibilidad para que se den procesos de mayor autoestima y empoderamiento de su parte, si bien es también necesario señalar que la atención del proyecto representa para ellas una mayor carga de trabajo cotidiano.

Respecto del proceso de empoderamiento señalado, destaca que mientras las mujeres de casi la mitad de los grupos estudiados (47%) deciden por sí mismas en qué gastar los ingresos que les reporta su actividad productiva, por giros el que registra una menor participación de este indicador de empoderamiento es el agrícola (27.2%), seguido por el pecuario (35.1%) y contrastando grandemente con el giro artesanal (83.3%).

Con respecto al destino de los ingresos obtenidos por la actividad económica, destaca que en el giro agrícola es donde se muestra una mayor diversificación del gasto, incluyendo el ahorro, frente al pecuario, en el que más de la mitad de los ingresos (51.8%) se dedica al proyecto mismo y presumiblemente a pagar el crédito otorgado (gráfica 5). Por institución, este último destino de los ingresos alcanza a la mitad de los proyectos financiados por el Fonaes y a 40%, 27.8% y 20% de los apoyados por Sedesol, CDI y SRA respectivamente. Consideramos que en estas diferencias contribuye de manera decisiva la distinta política institucional de búsqueda de recuperación del crédito otorgado, o bien de considerar los apoyos como fondo perdido.

Acerca de la operación de los proyectos por parte de las mujeres, en 87% de los casos las mujeres de los grupos cuentan con alguna ayuda familiar (normalmente del esposo y los hijos) para desarrollarlos, siendo esto más notorio en el rubro pecuario (98.1%) que en el agrícola (86.3%) y el artesanal (62.5%).

Atendiendo a otros indicadores de empoderamiento, en lo que se refiere a la opinión que tienen los esposos acerca de la actividad productiva de las mujeres, 83% de ellos reportan una opinión favorable, siendo ligeramente menor el porcentaje en el rubro agrícola (77.2%). Las mujeres informan que también 79% de las familias y 40% de los vecinos (50% en los grupos artesanales, 54.5% en los agrícolas y apenas 29.6% en el caso de los pecuarios) tienen una opinión favorable de su trabajo.

Sobre los eventuales problemas que pueden tener las mujeres por participar en los proyectos productivos, 23% de ellas reportan que sí los tienen, y de éstas, 34.7% los tienen con el esposo y 65.2% con los vecinos. 95.6% de los casos señalan que estos problemas tienen que ver fundamentalmente con celos y envidias.

Uno de cada dos grupos de mujeres (52%) señala que los pro yectos de crédito productivo han contribuido a mejorar de alguna manera su forma de vivir, contra 44% que reportan que éstos no han contribuido en nada a mejorar su vida.⁵ La valoración positiva alcanza casi 80% en el sector artesanal, 50% en el pecuario y 23.5% en el agrícola (gráfica 6).

Del total de las mujeres de los grupos, 65% consideran que no han descuidado a sus hijos por atender los proyectos productivos, y 43% opinan que han aumentado sus actividades de gestión desde que participan en el proyecto (gráfica 7).

Considerados por giro productivo y también por instancia financiadora, 64% de los grupos plantean que desearían que su proyecto productivo creciera en el futuro. Sólo en el rubro agrícola se manifestó la intención de que el grupo desapareciera y terminara su actividad, lo que posiblemente se debe a que la agricultura es, de las tres actividades desarrolladas, la de mayor riesgo, atribuible a causas naturales (gráfica 8).

Por último, 75% de los proyectos de crédito productivo estudiados se mantienen activos, de los cuales poco más de la mitad (54.5%) corresponden al sector agrícola, 75.9% al pecuario y 91.6% al artesanal. Por instancia financiadora, 78.5% de los grupos apoyados por el Fonaes, 66.6% de los de la CDI, 80% de Sedesol y 100% de la SRA continúan activos (gráfica 9).

En otro nivel de análisis⁶ se puede señalar que los factores que incrementan la probabilidad de que los proyectos de crédito productivo sean exitosos —considerando éstos a partir de los indicadores: 1) muestran permanencia en el tiempo, 2) han logrado la participación familiar durante su desarrollo, y 3) destinan sus ingresos a activos domésticos y a reinvertir en el proyecto—⁷ son el haber contado con algún tipo de asesoría para desarrollar el proyecto y haber recibido capacitación organizativa y de tipo contable.

Así, el haber recibido asesoría para elaborar el proyecto incrementa dos veces la probabilidad de que los proyectos productivos posibiliten la participación familiar, el haber recibido capacitación contable incrementa dos veces la probabilidad de que los proyectos permanezcan, y el haber recibido capacitación organizativa incrementa cuatro veces la probabilidad de que los ingresos se destinen a activos domésticos y a reinvertir en el proyecto. En el hecho de que los proyectos sean un éxito también interviene —aunque no con probabilidad estadística— el que reciban capacitación técnica y en temas sobre mujeres. Cabe señalar que si estos resultados se derivan de una escasa e insuficiente capacitación como vimos más arriba, el fortalecer y atender seriamente este aspecto puede representar un cambio sustantivo en el impacto social de estos programas.

Siguiendo con este análisis y aplicándolo a los factores que incrementan la probabilidad de que las mujeres productoras vivan un proceso de empoderamiento gracias a sus proyectos productivos —considerando éste a partir de estos indicadores: 1) ellas mismas deciden en qué gastar los ingresos provenientes de su actividad, 2) cuentan con la opinión favorable de sus maridos, y 3) participan en alguna actividad más en la comunidad—, resulta que el factor que más influye es el haber gestionado directamente el proyecto productivo —lo que incrementa dos veces la probabilidad de contar con la opinión favorable del marido— y, sin tener una probabilidad estadística, también el de haber recibido capacitación contable y en temas sobre mujeres.

Conclusiones

De acuerdo con los objetivos planteados en este estudio, se constata que:

Si bien los proyectos de crédito productivo no resuelven la situación de pobreza de las mujeres, sí contribuyen al beneficio general de las comunidades y dan la oportunidad para que se den procesos de empoderamiento entre las mujeres y de relativa modificación de los roles genéricos en las familias.

La experiencia previa de las mujeres en proyectos de este tipo, la iniciativa propia para gestionar el recurso y el contar con asesoría y capacitación específica según sus necesidades, son elementos claves para el éxito de aquéllos.

La valoración general de los grupos de mujeres acerca de su actividad es positiva, reportan ingresos variables que en general destinan al consumo y a atender sus más precarias condiciones de vida, y plantean el deseo de que sus proyectos productivos crezcan y se consoliden.

Entre los obstáculos existentes para el éxito de los proyectos se encuentran: que las instancias financiadoras comúnmente otorgan el crédito a líneas de acción predeterminadas que no siempre coinciden con las demandas del grupo solicitante; que el crédito no contempla los insumos secundarios necesarios para el desarrollo de la actividad; que es deficiente el estudio de factibilidad de mercado para los productos generados, y que las dependencias dan un pobre seguimiento a los proyectos y otorgan una muy deficiente y esporádica capacitación a los grupos, lo que reduce el impacto esperado.

En aras de lograr un mejor impacto de los programas y que redunde en el bienestar y proceso de empoderamiento de las mujeres se impone:

Integrar a las mujeres desde los primeros pasos de la planificación de los proyectos.

Considerar sus iniciativas, necesidades, tiempos y aspiraciones.

Diseñar capacitaciones específicas para las mujeres e impartirlas tomando en cuenta sus condiciones particulares, de manera que tengan un impacto real en el desarrollo de habilidades y actitudes.

Identificar y atender los obstáculos para la participación de las mujeres.

Sensibilizar a los técnicos y operadores medios sobre la importancia y especificidad del trabajo de y con las mujeres, para que, al ser estos agentes los que mantienen el contacto directo y cotidiano con ellas, se pueda multiplicar el impacto de los programas.

Lograr que las mujeres se apropien del proyecto mediante la realización de las siguientes prácticas:

• Talleres participativos.

• Visitas domiciliarias.

• Capacitaciones en sus espacios y tiempos.

• Intercambios de experiencias con otras mujeres.

• Seguimiento puntual del proceso por técnicos de los despachos y/o cuadros medios de las financiadoras.

• El incremento de la participación de las mujeres en la toma de decisiones.

• El fortalecimiento de la capacitación técnica, administrativa, de organización y en temas sobre mujeres.

• La evidencia de la participación de las mujeres en la economía familiar, mediante el seguimiento del destino de los ingresos del proyecto productivo.

• El aprendizaje de recursos por parte de las mujeres, y el desarrollo de sus habilidades para interrelacionarse dentro y fuera de su comunidad.

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¹ Esta investigación fue financiada por el Fondo Sectorial Inmujeres-Conacyt (clave INMUJERES 2003-CO1-10578) entre 2004 y 2005.

² Sobre e ste tema v éanse también Capt (2003), Chebair y Reichmann (1996), Mayoux (1995) y Diqnard y Havet (1995).

³ La diferencia en la confiabilidad entre estados se debe a que Campeche casi duplica la cantidad de proyectos financiados en comparación con Tabasco y Quintana Roo, y que mantener para esta entidad la confiabilidad de 92% rebasaba la capacidad financiera y temporal del trabajo de campo respectivo.

⁴ Cabe señalar que sólo se obtuvieron datos comparables para 21 proyectos.

⁵ Para siete casos no contamos con datos a este respecto .

⁶ Para este análisis recurrimos a la razón de momios (odds ratio), que nos muestra la probabilidad estadística de que diversos factores intervengan en un evento determinado.

⁷ En estos indicadores no consideramos el haber generado ingresos, porque es común que en los proyectos no se cuántifiquen los costos y que, en muchas ocasiones, éstos responden a proyectos de autoconsumo.