New migratory phase

Jorge Durand

Universidad de Guadalajara.

Artículo recibido el 22 de febrero de 2013 ]]> Aprobado el 8 de mayo de 2013.

Resumen

La migración mexicana a Estados Unidos se caracteriza por su continuidad, unidireccionalidad e historicidad, lo que permite establecer fases y etapas en este largo proceso. El artículo plantea el fin de la etapa bipolar (1986-2007) y el comienzo de una nueva, que se caracteriza por el reflujo migratorio en un contexto de crisis económica, social y política en cuanto a la gobernanza del fenómeno migratorio. El sistema migratorio norteamericano está colapsado y las vías de solución han quedado entrampadas después de veinte años de reformas parciales, políticas contradictorias y una sistemática campaña en contra la población inmigrante.

Palabras clave: Ley migratoria, flujo migratorio, políticas migratorias, ley antiinmigrante, regularización migratoria.

Abstract

Mexican migration to the United States is characterized by continuity and historicity which allows set phases and stages in this long process. The paper aims to analyze the bipolar era (1986-2007) and the beginning of a new one that is characterized by decreased migration flow in a context of crisis, both economically, socially and politically and in terms of governance migration. The U.S. immigration system has collapsed and solution paths have been trapped after twenty years of partial reforms, contradictory policies and a systematic campaign against immigrants.

Key words: Migratory law, migratory flow, migratory policies, anti-immigration law, migratory regularization.

Los ritmos de la migración mexicana suelen moverse de manera pendular cada veinte años. La cadencia la marcan las reformas legislativas norteamericanas a las leyes migratorias, las coyunturas económicas, sean éstas de auge o de crisis y cuando los límites y contradicciones del sistema migratorio se hacen evidentes. Desde el lado de los migrantes estas fases hay que leerlas como demanda urgente de trabajadores o contracción del mercado de trabajo. Se abre la puerta mediante las facilidades y ausencia de control del flujo migratorio y se cierra mediante las deportaciones y las políticas restrictivas. En los contextos de recesión, la migración irregular que anteriormente había sido tolerada y necesaria, pasa a ser el chivo expiatorio y la culpable de que los nativos no encuentren trabajo.

La secuencia de fases migratorias se remonta bastante atrás. Empezaremos con la era conocida como el enganche, que va de comienzos del siglo XX a 1920. Fueron tiempos de trabajo semiforzado, sistemas de endeudamiento y migración familiar. Le sigue la etapa de las grandes deportaciones (1921/1941), un periodo de recesiones y crisis consecutivas que llegó a su punto culminante con el crack de 1929 y se caracterizó por la expulsión y el retorno masivo y forzado de más de medio millón de migrantes mexicanos.

Luego vino un periodo de apertura y migración legal con el Programa Bracero, de 1942 a 1964. Bajo este modelo fueron contratados más de cinco millones de trabajadores de manera ordenada y negociada bilateralmente. El Programa Bracero no fue la solución a la migración irregular que siempre creció paralelamente, pero si se hace un balance podría considerarse mejor que los sistemas de contratación unilaterales que se llevan a cabo en pleno siglo XXI.

Le sigue una fase de reflujo y control migratorio conocida como la era indocumentada (1965-1986). De la noche a la mañana terminó la migración legal y ordenada y se optó por facilitar, tolerar o permitir el flujo paralelo de migración irregular, pues al fin y al cabo alguien tenía que recoger las cosechas. Durante esta fase rige la ley conocida como Texas Proviso, que penaliza al migrante que trabaja en condición irregular y exime de culpa al empleador que contrata un trabajador irregular.

Finalmente, en 1986 se dio nuevamente apertura con una Ley de Amnistía y un programa especial para trabajadores agrícolas, Immigration Reform and Control Act (IRCA) que permitió la legalización de 2.3 millones de mexicanos. Paradójicamente el argumento del presidente Ronald Reagan en aquellos años era que Estados Unidos "había perdido el control de sus fronteras".

Esta última fase se caracteriza por una doble dinámica: a consecuencia de la legalización se incrementaron los procesos de reunificación familiar (formales e informales), aumentaron notablemente las naturalizaciones y se generó el asentamiento definitivo y familiar en Estados Unidos. De manera paralela se generó un flujo masivo de migrantes irregulares, se incrementaron los costos y los riesgos del cruce fronterizo debido a la militarización de la frontera, lo que dio como resultado el alargamiento de la estancia. Se rompió el proceso de migración circular y aumentó considerablemente la tasa de no retorno entre los migrantes irregulares, lo que dio como resultado un incremento del volumen total que se quedaba en Estados Unidos. De manera complementaria las sanciones legales a empleadores se convirtieron en letra muerta y se toleró la utilización masiva de documentos falsificados.

El resultado final fue una comunidad migrante bipolar. Por una parte había seis millones de migrantes legales, integrados al mercado de trabajo y a sus comunidades, muchos de ellos naturalizados, con buenos trabajos, que podían viajar libremente y venir de visita a México. Por otra, un número semejante eran migrantes irregulares, formaban parte de familias mixtas, unos con hijos nacidos en México y otros en Estados Unidos (unos con derechos y otros sin ellos), competían en un mercado de trabajo saturado y de bajos salarios, se sentían perseguidos, no podían viajar al interior de Estados Unidos, no se les permitía sacar licencia de manejo, no se arriesgaban a regresar a México.

La fase bipolar, que comenzó en 1986, concluyó en 2007 cuando la migración mexicana llegó a su tope máximo con 12 millones de migrantes nacidos en México, de los cuales la mitad eran indocumentados. Se trata de un periodo realmente complicado en el cual se dieron hitos relevantes que reconfiguraron un nuevo patrón migratorio, más allá del fuerte impacto que significó la legalización, que es preciso analizar en detalle.

Después de la fase de legalización a raíz de la amnistía y el Programa Especial para Trabajadores Agrícolas (SAW) (1987/1990) se constató un incremento de la migración indocumentada que encendió los focos rojos en cuanto a la necesidad de un mayor y más efectivo control fronterizo.

La primera respuesta se dio en 1993 en El Paso, Texas, un lugar tradicional de cruce subrepticio. Dado su aislamiento, en un extremo del inmenso territorio de Texas, se consideraba como un asunto cotidiano y casi normal el cruce irregular por el Río Bravo. Por otra parte, había una amplia liberalidad y tolerancia en cuanto a los permisos de cruce fronterizo y muchas personas, trabajadores y empleadas domésticas, vivían en Ciudad Juárez y trabajaban en El Paso. Eran ciudades gemelas, integradas y complementarias. Así había sido siempre, desde tiempos inmemoriales, como solía pasar en muchas otras ciudades y pueblos. Todo empezó a cambiar el 19 de septiembre de 1993, cuando el jefe de la Sección del Inmigration and Naturalization Service (INS), el agente Silvestre Reyes, decidió acabar de manera radical con el cruce subrepticio y colocó a sus agentes a lo largo de la línea, en especial en la zona urbana de El Paso y Ciudad Juárez. La operación se llamó "Bloqueo" y luego se le cambió el nombre a Hole the Line para evitar susceptibilidades en el lado mexicano (Bean et al, 1994). No obstante, la supuesta solución semántica ponía de manifiesto que había comenzado en serio la militarización de la frontera.

La operación concebida por Reyes implicaba un cambio significativo de estrategia. Ya no se trataba de capturar a migrantes que habían cruzado sin permiso, sino de impedir el paso. Para esto fue necesario reparar y reforzar las rejas y muros de la franja fronteriza y aumentar significativamente el número de patrulleros y las horas de vigilancia (Bean et al., 1994). Se abandonó así la tradicional política de capturar y liberar (catch and release) y se dio inicio a una política de corte disuasivo, que luego sería definida explícitamente como "prevención mediante la disuasión" (prevention through deterrence).

Este cambio en la gestión de la política fronteriza en la práctica significó el incremento de costos y riesgos en el cruce subrepticio (Feldmann y Durand, 2008). En la década del ochenta los coyotes cobraban en promedio unos 300 dólares por el servicio de cruce entre Tijuana y San Diego. En la actualidad para los mexicanos cuesta aproximadamente tres mil dólares (dependiendo de modalidades y lugares de cruce puede subir el precio hasta cinco mil dólares), lo que traducido a salarios mínimos de 2013 significa aproximadamente 600 días de jornal. Este incremento notable en los costos obviamente impactó en el flujo migratorio, muy especialmente el de personas de bajos recursos que tendrían que ahorrar dos o tres años para juntar esa cantidad (Gráfica 1).

Por otra parte, el incremento de los riesgos fue consecuencia directa del control fronterizo en las zonas de mayor flujo, como el corredor Tijuana-San Diego, por donde pasaba 75 por ciento de los migrantes irregulares, según estimaciones del Mexican Migration Project (Massey et al., 2003).

La ruta del Cañón Zapata, estudiada ampliamente por Jorge Bustamante (2000) y luego la del Bordo, ambas en la zona urbana de Tijuana, quedaron prácticamente selladas por tres muros fronterizos paralelos y una vigilancia permanente. Cuando se empezaba a construir el muro, algunos pensaban que era puro "maquillaje político" y que era imposible sellar la frontera, hasta se llegó a decir que era "un pensamiento mágico" (Bustamante, 1997).

Pero el cierre del corredor Tijuana-San Diego y el de otras ciudades empezó a funcionar y los migrantes junto con los coyotes se dirigieron a las zonas menos vigiladas, especialmente el desierto de Sonora y el de Altar, fronterizo con el estado de Arizona, dinámica que puede apreciarse con toda claridad en los datos recabados por el Mexican Migration Project (MMP).

En el ámbito político, el éxito de la Operación Bloqueo tuvo un doble efecto. Por una parte catapultó al patrullero Reyes a la esfera política y en dos años ganó un puesto en el Congreso por el partido Demócrata, que detenta hasta la actualidad. Por otra, su política sirvió de ejemplo para otros estados. En 1994 se dio una réplica en el corredor Tijuana-San Diego con la operación Guardián, una más en la franja fronteriza de Tucson, Arizona con la operación Safeguard en 1995 y otras tantas réplicas como las operaciones Río Grande (1997), Salvamento (2003) y Triple Barda (2003) (Cruz, 2012).

En efecto, entre 1993 y 2003 las horas de vigilancia fronteriza se triplicaron y pasaron de 2.7 millones a 9.3 millones de dólares, y de manera paralela creció el presupuesto general del Inmigration and Naturalization (INS) que pasó de 1 500 millones a 5 500 millones de dólares y se incrementó proporcionalmente el presupuesto de la Patrulla Fronteriza de 354 a 1 416 millones de dólares.

Gráfica 2

Paradójicamente muchos votos los obtuvo de la comunidad hispano-latina cuyos integrantes no llegaron a vislumbrar los efectos negativos de esta legislación en su comunidad y sus familias. Esta fue la primera legislación estatal en asuntos migratorios, que luego fue declarada anticonstitucional.

Pero en realidad la victoria legal en contra de la Proposición 187 fue sólo un espejismo, pues muy pronto en 1996 vino la réplica con la Ley de Reforma Migratoria IIRAIRA (Ilegal Inmigration Reform and Immigrat Responsability Act), firmada por el presidente William Clinton.

La ley IIRAIRA, que propiamente no es una ley migratoria de carácter general, sino un instrumento que penaliza a los migrantes irregulares y limita el acceso a los servicios a quienes no sean ciudadanos, le otorgó al INS la facultad de utilizar información clasificada para deportar migrantes irregulares, se incrementaron las penas a la migración irregular que pasó de ser un asunto administrativo a una falta de carácter penal y permitió, por medio de la Sección 287g, los acuerdos entre la federación y las policías estatales para actuar con agentes de inmigración. Esta ley sería también la que impediría a los estudiantes irregulares tener acceso a la universidad en las mismas condiciones que los residentes locales, una vez terminado el High School. Por último, provocó un verdadero efecto dominó y una cascada de propuestas legales a nivel estatal y local de corte antiinmigrante.

A pesar del viento en contra y el incremento del discurso antiinmigrante, había esperanzas de llegar a una reforma migratoria. El Canciller mexicano Jorge Castañeda propuso la llamada Reforma Integral, mejor conocida como conjunta:

la regularización de los migrantes indocumentados que ya se encuentran en Estados Unidos; la ampliación del número de visas permanentes "la enchilada completa" que comprendía cinco puntos básicos que deberían atenderse de manera otorgadas cada año a mexicanos que desean radicar en aquel país; el establecimiento de un programa de trabajadores huéspedes: el incremento de la seguridad fronteriza; y la promoción del desarrollo económico en México, especialmente en las regiones expulsoras de migrantes (Castañeda, 2001).

Con la visita de George W. Bush al rancho de Vicente Fox en Guanajuato, a mediados de febrero de 2001, se inició lo que algunos analistas llamaron la "luna de miel" entre México y Estados Unidos. En efecto, México durante esos meses se convirtió en la prioridad de la agenda para la Casa Blanca y el tema migratorio ocupaba un lugar central. No en vano Fox venía de una tierra de emigrantes y Bush de un estado receptor y ambos conocían los pros y contras del fenómeno migratorio (Fernández y Castro y Rozental, 2002).

El 10 de septiembre de 2001 se reunieron nuevamente los presidentes en Washington. El tema tratado fue impulsar un acuerdo migratorio. Pero al día siguiente todas las esperanzas de esa posibilidad quedaron sepultadas entre el polvo y los fierros de las Torres Gemelas. El final de la relación se dio, según Fernández de Castro y Rozental (2002) por la tibia respuesta del presidente Fox ante los sucesos terroristas del 11 de septiembre y por su negativa a apoyar a Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para avalar la guerra contra Irak.

Cualquier posibilidad de reforma migratoria fue supeditada a la premisa de la seguridad fronteriza. Quince años después de que el presidente Ronald Reagan firmara la reforma migratoria de 1986 (IRCA) debido a que Estados Unidos "había perdido el control de sus fronteras", se volvía sobre el tema con una política totalmente contraria, en vez de amnistía se proponía sellar la frontera, negar cualquier camino a la regularización y controlar la migración irregular al interior.

La realidad se impone y no se puede evadir. En realidad el sistema migratorio estaba ya quebrado, incluso antes de los acontecimientos del 11 de septiembre. Así lo planteamos en Beyond Smoke and Mirrors (Massey et al, 2003) donde señalamos en la introducción que el sistema migratorio norteamericano estaba quebrado. Una maquinaria que funcionaba más o menos bien fue alterada por manos inexpertas que propusieron un conjunto de leyes y regulaciones que trajeron consigo consecuencias no esperadas: incremento del flujo irregular, aumento de la duración de la estancia, nueva geografía migratoria y pérdida en la circularidad migratoria que había sido una característica fundamental del fenómeno migratorio a lo largo de más de un siglo (Durand et al., 1999).

El argumento planteado en Beyond smoke and mirrors: the migratory system is broken se convirtió en la muletilla de varios políticos de diferente cuño cuando hablaban del fenómeno migratorio y argumentaban la necesidad de una reforma. Pero las aguas tomaron otro curso y prosperó la propuesta antiinmigrante del senador republicano James Sensenbrenner, HR 4437, que fue aprobada en diciembre de 2005 por la Cámara baja, con 239 votos a favor y 182 en contra. Algunas de las medidas autorizadas fueron:

• Ampliar el muro fronterizo con México a 700 millas.

• Estudiar la factibilidad de hacer un muro en la frontera con Canadá.

• Acabar con la práctica conocida como catch and release y procesar a los migrantes que ingresen de manera irregular.

• Verificación obligatoria del status legal por parte de los empleadores.

• Mayores penas a los coyotes y contrabandistas.

]]> • Multa de tres mil dólares a aquellos que se acojan a la deportación voluntaria.

• Sentencia mínima de 10 años por falsificar documentos.

• Los niños de indocumentados nacidos en Estados Unidos pasarán a control del Estado.

• Proveer alojamiento a un ilegal será considerado crimen mayor con tres años de prisión.

• Deportación automática de extranjeros que manejen en estado de ebriedad (DUI).

• Cancelación del programa de lotería de visas.

• Y será considerado delito "ayudar" conscientemente a un inmigrante ilegal a permanecer en Estados Unidos.

La propuesta del representante de Sensenbrenner Border protection, Antiterrorism and Illegal Immigration Control Act es muy clara desde el título mismo y fue tan extrema, represiva y restrictiva, que generó una reacción inmediata de repudio entre la comunidad inmigrante. Los primeros en reaccionar fueron los de origen latino, en especial mexicanos; luego se adhirieron otras comunidades de inmigrantes y finalmente una amplia y diversa gama de grupos solidarios de la sociedad norteamericana.

No sólo eso, la reacción espontánea se convirtió en activismo, agitación, organización, acción colectiva y manifestación pública de protesta. Es difícil encasillar un fenómeno de esta naturaleza. Los términos tradicionales de nuevo movimiento social y acción colectiva no se ajustan a la magnitud, extensión y difusión de las marchas y manifestaciones de la primavera de 2006 (Durand, 2007).

Según Bada, quién ha seguido paso a paso este proceso, la primera manifestación de rechazo a la ley antiinmigrante fue en Philadelphia el martes 14 de febrero y, de acuerdo con fuentes periodísticas, se congregaron unos 5 mil manifestantes. La segunda manifestación de protesta tuvo lugar en Washington DC, el lunes 6 de marzo de 2006 y se congregaron cerca de 30 mil manifestantes. Cuatro días después, el viernes 10 de marzo, la prensa reseñó atónita la gran marcha de Chicago, que congregó a cerca de 300 mil manifestantes. Esta tendencia se refrendó el sábado 25, con otras grandes manifestaciones, la de Los Ángeles, que congregó a cerca de 700 mil personas, en Dallas fueron 400 mil, en Phoenix 300 mil, en Atlanta, 250 mil y en Nueva York 100 mil. Si bien hay disparidad en los cálculos, según las fuentes se estima que salieron a las calles a protestar entre 3.5 y cinco millones de personas en 270 ciudades (Bada et al., 2006).

Con un estilo de accionar político más latino que anglo, los manifestantes lograron que la propuesta de ley HR 4437 fuera desechada. "El pueblo ha hablado" diría en uno de sus discursos el senador Ted Kennedy, uno de los líderes más reconocidos del congreso que había propugnado por una reforma migratoria integral en compañía del republicano John McCain en 2005.

Después de las grandes marchas de 2006, las esperanzas se enfocaron en la elección presidencial de 2008. El candidato republicano McCain dio marcha atrás y desistió de sus esfuerzos anteriores por impulsar una reforma migratoria. Su alianza electoral con la derecha estadunidense y el Tea Party impedían cualquier tipo de concesión a los migrantes irregulares. Pero en cambio el candidato demócrata Barack Obama tomó la estafeta y prometió que en caso de ganar impulsaría una reforma migratoria.

Pero las cosas fueron de mal en peor. Obama descuidó el asunto migratorio y fijó su prioridad en solucionar la crisis económica, concluir la fase bélica iniciada por George W. Bush y promover su reforma de salud. Por su parte, la derecha del partido Republicano redefinió su estrategia e impulsó las campañas antiinmigrantes en los estados, como medida efectiva para ganar votos.

El discurso antiinmigrante empezó a figurar en las portadas de los principales diarios y revistas del país. Leo Chávez (2001) había señalado esta tendencia en su libro "Covering Immigration" lo que corrobora Massey (2011) de manera estadística al señalar que en los setenta sólo se registran 18 portadas de tipo nativista y anti inmigrante, en los ochenta fueron 37 y en los noventa 45. La progresión se nota también en el lenguaje. En los ochenta la portada de us News bromeaba así: English spoken here. Our big cities go ethnic (1983) y una del time advertía de esta forma: "Los Ángeles. America's uneasy new melting pot" (1983). Mientras, en los noventa American Heritage se planteaba abiertamente la expulsión cuando la Estatua de la Libertad señalaba con el dedo y decía: Go back where you came from (1994) (Chávez, 2001).

En efecto, el discurso nativista y antiinmigrante se vio refrendado por una verdadera avalancha de leyes en contra de los migrantes irregulares. Los legisladores que se vieron favorecidos después de una campaña antiinmigrante, tenían la obligación de proponer medidas restrictivas. Una investigación realizada por Douglas Massey (2011) pone en evidencia el incremento notable de propuestas de ley antiinmigrantes entre 2005 y 2009.

El incremento notable de propuestas de ley pone de manifiesto la histeria antiinmigrante que se desató en muchos estados de la Unión Americana, muy especialmente aquellos que se habían convertido en lo que en el medio académico se conoce como "nuevos lugares de destino": Arizona, Carolina del Norte, Florida, Georgia, Utah, Nevada. Si bien no todas las leyes se aprobaban, también se nota un incremento notable de aprobaciones a medida que pasaban los años. En muchos casos el argumento para desechar una ley era de tipo constitucional, dado que es función del Ejecutivo federal controlar la inmigración.

El efecto dominó de sucesivas propuestas de leyes antiinmigrantes y candidaturas políticas al congreso y las gubernaturas, llegó a su máximo con la llamada Ley Arizona SB 1070 que catapultó a la gubernatura a la republicana Jan Brewer y propició a su vez otras leyes similares en Alabama, Carolina del Norte y Utah.

No obstante, ya se percibía un decrecimiento en el ritmo de aumento de la migración legal e indocumentada cuando se llegó al punto más álgido de la política antiinmigrante. En la década del setenta la migración mexicana creció tres veces, en la de ochenta dos veces y esto se repitió en la del noventa, sin embargo en la primera década del siglo XXI el crecimiento fue mucho menor (Ver cuadro 2)

A lo largo de cinco años, la burocracia puso en práctica de manera eficiente las disposiciones de IRCA con respecto a la amnistía y el SAW y logró tramitar la legalización de un total de 3.2 millones de indocumentados, de los cuales 2.3 eran de origen mexicano. Sin embargo, las disposiciones complementarias de sanciones a empleadores en la práctica no se aplicaron y las de control fronterizo empezaron a aplicarse seis años después. La consecuencia directa de esta falta de coherencia y doble rasero al aplicar la ley fue que el sistema migratorio empezó a cuartearse de manera irreversible (Massey et al., 2003).

Se entró entonces, como medida correctiva, en un período coercitivo a tres niveles: fronterizo, estatal y federal. El término coerción se define como "la amenaza de utilizar la violencia (no sólo física sino de cualquier otro tipo) con el objetivo de condicionar el comportamiento de los individuos" y refleja correctamente el momento en que se incrementó el control fronterizo, se utilizaron recursos legales para condicionar el acceso a servicios sociales a los migrantes y finalmente se promulgaron disposiciones a nivel federal con la ley de 1986 (IIRAIRA) que imponen condiciones a los migrantes indocumentados e incluso a los que no son ciudadanos.

Finalmente, se ingresó al ciclo de la seguridad nacional a partir de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. El INS se convirtió en ICE y pasó a depender del DHS; a nivel legislativo se puso como prioridad absoluta retomar el control de la frontera sur y se cerraron los caminos a varias propuestas de reforma migratoria, incluida la bipartidista que presentaron Kennedy y McCain. La única ley que se aprobó en diciembre de 2005 fue la de corte represivo de Sensenbrenner. La migración irregular se convirtió en una ofensa criminal, se le vinculó con temas de seguridad nacional y empezó a implementarse el control migratorio al interior del país.

La fase bipolar concluyó con una explosión en tres niveles y en tres años consecutivos: popular, demográfica y económica. La explosión popular quedó reflejada en las grandes marchas de protesta en 2006 en contra de la reforma migratoria de Sensenbrenner (HR 4437), la explosión demográfica llegó a su culmen en 2007 cuando el flujo migratorio irregular llegó a su tope máximo y finalmente, el corolario se dio en el campo económico, con las explosión de la crisis económica y financiera en el otoño de 2008.

El recuento sucinto de lo acaecido en la fase migratoria bipolar pone de manifiesto la complejidad del fenómeno y sus profundas vinculaciones con procesos económicos, políticos, sociales y demográficos en todos los niveles de gobierno y a lo largo y ancho de ambos territorios. La migración mexicana dejó de estar encapsulada en tres estados de destino (California, Texas e Illinois) y se dispersó por toda la Unión Americana, especialmente en Nueva York, Georgia, Florida, Nevada, Carolina del Norte y una larga lista de estados de la costa este y el medio oeste (Durand y Massey, 2003).

Al mismo tiempo la migración de origen mexicano concentrada en la región histórica (Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Zacatecas) se convirtió en un fenómeno de dimensión nacional. El censo de 2010 registró experiencia migratoria en casi todos los municipios del país (CONAPO, 2010).

Nueva fase migratoria

En el año 2007 se cumplían 20 años de IRCA y se esperaba para esas fechas un cambio de fase migratoria con algún tipo de reforma legal. De hecho se presentó la propuesta Comprehensive Immigration Reform Act (S. 1248) que proponía un camino para la regularización de la migración indocumentada, un incremento en el control fronterizo, un programa de trabajadores temporales, solución al caso de los dreamers y otras medidas complementarias. La propuesta fue desechada por el Congreso.

Más que un cambio espectacular o un factor preponderante en el nuevo patrón migratorio que se va conformando, se ha entretejido un complicado engranaje compuesto de múltiples piezas que trabajan en algunos casos articuladas, en otros por separado y también en abierta contradicción. Consideramos relevante profundizar en tres de los engranajes que le dan impulso al nuevo modelo migratorio: la dinámica migratoria, económica y legal. El control migratorio se encarga de regular la oferta de mano de obra, la dinámica económica de ciertos mercados de trabajo le marca el ritmo a la demanda de mano de obra migrante; finalmente el aparato legal regula la relación entre oferta y demanda, entre trabajadores y empleadores, entre los estados y la federación.

Dinámica migratoria

En el campo del control migratorio se han dado cambios fundamentales en tres niveles: fronterizo, interno y tráfico. Salta a la vista que la frontera sur de Estados Unidos ya no es la misma. La categoría de "frontera porosa", utilizada a lo largo de varias décadas (Bustamante, 1973, 1997; Fussel, 2004) ya no es operativa, ahora es una frontera vigilada y militarizada (Massey et al., 2009).

A lo largo de veinte años, de 1993 a 2013, la frontera se ha convertido en un espacio progresivamente controlado y vigilado. Si bien no se puede decir que es una frontera cerrada, lo que resulta muy complicado dado que tiene más de tres mil kilómetros de longitud, el cambio ha sido sustancial. No sólo eso, el control fronterizo irá en incremento en un futuro y cada vez será más difícil, riesgoso y oneroso cruzar la frontera de manera subrepticia (Feldmann y Durand, 2008).

El control fronterizo no sólo responde a una política migratoria, es una pieza clave de un proyecto de seguridad nacional diseñado a partir del 11 de septiembre de 2001. En realidad el tema migratorio queda en un tercer nivel, pues primero está el combate al terrorismo, luego al tráfico de drogas y finalmente a la migración irregular. En este punto hay plena coincidencia entre las facciones demócrata y republicana, el problema radica en la percepción de qué tan controlada puede considerarse que está la frontera.

Aunque la vieja retórica sobre la frontera sigue vigente, la realidad es otra. Vale recordar a Jorge Bustamante en 1996, cuando dijo que era "irracional" pensar en que se podía cerrar la frontera (1997) y al candidato Felipe Calderón diez años después (2006) perorando sobre el tema en su campaña cuando afirmaba: "yo les digo a los americanos que no gasten tontamente su dinero en la construcción de un muro que de todos modos lo vamos a brincar". Ese panorama y esa posibilidad no eran ciertos en 2006 y menos en 2013. Tan es así que las revelaciones de Wikileaks evidenciaron que Calderón pasó por el consulado americano, una semana después, para informar que sus frases sobre la frontera sólo tenían fines electorales (Durand, 2013).

Las fuentes recientes sobre control fronterizo y deportaciones recalcan una baja muy significativa en el cruce subrepticio y el abandono progresivo de la práctica conocida como catch and release que fue clave durante el largo periodo de migración circular. En 1993 se realizaron 1.2 millones de arrestos en la zona fronteriza y sólo 42 mil al interior, lo que incluye a todas las nacionalidades (Gzesh, 2002). En el 2011 fueron más los removidos, 391 mil, mientras que los retornados fueron 321 mil (DHL, 2013).

En ese sentido, otra categoría académica que ha pasado a la historia es la que señalaba los cruces fronterizos como "eventos" y que no significaban realmente migrantes, lo que sin duda fue un avance notable en los esfuerzos por contabilizar de manera correcta a la migración indocumentada (Bustamante, 1997).

Así como existe una retórica sobre la frontera del lado mexicano, existe otra sobre las deportaciones, en particular los removals, que se justifican con una política de combate a la delincuencia. El gobierno de Obama ha fijado como prioridad la deportación de delincuentes criminales, pero muchos de ellos son infractores menores (faltas de tránsito, deudas en el pago de multas, riñas, beber alcohol en la vía pública, no presentarse en la corte y otras faltas menores) como lo han puesto en evidencia varias investigaciones (Alarcón y Becerra, 2012).

Lo que no es retórica son los datos que proporciona el ICE sobre los removals desagregados por nacionalidad, en donde se puede apreciar un claro sesgo en contra de los migrantes mexicanos y centroamericanos. Los migrantes "criminales" deportados en 2010 fueron 75 por ciento de origen mexicano, 6.1 por ciento hondureño, 5.6 por ciento guatemalteco, 4.9 por ciento salvadoreños. En total para Mesoamérica 91.6 por ciento y tan sólo 8.4 por ciento para el resto de todos los países (Alarcón y Becerra, 2012). Estas cifras están muy por encima de lo que representa el aporte de cada país para la migración indocumentada. Por ejemplo, los mexicanos representan 58 por ciento de la migración indocumentada, pero se deporta a 75 por ciento (Pew Hispanic, 2011).

Como quiera, la política de enforce the law al interior es un cambio radical. Se podría decir que a lo largo de todo un siglo, una vez que el migrante cruzaba la frontera, en términos prácticos pasaba a ser como un turista, con plenos derechos de libre circulación. El problema era el cruce, no la permanencia. Hoy en día hay varios millones de migrantes irregulares que tienen 10, 15 o 20 años de residencia irregular. Por eso resulta particularmente dramática la deportación en esos casos.

Un ejemplo terrible es el de Anastasio Hernández, de 42 años, padre de cinco hijos estadunidenses y que llegó a Estados Unidos siendo todavía un niño de 14 años. En su caso se procedía a realizar el último trámite de su deportación, en junio de 2010, que consistía en conducirlo a la puerta de salida en la línea fronteriza. Algo debe haber sucedido en ese momento que provocó la represalia de los oficiales estadunidenses; como quiera, estaba esposado y no debía haber pasado de una agresión verbal. Pero fue tirado al suelo y dos patrulleros lo tenían controlado, luego llegaron más refuerzos. La golpiza duró más de 10 minutos, hasta que llegó un oficial que le dio el golpe final: varias descargas eléctricas sucesivas que le costaron la vida (Durand, 2010).

El número de muertes en la frontera por balas de patrulleros que pretenden defenderse de piedras que lanzan los migrantes ha aumentado considerablemente. Una investigación reciente de WOLA (2013) señala que las agresiones personales, golpes y robos de objetos personales a los migrantes en proceso de deportación han aumentado en los últimos años. Igualmente los problemas en los centros de detención, donde se reporta el uso de fuerza excesiva y castigos como limitar el agua y comida e impedir ir al baño o dormir. Esto forma parte de la histeria antiinmigrante, pero es peligroso constatar estas actitudes y prácticas entre oficiales entrenados y capacitados.

Algunos han optado por seguir la línea política del circo montado por el Sheriff de Maricopa, Joe Arpaio, quien se autoproclama abanderado de la lucha antiinmigrante, denigra y humilla públicamente a los detenidos y tiene mucho éxito en ciertos medios. Era una tradición entre los migrantes afirmar que les iba mejor con la policía del otro lado que con la de México, pero ahora parece que son cada vez más parecidas.

Los cambios también se han dado en el contexto mexicano fronterizo de la última década. Rodolfo Cruz (2012) reseña varios en relación con los flujos migratorios: en primer lugar se detecta una clara reducción en la tasa de crecimiento demográfico anual en la frontera, que había sido alta durante la década del noventa (3.4 por ciento) y decreció a un ritmo de 1.9 por ciento en la primera década del siglo XXI. Por otra parte, la frontera dejó de ser un polo de atracción para los migrantes al interior del país. Ya no es el lugar de antes donde siempre se encontraba empleo. Ahora la tasa de desempleo fronterizo es de 6.7 por ciento, mientras que en el resto del país es de 4.9 por ciento. Finalmente, otro elemento por tomar en cuenta que ha afectado indirectamente al flujo migratorio es el incremento notable de la violencia en la frontera. Entre los años 2000 y 2004 la participación de las entidades fronterizas en los niveles de violencia (número de homicidios) fluctuó entre 16 y 17 por ciento, pero a partir de 2005 se incrementó de manera muy rápida y llegó a representar 43 por ciento en el año 2010. Las altas tasas de desempleo y los elevados indicadores de violencia inhiben no sólo la migración interna, sino también la internacional, ya que tradicionalmente las ciudades fronterizas tenían una población flotante que trabajaba de manera eventual en espera de pasar al otro lado.

Finalmente hay que considerar el cambio y las nuevas condiciones en las que opera el tráfico de migrantes y el sistema de coyotaje. Se podría decir que durante la década del noventa funcionaba de manera eficiente y segura. En la práctica se había perfeccionado un sistema en el que se daba un servicio garantizado, el pago se hacía contra entrega, en el lugar de destino. Había diversos tipos de coyotes, unos que sólo operaban para el cruce fronterizo y otros más sofisticados que era pequeñas empresas con casas de seguridad, transporte y personal diverso.

David Spener (2009), que estudió a fondo el sistema de coyotaje en el sur de Texas, consideraba la relación entre migrantes y coyotes como una alianza estratégica y una forma de "resistencia hormiga" de los más débiles contra el sistema, que califica de políticas de apartheid en la frontera. El autor considera a los coyotes como asistentes o apoyo de los migrantes en el drama fronterizo, más que como traficantes. De hecho, múltiples entrevistas constatan que prácticamente cada pueblo de migrantes tenía su coyote, muchos de ellos eran conocidos, incluso familiares (Massey et al., 1987; Durand, 1996).

Con el incremento en el control migratorio fronterizo, los coyotes se ven obligados al cambio de rutas, se complejiza mucho el tráfico, se sofistican los métodos y se encarece el costo del servicio. Este periodo coincide con la llegada masiva de migrantes extranjeros a la frontera mexicana que demandan servicios o que ya vienen con sus propios sistemas de tráfico establecidos.¹

El incremento notable en los costos coincide con la presencia cada vez más notable de narcotraficantes en la frontera que operan en rutas alejadas y poco vigiladas por los patrulleros y ahora también se dedican al tráfico de personas y por lo general cobran lo que se llama "derecho de paso". En ocasiones utilizan a los migrantes como señuelo para distraer a la migra y pasar la droga por otro lado.

Hay casos donde el crimen organizado proporciona el servicio de tráfico y lo garantiza, pero también se han documentado muchos otros de extorsión, engaño, agresión y violación sistemática en el caso de las mujeres (Casillas, 2008). Al parecer las diversas bandas de narcotraficantes tienen modos de operar distintos. Unos han comprado ranchos ganaderos fronterizos con Arizona, donde pueden operar libremente en su propiedad, pero al mismo tiempo esos territorios son lugar de cruce de migrantes que se ven obligados a contratar sus servicios o a pagar derecho de paso.

El coyote del pueblo o el coyote fronterizo de la estación camionera ya no es tan operativo en un contexto donde hay un estricto control a lo largo de la frontera y donde el incremento en los costos ha hecho rentable el negocio para el crimen organizado, que ahora controla una parte del proceso. Sin embargo, hay opiniones encontradas sobre el alcance del involucramiento del narcotráfico en el tráfico de personas.

La versión de los medios se empeña en esta estrecha y siniestra vinculación entre crimen organizado y coyotaje (que no es lo mismo que trata), pero algunos académicos que han hecho trabajo de campo parecen señalar lo contrario. Al parecer la extorsión desde el lado mexicano empezó con las autoridades (policías, migración) que cobraban cuotas a los coyotes en los noventa y luego fueron los del crimen organizado quienes asumieron esta parte en la primera década del siglo XXI. Los extorsionados son los coyotes y éstos a su vez transfieren los gastos a los migrantes. (Spener, 2009, Izcara, 2010, 2012). Otros por el contrario, tienen una visión mucho más pesimista de lo que sucede en la frontera.

Estos tres elementos: control fronterizo, control interno y control del sistema de coyotaje por el crimen organizado han transformado totalmente las características del cruce fronterizo, el tráfico y la migración subrepticia. Todo esto obviamente ha tenido un impacto disuasivo que se refleja en una baja de la migración irregular en los últimos cinco años.

Dinámica económica

A lo largo de muchas décadas se tuvo la percepción de que la maquinaria económica de crear empleos en Estados Unidos era imparable. La crisis de 2008 puso en evidencia lo contrario, la economía se estancó y empezó a crecer el desempleo. Paradójicamente, el momento en que empezó la crisis coincide con el momento en que constató el mayor stock de inmigrantes irregulares que se tenga memoria, cerca de 12 millones.

La opción de trabajar de esquinero no tiene comparación con el trabajo formal, ya que no todos los días pueden ser contratados. En algunos casos el empleador suele contratar a la misma persona por varios días, para el trabajador se trata de una opción eventual, hasta que logra conseguir un trabajo más o menos estable. El trabajo en negro, informal y temporal es parte sustancial del sistema capitalista, pero crece cuando hay una sobreoferta de mano de obra, en este caso migrante.

Por otra parte, en 2007 se percibía entre los migrantes cierto descontento porque no trabajaban jornadas completas. En los restaurantes de Philadelphia, por ejemplo, muchos de los meseros y garroteros no podían completar las 40 horas semanales, menos aún tener sobretiempo.³ Esta situación se agravó notablemente con la crisis, que se expresó en un desempleo oficial que llegó a nueve por ciento en 2010 y bajó a ocho por ciento en 2011, aunque las cifras para el caso de los hispanos fueron de 9.9 por ciento para 2012 (El Economista, 14 de febrero de 2013).

El mayor impacto de la crisis se dio en la industria de la construcción, donde los mexicanos desde la década del noventa habían penetrado de manera importante. En otros tiempos, ese nicho laboral fue controlado por inmigrantes de origen europeo y trabajadores negros. Los salarios en la industria de la construcción están escalonados en tres niveles: residencial, comercial e industrial, pero en los tres casos éstos son muy superiores a los trabajadores de servicios y duplican o triplican a los de la agricultura.

Para el año 2000 los hispanos ocupaban 16 por ciento del mercado laboral en la industria de la construcción. No obstante, al ser recién llegados asumían trabajos peligrosos, a lo que se sumaba la falta de capacitación y redundaba en que 23 por ciento de los accidentes fatales de la industria fueran de hispanos de origen (Dong y Platner, 2004). En 2008 la crisis hipotecaria dejó pendientes miles de proyectos de construcción, en especial en el sector residencial y cundió el desempleo entre un sector de migrantes bien remunerados.

Pero quizá el indicador más claro del impacto de la crisis sea el de la caída general del monto de remesas reportado por el Banco de México. En el 2007 el Banco de México registró un ingreso de 26 mil millones de dólares y al año siguiente bajó a 25.1 y cayó a 22.1 en 2009 (The World Bank, 2011). De hecho en el año 2012 todavía no se recuperaba el monto de remesas que se recibían en 2007. Por ejemplo en el mes de mayo, que suele tener ingresos altos, se recibieron en 2007 2.4 mil millones de dólares y en 2012 llegaron algo menos de 2.1 mil millones de dólares (Banco de México, 2013).

En la actualidad, para el caso de México y muchos otros países se da un seguimiento puntual y certero del ingreso por concepto de remesas. Sin embargo, son números agregados y no es posible hacer distinciones. En realidad hay muchos tipos de remesas y se han planteado varias tipologías. Hace ya dos décadas propuse una tipología muy simple que considero vigente. Consideraba tres tipos de remesas: salario, inversión y capital. La primera es, como su nombre lo indica, la que sustituye al salario local, un ingreso que sirve para el consumo diario y que por la diferencia salarial y de tipo de cambio resulta remunerativa. La remesa inversión es la que supone un ahorro y se utiliza para comprar un bien duradero: coche, enseres domésticos, terreno, casa. La tercera es la remesa capital que requiere de un ahorro considerable y que se dedica a actividades comerciales, financieras o productivas. (Durand, 1994). Posteriormente, volví sobre el tema y a partir de esta tipología básica, refiné el análisis, retomé otras propuestas y señalé la pertinencia de trabajar con otros tipos de remesas: en especie, social y sistémica (Durand, 2006).

Por remesa sistémica se entiende aquella que sirve para financiar la dinámica migratoria, es el aceite y la gasolina que requiere la maquinaria para seguir funcionando y consiste en el pago del coyote, apoyo para el viaje, préstamos y financiamientos de diversos tipos. En este rubro también entra el apoyo para familiares (padres, abuelos) que van de visita con la familia radicada en Estados Unidos, ya que los migrantes no pueden regresar. Esta remesa sólo llega en parte a México, la otra se gasta en Estados Unidos.

La remesa sistémica la financian los migrantes que están en el otro lado, en especial los que tienen trabajo fijo y salarios buenos. En el caso de procesos de reunificación familiar (padres que llevan a sus hijos o esposas) esto va a fondo perdido, pero en el caso de hermanos o familiares, el migrante propiamente otorga un préstamo que debe ser reembolsado cuando el recién llegado empieza a trabajar. Obviamente hay fórmulas mixtas, muchas veces el migrante paga el viaje y el pariente el coyote. Pero el financiamiento principal recae en los migrantes ya establecidos. Es también una inversión de riesgo, que no siempre se recupera, que puede salir mal o que tiene gastos adicionales, como la extorsión que se sufre en la frontera o el pago de derecho de paso o tránsito por territorios controlados por determinados grupos gangsteriles.

Este tipo de remesa ha sido impactada directamente por la crisis. En ese sentido la mayor y mejor fuente de financiamiento para el funcionamiento del flujo migratorio se vio afectada directamente por el desempleo, recortes en la jornada laboral, problemas con las hipotecas, la inseguridad financiera y la precariedad del empleo. En ese contexto, llevar a un pariente significa tener a una carga extra en el hogar.

Dinámica legal

A la maquinaria política de control migratorio que maneja la oferta de mano de obra y a la dinámica económica que opera en el mercado de trabajo, se suma la maquinaria legal que intenta poner cierto orden, reglas y condicionamientos para controlar y encauzar la relación entre oferta y demanda de mano de obra migratoria, las tensiones entre los estados y la federación y las contradicciones con los lineamientos constitucionales y regulaciones de segundo y tercer nivel.

Sin duda el cambio legal más relevante de la nueva fase migratoria fue la llamada Ley Arizona SB 1070, aprobada en 2010 y que es consecuencia directa de la Proposición 187, la ley de 1996 (IIRAIRA) y la disposición 287g.

Arizona tiene una larga frontera con México, que alcanza los 624 kilómetros. No obstante, la inmensa mayoría de la población es blanca (79.3 por ciento) según las estimaciones del American Community Survey 2011. Los hispano-latinos son una minoría, pero han ido creciendo: en 1990 eran apenas 688 mil, en la siguiente década alcanzaron el millón y, finalmente, en 2011 la población latina fue de 1 949 295, de los cuales eran de origen mexicano 1 772 431. Sin duda se trata de un crecimiento notable de la población hispana y sobre todo mexicana en el estado.

El estado de Arizona se había visto seriamente afectado como lugar de destino de migrantes irregulares, pero sobre todo por el tránsito de migrantes. No podía ser de otro modo. Es el resultado directo de la política migratoria norteamericana que ha tenido como uno de sus principales objetivos disuadir el cruce subrepticio en las zonas urbanas y dirigirlo hacia el desierto para provocar un incremento de costos y riesgos.

Además de ser mayoritariamente blanca, la población de Arizona está residencialmente concentrada en el condado de Maricopa, donde viven dos terceras partes de la población del estado. Es en el área metropolitana de Phoenix donde se ha dado la mayor cantidad de operativos antiinmigrantes, los trabajadores son visibles y por tanto perseguidos y estigmatizados; en las zonas rurales es diferente. Por ejemplo, no hay noticias de arrestos y redadas en el condado de Yuma, fronterizo con México y con una gran actividad agrícola. Es ampliamente conocido que la mayoría de los trabajadores agrícolas son indocumentados, pero no los persiguen porque son la base laboral estratégica de toda la industria agrícola (Izcara, 2012).

En ese contexto, se promulgó en el año 2010 la Ley Arizona SB 1070 que tiene como objetivo fundamental la pugna electoral por la gubernatura y de manera secundaria dotar de un instrumento legal que le otorgaría amplios poderes discrecionales a las policías para detener a cualquier sospechoso de ser un inmigrante indocumentado.

En un contexto nacional de histeria antiinmigrante, apoyado por los medios de comunicación, especialmente el programa de CNN Lou Dobbs Tonigh y por políticos en campaña que utilizaban como principal argumento su postura firme contra los inmigrantes "ilegales", la Ley Arizona tuvo un efecto dominó y generó propuestas similares en Alabama, Utah, Carolina del Norte y otros estados.

Las elecciones de 2012 y el triunfo de Obama, impulsado por 72 por ciento del voto hispano, abrieron la puerta a una reforma migratoria en 2013. El tema está sobre diagnosticado y se sabe perfectamente qué es lo que debe hacerse. A diferencia de la reforma migratoria de 1996, (IRCA) en este caso los migrantes serán tratados como ilegales, no como indocumentados, por tanto no merecen ser amnistiados. Para algunos el castigo será monetario. Es la fórmula común en que se resuelven estos asuntos en Estados Unidos: la pedagogía de la multa, que duela en el bolsillo. Pero el castigo puede ir mucho más allá. Se puede abrir un camino a la regularización, pero cerrar la puerta a la ciudadanía, lo que en términos electorales tiene sentido para los republicanos.

Se siguen planteado los mismos tópicos de siempre: regularización sólo para aquellos que puedan demostrar una estancia larga, que pagaron impuestos y que no tienen un historial criminal; un programa de trabajadores temporales; sanciones a los empleadores, verificación del estatus legal para poder trabajar (E-Verify gradual pero finalmente obligatorio); algún tipo de programa especial para la agricultura (Ag-jobs); reforzamiento de la frontera y control al interior.

Cualquiera que sea el resultado de la ley, serán regularizados varios millones de mexicanos, lo que les permitirá terminar con el encierro involuntario que los obligó a permanecer de manera definitiva en Estados Unidos. Obviamente regresarán de vacaciones o visita, su objetivo es quedarse a vivir y trabajar en Estados Unidos.

La regularización bajará notablemente la presión mediática sobre el tema de los "ilegales", pero quedarán muy expuestos todos aquellos que no pudieron optar por la regularización por uno u otro motivo. Los irregulares que queden tendrán que engrosar paulatinamente las filas del mercado negro de trabajo.

Vale la pena recordar que en la situación actual, el trabajo irregular se refiere al status migratorio, pero están integrados al sistema por la vía del pago de impuestos. Si ya no es posible trabajar en condición irregular porque se aplica de manera rigurosa la ley, se puede formar un mercado negro de trabajadores de dos o tres millones de personas, al que se integrarán los nuevos que lleguen. El trabajo en negro o underground, tendrá características y condiciones que se deberán analizar con cuidado, pero que en cualquier caso serán condiciones mucho peores a las actuales, donde se tolera en parte el trabajo irregular.

Una reforma migratoria en tiempos de crisis se justifica principalmente en términos electorales. El balance de la política antiinmigrante finalmente le dio saldos negativos al partido Republicano, muy especialmente en la campaña presidencial, donde la minoría latina cobró un peso específico relevante y se sentía directamente agredida por las posiciones extremistas del ala conservadora.

Finalmente, las batallas por los derechos civiles de ayer y de hoy pasan por el sistema legal. Es allí donde se cristalizan las reformas y donde se logran avances en los procesos de integración social. No obstante, queda pendiente hasta qué punto se aplican las leyes en todo su rigor. En el caso de la migración irregular es evidente un doble rasero que históricamente favorece al empleador y penaliza al trabajador, algo que difícilmente va a cambiar.

Conclusiones

En 1986 se estimaba la población migrante irregular en unos cuatro millones y fueron legalizados 3.2 millones. En 2013 la población indocumentada es aproximadamente de 11.5 millones, tres veces más. La pregunta que surge es precisamente por qué a pesar de que IRCA pretendía solucionar el asunto de la migración irregular los resultados fueron totalmente opuestos, tema que hemos tratado de dilucidar a lo largo de artículo. Con un mal diseño y una aplicación parcial y sesgada de la ley, los resultados fueron totalmente inversos a lo que se esperaba.

Sin embargo, la dimensión del fenómeno no cambiará los términos de la reforma, que debe afrontar el tema de la regularización, las sanciones a los empleadores, un programa o sistema de trabajadores temporales, seguridad fronteriza, verificación del estatus legal, reunificación familiar, etc.

Por el contrario, el contexto económico, político, social y migratorio es totalmente distinto. En primer lugar, la reforma de IRCA se dio en una época de crecimiento económico en la que se preveía una mayor demanda de mano de obra no calificada, de ahí la apertura y, en cierto modo "generosidad" de IRCA, que promulgó una amnistía bastante amplia. En 2013 se arrastran los efectos de una crisis financiera y económica de la que aún no se resuelve el problema de los altos niveles de desempleo, lo que genera condiciones adversas y la tendencia a extremar requisitos y condiciones en el programa de regularización.

El contexto político también es totalmente diferente. Sigue presente el rescoldo de una política antiinmigrante que duró 20 largos años y que sólo empieza a disminuir después del fracaso político de las elecciones de 2012 y el necesario replanteamiento del partido Republicano con respecto a su política con la minoría hispana.

El contexto de seguridad nacional y fronteriza es radicalmente diferente en 2013. Si bien fue el presidente Reagan quien afirmó que Estados Unidos "había perdido el control de sus fronteras", en realidad esta frase cobró sentido después del 11 de Septiembre de 2001. La política de seguridad nacional impuesta a partir de la Ley Patriota, la creación del HLS y del ICE son un vuelco total en lo que había sido una frontera abierta por muchas décadas y luego porosa. Hoy en día es una frontera vigilada y militarizada.

Las condiciones sociales son también muy diferentes en varios sentidos. En 1986 no había un movimiento social de dimensiones relevantes que reclamara la regularización. Veinte años después, en 2006, más de tres millones de personas salieron a las calles a demandar y refrendar su interés por ser norteamericanos. Los lemas que se gritaban en las calles, entre ellos "sí se puede" y "aquí estamos, aquí nos quedamos" marcaron para siempre a varios millones de personas que por primera vez salían a la calle a protestar por la política antiinmigrante del Congreso, que había avalado la propuesta de reforma HR 4437.

Por su parte el patrón migratorio cambió radicalmente con respecto al de 1986, cuando la circularidad era todavía vigente y los migrantes podían ir y venir con relativa facilidad y seguridad. Hoy en día el migrante se hizo definitivo a la fuerza. La política migratoria de incremento de costos y riesgos en el cruce fronterizo le impedía volver a su terruño y circular como se hizo a lo largo de todo un siglo. El alargamiento indefinido de la estancia generó la integración definitiva del migrante al medio norteamericano, aunque en condiciones de precariedad y vulnerabilidad, dada su condición irregular.

Las condiciones laborales se han trasformado radicalmente en estos últimos 25 años. De manera paralela al proceso de precarización del trabajador migrante, cuya mejor expresión son los jornaleros o esquineros que buscan empleo cada día, otro sector ha incursionado en mercados de trabajo mejor remunerados como la construcción, los servicios, la pequeña empresa y el pequeño comercio. La industria restaurantera ha sido particularmente prolífica y se han multiplicado por todo el país los restaurantes de cuño mexicano, igualmente las pequeñas empresas de servicios, para construcción y mantenimiento de albercas, reparación de techos, limpieza, etc. Incluso en la agricultura la oportunidad de invertir y trabajar directamente la tierra o proporcionar servicios es una realidad. Todo ello, con la facilidad de contar con mano de obra migrante, precaria y de primera generación en un contexto de enclave étnico.

Finalmente, en este nuevo contexto de mayor politización, integración y madurez de la comunidad migrante, una reforma migratoria que abra el camino a la regularización y a la ciudadanía será un motor increíble para empoderarla y potenciarla como un factor decisivo en la sociedad norteamericana del siglo XXI. No obstante, las esperanzas pueden chocar contra el muro del discurso antiinmigrante, muy arraigado entre los congresistas norteamericanos, que pondrán muchos obstáculos y condicionamientos para que se logre una regularización masiva de inmigrantes irregulares.

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Notas

² Para mayor información sobre NDLON ver: http://www.ndlon.org/

³ Entrevistas realizadas en Princeton y Filadelphia, diciembre 2007.

Información sobre el autor:

Jorge Durand. Es profesor-investigador de la Universidad de Guadalajara y codirector, con Douglas S. Massey, del Mexican Migration Project (desde 1987) y del Latin American Migration Project (desde 1996). Es miembro de la National Academy of Sciences de Estados Unidos y en los últimos 25 años ha estudiado el fenómeno migratorio. Dirección electrónica: jdurand@princeton.edu