Demographic regression in Spain: economic crisis and migratory cycle change

José María Serrano-Martínez y Ramón García-Marín

Universidad de Murcia

Recibido el 28 de junio de 2012 ]]> A probado el 4 de marzo de 2013.

Resumen

La reducción sostenida de la natalidad y el aumento de la esperanza media de vida en España han conducido, en los últimos lustros, a un rápido envejecimiento de la población. Durante unos años, la entrada de numerosos inmigrantes al país ha originado un aumento notable de su población y un freno del envejecimiento. Ese balance inmigratorio tan intenso se ha detenido y muestra síntomas de modificarse. Numerosos elementos señalan que la economía española sufre no solo una situación de crisis pasajera; al contrario, muestra el agotamiento de un modelo productivo. No es fácil ni rápido crear otro nuevo. Este contexto plantea que las circunstancias económicas graves existentes dificultarán volver a ritmos migratorios favorables. Se confirma la tremenda debilidad demográfica española, pues apenas se han modificado sus componentes estructurales; la amenaza de la regresión demográfica se anuncia en el horizonte cercano.

Palabras clave: España, crisis económica, agotamiento del modelo productivo, población, inmigración, regresión demográfica.

Abstract

The continued reduction in the birth rate and the increase in average life expectancy in Spain have resulted, in recent decades, to a rapidly aging of the population. For several years, the entry of numerous immigrants has originated a notable increase of his population and a brake of the aging. This migratory so intense balance positive sheet has stopped and is showing signs of change. Many elements indicate that the Spanish economy is suffering not only a temporary crisis, on the contrary, shows the exhaustion of a production model. It is not easy or quick to create a new one. All this raises that the economic serious existing circumstances will impede to return to migratory favorable rhythms. Is confirmed the tremendous demographic Spanish weakness, since scarcely his structural components have been modified. The threat of the demographic regression is announced in the near horizon.

Key words: Spain, economic crisis, depletion of the production model, population, immigration, demographic decline.

Desde hace tiempo la discusión académica sitúa a la demografía (estudio de la población) como variable dependiente de la economía. Frente a esa afirmación se defiende que aquella puede convertirse en variable independiente, con protagonismo de la primera sobre la segunda (Reques, 2011). Resulta complejo calibrar sobre esa dualidad, pues resulta indiscutible la profunda interrelación existente entre ambas. También hay un hecho claro: el comportamiento de la población, salvo situaciones extraordinarias, se caracteriza por seguir un ritmo de evolución pausado. Las consecuencias importantes se advierten a medio plazo, transcurridos unos lustros, a veces décadas, tras mantenerse ciertas tendencias; por ello, cualquier modificación o encauzamiento para impulsar su devenir no puede improvisarse. No es posible obtener resultados de hoy para mañana, de ahí la necesidad de perfilar y acotar cual es su ritmo y comportamiento, su propensión y orientación. Delimitado eso, toda sociedad democrática y madura, consciente y responsable de su realidad, debe definir y perfilar qué futuro demográfico desea, o le conviene, en defensa de sus intereses mayoritarios.

Ese proyecto de porvenir demográfico implica una enorme trascendencia y debe ser perfilado con el mayor respaldo y consenso posible, para evitar cambios y modificaciones al albur de los vaivenes políticos y electorales de corto plazo.

Desde hace años el devenir demográfico español emprende una senda de reducción de su balance vegetativo (Abellán, 1999). Esa tendencia es normal, se presenta en todos los países cuando se dan las circunstancias adecuadas que llevan a los cambios pertinentes. La peculiaridad en el caso español es la rapidez con que se produce el descenso.

Las tasas mínimas de fecundidad registradas no aseguran el relevo generacional; de forma complementaria, eso lleva a un envejecimiento rápido de la población, con todo lo que ello significa. Con esta presentación de hechos, brevemente esbozada, no se trata de alarmar, todo lo contrario, de prevenir. En años recientes (en especial desde finales de los noventa) se ha analizado desde numerosas perspectivas la compensación inmigratoria; algunos la han considerado una solución para alcanzar el equilibrio e incluso el crecimiento poblacional, ante la debilidad de la natalidad interna. Pero, tras unos años de intensas entradas de inmigrantes, con aumentos generales nunca registrados de la población residente total, se advierten numerosos elementos que nos llevan a preguntarnos si no estamos en los inicios de una nueva situación. De confirmarse, esto implicaría un cambio neto en el balance final del comportamiento demográfico español.

En tal caso, la evolución de la población española pasará a depender, en esencia, de su capacidad interna para impulsar su natalidad, propiciar su renovación, detener el envejecimiento y evitar su reducción (Macarrón, 2011). Tal planteamiento encierra un alcance profundo; sus consecuencias impactan a diferentes órdenes de la vida, y de no abordarse a tiempo sus efectos pueden ser graves. Por ello no son suficientes las alternativas puntuales a los problemas estructurales, y debe añadirse que tampoco hay soluciones simples para problemas complejos.

El artículo se organiza en cuatro apartados. En el primero se estudia la dimensión e importancia del aumento de la población residente en España, sustentado, en esencia, en la llegada masiva de inmigrantes. Se hace especial hincapié en el análisis de las causas que han favorecido esa rápida y cuantiosa inmigración; se destacan las de índole económica, al amparo de una coyuntura favorable, con fuerte demanda de mano de obra poco cualificada.

El segundo apartado aborda el agotamiento de un modelo productivo que subyace tras la crisis económica que se padece. A la par, se escudriñan las circunstancias estructurales existentes en el fondo. Tras ello, se examina, en el tercer apartado, la atonía demográfica que caracteriza el comportamiento de la población española en sus principales variables, e igualmente se tiene en cuenta el progresivo envejecimiento que apenas ha detenido la llegada cuantiosa de inmigrantes.

Todo lo cual lleva, en el cuarto apartado, a señalar la existencia de numerosos indicadores que apuntan hacia un declive en el comportamiento de la población española, que barrunta un horizonte preocupante. Unas conclusiones oportunas cierran el trabajo.

El empleo de numerosas fuentes de datos, en su mayoría procedentes del Instituto Nacional de Estadística, sirve de apoyo para los análisis efectuados. La utilización de una amplia bibliografía permite abordar la combinación de elementos de dispar naturaleza, concurrentes en el devenir global de los hechos socioeconómicos y demográficos.

Aumento vivo de la inmigración y sus causas

Durante toda la época contemporánea, España ha sido con certeza tierra de emigración; de manera continuada, con diferentes ritmos e intensidades, decenas de miles de personas han salido en varias direcciones: América, Europa, norte de África (García Fernández, 1965). Por el contrario, apenas ha sido significativa la entrada de inmigrantes, en ninguna época cercana, salvo la reciente. Durante mucho tiempo ha permanecido al margen de los grandes flujos migratorios existentes en otras partes del mundo (Castles y Miller, 2003). El devenir español ha calado en el acervo popular creando una conciencia sociológica, que aún perdura, con enfoques sustantivos acerca del fenómeno migratorio.

Sin ir demasiado atrás, en 1981 la cifra de extranjeros residentes en España no llegaba a 200 mil personas. Si bien en los años siguientes asciende un poco, la cifra registrada en 1991 (ligeramente superior a 360 mil) mantenía una proporción casi insignificante, inferior a uno por ciento. A mediados de esa década se precipita la llegada de extranjeros de forma intensa y rápida. Unos datos escuetos ayudan a calibrar la auténtica dimensión del proceso, en 2001 ya superan 1.1 millones, a partir de ahí el ascenso de las cifras se acelera: 3.73 millones en 2005 y 5.74 en 2010.

Interesa recordar ciertos aspectos sobre la precisión de esos datos. Los diferentes procedimientos de registro añaden cierta confusión; al mismo tiempo, la rapidez de su ascenso, la dimensión del proceso y las intenciones contrapuestas de los interesados configuran una situación muy compleja, difícil de evaluar con exactitud (Pérez, 2004; Arango, 2004). Los mismos intereses dispares entre los inmigrantes recién llegados y las administraciones de control dificultan su contabilidad. La propia normativa de regulación, al modificarse con frecuencia, ha añadido cierto desorden para su evaluación. Durante los primeros años, cuando se precipitaba el ascenso inmigratorio, a menudo se hacía referencia al abultado número de ilegales, alegales o indocumentados, categorías administrativas o conceptuales complejas en las que se englobaba a aquellos no incluidos en los recuentos oficiales o que no se acomodaban a la normativa (Pumares, 2012). Ahora, en relación al número, probablemente el volumen real de personas presentes sea inferior a las cifras oficiales (Aja et al, 2010), en parte a causa de la dura situación económica que golpea con más fuerza a los inmigrantes, y lleva a muchos a abandonar España, sin que dicho regreso quede registrado como retornos oficiales. Por todo ello, se aconseja cierta cautela al presentar cifras exactas.

Ahora bien, tras las advertencias anteriores, queda fuera de duda la masiva presencia de extranjeros en España. Los datos recientes del último censo (2011) indican la cifra de 5 252 millones (con toda probabilidad, pues, su número real mediado el año 2013 ronda los cinco millones de personas), tal cantidad, comparada con la existente hace poco más de una década, representa un aumento neto de más de cuatro millones de extranjeros. Se trata, pues, de un volumen elevado en su dimensión absoluta; así resulta al compararlo con los de otros países europeos de nuestro entorno, solo Alemania contabiliza un volumen absoluto mayor, después de un proceso acumulativo de inmigración mucho más dilatado. Aquí se han sobrepasado las cifras existentes en otros países vecinos con más volumen de población que España, es el caso de Francia, Gran Bretaña e Italia.

El volumen del proceso se advierte también al cotejar su significación porcentual sobre el conjunto de sus poblaciones respectivas. En España, los residentes extranjeros sobrepasan 12 por ciento del total de la población. En ninguno de los países antes referidos se alcanza semejante proporción, es necesario fijarse en Estados europeos de reducida población para encontrar proporciones iguales o superiores a la española (por ejemplo, el caso de Luxemburgo o Suiza).

También conviene mencionar su incidencia espacial diferenciada en el territorio español. Siguiendo la escala de análisis regional, si bien en todas las Comunidades Autónomas (en adelante se empleará el acrónimo CCAA para referirse a ellas en plural y ca en singular) se ha incrementado la presencia de extranjeros, su repercusión varía enormemente. Sin contabilizar Ceuta y Melilla, que por su reducida dimensión poblacional trastoca cualquier comparación con el resto de CCAA, algunas superan o se acercan al millón de residentes extranjeros (caso de Cataluña y Madrid); otras solo contabilizan escasas decenas de miles (La Rioja y Cantabria). Eso, en parte, es consecuencia del dispar peso de la población de las mismas; por ello, quizás es oportuno valorar su significación porcentual, ahí los contrastes regionales son también muy acusados. Mientras que en ciertas CCAA los extranjeros representan más de 20 por ciento sobre el total de la población (Baleares), en otras significan proporciones inferiores a cinco por ciento (Extremadura, Asturias y Galicia) (Serrano, 2010 b).

Esa distribución territorial tan contrastada del asentamiento de los inmigrantes ha acrecentado las disparidades de las densidades de población regionales. Se trata de un elemento de enorme trascendencia por sus múltiples consecuencias para el devenir mediato de la población española (Gozálvez, 2010). En apariencia, durante los tres últimos lustros casi todas las demarcaciones territoriales españolas han ganado población; pero, si se analiza con detalle se advierten las diferencias tan acusadas de modificación que se han registrado. Durante buena parte del siglo pasado los movimientos migratorios interiores acrecentaron las diferencias espaciales de densidad. Ahora, en los casi tres lustros de llegada copiosa de extranjeros, de nuevo se han precipitado las diferencias y los contrastes territoriales.

Así mismo, es oportuno fijarse en la naturaleza de la inmigración, en especial haciendo referencia a su procedencia; esto ayuda a explicar su presencia aquí, a la vez que puede contribuir a vislumbrar su devenir en apartados tan destacados como su posible y progresiva integración creciente en la sociedad española. Es un asunto complejo; concierne tanto a la comprensión de esos hechos como a calibrar su posible dinámica futura. Con suma brevedad se precisan algunos aspectos básicos que ayudan a explicarlo mejor:

• Datos recientes (Instituto Nacional de Estadística INE, 2011) señalan que el mayor colectivo de residentes extranjeros procede de la propia Unión Europea: 2.3 millones, 41.7 por ciento del total. Esas cifras no deben llevar a engaño, no se trata del resultado de un proceso asentado de integración en el cual predominan flujos multidireccionales equilibrados. En esencia, siguiendo su procedencia por países, destaca el colectivo originario de Rumanía, es el más cuantioso (0.86 millones de personas), que representan 36.1 por ciento de los procedentes de la Unión y 15.08 por ciento de todos los extranjeros presentes en España. Si a ello se suman los ciudadanos de Bulgaria, también copiosos (0.17 millones), cuyo colectivo guarda una cierta similitud en su evolución con el anterior, la suma de ambos sobrepasa el millón; la adición de otros inmigrantes originarios de países vecinos eleva tal cifra hasta rozar la mitad de todos los extranjeros (Serrano, 2013). Los antes citados son países incorporados recientemente a la Unión Europea (TJE) con niveles de renta inferiores al español, han buscado aquí acomodo a sus deseos de trabajo y mejora de vida, aunque muchos se insertan en la economía informal (Dehesa, 2008). En buena medida se mantienen los esquemas de comportamiento anteriores (Baldwin-Edwards y Arango, 1999).

• A grandes rasgos, la otra mitad de los europeos residentes en España, poco más de un millón de personas, agrupan una procedencia más variada. Destaca la aportación de los países con mayor peso poblacional de la UE: Reino Unido, Alemania, Italia y Francia. Los nativos de esos países residentes aquí, en buena medida migraron debido a una doble motivación: a) una proporción elevada de ellos son jubilados extranjeros asentados al amparo de ciertas condiciones favorables para esa fase de la vida (King, 2002; Rodríguez et al, 2005); b) el resto son consecuencia de los apreciables procesos de integración económica y productiva europea, los cuales combinan e intercalan diversas actividades empresariales y numerosos empleados autónomos.

• Las personas procedentes del ámbito iberoamericano siguen en importancia, suman 1.62 millones y representan 28.3 por ciento del total. Son numerosas las colonias procedentes de Ecuador, Colombia, Bolivia, Argentina, Brasil, etc.; la mayor distancia territorial se ve compensada por la afinidad cultural e idiomática. Todo ello, dentro de un contexto predominante de migración de carácter económico y laboral (Ayuso y Pinyol, 2010). Su significativo sesgo femenino aporta una llamativa peculiaridad (Oso, 2005; Fernández, 2006).

• El tercer grupo más numeroso es de origen africano: 1.07 millones de personas; es decir, 18.83 por ciento del conjunto. La cifra es paradójica, pues, en esencia, se trata de la aportación destacada de un país: Marruecos. De ahí parte un numeroso colectivo de extranjeros residente en España (0.86 millones); representa a 80.3 por ciento de todos los africanos y 15.08 por ciento del total de extranjeros presentes en España. El diferencial económico de ambos países y la proximidad geográfica explican, en buena medida, su abultado número. Todo ello debe tenerse presente a la hora de evaluar su devenir, sus complejas implicaciones derivadas y su posible comportamiento para el futuro demográfico español mediato (Lazaar, 2011). Los grupos procedentes de otros países, hasta el momento, significan mucho menos; si bien algunos confirman flujos de salida emigratorios considerables.

• Los del conjunto de Asia apenas representan seis por ciento, si bien entre ellos sobresale la colonia de origen chino, la cual, con 0.16 millones de personas; ocupa el puesto décimo en la jerarquía absoluta, aunque evoluciona con dinamismo. Casi simbólicas son las cifras de los inmigrantes residentes en España originarios de otros ámbitos espaciales, los de América del Norte no alcanzan siquiera el uno por ciento y los del resto (caso de Australasia) aportan un insignificante 0.05 por ciento.

Es fácil deducir que el origen plural de los inmigrantes se ha acentuado a la vez que se incrementaba su número. Frente a unos inicios concentrados se avanza hacia una realidad más compleja, era algo previsible hace años (Arango, 2002). Por ello, ahora, en los preámbulos de una nueva etapa migratoria, con reducción en las entradas, aumento de retornos y, en definitiva, cambios de signo en los saldos migratorios finales, las respuestas no pueden ser homogéneas. Más adelante se harán las oportunas referencias a ello.

Expuestos unos datos escuetos que enmarcan la dimensión y fisonomía de la inmigración extranjera en España, interesa enfatizar la causa básica inmediata de estos flujos migratorios. Los diferentes estudios realizados suelen coincidir en sus análisis (Díez y Ramírez, 2001; Bodega y Cebrián, 2004), se evalúa que, sobre el total de residentes en España, más de 85 por ciento están ligados a lo que se califica como migraciones de naturaleza económica y laboral (Elías, 2011); es decir, mayoritariamente son personas que han ido a España para realizar trabajos con el fin de alcanzar una mayor remuneración y el disfrute de formas de vida más ventajosas de las que tenían en sus lugares de procedencia.

De forma complementaria, numerosos extranjeros también desarrollan trabajos por cuenta propia, favorecidos por una etapa pasada de crecimiento económico (Trinidad, 2003). Eso explica que, en los momentos de máxima ocupación (2007), los inscritos en las diferentes categorías de empleo superaban los 2.3 millones de personas. Bastante más reducidas son las cifras actuales (2013), que apenas sobrepasan los 1.5 millones: la crisis económica ha llevado a tasas medias de paro generales que superan 25 por ciento. Esta situación afecta con mayor intensidad a buena parte de los diferentes grupos de inmigrantes (INE).

A partir de lo anterior, es obligado analizar, si bien de forma esquemática, las causas mediatas que han propiciado ese rápido y abultado proceso inmigratorio. Dada la significación del tema son numerosos los análisis efectuados (Gozálvez, 2008; Huete, 2009), se realizan desde numerosos puntos de vista; así se obtienen respuestas dispares, a veces, complementarias. Aunque ello constituye solo un aspecto colateral de esta investigación, para alcanzar su mejor comprensión interesa acotar los elementos básicos que lo han sustentado; los que conforman la organización económica básica constituyen la base de partida. Una apretada síntesis de ello se ofrece a continuación:

• Dentro del proceso de integración europea, el horizonte cercano de instaurar la moneda única obligó a todos los países aspirantes a procesos de ajuste. En el caso de España conllevó transformaciones acusadas de estabilización y liberalización, así pronto se consiguieron ciertos resultados económicos positivos. Se afianzó el funcionamiento del nuevo marco: un mercado europeo más integrado, numeroso y con elevada capacidad de consumo; al mismo tiempo, el euro aportó fortaleza, estabilidad y confianza. Parecía que España, definitivamente, tras ese impulso, afianzaba su desarrollado (Serrano y Calmes, 1998). La nueva política monetaria, al conseguir tasas bajas de inflación, permitió tipos de interés reducidos, junto a un coste bajo del dinero; pero con ello también se abrió la puerta a cotas mayores de endeudamiento de empresas y familias (García y Myro, 2009). La insuficiencia del ahorro interno llevó al endeudamiento exterior excesivo, fácil de conseguir. En 2009, la suma de la deuda exterior de empresas y particulares alcanzó 1.7 billones de euros, 168 por ciento del pib nacional. La ingeniería financiera y bancaria practicadas coadyuvaron en su rápida expansión.

• En ese contexto global próspero, la economía española inició un ciclo de apreciable crecimiento, con valores anuales medios superiores a tres por ciento. Hay además otro factor favorable: desde su creación, las políticas de compensación europeas a los países menos ricos han transferido a España ingentes sumas de dinero, a través de numerosos conceptos y vías (González y Benedicto, 2006). Es el caso de los fondos estructurales, regionales, políticas agrarias, etc.; esas enormes sumas de dinero, al invertirlas en diferentes apartados de las diversas infraestructuras, ejercieron un efecto multiplicador en la actividad productiva y el consumo interno, por diferentes vías, directas e indirectas. Todo eso contribuyó al aumento de la renta que, por medio de múltiples subvenciones, llegó a numerosos colectivos; una parte sustancial de las mismas alentó el alza de la riqueza y, en especial, del consumo.

• Es esencial delimitar los elementos centrales que han sostenido el anterior modelo productivo español, en especial aquellos que han influido más en el asunto central que nos ocupa: el demográfico. En forma rotunda debe afirmarse un rasgo común y destacado: las actividades ligadas al empleo intensivo de mano de obra poco cualificada con reducido valor añadido y exangüe productividad. De estas, destacan por su mayor participación las actividades relacionadas con la construcción, en su sentido general (Serrano, 2010a). De los servicios, sobresalen esencialmente aquellos personales (Cuadrado y González, 2009). En su momento álgido, la construcción alcanzó un puesto destacado en porcentaje sobre el PIB. En 2007, la edificación de viviendas ascendió a 11.6 por ciento, la de infraestructuras públicas a 2.8 por ciento y la correspondiente a otras construcciones (obra civil y edificios para servicios dispares) a 7.2 por ciento. La suma de las tres significó 21.6 por ciento. A menudo, estos datos desagregados no calibran por sí mismos la realidad de su participación (Taltavull, 2001), pero su rotundidad conjunta es palmaria. Por otro lado, la heterogeneidad y complejidad de los servicios resulta evidente, un rasgo común a muchos de ellos es su necesaria producción y consumo próximos (Maroto, 2010). No es posible su deslocalización inmediata, de ahí los plurales vicios de su funcionamiento. La dificultad de competencia se traslada a la reducción de su productividad, favoreciendo el empleo intensivo de fuerza laboral y la consecuente y amplia demanda de mano de obra.

• Ese modelo productivo consiguió mantener durante unos años tasas de crecimiento elevadas con realzadas demandas de empleo (Pajares, 2011). De esa forma, la población ocupada en España pasa de 12.2 millones en 1996 a 20.1 millones en 2007; en total se crearon en esos años más de siete millones de puestos de trabajo. El conjunto de la economía creció en tamaño, pero apenas se modificó su estructura inicial. Esto debe subrayarse para entender lo esencial del modelo productivo anterior, aún vigente en sus rasgos básicos, y la inviabilidad de su mantenimiento. Como se refiere, de manera sucinta, el auge de la burbuja inmobiliaria (ayudada, entre otras causas, por una financiación benigna), al derrumbarse, precipita las numerosas desarmonías acumuladas. Sus consecuencias negativas contaminan otros sectores, caso del financiero, endeudado y apalancado en exceso.

• No era posible atender tantos puestos de trabajo creados con la población española. Las cohortes de los españoles que llegaban al mercado en edad laboral eran menguantes (correspondían a una natalidad en disminución intensa desde 1976). Por ello, la entrada de inmigrantes con ese objetivo laboral se presentó como un camino beneficioso para todos (Solé y Parella, 2001). Los empresarios podían disponer de mano de obra abundante, poco exigente en salarios y en condiciones laborales. El gobierno, al aumentar la población, incentivaba la demanda y el consumo interno, relanzando a su vez el crecimiento económico. Los sindicatos y fuerzas sociales no encontraban en ello mayor reparo, pues los nuevos llegados ocupaban nichos laborales propios, sin estorbar a la fuerza laboral interna (Martínez, 1998; Martínez, 2004). Todo eran ventajas en ese ciclo emprendido (Dolado y Vázquez, 2007). Los cambios y desplazamientos de ocupación cuantiosos, también registrados, favorecieron la cómoda entrada en el mundo laboral de colectivos menos participativos, caso del mundo femenino, incrementando así la tasa de actividad general (VV.AA, 2011). Conviene recordar que la tasa de paro se reduce de 21.6 por ciento en 1996 a 8.6 por ciento en 2007.

• A través de los medios de comunicación se transmite un estado de opinión favorable para aceptar mejor la nueva situación; a menudo se enfatizan las virtudes que aporta la llegada de inmigrantes y solo se destacan sus fortalezas (Pérez et al., 2001), las de naturaleza poblacional (contribución para apuntalar la débil demografía española) y las económicas, en la medida en que los nuevos residentes extranjeros contribuían a impulsar el sistema productivo y a reforzar su contribución al "Estado social" predominante.

• También se minimizaron sus posibles consecuencias menos favorables, relativas a su adaptación e integración futuras. Si bien no faltan quienes señalaron esos asuntos (Aparicio, 2005). Fueron también frecuentes las declaraciones concernientes a la pluralidad cultural, las loas al mestizaje; se habla a menudo de España como país de acogida; de su deuda hacia el mundo como anterior país de emigración, etcétera.

• Las carencias de control y de encauzamiento de los copiosos flujos de inmigrantes por parte de las administraciones públicas quedaron camufladas ante esa nueva dinámica poblacional. Nunca llegó a articularse una política demográfica ambiciosa ni coherente, menos aun se contempló la situación futura, ni a medio ni a largo plazo (Sagardoy, 2011). Se presentaba esa nueva realidad como si fuese un camino lleno de bondades, que podría continuarse y ampliarse durante muchos años. En definitiva, la propia inmigración se convirtió en base e impulso de crecimiento económico, como suele ocurrir en muchos casos (Matia y Álvarez, 2012).

Todo lo anterior se viene abajo, cambia de signo, cuando se manifiesta con intensidad la crisis económica, que muestra sus efectos crecientes a partir de 2008. Sus consecuencias principales son de esa naturaleza, pero van más allá. Afectan a varios apartados destacados de la economía productiva, también al sector financiero; ambos se combinan, entrelazan y autoalimentan. Así, ahora, el sector financiero tiene que digerir numerosos activos señalados en sus balances, procedentes de los préstamos en su día concedidos, y que no se han podido devolver, los cuales poseen un valor muy inferior al que indican y que esperaban obtener. Esto dificulta hasta el máximo financiar muchas operaciones productivas de la economía real, sin ellas es difícil cualquier reactivación de la economía productiva.

El saneamiento de las entidades bancarias es esencial. El rescate bancario iniciado en el verano de 2012 es una muestra palpable de ello.

La espiral de crisis parece difícil de romper, sus numerosas vertientes la hacen más compleja cada vez. Se acrecienta la idea de que, en el fondo, estamos ante el agotamiento de un modelo productivo (Dehesa, 2009). Sus consecuencias se trasladan a numerosos campos de la vida; entre ellos, de manera destacada, el demográfico; dentro de él, los asuntos migratorios confirman respuestas sustantivas que interesan sobremanera. Para entrar en ese aspecto conviene centrarse en sus rasgos esenciales y en la dimensión del problema básico que subyace en todos esos cambios. Unas resumidas consideraciones al respecto se añaden a continuación.

En plena crisis, y tras casi cinco años desde que mostró sus primeros síntomas, son copiosos los estudios realizados (Niño, 2009), sus enfoques plurales y la determinación de sus causas divergentes; así como las soluciones y las salidas propuestas. No obstante, algunas cuestiones se advierten más palpables (Velarde, 2011). Es la primera crisis que se desarrolla en un mundo tan globalizado e interconectado como el actual (Tamames, 2009).

Los tráficos de toda índole, de productos y mercaderías, traspasan todas las fronteras; con más rapidez lo hacen la información y los flujos financieros. Rasgos de un mundo desbocado para algunos (Giddens, 2003). En ese planeta sistémico, organizado en red interactiva, abierto, resulta difícil rivalizar modelos de producción dispares con diferencias significativas en los imputs de sus costes específicos: salarios, gastos de producción, políticas fiscales, coberturas sociales, etcétera (Dehesa, 2007). Otros cambios geopolíticos, con el ascenso de nuevos actores, añaden complejidad a la actualidad mundial. La necesaria toma de decisiones rápidas beneficia a quienes pueden hacerlo, frente a otros sistemas políticos cuyos engranajes de soberanía necesitan tareas de compensación plurales. De manera esquemática, suele hablarse, de forma muy resumida y simple, de la configuración actual de dos grandes modelos de organización mundial opuestos: el que ofrece Estados Unidos y el que sigue China; entre ambos, se considera una vía intermedia la que ha seguido la Unión Europea, queda por ver su capacidad para continuar frente a la dualidad apuntada, un difícil reto (Greenway y Nelson, 2001).

Además, el conjunto europeo combina una marcada heterogeneidad interna. En una época de estancamiento, e incluso con recesión económica en algunos de sus países, es difícil sufragar, a cargo de mayores déficits públicos, los costes elevados que conllevan sus políticas sociales, inherentes al llamado Estado del bienestar (Ontiveros, 2011). Este pudo construirse y sufragarse en épocas de crecimiento económico y mayor bonanza, ahora se sugiere que solo mediante profundas reformas y reacomodos del mismo es posible mantenerlo, al menos en sus rasgos esenciales. A todo ello se unen problemas monetarios acusados.

El funcionamiento de la moneda única solo es posible en la medida en que se adopte y se cumpla una política presupuestaria ortodoxa, una armonía fiscal que sostenga las finanzas públicas, similitud en la productividad de los sectores importantes y voluntad política decidida a caminar hacia un objetivo común (Ortega y Pascual-Ramsay, 2012). La heterogeneidad interna dificulta posturas comunes; las presiones e intereses exteriores tampoco deben obviarse. Se precisan muchos cambios, de todo tipo. Las incertidumbres son numerosas.

España es uno de los estados que muestra debilidades, su modelo productivo se encuentra agotado y no es sencillo encontrar respuestas suficientes ante los nuevos retos planteados. Un ejemplo palmario lo constituye el sector de la construcción, que aquí ha sido básico (Galindo y Sosvilla, 2012), su derrumbe ha arrastrado a otros, ha entrado en una espiral continuada de reducción productiva (García y Myro, 2009). El déficit fiscal estructural incrementa la deuda y se traslada a numerosos desequilibrios presupuestarios, financieros, productivos y laborales. Uno de los más llamativos es el aumento de la tasa de paro, que en pocos años ha subido con rapidez, pasando del citado 8.6 por ciento de 2007 a 25 por ciento en 2012.

Las políticas de ajuste presupuestario para equilibrar los gastos públicos reducen las posibilidades de impulso y crecimiento económico. Los costes de financiación pública estrangulan la financiación privada (Montoro et al., 2011). Por su parte, el sistema bancario y financiero soporta una elevada deuda privada que, junto a la pública, dificulta lograr su refinanciación. Se afianza, así, una evolución negativa que se autoalimenta y de la que resulta arduo evadirse (Velarde y Serrano, 2008). Por otra parte, aumenta el rechazo social derivado de los ajustes, que implican, de inmediato, renunciar en parte al disfrute de formas de vida cómodas, percibidas durante tiempo. Ello presiona a los gobiernos en su toma de decisiones para reconducir la situación, pero es difícil seguir viviendo por encima de las posibilidades, sin estar sostenidas en una realidad productiva sólida. En un mundo económico abierto pocos están dispuestos a seguir financiando continuamente déficits económicos que llevan a endeudamientos dudosos en su amortización (World Bank, 2011). Así, se incrementan los problemas.

Para valorar mejor el comportamiento actual, frente al precedente, interesa recordar las cifras contabilizadas hace solo unos años. Así, entre los años 2001 y 2002 los extranjeros que se asientan en España suman 868 886; el año siguiente se adicionan 686 222; entre 2004 y 2005 de nuevo se suman 696 284. En conjunto, pues, entre 2001 y 2008 la suma de extranjeros empadronados en España, como se apuntó antes, crece en 4.1 millones. Con las debidas cautelas y matices que acompañan esa cifra, tales datos resumen y explican la dimensión de lo acaecido.

Ahora, el cambio migratorio referido se produce con rapidez e intensidad. Durante los últimos años, cuando la crisis económica golpea con fuerza, de inmediato influye en el sentido y significación de los flujos migratorios exteriores. Algunos datos se resumen en la Se comprueba que en 2009 el saldo migratorio de extranjeros, en referencia al de años anteriores, se encoge con fuerza; se mantiene con escasas variaciones el año siguiente y, en 2011, ya contabiliza un valor negativo superior a las 31 000 personas. En nada se parecen esas cifras a las registradas los tres lustros precedentes, incluso se puede pensar que la realidad es más cruda de lo que señalan los datos. Es fácil deducir que muchos residentes extranjeros han abandonado España durante los últimos meses sin registrar su baja, pues algunos prefieren mantener sus posibles derechos adquiridos aquí, con la intención de retornar, si lo precisan. Para muchos el regreso a sus lugares de origen no es halagüeño, en cierta forma representa la constatación del fracaso, el desmoronamiento de su esperanza emigratoria. En definitiva, asistimos a un cambio rotundo de tendencia, queda por ver su dimensión y continuidad.

En complemento a lo anterior, también son de parecido signo negativo los saldos migratorios de españoles con el exterior, durante los tres últimos años sus balances son negativos. Los valores más recientes, al afianzarse, confirman la naturaleza de la situación, gran parte de jóvenes confía en encontrar fuera un trabajo que aquí no consigue. De esa manera, lo que ha sido un largo ciclo favorable de saldos migratorios de españoles, iniciado en la segunda mitad de los setenta, ahora se modifica. Así, la colonia de españoles residentes en el exterior, reducida año tras año durante mucho tiempo, muestra una tendencia inversa, el padrón de españoles residentes en el extranjero pasa de 1.47 millones en 2009 a 1.93 millones en los inicios de 2013 (INE). Estas cifras deben tomarse con cierta cautela, dados los diferentes elementos concurrentes, tanto los relativos a los procesos de recuperación de nacionalidad (descendientes de españoles), como a la discrecionalidad de su inscripción en los registros consulares.

Todo lo anterior plantea un nuevo escenario: el de un ciclo demográfico nuevo, caracterizado en este aspecto por saldos migratorios exteriores negativos. Queda por confirmar cuál será su intensidad, duración y comportamiento final durante los próximos años. Una prospección realizada por el INE evalúa su continuidad con signo negativo hasta 2020. La dimensión de los valores previstos cada año se sitúa dentro de una horquilla de -130 mil y -62 mil personas cada año. De todas maneras, cabe convenir que las diferentes políticas económicas aplicadas, dentro del incierto entorno económico europeo y mundial, también influirán en ello (Coppel et al., 2001). En definitiva, lo expuesto permite pensar en el final de un ciclo demográfico y el inicio de otro, opuesto al anterior

Atonía demográfica y envejecimiento de la población

Los movimientos naturales de la población se caracterizan, durante los últimos años, por una reducida natalidad (valores mínimos) y una tasa de mortalidad casi estancada, en cifras bajas. Así se avanza hacia un creciente envejecimiento de la población, con la prolongación de la edad media de vida. Los datos de la Tabla 2 son contundentes.

Los diferentes indicadores demográficos confirman que la población española registra la primera transición desde las décadas centrales del siglo pasado, en ella se reduce de manera rápida la natalidad, junto a un menor descenso de la mortalidad. A partir de ese marco se da paso a situaciones más evolucionadas, social y económicamente. En España, esos cambios se produjeron con cierto retraso, en relación con la mayor parte de los países de su entorno europeo; los rápidos cambios que tienen lugar a partir del Plan de Estabilización de 1959 lo aceleraron.

A mitad de los años ochenta puede decirse que, consolidada la primera transición, se entra en la segunda. Una consecuencia palpable y destacada de ella es la reducción acusada del crecimiento vegetativo, dentro de importantes cambios en los modelos familiares. La cifra de 378 499 habitantes de incremento poblacional correspondiente a 1976 se convierte, diez años más tarde, en 129 526; un descenso acusado.

El cambio de comportamiento social es sustancial. Se pueden añadir aspectos concretos como: la incorporación generalizada de la mujer al trabajo y el nuevo papel ascendente ocupado por ella en la sociedad (con reducidas compensaciones socio-laborales). El desarrollo personal se sitúa en el centro vital, los aspectos familiares pasan a otro plano; se introducen otras escalas de valores, ajenas a la tradicional, a la vez que se generalizan nuevas pautas de comportamiento diferentes a las previas. Todas esas nuevas circunstancias explican y ayudan a entender esos profundos cambios sociológicos; en definitiva, responden a la generalización de nuevos modelos de naturaleza cultural y de costumbres.

Por consiguiente, los aspectos de naturaleza sociológica y económica se aúnan para entender los nuevos hábitos de comportamiento. Pero, tales transformaciones se registran en España con cierto retraso con respecto a otros países europeos de nuestro entorno espacial, dentro de una tendencia de convergencia europea general (Billari y Wilson, 2001). Sin embargo, los resultados son complejos, ciertos rasgos ascienden con rapidez, se sobrepasan los promedios del conjunto de la Unión Europea, mientras que otros quedan rezagados.

Solo como muestra se aportan algunos datos al respecto referidos a 2010. De una parte, el porcentaje de personas que viven como pareja es menor en España: 41.3 por ciento (frente a 48.3 por ciento de promedio comunitario) (Jamieson, 1998). También es inferior la proporción de los adultos que habitan solos (20 y 31 por ciento, respectivamente). Por el contrario, es más elevada la proporción de adultos mayores de 25 años que residen con sus padres (62 por ciento frente a 27). Estos datos confirman singularidades, antes aludidas, fruto de modelos de vida disímiles en relación a la media europea, y sociológicamente algo diferentes a ella. Al contrario, otros indicadores confirman la rápida transformación en España de las pautas de comportamiento familiar; estas, por ejemplo, se manifiestan en los siguientes hechos: la tasa bruta de matrimonios por mil residentes se ha reducido drásticamente en España; en 1970 era algo superior, pero cercana al promedio de los países que hoy forman la UE: 7.3 versus 6.8; hasta el año 2000 mantiene esa equivalencia, y más adelante (2010), se reduce hasta 3.8, por debajo del conjunto comunitario que ofrece una tasa de 4.9 por mil (European Comission, 2011 y 2012). Al mismo tiempo, los divorcios registran un progresivo incremento. La tasa bruta por cada mil residentes asciende en España entre 1990 y 2010, de 0.6 a 2.1. En ese mismo tiempo, la evolución de los valores del conjunto de la Unión pasa de 1.6 a 2.1.

Otro indicador del profundo cambio sociológico español lo aporta la cifra de nacidos fuera del matrimonio; se detalla el porcentaje sobre el total, al paso de los últimos 20 años ha crecido de 9.6 por ciento a 31.4. En ese mismo tiempo, el promedio de la Unión asciende de 17.4 a 37.4 por ciento. La dimensión del cambio se confirma al comprobar que en España en 1970 esa proporción era de solo 1.4 por ciento.

En resumen, los datos aportados ratifican un cambio apreciable en los diferentes comportamientos poblacionales y sociológicos relacionados con los hijos, la familia y su entorno sociológico en general (Pinelli et al., 2001). Es decir, se efectúa el mismo recorrido en menos tiempo; un proceso de convergencia acelerado (Coleman, 2002) que alcanza, y a veces sobrepasa, los valores medios de nuestros vecinos comunitarios (Thumerelle, 1999; Sánchez, 2003).

Un entorno sociológico familiar de esa naturaleza propicia que se registren, por lo común, en el ámbito europeo, cifras de fecundidad reducidas, de las menores del mundo (Billari y Kohler, 2002). Se comprueba, como paradoja, que a pesar de dedicar apreciables sumas de dinero en promover "políticas sociales", en parte orientadas hacia este campo, los resultados demográficos confirman su debilidad (Lesthaegue y Willens, 1999). Quizás este hecho debería ser asunto de análisis y reflexión pausada, buscando otros caminos con fórmulas diferentes o complementarias de actuación (Sardon, 2009). A menudo se dice que el objetivo es conseguir una natalidad más elevada, orientada a evitar y compensar la debilidad demográfica en Europa (De Rose y Racciopi, 2001).

Centrados en España, debe enfatizarse que la reducción de su natalidad y la debilidad poblacional, iniciada hace varios lustros, se ha amortiguado solo durante unos años con la aportación de población extranjera llegada por inmigración y, de forma complementaria, con el incremento de la natalidad de estos; se ha conseguido así un ligero rejuvenecimiento. Eso es habitual al ser mayor su fecundidad (Toulemon, 2004), así ha sucedido en España (Izquierdo, 2006). De esa forma, en el año 2002 el número medio de hijos por mujer extranjera (2.05) era superior al de las españolas (1.21), con ello asciende el valor medio conjunto a 1.26. Así mismo, en 2006 los índices suben a 1.7 y 1.33, respectivamente, y el promedio se eleva a 1.38. Ese repunte creciente impulsa el promedio general en 2008 a 1.46 (se mantiene superior el número de hijos de extranjeras, 1.81, que el de las españolas, 1.38). Pero, ya en 2010 se advierte una contracción del valor medio hasta 1.37 (el de extranjeras desciende a 1.64 y el de españolas a 1.32). Se comprueba, por tanto, que durante varios años la proporción de hijos nacidos de madres extranjeras ha sido superior a su significado sobre el total de la población. La proporción de extranjeros, en referencia al total de la población residente en España, ha subido hasta 12 por ciento, mientras que los nacidos de aquellos superan 20 por ciento del total. Causas de índole cultural, junto a otras de diferente naturaleza, están detrás de ello (Gozálvez, 2008).

Otros datos complementarios confirman esa tendencia. La edad de nacimiento del primer hijo en las mujeres extranjeras es inferior al promedio de las españolas: 28.7 años, frente a 31.9. En su conjunto, se advierte que el ligero ciclo de crecimiento de natalidad en España, antes apuntado, ha sido débil y se ha agotado.

Incluso, como balance general, se comprueba que a pesar de la copiosa entrada de inmigrantes extranjeros en España, los indicadores de natalidad no han mejorado sustancialmente. La tasa general de natalidad, desde el valor más bajo (1995: 9.23 por mil) consigue subir 2.14 puntos en la más alta (2008), a 11.37. Pero tres años más tarde retrocede 1.17 puntos, situándose en 2011 en 10.2 por mil, una cifra que solo representa un ascenso de 0.97 puntos sobre el mínimo previo registrado. Asimismo, el indicador coyuntural de fecundidad durante ese tiempo solo ha logrado crecer unas décimas, pasa de 1.17 (el más bajo, año 1995) a 1.46 (el más elevado, correspondiente a 2008). Pero retrocede a partir de ese año, como se apuntó antes. Así, se constata que a medida que pasan los años el diferencial de fecundidad de las extranjeras, en comparación con el de las españolas, se acorta. Si en 2002 era de 0.84 puntos, en 2008 baja a 0.37 y en 2010 ha sido de 0.27. El camino hacia una homogeneización avanza (Orzechowska, 2001). Todo lo indicado confirma lo antes dicho.

Por otro lado, el envejecimiento de la población española es notorio y creciente, parecido al de otros países europeos de su entorno (Sardon, 2002); si bien aquí adquiere un ritmo más notorio. Diferentes indicadores confirman tal proceso desde tiempo atrás, prosigue (Abellán et al., 1996) y se mantiene (Del Barrio y Abellán, 2006; Gurría et al, 2008). Así, su edad media no ha cesado de crecer, en 2010 es de 39.9 años, valor similar al promedio de la Unión Europea ampliada (situado en 40.9 años). El aumento de la esperanza media de vida ha contribuido a ello, pues se sobrepasan las cifras medias de la Unión (76.4 años), siendo aquí de casi 80 años para varones y 84 años para mujeres; en solo dos décadas este valor ha aumentado en cinco años.

Por lo anterior, no es de extrañar el ascenso rápido de las personas octogenarias. En datos absolutos su cifra ha pasado de 1.1 millones en 1981 (lo cual representaba 2.98 por ciento del total) a 2.2 millones en 2010 (4.88 por ciento de la población conjunta española). Un resumen del progresivo envejecimiento de la población se especifica en los datos de la Tabla 3. Igualmente, la Gráfica 2 confirma la alteración de las proporciones que significan los principales grupos de edad desde 1970.

Los datos aportados permiten comprobar la cadencia de los hechos. Interesa fijarse en la transformación conjunta registrada en el largo plazo; también su ritmo acentuado de cambio en los últimos 30 años. Tal ha sucedido con la disminución acusada de la proporción de jóvenes y, por el contrario, el alza brusca de los mayores, en especial desde la década de los noventa del siglo anterior. De manera complementaria, el amplio grupo intermedio porcentualmente apenas se modifica, si bien registra un destacado aumento en valores absolutos; esto se corresponde con lo ocurrido en otras sociedades desarrolladas que han registrado procesos similares (Bermejo, 2011).

La contribución de los inmigrantes extranjeros a las alteraciones en la estructura de edades se especifica gráficamente en la pirámide correspondiente a 2011 (Figura 1); se comprueba cómo estos ayudan, en especial, al robustecimiento de los grupos de edad medios, en menor grado a los jóvenes. Así, han amortiguado algo el profundo desequilibrio demográfico, no obstante, su análisis confirma que eso resulta insuficiente para modificar la tendencia marcada de regresión y envejecimiento de la población española (Zamora et al, 2006).

Ya se ha hecho referencia a que toda tarea de prognosis, en especial si se realiza dentro de las ciencias sociales, es arriesgada. Dentro de una consideración positivista se puede tildar de poco científica. La realidad es muy compleja, su devenir plural puede trastocar aspectos de dispar naturaleza, solo atisbados, y a partir de ahí, desencadenar una sucesión de múltiples hechos relacionados, marcando caminos diferentes a los previstos. Pero, al mismo tiempo, los pertinentes análisis de realidades registradas y de sus variables, contrastadas de forma adecuada, permiten extraer consecuencias lógicas que prevén y anuncian tendencias y acontecimientos futuros (Bermúdez et al, 2010). En la medida en que tales estudios se enfoquen con perspectivas territoriales más amplias, su visión complementaria será cabal y acertada.

En el campo disciplinar concerniente a la población resulta especialmente útil la prospección (INE, 2008), pues su ritmo temporal de evolución se adapta a esa modalidad de análisis. Salvo catástrofes o hechos excepcionales que precipiten cambios y modificaciones bruscas, su discurrir solo se modifica al paso del tiempo; lo suele hacer de manera pausada (Reques, 2006). De ahí la oportunidad de detectar los problemas, delimitarlos y, tras su análisis, extraer consecuencias. Esto se completa sugiriendo ciertas propuestas que ayuden, o al menos mitiguen, el discurrir previsto. En síntesis, tras lo analizado en los epígrafes anteriores, las reflexiones extraídas, junto a ciertas propuestas sugeridas, se circunscriben a los siguientes hechos básicos:

• La espiral de declive poblacional que se barrunta deriva directamente de la reducción prolongada de la natalidad, el progresivo envejecimiento de la población y el inicio de saldos migratorios exteriores poco favorables, incluso negativos. Si nos instalamos en ese escenario, sus consecuencias serán de dispar naturaleza, en esencia: demográficas, económicas, sociales y sociológicas; a su vez, todas ellas se entrecruzan y en su interdependencia se autoalimentarán unas a otras.

• Así, los efectos demográficos originan desequilibrios entre las diferentes cohortes de edad, con envejecimiento progresivo de la población. Dentro de esa realidad general de envejecimiento, las diferencias territoriales son acusadas dentro de España (Jiménez, 2008). El mapa de la Figura 4 detalla esa realidad, los contrastes muestran que en las áreas mediterráneas e insulares el envejecimiento es inferior al resto. Como es obvio, la dispar proporción del envejecimiento se traslada a numerosos órdenes de la vida, por una parte influye en su competitividad y capacidad productiva (Reig, 2007); por otra, afecta a la evolución de la natalidad; abre así un ciclo negativo. Así, se advierte que en varias regiones españolas la propia renovación demográfica se ve comprometida. Si a ello se une la pérdida de población, derivada de registrar saldos migratorios menguados, e incluso negativos, todo aboca a un estancamiento cercano de la población; antesala, si se agudiza, de una futura regresión demográfica. Se abre, pues, una etapa de reducción difícil de interrumpir; menos aun, de cambiar su signo. Son realidades estructurales vividas desde hace años en buena parte de la Europa comunitaria (Hall y White, 1995, pero que en España alcanza mayores dimensiones (Arango, 2012), lo que señala un futuro preocupante.

• Las consecuencias económicas se combinan con las anteriores, se traban con ellas, influyéndose mutuamente. El sistema productivo se resentirá si se alcanza y mantiene una merma demográfica continuada; esto se verá acentuado en una economía mundial en proceso continuo y acelerado de internacionalización desde hace años (Chislett, 1992). En un extremo, por la reducción de los activos, no favorable (Brey, 2011); si bien estos pueden compensarse con mayor productividad de los ocupados, gracias al más intenso empleo de medios técnicos y mecánicos en su operatividad, los cuales precisan así menor ocupación laboral (Feito, 2011). En otro extremo, por el descenso del consumo, al reducirse el número de demandantes; aunque estos, en teoría, puedan incrementar sus cantidades de compra, lo cual es difícil alcanzar en una situación prolongada de crisis económica (Osvaldo, 2011). Todo ello nos introduce en otra vertiente complementaria, el ámbito social.

• Una sociedad, organizada a partir de lo que suele denominarse "sociedad del bienestar", se estructura y sostiene sobre la base de una amplia capa de población laboral que trabaja, produce y es capaz de soportar impuestos suficientes para atender las numerosas atenciones que prestan las administraciones públicas. Estas se dirigen especialmente hacia las cohortes de edad más dependientes, desde la infancia a la juventud y los jubilados (Herce, 2002). La mayoría de los países europeos, en diferente grado y manera, participan de ese modelo (Hantrais, 1995; Moreno y Bruquetas, 2011).

• Una población que reduce su número, descompensando los grupos de edad, con debilitamiento progresivo de los segmentos más productivos, encontrará dificultades de recaudación suficiente para seguir atendiendo los plurales servicios a prestar (Hillman, 2003); en especial, hay que enfatizar la relación con los mayores receptores, numérica y proporcionalmente el grupo de edad de mayores y ancianos, cada vez más numerosos, con mayor esperanza de vida y, por consiguiente, dependientes y necesitados de numerosas prestaciones sociales (Van Dalen, 2007). Todo el frágil equilibrio existente se tambalea, sus debilidades afloran con más fuerza.

• Desde una consideración sociológica también se vislumbra el devenir de profundas transformaciones. De todas maneras, hay que confesar que el supuesto de prognosis presentado carece de antecedentes efectivos en España, si bien ha sido más frecuentes en otros países, para abordar su comparación. En tiempos recientes no se conoce escenario alguno donde la sociedad, de manera mayoritaria, esté presidida por colectivos de mayor edad. Aquí concurren dos dimensiones de hechos y comportamientos, por un lado, la del conjunto de la sociedad y su organización política que desemboca en el Estado; por otro, la personal y familiar, que lleva a respuestas singulares.

]]> • Es de suponer que una sociedad con una población creciente de mayores y ancianos trasladará el protagonismo de estos y sus intereses al funcionamiento dominante de todas sus estructuras políticas, administrativas, económicas, de gestión, etcétera (Domínguez, 2012). Es lógico pensar que ello marcará una línea más conservadora a la hora de abordar cualquier decisión; tal vez la prudencia que presidirá sus comportamientos constituye un activo a valorar. Por el contrario, propiciará menor innovación y creatividad, propio de tales cohortes de edad; pero esta actitud no parece la más adecuada en un mundo caracterizado por la constante y rápida innovación, a través de la cual se producen los cambios, las mejoras y el progreso. Resulta difícil imaginar una sociedad marcada por semejante tendencia, con el consiguiente rediseño de su rumbo a seguir.

• En cuanto a las respuestas personales y familiares en el ámbito demográfico, estas se verán influidas por las condiciones económicas y sociales predominantes en su entorno. Aquí, los naturales y los inmigrantes, si bien encuentran una realidad común, sus circunstancias particulares no siempre coinciden; la debilidad de los segundos es mayor. Algunos de los apartados clave que se plantean son, por ejemplo, los retornos y la reagrupación familiar, aspectos opuestos entre sí y que adquieren especial significación para la mayor parte de la población inmigrante en España, dada su reciente presencia y su débil integración. Por eso, se deduce que sus comportamientos y respuestas serán diferentes, según su procedencia y circunstancias personales y familiares. El marco que ofrece el conjunto europeo puede servir de referencia y orientación, pero solo eso (Cebrián et al, 2012). En el caso de los inmigrantes presentes en España, se confirman respuestas dispares de algunos de los mayores colectivos (Gozálvez et al, 2012); así se diferencia entre los iberoamericanos (Arellano, 2004) y los magrebíes (Gallego, 2012; López, 2012), incluso se hacen distinciones por género (Cárdenas, 2008), dada la elevada significación de las mujeres en la inmigración (Fundación Directa, 2006; Trinidad, 2006).

Desde luego, cada vez se advierte con más claridad la configuración de una nueva realidad migratoria, caracterizada por circunstancias poco favorables, incluso opuestas a las anteriores, conduce a pensar en un horizonte inmigratorio con mayores dificultades y limitaciones (Cachón, 2012).

Si el escenario previsible de regresión demográfica se cumple y convierte en realidad, con sus consecuencias de naturaleza plural, es necesario convenir que, instalados en él, no es sencillo articular medios de corrección para impedir su intensificación o aminorar su afianzamiento. Las dificultades se centran en modificar los diferentes elementos que han propiciado su devenir. Casi todas las intervenciones que puedan diseñarse y articularse desde los poderes públicos irán acompañadas de elevados gastos (Sandell, 2008). Al mismo tiempo, la actual crisis económica, ya prolongada durante años, señala numerosas urgencias que atender. Apenas deja resquicio para desviarse a estos asuntos demográficos, que aun siendo graves e importantes, transmiten, tal vez, la falsa sensación de que pueden posponerse (Hermida, 2012). Pero conviene añadir con claridad y firmeza que lo urgente no puede primar siempre sobre lo importante.

No obstante, no es presumible esperar cambios palpables en ese sentido, aunque sean necesarios. Igualmente, desde esa perspectiva esencial de naturaleza económica, y en el marco del ámbito privado donde los sujetos (personas y unidades familiares) están agobiados por la premura que impone el empeoramiento general de su situación particular, estos aspectos demográficos no constituyen, en apariencia, su prioridad principal. Sus decisiones al respecto es muy posible que prosigan marcadas por un sesgo restrictivo; por otro lado, algo común en el conjunto de la Unión Europea (Geddes, 2000; Tornos, 2004).

No parece probable que en una época de fuerte contracción económica, para una sociedad con elevada tasa de desempleo y con horizonte de su prolongación a largo plazo, incrementar la natalidad sea una decisión atractiva; a pesar de que ello contribuya a disminuir ese tremendo problema de declive y previsible regresión demográfica en el que estamos entrando. Por tanto, es realista adoptar una posición escéptica sobre la introducción de cambios sustanciales en políticas demográficas ante el devenir que se avecina (Ortega, 2011).

Pero todo ello no impide reflexionar acerca de lo que se sugiere o debería hacerse. Lo primero es definir el problema en su auténtica dimensión, acotándolo y marcando sus implicaciones en sus diferentes órdenes. A partir de ahí, se precisa crear una conciencia social generalizada sobre ello. A nadie escapa que eso no resulta fácil, entre otros aspectos, porque su complejidad es extrema y no se presenta en apariencia como algo acuciante, frente a otras urgencias cotidianas más alarmantes en su aspecto inmediato. Si se alcanzase ese objetivo, es preciso trasladar al imaginario y a la sociedad su dimensión e importancia reales. El propósito es que los asuntos demográficos se asuman por la mayoría de la población como prioridad esencial, indiscutible y apremiante, que concierne a todos (Izquierdo, 2011). Desde luego, eso contradice las opiniones y tendencias predominantes en una sociedad marcada por comportamientos, a menudo, vacuos y poco responsables, orientados en direcciones bien distintas. El egoísmo personal, arropado por opiniones generalizadas envueltas en concepciones en apariencia progresistas, es habitual.

Numerosos planteamientos de ingeniería social, asumidos a veces desde las instancias públicas, han sido favorecidos y auspiciados de forma generalizada; sus resultados y sus consecuencias han contribuido a intensificar la realidad que se esboza y presenta. En definitiva, el camino emprendido hace años ahora muestra sus consecuencias, con fracasos y debilidades. Planteamientos que hacían descansar en la inmigración los caminos para cubrir la flaqueza y el déficit demográfico dan muestras de haber agotado su recorrido. Es insuficiente, y tal vez equivocado.

Entendemos que es una vía más adecuada caminar hacia una política demográfica orientada hacia otros horizontes, donde la solución dependa de forma mayoritaria de la capacidad interna para asegurar el relevo generacional y el equilibrio de la población. No faltan ejemplos de otros países desarrollados que hace años atravesaron situaciones parecidas a las españolas (Francia). De lo contrario, de proseguir como hasta ahora, sus consecuencias demográficas y, de manera derivada, de otra naturaleza, serán perjudiciales para el conjunto de la sociedad española. A pesar de las numerosas dificultades esbozadas, se debe tener confianza en la capacidad de respuesta de una sociedad democrática para encarar su futuro; sobre todo si se desea mantener una vida definida por el bienestar para la gran mayoría de la población.

No parece oportuno finalizar esta investigación con unas conclusiones cerradas y firmes, pero sí es interesante añadir ciertas reflexiones finales, derivadas del análisis realizado. Estas se centran en los siguientes aspectos:

Aunque con cierto retraso en referencia a sus vecinos de la Unión Europea, España inicia desde mediados los años setenta del siglo pasado un proceso de rápida disminución de su crecimiento poblacional. En pocos años su natalidad disminuye con fuerza, reduciendo al mínimo su crecimiento vegetativo. El aumento de la esperanza de vida eleva la edad media de la población, eso aumenta la proporción de población envejecida casi al nivel de otros países europeos de su entorno.

Tras su entrada en la Unión Europea, después de ciertos ajustes económicos, se impulsa su crecimiento y la elevación media del nivel de vida. Desde mediada la década de los años noventa del pasado siglo arranca un ciclo inmigratorio con saldos muy favorables. La puesta en funcionamiento de la nueva moneda: el euro, crea unas condiciones adicionales que impulsan su economía. En poco más de diez años se asientan unos cinco millones de nuevos residentes, la gran mayoría viene con el acicate de encontrar un empleo y mejorar su nivel de vida. Pero el modelo productivo español se ha sustentado en el uso intensivo de mano de obra poco cualificada. El sector de la construcción en general (viviendas e infraestructuras), junto a los servicios poco cualificados, han sido actividades destacadas.

Con la llegada masiva de extranjeros, la población residente en España crece en poco tiempo (entre 1995 y 2007) con intensidad (se suman alrededor de seis millones de personas); en buena medida, como se ha dicho, a causa de la inmigración. Nunca antes la población había crecido tanto en España; lo hace a pesar de su baja natalidad. Esta se recupera un poco atenuando el proceso de envejecimiento. Se vive una cierta euforia poblacional. El propio incremento intenso de la población, al impulsar el consumo interno, se convierte en causa destacada que promueve el crecimiento económico.

A finales de 2007 la crisis económica muestra sus primeros síntomas. Desde 2008 sus efectos se hacen más fuertes. Sus consecuencias se van trasladando a buena parte de los sectores de producción. La burbuja inmobiliaria creada se desmorona con rapidez. También el sistema bancario confirma sus debilidades; sobredimensionado y muy endeudado hacia el exterior, tiene que recibir ayuda para su reestructuración desde el conjunto de la Unión (2012). El paso de los años confirma que no se trata solo de una crisis económica pasajera, que conlleva reajustes y su recesión consiguiente; es algo más profundo. Se afianza la idea de que se trata del agotamiento de un modelo productivo. Si se es capaz emprender otro, desarrollarlo requiere tiempo. Pero mientras, las consecuencias negativas de los reajustes emprendidos son acusadas, se manifiestan en diferentes apartados. Uno de los más graves tienen que ver con el intenso descenso de la población ocupada y el consiguiente aumento del paro. La dimensión alcanzada se muestra inasumible y muy costosa, dentro del marco social en vigor.

Buena parte de los inmigrantes sufre con más intensidad las consecuencias del desempleo. Su presencia reciente reduce su capacidad de aguante, dada la débil implantación de sus entornos sociales. Pronto eso se traslada al propio comportamiento de los movimientos migratorios; se reducen los saldos migratorios de extranjeros volviéndose negativos y los saldos migratorios exteriores de los españoles adquieren ese mismo signo. Los planteamientos de la política migratoria se contemplan desde otra óptica; adquieren sesgos restrictivos. Queda por ver el comportamiento y la dimensión de los retornos y el de la reagrupación familiar, es pronto para saber su volumen absoluto y alcance. Pero, mientras que no se consiga un crecimiento económico saneado, vigoroso y duradero, se presume que dichos balances migratorios no podrán ser favorables.

En ese escenario, España se encuentra con una realidad paradójica. La evolución de su crecimiento vegetativo es muy raquítica, la tasa de natalidad continúa entre las menores del mundo y su envejecimiento, por consiguiente, es creciente. La proporción de población inmigrante es de las más altas de toda la Unión Europea. Las tasas de paro se muestran muy elevadas; la de los inmigrantes aun más. La capacidad interna de los poderes públicos resulta insuficiente para atender sus competencias sociales; esto se hace más palpable de cara a los inmigrantes; sobre todo los recién llegados, que conforman la mayoría y se encuentran necesitados de ayudas que favorezcan su inserción e integración. El futuro, como siempre, está abierto, aunque numerosos elementos plantean un horizonte donde la regresión demográfica aparece presente.

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Información sobre los autores

José María Serrano-Martínez. Doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de Murcia (1982). Es Catedrático de Análisis Geográfico Regional de la misma universidad. Profesor invitado en diversas universidades. Publicaciones recientes: "The International migratory model of Spain. Changes and new Challenges for the XXIst Century", en Revista Belgeo, 2001, Lovaina, Bruselas; "Dinámica de la población española, ¿Hacía qué horizonte en los flujos migratorios exteriores?", en Revista Migraciones, 2010; "Residents étrangers et densités de populations en Espagne en 2008", en La Géographie, Acta Géographica, 2010, París; Émigration marocaine en Espagne: problèmes actuels et nouveaux défis, 2012, y Aspects de l'emigration marocaine vers l'Europe, 2013, Dirección electrónica: jmserran@um.es