incluimos una sección sobre las parejas del mismo sexo, que viene precedida por una sección dedicada a migración y remesas, otra referida a la pobreza y, por último, una más, sobre los sistemas de pensiones y el mercado de trabajo.
La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México que otorgó plena validez legal en todo el territorio nacional a los matrimonios entre personas del mismo sexo —legales en el Distrito Federal desde el 21 de diciembre de 2009, cuando la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó reformas al Código Civil local que pusieron fin a la discriminación de las minorías sexuales en materia de matrimonio— fue bien recibida por algunos sectores sociales, mientras que otros, como las derechas políticas y religiosas, reaccionaron con una campaña de satanización de las uniones legales entre parejas de homosexuales y de lesbianas.
La determinación de la SCJN consolida uno de los pocos logros civilizatorios obtenidos en tiempos recientes en un país sumido en la crisis económica, la descomposición y el descrédito institucional, la violencia incontenible, la impunidad, las tendencias autoritarias cada vez más desenfrenadas y el declive generalizado en los niveles de bienestar, consumo, salud y educación. Frente al avance de la intolerancia oscurantista, encajada en las propias instituciones públicas —y que se traduce en situaciones tan aberrantes y exasperantes como las que viven en diversas entidades las mujeres condenadas a cárcel por abortar—, la despenalización del aborto y la inclusión de las parejas del mismo sexo en las regulaciones matrimoniales, vigentes ya en la capital de la república, constituyen una muestra de tolerancia, respeto a la diversidad, reconocimiento de derechos irrenunciables y modernidad. De hecho, al legalizar las bodas gay, el Distrito Federal obtuvo reconocimiento internacional no sólo de homosexuales y lesbianas, sino de muchos sectores progresistas del mundo.
A los matrimonios entre personas del mismo sexo se suma la posibilidad de que éstas puedan adoptar a menores, hecho que ya es permitido legalmente en cinco países europeos, dos de América Latina, y en cuatro estados de Estados Unidos. Los Países Bajos son los pioneros al autorizar las bodas gay desde el 1 de abril de 2001. En Bélgica, este derecho se reconoció el 30 de enero de 2003. Posteriormente, en 2005, se logró en España la reforma para permitirlas. En Noruega se aprobó el matrimonio entre homosexuales desde junio de 2008 y en Suecia entró en vigor el 1 de mayo de 2009. En Sudáfrica, el tribunal constitucional dio un plazo de un año al Parlamento para adaptar su legislación, de modo que las personas del mismo sexo accedan a la Ley Nacional sobre Matrimonio. En Estados Unidos, cuatro estados han legalizado el matrimonio entre personas del mismo sexo: Massachussets, Connecticut, Iowa y Vermont. Mientras que en América Latina, Uruguay y Brasil permiten las uniones civiles y la adopción. En Argentina, la reforma para autorizarlas se aprobó el 15 de julio de 2010.
En este número de incluimos una sección sobre las parejas del mismo sexo, que viene precedida por una sección dedicada a migración y remesas, otra referida a la pobreza y, por último, una más, sobre los sistemas de pensiones y el mercado de trabajo.
Abre este número un artículo de Ricardo Contreras Soto y Roberto Hernández Sampieri sobre la percepción que tienen los emigrados mexicanos en Estados Unidos de sus compañeros de trabajo que pertenecen a otros grupos nacionales y étnicos, particularmente los afroamericanos. El trabajo de Jorge López Arévalo, Bruno Sovilla Sogne y Francisco García Fernández, de la Universidad Autónoma de Chiapas y la Universidad Autónoma de Tamaulipas, respectivamente, sostiene que las políticas económicas del gobierno mexicano son incapaces de incorporar las remesas familiares como parte de un círculo virtuoso de crecimiento, que conjuntamente con los excedentes petroleros pudiesen financiar una reestructuración productiva acorde a las necesidades del país.
En la segunda sección, Gabriel Gallego Montes, de la Universidad de Caldas, expone su estudio de la explicación sociodemográfica de la duración de las relaciones de parejas masculinas en la Ciudad de México. El autor se basó en encuestas biográficas y análisis estadístico de regresión logística para mostrar la significancia de las variables y concluye que existe ambigüedad en los discursos de las relaciones de pareja entre varones y que combinan ciertos mandatos de la sociedad mexicana respecto al sexo, la intimidad y las alianzas, con discursos de apertura y no exclusividad sexual. En esta misma vertiente, el texto de José Moral, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, buscó describir la prevalencia de relaciones, enamoramiento e identidad homosexuales, así como crear un índice compuesto con estas tres variables y contrastar diferencias por región geográfica, entidad federativa y estrato poblacional. El estudio fue realizado a partir de datos de la Encuesta Nacional de la Juventud. Sin duda, éste es un tema que dará mucho de qué hablar en los años venideros.
En la tercera sección se expone el trabajo de Fernando Longhi, de la Universidad Nacional de Tucumán, el cual analizó los principales procesos territoriales ocurridos durante la década de 1990, asociados al comportamiento de la miseria. Dentro de tales procesos indagó sobre los cambios en las grandes masas de cultivo, la ganadería, la cantidad y superficie de las explotaciones agropecuarias y la dinámica de la población. Los principales resultados muestran la desarticulación entre el crecimiento de la superficie cultivada con soja y la economía campesina, en un contexto de fuerte deforestación. Por su parte, Joaquín Bracamontes Nevarez y Mario Camberos Castro, del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, analizan la pobreza en México y sus regiones, enfatizando el impacto del Programa Oportunidades en el periodo 20022006. Encontraron que los resultados del programa son poco exitosos en la disminución de la pobreza, particularmente en la región Sur–Sureste, lo cual cuestiona la eficiencia del programa. El exiguo impacto lo explican los recursos insuficientes destinados al programa, así como los errores de focalización.
]]> En la cuarta y última sección, Sandra Murillo López y Francisco Venegas Martínez, profesores de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional, respectivamente, exponen la cobertura de los sistemas de pensiones y factores asociados al acceso a una pensión de jubilación en México. Mediante el análisis econométrico identifican los factores sociodemográficos, económicos, laborales e institucionales que están asociados al acceso a una pensión de jubilación, o bien, a la dependencia de otras fuentes de ingresos. Concluyen que, en México, las transiciones al retiro del mercado de trabajo en las etapas avanzadas del ciclo de vida son limitadas debido a las características eminentemente contributivas de los esquemas de pensiones, los cuales favorecen a la población con trayectorias laborales formales y más estables asociadas a: características de género, oportunidades educativas y posibilidades de inserción en el mercado laboral. Por su parte, Aracely Escobar Méndez, consultora privada, analiza el crecimiento del empleo en la industria manufacturera en México, poniendo énfasis en los factores de localización industrial. La autora concluye que los resultados obtenidos mostraron que ambientes especializados tienen un efecto negativo en el crecimiento del empleo manufacturero, que las economías de escala internas son importantes para los subsectores cuya producción se destina principalmente al mercado externo y que los bajos salarios aumentan el dinamismo de la industria manufacturera.Los temas presentados en este número de la revista buscan generar discusión estadística, conceptual y metodológica. Estos trabajos también nos presentan argumentos e hipótesis, así como interrogantes que podrán ser probados en otros contextos del país y el mundo.
Juan Gabino González Becerril
Director