Women's violent casualties in Tijuana, Baja California, 1999-2005

David F. Fuentes Romero e Irma A. González Hernández

Universidad Autónoma de Baja California.

Resumen

Palabras clave: mortalidad, muerte violenta, feminicidio, Tijuana.

Abstract

In this article the profile of women's violent casualties in Tijuana, Baja California, are analyzed. Data come from newspaper and forensic sources, as well as from the analysis of deceitful homicides' files. It was found that the age range of homicides occurs between 20 and 34 years of age (42 percent). Nonetheless, in women the risk of dying from an attack is higher in those under 15 years of age (20 percent). The most frequent ways and means to assassinate women are wounds and blows from attacks (42.3 percent), gunshots (28 percent), mechanical asphyxiation and blades (28.8).

Key words: mortality, violent death, femicide, Tijuana.

Introducción

La violencia se ha vuelto un tema cotidiano y aparentemente nos asombramos cada vez menos de lo que sucede a nuestro alrededor. Es común ver noticias sobre asaltos, riñas, secuestros y muertes (asesinatos, suicidios, accidentes de tránsito, etc.). Aunque hay una abundante producción sobre el tema, se requiere entender las particularidades del fenómeno en el ámbito regional e incluso local, pues ello contribuye a determinar las particularidades del fenómeno de la violencia. El presente trabajo se ubica dentro de esta línea y tiene por objeto analizar el perfil de las muertes violentas en las mujeres de la ciudad de Tijuana, Baja California, siendo éstas una de las manifestaciones más evidentes de la situación que prevalece en la región fronteriza, con relación a la violencia. Los datos relativos a las 384 víctimas se recolectaron de fuentes forense, hemerográfica y del análisis derivado de los expedientes de homicidios dolosos, metodología previamente diseñada para el proyecto de investigación denominado "Caracterización Social de la Muerte Violenta en la Frontera Norte de México: el Caso de Baja California, 1999-2005".

El proceso de industrialización y el crecimiento demográfico generaron desde mediados del siglo XX una nueva distribución de la población en México, marcada principalmente por un crecimiento social producto de la migración del campo a la ciudad.

En la década de 1940 inicia un proceso acelerado de urbanización, que provoca migración masiva del campo a la ciudad; en 1970, 59 por ciento de la población habitaba áreas urbanas; mientras que en el año 2000 lo hacía 75 por ciento de los mexicanos (Dirección General de Estadística, 1972; INEGI, 1997, 2001).

Estos cambios generaron concentración en las zonas de mayor atractivo industrial y de urbanización, dando origen a ciudades metropolitanas, como Guadalajara, Monterrey, la Ciudad de México y, posteriormente, las ciudades intermedias que en la década de 1980 eran foco de mayor atracción, pero que no lograron el desarrollo esperado (Solís, 1997).

Desde hace más de dos décadas, las ciudades ubicadas en la frontera norte han registrado cambios importantes relacionados con la situación socioeconómica del país generada por la crisis de la década de 1980, la cual obligó a miles de residentes de las zonas rurales a migrar hacia las ciudades en busca de mejores oportunidades de vida. Al mismo tiempo inicia la migración de residentes de áreas urbanas aunque en flujos mucho menores (Verduzco, 1989).

Este crecimiento poblacional acelera la ocupación de la mancha urbana, en donde cada vez más se asienta población sin las condiciones mínimas de seguridad. Se empieza a extender la ciudad y junto con ésta crecen también las demandas de servicios, de empleo y de vivienda; se incrementan los problemas de hacinamiento, de accidentes automovilísticos, delincuencia e inseguridad.

Esta concentración de la población en centros urbanos es considerada la principal generadora de los cambios económicos y sociales registrados en las décadas recientes en México, y dentro de estos cambios destaca un alza en las muertes ocasionadas por violencia (Chías, 1997).

A partir de 1980, la delincuencia organizada empieza a fortalecerse en ciudades fronterizas, lo que las proyectará en el ámbito nacional como cotos de poder de narcotraficantes que buscan el control de los mercados de droga en los Estados Unidos: los municipios que colindan con la frontera sur de Estados Unidos, por su posición estratégica, han dado lugar a la multiplicación de organizaciones criminales que realizan en estas comunidades actividades ilícitas más allá de la esfera local; por otra parte, su mayor crecimiento demográfico ha venido acompañado de problemas sociales mayores, por ejemplo, adicciones, pandillerismo, violencia intrafamiliar, elevado índice de criminalidad en población joven, tráfico de indocumentados y de armas.¹

Uno de estos cambios puede observarse al analizar las causas por las que mueren los residentes de la frontera norte, y cómo se han ido modificando. De ocupar los primeros lugares, las causas infecto-parasitarias han sido desplazadas por otras, como son las violentas (que comprenden las muertes por accidentes, homicidios y suicidios), lo anterior debido a una transformación radical de las principales estructuras socioeconómicas de la región; aspecto que se abordará más adelante.

Baja California es el estado del país con mayor incidencia de ilícitos federales, y el Distrito federal ocupa el cuarto lugar, de acuerdo con las cifras contenidas en el índice delictivo nacional elaborado por la Procuraduría General de la República (PGR).

Según el reporte que abarca las averiguaciones previas iniciadas por la PGR de enero a noviembre de 2002, en este periodo se cometieron 67 mil 890 delitos federales, que representan 66 delitos por cada cien mil habitantes, cifra inferior a los 73 registrados de enero a diciembre de 2001. No obstante, el reporte incluye únicamente los ilícitos que corresponde investigar a la Procuraduría General de la República, no los del fuero común -como los secuestros u homicidios- cuya observancia es de las autoridades locales.

En el periodo observado se cometieron en Baja California 8 082 delitos del orden federal, que representan una tasa de 322 delitos por cada cien mil habitantes, lo que convierte a la entidad en la de mayor índice delictivo en el país.

Entre 1999 y 2000, Baja California presentó en el ámbito nacional la tasa más alta de muerte violenta por cada 100 000 habitantes (tabla 1). Por su parte, el municipio de Mexicali, capital del estado, entre 1999 y 2002 contó con una tasa que lo ubicaba como el centro de población con una de las mayores tasas de muertes violentas por encima de localidades importantes en la zona, como Tijuana (tabla 2).

Con base en los registros vitales (INEGI, 1997) podemos afirmar que las muertes violentas en Baja California se han ido colocando en los primeros lugares de causas de mortandad, al igual que en el resto del país, pero con características locales muy particulares, entre las que es importante mencionar una nueva estratificación social influenciada evidentemente por la posición geopolítica de Mexicali y Tijuana, así como por la estructura económica de la región, un alza en el índice de migración y un alto grado de desempleo a nivel nacional.

En consecuencia, retomamos la idea de que las muertes violentas en mujeres son una de las expresiones extremas de la violencia social y constituyen una de las problemáticas más importantes en el ámbito local y regional.

Metodología del estudio

Con respecto a las técnicas y métodos manejados para el soporte de esta investigación, es conveniente puntualizar las fuentes y su manejo, así como señalar que en todo momento se busca guardar la mayor exactitud posible, refiriéndonos con esto a la verificación de la totalidad de las bases de datos mediante un muy estricto cruzamiento de las mismas.

1. Registro de la totalidad de las muertes violentas ocurridas en el municipio de Tijuana durante el periodo del 1 de enero de 1999 al 31 de diciembre de 2005.

2. Fuentes de información: Servicio Médico Forense (SEMEFO), Procuraduría General de Justicia del Gobierno del Estado (PGJE), Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y diarios de mayor circulación de la localidad bajo estudio.

3. Unidad de análisis: información de las personas fallecidas baj o condiciones de tipo violento que comprenda edad, sexo, fecha y lugar del hecho de la muerte (calle, colonia), tipo y causa de la muerte, estudio toxicológico, lesión determinante de muerte, ubicación, así como las características del método utilizado para cometer el homicidio.

4. Marco muestral de los expedientes del homicidio doloso generados por la PGJE.

La violencia en el ámbito nacional e internacional

Según el Informe Mundial de Violencia y Salud, más de un millón y medio de personas en el mundo pierden la vida cada año por actos relacionados con la violencia interpersonal, violencia autoinfligida o violencia colectiva (Krug, 2002).

Para 2001, a nivel mundial se estimó alrededor de 849 mil suicidios y 500 mil homicidios anuales, de los cuales 39 y 23 por ciento, respectivamente, suceden en mujeres. A nivel mundial se registran 1.7 más defunciones por suicidios que por homicidios, pero eso no sucede en todos los países del mundo. En países de ingresos mayores, el riesgo de morir víctima de un suicidio es más alto que en los países de bajos ingresos, en donde sucede lo opuesto. Por ejemplo, en América Latina, donde se concentra una cuarta parte de los homicidios del mundo, tres de cada cuatro muertes violentas están asociadas a homicidios. Sin embargo, independientemente de que en el mundo haya más suicidios que homicidios, el riesgo de morir por una de estas causas siempre es mayor en los hombres que en las mujeres (OMS, 2002).

En nuestro país, la violencia también cobra muchas víctimas anualmente. Según las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y la Secretaría de Salud (INEGI/SSA), en 2001 se registraron aproximadamente cuatro mil suicidios, así como dos mil muertes en las que se desconoce la intencionalidad de la lesión. 12 por ciento de los homicidios y 18 por ciento de los suicidios fueron mujeres.

Características de la violencia contra la pareja

Si bien es cierto que el término violencia puede manifestarse en una gran variedad de modalidades, la relativa a la mujer es objeto de gran interés por parte de la comunidad internacional. Una definición ampliamente aceptada es la que se incluye en la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer "... todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer..." (Velzeboer etal., 2003:4). A partir de esta definición se habla de diferentes tipos de violencia contra la mujer, entre ellos, violencia basada en género, violencia intrafamiliar (que además incluye a niños y ancianos) y violencia contra la pareja. Esta última tiene, entre otras características, las siguientes:

1. Ser ejercida en su mayoría por hombres; hay mayor riesgo para las mujeres con hombres conocidos.

2. La mayoría de las mujeres que han sido agredidas físicamente por su pareja generalmente serán víctimas de múltiples actos de violencia en el transcurso del tiempo.

]]> 3. La violencia contra las mujeres va más allá del nivel socioeconómico, la religión y el origen étnico.

4. Los hombres que agraden físicamente a sus parejas muestran un marcado comportamiento de control sobre alguien (Velzeboer, Ellsberg, Clavel y García, 2003: 5).

Lo anterior junto a otras reflexiones permitió que autores como Heise et al. (1999) presentaran un modelo que pretende cubrir la gama de factores que inciden en la violencia contra la pareja (figura 1).

La violencia contra la pareja se produce en todos los países, en todas las culturas y en todos los niveles sociales sin excepción, aunque algunas poblaciones (por ejemplo, los grupos de bajos ingresos) corren mayor riesgo que otras (González y Gavilano, 1999: 35-49).

Además de las agresiones físicas como los golpes, este tipo de violencia comprende las relaciones sexuales forzadas y otras formas de coacción sexual, los malos tratos psíquicos, como la intimidación y la humillación, y los comportamientos controladores, como aislar a una persona de su familia y amigos o restringir su acceso a la información y la asistencia.

Aunque las mujeres pueden agredir a sus parejas masculinas y también se dan actos violentos en parejas del mismo sexo, la violencia de pareja es soportada en proporción abrumadora por las mujeres e infligida por los hombres. En 48 encuestas de base poblacional realizadas en todo el mundo, entre 10 y 69 por ciento de las mujeres indicaron haber sido objeto de agresiones físicas por parte de una pareja masculina en algún momento de sus vidas (Heise y Gottemoeller, 1999).

Como se mencionó antes, la mayoría de las víctimas de agresiones físicas se ven sometidas a múltiples actos de violencia durante largos periodos (Ellsberg, 2000: 1595-1610) y suelen sufrir más de un tipo de maltrato. Además, se considera que la tercera parte de las mujeres de entre 16 y 49 años han sido víctimas de acoso sexual, y casi la mitad ha sufrido amenazas, insultos o destrucción de su propiedad.

En todo el mundo, los hechos desencadenantes de la violencia son muy similares en las relaciones en las que existe maltrato. (Schuler, 1996: 1729-1742). Entre ellos se cuentan la desobediencia o las discusiones con la pareja masculina, preguntarle acerca del dinero o de sus amistades femeninas, no tener la comida preparada a tiempo, no cuidar satisfactoriamente de los niños o de la casa, negarse a mantener relaciones sexuales y la sospecha de infidelidad. Son muchos los factores que se han relacionado con el riesgo de que un hombre agreda físicamente a su pareja. Entre los factores individuales destacan en muchos estudios los antecedentes de violencia en la familia del varón (sobre todo el hecho de haber visto golpear a su propia madre) y el abuso del alcohol por parte de éste (Johnson, 1996). En el ámbito interpersonal, los indicadores más constantes de la violencia de pareja son los conflictos o la discordia en la relación y un bajo nivel de ingresos (Ellsberg, 1999: 241-244). Hasta el momento no se sabe con certeza por qué los bajos ingresos elevan el riesgo de violencia. Puede deberse a que esta situación proporciona un motivo fácil de discordia conyugal o dificultan a la mujer el abandono de relaciones violentas o insatisfactorias por otras razones. También puede ser consecuencia de otros factores que acompañan a la pobreza, como el hacinamiento o la desesperanza.

Por ejemplo, en Japón, un estudio basado en 613 mujeres maltratadas demostró quémenos de 10 por ciento de ellas sufrió únicamente violencia física y 57 por ciento había padecido maltrato físico, psíquico y abusos sexuales (Yoshiyama y Sorenson, 1994: 63-77). En Corea, 38 por ciento de las esposas indicaron recibir maltrato físico durante el año anterior al estudio -1992-; Europa no está exento de esta situación, muestra de ello son los resultados de una encuesta aplicada durante 1993 en el barrio de Islington, en Londres, Inglaterra, que indica que 25 por ciento de las mujeres habían sido golpeadas o azotadas por su pareja o ex pareja en algún momento de su vida; en Suiza, Guilloz (1997) trabajó con una muestra de 1 500 mujeres entre los 20 y 60 años de edad, con relación de pareja, encontrando que 20 por ciento eran agredidas físicamente (García, 2001: 8). España también presenta datos dignos de llamar la atención: en 2006, el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial se dio a la tarea de examinar 88 casos de muertes por violencia doméstica y de género (con un total de 91 víctimas); de éstas 77 -84.6 por ciento- correspondieron a muerte por violencia doméstica y de género (donde la pareja o ex pareja hayan participado), en 49.4 por ciento eran matrimonios o parejas de hecho, mientras que en 8.8 por ciento la relación era de noviazgo.

En América Latina, una de las regiones más violentas del mundo, destacan Costa Rica, 49 por ciento de las entrevistadas para un estudio indicaron haber recibido golpes durante el embarazo y 7.5 por ciento sufrieron abortos como resultado; en Haití y Nicaragua, 28 por ciento de las mujeres (1997/98), y 41 por ciento en Colombia (2000) han sufrido violencia por parte de su pareja u otra persona.

De acuerdo con datos recabados por la Organización Panamericana de la Salud en 34 países del continente americano, la tasa de mortalidad por homicidios y lesiones infringidas intencionalmente a mujeres en México entre 1997 y 2002 es de 2.7, ubicando a nuestro país en el lugar 14. Debe destacarse que países como Bolivia, Haití y Honduras no presentan información sobre el tema (tabla 3).

En un estudio realizado en México se comprobó que cerca de la mitad de las mujeres que habían sido víctimas de agresiones físicas había sufrido también abusos sexuales por parte de su pareja. (Granados, 1996).

Como complemento a lo anterior, las cifras arrojadas por la Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (2003) indican

que 55 de cada 100 mujeres víctimas de la violencia por parte de su pareja viven más de un tipo de violencia... de éstas, 33 de cada 100 sufren de dos tipos, 16 de cada 100 padecen de tres tipos, y seis de cada 100 sufren los cuatro tipos de violencia, esto es, violencia emocional, económica, física y sexual http://www.eluniversal.com.mx/notas/vi_317461.html, 24 de noviembre de 2005).

Un estudio realizado en Baja California con una muestra aleatoria de 2000 hogares ofrece una clasificación de factores de riesgo: eficacia causal primaria, factores de riesgo asociados, así como factores que contribuyen a la perpetuación del problema. Los factores de riesgo con eficacia causal primaria² se constituyen por aspectos culturales y educativos sobre los que se construye la violencia como modo naturalizado de las relaciones de poder interpersonal. Los motivos más frecuentes de amenazas del hombre hacia la mujer son que la comida no esté preparada o la no realización del quehacer de la casa; mientras que ella se molesta porque él no ayuda con las labores del hogar. Los resultados también muestran problemas en el manejo de conflictos entre la pareja, toda vez que la opción de hablar o platicar cuando se molestan los cónyuges es la tercera en importancia. En lo referente a los factores asociados que incrementan la probabilidad de conflicto están los de tipo estresante (económicos, laborales y sociales). El hecho de que el cónyuge trabaje mucho o que no dé lo suficiente para el gasto o no cuide el dinero es motivo de molestia de la mujer, asimismo, el hecho de que la mujer trabaje es un aspecto importante que molesta al cónyuge varón. Existen otros aspectos que contribuyen a la perpetuación del problema, por ejemplo, la ausencia de una legislación adecuada o dificultades para aplicarla, falta de capacitación del personal existente y ausencia de redes comunitarias de apoyo.

Dicho estudio menciona que a pesar de que una importante proporción de hogares declaró haber tenido conflictos recientes hasta llegar a los golpes, así como necesitar apoyo institucional para resolver conflictos familiares, no existe la cultura de la denuncia, ni siquiera en los hogares que presentan un nivel alto de conflictividad y acción violenta.

Llama la atención que el comportamiento violento en la ciudad de Tijuana se encuentra por arriba de las tendencias a nivel estatal. Por ejemplo, mientras que a nivel estatal en promedio 12.2 por ciento de los hogares declaró tener conflictos familiares que requerían de apoyo institucional para resolverlos, en Tijuana se requería ese tipo de asistencia en 17.8 por ciento de las unidades familiares. Los hogares bajacalifornianos que han declarado haber tenido conflictos recientes que derivaron en golpes físicos añadieron que la violencia se dio entre la pareja y entre los hermanos. La violencia entre la pareja ocurrió en 6.5 por ciento de los hogares, y entre hermanos, en 5.24 por ciento, mientras que en Tijuana la proporción fue del orden de 8.5 y 6.5 por ciento, respectivamente. Por otro lado, en dicho estudio se calculan índices de conflictividad³ y de acción violenta,⁴ los cuales tienen una importante presencia en la entidad y más aún en la ciudad de Tijuana.

En algunos casos, eso índices son más altos en la mujer que en el hombre, sin embargo, las acciones más recurrentes de las mujeres son dejar de hablarle al cónyuge, mientras que la reacción principal del cónyuge varón es discutir. Pero ¿qué sucede cuando se llega a hechos extremos y la mujer pierde la vida?

Estudio de caso: Tijuana, Baja California

Es conveniente aclarar que presentar las consecuencias de los hechos violentos por medio de las defunciones resulta en gran medida una visión parcial de la realidad, pues aunque atrás de cada muerte hay innumerables agresiones físicas, sexuales y psicológicas, en otros casos el desenlace no llegó a la muerte. Dada la imperiosa necesidad de hacer una revisión completa y exhaustiva de todas las fuentes de información, se emplearon los registros de las defunciones, análisis hemerográficos y el estudio de los expedientes de homicidios como una vía de aproximación para conocer con un poco más de detalle el impacto de la violencia sobre las mujeres en el municipio bajo estudio.

Aquí las preguntas obligatorias para el tema de investigación son: ¿Esta zona fronteriza es hoy más violenta que antes? ¿Quién presenta más riesgo de morir por un hecho violento? ¿En qué áreas de la región se registran más homicidios? ¿Cuáles son las características más frecuentes en los hechos violentos?

En el estado de Baja California, durante el periodo de estudio (1999-2005) se registraron en las dos más importantes localidades de la región (Mexicali y Tijuana)⁵ un total de 10 644 víctimas de muertes violentas, de las cuales 1 535 fueron mujeres (14.42 por ciento) y casi la cuarta parte correspondió a homicidios (tabla 4).

En el municipio de Tijuana, durante los recientes siete años se han registrado casi siete mil víctimas de muertes violentas. La mayor parte de éstas han sido hombres asesinado s (2 mil 335), mientras que entre las víctimas femeninas hubo 383 muertes relacionadas con un hecho violento (66 por ciento homicidios, 19 por ciento sobredosis y 15 por ciento suicidios).

Como se observa en la gráfica 1, la tendencia de la mortalidad por causas violentas en las mujeres de Tijuana es poco estable. La tasa estandarizada por edad muestra tendencias descendentes en los homicidios en dos momentos: durante el año 2000 y en el de 2004; en cambio, el suicidio y la sobredosis muestran mínimas modificaciones hasta fechas recientes, cuando ha empezado a disminuir.

Aunque han existido variaciones en el número de víctimas de hechos violentos en cada año, de los últimos siete años (2 mil 555 días) en el municipio de Tijuana cada mes ha habido en promedio tres mujeres y 29 hombres asesinados.

Entre 1999 y 2005, el promedio anual de homicidios en hombres fue de 333, pero a partir del año 2002 ascendieron prácticamente de forma permanente. Las muertes violentas suceden en población joven, por lo que el impacto en años de vida productiva perdidos o en el número de huérfanos que dejan las mujeres y hombres jóvenes asesinados es importante.

El rango de edad en el que se concentran los homicidios de mujeres es entre los 20 y los 34 años (42 por ciento). Ahora bien, el riesgo de morir víctima de un asesinato es más alto en menores de 15 años (20 por ciento).

Si se compara la mortalidad por homicidios en cada una de las entidades federativas, se observa que la variación en términos absolutos y relativos va disminuyendo, acercándose la brecha entre las entidades extremas.

Con respecto a las formas y medios de mayor frecuencia para asesinar a las mujeres, se establece que éstas no han variado en años recientes. En el tabla 5 se observa que las heridas por lesiones y golpes (42.3 por ciento) son la forma más común de agresión homicida, mientras que la segunda causa es la relacionada con el disparo con arma de fuego (28 por ciento), le sigue en orden de importancia la asfixia mecánica (16.2 por ciento) y la herida por arma blanca (12.65 por ciento).

En cuanto a las formas más comunes por las que optan las mujeres de nuestro país para suicidarse, no existe tanta diversidad. La mayor parte de ellas eligen el ahorcamiento, los envenenamientos o el disparo con arma de fuego. En menor grado optan por arrojarse desde lugares elevado, colocarse frente a vehículos en movimiento o utilizar objetos cortantes.

Los datos sobre las muertes por violencia homicida de género muestran que es necesaria la búsqueda de acciones que frenen el ascenso observado durante los últimos años en la región.

Conclusiones

La violencia contra la mujer se ha analizado desde diversas perspectivas, entre ellas la muerte, pero esta forma de interpretar tal situación se enfrenta a dificultades por la escasez de datos uniformes y fiables.

Las repercusiones sociales de la violencia son graves y afectan no solamente a la víctima, sino también a quienes se encuentran en su entorno (padres, hijos, amigos), ya que los hijos tienen altas posibilidades de reproducir el patrón que viven en la infancia. Por otra parte, entre las mujeres víctimas de sus parejas hay muestras de que un porcentaje importante también fue agredida en el hogar paterno.

México tiene una de las tasas más altas de homicidio por habitante en el mundo, razón por la cual hay mayor temor entre la población, lo cual llega a alterar las actividades cotidianas, a lo cual se suma la falta de atención oportuna por parte de las autoridades.

De manera particular, el homicidio a mujeres representa un problema grave al enfrentarnos a la desventaja de ésta frente a los diferentes escenarios que le son adversos, por ejemplo: en el hogar paterno, al ser agredida por algún miembro de la familia; en sus relaciones de pareja es de todos sabido el comportamiento agresivo a que son sometidas muchas mujeres, en ambas circunstancias la violencia puede ser económica, verbal, psicológica y física cuya máxima expresión es la muerte.

En Baja California no estamos exentos de padecer esta situación, siendo fundamental definir el perfil de las víctimas, por ello, identificarlas y conocer las características del evento se vuelve una imperiosa necesidad. Para Tijuana, las primeras pistas indican que se asesina a mujeres jóvenes, en plena edad productiva, pero es también de llamar la atención que las menores de 15 años son el grupo de mayor incidencia. Otro hallazgo es la causa de la muerte, y como se mencionó antes, la forma más común de agresión son lesiones y golpes, esto significa la utilización de servicios médicos en forma repetida, sin embargo, al no atenderse el caso como es debido puede dar lugar al desenlace fatal, la falta de conciencia por parte de las mujeres y su entorno genera un vacío en la forma como deben atenderse tales situaciones, desde aquí parte la responsabilidad de los diversos actores que se involucran en el caso, los familiares, los amigos, el personal de salud y el policiaco, pero sobre todo la mujer víctima de violencia, que por temor, pena o ignorancia permite que se prolongue el maltrato hasta que no hay remedio.

Aun cuando existen importantes lagunas en el conocimiento pleno de la relación entre la violencia de género y la muerte violenta, y se requiere con urgencia de más investigaciones, podemos afirmar que prevenir la violencia y mitigar sus consecuencias es posible. A menudo la violencia es previsible y evitable, y aunque es difícil establecer una causalidad directa, ciertos factores parecen ser predictivos de un tipo determinado de violencia. Identificarlos y medirlos puede servir para advertir con oportunidad a las instancias decisorias de la necesidad de actuar. Además, la panoplia de instrumentos para intervenir aumenta a medida que avanza la investigación orientada hacia esta particular problemática. En todo el mundo, las autoridades tienden a actuar sólo después de que se han producido las muertes violentas. Sin embargo, invertir en prevención, especialmente en actividades de prevención primaria, que operen antes de que lleguen a producirse los problemas, puede resultar más eficaz con relación al costo social y aportar beneficios considerables y duraderos.

Para diseñar las intervenciones es vital comprender el contexto de la violencia de género y su relación con la muerte violenta. Todas las sociedades la padecen, pero su contexto -esto es, las circunstancias en las que se produce, su naturaleza y la actitud de la sociedad hacia ella- varía mucho de unos lugares a otros. Donde quiera que se planeen programas de prevención hacia una muerte violenta es preciso conocer el contexto de la violencia para adaptarla intervención a la población a la que va destinada. Diversos tipos de violencia están muy relacionados entre sí y comparten a menudo factores de riesgo. Lamentablemente, las actividades de investigación y prevención de los distintos tipos de muerte se han desarrollado a menudo aisladas unas de otras. Si se consigue superar esta fragmentación, es muy probable que el alcance y la eficacia de las intervenciones aumenten. Los recursos deben concentrarse en los grupos más vulnerables. La violencia, al igual que muchos problemas sociales, no es neutra. Todas las clases sociales la viven, pero las investigaciones demuestran sistemáticamente que las personas de nivel socioeconómico más bajo son las que corren mayor riesgo. Si se desea prevenir la violencia, se ha de poner fin al abandono que sufren las necesidades de la población de menores ingresos, que en la mayoría de las sociedades son quienes suelen recibir menos atención de los diversos servicios estatales de protección y asistencia.

La autocomplacencia es otra de las barreras para combatir la violencia. La fomenta en gran medida y constituye un obstáculo formidable para responder a ella. Así ocurre, en particular, con la actitud que considera a la violencia (al igual que el problema de la desigualdad entre los sexos, tan estrechamente relacionado con ella) como algo inmutable en la sociedad humana. La autocomplacencia ante la violencia se ve reforzada a menudo por el propio interés, como en el caso de los hombres, a quienes muchas sociedades dan luz verde para, bajo el argumento de "aplicar correctivos", maltratar a las mujeres. La reducción de la violencia, tanto interpersonal como colectiva, depende de que se combata toda autocomplacencia hacia ella. El compromiso político de poner coto a la violencia es vital para las iniciativas en el ámbito público. Aunque es significativo lo que las organizaciones de base, los individuos y las instituciones pueden lograr, el éxito de las iniciativas emprendidas en un contexto gubernamental depende del compromiso político. Este es tan importante en el ámbito nacional, donde se toman las decisiones políticas, legislativas y de financiamiento general, como en los gobiernos municipales, en los que reside la responsabilidad de la administración cotidiana de las políticas y sus programas.

A menudo es necesario que muchos sectores de la sociedad hagan un esfuerzo sostenido para lograr el compromiso político de hacer frente a la violencia hacia la mujer, que está muy lejos de ser un mal inevitable. Es mucho lo que podemos hacer para prevenirla, el país todavía no ha calibrado en su totalidad la envergadura de la tarea ni dispone de todas las herramientas para llevarla adelante, pero la base general de conocimientos se está ampliando y se ha adquirido ya mucha experiencia útil. El desconocimiento del impacto social que tiene el fenómeno de la muerte violenta sobre una región, refleja la precariedad del diagnóstico de la violencia al nivel más elemental y en particular sobre la medición de su incidencia. Si no hay un consenso al nivel de lo fundamental, una base aceptada y compartida de evidencia estadística sobre la magnitud del fenómeno, sería difícil esperar algo cercano a un acuerdo en términos de explicaciones, o teorías sobre sus causas, y menos aun sobre las políticas públicas pertinentes para prevenir o controlar el fenómeno, aunque cabe mencionar que, sin un basamento teórico adecuado, lo estadístico resultaría ser informativo antes que explicativo, el presente trabajo intenta contribuir a esta base de conocimientos.

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Notas

¹ Para una descripción a detalle de esta perspectiva consultar revista Ciudades núm. 40.

³ El índice de conflictividad se obtiene de la sumatoria de los aspectos que molestaron recientemente a alguno de los cónyuges. Entre ellos: uno de ellos no trabaja, pareja celosa, la pareja subió de peso, no le obedece, gana más dinero, etc. Los valores de los índices oscilan de cero a tres. Cero significa que no hay ningún tipo de molestia ni acción o reacción hacia ésta; tres es el de más alto riesgo.

⁴ El índice de acción violenta hace referencia a las reacciones que ocurren como resultado del enojo de alguno de los cónyuges. Éstas pueden ser: deja de hablar al otro o la otra cónyuge, grita, insulta, golpea o avienta cosas, discuten, hablan o platican.

⁵ Según el XII Censo General de Población y Vivienda 2000, estas localidades concentraban 79.4 por ciento de la población de Baja California.

Información sobre los autores

David F. Fuentes Romero. Sociólogo, con maestría en Estudios de Planificación Urbana en la especialidad de Análisis Urbano y Política Social por la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA), doctorado en Ciencias Sociales Aplicadas por el Colegio de la Frontera Norte (Colef). Actualmente es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California. Correo electrónico: dfuentes@uabc.mx

Irma A. González Hernández. Socióloga, con maestría en Estudios del Desarrollo Urbano por la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). Actualmente es profesora en la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas. Correo electrónico: dfuentes@uabc.mx